Intervencionismo

Por Gabriel Boragina. Publicado en: 

 

Los intentos de reemplazar al capitalismo por otro u otros sistemas han sido constantes prácticamente desde la aparición del mismo en la escena económica de los pueblos.

Al identificárselo como el “enemigo” del bienestar y del progreso económico de la gente han sido múltiples los pensadores que trataron de idear modelos alternativos. El más popular desde hace buen tiempo hasta la actualidad es el mixto:

“Se supone que esta economía mixta no es capitalismo ni socialismo. Se describe como un tercer sistema, tan alejado del capitalismo como del socialismo. Se supone que está a medio camino entre socialismo y capitalismo, manteniendo las ventajas de ambos y evitando los inconvenientes propios de cada uno”.[1]

En realidad, esta pretendida fusión de dos patrones en uno que, a su vez, no son ni uno ni el otro no es más que un mito, una verdadera utopía quimérica. Para prueba basta observar que prácticamente todas las economías del mundo han prohijado tal pretendido diseño mixto, lo que ha provocado y sigue ocasionando las recurrentes crisis económicas en las que el planeta se debate sin cesar año tras año, década tras década y ya sin fronteras visibles. Pero no hay tal supuesto tercer esquema, sino que lo que existe es una mezcolanza de dos modelos que se oponen abiertamente entre sí y que no poseen los pretendidos “elementos comunes”.

“Hace más de medio siglo, el principal hombre del movimiento socialista británico, Sídney Webb, declaraba que la filosofía socialista no es “sino la afirmación consciente y explícita de principios de organización social que ya se han adoptado en buena parte inconscientemente”. Y añadía que la historia económica del siglo XIX era “una historia casi continua del progreso del socialismo”.[2]

De alguna manera, la afirmación anterior era exacta y contradice la observación de muchos (o de la mayoría de los socialistas de nuestro tiempo) que sostienen que vivimos en un “universo capitalista”. No tenemos -por cierto- tal “mundo capitalista” al menos en la medida que pueda decirse que es la economía que impera y que sustentan los países más desarrollados y los menos del planeta. El capitalismo nunca pudo operar en ninguna parte del planeta al cien por ciento de sus potencialidades, sin embargo, donde lo ha hecho -en muy escasa medida- ha producido adelantos y progresos formidables, que son a los que debemos todos los artículos de confort que han mejorado nuestras vidas y las de nuestros contempéranos.

“Unos pocos años después, un eminente estadista británico, Sir William Harcourt, declaraba: “Todos somos ahora socialistas”.Cuando en 1913 un estadounidense, Elmer Roberts, publicó un libro sobre las políticas económicas del gobierno imperial de Alemania llevadas a cabo desde finales de la década de 1870, las llamó “socialismo monárquico”.”[3]

Digamos que, tanto en la filosofía de estos pensadores como en el ambiente popular la última etapa sería la imposición del socialismo por sobre el capitalismo, y que la misma seria “altamente deseable”. Marx, contradictoriamente, sostenía que esta conclusión se daría natural y evolutivamente por el mero devenir histórico, y que -por lo tanto- ningún esfuerzo humano podría acelerar o retardar el proceso. Sin embargo, en sus escritos revolucionarios junto con Engels (tales como el tristemente célebre Manifiesto comunista de 1848) mantenía la necesidad de provocar lo que -por otra parte- había declarado antes no sería necesario promover, ya que de lo contrario la revolución socialista no se daría nunca o no lo haría cuando el suponía que tenía que realizarse.

“Sin embargo no sería correcto identificar simplemente intervencionismo y socialismo. Hay muchos defensores del intervencionismo que lo consideran el modo más apropiado de llegar (paso a paso) al socialismo total. Pero también hay muchos intervencionistas que no son abiertamente socialistas: buscan el establecimiento de la economía mixta como un sistema permanente de gestión económica. Quieren restringir, regular y “mejorar” el capitalismo por interferencia pública con los negocios y con el sindicalismo.”[4]

Esto, de alguna manera, explica que sea el intervencionismo el estándar económico actual en la mayor parte del orbe (por no decir en todo el). Unos lo apadrinan por un motivo y los demás lo implementan por todos los motivos restantes. Es decir, tanto partidarios como adversarios del socialismo y del capitalismo aceptan el intervencionismo por razones diametralmente diferentes. En el caso socialista, se recurre al mismo como método para llegar gradualmente al socialismo, y -en el opuesto- los antisocialistas o pseudo-capitalistas creen que es el intervencionismo la vía por medio de la cual el capitalismo se puede “mejorar”.

Pero lo que están más cerca de acertar en esta aparente “paradoja” son los socialistas, ya que la admisión de la supuesta “economía mixta” es un verdadero camino de servidumbre como diría F. v. Hayek parafraseando el título de su más célebre libro. Unos para aniquilar el capitalismo y otros para “mejorarlo” hacen que el intervencionismo sea el modelo económico que siguen la mayoría de los países del globo.

“Primero: Si, dentro de una sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción, algunos de estos medios son propiedad y están gestionados por el gobierno o por los municipios, esto sigue sin ser un sistema mixto que combinaría socialismo y propiedad privada.”[5]

La economía de mercado no se ve afectada si sólo algunos bienes de producción son de propiedad estatal en tanto el resto de ellos permanece en manos privadas. No concurre aquí -nos dice L. v. Mises- intervencionismo, ni tampoco socialismo, sino capitalismo. Cabría pues inferir que, en tanto no más del 49% de los bienes de producción está en manos del gobierno no habría allí ninguna economía intervencionista. Aquí nos parece relevante apuntar que, no sólo la cantidad de las empresas de propiedad estatal debería ser reducida sino también el tamaño concreto de esas empresas debería serlo, porque es difícil aseverar que si una empresa (o conjunto de ellas) cuyo tamaño equivale al 100% de la producción total de la economía deviene en propiedad del estado (vía expropiación, estatización, etc.) dicho entramado continuaría siendo una economía de mercado. Si bien el ejemplo suele ser infrecuente (salvo en regímenes abiertamente socialistas) no está de más tenerlo en cuenta.

[1]Ludwig von Mises, Caos planificado, fuente: http://mises.org/daily/2454 (Publicado el 3 de febrero de 2007). Pág. 6.

