Corrupción, ética y Constitución

Por Gabriel Boragina Publicado el 19/8/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/08/corrupcion-etica-y-constitucion.html

 

Es habitual analizar el tema de la corrupción -tan vigente siempre- desde el punto de vista exclusivamente económico. Será interesante, tal vez, prestar un poco de atención al ángulo jurídico del asunto, sin restar importancia, de ninguna manera, al económico, ya que ambos están intrínsecamente implicados. Nuestra Ley Fundamental toca directamente el tópico, y subsume -como se verá del siguiente examen- lo económico en lo ético:

“El último párrafo del art. 36 de la Constitución establece que el Congreso deberá sancionar una ley que regule la ética pública para el ejercicio de las funciones gubernamentales. Una ley semejante, siempre que sus disposiciones sean claras y precisas, constituirá una garantía sumamente eficaz para la consolidación de un sistema democrático constitucional. El incumplimiento de las normas éticas por los gobernantes ha sido y es uno de los factores más nocivos para la subsistencia del régimen constitucional, y uno de los argumentos que con mayor frecuencia han utilizado sus adversarios para pretender demostrar su inconsistencia en función del bien común de la sociedad.”[1]

La ética definida constitucionalmente comprende, por tanto, los comportamientos de los funcionarios públicos en su totalidad, sean estos en sus actos económicos como no económicos. Existe un enfrentamiento directo entre violación a la ética pública y la constitucionalidad. La cercana interrelación entre ética pública y economía viene dada por el hecho de que todo funcionario público maneja lo que se ha dado en llamar el erario público, lo que implica que, en el fondo, el funcionario público es (o debería ser) un mero administrador de recursos ajenos que, en el mejor de los casos, le han sido confiados por mandato legal a los únicos fines administrativos.

Sin embargo, también dispone de ellos muchas veces como si fueran propios. Tanto administrativa como dispositivamente estas amplias facultades que tiene el burócrata son una excelente oportunidad para verse tentado a aprovecharse de las mismas.

Nosotros preferimos la expresión de ética política a la de ética pública, porque opinamos que muchas conductas individuales de particulares también afectan a la ética pública, aun cuando esas personas estén fuera de órbita política.

“De todas maneras, cabe recordar que existen disposiciones legales que regulan, de manera parcial, la ética pública republicana. Por otra parte, antes de la reforma, en modo alguno la Constitución impedía la sanción de una norma de la especie que ahora enuncia el art. 36. La ética puede ser objeto de múltiples definiciones, atendiendo a la corriente filosófica en que se enrola el analista. Sin embargo, teniendo en cuenta que una Constitución no es una obra científica ni doctrinaria, sino una norma jurídica fundamental impregnada de realismo y sencillez, que es instrumento de gobierno y símbolo de unidad nacional, sus palabras deben ser explicadas a la luz del lenguaje y pensamiento del ciudadano común.”[2]

A pesar que la llamada ética pública tiene en mira los posibles desfalcos económicos que los burócratas tienen oportunidad de llevar a cabo en ocasión de los cargos políticos que ostentan (y de los cuales no son pocos los que no se privan de cometerlos), desde el ángulo constitucional no se limitan a ellos, como ya se ha aclarado. Pero, bien visto, lo ético tiene indisoluble vínculo con lo jurídico, y este con lo económico.

Desde el momento que una norma (como es la Constitución) se refiere a la ética como lo hace en su art. 36, ello implica incluir a esta en el campo de Derecho. Y no puede negarse que el Derecho tiene por objeto regular conductas que no dejarán de tener consecuencias económicas, dado que la aplicación de toda norma ha de dar por sentado que se cuenta o que se contará con los recursos necesarios para ello. De tal suerte que, queda claro (al menos para nosotros) el estrecho nexo entre ética-economía-derecho. Los actos de corrupción dañan por igual a este trípode.

“Desde esta óptica, la ética no es tanto, una ciencia filosófica que estudia las normas a que debe someterse la conducta humana y las consecuencias que se derivan de su aplicación, sino un arte que tipifica comportamientos individuales y sociales encaminados al logro del bien.”[3]

Siguiendo las directrices del individualismo metodológico nos resulta bastante difícil poder reconocer la existencia de comportamientos “sociales”, excepto que se quisiera describir a una suma de conductas individuales, donde logramos visualizar mejor el concepto. Hecha esta salvedad, no podemos estar sino de acuerdo con lo expuesto en la cita. Lo característico, entonces, de la ética es -según este autor- la de ser un arte que tipifica comportamientos (para nosotros solamente individuales, dado que la responsabilidad tiene sentido únicamente respecto de la conducta de los individuos) encaminados al logro del bien.

“No se trata de la ética individual, positivista o religiosa, sino de la idea dominante en una sociedad sobre cuál debe ser el comportamiento de los gobernantes para alcanzar el bien común. En tal sentido, el concepto vulgar de la ética pública impone conductas al gobernante, tanto en su vida pública como en la privada cuando, esta última, adquiere relevancia social.”[4]

El autor analizado nos da a entender que habría distintas “éticas” como ya había esbozado en su párrafo anterior. Por un lado, distingue una ética individual (positivista o religiosa) y la separa de otra ética que califica como “idea dominante en una sociedad sobre cuál debe ser el comportamiento de los gobernantes para alcanzar el bien común”. Da la impresión que se apunta a lo que habitualmente se denomina por algunos como ética “social” pero más bien parece que desea aludir a una especie de “ética política” porque la hace dirigir exclusivamente a los gobernantes en su comportamiento. Existiría entonces -sintetizando, y en el concepto de nuestro autor- una ética individual por un lado y otra ética que podríamos llamar “política” por el restante. Pero no es cualquier “ética política”, sino que es una ética a cumplir en cabeza de los gobernantes y no de los gobernados. Para estos últimos parece quedar reservado el campo de la ética individual.

