LOS LIBERALES CLÁSICOS Y EL CORONAVIRUS.

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 2/3/20 en: http://gzanotti.blogspot.com/2020/03/los-liberales-clasicos-y-el-coronavirus.html

 

Una nueva grieta ha surgido entre los liberales (clásicos) por este tema, con acusaciones muy fuertes de estupidez y maldad.

Me decidió a escribir esto un video de Juan Ramón Rallo donde aclara que Hayek no se oponía a la acción del estado en caso de las epidemias.

Así es. Por ende, la cuestión está mal planteada. La cuestión no es si el estado debe o no intervenir en estos casos. Ese es un debate entre los liberales clásicos y los anarcocapitalistas. Entre los liberales clásicos, que los estados, preferentemente municipales y excepcionalmente federales, tengan que intervenir cuando hay bienes públicos estatales que no puedan ser en lo inmediato privatizados, es algo en lo que hay bastante consenso.

Yo mismo (1) lo afirmé en 1989, en El humanismo del futuro (que ya quedó en el pasado…):

 “…Todas las reflexiones anteriores nos muestran lo inútil de la falsa dialéctica entre el “estado gendarme” y el “estado subsidiario”. El estado es subsidiario porque su misión específica es por definición, como hemos visto, subsidiaria, y basta la demostración, cada caso, de que tal o cual actividad no está relacionada necesariamente con dicha función específica –custodiar el derecho- para que, en principio, dicha actividad deba estar a cargo de los privados. Por supuesto, esto no excluye una gran zona que podríamos llamar “zona gris” que produce dificultades concretas a la hora de decidir si tal o cual actividad debe estar o no en manos del estado. Por supuesto, esto no implica negar que, como venimos diciendo, todas las actividades culturales –esto es: artísticas, científicas, deportivas, educativas, económicas, etc.- deben estar en principio dentro de la iniciativa privada pues ellas derivan del ejercicio de los derechos personales, y éste es ya un principio que brinda suficiente claridad. Pero hay casos, que analizaremos más adelante, que presentan dificultades: el caso de la subsidiariedad sociológica, ya aludida; los problemas de moral publica, los bienes públicos y las externalidades. Más adelante nos referiremos a esos casos. Por supuesto, son casos posibles de resolver, pero no nos parece sensato negar a priori la dificultad intrínseca que presentan, sea cual fuere la solución posterior que demos a la dificultad50b.”

En el caso de los bienes públicos y externalidades, una vez aclarado que la mayoría de ellas se puede internalizar y que gran parte de los bienes públicos pueden ser privatizados, dije:

“…Desde luego, cabe señalar que, en todos aquellos casos donde debido a las externalidades negativas y/o los bienes de públicos se produzcan problemas que afecten directamente al derecho a la vida y/o propiedad de las personas, y la acción del proceso de mercado no pueda, al menos a corto plazo, solucionar la cuestión, el estado, cumpliendo su misión específica de custodiar los derechos del hombre, debe intervenir. Por supuesto, cuanto más jurídicamente abierto sea el mercado, esos casos serán raros. Además la intervención del estado en esos casos no debe monopolizar el bien en cuestión, como tantas veces se ha señalado”.

Por lo tanto, NO es cuestión de decir que loe estados no deben intervenir en una epidemia. El debate se concentra en si las medidas tomadas para ESTA pandemia son las convenientes o podía haber habido otras.

A su vez, es extraño que algunos liberales piensen de otros lo que los estatistas en general piensan de los liberales en muchos sentidos. Habitualmente se nos acusa de malvados porque somos reacios a la intervención del estado en temas de pobreza, medio ambiente, etc., como si fuéramos unos malvados totales indiferentes ante el prójimo, cuando en realidad nos interesa, como a muchos, el bienestar de todos, sólo que recurrimos a otros métodos. Aquí es lo mismo. Si alguien opina que ESTAS medidas no son las adecuadas, NO es porque no le importe el número de muertos, NO es porque tenga desprecio por la vida, sino porque considera que podría haber otros modos de tratar la cuestión.

Hay otros temas, además, que desde el liberalismo clásico se pueden aportar para pensar en esta cuestión.

Uno, el conocimiento disperso. El libre intercambio de puntos de vista favorece un mayor conocimiento, y de igual modo sucede con los bienes y servicios. Por ende, estar abiertos a escuchar los diversos pareceres de los epidemiólogos ayudaría mucho.

Dos, los beneficios del libre mercado para las situaciones de emergencia. En ese caso, medicamentos, servicios médicos, etc., son áreas donde no se debe, más que nunca, eliminar al mercado, sino dejarlo actuar para que se coordinen mejor las necesidades de la demanda frente a esos bienes.

Tres, los beneficios de una sociedad libre, el libre mercado, la libre educación y la libre medicina para el descubrimiento de nuevas tecnologías. Así como el mercado libre acelera la producción de tecnologías limpias que ayudan al medio ambiente, así también ayuda al descrubrimiento de nuevos medicamentos y nuevas vacunas que además bajarán de precio en la medida que no se intervenga en la coordinación entre oferta y demanda.

Cuatro, dejar actuar a los servicios privados de salud, con sus propias ofertas y decisiones, va en la misma línea.

Cinco, los liberales sabemos qué es una corrida bancaria y qué la causa. El sistema bancario colapsa si todos los depositantes exigen sus fondos. La cuestión es por qué se comportan así. De igual modo colapsa cualquier sistema hospitalario, y mucho más si no se deja al mercado reaccionar. La cuestión es: ¿el conocimiento disperso, bajo un sistema abierto y libre de conocimiento, produce que la demanda (subjetiva) de un servicio suba de golpe? ¿Si?

Como ven no me he introducido en la discusión biológico o si la cuarentena es apropiada o no. Sólo quise mitigar los enojos en el debate y tratar -de modo quijotesco como siempre- de frenar la guerra de acusaciones de estupidez y-o maldad entre unos y otros.

Pero chocaré una vez más contra los molinos de viento.

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(1) Perdón que me cite a mí mismo, es que ya se me ha “acusado” de negar TODA acción del estado, cuando hace 31 años que tengo fijada mi posición al respecto.