[2] L. v. Mises ibidem, pág. 6

[3] L. v. Mises ibidem, pág. 6

[4] L. v. Mises ibidem, pág. 6-7

[5] L. v. Mises ibidem, pág. 7

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

Populismo: el ‘tipo de cambio’ es una variable macroeconómica, no el resultado de intercambios de propiedad

Por Martín Krause. Publicada el 1/1/17 en: http://bazar.ufm.edu/populismo-tipo-cambio-una-variable-macroeconomica-no-resultado-intercambios-propiedad/

 

Décadas de pensamiento populista y mercantilista han generado visiones que aún hoy se encuentran en cualquier lugar o medio, y pasan como ideas comunes o lógicas sin que nadie las cuestione. En el caso argentino, tal vez sea el tipo de cambio el que concentre la mayor cantidad. He aquí un ejemplo. Dice La Nación en una nota de Javier Blanco titulada “Tras el salto del fin del cepo, el dólar subió en el año la mitad que la inflación” al referirse al problema de revaluación de la moneda local que genera el ingreso de dólares por endeudamiento público:

“Para tratar de evitar estos efectos el BCRA tiene previsto avanzar en una nueva serie de flexibilizaciones para dosificar la oferta de divisas. Por caso, en la última reunión de directorio del año, la entidad eliminó la exigencia de ingresar al país las divisas que se obtienen por exportaciones de servicios, sólo la mantiene, con plazos laxos, para los que exportan bienes. Además, evalúa la posibilidad de elevar de 2500 a 5000 o 10.000 dólares, el tope que rige por mes para la compra de divisas en efectivo, además que tiene en estudio un mecanismo para que puedan cancelarse mediante transacciones electrónicas las operaciones inmobiliarias, que suelen pactarse en divisas.”

La nota describe bien el fenómeno y no podemos acusar a las autoridades del Banco Central de sustentar esas ideas populistas antes mencionadas, pero quiero llamar la atención a que tanto en un caso como en el otro, el tema es analizado desde la perspectiva de que el “tipo de cambio” es una variable macroeconómica (que lo es) principalmente, y ninguna mención se realiza a que el tipo de cambio es el resultado de contratos realizados entre partes, por los cuales se transfiere una divisa por otra. Es decir, como en todo contrato, se intercambian derechos de propiedad.

Tal vez nunca, nadie, haya cuestionado porqué el Banco Central tiene que tener el poder de obligar a un propietario de, digamos dólares, a traerlos y entregárselos a esa institución, en lugar de decidir sobre su propiedad como todos pensamos que deberíamos poder decidir con las cosas que nos pertenecen. Veamos esto más fácil: un productor ha invertido, ha trabajado, y ahora tiene una cierta cantidad de, digamos, aceite de oliva en la provincia de San Juan. Si se lo vende a alguien en Rosario y recibe pesos no pasa nada, no tiene mayores restricciones salvo los impuestos y regulaciones existentes. Incluso puede recibir ese pago del rosarino en dólares. Pero si le vende a un uruguayo entonces los dólares que le paguen tienen que pasar por el Banco Central en algún momento. Está obligado a traerlos. ¿Por qué? Si es “su” propiedad, como antes era el aceite de oliva, ahora son esos billetes. ¿Acaso estaba antes obligado a hacer algo con el aceite de oliva? Podría haberlo tirado en la zanja y “estaba en su derecho” aunque no muy cuerdo.

Por supuesto que está muy bien esta noticia arriba comentada por la que las exportaciones de servicios no tienen ahora esa exigencia y es de esperar que desaparezca pronto la misma sobre los bienes, pero el punto que quiero enfatizar aquí es que el Banco Central, o los políticos, los analistas o los jueces, parecen nunca cuestionarse que ese “poder” que posee la entidad sea violatorio del derecho de propiedad de quienes produjeron esos bienes, o servicios. Ni tampoco la justicia parece considerar que eso sea violatorio de este artículo, supuestamente vigente, de la Constitución Nacional:

“Artículo 17- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el art. 4°. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal Argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.”

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Macri, la ilegitimidad de las retenciones a la soja y la obra pública en Santa Fe: La verdadera historia.

Por Guillermo Luis Covernton. Publicado el 28/10/16.

 

La provincia de Santa Fe es el principal productor de granos del país. Tiene las mejores tierras agrícolas de todo el territorio nacional. Y la infraestructura portuaria más eficiente de Argentina. Estas obras, además, se hicieron mediante inversión netamente privada y de riesgo.

Con las 3,2 millones de Has. de soja, sembradas en la última campaña en Santa Fe y con el rinde obtenido, que en promedio es de 3.8 toneladas por Ha. la provincia invencible de Santa Fe produjo 12,16 millones de toneladas de soja en la última cosecha. A un precio actual de 1.030 centavos de U$S por bushel, en el mercado de Chicago, esto representa un precio de 378 U$S por tonelada. Sin embargo, a los empresarios privados del sector, a quienes se les sigue pidiendo que inviertan en el país, este gobierno persiste con la perversa costumbre de confiscarle el 30 % de sus ventas brutas.

Mediante un salvaje impuesto diferencial que ninguna otra actividad productiva tributa. Y que durante la campaña electoral había prometido derogar, por su manifiesta inequidad, el estado federal está destruyendo al sector que más le aporta, matando  la gallina de los huevos de oro. No hablamos del 30 % de las ganancias ni del valor agregado. La alícuota se aplica sobre el precio total de venta, antes de deducir fletes, gastos de producción, recolección y comercialización.

Esta inaudita confiscación de ingresos, ilegítima y discriminatoria, que no tiene ninguna justificación teórica ni política posible, ya que solo se aprovecha de la productividad generada por las mejoras de los sistemas de producción, y por las tecnológicas desarrolladas íntegramente desde el sector privado, le cuestan a los empresarios nada menos que, a los precios mencionados, la locura de 113 U$S por ton. O sean 1.718 pesos por tonelada. A los valores de hoy, esto significa que,  en un solo año, la provincia de Santa Fe le aportará a las arcas del gobierno federal, 20.891 millones de pesos, en concepto de esta expropiación injustificable del trabajo y la producción del sector privado de la provincia.

Por eso mismo, no deja de sorprender el cinismo del gobierno federal, que a poco de incumplir su segunda promesa, es decir la reducción gradual de esta atrocidad tributaria, en un 5 % anual, hasta eliminarla, medida que ha prorrogado por 16 meses, además de alterar la tasa de reducción, ahora anuncia muy satisfecho que va a dedicar 21.000 millones de pesos a obras de infraestructura portuaria en la provincia de Santa Fe. Como si esto fuera un logro. O el producto de la generosidad del ejecutivo federal.

El presidente Macri parece estar tomándose en broma al sector productivo más dinámico del país.

Parece ignorar que si derogara inmediatamente esa injusta gabela, el sector privado asignaría muchísimo mejor estos recursos que lo que un grupo de ignorantes burócratas puede intentar.

Todo esto, agravado encima por la poca claridad que ha exhibido la obra pública nacional en estos últimos 12 años, y que este gobierno no ha podido ofrecer ni siquiera indicios de haber cambiado o  mejorado.

El presidente Macri debe agradecer a Dios que el Brigadier General Estanislao Lopez murió hacen casi ciento ochenta años. Y que actualmente la provincia se encuentra gobernada por una gavilla de aprovechados, que lejos de defender los intereses de sus ciudadanos, están pensando mucho más en como lograr apoyos políticos y en hacer olvidar al electorado que incumplieron con su deber de transparencia al no recontar nuevamente los votos, durante las últimas elecciones, frente a las acusaciones de fraude que les llovieron por segunda vez en 4 años.

Es de esperar que el proceso democrático se encargue de limpiar la provincia de estos indignos traidores que no merecen ni por un instante seguir ocupando el sillón de quien fuera una de las figuras más excelsas del federalismo y el primer gobernador de Santa Fe. Y que dotara a la provincia de su primer constitución. Que fue además la decana entre todas las provincias argentinas. Lo antes posible y con la misma vehemencia del sablazo lanzado a degüello por nuestro prócer máximo en los duros traces de La Herradura, Barrancas o Cepeda. En bien del federalismo y de la nación toda.

