Falacias que se reiteran sobre la idea de pobreza

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 10/4/2en: https://www.infobae.com/opinion/2021/04/10/falacias-que-se-reiteran-sobre-la-idea-de-pobreza/

Cuando comprendamos que el bienestar no depende de magias ni de decretos voluntaristas, recién entonces estaremos en condiciones de abrir las puertas al progreso, muy especialmente para los más necesitados

 Alexander Solzhenitsyn

Alexander Solzhenitsyn

Es sabido que pobreza y riqueza son términos relativos: todos somos pobres o ricos depende con quien nos comparemos. Pero en esta nota centramos la atención en aquellos que no tienen para atender sus necesidades básicas, un concepto que naturalmente remite a lo absoluto y deja de lado posiciones relativas. Sin duda un problema grave.

En este contexto caben distintas observaciones. En primer lugar, refutar la machacona idea de sostener que la pobreza así definida conduce a la delincuencia. Esta afirmación constituye un agravio para nuestros ancestros puesto que todos descendemos de las cuevas y la miseria más espantosa de lo que no se sigue que provengamos de delincuentes. Más aun, es muy frecuente constatar que personas muy modestas en su condición económica cultivan valores de respeto recíproco, mientras otros con ingresos suculentos revelan conductas inmorales por donde se los mire. En otras palabras, los principios éticos que se adoptan no tienen relación causal con el bolsillo, tienen que ver con el cultivarse como seres humanos.

En segundo término, se ha dicho que el populismo cala hondo en lugares pobres, lo cual no ocurre en zonas opulentas o que cuentan con ingresos mayores. Esto tampoco es cierto: antes que nada debemos percatarnos que los países ricos fueron pobres y no abrazaron el estatismo cuando se enriquecieron, de lo contrario hubieran seguido siendo pobres. Otra vez se trata de valores y principios que además de conducir a la decencia conducen a la prosperidad.

En tercer lugar, es pertinente subrayar que también se insiste que la pobreza invita a un clima de planes sociales lo cual atenta contra la cultura del trabajo. Sin duda que los llamados planes sociales -esto es la entrega por parte de los aparatos estatales de recursos sustraídos compulsivamente del fruto del trabajo ajeno- degradan la noción del propio esfuerzo al tiempo que crean dependencia malsana con políticos demagogos e inescrupulosos y acentúan inexorablemente la pobreza. Pero esto no es exclusivo de los pobres, a muchos ricos también los estatistas les otorgan planes sociales encubiertos, solo que con otro nombre: se llama proteccionismo aduanero, mercados cautivos, créditos subsidiados, exenciones fiscales, “salvatajes” de deudas, dádivas y privilegios de todo tipo a expensas de los trabajadores que no tienen poder de lobby.

Y ahora viene el tema de fondo, cuál es el procedimiento para reducir la pobreza. En otras oportunidades he escrito sobre este tema crucial pero se hace necesario insistir en vista de la reiteración de falacias en esta materia.

Los derechos individuales son anteriores y superiores a la existencia de los gobiernos y proceden de las características de la condición humana que requieren de facultades para usar y disponer de lo propio para poder seguir sus proyectos personales de vida. Igual que las rosas y las piedras, el ser humano cuenta con características que definen su especie. Nadie debe ser utilizado como medio para los fines de otros, puesto que el ser humano es un fin en sí mismo. Los “balances sociales” con la intención de establecer peculiares utilitarismos son del todo improcedentes y conducen a las mayores arbitrariedades como cuando se pretenden sopesar ventajas de mayorías circunstanciales frente a minorías indefensas. Los pseudoderechos son a todas luces contrarios al derecho.

Vivimos la era en la que se declama la defensa de los más necesitados pero simultáneamente se los afecta severamente con medidas altamente contraproducentes. Esto es así principal aunque no exclusivamente a través de las mal denominadas “conquistas sociales” que paradójicamente arruinan a los más vulnerables.

