Gasto público, Estado y Poder

Por Gabriel Boragina Publicado  el 2/7/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/07/gasto-publico-estado-y-poder.html

 

Hay quienes parecen creer que un gasto público elevado queda “justificado” cuando los recursos de los que dispone el gobierno son mayores a ese gasto, es decir cuando existe un superávit primario. Una situación que se presentó en algún momento en -por ejemplo- el caso brasileño :
“Para un observador externo, podría parecerle que el gobierno brasileño lleva una vida consistente, ganando más de lo que gasta. Cada día el gobierno cuenta con más y más mecanismos técnicos para recolectar impuestos, y la lucha contra la evasión fiscal es cada vez más eficiente.
Sin embargo, todas estas mejoras en la eficiencia tributaria no parecen verse reflejadas en la calidad del gasto público. Las inversiones en educación básica, infraestructura y salud no han corregido un estilo de vida bastante desigual entre los brasileños.”1
El autor citado centra su critica en la “mala calidad” del gasto. Lo que permite inferir que, si -a criterio de él- la calidad del gasto fuera mejor, toda la parafernalia tributaria se encontraría -de alguna manera- “justificada”. De ser esta la interpretación correcta del párrafo anterior, ya hemos expresado de nuestro lado la opinión de que el superávit fiscal -cualquiera sea su causa- podría ser considerado un síntoma de “buena salud fiscal”, lo que significará -en todos los casos- otro en sentido contrario O sea, -por contrapartida- ha de ser visto como otro síntoma equivalente pero de mala salud en el sector privado.
La prensa, muchos académicos y -por supuesto- los políticos suelen presentar como una buena noticia la aparición de cualquier superávit fiscal, cuando -nuevamente- representa una buena noticia para el sector público, y la misma noticia sera muy mala para el sector privado. En cualesquier caso significará que se le están quitando a la gente más recursos de los que esa misma gente estaría dispuesta a entregar al gobierno, suponiendo que puedan tomarse los gastos previstos en el presupuesto como una “expresión” del voto de la ciudadanía (cuestión -a nuestro juicio- bastante alejada de la realidad).
“Si Brasil desea establecer un ejemplo exitoso para sus vecinos, deben seguirse algunos puntos:[…] aprobar instrumentos legales para contener el crecimiento del Estado, al tiempo que se fortalece su papel de guardián de la seguridad pública, proveedor de la educación básica y fuente de políticas para combatir problemas relacionados con la pobreza (por ejemplo, reducción del gasto público y/o disminución de la carga tributaria)”2
Un estado mínimo garantizará -en cualquier caso- una mayor eficiencia económica Pero, bien puede ocurrir que la sociedad y sus dirigentes -no especializados precisamente en materia económica- piensen en conjunto que es “misión” de los gobiernos proveer a todas las necesidades de la gente. Esta errónea concepción económica y legal (porque, asimismo, implica una determinada teoría sobre derechos y obligaciones que incluyen tanto al estado-nación como a sus miembros) es la que tiene -como inexorable consecuencia- los gobiernos elefantiásicos que estamos tan acostumbrados a ver. En nuestra opinión, el tamaño del “estado” no ha de medirse tanto por la cantidad de funciones que este cumple, sino más bien por la cuantía de los recursos que los gobiernos destinan a esas actividades.
Otro caso similar al antes analizado de Brasil se presenta en el Ecuador:
“Para que un país alcance una calificación alta, deberá proveer protección segura de la propiedad privada, asegurar el cumplimiento de los contratos y contar con una moneda estable. También debe mantener bajos impuestos, limitarse en la creación de barreras al comercio doméstico e internacional, y depender completamente en los mercados antes que en los gastos del gobierno y las regulaciones en la asignación de recursos y bienes.”3
Lamentablemente, estas sanas recomendaciones -que son enteramente aplicables, no solamente al Ecuador sino, a todos los países del mundo sin distinción de tiempos- son poco atendidas Por su propia naturaleza, los gobiernos tienden a crecer, y cuando esto ocurre el efecto que aparece indefectiblemente es el de una disminución de la actividad económica privada, presentándose el resultado de un juego de suma cero, es decir, un gobierno grande significará siempre un sector privado pequeño. Quienes más se perjudican de esta consecuencia serán las pequeñas y medianas empresas y los particulares, en especial los asalariados.
“En el Ecuador la función judicial ha estado influenciada por los partidos políticos que continuamente han forcejeado para conseguir una cuota de miembros de la Corte Suprema y otras organizaciones del sistema judicial a nivel regional, así como de los tribunales electorales y organismos de control del gasto público”.4
Algo similar ha ocurrido en la Argentina y -seguramente- lo indicado ha de ser un problema en varios países de la región. Aquí es oportuno recordar que, la esencia de un sistema republicano reside -precisamente- en la división de podres. Su vigencia -entre otros efectos- contribuye a mantener un gasto público en niveles reducidos, ya que, en el punto, un poder deberá hacer de balance y contrapeso de los restantes. Pero, cuando los políticos pujan por predominar en todos los poderes (no solamente el judicial, sino también el ejecutivo y el legislativo) el sistema republicano se resiente y se desvirtúa, toma dimensiones crecientes la corrupción y esto -obviamente- eleva a proporciones importantes el gasto estatal.
De alguna forma, la cita siguiente expresa lo anterior:
“La mayor parte de los gobiernos reconoce los nuevos retos pero enfrenta la realidad cotidiana de cotos de poder, presiones por aumentar el gasto público, llamadas a resolver problemas particulares y a aplicar conceptos que ya no operan, pero que siguen dominando el discurso político y el debate burocrático.”5
Hay una cierta uniformidad en la acción de todos los gobiernos que desdibuja sus posibles o declamadas diferencias ideológicas. Quien aspira a gobernar se ve -de cierta forma- condicionado por el estado cultural de su pueblo y las inclinaciones ideológicas dominantes dentro de la sociedad. Esto hace que los gobernantes (pese a tener conciencia de lo malo que significa encarar políticas de neto corte estatista) se inclinen, por razones de índole electoral y a pesar de sus intimás convicciones, a adoptarlas.
No estamos seguros que -como dice la cita- sea la situación de “La mayor parte de los gobiernos”. Quizás resulte un tanto exagerada la generalización si tenemos en cuenta que, dentro del vocablo “gobierno” englobamos los tres “poderes” del mismo (ejecutivo, legislativo y judicial). Quizás fuera más realista decir que muchos miembros de esos poderes reconocen la predicha problemática.
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1Claudio Djissey Shikida. Instituto Liberdade, Brasil, “Brasil: De la Substitución de Importaciones al siglo XXI: ¿Qué queda por hacer?”. En Libre Comercio en las Américas. Editado por Juan Carlos Hidalgo. ISBN 1-905041-11-X. publicado por International Policy Network, Reino Unido. pag. 23
2Djissey Shikida, C. Ob. Cit. Pág 24.
3Enrique Ampuero Pareja. Instituto Ecuatoriano de Economía Política, Ecuador.“El Ecuador no puede prosperar con un Estado de Derecho Débil”. En Libre Comercio en las Américas. Editado por Juan Carlos Hidalgo. ISBN 1-905041-11-X. publicado por International Policy Network, Reino Unido. Pág 33
4Ampuero Pareja, E. Op. Cit. Pág 35
5Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual. CINDE CIDAC. Pág 3.
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Economía y popularidad política

