Buchanan: 100 años de un pensador cuyas ideas son fundamentales para esta Argentina

Por Adrián Ravier.  Publicado el 26/9/19 en:  https://www.cronista.com/columnistas/Buchanan-100-anos-de-un-pensador-cuyas-ideas-son-fundamentales-para-esta-Argentina-20190926-0040.html

 

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Antes de las dos Guerras Mundiales, la participación del Estado sobre la economía era mínima. En la
segunda mitad del siglo XX alcanzó niveles elevados. En este contexto, James Buchanan se preocupó
esencialmente por entender “cómo funciona la política en la práctica”…
Nacido en EE.UU. el 3 de octubre de 1919, James McGill Buchanan estudió en la Universidad de Tennesse y se
doctoró, en 1948, en la Universidad de Chicago. Luego, emprendió una carrera académica en la George Mason
University y también fue una figura central de la Escuela de Economía Política de Virginia.
Si bien realizó numerosos aportes a la ciencia económica, sus contribuciones quedarán marcadas en la
historia del pensamiento económico y político por sus estudios sobre el “funcionamiento real de los
procesos políticos”, caracterizado por la aplicación de las herramientas del análisis económico a la política.

Las inquietudes acerca de este campo de investigación surgieron en relación con el notable incremento de la
intervención del Estado en la economía tras la Segunda Guerra Mundial y la incapacidad de los economistas
para comprender este fenómeno.
Más allá de algunas excepciones como Arthur Bentley, según Buchanan, “los economistas no estaban
dedicando mucha atención a cómo funcionaba el gobierno porque estaban preocupados por cómo
funcionan los mercados y cómo las personas se comportaban en relaciones de mercado”.
En este marco, ejerció gran influencia sobre su pensamiento una obra de Knut Wicksell titulada “A New
Principle of Just Taxation” (Un nuevo principio de imposición justa). En palabras del propio Buchanan:
“Wicksell decía a los economistas: dejen de actuar como si estuviesen aconsejando a un déspota benévolo. No
los van a escuchar de todos modos, así que deténganse, desperdician su tiempo y gastan sus fuerzas. Y dijo: si
quieren mejorar los resultados políticos, entonces tienen que cambiar las reglas. Nunca van a lograr que
los políticos hagan otra cosa que representar los intereses de los votantes a quienes representan. Así que
si tienen una cámara legislativa, deberán esperar que el congreso genere resultados que gozarán del apoyo de la
mayoría de los grupos representados por esta legislatura. Puede o no surgir un resultado eficiente de esto,
pueden o no surgir buenos proyectos que valgan su costo. ¿Cómo cambiar esto? Cambiando las reglas,
avanzando de la regla de la mayoría hacia la regla de unanimidad, hacia un consenso”.
Buchanan definió a este programa de investigación, sobre el que trabajó durante más de medio siglo, como la
“política sin romance”. Quitándonos las “gafas rosadas” —según sus propias palabras— con las que percibimos
a la política, podremos verla como lo que realmente es.
Así, ¿cuál es el terreno de juego de la política? ¿Cómo se comportan los políticos y los votantes?
En un artículo titulado “La perspectiva de la elección pública”, Buchanan definió a su teoría de la “elección
pública” como aquella “perspectiva acerca de la política que surge de una extensión y aplicación de las
herramientas y métodos de los economistas a la toma de decisiones públicas o colectivas”.

