El límite está en la economía

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 21/4/12 en http://www.economiaparatodos.com.ar/ver_nota.php?nota=3443
 
La expropiación de YPF es solo un paso más de un gobierno que avanza sin límites sobre los derechos de propiedad y el orden republicano. La indiferencia de la gente frente a estos avances hace pensar que el límite está en la economía.
Si bien el gobierno no deja macana por hacer en materia de política económica, hay que reconocer que esas macanas apuntan a sostener su poder político. Hoy vemos como, encandilada por televisores, autos y celulares, una mayoría relativa le otorgó un cheque en blanco a Cristina Fernández que, por ahora, lo sabe usar muy bien. No porque esté generando políticas sustentables de largo plazo, sino porque está acumulando un poder que anula el sistema republicano y tiende a una autocracia cada vez más marcada.
Cristina Fernández tiene el monopolio de la fuerza. Muy pocos confían en la justicia y el parlamento está controlado por sus seguidores que votan sin chistar cuanto proyecto de ley le envía el Ejecutivo. En definitiva, Cristina Fernández detenta hoy un poder casi absoluto. Ese poder absoluto determina que aquellos que no comparten la política del gobierno tengan miedo de hablar. No digo en público solamente, sino por teléfono. Por mi profesión de asesor económico son muchas las charlas telefónicas que tengo y la gente tiene pánico a ser escuchada por miedo a tener sus teléfonos intervenidos. Hasta en los mails se observa ese temor. La gente se siente observada y controlada. La impunidad con que se mueve el gobierno puede llegar a límites inconcebibles. ¿Será cierto que en la Secretaría de Comercio, a los empresarios que van a tramitar un permiso de importación, los atiende el Sr. 12, 34, o 17? ¿Será cierto que no dan a conocer sus nombres y se manejan con números?
Lo concreto es que Cristina Fernández interpreta que el 54% de los votos que obtuvo en octubre pasado la autoriza a utilizar esa mayoría circunstancial para imponer leyes que pueden ser sancionadas por el Congreso pero que no tienen legitimidad. Y cuando digo que no tienen legitimidad quiero decir que una ley, por más que sea votada por la totalidad de los miembros de la Cámara de diputados y senadores, no pueden violar el derecho a la libertad y a la propiedad. Nadie decide pertenecer a una sociedad para ser sometido como un esclavo por el monopolio de la fuerza del Estado.
Las personas están dispuestas a sacrificar parte de sus ingresos y mantener un Estado para que éste defienda sus derechos, no para que los viole. El problema se presenta cuando, ya estando dentro de la sociedad, una mayoría relativa le otorga poderes a una persona para que use el monopolio de la fuerza a su antojo, por más que los fundamente en leyes ilegítimas, y someta a la población con el monopolio de la fuerza que le fue delegado para otra cosa. Y en este punto insisto una y otra vez: las leyes votadas por una mayoría no son legítimas cuando violan los derechos de las personas.
La estatización de YPF, más allá de si cumplió con las inversiones comprometidas o no, es solo un paso más en ese contante avance del Estado sobre la propiedad privada y explica la fuga de capitales que tiende a acelerarse. Basta con ver como escaló el dólar contado con liquidez para advertir que la gente entró nuevamente en pánico ante esta arremetida estatizadora. Puesto en otros términos, la estatización de YPF es otro paso más en la aplicación de políticas que buscan sostener el poder político del gobierno aún violando el derecho de propiedad.
Recordemos que los intentos por avanzar sobre los derechos de propiedad incluyen a la fallida 125, la confiscación de los ahorros en las AFJP, la apropiación de reservas del BCRA y luego la reforma de la Carta Orgánica, la prohibición de ejercer toda industria lícita como es la de importar o vender los bienes que uno produce al precio de mercado y mil formas más de intervencionismo y estatismo.
Cristina Fernández sabe que solo puede sostenerse en el poder si mantiene económicamente conforme a unos 10 u 11 millones de electores. Si uno mira la última elección, sobre 28,7 millones de electores, Cristina Fernández obtuvo 11,6 millones de votos que representan el 40% del electorado. Es decir, entre los votos en blanco, los impugnados y los que no van a votar, Cristina Fernández necesita el apoyo de unos 10 millones de personas para alzarse con la victoria. El resto, por una oposición incompetente, por desidia de la gente o lo que sea, queda sometida a los caprichos del kirchnerismo.
