Asignación del gasto público en distintos niveles: los beneficios de la descentralización económica

Por Martín Krause. Publicada el 18/5/16 en: https://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2016/05/18/asignacion-del-gasto-publico-en-distintos-niveles-los-beneficios-de-la-descentralizacion-economica/

 

En el capítulo 9 de “El Foro y el Bazar”, tratamos la asignación del gasto público en los distintos niveles de gobierno y los beneficios de la descentralización:

¿Por qué la descentralización sería más eficiente? Como veremos, hay distintas interpretaciones y enfoques. Tal vez uno de los primeros análisis explícitos del tema lo haya hecho Alexis de Tocqueville. En su prestigiosa obra La democracia en América ([1835] 1957) analiza, en principio, los argumentos de aquellos partidarios de la centralización , para luego analizar las causas de la mayor eficiencia de los gobiernos locales, relacionándola con las dificultades que la falta de información ocasiona a la administración centralizada, un argumento que resurgiría un siglo después a través de F. A. von Hayek .

Precisamente, Jin, Qian y Weingast (1999) presentan ese argumento desarrollado por Hayek en el sentido de que, dado que la información se encuentra dispersa entre todos los individuos que forman una sociedad, la descentralización permite su mejor aprovechamiento. No obstante, Hayek realiza esta apreciación en relación con el papel que cumple el sistema de precios, como un gran sistema de comunicaciones que transmite la información necesaria para que consumidores y productores ajusten sus decisiones a fin de permitir una eficiente asignación de recursos. Los mencionados autores extienden esto a la descentralización gubernamental, incluyendo a Hayek como parte de la teoría económica del federalismo, juntamente con Tiebout, Musgrave y Oates. Sin embargo, es necesario destacar que si bien se han señalado aquí, y se expondrán más adelante, las ventajas de la descentralización de los niveles decisorios de gobierno, existe una gran diferencia entre un caso y otro. El sistema de precios es un gran economizador de información, ya que sintetiza toda la que se encuentre disponible en tan solo un número, con lo cual los consumidores y productores ya pueden tomar sus decisiones.

Pero no existe tal cosa en cuanto a las decisiones que un individuo tome respecto a qué jurisdicción local trasladarse. Pensemos un poco en la información que debería recabar: seguramente el nivel de la presión impositiva, también la calidad de los servicios provistos. Podría tratar de interpretar otros indicadores, como el flujo de ingreso o salida de sus habitantes, el precio de las propiedades, el flujo de inversiones. Por cierto, que no existe la “economización” de información que Hayek señala en relación con el sistema de precios. Pero, eso sí, no implica esto eso sí, que no exista un proceso de cierta competencia.

Bish (1987, p. 365) reconoce esta diferencia, pero dice que las diferencias serían de grado, y que nos encontraríamos en una situación similar a la que sucede en una empresa en la que se producen transferencias de recursos internamente sin precios, y donde los administradores deben decidir sin conocer con certeza la contribución de cierto recurso a las actividades generales. Al respecto, cabría señalar que precisamente por los problemas que se mencionan y por la falta de información para tomar decisiones, las empresas tratan en gran medida de organizarse como “centros de negocios”, que se relacionan entre sí por medio de precios internos, y que, incluso si estos no existieran siempre, existen los precios “externos” como punto de referencia, algo que no existe en el caso de la competencia gubernamental. Dos cosas comparte este autor con lo desarrollado por Bish, y es que, por un lado, esta falta de precios no invalida del uso de modelos de competencia para analizar el federalismo y la descentralización; por otro, esa misma falta resalta la inconveniencia de utilizar modelos que incluyen como supuesto básico la información completa, tal como los de competencia perfecta.

Jin, Qian y Weingast (1999, p. 2) señalan, respecto a los beneficios de la descentralización, un segundo grupo de teorías que ponen énfasis en un beneficio adicional, al que denominan “federalismo protector del mercado”. Esto significa que la descentralización pone límites a las intenciones intervencionistas de los gobiernos, ya que dos mecanismos diferentes alinearían los intereses de los gobiernos locales con los de la prosperidad económica: el primero de ellos señala que un gobierno intervencionista en exceso, o tal vez más intervencionista que otros, perdería valiosas inversiones; el segundo, que como en tal caso las finanzas están mucho más estrechamente ligadas al desempeño de la economía local, entonces, los funcionarios gubernamentales tendrían mayores incentivos para promover una economía local próspera que los que tendrían en el caso de que recibieran los fondos, o buena parte de ellos, de otras jurisdicciones superiores.

Según los autores, esto es importante en las economías de países que desde hace poco tiempo están intentando salir de los esquemas planificados del socialismo. En estos, como en los países en desarrollo en general, los gobiernos han resultado ser la principal barrera al crecimiento económico, debido a que no han encontrado límites a su actitud predatoria. No obstante, afirman que existe un papel importante que cumplir por parte del gobierno central, como es controlar a los gobiernos locales para que no impongan barreras a la movilidad de los factores, barreras proteccionistas, lo cual les permitiría abusar de su poder monopólico sobre la producción local. Este es un tema que volveremos a tratar más adelante, pues, si bien es ciertamente posible que una unidad jurisdiccional pequeña intente aplicar medidas que restrinjan la movilidad de los factores económicos, o que efectivamente lo haga, simples cuestiones de economía de escala abogarían para que esto no suceda, ya que impondría una pesada carga a sus habitantes.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Colectivismo y “bien común”:

Por Gabriel Boragina. Publicado el 7/2/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/02/colectivismo-y-bien-comun.html

 