Guiado por su individualismo metodológico, Buchanan entiende que, en última instancia, los que toman las
decisiones de gobierno son los individuos. El “homo politicus” es “homo economicus” y, al igual que un
empresario, el hacedor de políticas públicas actúa fundamentalmente guiado por su propio interés.
De esta forma, Buchanan pone en cuestión uno de los conceptos elementales de la democracia
representativa: la delegación de los asuntos de los ciudadanos en manos de políticos profesionales.
Precisamente, esta delegación hace que las pensiones, la educación, la salud, las relaciones laborales y también
el medio ambiente queden a merced de decisiones burocráticas en manos de políticos que no necesariamente se
guían por el “bien común”.
Pero, ¿cuál es la alternativa a este paradigma?
Siguiendo a Wicksell, propone un cambio de reglas. Imaginemos que se presenta un proyecto público, ¿cómo
estar seguros que amerita el gasto? Buchanan afirma que “el costo lo amerita si los que se benefician pagan lo
suficiente para cubrir los costos del proyecto. Así que debe haber algún tipo de arreglo o esquema tributario por
medio del cual uno puede lograr un acuerdo general unánime. Se puede utilizar la regla de la unanimidad como
una medida contra la cual se calcula el nivel de eficiencia en el sector público”.
De esta forma, la regla de la unanimidad se presenta como la contrapartida “política” del óptimo de Pareto.
Alcanza el óptimo porque implica la adhesión voluntaria a un determinado orden social por parte de “todos” los
participantes, o en términos económicos, elimina la posibilidad de externalidades negativas como resultado
de decisiones colectivas.
Claro que, al mismo tiempo, la unanimidad en la toma de decisiones colectivas eleva considerablemente el
costo del proceso decisorio. Teniendo en cuenta estos costos, que pueden llegar en muchos casos a impedir la
toma de decisiones, Buchanan y Tullock sostienen que el individuo enfrentado a una elección constitucional
podría decidir voluntariamente aceptar alguna regla menos rigurosa para la decisión de cuestiones de menor
importancia.

Por esa razón, cuestiones tales como el respeto a la vida, la propiedad y otros derechos individuales requerían
del consenso unánime, mientras que otro tipo de decisiones menores podrían ser tomadas con grados de
consenso menores, y por ende, con costos decisorios también menores.
Este principio llevó a Buchanan a trabajar en lo que hoy se conoce como Economía Constitucional: “Mientras
se tenga una constitución con la cual las personas están en consenso básico, se puede procurar ciertos
resultados en términos de las reglas operativas que la constitución permite desarrollar. Desplazamos la norma
wickseliana [de la unanimidad] hacia el nivel constitucional y argumentamos que, de hecho, es más probable
alcanzar un acuerdo a ese nivel por la sencilla razón de que las personas no conocen el impacto que una regla
particular tendrá sobre su interés personal identificable. Es más probable alcanzar un consenso entre más
elevada sea la regla.”
La pregunta que surge entonces es: ¿a qué nivel corresponde una decisión acerca del grado de la
gobernabilidad de la organización social?
Para algunos, sobre todo economistas utilitaristas, se requiere una aproximación caso a caso y un cuidadoso
análisis empírico para medir los pros y contras de la centralización y la descentralización, pese a que admiten
que la heterogeneidad de las preferencias e intereses individuales lleva a que las distintas alternativas
favorezcan o dañen determinados intereses con lo cual resulta difícil alcanzar conclusiones sin el apoyo de
juicios de valor.
Esto es así porque sus modelos llevan implícito un modelo político basado en un déspota benevolente y eficaz
que persigue (y alcanza) el bien común. Esto se articula principalmente en la denominada “función de bienestar
social”, el “bien común” que el déspota ilustrado habrá de perseguir.
Otras escuelas económicas, particularmente la Escuela Austriaca o el Public Choice, abandonan —como se ha
dicho— esa presunción de benevolencia reemplazándola con la indiferencia o incluso con la malevolencia.
Siguiendo con la aplicación de las herramientas del análisis económico a la política, Buchanan, tal como lo
hiciera Tiebout originalmente, también asimiló el consumidor al votante quien, de la misma forma en que elige
en el mercado el que considera mejor bien o servicio según sus necesidades, elige la comunidad “que mejor
satisface sus preferencias por bienes públicos”.
En este sentido, el federalismo y la descentralización servirían para limitar las posibilidades de abuso tanto del
gobierno federal como de los gobiernos locales, del primero porque los recursos se encuentran repartidos entre
distintos niveles de gobierno, de los segundos porque existe la posibilidad de movilizarse.
Galardonado con el Nobel de Economía de 1986 por sus trabajos en el área de Public Choice (elección
pública), Buchanan publicó unos 300 artículos y 23 libros donde trató asuntos de finanzas públicas, tópicos
monetarios y de política económica. Entre éstos, el más influyente ha sido The Calculus of Consent (1962), que
escribió junto a Gordon Tullock, donde presenta un análisis económico de las estructuras constitucionales, la
mirada de un economista sobre los fenómenos políticos.
Buchanan visitó la Argentina en las décadas de 1980 y 1990 como Presidente del Consejo Consultivo
del Instituto Universitario ESEADE, donde ofreció una memorable conferencia en una colación de grados. En
una de sus visitas, recomendó la creación de una Maestría en Economía y Ciencias Políticas que hoy tengo el
honor de dirigir junto a Iván Carrino, donde se enseña no sólo economía, sino también filosofía, historia,
derecho y ciencias políticas.
A 100 años de su nacimiento, las ideas de Buchanan son hoy más importantes que nunca para contener al
Leviatán, especialmente en nuestro país.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín. Es director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE.

James M. Buchanan y la Escuela de la Elección Pública

Por Adrián Ravier.  Publicado el 26/7/18 en: https://www.juandemariana.org/comment/6729#comment-6729

 

Antes de las dos Guerras Mundiales, la participación del Estado sobre la economía era mínima. En la segunda mitad del siglo XX alcanzó niveles elevados. En este contexto, James Buchanan se preocupó esencialmente por entender “cómo funciona la política en la práctica”…

Nacido en EE. UU. el 3 de octubre de 1919, James McGill Buchanan estudió en la Universidad de Tennesse y se doctoró, en 1948, en la Universidad de Chicago. Luego, emprendió una carrera académica en la George Mason University y también fue una figura central de la Escuela de Economía Política de Virginia.

Si bien realizó numerosos aportes a la ciencia económica, sus contribuciones quedarán marcadas en la historia del pensamiento económico y político por sus estudios sobre el “funcionamiento real de los procesos políticos”, caracterizado por la aplicación de las herramientas del análisis económico a la política.

Las inquietudes acerca de este campo de investigación surgieron en relación con el notable incremento de la intervención del Estado en la economía tras la Segunda Guerra Mundial y la incapacidad de los economistas para comprender este fenómeno.

Más allá de algunas excepciones como Arthur Bentley, según Buchanan, “los economistas no estaban dedicando mucha atención a cómo funcionaba el Gobierno porque estaban preocupados por cómo funcionan los mercados y cómo las personas se comportaban en relaciones de mercado”.

En este marco, ejerció gran influencia sobre su pensamiento una obra de Knut Wicksell titulada A New Principle of Just Taxation (Un nuevo principio de imposición justa). En palabras del propio Buchanan:

“Wicksell decía a los economistas: dejen de actuar como si estuviesen aconsejando a un déspota benévolo. No los van a escuchar de todos modos, así que deténganse, desperdician su tiempo y gastan sus fuerzas. Y dijo: si quieren mejorar los resultados políticos, entonces tienen que cambiar las reglas. Nunca van a lograr que los políticos hagan otra cosa que representar los intereses de los votantes a quienes representan. Así que si tienen una cámara legislativa, deberán esperar que el congreso genere resultados que gozarán del apoyo de la mayoría de los grupos representados por esta legislatura. Puede o no surgir un resultado eficiente de esto, pueden o no surgir buenos proyectos que valgan su costo. ¿Cómo cambiar esto? Cambiando las reglas, avanzando de la regla de la mayoría hacia la regla de unanimidad, hacia un consenso”

Buchanan definió a este programa de investigación, sobre el que trabajó durante más de medio siglo, como la “política sin romance”. Quitándonos las “gafas rosadas” —según sus propias palabras— con las que percibimos a la política, podremos verla como lo que realmente es.

Así, ¿cuál es el terreno de juego de la política? ¿Cómo se comportan los políticos y los votantes? 

En un artículo titulado “La perspectiva de la elección pública”, Buchanan definió a su teoría de la “elección pública” como aquella “perspectiva acerca de la política que surge de una extensión y aplicación de las herramientas y métodos de los economistas a la toma de decisiones públicas o colectivas”.

Guiado por su individualismo metodológico, Buchanan entiende que, en última instancia, los que toman las decisiones de gobierno son los individuos. El “homo politicus” es “homo economicus” y, al igual que un empresario, el hacedor de políticas públicas actúa fundamentalmente guiado por su propio interés.

De esta forma, Buchanan pone en cuestión uno de los conceptos elementales de la democracia representativa: la delegación de los asuntos de los ciudadanos en manos de políticos profesionales.

Precisamente, esta delegación hace que las pensiones, la educación, la salud, las relaciones laborales y también el medio ambiente queden a merced de decisiones burocráticas en manos de políticos que no necesariamente se guían por el “bien común”.

Pero, ¿cuál es la alternativa a este paradigma? 

Siguiendo a Wicksell, propone un cambio de reglas. Imaginemos que se presenta un proyecto público, ¿cómo estar seguros que amerita el gasto? Buchanan afirma que “el costo lo amerita si los que se benefician pagan lo suficiente para cubrir los costos del proyecto. Así que debe haber algún tipo de arreglo o esquema tributario por medio del cual uno puede lograr un acuerdo general unánime. Se puede utilizar la regla de la unanimidad como una medida contra la cual se calcula el nivel de eficiencia en el sector público”.

De esta forma, la regla de la unanimidad se presenta como la contrapartida “política” del óptimo de Pareto. Alcanza el óptimo porque implica la adhesión voluntaria a un determinado orden social por parte de “todos” los participantes, o en términos económicos, elimina la posibilidad de externalidades negativas como resultado de decisiones colectivas.

Claro que, al mismo tiempo, la unanimidad en la toma de decisiones colectivas eleva considerablemente el costo del proceso decisorio. Teniendo en cuenta estos costos, que pueden llegar en muchos casos a impedir la toma de decisiones, Buchanan y Tullock sostienen que el individuo enfrentado a una elección constitucional podría decidir voluntariamente aceptar alguna regla menos rigurosa para la decisión de cuestiones de menor importancia.

Por esa razón, cuestiones tales como el respeto a la vida, la propiedad y otros derechos individuales requerían del consenso unánime, mientras que otro tipo de decisiones menores podrían ser tomadas con grados de consenso menores, y por ende, con costos decisorios también menores.

Este principio llevó a Buchanan a trabajar en lo que hoy se conoce como Economía Constitucional: “Mientras se tenga una constitución con la cual las personas están en consenso básico, se puede procurar ciertos resultados en términos de las reglas operativas que la constitución permite desarrollar. Desplazamos la norma wickseliana [de la unanimidad] hacia el nivel constitucional y argumentamos que, de hecho, es más probable alcanzar un acuerdo a ese nivel por la sencilla razón de que las personas no conocen el impacto que una regla particular tendrá sobre su interés personal identificable. Es más probable alcanzar un consenso entre más elevada sea la regla”.

La pregunta que surge entonces es: ¿a qué nivel corresponde una decisión acerca del grado de la gobernabilidad de la organización social? 

Para algunos, sobre todo economistas utilitaristas, se requiere una aproximación caso a caso y un cuidadoso análisis empírico para medir los pros y contras de la centralización y la descentralización, pese a que admiten que la heterogeneidad de las preferencias e intereses individuales lleva a que las distintas alternativas favorezcan o dañen determinados intereses con lo cual resulta difícil alcanzar conclusiones sin el apoyo de juicios de valor.

Esto es así porque sus modelos llevan implícito un modelo político basado en un déspota benevolente y eficaz que persigue (y alcanza) el bien común. Esto se articula principalmente en la denominada “función de bienestar social”, el “bien común” que el déspota ilustrado habrá de perseguir.

Otras escuelas económicas, particularmente la Escuela Austriaca o lal Public Choice, abandonan —como se ha dicho— esa presunción de benevolencia reemplazándola con la indiferencia o incluso con la malevolencia.

Siguiendo con la aplicación de las herramientas del análisis económico a la política, Buchanan, tal como lo hiciera Tiebout originalmente, también asimiló el consumidor al votante quien, de la misma forma en que elige en el mercado el que considera mejor bien o servicio según sus necesidades, elige la comunidad “que mejor satisface sus preferencias por bienes públicos”.

En este sentido, el federalismo y la descentralización servirían para limitar las posibilidades de abuso tanto del Gobierno federal como de los Gobiernos locales, del primero porque los recursos se encuentran repartidos entre distintos niveles de gobierno, de los segundos porque existe la posibilidad de movilizarse.

