El peronismo y el fascismo

Por Gabriel Boragina Publicado  el 2/9/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/09/el-peronismo-y-el-fascismo.html

 

El peronismo es la fuerza política que, desde su fundación en 1945 hasta la fecha, gobernó más veces la República Argentina. Fue la única que tuvo el mérito de captar y usufructuar en su favor una característica que se encuentra presente en la mayor parte de los argentinos. Esto es, una inclinación y tendencia hacia la ideología fascista. El fascismo, surgido en Italia unas décadas antes de la aparición de Juan Domingo Perón en la escena política, prendió rápidamente en tierra argentina, precisamente de la mano de este último, quien fuera un confeso cultor y admirador del Duce Benito Mussolini, de quien se propuso ser su emulador vernáculo, objetivo que, de cierto modo, logró.

Pero, el surgimiento de Perón como importador del fascismo italiano a la Argentina no fue -en modo alguno- un hecho aislado. Militares y políticos, hacia la década del 30 del siglo XX ya simpatizaban con el ideario fascista. Y comenzaron a estructurar y emitir leyes que le daban forma y contenido en muchas áreas y disciplinas, tanto políticas como económicas.

En 1930 comenzaron los golpes de estado en Argentina con el del general Uriburu a la cabeza, un fascista precoz que no llegó (por causas ajenas a su voluntad) a desplegar todo su potencial fascista. De ello se encargó el coronel Perón, quien llega al poder de la mano de otro golpe (1943) dado por otro grupo de militares -encabezado por el general Edelmiro J. Farrel-, integrantes del autodenominado G.O.U. (siglas del Grupo de Oficiales Unidos) con la caída del entonces presidente constitucional Ramón S. Castillo por parte de este grupo militar.

Se continúa y afianza una modalidad de asalto al poder que se consolidará en los decenios posteriores, pero, y esto es para mí lo más importante: se constituye y apuntala -al punto de arraigarse hasta el presente- una forma de pensar y de actuar.

Se legitima un modo de ser que enraizará en la población, y que podemos denominar el “ser fascista”. Es en este punto histórico, donde creo que se pierde la democracia o el “ser demócrata” para dar lugar al fascismo o el “ser fascista”. Y esta triste transformación perdura hasta nuestros días, incluyendo el momento en que escribo estas líneas.

Y si bien, en las formas y en su Constitución escrita, la Argentina sigue siendo una “democracia”, en su otra constitución, la que yo llamo su constitución interna (en el más literal sentido de la palabra), es decir, su estructura constitucional, el argentino promedio es un fascista no asumido como tal, negador de su condición fascista.

Esto explica -a su turno- también a mi modo de ver, los repetidos éxitos electorales del peronismo, ya sea en su versión fundadora (primero, segundo y tercer gobierno de J. D. Perón) como en sus posteriores derivaciones (Menem y los Kirchner). Estas adaptaciones variaron entre si, pero el vínculo común y constante entre ellas, fue el fascismo que, tanto Perón como Menem y los Kirchner practicaron en distintos grados (el fundador se destacó como un extraordinario fascista, y el matrimonio Kirchner estuvo muy cerca de igualar a su líder. Entre ellos, Menem se mostró como un aprendiz de fascista y -hasta un cierto punto- logró pasar desapercibido como tal.

Para entender algo más de lo que hablamos, será de mucho interés recordar la excelente definición de fascismo que nos brinda el diccionario de economía:

fascismo. Movimiento político de gran importancia entre las dos grandes Guerras Mundiales que surgió en Italia, en 1922, bajo el liderazgo de Benito Mussolini. El fascismo se caracterizó por su oposición a la democracia liberal y al comunismo, por su nacionalismo, su culto a la violencia y su actitud proclive al colonialismo y al racismo. Surgido inicialmente como un movimiento de masas sin una definición ideológica muy precisa, aunque siempre opuesto a la agitación sindical y socialista, el fascismo, en Italia y en otras naciones, fue adquiriendo luego perfiles más claros y más amenazantes.

Para el fascismo la soberanía del Estado-nación era absoluta y se erigía, por tanto, como una crítica a la libertad individual, siempre mencionada despectivamente como “individualismo”, ya se manifestase ésta en el campo del pensamiento, las costumbres o la actividad económica. Su lema “Creer, obedecer, combatir” expresaba no sólo esta subordinación del individuo al líder, concebido como encarnación de la voluntad nacional, sino también el espíritu militarista y el apego a la disciplina que tanto contribuyeran al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos fascistas fueron, sin excepción, dictaduras unipersonales absolutas que, en algunos casos, llegaron a convertirse en sistemas abiertamente totalitarios, como ocurrió en la Alemania de Hitler. Aparte de las experiencias italiana y alemana deben mencionarse también los regímenes fascistas o filofascistas que se establecieron en Rumania, España, Argentina, Brasil y otras naciones durante los años treinta, en algunos casos con características sin embargo más próximas al populismo.

El énfasis en lo colectivo en detrimento del individuo hizo que los experimentos fascistas desembocasen normalmente en una u otra forma de corporativismo. Las naciones se organizaron así a través de corporaciones, no personas, que podían ser cámaras de industriales o comerciantes, sindicatos, gremios o cualquier otra institución semejante. Estas corporaciones, representadas en órganos políticos o de dirección económica, eran los auténticos actores sociales, aunque cada una de ellas, en realidad, estaba dirigida férreamente por personeros del partido gobernante que se subordinaban al líder supremo. Ellas decidían la política general a seguir, trazaban planes económicos e intervenían en muchos asuntos cotidianos, convirtiéndose en órganos del Estado de casi ilimitado poder.

La economía se organizaba así mediante consejos generales que dictaban normas de cumplimiento obligatorio para todas las cámaras afiliadas. Estas fijaban precios y cantidades a producir, determinaban los salarios y las normas de trabajo, intervenían sobre las decisiones de inversión, regulaban las ganancias y controlaban toda la actividad productiva, a veces, hasta los mínimos detalles. La propiedad privada de las empresas se mantenía, al menos formalmente, pero quedaba por completo vacía de contenido: no existía ya riesgo empresarial ni posibilidad alguna de competencia, por lo que los dueños de empresas se convertían en una especie de asalariados privilegiados, a veces devengando incluso sueldos, cuyas ganancias se asemejaban más a bonos o compensaciones especiales que a la retribución por el riesgo asociado a la inversión. La política económica general, por otra parte, además de basarse en un extendido intervencionismo estatal, se encaminaba a lograr la autarquía, el desarrollo económico nacional aislado del resto del mundo.

Los fascismos más militaristas, como los de Hitler, Mussolini y la Europa Oriental no sobrevivieron mucho tiempo y fueron devorados por la propia conflagración mundial que tanto contribuyeron a desencadenar. Otras experiencias, como la de Franco en España, fueron evolucionando gradualmente hacia sistemas menos totalitarios, abandonando casi por completo el corporativismo y asemejándose así a otras naciones de economía intervenida y democracia restringida. En América Latina, dentro de este modelo, los experimentos fascistas se convirtieron rápidamente en populismos. [1]

[1] Carlos SABINO; Diccionario de Economía y Finanzas. Contiene léxico inglés-español y traducción de los términos al inglés. Consultores: Emeterio Gómez; Fernando Salas Falcón; Ramón V. Melinkoff. CEDICE. Editorial Panapo. Caracas. Venezuela.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Descentralización, gasto y “eficiencia”

Por Gabriel Boragina Publicado  el 20/8/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/08/descentralizacion-gasto-y-eficiencia.html

 

La descentralización es un concepto principalmente jurídico, pero también se le han dado connotaciones de índole económica. Veamos su idea jurídica:

Descentralización Hay descentralización cuando las funciones del Estado son cumplidas por organismos con competencia limitada regionalmente. Supone, pues, la división del Estado, o descentralización, que puede ser política, vinculada con la estructura constitucional del Estado, o administrativa. relacionada con la organización técnica de los servicios públicos. La descentralización política origina Estados federales o confederaciones, compuestos de provincias, departamentos o Estados autónomos, cuyos gobiernos tienen, en su esfera, posibilidades de decisión. La descentralización administrativa supone la existencia de organismos descentralizados de ejecución, pero que-responden a una dirección centralizada; este tipo de descentralización administrativa o burocrática es perfectamente compatible con una organización estatal unitaria”[1]

Está implícito en estas doctrinas la descentralización económica, ya que para cumplir dichas funciones del “estado” son necesarios recursos. Pero la descentralización política no implica irreparablemente la económica, porque si bien la facultad de decidir puede estar descentralizada, la ejecución de lo decidido ha de requerir obligatoriamente fondos, que pueden ser provistos ya sea por el ente descentralizado o bien por el estado-nación. Como ya hubiéramos señalado, lo concluyente -en última instancia- para conocer si estamos frente a un organismo descentralizado o no, es precisamente este punto: el económico. De aquí que, debe completarse la noción jurídica con otra económica y, de tal suerte, pasar a hablar de centralización o descentralización económica que, como queda dicho, puede acompañar o no a la política y administrativa.

