Esas islas en el Atlántico Sur

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 2/4/19 en: https://independent.typepad.com/elindependent/2019/04/esas-islas-en-el-atl%C3%A1ntico-sur.html

 

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Lo primero es recordar un pensamiento de Borges: “Vendrán otros tiempos en los que seremos cosmopolitas, ciudadanos del mundo como decían los estoicos, y las fronteras desaparecerán como algo absurdo”. Debemos tener bien en cuenta que, desde la perspectiva de la sociedad abierta, en el presente estadio de evolución cultural, las divisiones territoriales entre países es al solo efecto de evitar los fenomenales riesgos de concentración de poder en manos de un gobierno universal. Pero de allí a creer que existe una diferencia de naturaleza entre lo local y lo extranjero, constituye pura estupidez alentada por patrioteros nacionalistas que solo se soslayan con sus ombligos en el contexto de mayores pobrezas intelectuales y materiales.

Mario Vargas Llosa, ha escrito: “Resumamos brevemente en que consiste el nacionalismo […] Básicamente, en considerar lo propio un valor absoluto e incuestionable y lo extranjero un desvalor, algo que amenaza, socava o empobrece o degenera la propia personalidad espiritual de un país […] Que tales muletillas sean tan huecas como cacofónicas, verdaderos galimatías conceptuales, no es obstáculo para que resulten seductoras a mucha gente, por el airecillo patriótico que parece envolverlas […] el nacionalismo es la cultura de los incultos y estos son legión […] Ninguna cultura se ha gestado, desenvuelto y llegado a la plenitud sin nutrirse de otras y sin, a su vez, alimentar a las demás, en un continuo proceso de préstamos y donativos […] La manera como un país fortalece y desarrolla su cultura es abriendo sus puertas y ventanas de par en par […] la misma libertad y el mismo pluralismo que deben reinar en lo político y en lo económico en una sociedad democrática”.

Habiendo dicho esto, es menester subrayar que los orígenes de las islas del Atlántico sur a que nos referimos, desde el siglo xvi en adelante han pasado navegantes portugueses (Américo Vespucio entonces al servicio de Portugal, fue el primero en arribar a las islas), exploradores franceses (Louis de Bougainville estableció el primer asentamiento, quien bautizó con el nombre de cuya traducción textual al castellano es “Islas Malvinas”), conquistadores españoles (Esteban Gómez de la expedición de Fernando de Magallanes), aventureros británicos (John Davis, Richard Hawkings, John Strong, John Byron, John McBride, James Weddell y James Onslow) y embarcaciones holandesas (Sebald de Weert a la cabeza de la tripulación), además de emprendimientos varios como el del alemán Luis Vernet que si bien se vinculó a los argentinos vendió sus acciones de la isla en el mercado británico (lo cual dio comienzo a la Fakland Islands Commercial Fishery and Agricultural Association), de tratados como los de Tordecillas y Utrecht, la Convención de Nutka y de expediciones estadounidenses como la del Lexington. Los títulos tienen muchas aristas ambiguas y contradictorias en medio de reiteradas trifulcas, pero en todo caso, de un largo tiempo a esta parte, dos son los gobiernos que reclaman las islas como parte del territorio de sus respectivas naciones: Argentina e Inglaterra.

Dados estos antecedentes y el pésimo tratamiento del tema del gobierno argentino, principalmente a través de dos bochornosas gestiones (entre tantas otras que hemos padecido los argentinos en materias vitales). Primero el gobierno de Rosas sobre quien escribí la semana pasada en este mismo medio, a raíz de lo cual algunos lectores me solicitaron detalles respecto al episodio en el que este déspota propuso canjear las islas por una deuda. Aprovecho para intercalar esa respuesta en la presente columna. Aquí va el complemento de marras: Rosas, a través de su ministro de relaciones exteriores (Felipe Arana), el 21 de noviembre de 1838 instruyó por escrito al representante argentino en Londres (Manuel Moreno) en los siguientes términos: “Artículo adicional a las instrucciones dadas con fecha de hoy al Señor Ministro Plenipotenciario Dr. Don Manuel Moreno. Insistirá así que se le presente la ocasión en el reclamo de la ocupación de las Islas Malvinas [hecho acaecido en 1833] y entonces explorará con sagacidad sin que pueda trascender ser la idea de este Gobierno si habría disposición en el de S. M. B. a hacer lugar a una transacción pecuniaria para cancelar la deuda pendiente del empréstito argentino” (consta en el expediente No. 3 del año 1842 de la División de Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, documento publicado por Isidoro Ruiz Moreno (h) en “La Prensa”, Buenos Aires, julio 11 de 1941, y reproducido por la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, bajo la presidencia de Horacio C. Rivarola).

