Tag Archives: fallas de mercado

Para avanzar en la desregulación la última esperanza son los votantes,¿y qué hacemos con los políticos y legisladores?

Por Martín Krause. Publicado el 19/9/17 en: http://bazar.ufm.edu/avanzar-la-desregulacion-la-ultima-esperanza-los-votantesy-hacemos-los-politicos-legisladores/

 

La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf

“¿Es la educación la única esperanza? / La educación de los futuros políticos puede conducir a una regulación más racional, si no menos reguladora. La profesión legal provee a los jueces que interpretan leyes y regulaciones, así como una fracción saludable de legisladores, reguladores, y su personal. Como resultado de la subida del movimiento de la ley y de la economía en la universidad de Chicago, las facultades permanentes de todas las escuelas de ley de la élite ahora incluyen a economistas. Uno no puede graduarse de una escuela superior de derecho sin tener algún entrenamiento en cómo funcionan los mercados, cuán robustas son sus características de eficiencia y cómo los esfuerzos para regularlas a menudo tienen resultados perversos.

Pero la última y mejor esperanza para la desregulación descansa en las futuras generaciones de votantes. Obtienen los legisladores y las leyes que exigen. Es fácil para los votantes exigir regulación -o acatarla- porque la mayoría de los votantes no entienden sus efectos: precios más altos, impuestos más altos y menos libertad. Los estudiantes de hoy son los votantes del mañana, y debemos fomentar esa comprensión en ellos. Cuanto más se exponen a los conocimientos sobre los beneficios de los mercados libres y los costos de la regulación, y cuanto más ven estas lecciones en sus vidas cotidianas (por ejemplo, Uber, Airbnb, camiones de alimentos, microembruaje y microdestilado) Probablemente votarán por políticos que favorezcan la intervención del gobierno en los mercados, o al menos así lo esperamos.

Sin duda, este esfuerzo educativo está en conflicto con la visión de interés público del gobierno y los mercados que ha sido popular en los campus universitarios y en el público por lo menos durante 100 años. Muchos creen que este punto de vista no puede ser revertido. Pero, ¿qué otra estrategia ofrece más promesa?

Si una mayoría de ciudadanos cree que es bueno y no problemático exigir favores económicos del gobierno, entonces los políticos acomodarán esas demandas. No hay balas mágicas institucionales que puedan detenerlas.

CONCLUSIÓN

La teoría de interés público de la regulación afirma que los mercados a menudo no funcionan bien. Es decir, los mercados supuestamente no son eficientes y los consumidores no reciben una sacudida justa. Bajo esta teoría, la intervención reguladora en los mercados por parte del gobierno, si está diseñada inteligentemente, puede hacer que los mercados sean más eficientes y justos.

Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a investigar las regulaciones del mundo real para medir estos beneficios, estaban desilusionados. Pocos beneficios públicos fueron encontrados, pero hubo un montón de beneficios de interés especial, así como ganancias para los políticos, y un montón de pérdida de peso muerto. Más alentador, los investigadores descubrieron que la mayoría de los mercados regulados no tenían fallas de mercado en primer lugar, y por lo tanto sería más eficiente si se eliminaran las regulaciones. Y para aquellos mercados que tienen fallas, la regulación a menudo no ha mejorado la eficiencia.

En lugar de beneficiar al público, la intervención reguladora generalmente redistribuye de algunas empresas a otras y de algunos consumidores a otras, e impone costos netos en el proceso.

Dado los muchos desafíos económicos a los que se enfrenta Estados Unidos en el siglo XXI, estas redistribuciones pesarán cada vez más sobre el bienestar público.

LECTURAS

■ “A Somewhat Better Connection,” by Robert W. Crandall. Regulation 25:2 (Summer 2002), 22–28.

■ “Banking Approaches the Modern Era,” by Charles W. Calomiris. Regulation 25:2 (Summer 2002), 14–20.

■ Government Failure vs. Market Failure: Microeconomics Policy Research and Government Performance, by Clifford Winston. AEI–Brookings Joint Center for Regulatory Studies, 2006.

■ “Lessons Learned and Forgotten,” by Richard L. Gordon. Regulation 25:2 (Summer 2002), 46–50.

■ “Moving Ahead,” by Thomas Gale Moore. Regulation 25:2 (Spring 2002), 6–13.

■ “Retrospective Review in Four States,” by Stuart Shapiro, Debra BorieHoltz, and Ian Markey. Regulation 39:1 (Spring 2016), 32–35.

■ “The Motivations behind Banking Reform,” by Randall S. Kroszner. Regulation 24:2 (Summer 2001), 36–41.

■ “When Law and Economics Was a Dangerous Subject,” by Nicola Giocoli. Regulation 38:4 (Winter 2015–2016), 32–38.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados. (Ciima-Eseade). Es profesor de Historia del Pensamiento Económico en UBA.

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Dependencia del camino: ¿queda el Mercado atrapado en estándares tecnológicos obsoletos?

Por Martín Krause. Publicada el 1/5/16 en: http://bazar.ufm.edu/dependencia-del-camino-queda-el-mercado-atrapado-en-estandares-tecnologicos-obsoletos/

 

Luego de analizar la posibilidad de cooperación voluntaria que permita resolver los problemas llamados “fallas de mercado”, el Capítulo 7 de El Foro y el Bazar analiza las posibles soluciones voluntarias para cada una de esas fallas. Aquí, brevemente considerado el problema que plantean los estándares tecnológicos y lo que se denomina “dependencia del camino”, esto es, cuando el Mercado supuestamente queda atrapado en un estándar tecnológico porque hay altos costos de cambiarlo:

En cuanto a las afirmaciones respecto a la dependencia de eventos pasados que terminarían encerrando al mercado en soluciones no óptimas, es necesario tener en cuenta las “externalidades de red” que aumentan el valor de un producto o servicio, en tanto en cuanto es utilizado por un número creciente de personas. Tal vez fuera más eficiente utilizar un idioma como el esperanto para los intercambios internacionales, pero el que ha ocupado ese lugar es el inglés, lo que le otorga ahora un valor adicional para aprenderlo, no porque sea “técnicamente” un idioma superior, sino porque es generalmente utilizado. Si voy a “comprar” un idioma, o cursos para aprenderlo, su valor no depende de criterios técnicos, sino de los servicios que me va a brindar, que son mayores si se utiliza en todo el mundo y mucho mayores de los que me permitiría el esperanto.

