Monopolios estatales y privados

Por Gabriel Boragina: Publicado el 16/10/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/10/monopolios-estatales-y-privados.html

 

La palabra monopolio produce un casi instintivo rechazo en la mayoría de las personas a las cuales el término se les pronuncia. Es un vocablo sensiblemente antipático, que despierta connotaciones negativas y que prácticamente sin excepciones se identifica popularmente con la actividad empresarial privada o -en expresiones más generales- con todo lo que tenga que ver con el sector privado de la economía, sean estos individuos, comercios o empresas. Curiosamente, poca es la gente que tiene conciencia que acepta principalmente de buen grado otros tantos monopolios estatales, como -por ejemplo- el impositivo y el monetario. Parecería que las personas razonan de manera dual cuando de monopolios privados y estatales se trata. Conciben la existencia y nocividad de los primeros y la inexistencia o -en el peor de los casos- la necesidad y/o inevitabilidad de los segundos.

No obstante, como hemos aclarado otras veces, solamente hay dos únicos orígenes para la formación de cualquier monopolio: el favor del consumidor, o el amparo del gobierno. En el primer caso, cuando los consumidores deciden -en número mayoritario- centrar sus compras en el articulo “X” que fabrica el productor “A” por encima o con exclusividad al del resto de sus competidores, el Sr. “A” tendrá como resultado las que se llaman ganancias de monopolio, las que -en un mercado libre- lo único que indican es que los consumidores, en forma masiva, lo prefieren al resto de los competidores. Si el mercado es completamente libre, no habrá –para esos mismos consumidores- nada malo en ello, dado que el precio que ellos pagan por el articulo monopolizado siempre –en esas condiciones- se considera un precio de mercado, pero, en cambio, es bastante probable que entre los competidores del Sr. “A” se despierten ciertos recelos y sean estos -en definitiva- quienes envidien el buen éxito empresarial de aquel, sobre todo entre sus competidores menos afortunados, que -casi con seguridad- buscarán la manera de acudir al gobierno, directa o indirectamente, para limitar de alguna forma el monopolio de “A”, a quien –seguramente- acusarán de “competencia desleal” o de una u otra falacia por el estilo.

Sin embargo, como -en líneas generales- nuestros mercados hace tiempo que ya no son libres, sino que (en menor o superior grado) sufren la intervención de los gobiernos, lo más frecuente es que los monopolios que conocemos a nivel mundial no sean fruto del mercado, sino encuentren su origen en el estado-nación, o bien, siendo inicialmente privados, operen bajo la protección -de hecho o de derecho- del gobierno del que dependan. Este último tipo de monopolios –por lejos los dominantes a nivel planetario- afectan de manera muy regresiva la distribución de ingresos, entre otros efectos muy perniciosos:

“La distribución de ingresos en el mercado debe distinguirse claramente de las rentas obtenidas fruto del privilegio y la dádiva. Los mercados cautivos, las exenciones fiscales, los proteccionismos aduaneros y los monopolios artificiales constituyen herramientas devastadoras que inciden negativamente en los más necesitados”.[1]

Como ya habrá advertido el lector, el autor citado denomina al último tipo de monopolios que venimos comentando, como “monopolios artificiales”, y su característica principal -acorde también se señala en la cita- es que estos nacen y se sostienen en el tiempo como fruto del privilegio y la dádiva. Creo que será de gran interés subrayar que existe un nexo causal entre los “mercados cautivos, las exenciones fiscales, los proteccionismos aduaneros” y los monopolios artificiales, dado que se tratan de medios que implementados -separada o conjuntamente- conducen a la formación de esta última clase de monopolios.

Lo que debe destacarse, es que todos los mecanismos indicados (y no indicados en la cita) solamente pueden ser llevados a cabo por obra y “gracia” de un gobierno. Exclusivamente por vía de una imposición legal, que puede provenir de un decreto, una resolución, un fallo judicial o una ley formal del gobierno, es que podría adjudicarse un determinado mercado a un particular empresario, productor o comerciante. En ausencia de la fuerza o coacción legal ello sería absolutamente imposible. No hay manera alguna de limitar la competencia sino es a través de los mencionados instrumentos “legales” (en donde la palabra legal no es de ningún modo sinónimo de lo justo).