Por Gabriel Boragina. Publicado el 1/3/14 en: http://www.accionhumana.com

 

La economía tiene sus propios instrumentos para medir la popularidad política de un gobierno. Mecanismos -a mi juicio- mucho más precisos y confiables que los más conocidos (que son las tan famosas encuestas o sondeos de opinión).

Por “popularidad” entendernos aquí el grado de aceptación, apoyo o consenso del que goza un determinado gobierno en un país. Utilizaremos -en lo que sigue- todos estos vocablos como sinónimos.

La economía estudia la acción humana como tal, sin interesarle los motivos o razones por los cuales las personas actúan en cierto sentido y no en otro. Analiza el comportamiento concreto de los individuos, ya sea en una dirección o en otra diferente, y saca conclusiones a la luz de las categorías a priori implicadas en dicha acción.

Teniendo pues como base dicha acción humana, el estudio analítico de ciertas variables observadas con cuidado a lo largo de un periodo determinado, permite conocer -con una aproximación bastante exacta- el grado de aceptación o de rechazo de las políticas implementadas por un gobierno, y por lo tanto, el nivel de su popularidad o impopularidad.

La ventaja de medir la popularidad de un gobierno por medio de las herramientas que nos ofrece la economía, es que posibilita hacer un seguimiento casi día a día de aquella, y nos brinda una lectura mucho más fiel que el resultado de las elecciones políticas, que se dan muy espaciadamente cada dos o más años.