[1] Badeni, Gregorio. Tratado de Derecho Constitucional. Tomo II- 2ª Edición Actualizada. Ampliada – 2a M. – Buenos Aires- La Ley, ISBN 987-03-0947-X (Tomo Ii)-ISBN 987-03-0945-3 (Obra Completa) “Las Garantías Institucionales” N° 457. Ética Pública Pág., 1347-1348

[2] Badeni, Gregorio, ibidem.

[3] Badeni, Gregorio, ibidem.

[4] Badeni, Gregorio, ibidem.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

VENEZUELA Y EL LÍMITE DE NUESTROS ESQUEMAS CONCEPTUALES

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 17/2/14 en: http://gzanotti.blogspot.com.ar/2014/02/venezuela-y-el-limite-de-nuestros.html

 

En medio de la tragedia de los venezolanos (y esto incluye a los chavistas) ponerse a hacer reflexiones in abstracto parecerá antipático pero sin embargo es necesario para tratar de entender qué está sucediendo.

La república constitucional norteamericana fue originada en horizontes lejanos. Horizontes donde se suponía que los derechos individuales eran el valor supremo de la ética política, donde las diversas “administraciones” no deberían tocarlos en absoluto y si ello ocurría, para eso estaba el control constitucional. Y, muy importante, todos coincidían en ese sistema, y ninguna persona, partido o lo que fuere se atribuía la propiedad de “la Nación”, la patria, la revolución o la historia.
América Latina nunca fue terreno cultural fértil para trasladar esas ideas. Hubo intentos, sí, siempre un mix no del todo coherente entre la influencia anglosajona y la influencia francesa; siempre un general ilustrado y un grupo de liberales constructivistas laicistas enfrentados con las tradiciones religiosas y españolas anteriores. De ese mix, siempre en tensión, nunca resuelto, algo salió. Muchas naciones latinoamericanas trataron de implantar la división de poderes, el control de constitucionalidad, un derecho penal liberal, algo de libre comercio, “pero”…. Dentro de la inestabilidad intrínseca de un marco cultural que se resistía, como un suelo rocoso resistente a instituciones que requerían un humus diferente. Lationoamérica nunca pudo plasmar instituciones liberales firmes. Su génesis es revolucionaria al estilo francés, y ese horizonte revolucionario la marcó, parece, para siempre.
Durante mucho tiempo eran guerras civiles intestinas, facciones diferentes que se disputaban un poder al que siempre se accedía con la lógica de la revolución: los buenos, los malos, los traidores, los cobardes. Palabras como democracia, república, límites, derechos de las minorías, etc., se escribían pero no se comprendían.
Pero con el advenimiento del marxismo como horizonte cultural, y con la revolución cubana como ejemplo, el asunto fue peor. Los Castro tuvieron al menos la coherencia de los violentos: por la violencia subieron y por la violencia están. Pero en otros lares, se introdujo el sutil engaño del acceso nazi al poder: la vía democrática en sentido lato. Mucho más inteligente y perverso. El Chile de Allende, la Argentina de Perón (1945, 1951, 1973, 2003), y, obviamente, la Venezuela de Chávez, son ejemplos perfectos. La dialéctica revolucionaria, junto con la marxista, encontraron en esas vías democráticas la forma casi perfecta de perversión conceptual. Los términos revolucionarios eran los mismos (leal, traidor, amigo, enemigo). Pero mientras que los constitucionalistas de los EEUU jamás imaginaron que toda esa dialéctica fuera compatible con los métodos electorales, ahora, en cambio, sí. El partido revolucionario, el que va a luchar contra el capitalismo opresor, sube al poder con la mayoría de los votos, o con los votos inventados o con los votos que fueren, pero asumen el criterio de legitimidad de origen de los sistemas democráticos. El enemigo sigue siendo el traidor, el vendepatria, el cipayo vendido al imperialismo, pero ahora es legítimo aniquilarlo –de golpe o de a poco- “democráticamente” y denunciar a todo el mundo “la violación de la democracia” de cualquier intento de resistencia.
Todo esto tomó a los no marxistas totalmente desprevenidos, conceptual y terminológicamente. Al principio, gentes desesperadas apoyaron las contra-revoluciones militares, pero la bestialidad e ignorancia de estos últimos no hizo más que acrecentar el problema. Ahora no hay salida posible. Ahora, los marxistas, los verdaderos golpistas, a quienes los derechos humanos les importan absolutamente nada, allí están, como cuasi estadistas republicanos. Los Correa y los Kirchner son ejemplos perfectos; Chávez, en cambio, era más sincero, y el delirante de su sucesor ha convertido a Venezuela no en una broma woodyallinezca, sino en una verdadera tragedia donde Calígula ha resucitado y el caballo tiene el apoyo del ejército, del ejército cubano y el silencio cómplice y cobarde de casi todos los gobernantes del mundo.

 

No hay mucha salida. Que Dios se apiade de los venezolanos y de todos nosotros, porque la Venezuela actual es el futuro de todos, excepto que intervengan las aleatoriedades de la historia, imprevisibles, inconmensurables, sólo accesibles a las denuncias de los profetas, ya muertos, sin embargo, en el silencio del desierto.

 

Gabriel J. Zanotti es Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA).  Es profesor full time de la Universidad Austral y en ESEADE es Es Profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE.