El Estado incontinente

Por Enrique Aguilar: Publicado en http://www.lanacion.com.ar/1959360-el-estado-incontinente

 

Los recientes testimonios del programa Periodismo para todos, relativos a la incorporación de algunos familiares de funcionarios o legisladores en distintas reparticiones oficiales, son síntoma de una realidad que, más allá de la aspiración que diera nombre a la coalición gobernante, no parece que estemos dispuestos a cambiar. Se trata más bien de un vicio tan enquistado, sin excepción, en nuestros poderes del Estado que se necesitarán años para combatirlo con la ayuda (cabe desearlo) de una cultura institucional de la que aún carecemos.

Que el peronismo en general y el kirchnerismo en particular hayan hecho escuela de una desmedida preferencia por los parientes a la hora de cubrir cargos públicos, no es motivo para seguirles los pasos. Tampoco serviría como descargo enterarse de que el total de designaciones es ostensiblemente inferior a lo que venía siendo hasta ahora, o la comprobación de que todos y cada uno de los nombrados cumplen diariamente con sus obligaciones sin ser cómplices, por acción u omisión, de ningún latrocinio colectivo.

Foto: Javier Joaquín

Por un lado se sabe que el gobierno actual produjo muchas cesantías de personal contratado, y es más que probable que “en la volteada” hayan caído también no pocos empleados honestos y responsables sea cual fuere su filiación política. Pero también se sabe que la cantidad de nuevas incorporaciones no ha sido módica. ¿Fueron todas realmente necesarias? ¿En ningún caso supusieron el pago de favores o lealtades? ¿Cuánto pesaron en su elección la idoneidad y los antecedentes personales y cuánto las promesas de campaña, los lazos de sangre o de amistad?

Son preguntas que están en boca de muchos ciudadanos y que están formuladas sin ninguna mala intención. Sin embargo, cuando se observa, por ejemplo, las generosas paritarias que supieron conseguir algunos sectores del Estado, o el tiempo que se ha tomado el Gobierno para estudiar una corrección efectiva, que está por verse, del impuesto a las ganancias (algo que clama al cielo ya), no es fácil encontrar la mejor disposición para aceptar cualquier medida que incremente el gasto público, como no sea las que estén exclusiva y directamente dirigidas a aliviar las penurias de millones de argentinos cuya situación contrasta abiertamente con el buen pasar a que la política nos tiene acostumbrados.

En el fondo, lo que estas revelaciones estarían poniendo al descubierto es la insuficiente voluntad para reformar un Estado que se ha vuelto insostenible para los contribuyentes, y que en los últimos lustros se ha convertido además en un destino apetecible para muchos trabajadores a quienes el sector privado no les ofrece alternativas o condiciones salariales parecidas. Nuevamente me refiero a todos los poderes del Estado, incluido desde luego el Poder Judicial, cuyos integrantes se aferran para colmo a un privilegio fiscal irritante por donde se lo mire, que no puede sino generar resentimiento, a un costo altísimo para el país.

¿Cuánto Estado podremos sostener? ¿En qué porcentaje aumentó su tamaño desde el año 2000 (por poner una fecha) hasta el presente? ¿Se vio ese incremento reflejado en la generación de una nueva infraestructura vial, en el mejoramiento de los servicios educativos, en una adecuada cobertura sanitaria, en una disminución de los índices de inseguridad o una mayor equidad distributiva? Que a la vista de todos vayamos perdiendo la lucha contra el narcotráfico o que más del 30% de la población se encuentre sumergida en la pobreza, es otra ilustración paradójica de la existencia de un Estado sobredimensionado, que ha engordado a expensas de la sociedad y en la cual no reinvierte lo necesario.

En un ensayo publicado al regreso de su segundo viaje a la Argentina, Ortega y Gasset aludió a los riesgos del creciente intervencionismo estatal advirtiéndonos que si esa tendencia no era detenida pronto llegaría un momento en que nos daríamos cuenta de que el Estado “no puede vivir de sí, que no es él mismo vida, sino máquina creada por la vitalidad colectiva; por ello, menesterosa de ésta para conservarse, lubrificarse y funcionar”. En otras palabras, lo que Ortega nos decía es que el Estado no puede sustituir a la sociedad. Debe auxiliarla, ciertamente, pero no puede asfixiarla o convertirla en alimento de sus prerrogativas y regulaciones. Ojalá que, pese a todo, se estén tomando los recaudos necesarios para evitar que ello ocurra.

 

Enrique Edmundo Aguilar es Doctor en Ciencias Políticas. Ex Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la UCA y Director, en esta misma casa de estudios, del Doctorado en Ciencias Políticas. Profesor titular de teoría política en UCA, UCEMA, Universidad Austral y FLACSO,  es profesor de ESEADE y miembro del consejo editorial y de referato de su revista RIIM. Es autor de libros sobre Ortega y Gasset y Tocqueville, y de artículos sobre actualidad política argentina.

Con voluntarismo esto no se arregla

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 23/10/16 en: http://economiaparatodos.net/con-voluntarismo-esto-no-se-arregla/

 

Cuando un gobierno tiene que pedirles a los empresarios que inviertan, es porque algo mal está haciendo.

La semana pasada el presidente Macri, dirigiéndose a un amplio grupo de empresarios, les dijo que ellos tienen que arriesgar e invertir porque hay un tercio de la población que la está pasando muy mal. Textualmente les pidió “que se rompan el traste” para que la economía empiece a crecer porque hay que empezar a crecer y “rápido”.

Es obvio que Macri no les ordenó que invirtiesen, solo les pidió enfáticamente que lo hicieran, el problema es que los empresarios no invierten por amor o por benevolencia. Como dice Adam Smith en La Riqueza de las Naciones: “No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés&”. En otras palabras, el interés del carnicero, el cervecero y el panadero por ganarse el favor del consumidor los lleva a producir algo que la gente necesita. No nos regalan nada, sino que producen bienes a precios y calidades que son los que busca el consumidor.

Cuando un gobierno tiene que pedirles a los empresarios que inviertan, es porque algo mal está haciendo dado que el empresario no invierte porque se lo pida un gobierno sino porque les conviene invertir porque ven una oportunidad de ganancias.

En una economía competitiva, el empresario busca permanentemente satisfacer la demanda insatisfecha del consumidor. Es más, el empresario busca obtener rentas extraordinarias, que son rentas que superan la tasa de rentabilidad promedio de la economía. El primero que descubre una demanda insatisfecha e invierte es el que mayor demanda recibe porque el resto de los empresarios todavía no invirtió en el sector y, por lo tanto, el primero se lleva el grueso de la demanda.

A medida que otros empresarios van descubriendo esa renta extraordinaria, en una economía sin restricciones al ingreso de nuevos competidores, van invirtiendo en el sector. Al invertir en el sector aumenta la oferta del bien en cuestión, bajan los precios y la tasa de rentabilidad del sector tiende a igualarse con relación al resto de los otros sectores de la economía. Una economía eficiente es un proceso dinámico y que requiere de la suficiente libertad de acción para que los empresarios desarrollen su capacidad de innovación.

Es en ese proceso de inversión para obtener rentas extraordinarias que se van creando nuevos puestos de trabajo, aumenta la demanda laboral, suben los salarios y, por lo tanto, disminuyen la pobreza y la desocupación. Además, una economía que recibe una fuerte corriente inversora, incrementa la oferta de bienes, cuyos precios tienden a bajar y es por esa razón que los salarios tienden a subir. El incremento del salario real se da cuando con el mismo salario nominal la persona puede acceder a una mayor cantidad de bienes y servicios y eso se logra con estabilidad monetaria y con aumento de la oferta de bienes que proviene de la competencia (una economía abierta) y de las inversiones.

Claro que en este proceso de inversiones, el empresario tiene que poder hacer cálculo económico, es decir, estimar la tasa de rentabilidad que puede obtener de su inversión. Y recalco la palabra estimar porque en un mercado libre no hay certeza sobre el éxito de la inversión. Solo en los corruptos mercados regulados por el estado es que al empresario se le asegura una rentabilidad restringiendo la competencia y dejando al consumidor a merced del empresario. Ejemplo Lázaro con la obra pública.

Ahora bien, al hacer el cálculo económico, el empresario necesita tener una unidad de cuenta. Para eso necesita una moneda que tenga la característica de servir como medio de intercambio y reserva de valor. Si cumple con la función de reserva de valor, entonces sirve para hacer cálculo económico. Como el peso no es reserva de valor, no sirve como unidad de cuenta, por lo tanto, no se puede hacer cálculo económico, estimar una probable rentabilidad de una inversión y la misma queda postergada hasta que se pueda hacer una estimación razonable. Es decir, hasta que haya estabilidad de precios.

El segundo obstáculo que existe hoy para invertir es la carga impositiva. Si el estado va a seguir repartiendo el fruto del trabajo ajeno, es muy difícil que el director de una empresa logre convencer a los accionistas que inviertan porque tiene que decirles que si ellos invierten, asumen el riesgo empresarial de ganar o perder, y que si ganan, entonces el estado se queda con buena parte de las utilidades para “redistribuirlas” a terceros, ¿quién va a invertir en esas condiciones?

En tercer lugar, la legislación laboral debe inducir a las empresas a contratar personal, no a evitarlo. La legislación laboral argentina protege a los que están dentro del mercado laboral y dejan a la intemperie a los que están fuera del mercado laboral. La legislación laboral condena a la miseria a los que no tienen trabajo. Por lo tanto, el empresario va a evitar contratar personal o bien intentará reemplazar lo más que pueda mano de obra por máquinas. Una máquina no hace huelgas, ni se convierte en delegado sindical o alguno de esas supuestas conquistas sociales.

En definitiva, luce a puro voluntarismo el encendido discurso de Macri llamando a la inversión para terminar con la pobreza. Me parece que Macri está siendo muy mal asesorado en el campo de la economía y peor guiado en las medidas que hay que adoptar.

Este destrozo económico que dejó el populismo progresista k no puede ser resuelto con más progresismo de buenos modales. Argentina requiere de un cambio en las reglas de juego. No digo que de un día para otro se logre la prosperidad, pero podrán hacerse mil discursos. Podrán realizarse mil apelaciones a invertir. Pero si no se crean las condiciones institucionales para atraer inversiones, difícilmente pueda terminarse con la pobreza.

No está aquí el qué. Lo que está en discusión es el cómo. Y en el cómo, por ahora, se insiste con la medicina populista progresista k. Porque no nos engañemos, el haber eliminado los controles y medidas más absurdas del kirchnerismo no significa haber terminado por completo con el estado sobredimensionado y expoliador que en los últimos 70 años destruyó la economía argentina y sumergió a la población en un grado de pobreza que nunca pensamos llegar a ver en nuestro país.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

La verdadera defensa de los pobres

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 29/2/16 en http://www.lanacion.com.ar/1875192-la-verdadera-defensa-de-los-pobres

 

El Gobierno recibió un descomunal descalabro institucional y económico, y es de esperar que reduzca un Estado sobredimensionado en personal y funciones nocivas que es financiado, principalmente, por los que menos tienen

 

Hay un tema crucial para dar debida protección a los más pobres. Es la imperiosa necesidad de percatarse de que los aparatos estatales sobredimensionados en funciones incompatibles con un sistema republicano son financiados, principalmente, por los pobres. Esto es así porque los contribuyentes, al pagar los tributos, contraen la inversión, y en consecuencia reducen los salarios en términos reales. El único factor determinante de los ingresos es la tasa de capitalización; no es voluntarismo, de lo contrario habría que dejarse de propuestas timoratas y lanzar un decreto para hacernos todos ricos.

Pero las cosas no son así. Lo que en este sentido diferencia a Angola de Alemania es el volumen de capital per cápita, es decir, equipos, instrumentos, herramientas y conocimiento relevante que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. No es lo mismo arar con las uñas que con un tractor ni pescar a cascotazos que con una red. Donde las tasas de capitalización son más elevadas, el trabajador trabaja menos con mayor rendimiento y mejores condiciones laborales, en un contexto de marcos institucionales civilizados.

Se entenderá entonces que es inconveniente declamar para que se mantengan burócratas que ponen palos en la rueda para el fortalecimiento de una sociedad abierta. Y no es que no trabajen, sino que sus faenas son altamente destructivas de los andamiajes republicanos. Es una injusticia grave para los más pobres que se vean obligados a cargar sobre sus espaldas el derroche y el consiguiente consumo de capital.

Cuando el gobierno prescinde de funciones innecesarias y contraproducentes, libera recursos para engrosar los bolsillos de la gente, que reasignará factores humanos y materiales en actividades que considere productivas. Así, con los nuevos recursos disponibles, la gente puede hacer una de tres cosas o una combinación de ellas: invertir, consumir o guardar bajo el colchón (en realidad, invertir en dinero). Con cualquiera de estas tres cosas estará reasignando factores humanos y materiales hacia áreas productivas (si guarda bajo el colchón, estará modificando la ratio entre la cantidad de dinero en circulación y los correspondientes bienes y servicios, lo cual significa que los precios bajarán, que es lo mismo que decir que se transfiere poder adquisitivo a los demás).