Galardonado con el Nobel de Economía de 1986 por sus trabajos en el área de Public Choice (elección pública), Buchanan publicó unos 300 artículos y 23 libros donde trató asuntos de finanzas públicas, tópicos monetarios y de política económica. Entre éstos, el más influyente ha sido The Calculus of Consent (1962), que escribió junto a Gordon Tullock, donde presenta un análisis económico de las estructuras constitucionales, la mirada de un economista sobre los fenómenos políticos.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Leo Messi confirma el Teorema de Coase: gracias Leo por los goles y por ayudarnos a presentar la teoría

Por Martín Krause. Publicada el 10/2/17 en: http://bazar.ufm.edu/leo-messi-confirma-teorema-coase-gracias-leo-los-goles-ayudarnos-presentar-la-teoria/

 

Hace unos días publiqué aquí parte del libro donde se analiza el famoso “Teorema de Coase” y la solución propuesta para resolver problemas de externalidades negativas a través de la definición precisa del derecho de propiedad y luego la negociación entre las partes, en tanto los costos de transacción sean menores que los beneficios de ‘internalizar’ las externalidades.

No podía sospechar entonces que apareciera un ejemplo del teorema nada menos que de la mano de Leonel Messi. Así es, la noticia cuenta que Leo compró una casa en Castelldefels, un lugar a 30 km de Barcelona al que decidió mudarse para poder vivir tranquilo (no ha de ser fácil hacerlo en el medio de una ciudad como Barcelona, donde no podría salir a la calle sin verse acosado). Aquí la nota: http://www.lanacion.com.ar/1982799-la-confesion-de-un-companero-de-lionel-messi-leo-compro-la-casa-de-su-vecino-porque-hacia-mucho-ruido

Messi junto a su familia

Parece que tenía un vecino ruidoso y que la externalidad era negativa (molesta). Nótese que eso es algo subjetivo, tal como lo es el valor, ya que también podría haber sido una externalidad positiva si, por ejemplo, el vecino hubiera puesto una música que fuera del agrado de los Messi y en los momentos y con el volumen que ellos disfruten.

Pero está claro que era negativa. El teorema de Coase dice que en cuestiones de externalidades la solución proviene de definir claramente el derecho de propiedad. En este caso, se ve que el vecino tenía el derecho a emitir esos ruidos, o que, lo que también se posible, no lo tenía pero el estado no actuaba para resolver el problema.

En la práctica, al no obtener una solución, Leo ha asumido (consciente o inconscientemente) que el vecino actuaba como si tuviera un derecho, y en la práctica lo tenía. Entonces, la solución del teorema de Coase es clara: negociar y comprar ese derecho.

Esa negociación podría haber adquirido muchas formas:

  1. Podría haberle pedido que, por favor, no hagan ruido (y tal vez lo hicieron).
  2. Podría haber ofrecido un pago a cambio del valorado silencio
  3. Los lectores seguramente podrán imaginar otras alternativas, pero siempre han de ser no violentas, fruto de un acuerdo entre las partes.
  4. O lo que finalmente ocurrió, Leo compró el derecho del vecino directamente comprando la casa

Probablemente sea ésta última la solución más cara, pero no por eso este tipo de soluciones estarían fuera del alcance de cualquiera. Hace un tiempo hicimos una investigación con marcos Hidding Ohlson en La Cava, San Isidro, para averiguar cómo resolvían los habitantes de ese barrio marginal los problemas de externalidades negativas, y en un 90% lo hacían conversando con el vecino (el otro diez era algo violento).

En fin, gracias Leo por los goles y por este ejemplo para presentar la teoría.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Soluciones voluntarias para problemas de externalidades y bienes públicos: el caso de La Cava

Por Martín Krause. Publicada el 25/1/16 en: http://bazar.ufm.edu/soluciones-voluntarias-para-problemas-de-externalidades-y-bienes-publicos-el-caso-de-la-cava/

 

Con los alumnos de Economía e Instituciones, en OMMA Madrid, vemos ahora las posibles soluciones voluntarias a problemas de externalidades o bienes públicos, en el Capítulo 8 del libro El Foro y el Bazar. Allí presento un ejemplo basado en una investigación que realizáramos con Marcos Hidding Ohlson en el barrio de La Cava, San Isidro.