Según el Indec, la pobreza en la Argentina llegó al 42%Según el Indec, la pobreza en la Argentina llegó al 42%

Para comprender esta conclusión es menester aludir a la causa por la cual se elevan salarios e ingresos en términos reales. Se trata de lo que genéricamente se denomina tasas de capitalización que equivale a la inversión per capita, es decir instrumentos, maquinarias, equipos, instalaciones y conocimientos relevantes que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar rendimientos. A su vez, las inversiones provienen de ahorro interno y externo al país en cuestión, lo cual se maximiza en la medida en que se cuenten con marcos institucionales civilizados, en otros términos, el respeto a los derechos de propiedad de cada cual comenzando por la propia vida, la expresión del pensamiento y el uso y disposición de lo adquirido legítimamente.

En este contexto se hace necesario apuntar acerca del peligro del mal uso del significado del término “inversión”. Este concepto se refiere a la estimación individual respecto a recursos propios en cuyo contexto el sujeto en cuestión valora en más rendimientos futuros respecto a los presentes y, por tanto, opta por abstenerse de consumir para ahorrar y siempre el destino del ahorro es la inversión (son dos caras de la misma moneda). Es del todo inapropiado aludir a “la inversión” cuando los aparatos estatales se apoderan del fruto del trabajo ajeno, en ese caso se trata de gasto que puede ser corriente o destinado a activos fijos pero en ningún caso tiene sentido pretender que se trata de una inversión por los motivos antes señalados. Si un fulano le arranca la billetera a otro, carece por completo de sentido decirle que se lo “invertirá” por más que ese fulano forme parte del aparato estatal o sea un privado, en el primero caso podrá justificarse o no el gasto pero en ningún caso se trata de un proceso de inversión. En el lenguaje cotidiano hay un uso y abuso del concepto de marras.

Hoy está de moda criticar acérrimamente a tal o cual dirigente sindical por sus conductas aberrantes pero se deja en pie la legislación que hace posible contar con sindicatos ilegítimos en lugar de asociaciones libres y voluntarias y se mantiene en pie la figura de los “agentes de retención” que echan mano al fruto del trabajo de empleados para que no puedan usar sus pertenencias.

Una vez hechas estas aclaraciones queda claro que los salarios bolivianos resultan más bajos que los canadienses, no porque en el primer caso los empresarios son perversos y los segundos más generosos, se trata de tasas de capitalización distintas y eso hace toda la diferencia, lo cual no significa que las posiciones relativas sean irrevocables. Hay países que han tenido altas tasas de capitalización que luego han despilfarrado con lo que sus niveles de salarios han disminuido. Como queda dicho, todo depende de la calidad de los marcos institucionales imperantes.

En medios alemanes y estadounidenses prácticamente no existe servicio doméstico en los respectivos hogares. No es porque las amas de casa no requieran ayuda, es que las tasas de capitalización son de tal magnitud que no permiten contar con ese servicio pues deberían competir con salarios elevados en medios empresarios y equivalentes, situación que se torna imposible.

Es típico que en países de muy bajas tasas de capitalización, se lleven a cabo faenas como que a determinado sujeto lo abanican a la hora de la siesta cuatro personas, pero si esa misma persona se trasladara a una ciudad donde primen altas tasas de capitalización deberá abandonar de inmediato su costumbre pues los salarios para esa actividad resultan imposibles de afrontar.

Se ha mantenido erróneamente que los gobiernos deben regular contratos laborales puesto que “la desigualdad en el poder de contratación” pone de manifiesto que no resulta posible permitir que un millonario contrate con una persona que no tiene para llegar a fin de mes, a fin de la semana o a fin del día. Este análisis adolece del grave defecto que no toma en consideración que resulta a todas luces irrelevante lo abultado o lo débil de las respectivas cuentas corrientes o de los patrimonios netos de quienes contratan. Lo relevante, lo decisivo son las tasas de capitalización que obligan a pagar los salarios de mercado. Si un millonario llega a un pueblo y averigua cuanto cuesta pintar su casa pero sostiene que como cuenta con un abultado patrimonio pagará la mitad, por definición no pintará su casa. No es atingente si la persona en cuestión es muy rica o si está quebrada, el salario para pintar su casa es el que marca la tasa de capitalización.

También debe tenerse en cuenta que si a igual trabajo un empresario decide pagar más de lo que marca las tasas de capitalización, por un lado tendrá mayor oferta de trabajo de la que necesita y por otro procederá a derrochar sus recursos con lo que de persistir en esta línea tendrá contados sus días como empresario.