50b Creemos que un análisis moderno del principio de subsidiariedad debería completarse con el tratamiento de las “fallas de la gestión del Estado” desarrollado por la escuela de “Public Choice” liderada por J. Buchanan. Sobre este y otros aportes de Buchanan, véase Romer, T.; “On James Buchanan’s Contributions to Public Economics”, en Journal of Economic Prospectives,Vol. 2, No4, otoño de 1988, pja. 163-179. (*11: A lo largo de estos años nos hemos convencido cada vez más de la importancia de los análisis de J. Buchanan sobre la rent seeking society para la comprensión de la crisis de la democracia constitucional y la relación con los grupos de presión. Lo aclararemos en una próxima nota, por ahora téngase en cuenta que ese mismo tema es importantísimo para el principio de subsidieriedad y el tema de los “privilegios” para tal grupo o sector. Por supuesto, sabemos que habitualmente partidarios del Public Choice y partidarios de la subsidiariedad del estado se ignoran, pero si se conocieran es posible que tuvieran choques en algunas de sus premisas antropológicas y éticas últimas. Aunque no sea este el momento de tratarlo, creemos que los análisis específicos de Buchanan sobre la Constitución Federal, la economía y las finanzas son en sí independientes de esa cuestión. Al respecto, ver The Logical Foundations of Constitutional Liberty, vol. I de The Collected Works of James M. Buchanan, Liberty Fund, 1999.

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación. Publica como @gabrielmises

El supuesto “fracaso” de un mercado incompleto y el evidente fracaso del estado según Bruno Frey

Por Martín Krause. Publicado el 20/11/18 en: http://bazar.ufm.edu/supuesto-fracaso-mercado-incompleto-evidente-fracaso-del-estado-segun-bruno-frey/

 

Con los alumnos de Public Choice vemos a Bruno Frey en “La relación entre eficiencia y la organización política”, donde compara el fracaso del estado y el del mercado. En verdad, en el caso de este último, se trata más bien de su ausencia, por la ausencia de derechos de propiedad. También, por la comparación con una situación ideal que no existe ni podría existir :

“A. El fracaso del mercado

Los mercados privados competitivos no logran un óptimo de Pareto o un resultado eficiente cuando existen externalidades o bienes públicos o cuando las economías de escala llevan a los proveedores a una posición monopolista. Éste fue el mensaje de la teoría económica de posguerra, que gozó de general aceptación. En consecuencia, el gobierno (que, según se da por sentado, tiene que elevar al máximo el bienestar social) debe intervenir para obtener un resultado más eficiente. Después de haber llegado a esta conclusión, considerándola satisfactoria, los políticos obran en consecuencia, tanto en el nivel microestructural (e. g., nacionalizando empresas o llevando a cabo políticas estructurales) como en el macroestructural (adoptando una política fiscal y monetaria de neto corte keynesiano).

Esta concepción, que dominó la escena económica hasta fines de la década del sesenta y parte de la del setenta, todavía existe en la actualidad. Si bien no es sorprendente que muchos políticos continúen aprovechando esta invitación a aumentar las actividades gubernamentales, también comparten este punto de vista destacados representantes de la teoría económica. Por ejemplo, en el enfoque neoclásico de la economía pública, los impuestos y los precios públicos se determinan sobre la base del supuesto de que el gobierno eleva al máximo el bienestar social.

  1. El fracaso del gobierno

El advenimiento de la moderna economía política (que incluye la elección pública, el nuevo institucionalismo y el análisis de los derechos de propiedad y de los costos de transacción), en la que se da por sentado en todos los aspectos que el gobierno es un actor endógeno dentro del sistema político-económico, afectó notablemente la ortodoxia respecto del fracaso del mercado (por ejemplo, véanse los trabajos de Mueller, 1989; Eggertsson, 1990, y Frey, 1983). En este enfoque se analizan cuidadosamente las propiedades de los sistemas de toma de decisiones políticas.

El “Teorema de imposibilidad general” (Arrow, 1951, cuyo antecedente es Condorcet, 1795), que establece la conclusión fundamental de que bajo supuestos “razonables” no existe un equilibrio político entre opciones siempre que se tomen en cuenta las preferencias individuales, despertó gran interés entre los eruditos. Los resultados electorales revelan una inestabilidad cíclica; en el caso de los asuntos multidimensionales, pueden abarcar todo el espacio político, incluyendo los resultados ineficientes (McKelvey, 1976).

Otros fracasos políticos también han sido objeto de un profundo análisis: debido al problema de los bienes públicos involucrado, los votantes no tienen demasiados incentivos para informarse acerca de la política y para participar en los procesos electorales; el resultado medio de una elección resultante de una competencia perfecta entre dos partidos en general no es eficiente; no todos los intereses en juego tienen la misma capacidad de establecer grupos de presión política (Olson, 1965); y las burocracias y la búsqueda de rentas constituyen un elemento adicional para desnaturalizar las asignaciones destinadas a lograr eficiencia.

Sobre la base de estos y otros fracasos políticos se ha llegado a la conclusión de que el gobierno no puede superar las deficiencias del mercado. Lo que ocurre en la realidad es más bien que la intervención política impide aun más la eficiencia. Un ejemplo de esto es el incentivo gubernamental en favor de la creación de un ciclo de negocios (Nordhaus, 1989) que incremente sus posibilidades de reelección.

  1. El fracaso del gobierno es más significativo que el fracaso del mercado

La moderna economía política ha alcanzado resultados tan convincentes que en este momento los eruditos ortodoxos piensan que los fracasos del mercado tienen menos importancia que los fracasos políticos. Esta creencia se afianza aun más por el redescubrimiento de la proposición de Coase (1960) de que si los derechos de propiedad están bien definidos y los costos de transacción son bajos, las externalidades no impiden el funcionamiento de un mercado eficiente. Además, se considera cada vez más que las ganancias de las empresas monopolistas son un indicador de eficiencia en la producción. De estos resultados se desprende que los mercados funcionan bien y la política funciona mal (véase un análisis de este tema en Wintrobe, 1987, pp. 435-6, o en Wittman, 1989, pp. 1.395-6), y en consecuencia habría que reducir generalmente la intervención gubernamental o eliminarla por completo, reservando la asignación de recursos a los mercados privados.”

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Gobernabilidad y proceso político

Por Gabriel Boragina Publicado  el 8/10/17 en:  http://www.accionhumana.com/2017/10/gobernabilidad-y-proceso-politico.html

 

“En esencia la gobernabilidad depende del resultado de dos procesos y de las externalidades de su interacción. El primero, el proceso económico que busca mejorar la eficiencia alocativa y el logro de los objetivos de equidad.”[1]

En realidad, resulta bastante discutible que el proceso económico como tal busque “mejorar la eficiencia alocativa y el logro de los objetivos de equidad”. En primer lugar, habría que definir qué se entiende por todas estas expresiones. Desde nuestro particular punto de vista, el proceso económico es uno de intercambios valorativos que buscan mejorar las posiciones relativas de las partes intervinientes en ellos en un momento ulterior al acto de intercambiar. Es posible que, entre algunos de los objetivos de esas personas una u otra busque mejorar la eficiencia locativa (la palabra alocativa utilizada por el autor citado no se encuentra reconocida por la Real Academia Española, de allí que debamos entender que ha querido referirse a lo “locativo” en relación concreta a una ubicación física, aunque el citado no es claro en cuanto a quién o quiénes serían los que -en su pensar- buscarían esa “eficiencia locativa”.