Por su lado, hay autores que entienden que la descentralización apunta a la racionalización del gasto público. Veamos:

“El objetivo de la racionalización del gasto público a través de la descentralización de la actividad gubernamental requiere de algunos de los siguientes lineamientos clásicos: flexibilidad, gradualismo, transparencia del proceso de toma de decisiones, control social y enlace con las políticas macroeconómicas, especialmente las de corto plazo, enfocadas en la estabilización de precios y el ajuste fiscal. “[2]

No queda del todo claro a qué se refiere el autor cuando habla de “racionalización” del gasto público, porque si acudimos al diccionario constatamos las siguientes definiciones:

racionalización.1. f. Acción y efecto de racionalizar.[3]

Y, a su turno:

racionalizar

  1. tr. Reducir a normas o conceptos racionales.
  2. tr. Organizar la producción o el trabajo de manera que aumente los rendimientos o reduzca los costos con el mínimo esfuerzo.
  3. tr. Mat. Operar para eliminar los radicales del denominador de una fracción.[4]

A primera vista, parecería que la acepción más aproximada sería la segunda. Sin embargo, se puede pensar -sin mayor dificultad- la posibilidad de organizar la producción o el trabajo (aunque en rigor, económicamente, ambos términos son, de alguna manera, equivalentes). Pero no es tan fácil concebir de qué forma se podría organizar el gasto público de manera que aumente los rendimientos o reduzca los costos con el mínimo esfuerzo. En primer lugar, el gasto público -por su misma definición- no puede aumentar ningún rendimiento. Indefectiblemente el gasto los disminuye. En cuanto a reducir los costos, suena como contradictorio aplicarlo al propio gasto púbico, ya que el gasto púbico es en si mismo un costo (más adecuadamente una sumatoria de costos). Quizás, el autor citado aluda a los componentes de ese gasto público, es decir a las diferentes partidas que lo constituyen y, siendo este el caso, se podría estar de acuerdo con la expresión.

En nuestra opinión (ya manifestada en múltiples ocasiones) la única conducta racional respecto del gasto público es que este sea el menor posible, habida cuenta que si hay una regla económica que siempre se cumple es que, cuando el gasto estatal aumenta, indefectiblemente el gasto privado se limita en calidad, pero no en cantidad a causa de la transferencia de ingresos que se opera desde el sector privado hacia el estatal. Si esto no fuera así, no habría ninguna posibilidad de que el estado-nación aumente sus gastos.

“Vale la pena señalar la complejidad de los aspectos relacionados con factores que, de una manera más o menos directa, enlazan la descentralización con la participación. Los objetivos relacionados con la política y la participación ciudadana tienden a moverse en el sentido de legitimar a los gobiernos o las políticas económicas y de incrementar el control social, con el fin de que el gasto público sea más eficiente y/o mejore la calidad del gasto social básico. Sin embargo, tal como en el caso de la descentralización como un todo, no existe un modelo ideal para hacer funcionar los mecanismos de participación.”[5]

Aquí tenemos otra cita altamente discutible. No cabe duda de que la descentralización de funciones y de gastos favorecería una mayor participación ciudadana o -al menos- una mayor información sobre de lo qué se gasta y cómo se lo hace. Como ya expresamos antes, cuando se habla de objetivos hay que concretar de cuáles de ellos se hace, si los de los gobiernos o de los ciudadanos, porque es muy arriesgado partir de la base de que ambos objetivos serán siempre coincidentes. A menudo, comprobamos que los fines de unos y de otros no siempre son concurrentes, ni en el tiempo ni en el espacio.

Mucho más oscuro todavía es el clisé del gasto público “eficiente” o de mejor “calidad del gasto social básico”. La eficiencia y la calidad son evaluaciones puramente subjetivas, y adquieren sentido cuando quien las valora puede comparar su costo con el producto o servicio que recibe. Característica que se cumple exclusivamente en el caso del gasto privado, pero de ninguna manera en el del gasto estatal o público.

[1] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial HELIASTA-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553 pág. 317.

[2] José Roberto Rodríguez Afonso – Thereza Lobo. “Descentralización fiscal y participación en las experiencias democráticas tardías”, Capítulo V. en Rolf Lüders-Luis Rubio-Editores. Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual. CINDE CIDAC, pág. 279-280.

[3] Real Academia Española © Todos los derechos reservados

[4] Real Academia Española © Todos los derechos reservados

[5] JOSÉ ROBERTO RODRIGUES AFONSO – THEREZA LOBO. “Descentralización fiscal y participación en las experiencias democráticas tardías”, Capítulo V. en Rolf Lüders-Luis Rubio-Editores…Ob. cit., pág. 280.

 

 

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.