En presencia de costos de transacción, las negociaciones sobre los efectos de externalidades negativas son costosas y las soluciones voluntarias pueden fracasar. Esto ha llevado a muchos economistas a descartar este tipo de soluciones analizando estas situaciones como un observador externo que evalúa cuán elevados estos costos son.

Sin embargo, para los economistas austríacos los costos son subjetivos también e inherentes al individuo actuante. La valoración se hace evidente solamente como “preferencia revelada” en la acción. Por lo tanto, no es mucho lo que un observador externo puede decir excepto que si la transacción se ha realizado debe asumirse que las partes pensaron que “llevaría a un incremento en el valor de la producción”, y si no, que los costos subjetivos eran superiores a los beneficios subjetivos.

En un estudio de campo realizado en un barrio informal de los suburbios de Buenos Aires donde no existe una definición formal de derechos de propiedad en las viviendas, encontramos una gran número de soluciones informales (Hidding Ohlson & Krause, 2010).

San Isidro es una localidad a 30 kilómetros al norte del lugar donde fuera fundada la ciudad de Buenos Aires, una zona límite entre las áreas ocupadas, o más bien, transitadas por las tribus Guaraníes y Querandíes. Juan de Garay, su fundador, distribuyó parcelas en la costa norte del Río de la Plata entre sus hombres, hasta un poco más allá de San Isidro. Sólo dos siglos después comenzó a crecer un pequeño pueblo con ese nombre, el del santo patrono de Madrid, que completara su desarrollo gracias a la inmigración que se originara con el despegue económico de Argentina en la segunda mitad del siglo XIX.

Las extensas propiedades fueron parceladas y originaron un centro urbano, por un lado, y unos barrios residenciales con parcelas mayores y casas llamado Lomas de San Isidro. La Cava es un barrio informal, creado principalmente sobre tierras públicas, vecino al barrio residencial. En 1946 la empresa estatal de agua, Obras Sanitarias, solicitó este terreno al gobierno para utilizar su tierra roja como filtro de agua y para la fabricación de ladrillos, generando un pozo o “cava”, que le diera su nombre. La excavación llegó pronto hasta la napa de agua y el proyecto fue abandonado. El pozo fue rellenado parcialmente y comenzó a ser ocupado. Diferentes censos estiman la ocupación entre 1700 y 2100 viviendas y entre 8 y 11 mil habitantes, aunque alcanzó un número superior en el pasado.

En La Cava, solamente el 16% de los encuestados manifestó poseer un título de propiedad sobre su vivienda. Entre los restantes, el 17% dijo poseer un documento informal, consistente usualmente en una factura informal de compra/venta. En total, el 84% dijo no tener documentación formal. En promedio han habitado en la misma casa por 15 años, lo que muestra una baja rotación. Cuando se les preguntó cómo obtuvieron la vivienda, el 37% dijo haberla comprado mientras que el 26% la construyó. En muchos casos, crecieron como anexos de la casa de familia; el 6% dijo haber recibido la vivienda del gobierno.

Preguntamos a los habitantes de La Cava cómo resolvían los problemas que pudieran tener con vecinos cuando había algún conflicto relacionado con la coexistencia, tal como externalidades negativas. Por ejemplo, ¿qué sucede si un vecino escucha música a un volumen muy alto, o emite humos y olores desagradables? ¿Qué sucedía si existían problemas en cuanto a la delimitación de las viviendas o límites poco claros entre una y otra, o se construía un segundo piso bloqueando la luz o dañando la propiedad vecina? Las casas son precarias, pequeñas y muy contiguas y estas posibilidades son reales.

Confirmando las conclusiones desde una interpretación subjetiva del Teorema de Coase, el 76% manifestó que resolvían estos problemas hablando con el vecino. Preferían no tener intermediarios, ni del barrio ni de fuera de él, y buscaban evitar la violencia. Sólo en casos extremos acudían a ella, conscientes de que no pueden acudir a la justicia y que nunca se sabe cuando termina. Además, cuando la gente vive tan cerca entre sí, mantener una buena relación con los vecinos es un activo importante. Los casos que no se resuelven  se relacionan con la naturaleza, usualmente violenta, del  vecino, por lo que en esos casos prefieren asumir el costo de la externalidad antes que intentar una solución negociada.

 

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).