Idéntica acotación habría de hacerse en cuanto al supuesto “logro de los objetivos de equidad”. Todos estos términos y conceptos son hartamente opinables. Esencialmente, porque conforman en sí mismos valoraciones enteramente subjetivas, que incluyen, por supuesto, los juicios subjetivos de valor que introduce el propio autor en comentario.

Por último, aunque no menos importante, también habría que definir el alcance del concepto del vocablo gobernabilidad, sobre el cual nosotros ya hemos emitido opinión[2]. Lamentablemente, el autor que ahora estamos analizando no se expide con claridad en qué sentido está usando esta palabra. Pero del contexto de su exposición parece creer que existe una suerte de gobernabilidad democrática en distinción de otra de signo autoritario o hegemónico (como expresa en una nota introducida en la página 299 de la obra que explicamos). Como ya expusimos, lo común es que por “gobernabilidad” se conciba aquella situación en la cual “A” ejerce el mando (control, dirección, etc.) sobre “B”.

Si a lo que el autor que ahora examinamos quiere referir es a la gobernabilidad ejercida por el cuerpo político sobre el resto del pueblo, no podremos, en modo alguno, estar de acuerdo con el aquel.  Pero si, en cambio, quiere aludir a lo que nosotros llamamos democracia liberal y republicana conforme la hemos definido en el artículo citado[3] coincidiremos. En suma, y para concluir este punto, si la gobernabilidad de la que se habla, y si el proceso económico mencionado en la cita, es producto de un proceso político liberal republicano democrático, en este supuesto, si podremos llegar a un acuerdo con el autor. En caso contrario, no.

“El segundo, el proceso político que busca vincular a los ciudadanos con las decisiones públicas colectivas y dar a éstas legitimidad y capacidad de ser cumplidas. Estos dos procesos dependen el uno del otro”.[4]

Aquí tenemos otro párrafo difícil que intentaremos de ir desentrañando en la medida que nos resulte posible.

Lo primero que se advierte en la redacción es el empleo (hasta un cierto punto abusivo) de un lenguaje hipostático. Así, se habla de un “proceso político” como si este fuera una entidad autónoma, con vida, voluntad y decisión propia. Nótese que se sugiere a aquel como que “busca vincular a los ciudadanos…”, “dar a éstas legitimidad y…”. Parece olvidarse -o directamente negarse- que cualquier proceso político involucra necesariamente a personas concretas humanas, cada una de ellas con proyectos y voliciones distintas que no pueden subsumirse (ni menos aun reducirse) a la de ningún ente autónomo que carezca de existencia real, visible y audible. A la inversa, el proceso político es el resultado de ciudadanos que, en forma individual, lo crean, adoptando esas personas concretas decisiones individuales que, sumadas, proporcionarán como resultado lo que el autor citado da en denominar “decisiones públicas colectivas” con todo lo recusable que implica esta última fórmula verbal.

También discrepamos en cuanto a la relación de dependencia que el ensayista otorga a ambos procesos.

Desde nuestra visión, el proceso político depende del económico, hallando que este último sirve de marco-base de aquel. Toda relación humana, en definitiva, está asentada operativamente en un conjunto de interacciones que son posibles en un previo contexto económico. Recordemos que, para tal decir, seguimos la definición de economía adoptada por la Escuela Austríaca de Economía, que sostiene por tal la acción de elegir, optar, preferir una cosa en lugar de otra. Y que no se reduce exclusivamente a los aspectos crematísticos con los cuales se identifican todas las demás definiciones de economía, que difieren de la concepción de esta original escuela del pensamiento económico.

En un sentido mucho más amplio, diremos que todos los procesos sociales están enmarcados en uno previo (y mucho más amplio) de índole económica que, a su turno, puede ser cataláctico o praxeológico.

“Es imposible mejorar significativamente la eficiencia económica si no hay un interés real de la comunidad local para obtener ese objetivo. Y no habrá desarrollo político significativo a nivel local si la comunidad no encuentra que es de su interés real el participar activamente en ese proceso. Mientras la comunidad no participe, simultáneamente, en el proceso económico y en el proceso político no habrá mayor gobernabilidad, definida ésta como la capacidad de la comunidad para resolver sus problemas, tomando decisiones públicas colectivas y supervisando la ejecución de esas decisiones”[5].

Nuevamente, topamos con otro giro hipostático. Como ya expresáramos tantas veces, la comunidad no tiene ni puede poseer intereses como tal, ni reales ni de ninguna otra clase, por las mismas razones dadas antes y siempre. La “comunidad”, como cualquier otra palabra que designe a un ente colectivo, no es susceptible de ser titular ni portadora de intereses, o de cualquier otro proceso volitivo. Solamente a los individuos que la componen les es posible ello, ya que -por definición- una comunidad es tal en tanto y en cuanto esté constituida por individuos (de lo contrario no habría existiendo “comunidad” alguna).

Otra expresión enigmática consiste en la de “desarrollo político”. Esto puede interpretarse de muchas maneras posibles. Pero, dada la orientación que el autor parece suministrar a su texto, aparentemente deberíamos derivar que quiere indicar un desarrollo de tipo democrático. Pero, si esto es así, echamos de ver que, si los ciudadanos que conforman esa comunidad no encuentran ellos de su interés participar en un “desarrollo” de tal naturaleza, es porque sus inclinaciones no van en esa dirección, sino en otra, que bien podría ser una contraria.

[1] Eduardo Wiesner. “La economía neoinstitucional, la descentralización y la gobernabilidad local”. Capítulo VI, en Rolf Lüders-Luis Rubio-Editores. Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual. CINDE CIDAC, pág. 325

[2] Ver mi nota En torno a la “gobernabilidad”

[3] Ver mi nota En torno a la “gobernabilidad”

[4] Eduardo Wiesner. “La economía neoinstitucional, la descentralización y la gobernabilidad local”. Capítulo VI, en Ludes-Rubio, …Ob. Cit. Pág. 325

[5] Eduardo Wiesner. “La economía neoinstitucional, la descentralización y la gobernabilidad local”. Capítulo VI, en Ludes-Rubio, …Ob. Cit. Pág. 325.

 

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

¿HASTA DÓNDE LLEGA EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD EN EL MERCADO?

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 25/6/17 en: http://gzanotti.blogspot.com.ar/2017/06/hasta-donde-llega-el-principio-de.html

 

Capítulo XI de

ECONOMÍA PARA SACERDOTES, de Gabriel Zanotti y Mario Silar

Como vimos en el capítulo anterior, habría tres cuestiones donde el mercado necesariamente no podría llegar: bienes públicos, externalidades y redistribución de ingresos.

En este capítulo nos concentraremos en los dos primeros elementos. El problema de la redistribución de ingresos, especialmente delicado, será analizado separadamente en los últimos capítulos. Antes de aclarar de qué tratan estas cuestiones, recordemos a un viejo amigo: el principio de subsidiariedad.