Debo reconocer que buena parte de la oposición tampoco se diferencia tanto de las propuestas kirchneristas. Puesto en otros términos, ofrece una especie de kirchnerismo bueno. Basta con ver cómo van a votar por la estatización de YPF y sus discursos en los medios para advertir que tampoco es que ofrecen una propuesta tan diferente. El gran interrogante es si existe demanda para una propuesta totalmente diferente. Me pregunto si prendería en el electorado un discurso que hable de la cultura del trabajo, de lo denigrante que son los llamados planes sociales, de las ventajas de participar del comercio internacional e integrarse al mundo, de los beneficios de la competencia, de la seguridad jurídica para atraer inversiones y generar más puestos de trabajo, en fin ¿prenderá en el electorado un discurso sobre la libertad que debe imperar en un país para que pueda desarrollarse la capacidad de innovación de la gente y de esta forma progresar? Francamente no tengo una respuesta categórica al respecto. Por ahora me inclino a pensar que esos 10 millones de votantes están más cómodos recibiendo una asignación universal por hijo, un subsidio, el empresario PYME feliz de no tener que competir con productos del exterior y grandes empresarios haciendo suculentos negocios con el Estado…hasta que se convierten en enemigos.
Lo cierto es que la base de apoyo de Cristina Fernández, que le permite arremeter contra la propiedad privada y atemorizar a la gente con el aparato de compulsión del Estado, es mantener relativamente tranquilos a esos 10 millones de votos que le otorgan la mayoría dada lo impresentable de la oposición y sus divisiones y vedetismos.
Si se acepta la tesis de los 10 millones de votantes conformes, entonces, lo que cabe esperar es que, ante la creciente escases de recursos para mantener contento a esos 10 millones de electores, en el futuro veamos nuevas confiscaciones y avances sobre los derechos de propiedad. Los que producimos todos los días en base a nuestro esfuerzo sin privilegios ni subsidios, tendremos que redoblar nuestro trabajo para sostener a esos 10 millones de personas. Y creo que la tarea va a ser agotadora porque al esfuerzo diario se le agregará las trabas que impone el Estado con su intervencionismo y creciente apriete fiscal.
El único límite que le veo al poder absoluto que ostenta el kirchnerismo, es la economía. En la medida que no se generan los recursos necesarios para mantener contento a los 10 millones que viven a costa de los que producen, el escenario político y social puede complicarse seriamente para el gobierno. Ellos saben que solo pueden seguir con este atropello institucional solo si redoblan continuamente la apuesta expoliando a los que producen y confiscan flujos e ingresos en nombre de la solidaridad social y la soberanía nacional.
El gran interrogante es el siguiente: ¿cómo reaccionaría el kirchnerismo ante un escenario de descontento social si cada vez hay menos recursos para repartir? ¿Utilizará la fuerza pública para disciplinar a los descontentos acentuando al autoritarismo o buscará alguna salida decorosa denunciando conspiraciones que no los deja gobernar?
Francamente no tengo la respuesta al interrogante del párrafo anterior, pero lo que sí me queda claro es que, por ahora, el único límite que le veo a esta destrucción de la república es la economía. Si la economía no les financia la fiesta de consumo, se acaba el apoyo de los 10 millones para los que gobierna el kirchnerismo.
Seamos sinceros, si bien es necesario insistir en el valor de las instituciones y los beneficios de un gobierno limitado, a la inmensa mayoría de la población poco le interesa ese tema. El bolsillo manda a la hora de votar. Por lo tanto, reconozcamos que el kirchnerismo leyó muy bien el comportamiento de la mayoría de los argentinos y actuó en consecuencia para construir su poder en detrimento de la democracia republicana.     
En definitiva, como el límite está en la economía, me parece que antes de perder el apoyo de los 10 millones de votantes veremos nuevos avances sobre los derechos de propiedad y las libertades individuales. Salvo que obre un milagro, se vienen tiempos difíciles.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA)y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Argentina: ya vimos la película:

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 19/4/12 en: http://www.diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=7238

Me recibí en la facultad de economía en 1964, el 28 de diciembre, día de los inocentes. En 1968, recién llegado de una beca en la Foundation for Economic Education de New York, el entonces presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Alberto Servente, me invitó a que dictara un curso en el recinto principal de esa institución. Elegí como tema la necesidad de privatizar empresas estatales, circunstancias en las que esos centros políticos estaban desangrando al país, a pesar de lo cual, en esa instancia, la opinión dominante era que la sola propuesta de traspasar activos a manos privadas se consideraba traición a la patria. Mientras dictaba el curso, entre el público, mi mujer y uno de mis cuñados escucharon de boca de algunos de los asistentes -disgustados por mis reflexiones- referencias injuriosas y muy poco elegantes respecto a mi madre. Con el correr del tiempo se fue entendiendo y aceptando la idea, especialmente en ámbitos universitarios, pero en un momento dado se bastardeó tanto la privatización traspasando monopolios estatales a monopolios privados en el contexto de una alarmante corrupción y ensanchamiento del gasto público que ahora, cuarenta y cuatro años después de mi aludido curso, la Argentina vuelve a fojas cero, por eso remarco aquello del día de los inocentes.
 
Se acaba de anunciar la re-estatización de la petrolera YPF, expropiando la mayoría accionaria en manos privadas y ha sido designado como interventor un ministro acusado de corrupción secundado por un ideólogo marxista, una combinación ideal a ojos de los dromedarios estatistas de turno.
 
En esta ocasión me veo obligado a repetir lo que dije hace más de cuatro décadas en la referida Bolsa de Comercio de Buenos Aires, lo cual naturalmente produce una buena dosis de cansancio moral, por no decir extenuación intelectual al repasar puntos que en toda buena universidad se enseñan en seminarios introductorios al estudio de la economía, pero antes de eso formulo algunas consideraciones específicas sobre el rubro energético.
 
La situación argentina en esta área (y en otras) se debe principalmente a la machacona política de manipular compulsivamente tarifas. Cuando un precio se mantiene artificialmente deprimido, la demanda se expande mientras que la oferta se contrae (y, consecuentemente, las inversiones disminuyen hasta que, en su caso, debe recurrirse a la importación de energía para suplir el zafarrancho). En un arranque tragicómico, el gobierno argentino pretende resolver el problema con lo dicho y a la situación deficitaria de caja del momento agrega la necesidad de indemnizar a los accionistas (con o sin juicios) y hacer frente a los pasivos de la empresa confiscada en su porción mayoritaria.
 
Estas señales horrendas son recibidas por los proveedores del otro setenta por ciento del mercado energético, ya que la empresa de marras solo abastece el treinta por ciento. Esos signos de inseguridad jurídica mayúscula hacen que esas otras empresas naturalmente se abstengan de invertir, todo lo cual agrava el problema de la energía argentina.
 
En la era de Carter en Estados Unidos (quien se hacía sacar fotografías en mangas de camisa en verano al efecto de mostrar que no usaba aire acondicionado “para ahorrar energía”), se fijó un techo a los precios del petróleo lo cual hizo acelerar el consumo y aparecieron colas en las estaciones de servicio al tiempo que se obstruyeron las señales para encarar fuentes alternativas de energía, es decir, el peor de los mundos, lo cual fue criticado, entre otros, por el premio Nobel en economía Milton Friedman, el ex secretario del tesoro William Simon y el entonces presidente de Citicorp Walter Wriston quienes señalaron enfáticamente los peligros y contribuyeron a modificar drásticamente la política.
 
Hasta el modo en que algunos burócratas se refieren a temas energéticos revela desconocimiento de magnitud respecto a cuestiones elementales, como cuando aluden a las reservas petroleras extrapolando al futuro el precio y la tecnología presentes, sin percibir que la provisión de energía y su consumo se modifican completamente al modificarse el precio respectivo, consecuencia de situaciones cambiantes que refleja el mercado. En otros términos, como ha destacado Friedman “si quieren sobrantes de petróleo el gobierno debe fijar precios mínimos, si quiere faltantes debe imponer precios máximos, pero si se desea que oferta y  demanda se equilibren y las cosas funcionen bien, hay que dejar los precios libres”.
 