Es necesario señalar que allí donde las contrataciones laborales son libres no habrá desempleo, es decir, sobrante de aquél factor esencial para prestar servicios y para producir bienes. Esta situación para el trabajador normal (no para el que, por ejemplo, se encuentra en estado vegetativo o padezca deficiencias de tal naturaleza que no le permiten hacer nada) ocurre independientemente de la pobreza más extrema o la riqueza más exuberante en que se encuentre el medio en cuestión. En el primer caso los salarios serán reducidos y elevados en el segundo por en ningún caso habrá sobrantes de ese recurso humano esencial.

En realidad se observa desempleo en diversos países porque los arreglos contractuales no son libres. Al contrario, aparecen las mal denominadas “conquistas sociales” que indefectiblemente provocan desocupación puesto esto sucede cuando por decreto se colocan los salarios monetarios o no monetarios por encima de lo que permiten las tasas de capitalización. Y esto no debe verse solo en cuanto a los trabajadores marginales, si por ley se colocan salarios superiores a los que obtienen gerentes de finanzas, de personal o gerentes generales, ellos quedarán desempleados.

Habitualmente aquellas mal llamadas conquistas sociales se decretan con la mejor buena voluntad con la idea de proteger a los más necesitados, pues es de gran importancia percatarse que los perjudican grandemente. Así, por ejemplo, el salario mínimo, por definición superior al de mercado, barre con los que más necesitan trabajar. También hay “conquistas” que constituyen insultos a la inteligencia como el caso argentino del aguinaldo, esto es, el mes trece, sin percibir que inexorablemente se están pagando menos durante los doce meses del año para poder hacer frente al treceavo mes. En realidad sería interesante poder decretar que el año tiene cuarenta meses pero eso no es posible y así con en resto de las tristemente célebres conquistas sociales.

De más está decir que el salario que establecen las tasas de capitalización no aparecen dibujadas en el cielo, hay que averiguarlo. De todos modos, pruébese contratar una secretaria por la mitad del salario de mercado y seguramente durará hasta la hora del almuerzo del primer día laborable pues se informará inmediatamente que está subvaluada.

Esto que estamos comentando va muy especialmente dirigido al fenómeno de robotización en curso que permite liberar recursos humanos y materiales para destinarlos a cubrir otras necesidades imposibles de contemplar hasta el momento debido a que esos recursos estaban esterilizados en las áreas anteriores. Como es sabido los recursos son limitados frente a necesidades ilimitadas. Si estuviéramos en Jauja y hubiera de todo para todos todo el tiempo desaparecería el problema del trabajo. El empresario para lograr nuevos arbitrajes está incentivado a capacitar personal en las nuevas actividades. Salvando las distancias, es lo mismo que ocurrió con el hombre de la barra de hielo antes de los refrigeradores, o el fogonero antes de las locomotoras Diesel.

Los sindicatos como asociaciones libres y voluntarias juegan un rol apreciado por los afiliados lo cual implica la figura de la personería jurídica pero de ningún modo la figura fascista de la personería gremial que bloquea la libertad contractual. Del mismo modo, la huelga debe ser entendida como el derecho a no trabajar, lo cual se opone abiertamente a la intimidación y la violencia que dada tiene que ver con ese derecho.

Cuando comprendamos que el bienestar no depende de magias ni de decretos voluntaristas, recién entonces estaremos en condiciones de abrir las puertas al progreso, muy especialmente para los más necesitados. Tal como explica entre muchos otros Bruno Leoni, cuando comprendamos que el derecho no es fruto de la ingeniería social sino fruto de un proceso de descubrimiento, recién entonces comprenderemos el valor de marcos institucionales que garantizan el respeto recíproco. Recién entonces estaremos en condiciones de comprender el peligro del pseudoderecho.

Edmund Burke en 1756 escribió que “el disfrute seguro de los derechos naturales es el propósito último y más grande de la sociedad civil y por tanto toda forma de gobierno es solo buena si es consistente con ese propósito al que está enteramente subordinado”, lo cual, entre otros, fue tomado por Juan Bautista Alberdi en la publicación de su primer estudio de perspectiva jurídica en 1837 y luego en el contexto de su análisis económico en 1854. Esta es la manera de sacar a la gente de la pobreza y encaminarla al progreso: el respeto recíproco, en cuyo contexto es del caso recordar que en 2003 Alexander Solzhenitsyn resumió todo el problema del siguiente modo: “En diferentes lugares a través de los años he tenido que probar que el socialismo, que muchos pensadores occidentales dicen que es una especie de reino de justicia, es coerción, codicia burocrática, corrupción y avaricia”.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Monopolios estatales y privados

Por Gabriel Boragina: Publicado el 16/10/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/10/monopolios-estatales-y-privados.html

 

La palabra monopolio produce un casi instintivo rechazo en la mayoría de las personas a las cuales el término se les pronuncia. Es un vocablo sensiblemente antipático, que despierta connotaciones negativas y que prácticamente sin excepciones se identifica popularmente con la actividad empresarial privada o -en expresiones más generales- con todo lo que tenga que ver con el sector privado de la economía, sean estos individuos, comercios o empresas. Curiosamente, poca es la gente que tiene conciencia que acepta principalmente de buen grado otros tantos monopolios estatales, como -por ejemplo- el impositivo y el monetario. Parecería que las personas razonan de manera dual cuando de monopolios privados y estatales se trata. Conciben la existencia y nocividad de los primeros y la inexistencia o -en el peor de los casos- la necesidad y/o inevitabilidad de los segundos.

No obstante, como hemos aclarado otras veces, solamente hay dos únicos orígenes para la formación de cualquier monopolio: el favor del consumidor, o el amparo del gobierno. En el primer caso, cuando los consumidores deciden -en número mayoritario- centrar sus compras en el articulo «X» que fabrica el productor «A» por encima o con exclusividad al del resto de sus competidores, el Sr. «A» tendrá como resultado las que se llaman ganancias de monopolio, las que -en un mercado libre- lo único que indican es que los consumidores, en forma masiva, lo prefieren al resto de los competidores. Si el mercado es completamente libre, no habrá –para esos mismos consumidores- nada malo en ello, dado que el precio que ellos pagan por el articulo monopolizado siempre –en esas condiciones- se considera un precio de mercado, pero, en cambio, es bastante probable que entre los competidores del Sr. «A» se despierten ciertos recelos y sean estos -en definitiva- quienes envidien el buen éxito empresarial de aquel, sobre todo entre sus competidores menos afortunados, que -casi con seguridad- buscarán la manera de acudir al gobierno, directa o indirectamente, para limitar de alguna forma el monopolio de «A», a quien –seguramente- acusarán de «competencia desleal» o de una u otra falacia por el estilo.

Sin embargo, como -en líneas generales- nuestros mercados hace tiempo que ya no son libres, sino que (en menor o superior grado) sufren la intervención de los gobiernos, lo más frecuente es que los monopolios que conocemos a nivel mundial no sean fruto del mercado, sino encuentren su origen en el estado-nación, o bien, siendo inicialmente privados, operen bajo la protección -de hecho o de derecho- del gobierno del que dependan. Este último tipo de monopolios –por lejos los dominantes a nivel planetario- afectan de manera muy regresiva la distribución de ingresos, entre otros efectos muy perniciosos:

«La distribución de ingresos en el mercado debe distinguirse claramente de las rentas obtenidas fruto del privilegio y la dádiva. Los mercados cautivos, las exenciones fiscales, los proteccionismos aduaneros y los monopolios artificiales constituyen herramientas devastadoras que inciden negativamente en los más necesitados».[1]

Como ya habrá advertido el lector, el autor citado denomina al último tipo de monopolios que venimos comentando, como «monopolios artificiales», y su característica principal -acorde también se señala en la cita- es que estos nacen y se sostienen en el tiempo como fruto del privilegio y la dádiva. Creo que será de gran interés subrayar que existe un nexo causal entre los «mercados cautivos, las exenciones fiscales, los proteccionismos aduaneros» y los monopolios artificiales, dado que se tratan de medios que implementados -separada o conjuntamente- conducen a la formación de esta última clase de monopolios.

Lo que debe destacarse, es que todos los mecanismos indicados (y no indicados en la cita) solamente pueden ser llevados a cabo por obra y «gracia» de un gobierno. Exclusivamente por vía de una imposición legal, que puede provenir de un decreto, una resolución, un fallo judicial o una ley formal del gobierno, es que podría adjudicarse un determinado mercado a un particular empresario, productor o comerciante. En ausencia de la fuerza o coacción legal ello sería absolutamente imposible. No hay manera alguna de limitar la competencia sino es a través de los mencionados instrumentos «legales» (en donde la palabra legal no es de ningún modo sinónimo de lo justo).