Como se sabe, el principio de subsidiariedad es general, esto es, no se aplica solo a la economía, sino a toda estructura social. Por ejemplo, el episcopado NO debe hacer lo que sí pueden hacer las parroquias (aunque a veces no se cumple del mejor modo… J), y ello demanda saber la naturaleza de cada estructura social en cuestión. En efecto, si yo no sé, por ejemplo, qué es un rectorado, lejos estaré de saber qué es lo que no le corresponde.

Por lo tanto, resulta obvio que el estado no debe hacer lo que los particulares pueden. Pero aquí comienzan los debates: ¿qué es lo que los particulares pueden hacer, qué es lo que el mercado puede hacer?

Nos parece bien que esta sea una cuestión abierta entre los católicos. Esto es, no podemos esperar, obviamente, una proclamación pontificia, cuasi-dogmática, sobre hasta dónde debe llegar el mercado. Para ello necesitamos la legítima autonomía de las ciencias sociales y sus legítimos debates, y está bien que haya católicos que afirmen una cosa y otros, otra, porque su teoría económica es diferente.

Pero esto lleva a una cuestión en la cual sí todos los católicos –y esto es importante para sacerdotes y religiosos– podrían estar de acuerdo: que las diversas teorías económicas no pueden probar necesariamente que el mercado nunca puede llegar o siempre puede llegar a las tres cuestiones arriba referidas.

Intentaré demostrar el punto, al mismo tiempo que trataré de mostrar que el mercado puede estar abierto a todo ello, aunque no necesariamente “siempre”.

Primero, qué es un bien público.

Cuando alguien compra una lata de sardinas, esa lata no puede ser comprada por otro. Ello implica que esa lata es rival en consumo. No puede ser comprada por dos compradores al mismo tiempo.

A su vez si alguien compra una casa, solo el dueño puede entrar en ella. El dueño puede invitar a otros a pasar, pero los otros no pueden reclamar el derecho a entrar. O sea que rige sobre la casa lo que se llama principio de exclusión.

Estas dos características, rival en consumo y principio de exclusión, son típicas de los bienes privados que habitualmente se intercambian en el mercado.

En los bienes públicos, en cambio, no existe “rivalidad en el consumo” (por ejemplo, una puesta de sol, o el aire) ni tampoco rige el principio de exclusión (por ejemplo, el alumbrado de una calle).

Entonces se concluye muchas veces que el gobiernonecesariamente los tiene que proveer.

¿Debe ser realmente así?

No necesariamente, y allí está el punto.

Primero recordemos que hay bienes libres –de los cuales quedan pocos ejemplos– como la luz del sol o el aire, que casi no serían escasos en ciertas condiciones. En ese caso el tema del mercado o no mercado ni se plantea. La luz del sol en una mañana soleada no es provista ni por el estado ni por el mercado. Por ende si por bienes públicos se entiende bienes libres, el debate no se plantea.

El caso es que la mayoría de los bienes públicos son escasos (lo que analizábamos en el capítulo sobre “bienes económicos”), y por ende necesitan recursos escasos para su producción, venta y distribución.

Entonces, ¿cuál es el modo más económico de proveerlos?

Pongamos, por ejemplo, el caso de un puente. Puede ser que el estado lo provea, pero en ese caso deben tenerse en cuenta los impuestos cobrados para ello. Que, en ese caso, son pagados por todos, incluso por quienes no van a utilizar el puente (posteriormente analizaremos los tipos de impuestos existentes).

Si, en cambio, pagamos un peaje por el puente, a una empresa privada que lo administre, a primera vista nos va a parecer más caro, pero no es así: de hecho, ese costo es menor que todo el conjunto de impuestos, más las deudas y la inflación en las que a veces recurren los estados para sostener ese tipo de bienes. Y menos injusto, además, porque pagan el peaje solo los que utilizan el puente. O sea, un bien público siempre se paga. Que el bien público sea estatal y aparentemente “gratis” es una ilusión óptica. Siempre se paga, de un modo (impuestos) u otro (peaje), el asunto es cuál es el modo menos costoso para todos. No hemos mencionado además los problemas vinculados al control de gestión, la presencia de incentivos perversos y la tendencia a situaciones de abuso y arbitrariedad que se potencian cuando hay opacidad respecto de la identificación de responsabilidades. Siguiendo a la literatura económica científica y sin ánimos de caer en un discurso ideologizado, se debe admitir que el sector público es más proclive a padecer estos problemas de gestión.

Los bienes públicos “libres”, por lo demás, si se da el caso de que se vuelven escasos entonces surgirá el tema de su precio. Por ejemplo, el aire es un bien semi-libre en la Tierra (porque ya se paga por el aire NO contaminado), pero en una colonia terrestre en Marte, el aire respirable sería muy escaso y por ende muy caro. Ahora bien, en ese caso, ¿qué sería preferible? ¿Que lo proveyera una sola empresa estatal, con tendencia a la ineficiencia y a los problemas señalados en el párrafo anterior, o varias empresas privadas compitiendo por la provisión de aire? Obviamente la segunda solución es la mejor, aunque lamentablemente la influencia de los sesgos cognitivos nos haga mirar con sospecha la libre competencia entre empresas privadas. En efecto, tendemos a quedarnos solo con los problemas potenciales que ello puede implicar, y tendemos a creer que estos problemas pueden ser más graves –incluso a nivel moral– que los problemas inherentes a la gestión en el sector público…

Otros bienes públicos son super-abundantes circunstancialmente, por ejemplo, la tierra en extensiones no habitadas por el hombre. De acuerdo, pero a medida que crece la población, si no se encuentra un modo de establecer las propiedades (por ejemplo así fue el caso del alambrado y vallado en la Argentina del siglo XIX) la situación terminará siendo un caos. Cuanta mayor la escasez, mayor el precio, y más se necesita el mercado para que los precios, como vimos, señalen la escasez relativa de ese bien, y, si no existe monopolio “legal”, el resultado a lo largo del tiempo será socialmente positivo. Por ejemplo, ¿qué sucederá cuando haya suficiente capital y trabajo para explotar la totalidad del lecho marino? Mejor que esas tierras marinas sean privadas o de lo contrario no se podrá establecer cuál es su real escasez…, los problemas de descoordinación, mayor escasez por sobreexplotación que ello generará amenazará con destruir el lecho marino. En un caso así, todos terminaríamos estando en una situación peor.

Por lo tanto, no necesariamente los bienes públicos tienen que ser estatales. Los bienes públicos pueden ser perfectamente privatizables y ello para beneficio de toda la población. Recordemos lo dicho respecto de que la propiedad privada no es simplemente individual, pueden existir acuerdos institucionales “comunales”, que conservando los elementos positivos de la propiedad privada –control de gestión y responsabilidad– articulen voluntariamente la toma de decisiones de un grupo de personas, que sean las que decidan las reglas de juego sobre el uso, gestión y cuidado de ese bien comunal.

