Liberales o antiliberales, ¿en verdad se trata de una opción?

Por Carlos Alberto Salguero. Publicado el 11/7/17 en: 

 

En la Argentina y en casi todos los países del mundo, los mercados rara vez se encuentran libres de la intervención del Estado. De uno u otro modo se formulan y establecen impuestos, se conceden subvenciones e implementan regulaciones de la más diversa índole.

 

Es claro que el gobierno necesita contar con ciertos recursos que le permitan financiar sus actividades, de ello no hay duda, en especial en la esfera que le es propia por definición: la burocracia.

Pero también es claro y evidente, tal la opinión de Jesús Huerta de Soto, que las organizaciones burocráticas tienden a sobreexpandirse y a crear la artificial necesidad de su existencia, exagerando los “beneficiosos” resultados de su intervención y ocultando sistemáticamente sus perniciosos efectos.

En varias ciudades de nuestro país, por ejemplo, es bastante común toparse con algún representante de la función pública –de cualquiera de los niveles de gobierno– devenido en un Papá Noel de ocasión, pues dispone discrecionalmente de dineros que reparte como le venga en gana. Pareciera que se tratara de fondos propios, pero eso jamás es lo que parece. Simplemente, se trata del dinero de los contribuyentes previamente apropiado que, a exclusiva valoración del funcionario de turno, discurre a diestra y siniestra bajo la oportuna, ampulosa y hasta entusiasta mirada de los medios masivos de comunicación.

Frente a ello, ante el gesto de genuflexión de los circunstanciales beneficiarios, desanimados pasivos, aletargados o quizás con la esperanza de una dádiva futura, los ciudadanos siguen atragantados con impuestos y asisten cual convidados de piedra a ungir el héroe del día.

El plafón teórico de la microeconomía o, lo que es lo mismo, la ortodoxia utiliza los conceptos del excedente del consumidor y del productor para evaluar y legitimar las políticas económicas del caso. Incluso cuando el gobierno obliga a los productores a cobrar un precio inferior al que vacía el mercado, y a sabiendas genera una perdida irrecuperable de eficiencia, para conformar los objetivos que se trazan las autoridades.

Suele afirmarse que los gobiernos pueden intervenir el mecanismo de los precios por la vía de la redistribución, en aras de la equidad y la justicia, y esa declaración está completamente fuera de cualquier disputa.

Pocos parecen advertir el daño que las intervenciones provocan: todo tipo de desconciertos y conflictos sociales que los políticos atribuyen a sus adversarios o a la falta de solidaridad de la ciudadanía. Los conflictos e infortunios se utilizan, a su vez, como un pretexto para redoblar la apuesta, y así sucesivamente, en un proceso cada vez más ambicioso del poder político, hasta invadirlo todo.

Este ideal consecuencialista, que ha florecido en los últimos años de una Argentina acostumbrada a depender de la asistencia pública, se ha generalizado en casi todos los ámbitos, y en los tiempos que corren su consecuencia golpea con fiereza sobre la sociedad toda. Pobreza y marginalidad azotan directamente a gran parte de los connacionales, y sus devastadores efectos se propagan en diversas formas: inseguridad, desvalorización de la cultura del trabajo y la falta de relaciones confiables y duraderas tanto en ámbitos familiares como sociales.

Quizás los argentinos debamos tomar conciencia de una vez y para siempre, después de casi treinta años, de lo que constituye el acontecimiento más importante del final del siglo XX: la caída del socialismo real. Berlín de 1989 y la desintegración de la ex Unión Soviética, dos años más tarde, pusieron en claro que no es posible el programa positivista de actuar tomando decisiones maximizadoras a partir de los medios dados y de costos también supuestamente conocidos, pues ha fracasado de modo ostensible.

Al final, como dijo Mises, “El conocimiento histórico hace al hombre sabio y prudente. Pero no proporciona, por sí solo, saber ni pericia alguna que resulte útil para abordar ningún supuesto individualizado”; no obstante, recoge y ordena los datos concernientes a la experiencia del hombre. Justamente, uno de ellos, que precedió por diez años al fin del socialismo real, fue expuesto por el expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan en su primer discurso a la Nación, en 1981, quien expresó: “El gobierno no es la solución a nuestro problema; el gobierno es el problema”.

 

Carlos Alberto Salguero es Doctor en Economía y Máster en Economía y Administración de Empresas (ESEADE), Lic. en Economía (UCALP), profesor titular e investigador en la Universidad Católica de La Plata y egresado de la Escuela Naval Militar.