Lo mismo cabe decirse respecto de las exenciones fiscales. Dado que los gobiernos son los únicos que detentan el monopolio legal de cobrar impuestos, de idéntica manera son también estos los únicos que poseen la facultad de decidir quién los paga y quién no lo hará. Al eximir el cobro del tributo a un determinado productor, comerciante o empresario le está otorgando indebida ventaja por sobre sus competidores, privilegio que -si se extiende en el tiempo y, a su vez, hacia otros gravámenes- puede ayudar a contribuir grandemente a consolidar una situación monopolística a los eximidos de tributar. En este punto, resulta de interés detenerse en la curiosa actitud de muchas personas que justifican tanto la existencia de los impuestos como de las exenciones impositivas. Se trata de un monopolio raramente cuestionado por la ciudadanía, si bien la generalidad trata de eludir -como sea- ser alcanzada por los efectos del mismo.  El monopolio de la moneda es un caso análogo al fiscal:

“En algunas oportunidades se ha argumentado en favor de la presencia gubernamental en el campo monetario sobre la base de que el dinero es un bien público. Como es sabido, la moneda no encaja en la definición de bienes públicos en relación a la noexclusión y la no-rivalidad. El activo monetario de una persona queda excluido de otra y el servicio de liquidez que reporta una unidad monetaria a una persona no la puede consumir simultáneamente otra. También se ha sostenido que el monopolio gubernamental del dinero reduce costos de transacción, pero basarse en esta conclusión conduciría al establecimiento de monopolios artificiales en todas las áreas (que además sacarían partida de la economía de escala) lo cual no permitiría la elección al consumidor quien al asignar sus ingresos está evaluando la relación costo-beneficio de contar con opciones y marcas múltiples.”[2]

[1]Alberto Benegas Lynch (h) “Economía, libertad y globalización”. Especial para la Fundación Adenauer. Pág. 13.

[2] Alberto Benegas Lynch (h) Entre albas y crepúsculos: peregrinaje en busca de conocimiento. Edición de Fundación Alberdi. Mendoza. Argentina. Marzo de 2001. Pág. 141-142.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