Lo mismo sucede con la mayor parte de los problemas medioambientales relacionados con la ecología. La contaminación tiene que ver precisamente con ciertas cosas que, al no ser de nadie excepto de los políticos, nadie cuida como corresponde. En general, por ejemplo, es fácil acusar al mercado de la contaminación de un lago, porque tanto personas como industrias tiran allí sus desechos. Pero claro, ¿quién es el dueño del lago? Nadie, excepto una oficina estatal que raramente se preocupa. El tema de los incentivos aquí es crucial. El tema de la propiedad es básico. Si alguien tira cosas sobre la pila bautismal, inmediatamente el sacerdote o los laicos de la parroquia se encargarán de que ello no ocurra más, porque eso es su propiedad y les preocupa (sin perjuicio de que el sacerdote o religioso interprete que la pila está puesta bajo “su cuidado” y que en ese sentido es “su” propiedad, no en el sentido de que pretendiera llevársela cuando le trasladaran de parroquia o regalársela a familiares cuando dejara de prestar servicios en la parroquia). Pero cuando las cosas no son de nadie, excepto de un estado lejano, la cuestión es al revés. Por lo tanto, en un caso así, que haya propietarios del lago, como por ejemplo algo como una “Sociedad de Amigos del Lago Atitlán”, sería una óptima solución al problema de su contaminación, una solución en la línea de lo que analizamos sobre la noción de propiedad privada comunal.

Con otras cosas el tema puede ser menos visible, pero hay que estar abierto a nuevas soluciones. Las energías sucias tendrían muchos sustitutos potenciales en un mercado abierto. Los empresarios que puedan proveer energía solar y eólica como sustituto de las empresas tradicionales de electricidad, ya estatales, ya privadas, tendrían un proyecto muy rentable en caso de que pudieran competir libremente, como corresponde a un mercado sin monopolios legales o prebendas estatales. Si no prosperan, es porque el estado se protege a sí mismo o protege a los proveedores habituales de electricidad. Igual sucede con todas las energías sustitutas del petróleo. Al mismo tiempo, el problema puede ir en la otra dirección –como de hecho ha ocurrido recientemente en algunos países, como es el caso de España, por ejemplo–: que el sector público subsidie las energías verdes y, como consecuencia no intentada, genere una burbuja que distorsione el mercado de la energía solar o eólica. De nuevo, esto ha terminado por generar graves problemas de sobreinversiones, falsas rentabilidades, burbuja y pinchazo del sector –con las dramáticas consecuencias en términos de desempleo y recursos malgastados. Esto es una muestra de lo complejo que resulta para el sector público “acertar” a ver cuáles serán los proyectos empresarios rentables y sostenibles. Se pueden tener muy buenas intenciones respecto de lo positivo que serían, desde un punto de vista medioambiental, las energías renovables pero simples subsidios y privilegios no constituyen una solución a largo plazo.

Supongamos, por lo demás, que un recurso natural se está agotando. Si sigue habiendo demanda de él –por ejemplo, el referido petróleo– el precio subirá, lo cual incentivará la búsqueda y descubrimiento, como dijimos, de potenciales sustitutos cuya comercialización empezaría a ser elevadamente rentable en este nuevo escenario. Aquí se observa de nuevo la importancia de atender a las consecuencias no intentadas. En efecto, en muchas ocasiones los subsidios a un determinado sector, aunque se implementen con buenas intenciones y con el pretendido objetivo de atender al bien común, terminan impidiendo la transmisión de información fidedigna –no olvidar que el sistema de precios actúa como un sistema de comunicación y señalización–, haciendo que resulten artificialmente rentables industrias que, sin la presencia de subsidios y ayudas, no lo serían; con lo que se terminan desincentivando proyectos de inversión en sectores alternativos.

¿Y el caso del aire? ¿Alguien puede ser el dueño del aire? No, claro, en este planeta, pero si alguien genera humo que invade tu propiedad, legalmente esa persona puede ser demandada. Si el sistema jurídico fuera eficiente, los costos jurídicos de transacción serían muy bajos, y por ende el emisor del humo, ante la amenaza de una sentencia en contra altamente costosa, tendría un incentivo para compensar a la persona damnificada por el humo que él ha emitido. El mismo razonamiento se puede aplicar a otros ámbitos, como la contaminación visual o sonora.

Por supuesto, corresponde al estado proveer un sistema judicial rápido y eficiente, pero también permitir la existencia de mediadores privados que de manera mucho más rápida puedan ayudar a ese tipo de negociaciones, y hallar soluciones a los conflictos.

En economía eso se llama “internalizar una externalidad”. Una externalidad es una consecuencia de una transacción comercial que tiene efectos sobre un tercero independientemente de la voluntad de este último, por eso se llaman efectos “externos”. Por ejemplo, si la parroquia compra una cocina y el humo llega a los departamentos lindantes, los dueños de estos últimos tienen un efecto (en este caso negativo) externo, porque no correspondió a una transacción comercial en la que ellos tuvieran algo que ver.

Ahora bien, llamar a un gobierno para que dicte una legislación sobre las cocinas, el humo, la polución etc., y crear una oficina estatal llena de gente para que se ocupe de su cumplimiento, es muy costoso, y ya hemos visto que el derroche de recursos atenta sobre todo contra los que menos tienen. ¿Por qué no ver, conforme al principio de subsidiariedad, lo que las partes involucradas pueden hacer por sí mismas? Por supuesto, si los vecinos tuvieran todos buena voluntad y espíritu cristiano, evitarían perjudicarse mutuamente. Pero vivimos en reinos que son de este mundo, aunque sean una peregrinación temporal hacia los otros. Supongamos que un vecino se compra una cocina y echa humo sobre los demás. La solución judicial, como dijimos antes, puede ser más rápida y eficiente, y las sentencias acumuladas crearían un incentivo para evitar atentar contra la propiedad de los otros con ese tipo de acciones. Por supuesto, todo esto implica un cambio en la mentalidad existente y en las funciones que presuponemos del gobierno, pero, vuelvo a decir, lo que está en juego es precisamente no derrochar recursos escasos. Además, si bien es cierto que los hombres no son ángeles, tampoco son demonios. Es preciso encarnar el optimismo antropológico y ser capaces de descubrir la potencialidad de creación de orden que anida en la cooperación voluntaria en el seno de la sociedad civil. Además, si bien es cierto que los ciudadanos no son ángeles ni demonios, lo mismo debe predicarse de los agentes gubernamentales. Es obvio que ellos no son demonios, sin embargo a veces impera todavía una visión demasiado angelizada de los agentes públicos. Los agentes gubernamentales, aunque digan con sinceridad preocuparse y velar por el bien común, no son inmunes ante los sesgos, prejuicios, puntos ciegos, problemas cognoscitivos y morales que aquejan a todos los mortales… no hay “expertos” que puedan permanecer a salvo de esto.

Por ello, es preciso advertir y recordar que el cuidado estatal de los problemas ecológicos es altamente costoso, no da resultados y quita los incentivos al cuidado del medio ambiente y a los pactos comerciales que podrían cuidar de nuestro planeta mucho mejor y más rápido que las interminables e inútiles discusiones y disposiciones de la ONU y los diversos organismos gubernamentales a nivel estatal y supraestatal al respecto.

Por supuesto que todo esto podría no suceder y, en una situación extrema, un gobierno podría intervenir si la vida y la propiedad de todos estuvieran en peligro –un terremoto, un incendio forestal de gran magnitud, un Tsunami, etc.,– pero no es esa la situación habitual. El comercio crea incentivos positivos, y hemos visto que esos incentivos, que lo que hacen es minimizar la escasez, tienen TODO que ver con el bien común y el principio de subsidiariedad.

Por lo tanto, cuando se afirma que el estado no debe hacer lo que los privados pueden hacer, hay que tener en cuenta que muchas veces, guiados por un prejuicio negativo, suponemos que los privados pueden hacer muy pocas cosas. La economía nos enseña que las potencialidades del comercio son más positivas de lo que suponemos. Es preciso adoptar una actitud humilde y conservar un genuino asombro ante la multiforme capacidad de creación de órdenes cooperativos que anida en la sociedad civil. Ahora bien, la economía no forma parte de la Revelación, pero por eso mismo, en relación a esta última, es un tema opinable, y si como religiosa, religioso, seminarista, sacerdote u obispo alguien piensa diferente, que tenga en cuenta que un laico puede pensar otra cosa, con toda la legitimidad de su competencia en los ámbitos temporales. El principio de subsidiariedad tiene un sano ámbito de opinabilidad en ese sentido. Creemos que la economía nos enseña que el mercado puede hacer más de lo que se piensa, pero si alguien piensa diferente, que no convierta su pensamiento en un dogma, en un ámbito donde, por definición, no puede haber solución o Palabra Revelada.

Sumario

El problema de los bienes públicos y las externalidades negativas que afectan al medio ambiente, para ser rectamente abordadas, requieren una adecuada comprensión del principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad, rectamente entendido, debe hacer énfasis en su parte positiva, es decir, que las instancias superiores de poder no hagan aquello que pueden –y deben– hacer las instancias inferiores. El principio de subsidiariedad permite entender en qué medida pueden existir soluciones de mercado para enfrentar los problemas que pueden surgir en el ámbito del cuidado de los bienes públicos y el medio ambiente.

 

En efecto, no es correcto pensar que los bienes públicos y el medio ambiente solo puedan ser protegidos a través de medidas coercitivas implementadas por la acción gubernamental. La sociedad civil tiene potencialmente una amplia batería de mecanismos creativos y cooperativos para enfrentar problemas que afloran en el caso de bienes públicos y en temas medioambientales. Estos temas ponen nuevamente de manifiesto una idea central: la necesidad de atender a las consecuencias no intentadas a la hora de analizar los escenarios de interacción humana. Al mismo tiempo, el análisis de las externalidades revela que la interacción humana no está exenta de dificultades. Sin embargo, apelar inmediatamente a la acción gubernamental no necesariamente constituye una solución sostenible a los problemas que pueden surgir en la interacción humana. No se debe olvidar, que la acción gubernamental tiende, por la propia lógica de su modo de ser, a generar una progresiva burocratización y formalización de los procesos involucrados en la cooperación social. Como consecuencia de ello, la acción gubernamental también genera problemas y distorsiones que es preciso tener en cuenta cuando se evalúe la necesidad de intervención gubernamental.

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

B. Frey: El fracaso del gobierno es más significativo que el fracaso del mercado (en verdad, su ausencia)

Por Martín Krause. Publicada el 8/11/16 en: http://bazar.ufm.edu/b-frey-el-fracaso-del-gobierno-es-mas-significativo-que-el-fracaso-del-mercado-en-verdad-su-ausencia/

 

Con los alumnos de Public Choice vemos a Bruno Frey en “La relación entre eficiencia y la organización política”, donde compara el fracaso del estado y el del mercado. En verdad, en el caso de este último, se trata más bien de su ausencia, por la ausencia de derechos de propiedad. También, por la comparación con una situación ideal que no existe ni podría existir :

“A. El fracaso del mercado

Los mercados privados competitivos no logran un óptimo de Pareto o un resultado eficiente cuando existen externalidades o bienes públicos o cuando las economías de escala llevan a los proveedores a una posición monopolista. Éste fue el mensaje de la teoría económica de posguerra, que gozó de general aceptación. En consecuencia, el gobierno (que, según se da por sentado, tiene que elevar al máximo el bienestar social) debe intervenir para obtener un resultado más eficiente. Después de haber llegado a esta conclusión, considerándola satisfactoria, los políticos obran en consecuencia, tanto en el nivel microestructural (e. g., nacionalizando empresas o llevando a cabo políticas estructurales) como en el macroestructural (adoptando una política fiscal y monetaria de neto corte keynesiano).

Esta concepción, que dominó la escena económica hasta fines de la década del sesenta y parte de la del setenta, todavía existe en la actualidad. Si bien no es sorprendente que muchos políticos continúen aprovechando esta invitación a aumentar las actividades gubernamentales, también comparten este punto de vista destacados representantes de la teoría económica. Por ejemplo, en el enfoque neoclásico de la economía pública, los impuestos y los precios públicos se determinan sobre la base del supuesto de que el gobierno eleva al máximo el bienestar social.

  1. El fracaso del gobierno

El advenimiento de la moderna economía política (que incluye la elección pública, el nuevo institucionalismo y el análisis de los derechos de propiedad y de los costos de transacción), en la que se da por sentado en todos los aspectos que el gobierno es un actor endógeno dentro del sistema político-económico, afectó notablemente la ortodoxia respecto del fracaso del mercado (por ejemplo, véanse los trabajos de Mueller, 1989; Eggertsson, 1990, y Frey, 1983). En este enfoque se analizan cuidadosamente las propiedades de los sistemas de toma de decisiones políticas.

El “Teorema de imposibilidad general” (Arrow, 1951, cuyo antecedente es Condorcet, 1795), que establece la conclusión fundamental de que bajo supuestos “razonables” no existe un equilibrio político entre opciones siempre que se tomen en cuenta las preferencias individuales, despertó gran interés entre los eruditos. Los resultados electorales revelan una inestabilidad cíclica; en el caso de los asuntos multidimensionales, pueden abarcar todo el espacio político, incluyendo los resultados ineficientes (McKelvey, 1976).