Lo mismo cabe decirse respecto de las exenciones fiscales. Dado que los gobiernos son los únicos que detentan el monopolio legal de cobrar impuestos, de idéntica manera son también estos los únicos que poseen la facultad de decidir quién los paga y quién no lo hará. Al eximir el cobro del tributo a un determinado productor, comerciante o empresario le está otorgando indebida ventaja por sobre sus competidores, privilegio que -si se extiende en el tiempo y, a su vez, hacia otros gravámenes- puede ayudar a contribuir grandemente a consolidar una situación monopolística a los eximidos de tributar. En este punto, resulta de interés detenerse en la curiosa actitud de muchas personas que justifican tanto la existencia de los impuestos como de las exenciones impositivas. Se trata de un monopolio raramente cuestionado por la ciudadanía, si bien la generalidad trata de eludir -como sea- ser alcanzada por los efectos del mismo.  El monopolio de la moneda es un caso análogo al fiscal:

«En algunas oportunidades se ha argumentado en favor de la presencia gubernamental en el campo monetario sobre la base de que el dinero es un bien público. Como es sabido, la moneda no encaja en la definición de bienes públicos en relación a la noexclusión y la no-rivalidad. El activo monetario de una persona queda excluido de otra y el servicio de liquidez que reporta una unidad monetaria a una persona no la puede consumir simultáneamente otra. También se ha sostenido que el monopolio gubernamental del dinero reduce costos de transacción, pero basarse en esta conclusión conduciría al establecimiento de monopolios artificiales en todas las áreas (que además sacarían partida de la economía de escala) lo cual no permitiría la elección al consumidor quien al asignar sus ingresos está evaluando la relación costo-beneficio de contar con opciones y marcas múltiples.»[2]

[1]Alberto Benegas Lynch (h) «Economía, libertad y globalización». Especial para la Fundación Adenauer. Pág. 13.

[2] Alberto Benegas Lynch (h) Entre albas y crepúsculos: peregrinaje en busca de conocimiento. Edición de Fundación Alberdi. Mendoza. Argentina. Marzo de 2001. Pág. 141-142.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

El gobierno y los monopolios

Por Gabriel Boragina. Publicado el 2/5/15 en http://www.accionhumana.com/2015/05/el-gobierno-y-los-monopolios.html
Existe la idea generalizada de que el gobierno debe combatir los monopolios y oligopolios, y casi todos los políticos en sus discursos no sólo coinciden con este pensamiento mayoritario, sino que dedican buena parte de ellos a prometer a su electorado la más completa erradicación de tales «concentraciones económicas». En muchos casos, cuando efectivamente llegan al poder, promueven legislación contra monopolios y oligopolios. No obstante, no es difícil observar que unos y otros existen a pesar de tales declamaciones y leyes antimonopolios en la mayoría de los países del mundo.
La realidad es que, ya sea por ignorancia o mala fe, tales declaraciones son irrealizables. En este tema, parece ser mas por el segundo de los motivos que por el primero. En efecto, a los gobiernos les convienen los monopolios y oligopolios, ora estatales o privados por las siguientes razones:
En primer lugar, no tenemos que perder de vista que el monopolio/oligopolio más grande que existe en cualquier parte del mundo está conformado por los mismos gobiernos. Es a esto a lo que llamamos sintéticamente el monopolio político en nuestras exposiciones. Si consideramos a las tres ramas clásicas de los gobiernos modernos (ejecutiva, legislativa y judicial) podemos en esta cuestión hablar de un oligopolio constituido por tres poderes, cada uno de los cuales detenta un monopolio particular: uno de crear las leyes (legislativo) otro de ejecutarlas (ejecutivo) y el otro de hacerlas cumplir (judicial). En esta última condición, el gobierno sería un verdadero oligopolio político.
Ahora bien ¿por qué hemos dicho que a los gobiernos les favorece la existencia de mono-oligopolios (por llamarlos de alguna manera resumida)?. Por la sencilla razón de que al gobierno le resulta mucho más simple controlar a pocos que a muchos. Si el monopolio es privado, es más fácil cobrarle impuestos y las alícuotas pueden ser más altas incluso. Con lo que los ingresos del gobierno serán mucho mayores. Máxime teniendo en cuenta que el monopolio podrá cobrar precios mucho más altos que los del mercado. Esta es la razón por la cual los gobiernos fomentan los monopolios privados, y lo hacen de variadas maneras, por ejemplo otorgándole licencias, concesiones, subsidios, exenciones fiscales, o directamente dictando una ley confiriéndole un monopolio o exclusividad a la empresa de Juan o la empresa de Pedro, o a ambas en forma conjunta o separada (oligopolio). En una palabra, cerrando el mercado en favor de tal o cual empresa o grupo de ellas.
Otro mecanismo similar son las leyes anti monopólicas, cuyo efecto es justamente el contrario al que su nombre parece indicar. Antes de seguir, hay que distinguir entre dos clases o tipos de monopolios, los naturales y los artificiales como los clasifican autores como Alberto Benegas Lynch (h). El natural, es el que puede aparecer o no en un mercado libre, mientras que el artificial es el que siempre surge en los mercados intervenidos gubernamentalmente. El natural se llama así, porque es aquel que resulta de la elección libre, voluntaria y espontánea de una masa de consumidores que, con sus compras, prefieren a un productor determinado por sobre todos sus demás competidores. Otros autores -como Leonard Read- han llamado a este tipo de monopolios un monopolio bueno.
La antítesis de este monopolio bueno o natural, es el malo o artificial que, en rigor, se trata de la gran mayoría de los monopolio que conocemos, tanto a nivel local como internacional. En este caso, los consumidores se ven obligados ycoercidos antinaturalmente a tener que comprar en ellos, ya sea porque el gobierno ha prohibido absolutamente la competencia en ese rubro, o bien le ha otorgado al monopolista, alguno de (o todos) los privilegios legales que hemos enumerado arriba. Este es el tipo de monopolio que más beneficia a los gobiernos, y por eso son los más frecuentes y los más vistos.
Los naturales son escasos y raros, porque para brotar necesitan un contexto de mercado libre y competitivo que no existe casi en ninguna parte del mundo. Y cuando emergen -si el mercado es medianamente libre- tienen corta duración, porque la competencia potencial, el factor competitivo permanente, la elasticidad de la demanda, la ley de los rendimientos decrecientes y la ley de precios tienden a limitarlos muchísimo naturalmente. Estas barreras contra los monopolios favorecen la dinámica del mercado, pero perjudican a los monopolistas del poder, es decir a los gobiernos.
Es por eso que, aquellos cinco límites naturales que el mercado libre le opone a los monopolios naturales, no operan contra los monopolios que crean, promueven, protegen o amparan los gobiernos: los monopolios artificiales. Estos no tienen límite alguno, en virtud precisamente de las prebendas gubernamentales en función de las cuales han sido implantados y maniobran en el mercado. Y ello, como decimos, está en los intereses del propio gobierno que sea así, porque contribuye al engrosamiento de sus arcas. Tales monopolios trabajan como verdaderas agencias o apéndices de los gobiernos, por lo que obviamente estos nunca van a tener un verdadero interés en su reducción, y menos aun en su supresión, excepto por causas de enfrentamiento -ya sea de tipo personal o político- entre sus directores y la burocracia política, en la que -desde luego- el mercado no tiene nada que ver, ni juega en absoluto ningún papel de relevancia, ni siquiera secundario. De darse este último supuesto, lo que normalmente hacen los gobiernos es quitarle el monopolio al «empresario» (o «empresarios») al que antes se lo había otorgado, y transferírselo a otros «empresarios» más leales, más afines o mas genuflexos al poder de turno que los anteriores. En ninguna circunstancia, a los gobiernos les conviene suprimir o reducir a los monopolios. Por lo tal que, resulta falso el mito por el cual el vulgo cree que los monopolios pueden constituir algún tipo de «amenaza» para los gobiernos, ya que de ningún modo es así.
Si el monopolio es estatal, para el gobierno la situación es muchísimo mejor. Porque, en este escenario, el control de los recursos del monopolio estatal es completamente absoluto. Todos los ingresos del monopolio van directamente a la arcas del gobierno.
Todo lo dicho es aplicable de igual modo a los oligopolios.
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.