Algunos indicadores son extremadamente reveladores. Por ejemplo, una alta tasa de evasión fiscal muestra a las claras un elevado rechazo popular de las medidas fiscales adoptadas por el gobierno y viceversa.

Otro tanto sucede con el aumento de los precios de los bienes de consumo y de capital, ya que suelen exteriorizar insuficiencia de la oferta de los mismos, derivada generalmente de la falta de inversiones, la cual -esta última- es, la mayoría de las veces, consecuencia de fallas institucionales (la más típica de todas la inseguridad jurídica, generada por ataques del gobierno a la institución base de cualquier economía: la propiedad privada).

La inflación también tiene mucho que ver con el fenómeno anterior. Para no perder popularidad (o para recuperar la popularidad perdida) los gobiernos suelen acudir al acrecentamiento del gasto público. Para financiarlo, el gobierno sólo puede hacerlo a través de tres instrumentos: impuestos, empréstitos e inflación. Si todos estos parámetros no cesan de aumentar, ello implica que el gobierno está luchando para no perder popularidad (o para recuperar la perdida) como dijimos. El conjunto de estas medidas -adoptadas generalmente en forma simultánea- ocasiona incrementos y distorsiones continuos en los precios, y a la larga o a la corta, extiende la impopularidad del gobierno que echa mano de las mismas. Si vemos que estas variables se salen de cauce, podemos concluir sin demasiado margen de error, que el gobierno viene en picada en materia de popularidad.

Otro ejemplo es la llamada fuga de capitales, que denota pérdida de confianza en el gobierno de cuyo país los capitales huyen a paso firme. El hecho tiene estrecha relación con las violaciones reiteradas a la propiedad privada por parte de los gobernantes, las que –naturalmente- ocasionan la denominada inseguridad jurídica, y que -a su turno- provoca la salida de los capitales (grandes o pequeños) a lugares más confiables. Aquí debemos incluir las migraciones de mano de obra (“capital” humano o fuerza laboral indistintamente). Si el gobierno gozara de mayoritaria popularidad, esto obviamente no sucedería.

“Ahora, año tras año, el gobierno expropia más de 40 por ciento de los ingresos de los productores privados, lo que hace que incluso la carga económica impuesta a los esclavos y siervos parezca moderada en comparación. El oro y la plata han sido reemplazados por dinero de papel fabricado por el gobierno, y a los estadounidenses se les roba continuamente su dinero a través de la inflación. El significado de la propiedad privada, alguna vez aparentemente claro y fijo, se ha convertido en oscuro, flexible y fluido. De hecho, cada detalle de la vida privada, la propiedad, el comercio y la contratación está regulado y re-regulado por una creciente montaña de leyes de papel (la legislación). Con el aumento de la legislación, se ha creado cada vez más inseguridad jurídica y riesgos morales, y el caos ha sustituido a la ley y al orden.”[1]

Si tal es la situación en los EEUU, hay que tener en consideración que en el resto del mundo es muchísimo peor(especialmente si pensamos en Sudamérica, África, Asia y Oceanía), lo que hace que las migraciones, tanto de capital como de mano de obra, se desplacen hacia el país del norte. Pero por otro lado, es innegable que existen diferencias relativas entre los distintos gobiernos, aun dentro de un mismo país, y que los gobernados no son siempre ajenos a las medidas que la cita anterior menciona.

La popularidad de un gobierno decrece en relación directamente proporcional al perjuicio económico que sus disposiciones van provocando en cada uno de los habitantes del país bajo su esfera de jurisdicción. Superado cierto punto crítico, la popularidad cae a cero.

Como es sabido, todos los sucesos económicos no se dan ni se encuentran en “compartimentos estancos”, ni son absolutamente independientes el uno del otro, sino que responden a relaciones causales que los vincula a unos con otros, ya sea de forma mediata o inmediata. De tal suerte que, de no adoptarse las correcciones en el rumbo de una o más variables fuera de control, mas tarde o más temprano tendrá su repercusión en una o más de las restantes distintas a la primera.

Estos indicadores económicos son mucho más claros y más fidedignos que las interminables y aburridas peroratas de los políticos delante de micrófonos hablando “maravillas” de ellos mismos sin cesar, a la que nos tienen acostumbrados.


[1] Hans-Hermann Hoppe. “Sobre la Imposibilidad de un Gobierno Limitado y Perspectivas de una Segunda Revolución en América”. Artículo publicado en el Blog del Instituto Mises – Articulo Diario – Junio 28 de 2008, Pág. 7

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.