Otros fracasos políticos también han sido objeto de un profundo análisis: debido al problema de los bienes públicos involucrado, los votantes no tienen demasiados incentivos para informarse acerca de la política y para participar en los procesos electorales; el resultado medio de una elección resultante de una competencia perfecta entre dos partidos en general no es eficiente; no todos los intereses en juego tienen la misma capacidad de establecer grupos de presión política (Olson, 1965); y las burocracias y la búsqueda de rentas constituyen un elemento adicional para desnaturalizar las asignaciones destinadas a lograr eficiencia.

Sobre la base de estos y otros fracasos políticos se ha llegado a la conclusión de que el gobierno no puede superar las deficiencias del mercado. Lo que ocurre en la realidad es más bien que la intervención política impide aun más la eficiencia. Un ejemplo de esto es el incentivo gubernamental en favor de la creación de un ciclo de negocios (Nordhaus, 1989) que incremente sus posibilidades de reelección.

  1. El fracaso del gobierno es más significativo que el fracaso del mercado

La moderna economía política ha alcanzado resultados tan convincentes que en este momento los eruditos ortodoxos piensan que los fracasos del mercado tienen menos importancia que los fracasos políticos. Esta creencia se afianza aun más por el redescubrimiento de la proposición de Coase (1960) de que si los derechos de propiedad están bien definidos y los costos de transacción son bajos, las externalidades no impiden el funcionamiento de un mercado eficiente. Además, se considera cada vez más que las ganancias de las empresas monopolistas son un indicador de eficiencia en la producción. De estos resultados se desprende que los mercados funcionan bien y la política funciona mal (véase un análisis de este tema en Wintrobe, 1987, pp. 435-6, o en Wittman, 1989, pp. 1.395-6), y en consecuencia habría que reducir generalmente la intervención gubernamental o eliminarla por completo, reservando la asignación de recursos a los mercados privados.”

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Los beneficios de la inmigración

Por Martín Krause. Publicada el 15/8/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1928158-los-beneficios-de-la-inmigracion

 

Las migraciones se han convertido en un tema central de discusión en Europa. Más aún luego de los atentados terroristas ocurridos en Bélgica, Alemania y Francia, y del Brexit. También son motivo de debate en la campaña electoral en los Estados Unidos. Las imágenes de este fenómeno nos muestran situaciones dramáticas y esto ha ayudado a que se desaten todo tipo de pasiones sobre el asunto. Sin embargo, un análisis más profundo demuestra que el movimiento de personas, tal como el de bienes y capitales, trae beneficios muy superiores a los costos, aunque éstos puedan ser más visibles.

Los temas en discusión son muchos, y tienen que ver tanto con cuestiones de “derechos” como de los costos o beneficios que se generan y en quien recaen.

Lo primero es responder si existe un derecho a migrar. En general, todos estamos de acuerdo en que existe un derecho a la “salida” -aunque esto no se verifica en todos los casos, como en Corea del Norte o hasta hace poco en Cuba- y consideramos que poner barreras a esto es una violación del derecho a trasladarse que cada persona tiene. ¿Existe, sin embargo, un derecho a la entrada? Aquí el consenso es mucho menor y la constelación de opiniones que lo niegan va de un extremo al otro del espectro político-filosófico.

En principio, pareciera que una barrera a la inmigración violaría el derecho del ciudadano a “invitar” a un extranjero a su casa o a entrar en algún tipo de relación con él. Digamos que quiero contratar a un extranjero para que trabaje conmigo, ¿por qué no podría hacerlo? ¿No resulta violado mi derecho a establecer relaciones contractuales con quien desee?

Los contratos libres entre dos o más partes, sin embargo, pueden generar efectos “externos”, o externalidades. En este caso, sin embargo, todo daño que pueda ocasionarse por estas circunstancias no es en nada diferente al que pudieran causar contratos similares entre nativos, cuyas consecuencias han de ser asumidas.

Existen otros efectos “externos” que suelen plantearse como originados por la inmigración. Uno de ellos es la cuestión de si la inmigración perjudica al empleo local.

Según una encuesta de Gallup, un 58% de los residentes de países de altos ingresos señalan que los inmigrantes ocupan empleos que esos mismos residentes no desean ocupar, y un 18% afirma lo opuesto. Esto mismo se repite en los diez principales países receptores de inmigrantes.

Un estudio de la OCDE (2014) informa que en los 10 años hasta 2012 los inmigrantes representaron un 47% del aumento de la fuerza laboral en los Estados Unidos y un 70% en Europa, y que representaron alrededor de un cuarto de todos los ingresos en las ocupaciones que más han declinado en los Estados Unidos (28%) y Europa (24%), básicamente operarios; ocuparon así funciones que, como lo confirma la encuesta, no son consideradas atractivos por los locales.

Un informe del Banco Mundial de 2005 encontró que si los 30 países de la OCDE permitieran un crecimiento del 3% en el tamaño de su fuerza laboral a través de reducir las restricciones a la inmigración, los beneficios para los ciudadanos de los países pobres serían de unos US$ 300.000 millones. Esto es US$ 230.000 millones más que la ayuda internacional que estos países destinan a los países pobres. Si hubiera fronteras abiertas por completo se duplicaría el PIB mundial en pocas décadas, virtualmente eliminando la pobreza global.

Pero no terminan aquí los debates que genera este complejo problema.

¿Son los inmigrantes una carga fiscal? El estudio de la OCDE sugiere que el impacto de olas sucesivas de migración en los últimos 50 años hacia los países más desarrollados es en promedio cercano a cero, rara vez excediendo 0,5% del PIB, tanto sea en términos positivos como negativos. El impacto es mayor en Suiza y Luxemburgo, donde los inmigrantes proveen un beneficio neto estimado de cerca de 2% del PIB a las finanzas públicas. “Contrariamente a la percepción general -dice el estudio-, los inmigrantes con baja educación tienen una posición fiscal [la diferencia entre sus contribuciones y los beneficios que reciben] mejor que sus pares locales. Y cuando los inmigrantes tienen una posición fiscal menos favorable, no es por tener una mayor dependencia de los beneficios sociales sino porque tienen a menudo salarios más bajos y tienden, entonces, a pagar menos”.

¿Pueden los inmigrantes trastrocar la cultura local? La existencia de barrios enteros en algunas ciudades europeas y norteamericanas hace temer que esto ocurra, pero de ahí a afirmar que sea posible existe un largo trecho. La cultura occidental, la de los países que más inmigración reciben, es la que les permitió desarrollar las instituciones que permitieron su crecimiento y riqueza. Si han deteriorado sus instituciones ha sido más por modificaciones culturales propias que importadas a través de inmigrantes. Después de todo, las grandes ideologías totalitarias del siglo XX, que causaron estragos y catástrofes en todo el mundo son de origen europeo, no importadas por los inmigrantes. Argumentos similares pueden desarrollarse en relación con el temor que ingresen inmigrantes que cometerán crímenes. La evidencia empírica muestra la tasa de criminalidad de los inmigrantes no es superior a la de los locales, y el argumento se puede extender a todo tipo de migración interna o a la existencia de criminales en los barrios informales, pese a que sean nacionales.