El gobierno y los monopolios

Por Gabriel Boragina. Publicado el 2/5/15 en http://www.accionhumana.com/2015/05/el-gobierno-y-los-monopolios.html
Existe la idea generalizada de que el gobierno debe combatir los monopolios y oligopolios, y casi todos los políticos en sus discursos no sólo coinciden con este pensamiento mayoritario, sino que dedican buena parte de ellos a prometer a su electorado la más completa erradicación de tales “concentraciones económicas”. En muchos casos, cuando efectivamente llegan al poder, promueven legislación contra monopolios y oligopolios. No obstante, no es difícil observar que unos y otros existen a pesar de tales declamaciones y leyes antimonopolios en la mayoría de los países del mundo.
La realidad es que, ya sea por ignorancia o mala fe, tales declaraciones son irrealizables. En este tema, parece ser mas por el segundo de los motivos que por el primero. En efecto, a los gobiernos les convienen los monopolios y oligopolios, ora estatales o privados por las siguientes razones:
En primer lugar, no tenemos que perder de vista que el monopolio/oligopolio más grande que existe en cualquier parte del mundo está conformado por los mismos gobiernos. Es a esto a lo que llamamos sintéticamente el monopolio político en nuestras exposiciones. Si consideramos a las tres ramas clásicas de los gobiernos modernos (ejecutiva, legislativa y judicial) podemos en esta cuestión hablar de un oligopolio constituido por tres poderes, cada uno de los cuales detenta un monopolio particular: uno de crear las leyes (legislativo) otro de ejecutarlas (ejecutivo) y el otro de hacerlas cumplir (judicial). En esta última condición, el gobierno sería un verdadero oligopolio político.
Ahora bien ¿por qué hemos dicho que a los gobiernos les favorece la existencia de mono-oligopolios (por llamarlos de alguna manera resumida)?. Por la sencilla razón de que al gobierno le resulta mucho más simple controlar a pocos que a muchos. Si el monopolio es privado, es más fácil cobrarle impuestos y las alícuotas pueden ser más altas incluso. Con lo que los ingresos del gobierno serán mucho mayores. Máxime teniendo en cuenta que el monopolio podrá cobrar precios mucho más altos que los del mercado. Esta es la razón por la cual los gobiernos fomentan los monopolios privados, y lo hacen de variadas maneras, por ejemplo otorgándole licencias, concesiones, subsidios, exenciones fiscales, o directamente dictando una ley confiriéndole un monopolio o exclusividad a la empresa de Juan o la empresa de Pedro, o a ambas en forma conjunta o separada (oligopolio). En una palabra, cerrando el mercado en favor de tal o cual empresa o grupo de ellas.
Otro mecanismo similar son las leyes anti monopólicas, cuyo efecto es justamente el contrario al que su nombre parece indicar. Antes de seguir, hay que distinguir entre dos clases o tipos de monopolios, los naturales y los artificiales como los clasifican autores como Alberto Benegas Lynch (h). El natural, es el que puede aparecer o no en un mercado libre, mientras que el artificial es el que siempre surge en los mercados intervenidos gubernamentalmente. El natural se llama así, porque es aquel que resulta de la elección libre, voluntaria y espontánea de una masa de consumidores que, con sus compras, prefieren a un productor determinado por sobre todos sus demás competidores. Otros autores -como Leonard Read- han llamado a este tipo de monopolios un monopolio bueno.
La antítesis de este monopolio bueno o natural, es el malo o artificial que, en rigor, se trata de la gran mayoría de los monopolio que conocemos, tanto a nivel local como internacional. En este caso, los consumidores se ven obligados ycoercidos antinaturalmente a tener que comprar en ellos, ya sea porque el gobierno ha prohibido absolutamente la competencia en ese rubro, o bien le ha otorgado al monopolista, alguno de (o todos) los privilegios legales que hemos enumerado arriba. Este es el tipo de monopolio que más beneficia a los gobiernos, y por eso son los más frecuentes y los más vistos.
Los naturales son escasos y raros, porque para brotar necesitan un contexto de mercado libre y competitivo que no existe casi en ninguna parte del mundo. Y cuando emergen -si el mercado es medianamente libre- tienen corta duración, porque la competencia potencial, el factor competitivo permanente, la elasticidad de la demanda, la ley de los rendimientos decrecientes y la ley de precios tienden a limitarlos muchísimo naturalmente. Estas barreras contra los monopolios favorecen la dinámica del mercado, pero perjudican a los monopolistas del poder, es decir a los gobiernos.
Es por eso que, aquellos cinco límites naturales que el mercado libre le opone a los monopolios naturales, no operan contra los monopolios que crean, promueven, protegen o amparan los gobiernos: los monopolios artificiales. Estos no tienen límite alguno, en virtud precisamente de las prebendas gubernamentales en función de las cuales han sido implantados y maniobran en el mercado. Y ello, como decimos, está en los intereses del propio gobierno que sea así, porque contribuye al engrosamiento de sus arcas. Tales monopolios trabajan como verdaderas agencias o apéndices de los gobiernos, por lo que obviamente estos nunca van a tener un verdadero interés en su reducción, y menos aun en su supresión, excepto por causas de enfrentamiento -ya sea de tipo personal o político- entre sus directores y la burocracia política, en la que -desde luego- el mercado no tiene nada que ver, ni juega en absoluto ningún papel de relevancia, ni siquiera secundario. De darse este último supuesto, lo que normalmente hacen los gobiernos es quitarle el monopolio al “empresario” (o “empresarios”) al que antes se lo había otorgado, y transferírselo a otros “empresarios” más leales, más afines o mas genuflexos al poder de turno que los anteriores. En ninguna circunstancia, a los gobiernos les conviene suprimir o reducir a los monopolios. Por lo tal que, resulta falso el mito por el cual el vulgo cree que los monopolios pueden constituir algún tipo de “amenaza” para los gobiernos, ya que de ningún modo es así.
Si el monopolio es estatal, para el gobierno la situación es muchísimo mejor. Porque, en este escenario, el control de los recursos del monopolio estatal es completamente absoluto. Todos los ingresos del monopolio van directamente a la arcas del gobierno.
Todo lo dicho es aplicable de igual modo a los oligopolios.
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.