Estatolatría

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2019/10/estatolatria.html

 

La tendencia a pensar y a creer que todo debe esperarse del estado-nación tiene una muy larga data. En realidad, es un resabio de la autocracia de antiguos caudillos y cabecillas que -con el tiempo- se convirtieron en jefes y soberanos de pueblos y más tarde de naciones, hasta conformar lo que actualmente se denomina genéricamente con el vocablo gobierno.

“Es grotesco que se hable mucho más acerca de los logros de la Autoridad del Valle de Tennessee que acerca de todos los logros sin precedentes ni paralelos de las industrias de procesado estadounidenses operadas privadamente. Sin embargo fueron solo estas últimas las que permitieron a las Naciones Unidas ganar la guerra y hoy permiten a Estados Unidos acudir en ayuda de los países del Plan Marshall.”[1]

Los actos de gobierno tienen mucha más prensa que cualquier otra actividad privada comercial. Esto marca la tendencia que se describió con anterioridad. Existe una especie de psicología de masas en tal sentido podría decirse. L. v. Mises destaca en este párrafo la valiosa y fundamental contribución de las empresas privadas norteamericanas que fueron las que -en definitiva- determinaron y financiaron la mayor parte o todo el aporte que el Plan Marshall cooperó a la reconstrucción de la Europa de posguerra. Esto equivale a decir que fue el capital privado el que venció en la guerra, y ningún “capital estatal” si es que pudiera hablarse de cosa semejante en este último término.

“El dogma de que el estado o el gobierno es la encarnación de todo lo que es bueno y benéfico y de que los individuos son subordinados miserables, tratando exclusivamente de infligir daño a los demás y con una necesidad imperiosa de un guardián, es casi indisputado. Es tabú cuestionarlo en lo más mínimo.”[2]

Otra idea que pervive entre nuestros contemporáneos es la expresada en la cita anterior. Es la base del paternalismo, según el cual el “padre estado” debe vigilar, controlar y reprender a sus “súbditos hijos”, los que en caso contrario no harían más que destrozar todo lo que encuentren a su paso, inclusive a sus “hermanos” ciudadanos tan hijos de aquel mítico “padre estado” como de los demás “súbditos hijos”.

Este mito subsiste campante en nuestros días, inclusive en los llamados “estados democráticos” donde lo que se procura mediante el voto es en elegir el mejor “padre-gobernante” de todos, o el político que mejor represente el papel de padre protector del resto de los votantes. Esto es a lo máximo a lo que parecen aspirar las dudosamente llamadas democracias “modernas”.

“Quien proclama la bondad del Estado y la infalibilidad de sus sacerdotes, los burócratas, es considerado como un estudioso imparcial de las ciencias sociales. Todos los que plantean objeciones se califican como tendenciosos y estrechos de mente. Los defensores de la nueva religión de la estatolatría no son menos fanáticos e intolerantes de lo que eran los conquistadores mahometanos de África y España.”[3]

Otras veces nos hemos referido a esa mágica metamorfosis que parece producirse en la mente de millones de votantes por la cual creen que, si dicho sufragio convierte en gobernante al candidato de su predilección este quedará -por ese solo y simple hecho- transformado en un ángel celestial que -ya en función de gobierno- no podrá hacer ninguna otra cosa más que el bien de la manera más perfecta y más absoluta que pueda concebirse. Esta ficción está profundamente arraigada en nuestra sociedad. Lo más curioso del tema es que quienes sostienen esta idea sean considerados como grandes y profundos intelectuales, en tanto aquellos que la critiquen sean ridiculizados como si fueran ignorantes.

Antiguamente, el súbdito vivía su sumisión al rey con resignación fatalista, como algo que -pensaba- debía ser necesariamente así. Rendía pleitesía a su amo más por una cuestión de supervivencia que por la fe en un “dios terrenal”. El culto a la estatolatría era impuesto desde arriba hacia abajo so pena de suplicio o pérdida de favores y hasta de sustento. La libertad se veía como un sueño, como una utopía. La esclavitud como una amarga realidad.

La nueva religión de la estatolatría es algo diferente a aquello. Es un sometimiento que se da de manera inversa al antiguo partiendo de abajo hacia arriba, aceptado casi espontáneamente por la gente rasa, no ya con estoicismo sino con entusiasmo, surgiendo del hecho que resulta natural que exista gente que “deba” obedecer los dictados de otros que desde el poder “deben” dominar y mandar.