 

Guillermo Luis Covernton es Dr. En Economía, (ESEADE). Magíster en Economía y Administración, (ESEADE). Es Profesor Titular de Finanzas Públicas, Macroeconomía, Microeconomía, y Economía Política  en la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, (UCA). Fue Profesor Titular de Proceso Económico en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, (UFM). Fue secretario de Confederaciones Rurales Argentinas, corredor de granos y miembro de la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario. Fue asesor de la Comisión Nacional de Valores para el desarrollo de mercados de futuros y opciones. Es empresario y consultor. Es director académico de la Fundación Bases. Preside la asociación de Ex alumnos de ESEADE.

 

La política del miedo:

Por Alejandra M. Salinas. Publicado el 7/9/12.

A raíz del reciente comentario presidencial sobre el temor debido al Poder Ejecutivo parece oportuno reflexionar sobre la relación causal directa entre el miedo y la política. El primero, entendido como el miedo individual a perder las libertades, las propiedades, y en última instancia la vida misma; la segunda, como la acción gubernamental que es la principal causa y artífice de esas pérdidas.

En efecto, históricamente los gobiernos han restringido las libertades individuales en nombre de una idea, una necesidad o una circunstancia, y lo han hecho en regímenes de todo tipo y color político. Esas restricciones no sólo han causado pérdidas económicas y materiales, sino, lo que es peor, con frecuencia han obstruido y hasta destruido los planes de vida de muchas personas, planes que terminan por ser reemplazados con meros intentos por subsistir al margen de esas restricciones y de sus nocivos efectos.

Claro está, la forma más extrema y amenazadora utilizada por los gobiernos para tener éxito en las restricciones por ellos impuestas ha sido instaurar el miedo en la sociedad: en los regímenes dictatoriales y totalitarios, el uso de la violencia y del asesinato han constituido y constituye aún el principal método para difundir el miedo bajo la forma del miedo a la muerte. En regímenes no totalitarios ni dictatoriales, el miedo cobra otras formas, no menos preocupantes: el miedo a la expropiación, el miedo a la persecución y la arbitrariedad fiscal, el miedo a la pérdida de la libertad de expresión y de movimiento, el miedo de una persona libre a convertirse en títere o muñeco de funcionarios autoritarios y resentidos.

La historia política mundial está lamentablemente y en gran parte marcada por las decisiones y acciones de gobiernos que obligan a ciudadanos atemorizados a vivir y trabajar en determinados moldes que esos gobiernos imponen discrecionalmente por la fuerza. Quienes se niegan a ser sí moldeados son retratados como enemigos públicos y perseguidos abierta o secretamente, ya que constituyen un elemento de posible “contagio” y ejemplo indeseable de resistencia. Por un lado, el heroísmo cívico, caracterizado por el amor a la patria y a las libertades republicanas y como el esfuerzo por proteger y defender esos valores, es catalogado por sus detractores como un interés de clase  o una ideología sin permiso, y denunciado sistemáticamente como una traición. Por el otro lado, el heroísmo económico, caracterizado por el esfuerzo de emprendedores y empresarios por crear riqueza genuina a pesar de innumerables obstáculos, y con ella crear trabajo y bienestar general, es vilipendiado o reducido a una fuente de recursos para saciar la creciente voracidad fiscal. A la larga, ni héroes ni villanos logran triunfar, y la sociedad se asimila a esa jungla hobbesiana signada por una lucha constante y la eventual decadencia. Tal es el resultado inevitable de la política del miedo.

Contra este resultado ha luchado el liberalismo clásico en tanto doctrina política que busca asegurar las mejores condiciones posibles para proteger las libertades individuales de las agresiones de los gobiernos. Las recetas institucionales liberales que posibilitan el éxito en dicha tarea son variadas y bien conocidas: separación del poder, soberanía individual, primacía de la paz, mercados libres, igualdad ante la ley, etc. Algunas de las recetas motivacionales que subyacen a las instituciones son más difíciles de adoptar: respeto mutuo, actitud de diálogo, benevolencia desinteresada, pluralismo de ideas, etc.

En definitiva, el orden social de la libertad bajo la ley ha sido la contribución más destacada de la tradición intelectual liberal, y el principal blanco de aquellos gobiernos en los cuales el antagonismo y el miedo reemplazan al diálogo y a la seguridad que otorga la vigencia de la ley. Regresar a la libertad implica, por ello, minimizar el miedo que inspira todo gobierno.

Alejandra M. Salinas es Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Doctora en Sociología. Fue Directora del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de ESEADE y de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas. Es Secretaria de Investigación y Profesora de las Asignaturas: Teoría Social, Sociología I y Taller de Tesis de ESEADE.

La argumentación incompleta

Por Eduardo Filgueira Lima. Publicado el 23/7/12 en: http://cepoliticosysociales-efl.blogspot.com.ar/2012/07/la-argumentacion-incompleta.html

Después de un corto período de silencio, nuestro carismático Vice-Ministro de Economía Axel Kiciloff, reapareció ante los medios para expresarse sobre diferentes aspectos de nuestro quehacer económico (Ver aquí).
 
 
Y no es el caso referirse a las “formas” poco académicas – a las que nos tiene acostumbrados y que también esta vez acuñó (“paparruchadas”,…. “cacareo”,…etc) – sino analizar su endeble contexto argumental.
 
Dijo – reconociendo implícitamente que ahora a la Argentina “no le va bien” – que son los agoreros de siempre (la oposición y muchos economistas), los que tienen “mala intención” cuando cuestionan la marcha del Plan Económico oficial y que “hacen daño porque hay personas que todavía los escuchan”.
 
Parecería que a este arribista le molestan las opiniones diferentes,… precisamente las que podrían enriquecer su discurso y pensamiento,… las que le permitirían modificar – si así su amplitud de criterio se lo permitiera – el tortuoso camino por el que el desmanejo de las políticas económicas del  gobierno del que forma parte, nos conducen.
 
 
Pero es mucho pedir a quien como él se mantiene cerrado a nuevas opciones y pensamientos, así como aferrado a la defensa a ultranza de posiciones perimidas que ya han mostrado su fracaso – de diferentes formas – en muchos países. (Me refiero puntualmente a las consecuencias a largo plazo del tan extendido y arraigado pensamiento Keynesiano). 
 
Lo que a Kiciloff le cuesta aceptar es que todas las intervenciones que ha efectuado este gobierno han sido políticas económicas expansionistas del gasto público más allá de lo deseable – recurriendo al saqueo, la expropiación y el endeudamiento (sin mencionar la emisión) – para su reparto discrecional a los fines de lograr las adhesiones de sus “beneficiados” por un lado y centralizar el poder político, con sumisión de los otrora caudillos territoriales, ahora dependientes y expectantes.
 
