Liberalismo, mercado y bien común

Por Gabriel Boragina: Publicado el 10/12/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/12/liberalismo-mercado-y-bien-comun.html

 

 

A menudo, se escucha en boca de economistas, políticos, profesores, periodistas y gente común afirmar -en forma tajante- que el mercado se opone al bien común, y que -por consiguiente- es el estado-nación (como “garante” del “bien común”) el que debe imperiosamente intervenir en el mercado para evitar “abusos” que podrían –de concretarse- obstaculizar, o directamente hacer imposible la tarea del gobierno para “consolidar” el bien común. Cuando uno quiere indagar un poco más acerca de este curioso “razonamiento” se encuentra que quienes lo “argumentan” explican que, dado que el mercado por “su propia naturaleza” privada tiende a “fallar”, se hace necesario que un supra-organismo sea el encargado de corregir esas supuestas “fallas” y, en su caso, suprimirlas. El mercado forma parte de lo que algunos autores denominan “la dimensión social de la política liberal”, y hay otros quienes tratan de diferenciar el proceso de mercado del proceso social. Uno de tales autores lo explica de este modo:

“De manera consecuente, la dimensión social de la política liberal no va a ser encontrada ante todo en el taller de repuestos del proceso social, donde se supone que las políticas sociales del gobierno corrigen los resultados de la competencia y del proceso del mercado. Reducir la dimensión social a este tipo de taller de repuestos, y presuponer una contradicción de las preocupaciones sociales y políticas del mercado, es un malentendido básico muy difundido. Y se intensifica por citas tendenciosas de ejemplos de supuestas “fallas del mercado”, que sirven de excusa para hacer nuevos llamados a favor de la intervención estatal, usualmente sin considerar las mucho más serias “fallas del Estado”. La dimensión social del Liberalismo no significa tanto reparaciones post facto, sino que ante todo es inherente en el mismo modelo de sociedad, en su orden legal y económico, el cual garantiza el derecho a la propiedad, y canaliza la competencia mediante reglas que apuntan hacia el bien común.”[1]

El malentendido de las “fallas del mercado” proviene -en parte- de la extensa falacia que recibió por nombre “el modelo de competencia perfecta”. De momento que, ciertos economistas dieron por seguro que dicho modelo es el que debe o debería presentarse en la realidad, confundiendo el modelo con esta última, y asumiendo que el modelo de “competencia perfecta” nunca se dio ni se da en los hechos, terminan afirmando que el mercado en situación de competencia presenta “fallas” y que, por tal motivo, las mismas deben ser corregidas, y que esta última intervención debe ser llevada a cabo por el gobierno. Este curioso modo de “razonar” pasa enteramente por alto que el mercado forma parte del proceso social y no constituye algo por separado de este. Por lo que, las discrepancias y distinciones que se intentan para apartar el proceso de mercado del proceso social están –de antemano- destinadas al fracaso, si es que con ellas, en realidad, no se quiere buscar otra cosa, tal como algún fin político inconfesable.

Por otra parte, también se pasa por alto que el proceso de mercado -como parte del social- es por esencia humano, con todas las falibilidades que tal condición ofrece, y que el gobierno también está compuesto por seres humanos. Lo que los enemigos del mercado (y de sus aparentes “fallas”) nunca explican es: ¿sobre qué bases suponen que las personas a cargo del gobierno no fallarían nunca en sus métodos preventivos o correctivos de las imaginarias “fallas” de este último? ¿Por qué asumen omnisciencia en simples y comunes seres humanos por el hecho de que han accedido mediante el voto o por otras vías a ocupar posiciones de poder? Parecen presumir que la mera circunstancia de ingresar en la esfera estatal los hace introducir en una especie de atmósfera de superioridad intelectual y moral que, en realidad, no sólo no tiene ninguna base fáctica, sino que la menor experiencia demuestra que la actividad estatal brinda muchas mayores oportunidades para exhibir las falencias y fracasos humanos y –con frecuencia- es caldo de cultivo para dar lugar a altos niveles de corrupción. Creer que el mercado “atenta” contra “el bien común” no tiene ningún asidero, ni empírico ni teórico.