No obstante, la misma historia evolutiva de los idiomas nos muestra que no hay una “dependencia del camino” que termine condenándonos a una solución inferior, no óptima. No siempre fue el inglés el idioma para las transacciones internacionales: antes lo fue el francés y antes aún el latín.

Otros ejemplos (Liebowitz y Margolis 2002) incluyen el caso de los estándares VHS y Beta para videos. Sony comenzó a vender equipos con el estándar Betamax en 1975, que tenían una capacidad de grabación por una hora; JVC estaba desarrollando el estándar VHS. Para imponer ese estándar en el mercado, Sony propuso a las otras compañías compartir esa tecnología, pero luego de algunas negociaciones esto no prosperó. El formato de Beta ofrecía ciertas ventajas para la edición y los efectos especiales, pero el VHS permitía mayor tiempo de grabación y, aunque no fuera de la misma calidad, en dos horas una familia podía grabar una película entera de la televisión, por ejemplo, mientras estaba ausente. En última instancia, se enfrentaron en el mercado dos productos con características destacadas diferentes: un tamaño menor, en el caso de Beta, o un tiempo de grabación mayor, en el caso de VHS. El veredicto del mercado fue favorable al segundo, que en poco tiempo se extendió entre los consumidores.

Sin embargo, Beta no desapareció: las características antes mencionadas le dieron una ventaja comparativa y fue seleccionado para la actividad de grabación profesional, donde se impuso. Esto muestra que había, en verdad, dos demandas y no una, y el mercado respondió ofreciendo a cada uno lo que más necesitaba, pero en ningún caso se observa una “dependencia del camino” de la que no se puede salir. De hecho, los consumidores ya no utilizan más la tecnología de video, reemplazada por el DVD. ¿Seguirá Blueray después? Los consumidores decidirán.

Una historia similar es la de los sistemas operativos de las computadoras, donde se mencionaba que Macintosh era superior a DOS e incluso a las primeras versiones de Windows, pero los usuarios eligieron al segundo y los diseñadores profesionales al primero.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Administración voluntaria de Justicia en los barrios informales: ¿qué principio jurídico aplican?

Por Martín Krause. Publicada el 29/1/16 en: http://bazar.ufm.edu/administracion-voluntaria-de-justicia-en-los-barrios-informales-que-principio-juridico-aplican/

 

Cuando analizamos la posibilidad de soluciones voluntarias a problemas de “fallas de mercado”, vale la pena analizar la organización de los barrios informales. Allí, hemos visto, surgen organizaciones locales que hasta administran justicia. ¿Y qué principio jurídico aplican? Continuamos con el Cap. 8 del libro El Foro y el Bazar:

Una nota aparte de interés para los economistas austríacos deriva de la importancia de la primera posesión y se relaciona con la necesidad de un derecho de propiedad formal. La mayoría de los economistas austríacos enfatizarían la importancia de derechos de propiedad bien definidos pero, ¿demanda esto un título “formal” o la “percepción de estabilidad de la posesión”? De hecho, eso es lo que aporta el título formal y las ventajas de un buen sistema de registro y titulación han sido reconocidas por los austríacos y enfatizadas en el posterior libro de Hernando de Soto (2002), en este último caso señalando la necesidad de un título para acceder al crédito hipotecario. Estudios empíricos han mostrado también el impacto de la titulación en la inversión (Galiani & Shcargrodsky, 2005) y también en la calidad, tamaño y estructura de las casas, en los resultados educativos de los niños y en la formación de ideas sobre la propiedad y los mercados.

Otros autores cuestionan si un título formal es necesario para asegurar la posesión y proteger las inversiones, o existirían otros procesos que logran resultados similares. Por ejemplo, van Gelder (2010) comenta:

“Factores tales como el reconocimiento oficial de un asentamiento, la introducción de infraestructura y servicios, y otros factores que pueden fortalecer de facto la seguridad de la posesión fueron considerados más fundamentales que tener un documento legal sobre un terreno  (e.g., Gilbert, 2002).

Con respecto al acceso al crédito, los poseedores de títulos no obtuvieron préstamos más frecuentemente que los residentes que no los tenían. En El Tala solamente tres personas con título de propiedad habían sacado un préstamos hipotecario en los cinco años anteriores contra dos en la sección no titulada del asentamiento. Más gente –ocho en la zona titulada y cinco en la no titulada- habían obtenido préstamos en instituciones financieras que cobran altos intereses y no demandan la propiedad como garantía. En otras palabras, los propietarios no comprometían sus viviendas como colateral para obtener préstamos” (p. 15).

Ostuni & van Gelder (2008, p. 205), apelan a una “construcción subjetiva” o percepción de seguridad que ciertamente provendría de un título pero también de la buena voluntad de funcionarios gubernamentales, una política de “laissez-faire” en relación a los asentamientos o a la provisión de servicios básicos. Baltrusis (2009, p. 71) informa que los precios en las “favelas” informales de Guarulhos, cerca de San Pablo, tienen un precio promedio de R$ 3.700 en Sao Rafael mientras que aquellos de Cabucú, un barrio recientemente ocupado, sólo de R$ 600.

Al margen de la forma que tome, la percepción de seguridad es determinante y las decisiones de adjudicación de mediadores o jueces informales tenderían, por lo tanto, a fortalecerla. Esto debilita el análisis de costo/beneficio en tales decisiones ya que volver a la asignación de derechos dependiente de la evaluación de un juez sobre un resultado neto volvería a generar inestabilidad, un punto planteado por Block (1995), aunque también mencionado por  Coase .

Los contratos de arrendamiento parecen regirse por un principio estricto de propiedad: si el arrendatario no paga debe abandonar el cuarto o la casa inmediatamente. No hay mucha flexibilidad y las renegociaciones son poco usuales. Pocos arrendatarios se resisten al desalojo (Cravino, 2006, p. 206).