La regla que impera en una sociedad de bienes colectivos es precisamente esa misma: que los bienes son colectivos. Es decir, son “de todos”. A esto, Garret Hardin lo llamó “La tragedia de los comunes” que se sintetiza en la fórmula por la cual “lo que es de todos no es de nadie”. Entonces, “todos” están habilitados a tomar “su parte” de esos bienes colectivos. El problema consiste en que, al no haber propiedad privada, cualquier parte (o el todo) de esos bienes le “correspondería” a cualquiera. Y es aquí cuando empiezan las verdaderas dificultades. Fue la vigencia de la propiedad colectiva la que determinó que la sociedad tribal desapareciera (más que cualquier otra causa). Esto lo explica muy bien F. A. von Hayek. Y, necesariamente, los intentos por reflotar la propiedad colectiva tribal (pero ahora a gran escala) ocasionaron la caída de la URSS y sus países satélites. No es que la gente sea “intrínsecamente ladrona”, sino que son las instituciones (en el caso, la propiedad colectiva) la que la vuelve ladrona. Aunque el ejemplo del ladrón se aplica -en rigor- a sociedades no colectivistas y no a las que lo son.
Efectivamente, en el colectivismo impera el derecho del primer ocupante, que en el caso de la URSS, sus países satélites, Cuba, Corea, etc., ese primer ocupante no es otro que el mismo estado o gobierno. En la sociedad tribal, ese lugar era el del Jefe o Cacique. Hoy lo es el estado-nación. Las “reglas” las impone el Jefe, Cacique, Presidente, Führer, Duce, César, etc.
Ahora bien, no hay que perder de vista que tanto el individualismo como el colectivismo son -en última instancia- un producto cultural, y que su “imposición” desde una cúpula de poder sería imposible si no existiera en esa sociedad un substrato cultural que la hiciera posible. En realidad, el procedimiento es el inverso, una vez dadas las condiciones culturales necesarias como para que uno u otro sistema se imponga, lo demás se da por añadidura.
Lo que produce pues que nuestra sociedad actual sea -en su mayor parte- colectivista es indispensablemente este factor, por encima de cualquier otro.
La aceptación irreflexiva de nociones etéreas y vacías de contenido, tales como “el bien o interés público” o “interés o bienestar general” y expresiones análogas, como opuestas al bien particular o individual, es la que ocasiona que la sociedad actual se haya volcado al colectivismo, en la convicción de que existiría un “conflicto irreconciliable” entre los intereses individuales y “los colectivos”, sin percibir que resulta imposible la objetividad de cosa tal como “intereses colectivos” excepto que como la mera suma de los individuales, con lo que el supuesto “conflicto” no es más que una pura invención de quienes explotan tales creencias en su provecho personal, por ejemplo los políticos, cuyos discursos rebosan de apelaciones a favor del “bien público”, el “interés general”, “del pueblo”, de “la gente”, etc.
No hay, en este esquema, oposición alguna entre intereses individuales reales y un “interés colectivo” irreal por imposible existencia de este último.
Invocar la fórmula vaga del “bien común” no sirve de nada, en tanto y en cuanto no se precise qué se quiere significar con la misma, ya que es imprescindible que quien recurra a ella clarifique -para empezar- “común a qué grupo de referencia” sería el “bien” que se califica como “común”. En efecto, “la sociedad” no es un todo homogéneo, monolítico y univoco. Ni siquiera se trata de un ente corpóreo, con el cual se pudiera conversar, escuchar o ver. Consiste, en última instancia, de una construcción mental, que cada uno de nosotros se representa de diferente manera, esencialmente por estas mismas razones.
Lo anterior implica que “la sociedad” o “comunidad” no es un único y exclusivo grupo, sino que -en rigor- se trata de un conjunto de subgrupos, que -a su vez- se dividen en conjuntos menores y así sucesivamente, hasta llegar al individuo, núcleo básico de lo que se llama “sociedad”.
Ahora bien, de todo esto se deriva que el interés individual de una persona puede ocasionalmente oponerse al interés individual de otra persona, o de más de una persona, pero no infinitamente, sino hasta un pequeño número limitado de estas, pero nunca puede entrar en conflicto con un imprecisable “interés social” o “común” que no se define a priori, y que -en principio- abarcaría un número incalculable de personas, que, para el sujeto en cuestión, no sólo actualmente no conoce, sino que sería imposible conocer, geográfica y temporalmente.
Por análogas consideraciones, nadie puede “enfrentarse” a los “intereses” de “la patria”, de “la nación”, del “estado”, del “pueblo”, de “los negros”, de “los judíos”, de “los cristianos”, de “los rusos”, de “los americanos”, etc. Nadie puede oponerse a “intereses colectivos”, porque estos no existen, son imaginarios, habida cuenta que no pueden ser identificados, ni personalizados en seres de existencia física concreta.
En sentido inverso, los “representantes” de supuestos “intereses colectivos”, autoproclamados defensores del “bien común”, ejemplo típico de ellos los gobernantes, si pueden atacar a los intereses individuales, y de ordinario es lo que hacen. No sólo se enfrentan sino que, en la mayoría de los casos, dedican mucho empeño en desplazarlos, y -en última instancia- en destruirlos, en la medida en que desafíen al interés personal del poderoso.
La diferencia entre un gobernante y el resto de las personas fuera del gobierno, es el poder del primero y la indefensión de las últimas. A primera vista, podría decirse que en este supuesto, el interés particular del gobernante conseguiría contraponerse al “interés común” de los gobernados. Pero sería caer en la misma trampa que opera en el sentido contrario (que es en el que maniobran los ideólogos políticos que manipulan la “respetable” noción de “interés común”). No se trata más que de un caso en el que el interés particular del gobernante esta en contraposición a un determinado número de intereses individuales de quienes están en el llano, fuera del gobierno, es decir, excluidos de la posición de poder que el detentar el gobierno de un territorio otorga a quien lo esgrime.
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.