Ahora bien, si hay quienes piensan que lo dicho no es suficiente para dar protección adecuada al personal que deja sus funciones en el gobierno, puede contribuir con su propio peculio para financiar entidades que se dedican a brindar ayuda al prójimo o crear nuevas instituciones, pero nunca articular discursos recurriendo a la tercera persona del plural para que los pobres se sigan haciendo cargo de los estropicios.

En uno de mis libros, En defensa de los más necesitados (en coautoría con Martín Krause), se muestra el correlato entre la libertad y los obras filantrópicas, y ejemplificábamos con los casos de Inglaterra, la Argentina y Estados Unidos antes de la irrupción de aquella contradicción de términos llamada “Estado benefactor” (puesto que la beneficencia es, por definición, realizada con recursos propios y de modo voluntario).

No es posible que se continúe con la hipocresía de parlotear livianamente sobre las “ayudas del Estado”, como si los recursos correspondientes no vinieran del fruto del trabajo de los vecinos, como si hubiera que agradecer a los funcionarios públicos, que en realidad no ponen nada de su patrimonio (en muchos casos, se lo llevan).

El Gobierno ha recibido un descomunal descalabro institucional y económico. Es de esperar que elimine ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones y reparticiones que nada tienen que ver con una sociedad libre. También, que no se deje tentar por el endeudamiento externo para mantener el Leviatán que viene estrangulando autonomías individuales desde hace décadas.

Tampoco es conducente despotricar contra aumentos de precios y arremeter contra el termómetro en lugar de luchar contra la infección. Los precios son consecuencia de las valorizaciones cruzadas entre compradores y vendedores. No los determina la estructura de costos, que pueden ser muy altos o muy bajos en relación con los precios finales. Un bien puede insumir costos altísimos y sin embargo no ser valorado en esa proporción por el consumidor, que en consecuencia paga un monto mucho menor. Viceversa, un bien puede tener costos muy bajos, pero ser muy valorado por los compradores. Si los precios fueran el resultado de la sumatoria de costos, no habría quebrantos.

Sin embargo, es función gubernamental proteger los derechos de todos mediante la erradicación de todo privilegio a quienes se dicen empresarios pero explotan a la gente basados en la dádiva y el mercado cautivo. Y cuando aludimos al derecho, nos referimos a la facultad de cada cual de disponer de lo propio sin afectar iguales facultades de terceros. No se trata de los falsos derechos que se esgrimen por doquier, por ejemplo el “derecho” al bolsillo del prójimo.

En este contexto, vale mencionar aquel argentinismo que tanto usamos: los ñoquis. A veces parece que el tema central son los que cobran pero no trabajan, pero ése no es el problema. Si no trabajan, mejor, puesto que de hacerlo en funciones incompatibles con una sociedad de hombres libres resultarían un peso. Cuanto más trabajaran, peor sería. Hay que deshacerse de los ñoquis, claro, pero el asunto de fondo es deshacerse de tareas que hacen daño a la población.

Otro tema trascendental para dirigir las políticas hacia metas de bienestar general es el desempleo. Los recursos son escasos y las necesidades, ilimitadas. El recurso por excelencia es el trabajo, puesto que no se concibe la producción de ningún bien ni la prestación de ningún servicio sin el concurso del trabajo manual e intelectual. Por el principio de no contradicción, una cosa no puede a la vez ser y no ser en las mismas circunstancias. Si el trabajo es un recurso escaso, no puede a la vez sobrar (y este sobrante es equivalente a la desocupación).

¿Por qué entonces hay desempleo en distintas partes del mundo? Porque los arreglos contractuales no son libres. Esto es, si la legislación establece salarios superiores a los que marca la antes mencionada tasa de capitalización, necesariamente habrá desocupación. El gerente no se entera del problema a menos que sus propios emolumentos se fijen por ley en niveles más altos que los que permite el volumen de inversión, en cuyo caso no encontrará empleo.

Como los bienes y servicios no crecen en los árboles y hay que trabajar para producirlos, la asignación de los derechos de propiedad permite colocar recursos en las manos más eficientes a criterio de la gente, que se expresa a través del plebiscito diario en el supermercado. En la medida en que los gobernantes pretendan fijar precios y salarios, la consecuente distorsión en los indicadores genera despilfarro, faltantes de bienes y desocupación. Eso no sólo perjudica al desempleado, sino que afecta negativamente a toda la economía, ya que habrá una fuerza laboral conjunta menor.

Dicho sea al pasar, la propiedad hace referencia al propio cuerpo y a la privacidad, a la libre expresión del pensamiento y a la disposición de lo adquirido lícitamente por parte de cada uno.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.