Finalmente la economía “pasa la factura”: el déficit fiscal ya es verdaderamente preocupante,.. y las medidas han sido crecientemente restrictivas al intercambio comercial, detrás de la hoy incomprensible premisa de “sustituir importaciones”, en un mundo globalizado, cuando “no se puede sustituir todo” y en el que los intercambios no son de “suma 0”, sino de “suma positiva”.
 
Se han apropiado de las AFJP (una enorme y apetecible caja), de AA, de YPF y en cada caso hicieron caso omiso de las advertencias,… solo querían hacerse de los fondos para mantener el gasto que demandan sus políticas.
 
Ahora le toca el turno del APE (disuelto recientemente), con un presupuesto anual de $ 1.200 Millones, cuya función era la de financiar mediante reintegros el tratamiento de patologías de “Alto costo y baja incidencia” a los pacientes afiliados a las Obras Sociales Nacionales (o Sindicales). Y ello no revestiría mayor importancia si lo dispuesto fuera para mejorar la asistencia de los pacientes que así lo necesiten,.. pero todo va en la dirección de suponer que – como todas las acciones de este gobierno – servirá en principio para financiar su “plan económico” y secundariamente beneficiar discrecionalmente a los sindicatos “amigos”. Con seguridad no será la salud de los pacientes su primer objetivo.
 
Son muchos ya quienes alertan al gobierno sobre las consecuencias de políticas económicas expansionistas (hasta el descontrol del gasto público, que supera hoy al 45% del PBI) y genera un déficit fiscal siempre nocivo no solo por lo ineficiente (aunque se anuncien todos los planes “inclusivos” ¿¿?? que se inventen) y que además un día habrá que pagar, pues este endeudamiento, como la emisión descontrolada, o los controles a las importaciones y al libre comercio, compromete además de los recursos de hoy, los de las generaciones futuras.
 
No se trata de que la población sea artera en sus decisiones. Se trata de seres “racionales” que perciben el deterioro creciente – no solo el económico, sino y subsecuentemente el social y el político – por lo que se protege de la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda y por ello recurre al dólar como reserva de valor.
 
Tampoco la gente es tonta para cuidar el fruto de sus ahorros y a la hora de invertir se pregunta ¿cómo? ¿en qué actividad?, ¿dónde?,.. con la idea de obtener cierta rentabilidad que por lo menos lo cubra de la inflación, hoy por todos reconocida,… espiral inflacionaria, que ya nos hace perder “las señales que suministran los precios,… quedando hoy casi sin referencias”. 
 
Y como no encuentra respuestas – y la calidad de nuestras instituciones tampoco le ofrece garantías suficientes – entonces se reduce la inversión, se frena el consumo y eso a costa de la denostada “fuga de capitales”. Un final que Keynes desmereció y a cuyas puertas nos encontramos: la “estanflación”
 
Kiciloff argumentó también contra los dichos de los “agoreros”: “cuando la economía crecía al 9% anual era por las buenas perspectivas del mundo y si a la Argentina le va mal no es por el mundo sino por las medidas del Gobierno”.
 
Y resulta lamentable la argumentación que utiliza, por que “resulta incompleta”[i]. Atribuye resultados (efectos) diferentes a la misma (supuesta) causa. Y no solo la misma causa puede tener diferentes efectos,… sino que diferentes efectos pueden ser producto de la misma o diferentes causas. Ello es como decir: “Juan tiene fiebre por su gripe y Pedro que tiene dolores musculares debe también debe estar engripado.” O también: “Juan tiene fiebre por su gripe, como Pedro también tiene fiebre es seguro que también está engripado”.
 
Es casi risible – sino fuera dramático – que un funcionario que tiene a su cargo funciones de tanta responsabilidad, utilice argumentos tan irresponsables y absurdos. ¿O es que no pudiendo razonar supone que tampoco nosotros podemos hacerlo?
 
Su frase (habiendo reconocido tardíamente que “no estamos tan bien” como se nos hacía suponer desde las fuentes oficiales), tal vez de ser sincera debió ser: “….cuando la economía crecía al 9% anual era por las buenas perspectivas del mundo y si a la Argentina hoy le va mal no es solo por el mundo, sino también y fundamentalmente por las medidas del Gobierno,….”
 
Pero esperar de este funcionario tal grado de honestidad intelectual resulta un supuesto exagerado y lo real es siempre posible, lo contrafáctico resbala en el terreno de la especulación.

 Eduardo Filgueira Lima es Médico, Magister en Sistemas de Salud y Seguridad Social,  Aspirante a Magister en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE y Profesor Universitario.

 

¿Empresas estatales o empresas de los políticos?

Por Alejandro A. Tagliavini: Publicado el 1/5/12 en http://america.infobae.com/notas/49541-Empresas-estatales-o-empresas-de-los-politicos

Dejando los efectos de la demagogia, los apoyos a la expropiación de YPF, la filial argentina de la petrolera Repsol, son interesados. Hace años, un exitoso empresario argentino del área de los insumos para la extracción de petróleo quedó en la ruina. Asombrado ante tamaña caída, pregunté a sus amigos y la respuesta fue contundente: con el “contacto adecuado”, le vendía a la YPF del gobierno (cuya ineficiencia era paradigmática: una de las pocas petroleras en el mundo que daba pérdida) insumos de bajo costo y mala calidad a precios exorbitantes. Privatizada, con dueños reales que cuidaban sus gastos, el empresario en cuestión quebró.

 El slogan demagógico sobre que el petróleo es un recurso estratégico que no resiste análisis. Sin petróleo, la industria resultaría severamente dañada, pero sin alimentación para los obreros, directamente desaparecería. Entonces, el Gobierno debería hacerse de grandes productoras de alimentos “estratégicos”, lo que hizo la URSS, provocando una hambruna descomunal con unos 2 millones de muertos hasta que decidió “privatizar” el 1% de las tierras cultivables que produjo el 35% de los cereales del país.

 ¿Por qué tanta diferencia en la eficiencia? Porque ésta es consecuencia exclusiva de la competencia, en el mercado, en tiempo real. Las empresas “estatales” no compiten, o porque el Gobierno les garantiza el monopolio o porque disponen de recursos del Tesoro que los libran de tener que pagar por la ineficiencia.

 Un seguimiento del desempeño de los ejecutivos de estas empresas estatales por parte de los gobernantes, además de irreal porque se los nombra por amistad y “lealtad”, es imposible ya que los políticos no evalúan en tiempo real, sino a través de decisiones burocráticas. 

 Que “son del pueblo” es un argumento infantil. Como viajero frecuente he tenido que volar en Aerolíneas Argentinas y veo lo de siempre: colados, amigos de los políticos y funcionarios (a veces sin siquiera un billete, emitido gratuitamente); jamás un pobre.

 Conclusión, el calificativo de empresas “estatales” es una pantalla para tapar el hecho de que son empresas de los políticos que deciden sobre ellas y que están ligados al pueblo sólo por unas elecciones esporádicas y manipuladas. En este sentido, cuando Cristina Kirchner dice, en el acto realizado en el estadio de Vélez Sársfield de Buenos Aires el pasado 27 de abril, que el Estado debe intervenir más en la economía, sin duda, quiere decir, como el Rey Sol (“L’Etat c’est moi“: “El Estado soy yo”), que el Estado es ella.