¿Los que se van perjudican a los que se quedan? Este no es, en realidad, un tema de debate, sino la consideración de un hecho que debe ser tenido en cuenta. La llegada de los migrantes, tanto refugiados como laborales, acerca a quienes provienen de sociedades con baja productividad debido a la escasez de capital invertido a otras donde su productividad es mucho mayor. Esto les genera ingresos muy superiores a los de los lugares de origen, siendo éste uno de los principales incentivos para emigrar. Y esos mayores ingresos se han convertido en el programa de ayuda más importante y con mayor sustento moral que pueda imaginarse: las remesas.

El Banco Mundial estima que las remesas en 2015 alcanzaron la suma de US$ 588.199 millones, unas cuatro veces más que toda la ayuda internacional. Para algunos países se han convertido en su principal ingreso. Por ejemplo, las remesas son un 41,7% del PIB de Tayikistán y un 29,9% del de Nepal. En América latina, significan el 22,4% del PIB de Haití, el 17,8% del de Honduras y 16,8% en el caso de El Salvador.

Lentamente, se produce en el mundo un proceso de competencia entre las distintas jurisdicciones de la que la salida y entrada de migrantes es un efecto y un indicador. La calidad institucional es un elemento fundamental en esa competencia y pone presión sobre los países, porque aquellos con buena calidad atraen recursos y los de peor calidad los expulsan, como a los migrantes. Parece haber una tendencia hacia una mejora de esa calidad institucional, aunque muchos eventos presentes o de un pasado cercano generan ciertas dudas y retrocesos. Es un proceso impulsado por esa competencia. En el pasado, ésta tenía un contenido básicamente militar; con la llegada del capitalismo y la globalización es esencialmente comercial y económica. Aunque, como vemos, la primera no ha dejado de estar presente: los refugiados son el resultado de la competencia militar; los migrantes, de la económica.

Cerrar las puertas a ambos limita esa competencia y crea un riesgo: el reemplazo de la competencia económica por la militar. Por cierto, el proceso no está exento de costos, pero podemos razonablemente esperar que continúe ejerciendo presión para lograr una mejora institucional en los países donde hoy no existe y mejoren así las oportunidades de progreso para sus habitantes.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Migraciones: hay un derecho a salir. ¿Hay también uno para ingresar? ¿Las barreras violan derechos?

Por Martín Krause. Publicada el 9/7/16 en: http://bazar.ufm.edu/migraciones-hay-un-derecho-a-salir-hay-tambien-uno-para-ingresar-las-barreras-violan-derechos/

 

Como parte del Índice de Calidad Institucional 2016, que prepare con la Fundación Libertad y Progreso, presentamos un informe sobre un tema de suma actualidad mundial: las migraciones. Una breve consideración primero y luego una evaluación de los temas que se debaten:

1.            Las barreras a la inmigración violan derechos

En general, todos estamos de acuerdo en que existe un derecho a la “salida”, aunque esto no se verifica en todos los casos, como en Corea del Norte o hasta hace poco en Cuba, y consideramos que poner barreras a esto es una violación del derecho negativo a trasladarse que cada persona tiene. ¿Existe, sin embargo, un derecho a la entrada? Aquí el consenso es mucho menor y la constelación de opiniones que lo niegan va de un extremo al otro del espectro político-filosófico. Por ejemplo, un reconocido libertario como Murray Rothbard, modificó su original visión liberal-clásica en relación a la inmigración (1994) planteando que en un mundo libertario de propiedad privada y ausencia de estado no habría un derecho al libre ingreso en ningún lado que no sea con la aprobación del propietario, como lo es en la actualidad con cualquier tipo de propiedad privada. No ingresamos ‘libremente’ en un barrio privado, en un club o en una casa a menos que el propietario nos lo permita, o nos invite a hacerlo.

¿Se mantiene dicho principio en el caso, como ahora, en que existe un estado? ¿Podríamos interpretar que el estado es una propiedad común de todos los ciudadanos de un país y que, de la misma forma en que no se puede ingresar a una propiedad privada sin el permiso del dueño, en este caso no se puede ingresar a un país sin el permiso de quien ejerce esa propiedad?

El problema aquí es el de considerar al estado como una propiedad común. Porque si tomamos el ejemplo de un barrio privado o de un club, vemos que un ‘extranjero’ puede ingresar como invitado si el propietario individual o el socio del club lo permite; pero en el caso del estado cuando existe una barrera a la inmigración no puede un ciudadano “invitar” a ingresar a nadie. En fin, el problema lleva a cuestiones mucho más profundas que no se podrán considerar aquí, aunque sean bien importantes.

En principio pareciera que una barrera a la inmigración podría violar el derecho del ciudadano a “invitar” a un extranjero a su casa o a entrar en algún tipo de relación con él. Digamos que quiero contratar a un extranjero para que trabaje conmigo, ¿por qué no podría hacerlo? ¿no resulta violado mi derecho a establecer relaciones contractuales con quien desee?

Huemer (2010), va más allá y plantea que eso también viola un derecho del inmigrante, en esencia porque él también tendría un derecho entrar en una relación contractual conmigo, que de esta forma resulta violado:

“La forma en que el gobierno daña a potenciales inmigrantes es excluyéndolos de una cierta área física, y por ello efectivamente excluyéndolos de interactuar en forma valiosa e importante con gente (que no es el gobierno) que se encuentran en la región. Muchos norteamericanos con gusto realizarían intercambios o emplearían a estos potenciales inmigrantes, de una forma que les permitiría a estos satisfacer sus necesidades. El gobierno no solamente rechaza darles bienes a estos potenciales inmigrantes, y no solamente rechaza, él mismo, realizar intercambios con ellos. Realiza un gran esfuerzo y dedica muchos recursos para activamente impedir a norteamericanos que comercien con ellos o los empleen de alguna forma relevante.”

Los contratos libres entre dos o más partes, sin embargo, pueden generar efectos ‘externos’, o externalidades. En este caso, sin embargo, todo daño que pueda ocasionarse por estas circunstancias no es en nada diferente al que pudieran causar contratos similares entre nativos, cuyas consecuencias han de ser asumidas. Existe otros efectos ‘externos’ que suelen plantearse como originados por la inmigración y que no estarían presentes en relación contractos similares entre locales. Veremos algunos de ellos: el impacto en el empleo, en el gasto público, en la seguridad, en la cultura y en las instituciones.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).