Creo que en buena medida lo que anquilosa las mentes es la idea de soberanía. Bertrand de Jouvenel en Los orígenes del estado moderno explica que el concepto del soberano como sinónimo del rey fue derribado al señalar la limitación natural de todo ser humano, sin embargo al trasladarse la idea al pueblo parece que el límite se franqueó con el resultado de que, en definitiva, volvió a recaer en el gobernante con un áurea más contundente y más fuerte que en la época de las monarquías absolutas. Esta idea atrabiliaria se aplicó a distintos bienes y así se declama sin rubor alguno que el petróleo pertenece a la soberanía popular, lo cual es tan idiota como sostener la soberanía de la zanahoria o el garbanzo. En el caso argentino, se ha llegado al extremo en el que el secretario de cultura (subrayo el cargo) lanzó al ruedo la peregrina noción de la “soberanía cultural” al efecto de dictaminar sobre la lectura de lo que conviene y lo que no conviene leer, es decir, una nueva versión del Index y la inquisición cultural.
 
Solo parapetados en conceptos de esa laya es que puede envolverse empresas estatales en el pabellón nacional alegando que se trata de “bienes estratégicos”, sin percatarse que cuanto más vital un bien más razón para que funcione bien y para que se desarrolle con todos los rigores del mercado sin privilegios de ninguna naturaleza.
 
Por supuesto que hay empresas que la juegan de privadas pero llevan a cabo sus negocios en los despachos oficiales y las hay que están sometidas al manotazo en sus flujos de fondos por parte de los aparatos estatales. Ninguna de las dos cosas representa el benéfico proceso de mercado: en un caso con ladrones de guante blanco y en el otro son víctimas del atropello del Leviatán.
 
Empresa estatal es una denominación que constituye una contradicción en términos puesto que no resulta posible simular y hacerse pasar por empresario, el cual arriesga recursos propios en la administración de los factores productivos, y si tiene éxito en satisfacer los deseos de los consumidores obtiene ganancias y en la medida en que se equivoca incurre en quebrantos, a diferencia de lo que sucede cuando se politiza el proceso, situación en la que la asignación de activos y conveniencia de pasivos opera a espaldas del mercado.
 
Más aun, la sola constitución de la llamada empresa estatal o la estatización de una privada inexorablemente significa derroche de capital puesto que, como todo no puede hacerse al mismo tiempo, se alteraran las prioridades de la gente (si se hace lo mismo que se hubiera decidido en el plebiscito diario del mercado, no tiene sentido intervenir y pueden ahorrarse los gastos administrativos correspondientes).
 
Incluso si por ventura la “empresa estatal” (en base a contabilidades confiables) arrojara ganancias, habría que preguntarse el por qué de ese resultado y si no estarán las tarifas demasiado altas. Por otra parte, la competencia tampoco es un simulacro: se está en el mercado con todo que ello implica o se está en la órbita política con todos los privilegios consiguientes (si se dijera que se abrogan todas las prebendas para “competir” no hay razón para mantener la empresa en el sector estatal).
 
Se suele argumentar la conveniencia de estatizar porque las privadas “no reinvierten lo suficiente” y las extrajeras giran sus utilidades al exterior. Toda actividad empresaria que se mantiene a flote en el mercado sin privilegios ofrece bienes y servicios que mejoran la situación de los consumidores. Lo que hacen con el resultado de esa mejora dependerá de las condiciones económicas del país en cuestión y, sobre todo, de su marco jurídico. De todos modos, como queda dicho, los beneficios para el consumidor ocurren, la contrapartida debe ser analizada por cuerda separada, ya se sabe que sería más atractivo que todos los capitales del orbe inviertan en cierto país, pero es harina de otro costal.
 
Todas estas consideraciones son aplicables a las empresas mixtas en la parte que corresponde al aporte estatal (léase compulsivamente de los contribuyentes) y si se recluta el capital privado en base a exenciones y otras canonjías debe extenderse el análisis también a esa parte.
 