 Sí son del pueblo las pérdidas que originan las compañías de los políticos, solventadas por vía impositiva, impuestos que, cuanto más pobre, más golpean; ya que cuanto más elevado es el poder económico de la persona, mayor capacidad tiene para trasladar las cargas hacia abajo, subiendo precios, bajando salarios, etc. En definitiva, las empresas de los políticos (éste es su calificativo técnicamente real) son organizaciones que sirven a los intereses privados de los funcionarios, solventadas principalmente por los más pobres.

 Las empresas del mercado sí responden en tiempo real al consumidor (las personas). Empresas estratégicas y del pueblo (reales, sin demagogia estúpida) son las petroleras de los EEUU, que abastecen al mayor mercado consumidor del mundo a precios 20% menores que en la Argentina y con tanto crecimiento que trabajan extensamente en el exterior, reportando grandes ganancias al país. ¿Cómo lo lograron? No sólo con empresas privadas y mercado desregulado sino con algo clave: el subsuelo en manos eficientes, en manos del pueblo, en manos privadas.

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

 

Guía para comprar empresas gratuitamente: el caso YPF argentino:

Por Pablo Guido; Publicado el 27/4/12 en: http://chh.ufm.edu/blogchh/

La semana pasada el gobierno argentino decidió enviar al Congreso un proyecto de ley para expropiar el 51% de las acciones de la empresa hidrocarburífera YPF. Dichas acciones están en manos de la empresa Repsol. Los detalles están explicados en post de la semana pasada.

 La constitución argentina contempla, en su artículo 17, la posibilidad de expropiar por parte del Estado: “…La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada…”. Es decir, se puede expropiar legalmente pero hay que pagar. Hoy los activos de la empresa YPF tienen un valor de mercado (precio de la acción multiplicado la cantidad total de acciones) de unos 5.500 millones de dólares. Hace un par de meses se ubicaba en unos 20 mil millones. ¿Qué pasó? Se desplomó el precio de las acciones como consecuencia primero de los rumores de expropiación y luego la confirmación de la misma.

 Desde hace una semana se rumoreaba y parece que tiene una alta probabilidad: el gobierno argentino no pagaría nada por la compra compulsiva del 51% de YPF. Según la ley argentina que regula este tipo de situaciones (Ley Nº 21.499) la valuación de una empresa que es expropiada debe realizarla el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Según la norma que regula este ente público menciona que los 12 miembros del tribunal son designados por el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, el presidente del país. Me pregunto, desde la absoluta ignorancia: ¿cómo puede ser que las personas que valúen el monto que hay que pagarle a una empresa expropiada por decisión del Poder Ejecutivo Nacional sean seleccionadas por el mismo Poder Ejecutivo Nacional? ¿No hay incompatibilidad de intereses en esta situación?

 Otra pregunta: ¿cuál será el efecto sobre el flujo de inversiones que se realicen a partir de ahora hacia la Argentina? La decisión del gobierno: ¿incentiva o desincentiva la llegada de inversiones? ¿Y la fuga de capitales, aumentará o disminuirá? Sabemos que las inversiones son clave para mejorar  la productividad y, por  lo tanto, los niveles salariales de la población ocupada. Por lo tanto, la percepción que tengan los potenciales inversores del planeta respecto al “clima” de negocios en Argentina es relevante para pronosticar lo que puede pasar con los ingresos reales de millones de personas.

 El editorial del fin de semana de La Nación: no fue una expropiación, sino una confiscación.

Pablo Guido se graduó en la Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE. Es Doctor en Economía (Universidad Rey Juan Carlos-Madrid), profesor de Economía Superior (ESEADE) y profesor visitante de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). Investigador Fundación Nuevas Generaciones (Argentina). Director académico de la Fundación Progreso y Libertad.

El límite está en la economía

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 21/4/12 en http://www.economiaparatodos.com.ar/ver_nota.php?nota=3443
 