Con todo, sigue en pie la cuestión sobre a quién corresponde promover el bien común, para lo cual estatistas y liberales tienen desiguales respuestas. Así, un polémico e interesante autor plantea la cuestión y la contesta:

“Pregunta 1) ¿Con cuál de estas dos afirmaciones A o B está Ud. de acuerdo? A. “El Estado es el encargado de promover el bien común, por encima de los intereses privados que miran el bien particular”. B. “El Estado y los particulares son encargados ambos de promover el bien común, cada cual en su esfera de actividad”. La afirmación B describe en esencia el liberalismo. Y la A el estatismo.”[2]

Este argumento deja de lado la cuestión relativa a definir -en primer lugar- qué cosa es el bien común. Y da por sentado que es algo bueno y deseable para todos, lo que parece coincidir con nuestra conceptualización de bien común. La pregunta “A” admite un antagonismo entre el bien común y el particular y, efectivamente, es la posición en la que se basa el estatismo. Desconoce éste la verdad afirmada por Adam Smith en 1776, cuando advirtió que cada uno persiguiendo su interés particular promueve -sin quererlo y sin saberlo- el bien común mucho más y mejor que si se lo hubiera propuesto hacer.

Sin embargo, hay una corriente estatista que no opone el bien común al bien particular, sino que conjetura que todos los individuos buscan el bien común, pero que este sólo puede alcanzarse por la vía de la intervención y dirección del estado-nación. Esta corriente suele recibir el nombre de paternalismo y -pese a sus errores- se encuentra muy extendida en el mundo de nuestros días.

[1] Hubertus Müller-Groeling-“La Dimensión Social de la Política Liberal”- Publicado por Fundación Friedrich Naumann (FFN)-Oficina Regional América Latina-Pág. 9

[2] Alberto Mansueti. Las leyes malas (y el camino de salida). Guatemala, octubre de 2009. pág. 35

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Intervencionismo, bienes públicos y competencia perfecta

Por Gabriel Boragina. Publicado el 4/7/15 en: 

 

“…el bien público constituye el argumento central del intervencionismo estatal, ya que en esta línea argumental, el gobierno produciría la cantidad óptima del bien en cuestión que sería financiado por todos a través de impuestos con lo cual se internalizaría la externalidad y no habría free-riders ni costos ni beneficios externos sin internalizar. Tal vez el resumen más claro de esta posición esté expresado por Mancur Olson quien sostiene que “Un estado es, ante todo, una organización que provee de bienes públicos a sus miembros, los ciudadanos”.[1]

Lo primero que aparece como necesario aclarar es que, comúnmente se entiende que “bien público” y “bien estatal” son términos sinónimos, lo cual no es técnicamente correcto, aunque seamos conscientes que la mayoría de la gente los utiliza indistintamente en ese sentido (como sinónimos). Algo similar sucede con otras expresiones análogas como la tan difundida “educación pública”. Al respecto, ya hemos aclarado en otras oportunidades, que no necesariamente lo “publico” se opone a lo “privado”, y que todo lo que termina siendo estatal es porque comenzó siendo privado. En efecto, no existe bien ni servicios alguno que sea provisto por el estado-nación sin que antes hubiera sido expoliado al sector privado de la economía o -alternativa o simultáneamente- no haya sido financiado con dinero proveniente de los particulares asimismo extraído vía impuestos o -en su caso- mediante las diferentes y múltiples maneras en que los gobiernos se las han ingeniado para detraer bienes, dinero o servicios del ámbito privado y transferirlos al sector estatal (mal llamado –por idénticas razones a las dadas antes- “publico”).

“Las externalidades positivas y negativas se internalizarán o no en el proceso de mercado según sean los gustos y las preferencias del momento y, en su caso, según los costos involucrados pero en modo alguno pueden considerarse “fallas de mercado”. Sin embargo, el intervencionismo gubernamental constituye una falla (o una tragedia para utilizar la expresión de Garret Hardin) al recurrir a la fuerza para internalizar aquello que, tomados todos los elementos disponibles en cuenta, se considera no internalizable al tiempo que se distorsionan los precios relativos con lo que, según el grado de intervención, se obstaculiza o imposibilita la asignación eficiente de recursos.”[2]

“La tragedia de los comunes” de Hardin, aludida en el texto, viene a decir que lo que es de todos es de nadie. De esta suerte, la internalización compulsiva de externalidades implica violar no sólo las preferencias individuales, sino los derechos de propiedad de todos los obligados, ya que todos pagamos impuestos incluyendo aquellos que lo hacen exclusivamente como contribuyentes de hecho y aunque no lo fueran de derecho. Por otra parte, dada la subjetividad implicada en las valoraciones individuales, lo que para unos puede ser una externalidad puede no serla para otros, de manera tal que para estos últimos no habrá absolutamente nada que internalizar. Lo mismo cabe decir en cuanto a la calificación de determinada externalidad como positiva o negativa, también variará de persona a persona, e incluso podrá darse el caso de que esa modificación sea de momento a momento. Lo que sí es cierto absolutamente en todos los casos, es que la internalización operada por vía de la coacción estatal implica maniobrar en contra de los deseos de la gente y, por lo tanto, la violación de los derechos de esta última.

Las supuestas “fallas del mercado” aludidas más arriba se deben -en buena medida- al hecho de que por “mercado” se ha entendido (y se sigue entendiendo por muchos) el modelo de “competencia perfecta”:

“En este sentido, es de interés destacar que no pocos economistas, directa o indirectamente, han asimilado los modelos de competencia perfecta al mundo real, y cuando descubren que aquel modelo no tiene relación alguna con aquello que toman como un ideal incurren en un salto lógico al concluir que se hace necesario el intervencionismo estatal para corregir las deficiencias de la realidad. Ilustra este punto la autobiografía de Raúl Prebisch”[3]

Los intervencionistas -en otras palabras- pretenden que la realidad se ajuste al modelo, y por este motivo es que sostienen que la única manera de lograr este “objetivo” es a través de la intervención estatal. Pero hasta la persona menos inteligente podrá darse cuenta que, por mucho que el gobierno intervenga en la realidad para encajarla dentro del “modelo”, la realidad seguirá siendo lo que es: la realidad. Y en esta realidad, no hay tal cosa como “competencia perfecta”, sino que lo que existe es lisa y llanamente competencia, la que sólo podrá adoptar dos formas posibles: libre o intervenida estatalmente. Si es libre, dicha competencia se dará en forma espontánea entre la gente. Si es intervenida, será dirigida y restringida por el gobierno. La diferencia es tan crucial como acordar en dejar en libertad a la gente para que tome sus propias decisiones en cuanto a qué comprar, dónde invertir, ahorrar, etc. (o hacer todo lo contrario) o que sea el gobierno quien tome esas decisiones por cada una de esas personas. Dicho de otro modo, es una elección que pasa por optar por la libertad o por la tiranía.

“Podemos hacer conjeturas respecto de nuestras acciones en el futuro pero, dada las circunstancias cambiantes, sólo conoceré la información de mí mismo una vez que he actuado….En este sentido es que Hayek sostiene que el intervencionismo estatal es básicamente un problema de presunción del conocimiento”[4]

Esto implica lo que el mismo F. A. v. Hayek ha llamado La fatal arrogancia dando título a su último gran libro. El intervencionista -y por extensión el socialista, que no es sino un intervencionista de más amplio alcance- presupone “conocer” todos los detalles de la vida de todos y cada uno de nosotros. Y en esa jactancia del conocimiento de qué es lo mejor para otros, se cree totalmente autorizado para intervenir, dirigir, corregir, prohibir, permitir lo que al intervencionista le parece lo más adecuado para los demás.

[1] Alberto Benegas Lynch (h) “Bienes públicos, externalidades y los free-riders: el argumento reconsiderado”. Disertación del autor ante la Academia Nacional de Ciencias. Noviembre 28 de 1997. Pág. 3

[2] Alberto Benegas Lynch (h) “Bienes públicos, externalidades…. “óp. cit, pág. 13

[3] Alberto Benegas Lynch (h), “A propósito del conocimiento y la competencia: punto de partida de algunas consideraciones hayekianas”. Disertación del autor en la Academia Nacional de Ciencias Económicas el 18 de junio de 2002, pág. 4

[4] Alberto Benegas Lynch (h) “A propósito del conocimiento… “óp. Cit….pág. 7

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.