No es que los burócratas sean malas personas y los que se desempeñan en el sector privado sean por su naturaleza buenas, ni que en un caso sean profesionales de menor calado que en el otro, se trata de incentivos. La forma en que se prenden las luces y se toma café es distinta en un caso que en otro. Lo que es de todos no es de nadie y aparece indefectiblemente la “tragedia de los comunes”.
 
El economista decimonónico Frédéric Bastiat nos recuerda que el análisis de estas cuestiones requieren de una visión muy amplia al efecto de prestar debida atención “a lo que se ve y a lo que no se ve”. Se ve un edificio estatal reluciente en mármoles y otras delicadezas para cobijar funcionarios en reparticiones varias (que, además, suelen emprenderla contra actividades pacíficas y voluntarias), pero, en cambio, lo que no se ve son los faltantes de biberones y leche como consecuencia que los recursos fueron a parar al mencionado edificio.
 
La transferencia de activos de las llamadas empresas estatales al sector privado puede realizarse a través de licitaciones abiertas al mejor postor, venta en el mercado de capitales si se encuadrara en la figura de la sociedad anónima o directamente la entrega sin cargo de acciones a residentes bajo diversos procedimientos que han sido aplicados en otros países.
 
Desde luego que lo dicho es aplicable a todas las empresas en manos del estado incluyendo bancos, los cuales en la medida en que otorgan créditos subsidiados acentúan el derroche de capital que hemos mencionado y, por tanto, contribuyen a reducir salarios e ingresos en términos reales puesto que éstos solo puedan elevarse como consecuencia de las tasas de capitalización.
 
En resumen, casi todo lo que viene ocurriendo en la Argentina es la repetición de políticas populistas que se enancan a la agresión al poder judicial y a la prensa independiente en la esperanza de poder arrasar con más facilidad con lo poquísimo que queda de la tradición alberdiana, que desde la organización nacional hasta la incursión del fascismo socialista hizo de la Argentina uno de los países más prósperos del orbe. Ya vimos la película de lo que hoy sucede, esperemos que se reaccione a tiempo antes de que sea tarde y nos convirtamos en otra Venezuela o Cuba.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía, Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fué profesor y primer Rector de ESEADE.

 

YPF y la Incertidumbre de Régimen

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 17/4/12 en: http://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2012/04/17/ypf-y-la-incertidumbre-de-rgimen/

Se ha dicho mucho en las últimas 24hs sobre la decisión K de expropiar YPF. Independientemente de cómo se quiera llamar a esta medida, qué adorno institucional se le de en la escribanía que se ha vuelto el Congreso argentino, y qué retórica K se use, el caso es que en cuestión de minutos el gobierno se ha hecho cargo de facto de una de las empresas más grandes del país.

No conozco los detalles del mercado de energía en Argentina. Tampoco conozco en detalle cual debería haber sido el camino legal si el estado está interesado en ser accionista de la empresa, pero claramente no es lo que sucedió ayer. Este caso ilustra el efecto del “regime uncertainty” que Bob Higgs ha estudiado en la Gran Depresión.

No hay ningún secreto sobre a qué se debe el crecimiento y desarrollo en los países. Desde que Adam Smith publicó su Riqueza de las Naciones la respuesta es clara y concisa. No hace falta más que ver la historia de los distintos países para tener una ilustración de este fenómeno. Quiero usar el caso de Repsol YPF para ilustrar 4 puntos:

  1. El crecimiento y desarrollo no es fácil. Requiere de recursos, trabajo, acumulación y administración de capital, etc. Todo esto sucede en un entorno de incertidumbre. El productor no sabe a ciencia cierta cuál va a ser el retorno que va a recibir, ni por cuanto tiempo el mercado en el que opera será rentable. Pero esta incertidumbre sucede dentro de ciertas reglas de juego, o régimen. Distinto es al caso cuando la incertidumbre cae sobre las reglas de juego, y no dentro de ellas. ¿Se levantará el presidente algún día con ganas de expropiar una compañía? Si no hay recursos… ¿ajustará gastos e ingresos o decidirá expropiar los fondos de los futuros jubilados? Durante el New Deal, empresarios americanos se encontraban con un alto grado de incertidumbre de régimen dado que muchos de ellos veían posible que el país se volviese la segunda Unión Soviética. No sorprende que ante ese nivel de incertidumbre la economía no se recuperase. En las últimas 24hs han salido notas en el Financial Times, CRMonitor, Free Exchange de The Economist (y posiblemente otras) preguntándose si Argentina no se está volviendo la próxima Venezuela. Indistintamente de qué tan cierto pueda o no ser ese análisis, el hecho es que así es como se ve el país desde el mundo, y evidentemente este nivel de incertidumbre no atrae inversiones, sino oportunismo.
  2. No es sorpresa, entonces, que en este clima las inversiones que vienen al país no sean de largo plazo, sino inversiones con intenciones de corto plazo sin interés de desarrollo a largo plazo, dado que el largo plazo en Argentina parece estar muerto. Estas políticas atraen a los típicos “empresarios” que tanto suelen criticar los populistas y los críticos del “capitalismo corrupto o de amigos.” ¿Qué inversiones puede atraer un país que en su prontuario reciente cuenta con situaciones como el caso Skanska, la valija de Antonini Wilson, la bolsa de Felisa Micelli, los fondos del gobierno desviados por Shocklender y las Abuelas de Plaza de Mayo, la nacionalización de los fondos privados en las AFJP, los billetes de Boudu, la performance de Aerolíneas Argentinas? El Indec es el caso más explícito de un gobierno que le falta a la verdad a sus propios ciudadanos. Es un gobierno que ignora los fallos de la Corte Suprema y el Congreso, supuesto órgano de control del ejecutivo, mira para otro lado.
  3. Es común escuchar la retórica de los “intereses nacionales,” los “recursos del país” y otros similares. No hay ningún beneficio económico particular en que una empresa sea de capitales nacionales o extranjeros. La economía no posee fronteras, las fronteras son una cuestión política, no económica. La riqueza se encuentra en la producción eficiente de bienes y servicios, no en el dinero. Así y todo, este dinero “expatriado” vuelve al país vía exportaciones por parte del país “expropiador de dividendos.” Pero más allá de estos detalles, el mayor problema es que esta actitud no es libre de influencias nacionalistas. ¿Cómo se sustenta este tipo de posición de intereses nacionales sin nacionalismo? Los nacionalismos han creado más problemas que beneficios a lo largo de la historia.
  4. Un último punto sobre la “expatriación de dividendos.” Sólo pueden girarse dividendos en la medida que haya inversiones previas. Las inversiones deben financiar los costos operativos, y sólo después de cubrir estos costos se pueden girar dividendos, que es la tasa de retorno de los accionistas. Para verlo en números redondos, un retorno del 10% implica que por cada dólar de dividendo se han invertido 10USD. Dado que los dividendos se pueden distribuir luego de cubrir los costos operativos, esta inversión permite el pago de proveedores, empleados, etc. Aquel se opone a que se giren dividendos, en los hechos se opone a 10USD de inversiones extranjeras por cada dólar de dividendos.

Es un auto-engaño ver en este tipo de medidas un futuro próspero. Crecimiento y desarrollo es un proceso de largo plazo, en el corto plazo, en el día a día, incluso en el año a año, los efectos nocivos no se ven de manera clara. Para cuando estos efectos son innegables, el tiempo ha pasado, y el costo de alcanzar al resto de los países que no se han vencido a la tentación política de corto plazo no ha hecho más que agrandarse, no sólo en recursos, sino en años.

Argentina no necesita un cambio de gobierno, sino un cambio de estructura de Estado. Un gobierno que puede operar por encima de la ley no es un gobierno que funcione bajo un orden republicano. La división de poderes, el estado de derecho y la república no es una cuestión de papeles, es una cuestión de hechos y actitudes que durante la era K han brillado por su ausencia. Los resultados de la falta de principios repúblicanos y estado de derecho están a la vista: alcanza con mirar la correlación entre libertad económica y bienestar económico.

Nicolás Cachanosky es Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE), y Doctorando en Economía, (Suffolk University). Es profesor universitario.