La expropiación de YPF es solo un paso más de un gobierno que avanza sin límites sobre los derechos de propiedad y el orden republicano. La indiferencia de la gente frente a estos avances hace pensar que el límite está en la economía.
Si bien el gobierno no deja macana por hacer en materia de política económica, hay que reconocer que esas macanas apuntan a sostener su poder político. Hoy vemos como, encandilada por televisores, autos y celulares, una mayoría relativa le otorgó un cheque en blanco a Cristina Fernández que, por ahora, lo sabe usar muy bien. No porque esté generando políticas sustentables de largo plazo, sino porque está acumulando un poder que anula el sistema republicano y tiende a una autocracia cada vez más marcada.
Cristina Fernández tiene el monopolio de la fuerza. Muy pocos confían en la justicia y el parlamento está controlado por sus seguidores que votan sin chistar cuanto proyecto de ley le envía el Ejecutivo. En definitiva, Cristina Fernández detenta hoy un poder casi absoluto. Ese poder absoluto determina que aquellos que no comparten la política del gobierno tengan miedo de hablar. No digo en público solamente, sino por teléfono. Por mi profesión de asesor económico son muchas las charlas telefónicas que tengo y la gente tiene pánico a ser escuchada por miedo a tener sus teléfonos intervenidos. Hasta en los mails se observa ese temor. La gente se siente observada y controlada. La impunidad con que se mueve el gobierno puede llegar a límites inconcebibles. ¿Será cierto que en la Secretaría de Comercio, a los empresarios que van a tramitar un permiso de importación, los atiende el Sr. 12, 34, o 17? ¿Será cierto que no dan a conocer sus nombres y se manejan con números?
Lo concreto es que Cristina Fernández interpreta que el 54% de los votos que obtuvo en octubre pasado la autoriza a utilizar esa mayoría circunstancial para imponer leyes que pueden ser sancionadas por el Congreso pero que no tienen legitimidad. Y cuando digo que no tienen legitimidad quiero decir que una ley, por más que sea votada por la totalidad de los miembros de la Cámara de diputados y senadores, no pueden violar el derecho a la libertad y a la propiedad. Nadie decide pertenecer a una sociedad para ser sometido como un esclavo por el monopolio de la fuerza del Estado.
Las personas están dispuestas a sacrificar parte de sus ingresos y mantener un Estado para que éste defienda sus derechos, no para que los viole. El problema se presenta cuando, ya estando dentro de la sociedad, una mayoría relativa le otorga poderes a una persona para que use el monopolio de la fuerza a su antojo, por más que los fundamente en leyes ilegítimas, y someta a la población con el monopolio de la fuerza que le fue delegado para otra cosa. Y en este punto insisto una y otra vez: las leyes votadas por una mayoría no son legítimas cuando violan los derechos de las personas.
La estatización de YPF, más allá de si cumplió con las inversiones comprometidas o no, es solo un paso más en ese contante avance del Estado sobre la propiedad privada y explica la fuga de capitales que tiende a acelerarse. Basta con ver como escaló el dólar contado con liquidez para advertir que la gente entró nuevamente en pánico ante esta arremetida estatizadora. Puesto en otros términos, la estatización de YPF es otro paso más en la aplicación de políticas que buscan sostener el poder político del gobierno aún violando el derecho de propiedad.
Recordemos que los intentos por avanzar sobre los derechos de propiedad incluyen a la fallida 125, la confiscación de los ahorros en las AFJP, la apropiación de reservas del BCRA y luego la reforma de la Carta Orgánica, la prohibición de ejercer toda industria lícita como es la de importar o vender los bienes que uno produce al precio de mercado y mil formas más de intervencionismo y estatismo.
Cristina Fernández sabe que solo puede sostenerse en el poder si mantiene económicamente conforme a unos 10 u 11 millones de electores. Si uno mira la última elección, sobre 28,7 millones de electores, Cristina Fernández obtuvo 11,6 millones de votos que representan el 40% del electorado. Es decir, entre los votos en blanco, los impugnados y los que no van a votar, Cristina Fernández necesita el apoyo de unos 10 millones de personas para alzarse con la victoria. El resto, por una oposición incompetente, por desidia de la gente o lo que sea, queda sometida a los caprichos del kirchnerismo.
Debo reconocer que buena parte de la oposición tampoco se diferencia tanto de las propuestas kirchneristas. Puesto en otros términos, ofrece una especie de kirchnerismo bueno. Basta con ver cómo van a votar por la estatización de YPF y sus discursos en los medios para advertir que tampoco es que ofrecen una propuesta tan diferente. El gran interrogante es si existe demanda para una propuesta totalmente diferente. Me pregunto si prendería en el electorado un discurso que hable de la cultura del trabajo, de lo denigrante que son los llamados planes sociales, de las ventajas de participar del comercio internacional e integrarse al mundo, de los beneficios de la competencia, de la seguridad jurídica para atraer inversiones y generar más puestos de trabajo, en fin ¿prenderá en el electorado un discurso sobre la libertad que debe imperar en un país para que pueda desarrollarse la capacidad de innovación de la gente y de esta forma progresar? Francamente no tengo una respuesta categórica al respecto. Por ahora me inclino a pensar que esos 10 millones de votantes están más cómodos recibiendo una asignación universal por hijo, un subsidio, el empresario PYME feliz de no tener que competir con productos del exterior y grandes empresarios haciendo suculentos negocios con el Estado…hasta que se convierten en enemigos.
Lo cierto es que la base de apoyo de Cristina Fernández, que le permite arremeter contra la propiedad privada y atemorizar a la gente con el aparato de compulsión del Estado, es mantener relativamente tranquilos a esos 10 millones de votos que le otorgan la mayoría dada lo impresentable de la oposición y sus divisiones y vedetismos.
Si se acepta la tesis de los 10 millones de votantes conformes, entonces, lo que cabe esperar es que, ante la creciente escases de recursos para mantener contento a esos 10 millones de electores, en el futuro veamos nuevas confiscaciones y avances sobre los derechos de propiedad. Los que producimos todos los días en base a nuestro esfuerzo sin privilegios ni subsidios, tendremos que redoblar nuestro trabajo para sostener a esos 10 millones de personas. Y creo que la tarea va a ser agotadora porque al esfuerzo diario se le agregará las trabas que impone el Estado con su intervencionismo y creciente apriete fiscal.
El único límite que le veo al poder absoluto que ostenta el kirchnerismo, es la economía. En la medida que no se generan los recursos necesarios para mantener contento a los 10 millones que viven a costa de los que producen, el escenario político y social puede complicarse seriamente para el gobierno. Ellos saben que solo pueden seguir con este atropello institucional solo si redoblan continuamente la apuesta expoliando a los que producen y confiscan flujos e ingresos en nombre de la solidaridad social y la soberanía nacional.
El gran interrogante es el siguiente: ¿cómo reaccionaría el kirchnerismo ante un escenario de descontento social si cada vez hay menos recursos para repartir? ¿Utilizará la fuerza pública para disciplinar a los descontentos acentuando al autoritarismo o buscará alguna salida decorosa denunciando conspiraciones que no los deja gobernar?
Francamente no tengo la respuesta al interrogante del párrafo anterior, pero lo que sí me queda claro es que, por ahora, el único límite que le veo a esta destrucción de la república es la economía. Si la economía no les financia la fiesta de consumo, se acaba el apoyo de los 10 millones para los que gobierna el kirchnerismo.
Seamos sinceros, si bien es necesario insistir en el valor de las instituciones y los beneficios de un gobierno limitado, a la inmensa mayoría de la población poco le interesa ese tema. El bolsillo manda a la hora de votar. Por lo tanto, reconozcamos que el kirchnerismo leyó muy bien el comportamiento de la mayoría de los argentinos y actuó en consecuencia para construir su poder en detrimento de la democracia republicana.     
En definitiva, como el límite está en la economía, me parece que antes de perder el apoyo de los 10 millones de votantes veremos nuevos avances sobre los derechos de propiedad y las libertades individuales. Salvo que obre un milagro, se vienen tiempos difíciles.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA)y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Argentina: ya vimos la película:

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 19/4/12 en: http://www.diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=7238

Me recibí en la facultad de economía en 1964, el 28 de diciembre, día de los inocentes. En 1968, recién llegado de una beca en la Foundation for Economic Education de New York, el entonces presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Alberto Servente, me invitó a que dictara un curso en el recinto principal de esa institución. Elegí como tema la necesidad de privatizar empresas estatales, circunstancias en las que esos centros políticos estaban desangrando al país, a pesar de lo cual, en esa instancia, la opinión dominante era que la sola propuesta de traspasar activos a manos privadas se consideraba traición a la patria. Mientras dictaba el curso, entre el público, mi mujer y uno de mis cuñados escucharon de boca de algunos de los asistentes -disgustados por mis reflexiones- referencias injuriosas y muy poco elegantes respecto a mi madre. Con el correr del tiempo se fue entendiendo y aceptando la idea, especialmente en ámbitos universitarios, pero en un momento dado se bastardeó tanto la privatización traspasando monopolios estatales a monopolios privados en el contexto de una alarmante corrupción y ensanchamiento del gasto público que ahora, cuarenta y cuatro años después de mi aludido curso, la Argentina vuelve a fojas cero, por eso remarco aquello del día de los inocentes.
 
Se acaba de anunciar la re-estatización de la petrolera YPF, expropiando la mayoría accionaria en manos privadas y ha sido designado como interventor un ministro acusado de corrupción secundado por un ideólogo marxista, una combinación ideal a ojos de los dromedarios estatistas de turno.
 
En esta ocasión me veo obligado a repetir lo que dije hace más de cuatro décadas en la referida Bolsa de Comercio de Buenos Aires, lo cual naturalmente produce una buena dosis de cansancio moral, por no decir extenuación intelectual al repasar puntos que en toda buena universidad se enseñan en seminarios introductorios al estudio de la economía, pero antes de eso formulo algunas consideraciones específicas sobre el rubro energético.
 