En segundo lugar, el desembarco militar a las islas en 1982 que tuvo por origen la inaudita y monumental irresponsabilidad de Nicanor Costa Méndez quien siendo canciller propuso la idea, la que ya había sugerido sin éxito a otro gobierno castrense anterior (del general Juan Carlos Onganía), también “para unir al pueblo en una causa común” y así agitar las pasiones xenófobas que brotan inesperadamente del subsuelo de aquel adefesio que se ha dado en llamar “el ser nacional”. Una guerra -como casi todas- para distraer a la población de graves problemas internos y que fue condenada como “una aventura militar” en el informe del Tte. Gral. Benjamín Rattenbach, titular de la Comisión Investigadora constituida en Buenos Aires el 2 de diciembre de 1982, documento en el que se pedían severas sanciones para los responsables de esa incursión bélica.

Por otra parte, en los hechos (no en algún discurso), dado el empecinado y prepotente desconocimiento de los sucesivos gobiernos ingleses sobre la voluntad de los habitantes de las islas en el supuesto retiro de las pretensiones argentinas, sugerimos que, vistos los antecedentes, en esta instancia, ambos gobiernos deberían resolver la situación de manera simultánea, problema que viene arrastrándose desde hace décadas, en el sentido de  declarar la inmediata y total independencia de los isleños para que manejen sus asuntos como lo consideren mejor sin los reclamos de soberanía británica ni la argentina, una mezcla explosiva que tantas tensiones han creado y siguen creando en la población local.

Es desear que con el conocimiento de los dislates políticos de los gobiernos argentinos de los últimos setenta años con su propia población y, en menor medida, los cometidos por los gobiernos ingleses respecto a su gente, los isleños apunten a contar con una sociedad abierta, respetuosos de los derechos de propiedad, en el contexto de mercados abiertos tanto en lo local como en lo internacional y con tributos mínimos que sirvan para garantizar seguridad y justicia. Tal vez, de este modo, las islas puedan constituirse en un ejemplo de libertad y progreso para el mundo libre y atraigan personas e inversiones de todos los rincones del planeta, recurriendo a la exitosa tradición alberdiana de los argentinos y la fértil tradición también liberal que en su momento los ingleses supieron adoptar. Aunque personalmente no soy afecto a las machaconas exteriorizaciones de símbolos nacionales (prefiero la cosmopolita “Oda a la libertad” de la Novena Sinfonía, transformada por la censura a Schiller en “Oda a la alegría”), en este caso apuntamos que los lugareños desde hace tiempo tienen su propia bandera lo cual constituye uno de los signos de algunos respecto a deseos independistas. Sin embargo, se suceden debates sobre la seguridad que por el momento les proporciona el estar vinculados a la corona británica (de allí la persistencia y actualización del mismo esquema militar apostado desde 1982), mientras la Argentina no abandone su posición  y lo haga en pos de la independencia de las islas, lo cual no es el caso en las actuales circunstancias ya sea en las esferas políticas de un gobierno como del otro.

Los dislates no se circunscribieron a los ámbitos  gubernamentales. Ahora resulta que nadie estaba en la Plaza de Mayo en abril del año de la invasión, la que desbordaba de gente gritando “el que no salta es un inglés” y otras bellaquerías de tenor semejante. Son los vergonzantes de siempre que volverán a salir de sus cuevas si hay la oportunidad de otro brote nacionalista, quienes van a misa y cantan “toma mi mano hermano” con gestos angelicales hasta que el patrioterismo los hace devorar con verdadera saña a los llamados hermanos de otras procedencias. Ya he referido antes que un integrante de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina propuso se lo expulsara como Miembro Correspondiente al premio Nobel en economía Friedrich Hayek porque de regreso de una invitación mía para pronunciar conferencias en Buenos Aires declaró muy sensatamente, desde Friburgo, a un corresponsal de una revista argentina, que “si todos los gobiernos que estiman les pertenece un territorio, lo invaden, el mundo se convertirá en un incendio mayor del que ya es”. Afortunadamente la descabellada moción no prosperó, pero consigno el hecho al efecto de poner de manifiesto el grado superlativo de desequilibrio imperante.

Hay que estar atento a posibles sandeces de todos los gobiernos de todos los colores y de todos los países, especialmente, como queda dicho, aquellos que se encuentran en dificultades, porque en el momento menos pensado no es infrecuente que recurran a lenguaje y actitudes bélicas con la intención de encubrir agujeros políticos. Como hemos apuntado, ya sucedió una vez hace treinta años una terrible confrontación armada, respecto a la cual rendimos un muy sentido homenaje a los muertos y heridos.

En este contexto, es saludable siempre tener en la mira aquellas emotivas líneas de Borges tituladas “Juan López y John Ward” en las que se describe que un argentino y un inglés podrían haber sido amigos -uno admiraba a Conrad y el otro estudiaba castellano para leer el Quijote- si no hubiera sido porque “les tocó una época extraña” ya que “el planeta había sido parcelado en distintos países […] esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras […] Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

¿QUÉ ES EL DERECHO?

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Lo primero que debe decirse es que el derecho no es un invento del gobierno sino que es anterior y superior al monopolio de la fuerza que en esta instancia del proceso de evolución cultural es para proteger los derechos de los gobernados.

 

El derecho es consubstancial a la naturaleza del ser humano.  El hombre siempre actúa con la intención de pasar de un estado menos satisfactorio a uno que le proporcione mayor satisfacción. Esos estados de satisfacción son enteramente subjetivos y dependen enteramente de la estructura axiológica de cada cual. En este proceso el hombre busca la mayor incorporación de lo que estima son valores (que en realidad pueden ser desvalores si en definitiva le hacen daño). En una sociedad abierta cada uno asume la responsabilidad por lo que hace o deja de hacer.

 

Hay dos planos de análisis en esto: por un lado las apreciaciones o valorizaciones subjetivas de cada uno y, por otro, la objetividad de las cosas en el sentido de propiedades y relaciones que son independientemente de las opiniones de cada cual. El derecho es simplemente la facultad de las personas para seguir el curso que estime conveniente siempre y cuando no lesione derechos de terceros. Del mismo modo que las flores y los minerales tienen ciertas propiedades y características, el ser humano también las tiene.

 

En una sociedad abierta se da rienda suelta a lo que cada uno considera es su camino para ejecutar sus proyectos de vida siempre y cuando, como queda dicho, que no lesiones derechos de terceros. Y no es que el derecho tenga un límite, la destrucción del derecho ajeno no es un derecho.

 

El hecho de actuar pone de relieve que el ser humano es imperfecto y,  por ende, está insatisfecho. Busca afanosamente la felicidad que en rigor es la actualización de las potencialidades en busca del bien pero evidentemente puede ser malentendida y dirigirse a la ruina. En todo caso, no es de incumbencia de nadie más que del sujeto actuante, sin perjuicio de lo cual pueden ofrecerse consejos y debatir voluntariamente objetivos pero en ningún caso en la sociedad abierta es lícito recurrir a la fuerza para fines que no sean estrictamente defensivos.

 

Todo derecho implica como contrapartida una obligación. Si una persona obtiene un ingreso de mil,  la contratara es la obligación universal de respetar ese ingreso. Pero si esa persona demanda dos mil aun no obteniéndonos y el gobierno otorga esa facultad quiere decir que otro estará obligado a entregar la diferencia, lo cual lesiona su derecho, por tanto se trata de un pseudoderecho.

 

Desafortunadamente en la actualidad vivimos rodeados del otorgamiento de pseudoderechos: derecho a la educación no en el sentido de que cada uno puede educarse sino en el sentido que otros vecinos están obligados a financiar los estudios de terceros, y así en idéntico contexto el derecho a la vivienda, a hidratos de carbono o vitaminas, a un salario adecuado, a la recreación etc., etc.

 

Este enfoque desafortunado reasigna los siempre escasos recursos en direcciones diferentes a las que lo hubiera hecho la gente con sus compras y abstenciones de comprar en el supermercado y afines con lo que hay consumo de capital que a su vez se traduce en menores salarios e ingresos en términos reales, que, entre otras cosas, no permite expandir la educación, la vivienda, la alimentación, la recreación y demás aspiraciones del todo legítimas y necesarias.

 

No hay posibilidad de contar con una sana economía si no existen normas que garanticen el respeto recíproco. Un ejemplo entre tantos: cuando las instituciones permiten que el aparato estatal estafe a la gente vía la manipulación monetaria, se distorsionan los precios relativos que a su turno engaña a los operadores económicos en su asignación de factores de producción y el consumo de capital correspondiente contrae salarios e ingresos en términos reales. Siempre que se habla de derecho se habla de justicia que significa “dar a cada uno lo suyo”  lo cual remite a la propiedad privada que, a su vez, es el eje central del proceso de mercado.

 

He escrito antes sobre distintos canales para producir grietas sumamente peligrosas en el edificio jurídico, pero hay cinco que son las más frecuentes. Telegráficamente consideradas, se trata de las teorías del “abuso del derecho”,  “la lesión”, “la imprevisión”, “el enriquecimiento sin causa” y “la penetración” sobre las que han advertido todos los grandes tratados de derecho civil y estaban proscriptas en las normas escritas y no escritas de toda sociedad abierta en la que naturalmente se respeta el haz de contratos diarios e inseparables de la propiedad que se suscriben de facto o de jure en casi todas las acciones del hombre (de compra-venta, de enseñanza, de locación, de transporte, de mutuo, de mandato, de gestión de negocios, de fianza, de donación, societarios, aleatorios, de adhesión y así sucesivamente).

 

La llamada “teoría del abuso del derecho” ha sido catalogada por autores como Planiol y Ripert como una logomaquía puesto que un mismo acto no puede ser simultáneamente conforme y contrario al derecho. Por medio de esta figura se concede al gobernante la facultad de sacrificar la voluntad, la libertad y la autonomía de una o de ambas partes en pos de la arbitrariedad judicial. Se suelen citar ejemplos en los que se estima una de las partes se ve obligada a cumplir con lo estipulado a pesar de su precaria situación, lo cual no permite ver que son muchas las personas (comenzando por nuestros ancestros de las cavernas) que atraviesan dificultades varias pero si se autoriza a quebrar los contratos las dificultades se extienden en grado sumo tal como ocurre en los países en los que no se respetan las relaciones contractuales.

 

Por su parte, al introducirse el principio de la “lesión”, también se otorga al juez la facultad de declarar nulo un contrato aun actuando dentro de la esfera del derecho. Si se estimara que una norma no protege adecuadamente las autonomías individuales y, por ende, no hace justicia, debe ser modificada o abrogada. La confiscación del poder judicial de las facultades del legislativo constituye un abuso de poder que vulnera la división de poderes. Por ejemplo, una nota del codificador argentino al Código Civil de 1869 apunta la irrevocabilidad del contrato al sostener que “dejaríamos de ser responsables de nuestras acciones si la ley nos permitiera enmendar todos nuestros errores y todas nuestras imprudencias”.

 

La teoría “de la imprevisión” solo se diferencia de la de la lesión en cuanto a la temporalidad, es decir, que mientras esta se juzga al momento de celebrarse el contrato, aquella es juzgada en el futuro y de ocurrir circunstancias previstas solo por una de las partes o no previstas e imprevisibles, lo cual convierte a la obligación en más onerosa. En este contexto ha escrito Bibiloni que “No hay sociedad posible si por circunstancia de que alguien obtenga provecho de una relación legítima con otro, está obligado al resarcimiento. El que vende o compra o arrienda o ejerce, en fin, la más natural acción, puede obtener lucro de la otra parte, sin que de ahí se deduzca nada porque para eso son los contratos”. El respeto a la palabra empeñada constituye el eje central de una sociedad abierta, lo cual implica el asumir todas las consecuencias de lo pactado.

 

En cuarto lugar, la teoría del enriquecimiento ilícito tiene dos significados bien diferentes: por un lado el incremento patrimonial debido a causas contrarias al derecho, es decir, debidas a acciones ilícitas y la segunda interpretación, la que en verdad da lugar a esta teoría es el incremento patrimonial como consecuencia de operar conforme a derecho pero declarado nulo por el poder judicial, con lo que, nuevamente, nos encontramos frente a la arbitrariedad y al atropello del Leviatán con las consecuencias devastadoras que significa la suspensión del derecho a manos de la discrecionalidad y la imprevisibilidad, todo lo contrario de lo que requiere la seguridad jurídica.

 

Por último, la novel “teoría de la penetración” permite que los accionistas de una sociedad anónima sean responsables solidaria e ilimitadamente con sus bienes, respondiendo por los actos de la empresa de la cual son copropietarios, con lo que se extingue la figura de la personería jurídica confundiéndola con las personas de existencia física y demuele la noción misma del carácter societario para entregarla a las resoluciones circunstanciales de gobiernos que abrogan de facto las mismas normas en cuyo contexto se desenvuelven.

 

Por supuesto que estas cinco afrentas al derecho (en el caso argentino incorporadas al Código Civil por el gobierno de facto del general Onganía) no son las únicas por la que los marcos institucionales están en jaque, también se hace de modo flagrante al desconocer los principios de la garantía de la cosa juzgada, la irretroactividad y al incorporar los llamados “derechos sociales” que, como hemos apuntado, significan pseudoderechos ya que, al concederlos, necesariamente dañan los derechos de terceros al no tener en cuenta que a todo derecho corresponde una obligación y si estas resultan contrarias al derecho de otros inexorablemente se perjudica seriamente el andamiaje jurídico con lo que, además, se afecta a quienes se pretende mejorar en su condición.

 

Hoy en día hay lugares en los que los comisarios del momento ni siquiera alegan las teorías anteriormente mencionadas sino que proceden al atropello a los derechos de las personas sin dar explicación alguna como no sea escudado en “la soberanía” de los aparatos estatales sin percatarse de que la soberanía reside en los gobernados que contratan a gobiernos para que los protejan y no para que los ataquen, actuando no como mandantes sino como mandatarios sin límite alguno en sus atribuciones.

 

Desafortunadamente en la mayor parte de las facultades de derecho el positivismo jurídico ha hecho estragos y se ha perdido la noción de mojones o puntos de referencia de justicia extramuros de la legislación positiva, situación que conduce indefectiblemente al ensanchamiento de un Leviatán completamente desbocado, en desmedro de los derechos de las personas y con lo que cualquier Hitler (hoy diríamos Chávez) que asume el poder con suficiente apoyo electoral convierte su legislación pervertida en “normas de justicia”.

 

Ya se ha señalado y repetido con razón que las declinaciones de los diversos países no se deben a factores exógenos sino internos, comenzando por lo que ocurre en la cabezas de la gente. Michail Rostovtzeff explicó detalladamente en su célebre y voluminosa historia el deterioro en los marcos institucionales y en la economía debido al estatismo que irrumpió en la Roma imperial y Taichi Sakaiya resume el tema en su Historia del futuro. La sociedad del conocimiento: “La causa del desmoronamiento y la extinción del mundo antiguo no fue la obtusa ignorancia y el salvajismo de los bárbaros del norte, sino el cambio ético y estético que estaba en marcha mucho antes […] fueron abandonados desde dentro”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.