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Joseph Stiglitz, ya con su premio Nobel, redescubre la rueda: el ser humano no es un ‘homo-economicus’. Bienvenido

Por Martín Krause. Publicada el 18/1/16 en: http://bazar.ufm.edu/joseph-stiglitz-ya-con-su-premio-nobel-redescubre-la-rueda-el-ser-humano-no-es-un-homo-economicus-bienvenido/

 

Con los alumnos de OMMA Madrid vemos el Cap. 3 de El Foro y El Bazar donde se analizan las distintas políticas públicas sugeridas para resolver problemas de ‘fallas de mercado’. Consideramos allí los aportes de la “teoría de la regulación’, y la extensión a ese campo del fracaso del cálculo económico en el socialismo:

Y pese a lo interesante de todas estas teorías, que describen los procesos políticos que llevan a la implementación de regulaciones y al “control” del ente regulador por los mismos intereses que supuestamente han de ser regulados, lo cierto es que existe un problema todavía mayor: la posibilidad misma de que el regulador pueda cumplir con la tarea que se le ha encomendado.

Pese a la relativa novedad de todas estas cuestiones (los trabajos de Stigler, Peltzman y Posner pertenecen a la década de los años 70), lo cierto es que la cuestión básica por considerar ya había sido tratada en la década del 20 cuando Ludwig von Mises (1881-1973) demostró la imposibilidad teórica de realizar la planificación en una economía socialista. Y si bien los argumentos de Mises se refieren a la planificación socialista y no a la regulación, se pueden extender  a esta misma circunstancia con las salvedades del caso.

Para von Mises (1949), el elemento fundamental del socialismo era la propiedad colectiva de los medios de producción; de esto se desprende que no existe un mercado para esos factores, ya que sin propiedad privada no puede haber intercambios entre sus legítimos propietarios, y sin intercambios no puede haber relaciones relativas entre factores, esto es, precios. Ésta es, por ejemplo, la situación en la que se encuentra la propiedad del espectro electromagnético, las frecuencias por las que se transmiten señales de radio, televisión o telefonía celular entre otras cosas. Este es un “medio de producción” de propiedad estatal. Mises señaló, en su momento, la dificultad intrínseca de la planificación, ya que ante la ausencia de precios los planificadores no tienen términos de referencia sobre la importancia económica relativa de cada bien o servicio para un uso alternativo. En nuestro caso, el uso de una frecuencia radioeléctrica para transmisión de radio FM o telefonía celular no puede ser valorado económicamente porque no existen precios como para poder hacerlo.

Según Mises, los planificadores socialistas no pueden saber si la asignación de un recurso para un determinado fin es más o menos deseable que la de otro. No es de extrañar que en la realidad los funcionarios de los burós planificadores en los países socialistas tomaran como referencia los precios de las economías de mercado. No obstante ello, como los precios varían constantemente reflejando las preferencias de los consumidores o las disponibilidades de la oferta, la planificación nunca podía modificarse para copiar la modificación instantánea que el mercado provee. Finalmente, las malasignaciones explican el colapso del sistema. En el caso de las regulaciones, el planificador utilizará otros criterios para la asignación, muchas veces “políticos” y, por cierto, conflictivos.

El proceso competitivo del mercado es necesario, por un lado, para movilizar el conocimiento disponible, y por otro, para generar el descubrimiento de nuevas oportunidades que hasta entonces no se hayan descubierto. La intervención gubernamental, entonces, interfiere en este proceso de descubrimiento.

 

En definitiva, la acción del ente regulador interfiere con el proceso de mercado, y como no le es posible obtener la información necesaria para cumplir su tarea, debe depender para ello de lo que le provean los mismos sectores regulados. Termina así siendo cautivo de sus propios intereses. Por otro lado, desvía la atención de los emprendedores hacia su propio interés e impide el descubrimiento de nuevas oportunidades en beneficio de los consumidores.

Tomemos el caso del monopolio natural. Si en determinado momento hay un solo proveedor de servicios de comunicaciones y no existen restricciones para el ingreso de competidores, esto significa que el mencionado proveedor satisface las necesidades de la mejor forma posible. El mecanismo de descubrimiento de nuevas oportunidades (nuevas tecnologías, nuevos servicios) se encuentra en funcionamiento y cualquier descuido del proveedor al ofrecer la última tecnología o precios adecuados será aprovechado por otros para hacerlo y minar así su condición monopólica.

Se arguye contra ello que los costos de ingreso son muy elevados en este sector. Pero lo cierto es que estos costos existen en todas las actividades, y esto no ha frenado la competencia en ellas. Por el contrario, los mismos costos de ingreso elevados desatan la creatividad para estudiar su reducción. Por otra parte, con el avance tecnológico y la eliminación de las áreas monopólicas, la competencia puede ser inmediata.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

El intervencionismo

Por Gabriel Boragina. Publicado el 8/12/13 en: http://www.accionhumana.com/2013/12/el-intervencionismo.html

Resulta prácticamente muy difícil encontrar personas que no estén de acuerdo con el intervencionismo, que el Dr. C. Sabino define de la siguiente manera:

“intervención estatal. Acción de los gobiernos que tiene por objeto afectar la actividad económica. El término es lo suficientemente amplio para incluir tanto la regulación y control de los mercados como la participación directa en la actividad económica.”[1]

 

Este intervencionismo se ha querido justificar desde distintos ángulos y diferentes puntos de vista, de algunos de los cuales pasaremos rápida revista. Uno de ellos es el de su “necesidad” para la provisión de bienes públicos:

“En otros términos, el bien público constituye el argumento central del intervencionismo estatal, ya que en esta línea argumental, el gobierno produciría la cantidad óptima del bien en cuestión que sería financiado por todos a través de impuestos con lo cual se internalizaría la externalidad y no habría free-riders ni costos ni beneficios externos sin internalizar. Tal vez el resumen más claro de esta posición esté expresado por Mancur Olson quien sostiene que “Un estado es, ante todo, una organización que provee de bienes públicos a sus miembros, los ciudadanos”. [2]

Pero, el mismo profesor señala que:

“Las externalidades positivas y negativas se internalizarán o no en el proceso de mercado según sean los gustos y las preferencias del momento y, en su caso, según los costos involucrados pero en modo alguno pueden considerarse “fallas de mercado”. Sin embargo, el intervencionismo gubernamental constituye una falla (o una tragedia para utilizar la expresión de Garret Hardin) al recurrir a la fuerza para internalizar aquello que, tomados todos los elementos disponibles en cuenta, se considera no internalizable al tiempo que se distorsionan los precios relativos con lo que, según el grado de intervención, se obstaculiza o imposibilita la asignación eficiente de recursos.”[3]

 

Ciertos autores consideran que la globalización es una suerte de barrera contra el intervencionismo:

“Otro resultado de la expansión de la división internacional del trabajo — llamada globalización — es que los estados participantes y sus políticas son controlados cada vez más por la competencia internacional. Debido a esta competencia, pierden parte del poder sobre sus ciudadanos, y el intervencionismo estatal debe ceder.”[4]

 

Ciertamente, apuntamos a esta cita, que no resulta simple hacer ceder a los gobiernos su intervencionismo. De allí, las trabas que normalmente han impuesto y siguen imponiendo al comercio internacional único medio este por el cual esa división internacional del trabajo podría encauzarse. Frente a la división internacional del trabajo no con menor vigor los estatistas le oponen sus barreras proteccionistas.

El Dr. Mansueti analiza este tema desde otro ángulo diferente intentando una clasificación. Para él:

“una clasificación aproximada (no perfecta) de los sistemas de Economía Política sería así: …De centro, el intervencionismo distributivo (Welfare State), por la igualdad a través el voto. Es el de las “Terceras Vías”: socialismo democrático, socialismo cristiano, y populismo.

– De derecha es sin duda el sistema de mercado; pero hay tres modelos distintos: el intervencionismo de privilegios corporativos (“crony capitalism” o mercantilismo); el capitalismo liberal, de gobierno limitado, que es de derecha porque busca la libertad dentro del orden; y el anarcocapitalismo, que resulta la verdadera “extrema” derecha.”[5]

La clasificación ensayada por el Dr. Mansueti, si bien es bastante original, nos ofrece algunas dudas que no es del caso tratar aquí de momento. La citamos sólo con fines expositivos.

Más adelante certeramente añade:

“Es un principio general: si el Estado se entromete en una actividad privada cualquiera, es para imponer opiniones y reglas a sus protegidos, y a cambio conferirles ventajas frente a sus competidores. Así es en las cuatro actividades vistas hasta aquí –economía, prensa, educación y atención médica–; y la política no es una excepción. El intervencionismo estatal es un atentado contra la libertad: no debe ser.”[6]

Estamos de acuerdo con esta última observación.

Un importante partidario del intervencionismo como K. R. Popper debe, sin embargo, reconocer que:

“la intervención económica, aun me­diante los métodos graduales aquí defendidos, tiende a acrecentar el poder del Estado. Se desprende, pues, que el intervencionismo es en extremo peligroso. Esto no constituye, sin embargo, un argumento decisivo en su contra, pues el poder del Estado, pese a su peligrosidad, sigue siendo un mal necesario. Pero debe servir como advertencia de que si descuidamos por un momento nuestra vigilancia y no fortalecemos nuestras instituciones democráticas, dándole, en cambio, cada vez más poder al Estado mediante la “planificación” intervencionista, podrá sucedemos que perdamos nuestra libertad. Y si se pierde la libertad, se pierde todo, incluida la «planificación». En efecto, ¿por qué habrán de llevarse a cabo los planes para el bienestar del pueblo si el pueblo carece de facultades para hacerlos cumplir? La seguridad sólo puede estar segura bajo el imperio de la libertad.”[7]

Lamentablemente los temores de K. R. Popper se vieron cumplidos en la mayor parte de los países del mundo. Sucede que parece no haber advertido (al menos en la obra de la cual tomamos esta cita) que el poder tiende a su propia expansión tanto en el tiempo como en el espacio. Mucho antes de K. R. Popper Lord Acton ya exclamaba que el “El poder tiende a corromper. El poder absoluto corrompe absolutamente”. Fue Acton quien demostró tener razón.

Hoy vivimos épocas de intervencionismo extremo, particularmente en Latinoamérica donde ha adoptado la forma de populismo en varios países como Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia.


[1] Carlos Sabino, Diccionario de Economía y Finanzas, Ed. Panapo, Caracas. Venezuela, 1991. Voz respectiva.

[2] Alberto Benegas Lynch (h), “Bienes públicos, externalidades y los free-riders: el argumento reconsiderado”. Exposición ante la Academia Nacional de Ciencias. Noviembre 28 de 1997. Pág. 3

[3] Alberto Benegas Lynch (h), “Bienes….” Óp. Cit. Pág. 13.

[4] Hubertus Müller-Groeling-“La Dimensión Social de la Política Liberal”-Publicado por Fundación Friedrich Naumann (FFN)-Oficina Regional América Latina. pág. 18

[5] Alberto Mansueti. Las leyes malas (y el camino de salida). Guatemala, octubre de 2009, pág. 258.

[6] Mansueti A. Las leyes….ob. cit. pág. 310

[7] Karl R. Popper. La sociedad abierta y sus enemigos. Paidos. Surcos 20. Pag. 345

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. 

El Intervencionismo estatal y la falsificación de las políticas públicas

Por Eduardo Filgueira Lima.

  “Me resulta difícil comprender y explicar como se instalan diversas conductas y pensamientos en el ser humano”. Lord Acton.

Desde el iluminismo continental europeo – del que somos fieles herederos – se consolidó crecientemente la idea de que no era relevante conceder aspectos referidos a las libertades individuales en pos de obtener supuestos réditos por la dilución de los riesgos y esfuerzos personales en el colectivo social.

Las ideas colectivistas ya fueron esbozadas en el S. XVIII, por varios autores[1], partícipes ideológicos del pensamiento instaurado por la Revolución Francesa y profundizado en los años sucesivos.

Desde la social-politik[2] instaurada en la Alemania del Siglo XIX, hasta la delegación de crecientes poderes y facultades a los gobiernos ya entrado el Siglo XX, bajo el supuesto que ellos sabrían cuidar más y mejor los intereses de los ciudadanos, este pensamiento se ha convertido de manera progresiva en predominante en el comportamiento social. Los inmigrantes fueron los importadores de estas ideas – nacientes en Europa – a nuestros países.

Y este pensamiento no ha sido casual, porque se vio reforzado por corrientes ideológicas y pensadores diversos (como J. M. Keynes[3], W. Beveridge[4] y J. Rawls[5], entre otros), quienes desde diferentes aspectos o visiones posibilitaron y dieron sustento para el desarrollo del estado de bienestar (Welfare State).

De hecho las atribuciones del estado fueron crecientes y en mayor o menor grado no solo “todo se convirtió en terreno fértil para la intervención estatal”, sino que a su vez “todo en lo que interviene el Estado se convierte en materia de políticas públicas”.

Este desarrollo no fue igual en todos los países. Algunos comprendieron que la intervención del estado debía tener límites precisos: 1) por razones políticas como el avasallamiento de las libertades individuales, y 2) por razones económicas: ya que el libre intercambio basado una real y abierta economía de mercado, posibilita una creciente generación de bienes y riqueza – sin necesidad de regulaciones excesivas del estado, ni planificaciones centralizadas – con innovación tecnológica, mejora de la accesibilidad, como de la calidad de los productos y que ello conduce a un “orden social espontáneo”, que inevitablemente genera crecimiento económico y subsecuente desarrollo.

Otros por el contrario, fueron enseñados a pensar y aceptaron, que no solo el Estado podía ser eficiente en su desempeño, sino que además podía velar por ellos y resolverles casi todos sus problemas.

Los administradores – entiéndase: gobernantes de turno –fueron complacidos en sus apetencias, pues nada hay más placentero que administrar sin demasiados compromisos (y como sucede en muchos países: sin rendir cuentas), los recursos de terceros para destinarlos según propias conveniencias disfrazadas con el edulcorado discurso del responder al “bien común”, que solo es lo que el gobernante interpreta como tal.

 Es por ello que debemos distinguir entre “el como y el cuanto” de la intervención estatal, ya que diversas formas e intensidad de la misma   generan diferentes efectos.

En los países más intervencionistas y en los que el estado se entromete en toda actividad que está a su alcance, porque además así lo requiere para su financiamiento y sostén, en general se conduce a más estatismo, más populismo y mayor arbitrariedad política.[6]  

Los países desarrollados desde la revolución industrial han logrado escapar de “la trampa malthusiana” (en la que todavía se debaten muchos países “under” del subdesarrollo en especial en África) y el desfase en el nivel de vida entre estos países más ricos y los más pobres, ha pasado de 4 a 1, en el lapso de 100 años, a 50 a 1, y ello fue consecuencia que la libertad en la gente operó para que desarrollaran las conductas necesarias para modernizar sus economías y generar riqueza[7].

Sin dudas que los intervencionistas debieran explicar lo sucedido en apenas los últimos 150 años en los que desde la revolución industrial, el capitalismo dotó a la humanidad de ingentes riquezas, medios de subsistencia, así como mejoras de sus ingresos y condiciones de vida.

En especial los países desarrollados supieron comprender que el Estado no debe intervenir más allá de lo razonable, ya que toda intervención deviene en distorsiones luego difíciles de corregir y que originan crisis cuya génesis se encuentra en las irresponsables decisiones políticas y de política económica de los gobiernos y la banca. 

El Estado solo debiera garantizar la libertad, el derecho de propiedad, reglas claras y estables de funcionamiento, con seguridad jurídica, así como un irrestricto respeto a las leyes para el buen funcionamiento del mercado, es decir: todo lo que permite el crecimiento económico y una mejora sustancial en las condiciones de vida del conjunto de la sociedad.

¿Cómo promover una sana inversión a largo plazo en un territorio que es tóxico y hostil? ¿Cómo crear riqueza en unos países que se dedican principalmente a rapiñarla y consumirla? ¿Cómo lograr una cierta previsibilidad a largo plazo en los cálculos empresariales cuando la nota dominante es la imprevisibilidad?6

¿Qué otra forma existe de generar riqueza?,..¿Es el Estado acaso el que ha demostrado ser eficiente en la asignación de los recursos?,.. Muchos países de nuestra región – otros ya han iniciado su despegue – y el nuestro en especial son un ejemplo de la inoperancia del estado, y no solo porque se considere que han imposibilitado el normal desarrollo del mercado, sino porque la clase política nos ha convencido – y lo hemos aceptado – que ellos: administradores de los recursos del estado, nos pueden ofrecer desde el mismo y por sus acciones, una mejor salvaguarda a nuestras aspiraciones. Y este fue el argumento que justificó una creciente y desmedida intervención estatal, ahogando al acrecentamiento de un mercado que hubiera posibilitado un mayor crecimiento económico y mejor desarrollo social.

Peor aún, estos gobernantes – considerándose a sí mismos portadores del “bien común” y representantes de las aspiraciones de los ciudadanos – que no son más que simples “populistas”, terminan por suponer que ellos mismos resultan indispensables para sostener los programas de gobierno y las políticas públicas aceptadas con cierto consenso y en ese camino degradan las instituciones, se afanan por perpetuarse en el poder a cualquier costo y sus acciones políticas manipulan la opinión pública, intentando que no salga a la luz, que confunden el poder público con sus intereses personales.

También se nos ha convencido que el origen de todos nuestros males son las inhumanas y despiadadas fuerzas egoístas del mercado,.. desconociendo que es precisamente este el que posibilita las relaciones de intercambio y mejora, basado en el interés individual, y que a largo plazo alcanza a todos los miembros de la sociedad: a unos en mayor y a otros en menor medida, ya que no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas habilidades, ni todos somos capaces de apropiarnos del conocimiento y de los recursos al mismo tiempo.  

Y es esta condición: “con seguridad a unos más y a otros menos”, la que más ha intervenido para convencernos de falsos igualitarismos.

Al decir de W. Churchill: “…el vicio inherente al capitalismo es el reparto desigual de las bendiciones; mientras que la virtud inherente al socialismo es el reparto inequitativo de las miserias…”

Pero el mercado tiene su propia condición moral, si bien es cierto que no es posible su buen funcionamiento sin alguna regulación que limite los excesos, tampoco es sustentable un estado que funcione sin los recursos que el mercado le provee. Es decir: existen algunos límites necesarios en un mercado libre que se supone necesario para el crecimiento y desarrollo social,.. pero de la misma manera debieran existir límites precisos a la intervención del estado, que no lo puede todo y frecuentemente lo que puede lo hace mal.

Al decir de R. Nozick: “…convengamos que el mercado puede ser ineficiente, pero el Estado lo es siempre mucho más,…”

Lo que resulta confuso e injusto a la mente humana es que percibe que en muchas circunstancias el mercado no puede alcanzar el óptimo paretiano[8] y es por lo mismo que espera de la intervención del estado la resolución de estas denominadas “fallas del mercado”, mediante regulaciones e intervenciones directas, que supone erróneamente más equitativas y eficientes.

Y aunque es cierto que existen quienes quedan rezagados, porque no alcanzan a valerse por sí mismos, es que se entiende que de ellos es de quienes debería ocuparse subsidiariamente el estado. A ellos deberían alcanzar eficientemente las políticas públicas. Porque “…no existe razón alguna para que el Estado no asista a los individuos cuando tratan de precaverse de aquellos azares comunes de la vida contra los cuales, por su incertidumbre, pocas personas están en condiciones de hacerlo por sí mismas (…) como en el caso de la enfermedad y el accidente , (….) Esta demanda de seguridad es, pues, otra forma de la demanda de una remuneración justa, de una remuneración adecuada a los meritos subjetivos y no a los resultados objetivos de los esfuerzos del hombre”.[9]

Es de esta forma – y pocos son los que ya discuten la idea – que se implementan las políticas públicas, con el objetivo que el estado lleve adelante acciones que provean a maximizar el bienestar general.

Difícil es describir el alcance de los términos e inclusive cuales son las acciones mejor costo-efectivas para proveer al bienestar general. Con seguridad lo que es bueno para muchos puede resultar innecesario o incluso perjudicial para otros.

De igual forma se acepta que además de las funciones originarias del estado (representatividad, seguridad, defensa, definición de normas y Justicia), puede intervenir en regular los procedimientos más adecuados para facilitar el acceso a los así denominados “bienes públicos”, cuya definición también resulta difícil más allá de la conocida: “…no exclusión y no rivalidad,…” Y ello en especial por las diferentes características de los así denominados: bienes de interés público, pues depende de cómo se lo analice e interprete, todo puede llegar a ser “de interés público” y eventualmente todo en lo que interviene el estado lo es, pues de una u otra manera afecta nuestras vidas.

Esto significa con claridad que existe aceptación prácticamente universal sobre la intervención del estado en la generación de condiciones que permitan alcanzar a todos determinados bienes de interés común – y que maximizan el bienestar general – como pueden ser salud y educación, así como por lo menos es dudosa su efectiva forma de intervención.

Y otro aspecto que debe mencionarse es que no en todos los casos en los que se espera la intervención del estado, este debe hacerlo de la misma manera dadas las distintivas características de los bienes públicos.

Por ejemplo, la facilitación de los mecanismos para que estos bienes públicos se encuentren al alcance de todos no significa necesariamente que los mismos deban ser provistos por el estado.

La excesiva intervención tiene grandes riesgos, aunque el discurso político nos haya convencido de lo contrario.

Es por ello que – aunque se acepta la idea y necesariamente se la promueve – las salvedades y resguardos también fueron hechos, ya que se advierte que aún siendo menor el intervencionismo estatal siempre se producen importantes transformaciones en la economía, que además tienen importantes ciclos y diversa evolución, porque están ligadas indisolublemente a los cambios demográficos y epidemiológicos (cuando se trata de cubrir las necesidades de previsión en vejez, y enfermedad) y a los ciclos económicos cuando se trata por ejemplo de cubrir el desempleo.

Por otra parte todas estas intermediaciones de los agentes del estado permiten un importante paso facilitador de la corrupción. Porque es así cuando los políticos ponen sus propios intereses por encima de los del público o cuando los oficiales del gobierno exigen dinero y favores de los ciudadanos por servicios que deberían ser libres. La corrupción termina siendo no sólo un “ensobrado” y pagos con dinero, sino también una grave afectación de las instituciones, con toma de decisiones erróneas que afectan nuestras vidas[10]. Sin mencionar además los enormes costos de transacción que se generan – y que paga toda la sociedad – y los costos de oportunidad que origina la distracción de recursos que podrían ser más útiles en satisfacer las necesidades de la gente, que en engrosar los bolsillos de los funcionarios.  

Aunque algunos – afortunadamente escasos – pensadores puedan defender el populismo como una forma de participación ciudadana, en realidad establece una relación de dependencia entre “el cliente” y el administrador (el gobernante y sus funcionarios) de los recursos: la intervención del estado permite discrecionalidad, amiguismo y prebendas, en las transferencias todo lo cual promueve su uso político. Mientras el cliente queda dependiente y subordinado al beneficio que le otorga su benevolente proveedor.

El financiamiento de las acciones prebendarías – y de las otras – por parte del estado requiere recursos crecientes, se trata de una infinita espiral inflacionaria del gasto público, que tiene raigambre en su misma funcionalidad. El gasto público creciente puede financiarse por varias vías: por ejemplo la venta de activos, el endeudamiento, el cobro de impuestos, la venta de servicios y la emisión monetaria.

En nuestro país el gasto público alcanza el 40% del PBI[11], y existe una relación inversa (en el análisis inter-temporal) entre gasto público y crecimiento. Aunque la evidencia empírica no es concluyente, porque ello depende de la orientación final (siempre discrecional y política) que se dé al mismo gasto. Es decir: no solo es importante cuanto se gasta, que sustentable es, sino cómo y en qué.

Un ejemplo claro de lo anterior encontramos en estos momentos en las diferencias existentes entre países de un mismo bloque: aquellos que a pesar de haber intervenido con fuertes políticas públicas (Alemania, Estonia, Suecia, Finlandia, etc.) y teniendo un importante gasto público, se han ocupado de generar condiciones para incrementar su tasa de capitalización, con lo que producen más y pueden sostenerse con baja tasa de desempleo. Mientras que otros (España, Portugal, Italia, Grecia, etc.), a la par que han intervenido de igual forma – pretendiendo dar “todo a todos”, con un exceso en el gasto – no han logrado desarrollar genuinamente un sistema productivo que lo sustente.

Lo incomprensible del tema es que “los indignados” de Europa, requieran ahora lo mismo que – con variantes – los condujo a la situación en la que hoy se encuentran: mayor gasto para responder a mayores demandas,.. sin considerar que “…no hay almuerzo gratis,..” (M. Friedman) y que resulta insostenible un gasto importante, sin un aparato productivo que lo respalde.

La explicación se sustenta a que el gasto público solo puede mantenerse constante (o incremental) en el tiempo si el sistema productivo es suficiente como para generar la riqueza que ese gasto requiere.

De otra forma – incluso este es tema de debate en Europa en este momento – el equilibrio fiscal solo puede mantenerse mediante un recorte en el gasto (cuestión duramente resistida por “los indignados” que verían recortados sus beneficios) o una suba de los impuestos. En cualquier caso se trataría de una transferencia de recursos.

Otra forma podría ser el endeudamiento, pero esto a su vez exige que la deuda un día se pague. Es decir: puede estar hoy en el límite de lo que se puede asumir con perspectivas de pago, o bien comprometer a las generaciones futuras.

Se ve entonces que la única forma de afrontar genuinamente la intervención del estado y el gasto público que ello genera, es que su intervención no llegue a sofocar la actividad productiva del mercado.  

En el discurso político de nuestros gobernantes en la Argentina actuamos sobre el supuesto erróneo de haber logrado el desendeudamiento. Pero ello no es cierto ya que “la reestructuración de deuda de 2005 no habría desendeudado a la economía argentina, en términos del PBI, con respecto a la situación de 2001. Esto ocurre porque, además de que se reestructuró sólo una parte de la deuda que entró en default 2001, el Gobierno Nacional siguió emitiendo deuda en 2002; 2003 y 2004 (entre el default y la reestructuración).

En 2006 y 2011 sucede lo contrario; hay un aumento nominal del nivel de endeudamiento, pero una caída de la relación Deuda/PBI. Entre 2005 (US$128.630 millones) y 2011 (US$178.963 millones), la deuda nominal creció 39.1% (US$50.333 millones), pero su peso cayó 28.9 puntos porcentuales en términos del PBI. En pocas palabras, a pesar de que el peso de la deuda disminuye en relación al Producto, su nivel nominal sigue creciendo, desvirtuando en alguna medida la política de desendeudamiento oficial…”[12].

De esta manera no solo continuamos incrementando la deuda, sino que a su vez la política pomposamente denominada “de desendeudamiento” conduce a mantenernos al margen del sistema financiero internacional, precisamente cuando existen capitales que podrían contribuir mediante inversiones a nuestro desarrollo.

No es por ello llamativo que seamos uno de los países de la región que han tenido la menor inversión externa. Según un informe de la consultora AMF, en 2012 la inversión externa se desplomó nada menos que un 75% respecto al 2011. El año pasado la Argentina sólo recibió el 1,4% de las inversiones que entraron a Latinoamérica y el Caribe[13]. Y ello perpetúa nuestra dependencia del subdesarrollo. De tal forma como contribuyen otros factores, dependientes de políticas económicas distorsivas que responden a medidas de coyuntura y de nefastas consecuencias a largo plazo.

Además de lo expuesto en nuestro país asistimos a su vez asombrados a la implementación de políticas que irresponsablemente agravan nuestra condición: 1) la expansión de la masa monetaria (vía emisión) que alcanza al 40% interanual[14], y que impacta en la economía por ser uno de los factores reconocidos más importantes en la generación de inflación y 2) la presión impositiva vía recaudación que pasó, entre los años 2002 y 2012 del 19,9% al 36,7% del PBI, es decir que bastante más de un tercio del ingreso generado por el país es apropiado por el Estado a través de los impuestos[15].

No se trata de un problema menor: la supervivencia de un estado prebendario e ineficaz, clientelar y corrupto, que ofrece servicios ineficientes, además ahoga a la actividad económica que es la única que puede generar riqueza genuina.

Es por ello que nos encontramos en una situación en que el empleo público crece más que el privado, casi el 45% de estos últimos se encuentran con temor a perder su empleo[16] y más del 40% de todos los empleados se encuentra en condiciones de informalidad.

Otro de los aspectos a tener en cuenta en las intervenciones del estado es que la definición de políticas se deja en manos de supuestos expertos que siempre se encuentran identificados con el poder político de turno y por lo mismo responden a los intereses políticos,.. ¿no es esta acaso una de las circunstancias por las que el estado termina siendo colonizado (casi por asalto),.. por grupos afines,.. por un pensamiento único, que es lo mismo que decir: una única forma de ver las cosas?

Esta distorsión que produce la intervención del estado afecta en su matriz la eficiencia y efectividad lo que de las políticas públicas se espera. Y es por lo que los jubilados terminan siendo más pobres, los servicios que se brindan en salud y educación se ven afectados en su calidad y solo se sostienen por el esfuerzo y dedicación de unos pocos aplicados con esmero.

Es importante considerar que las políticas públicas deberían ser un denominador común en la solución de los problemas que afectan a la gente pero además poniendo razonabilidad en maximizar el bienestar general. Por ejemplo – y aunque parezca un perimido argumento utilitarista – las políticas de salud debieran promover una población más saludable, no solo por razones humanitarias y morales, sino porque es sabido que una población más sana es a su vez más productiva. Y ello es útil al país.

Otro planteo que ha cambiado sustantivamente las condiciones en las políticas de salud y el requerimiento de dilución del riesgo mediante el aseguramiento es que dada la impresionante innovación tecnológica – que indudablemente ha mejorado las perspectivas en lo referido a la disponibilidad de recursos para facilitar procedimientos diagnósticos y terapéuticos – nos ha convertido a la par a todos en “pobres” para afrontar individualmente los costos.

Lo mismo – aunque en otra dimensión – sucede con las políticas educativas, o en áreas como energía, e infraestructura (aunque en todos los casos el estado entiendo que debe ser solo un facilitador y no necesariamente un proveedor), mientras se defina que, cuanto, para qué y en qué medida es necesario y sustentable.

Los planes de asignaciones para los más desfavorecidos deberían poder ser reemplazados – en lo posible – y en el mediano o largo plazo por ingresos genuinos generados en el mercado productivo del país. La prolongación en el tiempo de manera prebendaría solo beneficia al gobernante dadivoso, pero excluye al receptor de un futuro venturoso.

En nuestro país ya existen hasta tres generaciones de receptores de planes que suponen recibir “lo posible”, y se mantienen sin siquiera “lo suficiente”, por debajo de las condiciones mínimas de dignidad y sin posibilidades de acceder a un futuro mejor.

Ello pone en evidencia que nuestro país no produce lo necesario. El aparato productivo ha sido ahogado por el estado, en el que hemos encontrado refugio todos, como si este pudiera darnos cobijo y satisfacer nuestras necesidades sin requerir de nadie que lo sustente.

Y ello incluye a los empresarios – no solo los amigos del poder – que haciendo gala (salvo honrosas excepciones) de una increíble inoperancia han buscado también su propio rédito: ser protegidos arancelariamente y/o ser subsidiados (subsidios directos o indirectos) también por el estado. 

Todos estos desvíos ocurridos por políticas discrecionales nos colocan en situación de desventaja, no solo con los países desarrollados sino incluso con muchos de nuestros propios vecinos, que han comprendido que nada se puede recibir sin desarrollar un aparato productivo suficiente y que además nos permita insertarnos en el mundo.

Solo de ese modo las políticas públicas ascienden el primer escalón que es  hacerse posibles. Pero ello no significa que sean eficientes, o equitativas o que sus resultados sean los deseables, que son escalones superiores.

De esta forma vemos como se desnaturalizan y falsifican desde el poder las políticas públicas, porque el irresponsable accionar de los gobernantes puede hacernos creer que todo lo que hacen es lo que se les ha requerido con la confianza del voto y que es lo que la gente necesita, aunque no sea así. Ya que por un lado las mismas resulten insuficientes, ineficientes e inequitativas y por otro pongan en riesgo de sucesivas y evitables crisis económicas al país, por el dispendio de sus recursos. 

Porque el estado cuando interviene sin límites, tiende a extender sus acciones más allá de lo que debe y como consecuencias:

  • Malgasta el dinero de los contribuyentes,
  • Subsidia discrecionalmente para obtener la mayor cantidad de votos, quitando recursos a los más productivos,
  • Tiende a ser deficitario endeudándose, emitiendo y generando inflación, en lugar de reducir el gasto público,
  • Distribuye privilegios y no alienta al empresariado productivo, generando incentivos inversos,
  • Genera mercados cautivos, en lugar de alentar la mejora de los servicios basados en la competencia,
  • Acrecienta la cantidad de organismos, funcionarios y empleados públicos, lo que conduce a un mega-estado que subsiste a costa del sector productivo,
  • Desalienta los votantes libres de influencia y aumenta los cautivos del presupuesto público.[17]

Entonces: ¿qué es lo que nos diferencia de lo que han logrado otros países ya desarrollados y muchos vecinos ya caminan en el mismo sentido, mientras nosotros quedamos rezagados?

Y en este punto he analizado y acuerdo que juega un importante papel la calidad de nuestras instituciones[18],.. pero considero además que es importante analizar la lógica con que se moviliza la acción colectiva en nuestra sociedad (que por un buen tiempo puede ser manipulada),.. pero más aún es importante la calidad de nuestros gobernantes y su séquito de aduladores que – lealtad partidaria mediante – se juegan su propio destino político.

[1] Rousseau, J. J. “Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes” (1755) y “Du contrat social” (1762)

[2] Owens, P. “From Bismarck to Petraeus: The question of the social and the Social Question in counterinsurgency”. University of Sussex, UK (2013)

[3] Keynes, J. “Teoría General del empleo, el interés y el dinero” (1936).

[4] Beveridge, W. “Report of the Inter-Departmental Committee on Social Insurance and Allied Services” (1942)

[5] Rawls, J. “Theory of Justice” (1971)

[6] Rallo, J. R. “El circo del estatismo europeo” (2013) http://www.libertaddigital.com/opinion/juan-ramon-rallo/el-circo-del-estatismo-europeo-67553/

[7] Clark, G.  “A farewell to alms”. Princeton University Press (2007)

[8] Dada una asignación inicial de bienes entre un conjunto de individuos, un cambio hacia una nueva asignación que al menos mejora la situación de un individuo sin hacer que empeore la situación de los demás.

[9] Hayek, F. “Caminos de servidumbre”. Ed. Alianza, Madrid (1995)

[10] Transparecy International http://www.transparency.org/cpi2012/results

[11] Massot & Monteverde “El gasto público ya es 45% del PBI…” http://cepoliticosysociales-efl.blogspot.com.ar/2012/07/el-gasto-publico-ya-es-45-del-pbi-pero.html (2013)

[12] Economía & Regiones Consultora. http://www.economiayregiones.com.ar/es/index.php (2012)

[13] AMF Consultores http://www.amfeconomia.com/ (2013)

[14] Rossi, R. “El financiamiento de la inflación” http://cepoliticosysociales-efl.blogspot.com.ar/2012/09/el-financiamiento-de-la-inflacion.html (2012)

[15] IDESA (Inf. Nº 487) http://cepoliticosysociales-efl.blogspot.com.ar/2013/04/cargas-sociales-explican-un-tercio-de.html (2013)

[16] Kritz, E. SEL Consultores (2013)

[17] Buchanan, J & Tullock, G. “The calculus of consent: Logical foundations for constitutional democracy” (1962)

[18] http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Eduardo Filgueira Lima es Médico, Magister en Sistemas de Salud y Seguridad Social,  Magister en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE y Profesor Universitario.