La situación argentina en esta área (y en otras) se debe principalmente a la machacona política de manipular compulsivamente tarifas. Cuando un precio se mantiene artificialmente deprimido, la demanda se expande mientras que la oferta se contrae (y, consecuentemente, las inversiones disminuyen hasta que, en su caso, debe recurrirse a la importación de energía para suplir el zafarrancho). En un arranque tragicómico, el gobierno argentino pretende resolver el problema con lo dicho y a la situación deficitaria de caja del momento agrega la necesidad de indemnizar a los accionistas (con o sin juicios) y hacer frente a los pasivos de la empresa confiscada en su porción mayoritaria.
 
Estas señales horrendas son recibidas por los proveedores del otro setenta por ciento del mercado energético, ya que la empresa de marras solo abastece el treinta por ciento. Esos signos de inseguridad jurídica mayúscula hacen que esas otras empresas naturalmente se abstengan de invertir, todo lo cual agrava el problema de la energía argentina.
 
En la era de Carter en Estados Unidos (quien se hacía sacar fotografías en mangas de camisa en verano al efecto de mostrar que no usaba aire acondicionado “para ahorrar energía”), se fijó un techo a los precios del petróleo lo cual hizo acelerar el consumo y aparecieron colas en las estaciones de servicio al tiempo que se obstruyeron las señales para encarar fuentes alternativas de energía, es decir, el peor de los mundos, lo cual fue criticado, entre otros, por el premio Nobel en economía Milton Friedman, el ex secretario del tesoro William Simon y el entonces presidente de Citicorp Walter Wriston quienes señalaron enfáticamente los peligros y contribuyeron a modificar drásticamente la política.
 
Hasta el modo en que algunos burócratas se refieren a temas energéticos revela desconocimiento de magnitud respecto a cuestiones elementales, como cuando aluden a las reservas petroleras extrapolando al futuro el precio y la tecnología presentes, sin percibir que la provisión de energía y su consumo se modifican completamente al modificarse el precio respectivo, consecuencia de situaciones cambiantes que refleja el mercado. En otros términos, como ha destacado Friedman “si quieren sobrantes de petróleo el gobierno debe fijar precios mínimos, si quiere faltantes debe imponer precios máximos, pero si se desea que oferta y  demanda se equilibren y las cosas funcionen bien, hay que dejar los precios libres”.
 
Creo que en buena medida lo que anquilosa las mentes es la idea de soberanía. Bertrand de Jouvenel en Los orígenes del estado moderno explica que el concepto del soberano como sinónimo del rey fue derribado al señalar la limitación natural de todo ser humano, sin embargo al trasladarse la idea al pueblo parece que el límite se franqueó con el resultado de que, en definitiva, volvió a recaer en el gobernante con un áurea más contundente y más fuerte que en la época de las monarquías absolutas. Esta idea atrabiliaria se aplicó a distintos bienes y así se declama sin rubor alguno que el petróleo pertenece a la soberanía popular, lo cual es tan idiota como sostener la soberanía de la zanahoria o el garbanzo. En el caso argentino, se ha llegado al extremo en el que el secretario de cultura (subrayo el cargo) lanzó al ruedo la peregrina noción de la “soberanía cultural” al efecto de dictaminar sobre la lectura de lo que conviene y lo que no conviene leer, es decir, una nueva versión del Index y la inquisición cultural.
 
Solo parapetados en conceptos de esa laya es que puede envolverse empresas estatales en el pabellón nacional alegando que se trata de “bienes estratégicos”, sin percatarse que cuanto más vital un bien más razón para que funcione bien y para que se desarrolle con todos los rigores del mercado sin privilegios de ninguna naturaleza.
 
Por supuesto que hay empresas que la juegan de privadas pero llevan a cabo sus negocios en los despachos oficiales y las hay que están sometidas al manotazo en sus flujos de fondos por parte de los aparatos estatales. Ninguna de las dos cosas representa el benéfico proceso de mercado: en un caso con ladrones de guante blanco y en el otro son víctimas del atropello del Leviatán.
 
Empresa estatal es una denominación que constituye una contradicción en términos puesto que no resulta posible simular y hacerse pasar por empresario, el cual arriesga recursos propios en la administración de los factores productivos, y si tiene éxito en satisfacer los deseos de los consumidores obtiene ganancias y en la medida en que se equivoca incurre en quebrantos, a diferencia de lo que sucede cuando se politiza el proceso, situación en la que la asignación de activos y conveniencia de pasivos opera a espaldas del mercado.
 
Más aun, la sola constitución de la llamada empresa estatal o la estatización de una privada inexorablemente significa derroche de capital puesto que, como todo no puede hacerse al mismo tiempo, se alteraran las prioridades de la gente (si se hace lo mismo que se hubiera decidido en el plebiscito diario del mercado, no tiene sentido intervenir y pueden ahorrarse los gastos administrativos correspondientes).
 
Incluso si por ventura la “empresa estatal” (en base a contabilidades confiables) arrojara ganancias, habría que preguntarse el por qué de ese resultado y si no estarán las tarifas demasiado altas. Por otra parte, la competencia tampoco es un simulacro: se está en el mercado con todo que ello implica o se está en la órbita política con todos los privilegios consiguientes (si se dijera que se abrogan todas las prebendas para “competir” no hay razón para mantener la empresa en el sector estatal).
 
Se suele argumentar la conveniencia de estatizar porque las privadas “no reinvierten lo suficiente” y las extrajeras giran sus utilidades al exterior. Toda actividad empresaria que se mantiene a flote en el mercado sin privilegios ofrece bienes y servicios que mejoran la situación de los consumidores. Lo que hacen con el resultado de esa mejora dependerá de las condiciones económicas del país en cuestión y, sobre todo, de su marco jurídico. De todos modos, como queda dicho, los beneficios para el consumidor ocurren, la contrapartida debe ser analizada por cuerda separada, ya se sabe que sería más atractivo que todos los capitales del orbe inviertan en cierto país, pero es harina de otro costal.
 
Todas estas consideraciones son aplicables a las empresas mixtas en la parte que corresponde al aporte estatal (léase compulsivamente de los contribuyentes) y si se recluta el capital privado en base a exenciones y otras canonjías debe extenderse el análisis también a esa parte.
 
No es que los burócratas sean malas personas y los que se desempeñan en el sector privado sean por su naturaleza buenas, ni que en un caso sean profesionales de menor calado que en el otro, se trata de incentivos. La forma en que se prenden las luces y se toma café es distinta en un caso que en otro. Lo que es de todos no es de nadie y aparece indefectiblemente la “tragedia de los comunes”.
 
El economista decimonónico Frédéric Bastiat nos recuerda que el análisis de estas cuestiones requieren de una visión muy amplia al efecto de prestar debida atención “a lo que se ve y a lo que no se ve”. Se ve un edificio estatal reluciente en mármoles y otras delicadezas para cobijar funcionarios en reparticiones varias (que, además, suelen emprenderla contra actividades pacíficas y voluntarias), pero, en cambio, lo que no se ve son los faltantes de biberones y leche como consecuencia que los recursos fueron a parar al mencionado edificio.
 
La transferencia de activos de las llamadas empresas estatales al sector privado puede realizarse a través de licitaciones abiertas al mejor postor, venta en el mercado de capitales si se encuadrara en la figura de la sociedad anónima o directamente la entrega sin cargo de acciones a residentes bajo diversos procedimientos que han sido aplicados en otros países.
 
Desde luego que lo dicho es aplicable a todas las empresas en manos del estado incluyendo bancos, los cuales en la medida en que otorgan créditos subsidiados acentúan el derroche de capital que hemos mencionado y, por tanto, contribuyen a reducir salarios e ingresos en términos reales puesto que éstos solo puedan elevarse como consecuencia de las tasas de capitalización.
 
En resumen, casi todo lo que viene ocurriendo en la Argentina es la repetición de políticas populistas que se enancan a la agresión al poder judicial y a la prensa independiente en la esperanza de poder arrasar con más facilidad con lo poquísimo que queda de la tradición alberdiana, que desde la organización nacional hasta la incursión del fascismo socialista hizo de la Argentina uno de los países más prósperos del orbe. Ya vimos la película de lo que hoy sucede, esperemos que se reaccione a tiempo antes de que sea tarde y nos convirtamos en otra Venezuela o Cuba.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía, Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fué profesor y primer Rector de ESEADE.

 

YPF y la Incertidumbre de Régimen

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 17/4/12 en: http://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2012/04/17/ypf-y-la-incertidumbre-de-rgimen/

Se ha dicho mucho en las últimas 24hs sobre la decisión K de expropiar YPF. Independientemente de cómo se quiera llamar a esta medida, qué adorno institucional se le de en la escribanía que se ha vuelto el Congreso argentino, y qué retórica K se use, el caso es que en cuestión de minutos el gobierno se ha hecho cargo de facto de una de las empresas más grandes del país.

No conozco los detalles del mercado de energía en Argentina. Tampoco conozco en detalle cual debería haber sido el camino legal si el estado está interesado en ser accionista de la empresa, pero claramente no es lo que sucedió ayer. Este caso ilustra el efecto del “regime uncertainty” que Bob Higgs ha estudiado en la Gran Depresión.

No hay ningún secreto sobre a qué se debe el crecimiento y desarrollo en los países. Desde que Adam Smith publicó su Riqueza de las Naciones la respuesta es clara y concisa. No hace falta más que ver la historia de los distintos países para tener una ilustración de este fenómeno. Quiero usar el caso de Repsol YPF para ilustrar 4 puntos:

  1. El crecimiento y desarrollo no es fácil. Requiere de recursos, trabajo, acumulación y administración de capital, etc. Todo esto sucede en un entorno de incertidumbre. El productor no sabe a ciencia cierta cuál va a ser el retorno que va a recibir, ni por cuanto tiempo el mercado en el que opera será rentable. Pero esta incertidumbre sucede dentro de ciertas reglas de juego, o régimen. Distinto es al caso cuando la incertidumbre cae sobre las reglas de juego, y no dentro de ellas. ¿Se levantará el presidente algún día con ganas de expropiar una compañía? Si no hay recursos… ¿ajustará gastos e ingresos o decidirá expropiar los fondos de los futuros jubilados? Durante el New Deal, empresarios americanos se encontraban con un alto grado de incertidumbre de régimen dado que muchos de ellos veían posible que el país se volviese la segunda Unión Soviética. No sorprende que ante ese nivel de incertidumbre la economía no se recuperase. En las últimas 24hs han salido notas en el Financial Times, CRMonitor, Free Exchange de The Economist (y posiblemente otras) preguntándose si Argentina no se está volviendo la próxima Venezuela. Indistintamente de qué tan cierto pueda o no ser ese análisis, el hecho es que así es como se ve el país desde el mundo, y evidentemente este nivel de incertidumbre no atrae inversiones, sino oportunismo.
  2. No es sorpresa, entonces, que en este clima las inversiones que vienen al país no sean de largo plazo, sino inversiones con intenciones de corto plazo sin interés de desarrollo a largo plazo, dado que el largo plazo en Argentina parece estar muerto. Estas políticas atraen a los típicos “empresarios” que tanto suelen criticar los populistas y los críticos del “capitalismo corrupto o de amigos.” ¿Qué inversiones puede atraer un país que en su prontuario reciente cuenta con situaciones como el caso Skanska, la valija de Antonini Wilson, la bolsa de Felisa Micelli, los fondos del gobierno desviados por Shocklender y las Abuelas de Plaza de Mayo, la nacionalización de los fondos privados en las AFJP, los billetes de Boudu, la performance de Aerolíneas Argentinas? El Indec es el caso más explícito de un gobierno que le falta a la verdad a sus propios ciudadanos. Es un gobierno que ignora los fallos de la Corte Suprema y el Congreso, supuesto órgano de control del ejecutivo, mira para otro lado.
  3. Es común escuchar la retórica de los “intereses nacionales,” los “recursos del país” y otros similares. No hay ningún beneficio económico particular en que una empresa sea de capitales nacionales o extranjeros. La economía no posee fronteras, las fronteras son una cuestión política, no económica. La riqueza se encuentra en la producción eficiente de bienes y servicios, no en el dinero. Así y todo, este dinero “expatriado” vuelve al país vía exportaciones por parte del país “expropiador de dividendos.” Pero más allá de estos detalles, el mayor problema es que esta actitud no es libre de influencias nacionalistas. ¿Cómo se sustenta este tipo de posición de intereses nacionales sin nacionalismo? Los nacionalismos han creado más problemas que beneficios a lo largo de la historia.
  4. Un último punto sobre la “expatriación de dividendos.” Sólo pueden girarse dividendos en la medida que haya inversiones previas. Las inversiones deben financiar los costos operativos, y sólo después de cubrir estos costos se pueden girar dividendos, que es la tasa de retorno de los accionistas. Para verlo en números redondos, un retorno del 10% implica que por cada dólar de dividendo se han invertido 10USD. Dado que los dividendos se pueden distribuir luego de cubrir los costos operativos, esta inversión permite el pago de proveedores, empleados, etc. Aquel se opone a que se giren dividendos, en los hechos se opone a 10USD de inversiones extranjeras por cada dólar de dividendos.

Es un auto-engaño ver en este tipo de medidas un futuro próspero. Crecimiento y desarrollo es un proceso de largo plazo, en el corto plazo, en el día a día, incluso en el año a año, los efectos nocivos no se ven de manera clara. Para cuando estos efectos son innegables, el tiempo ha pasado, y el costo de alcanzar al resto de los países que no se han vencido a la tentación política de corto plazo no ha hecho más que agrandarse, no sólo en recursos, sino en años.

Argentina no necesita un cambio de gobierno, sino un cambio de estructura de Estado. Un gobierno que puede operar por encima de la ley no es un gobierno que funcione bajo un orden republicano. La división de poderes, el estado de derecho y la república no es una cuestión de papeles, es una cuestión de hechos y actitudes que durante la era K han brillado por su ausencia. Los resultados de la falta de principios repúblicanos y estado de derecho están a la vista: alcanza con mirar la correlación entre libertad económica y bienestar económico.

Nicolás Cachanosky es Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE), y Doctorando en Economía, (Suffolk University). Es profesor universitario.