“La historia llamará a nuestra época la era de los dictadores y tiranos. En los últimos años, hemos sido testigos de la caída de dos de estos superhombres hinchados. Pero sobrevive el espíritu que aupó a estos granujas al poder autocrático. Permea libros de texto y periódicos, habla a través de las bocas de maestros y políticos, se manifiesta en programas de partidos y en novelas y obras de teatro. Mientras prevalezca este espíritu, no puede haber ninguna esperanza de una paz duradera, de democracia, de conservación de la libertad o de una mejora constante en el bienestar económico de la nación.”[4]

Evidentemente L. v. Mises se refiere a Hitler y a Mussolini. Sobrevivía Stalin, pero bien señala el profesor austriaco que no eran, en el fondo, las personas de los tiranos (por muy espeluznantes que fuera sus métodos) sino las ideas que los inspiraban y que le daban forma lo verdaderamente importante y a la vez peligroso. Como tantas veces señaláramos -junto con otros- son las teorías las que mueven al hombre, y este al mundo que lo circunda. Quizás haya una referencia indirecta a Antonio Gramsci en la cita anterior de L. v. Mises, pero evidentemente va más allá de Gramsci, porque pone de manifiesto la realidad de que no solamente la educación formal está impregnada de socialismo y de nazi-fascismo, sino también los medios de información, es decir, la prensa oral y escrita. Y va más allá, como enseña el maestro, porque los sobrepasa y asimismo alcanza el ámbito del arte, la literatura y la cultura. En una palabra, comprendía y abrazaba absolutamente todas las esferas del actuar humano.

[1] Ludwig von Mises, Caos planificado, fuente: http://mises.org/daily/2454 (Publicado el 3 de febrero de 2007). Pág. 4.

[2] L. v. Mises ibidem, pág. 4.

[3] L. v. Mises ibidem, pág. 4-5

[4] L. v. Mises ibidem, pág. 5

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

El Derecho (6° parte)

Por Gabriel Boragina Publicado en: http://www.accionhumana.com/2018/06/el-derecho-6-parte.html

 

“Contrariamente, otros muchos autores, entre ellos Jellinek, Giner de los Ríos, Merkel, Posada, Windscheid y Bonilla San Martín, han negado que la coercibilidad sea indispensable al Derecho. Cathrein ha sostenido concretamente que “si la coacción viene detrás del Derecho, teniéndolo como fin y como objeto, no será nunca un elemento esencial del mismo, sino algo que desde fuera se le asocia y viene en su ayuda”. Otros argumentos apoyan esta tesis, como el que señala la existencia de un Derecho Internacional, que regula o trata de regular las relaciones entre los diversos Estados, pese a carecer de elementos coactivos, porque la guerra no sólo no es el elemento coactivo en que se apoya el Derecho Internacional, sino que tampoco representa precisamente la negación de tal Derecho.”[1]

Esta es pues, al fin, la postura correcta. Como ya expusimos: la coacción es un elemento natural, es, en suma, un hecho, que puede o no acompañar al Derecho, pero también se presenta en situaciones claramente antijurídicas, como el ejemplo ya dado del delincuente que echa mano de ella para perpetrar sus crímenes, donde -desde luego- no sólo el Derecho está ausente, sino que su accionar es contra todo Derecho, ya que no existe un “Derecho” a violar el Derecho. La fuerza (coacción) existe como elemento natural o connatural, en tanto el Derecho no, porque este es una construcción mental primero, y social después cuando se generaliza y se expande entre un grupo o sociedad. La guerra es, ciertamente, un elemento coactivo -quizás el peor de todos ellos- pero también resulta muy claro que no forma parte del Derecho -más bien es su más perfecta negación- y no se aplica de ninguna manera al caso de la violación de un tratado internacional. La guerra no implica que el Derecho no existe ni que no deba cumplirse con él.

“Se dice también que la coacción no entra en apoyo del Derecho sino cuando éste es perturbado, sin que sea necesario que esa perturbación se produzca. Es decir que el Derecho existe sin el elemento coaccionante mientras la infracción no tiene lugar.”[2]

Naturalmente, esto es absolutamente correcto. Como ya dijimos, la coacción existe de manera independiente al Derecho, y aquella puede emplearse, incluso, en forma contraria al Derecho, como sucede típicamente en los casos de comisión de delitos. Notemos que la coacción es esencial al delito en la mayoría de los casos, pero tampoco es inherente al delito. Ciertos tipos de delitos se cometen sin el concurso de la coacción (muchos tipos de estafas o amenazas son ejemplos de esto último). Es más, el Derecho puede ser conculcado sin que, necesariamente, se reaccione con el sustrato coactivo que lo complementa.

“No faltan tampoco quienes, con dudoso acierto, tratan de probar que la coercibilidad no es esencial al Derecho, basándose en la circunstancia de que, pese a la realidad de las relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares, éstos no tienen medios coactivos de obligar a aquél al cumplimiento de sus obligaciones.”[3]

No obstante, las dudas del autor citado nosotros consideramos muy plausible esta crítica. Resulta cierto que, quien muchas veces es el principal violador del Derecho es el estado-nación mismo. Y también es correcto que, cuando ello ocurre, el particular queda inerme frente a tal infracción, porque carece del elemento coercible para ver resarcido su Derecho a la sazón, lesionado. Puede ser que el autor citado diga “con dudoso acierto” porque quizás esté pensando en que, en tal caso, el ciudadano tiene la posibilidad de ocurrir a los tribunales de Justicia para ver reconocido su Derecho y reclamar que sean estos quienes ejecuten la coercibilidad contra el infractor (en dicho supuesto el “estado” mismo). Pero, si recordamos que la Justicia es un órgano del “estado” deviene la paradoja que -en este caso- el “estado” se estaría coaccionando a sí mismo, sólo que, a instancias de un particular, de donde queda incólume la tesis de que el particular carece de coercibilidad propia contra el estado, y sólo puede lograr -como hipótesis de máxima- que el estado consiga (a través de su rama judicial) coaccionarse e a sí mismo. La práctica indica que esto último muy rara vez ocurre, por lo que acogemos la tesis referida en la cita anterior.

“Si se examinan los argumentos aducidos en pro de la existencia de un Derecho sin coacción, parece que el único valido es el que sostiene que la coercibilidad no es el Derecho en sí, sino el elemento que garantiza su efectividad. Enunciado así el problema, se advierte en seguida la diferencia entre ambos conceptos: si una cosa garantiza a otra, es porque la primera existe, ya que no cabría dar efectividad a una cosa inexistente. Las fuerzas de la naturaleza son útiles al hombre en cuanto éste pueda captarlas en su beneficio, más el hecho de que no pueda emplearlas, y aun de que las desconozca, no quiere decir que no existan.”[4]

La coercibilidad es accidental al Derecho. Y puede usarse tanto en contra del Derecho como a favor del Derecho. Por consiguiente, la coercibilidad es un elemento instrumental y solamente eso. Como un martillo puede servir tanto para construir como para destruir. En realidad, la formulación es parcialmente correcta. No sólo la primera existe, sino también la segunda. Tanto la coercitividad como el Derecho existen como realidades, sólo que lo hacen por separado, y no se tratan meramente de la misma cosa (como sostienen erróneamente los positivistas). Pero planteado como lo hace la cita, pareciera que lo único existente es el Derecho y no la coercibilidad. La realidad es que, concurren ambos por separado, coercibilidad que -en el caso- viene a garantizar la efectividad del Derecho, como bien se dice. Y, por otro lado, el Derecho como elemento autónomo garantizado. Garante y garantizado respectivamente distintos, pero unidos para un fin específico, que es el fin (objeto) del Derecho.

[1] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial HELIASTA-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553 pág. 294 y sigtes.

[2] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.

[3] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.

[4] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Liberalismo, mercado y bien común

Por Gabriel Boragina: Publicado el 10/12/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/12/liberalismo-mercado-y-bien-comun.html

 

 

A menudo, se escucha en boca de economistas, políticos, profesores, periodistas y gente común afirmar -en forma tajante- que el mercado se opone al bien común, y que -por consiguiente- es el estado-nación (como “garante” del “bien común”) el que debe imperiosamente intervenir en el mercado para evitar “abusos” que podrían –de concretarse- obstaculizar, o directamente hacer imposible la tarea del gobierno para “consolidar” el bien común. Cuando uno quiere indagar un poco más acerca de este curioso “razonamiento” se encuentra que quienes lo “argumentan” explican que, dado que el mercado por “su propia naturaleza” privada tiende a “fallar”, se hace necesario que un supra-organismo sea el encargado de corregir esas supuestas “fallas” y, en su caso, suprimirlas. El mercado forma parte de lo que algunos autores denominan “la dimensión social de la política liberal”, y hay otros quienes tratan de diferenciar el proceso de mercado del proceso social. Uno de tales autores lo explica de este modo:

“De manera consecuente, la dimensión social de la política liberal no va a ser encontrada ante todo en el taller de repuestos del proceso social, donde se supone que las políticas sociales del gobierno corrigen los resultados de la competencia y del proceso del mercado. Reducir la dimensión social a este tipo de taller de repuestos, y presuponer una contradicción de las preocupaciones sociales y políticas del mercado, es un malentendido básico muy difundido. Y se intensifica por citas tendenciosas de ejemplos de supuestas “fallas del mercado”, que sirven de excusa para hacer nuevos llamados a favor de la intervención estatal, usualmente sin considerar las mucho más serias “fallas del Estado”. La dimensión social del Liberalismo no significa tanto reparaciones post facto, sino que ante todo es inherente en el mismo modelo de sociedad, en su orden legal y económico, el cual garantiza el derecho a la propiedad, y canaliza la competencia mediante reglas que apuntan hacia el bien común.”[1]

El malentendido de las “fallas del mercado” proviene -en parte- de la extensa falacia que recibió por nombre “el modelo de competencia perfecta”. De momento que, ciertos economistas dieron por seguro que dicho modelo es el que debe o debería presentarse en la realidad, confundiendo el modelo con esta última, y asumiendo que el modelo de “competencia perfecta” nunca se dio ni se da en los hechos, terminan afirmando que el mercado en situación de competencia presenta “fallas” y que, por tal motivo, las mismas deben ser corregidas, y que esta última intervención debe ser llevada a cabo por el gobierno. Este curioso modo de “razonar” pasa enteramente por alto que el mercado forma parte del proceso social y no constituye algo por separado de este. Por lo que, las discrepancias y distinciones que se intentan para apartar el proceso de mercado del proceso social están –de antemano- destinadas al fracaso, si es que con ellas, en realidad, no se quiere buscar otra cosa, tal como algún fin político inconfesable.

Por otra parte, también se pasa por alto que el proceso de mercado -como parte del social- es por esencia humano, con todas las falibilidades que tal condición ofrece, y que el gobierno también está compuesto por seres humanos. Lo que los enemigos del mercado (y de sus aparentes “fallas”) nunca explican es: ¿sobre qué bases suponen que las personas a cargo del gobierno no fallarían nunca en sus métodos preventivos o correctivos de las imaginarias “fallas” de este último? ¿Por qué asumen omnisciencia en simples y comunes seres humanos por el hecho de que han accedido mediante el voto o por otras vías a ocupar posiciones de poder? Parecen presumir que la mera circunstancia de ingresar en la esfera estatal los hace introducir en una especie de atmósfera de superioridad intelectual y moral que, en realidad, no sólo no tiene ninguna base fáctica, sino que la menor experiencia demuestra que la actividad estatal brinda muchas mayores oportunidades para exhibir las falencias y fracasos humanos y –con frecuencia- es caldo de cultivo para dar lugar a altos niveles de corrupción. Creer que el mercado “atenta” contra “el bien común” no tiene ningún asidero, ni empírico ni teórico.

Con todo, sigue en pie la cuestión sobre a quién corresponde promover el bien común, para lo cual estatistas y liberales tienen desiguales respuestas. Así, un polémico e interesante autor plantea la cuestión y la contesta:

“Pregunta 1) ¿Con cuál de estas dos afirmaciones A o B está Ud. de acuerdo? A. “El Estado es el encargado de promover el bien común, por encima de los intereses privados que miran el bien particular”. B. “El Estado y los particulares son encargados ambos de promover el bien común, cada cual en su esfera de actividad”. La afirmación B describe en esencia el liberalismo. Y la A el estatismo.”[2]

Este argumento deja de lado la cuestión relativa a definir -en primer lugar- qué cosa es el bien común. Y da por sentado que es algo bueno y deseable para todos, lo que parece coincidir con nuestra conceptualización de bien común. La pregunta “A” admite un antagonismo entre el bien común y el particular y, efectivamente, es la posición en la que se basa el estatismo. Desconoce éste la verdad afirmada por Adam Smith en 1776, cuando advirtió que cada uno persiguiendo su interés particular promueve -sin quererlo y sin saberlo- el bien común mucho más y mejor que si se lo hubiera propuesto hacer.

Sin embargo, hay una corriente estatista que no opone el bien común al bien particular, sino que conjetura que todos los individuos buscan el bien común, pero que este sólo puede alcanzarse por la vía de la intervención y dirección del estado-nación. Esta corriente suele recibir el nombre de paternalismo y -pese a sus errores- se encuentra muy extendida en el mundo de nuestros días.

[1] Hubertus Müller-Groeling-“La Dimensión Social de la Política Liberal”- Publicado por Fundación Friedrich Naumann (FFN)-Oficina Regional América Latina-Pág. 9

[2] Alberto Mansueti. Las leyes malas (y el camino de salida). Guatemala, octubre de 2009. pág. 35

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Planificación y libertad

Por Gabriel Boragina. Publicado el 2/7/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/07/planificacion-y-libertad.html

 

Es común que se hable del estado-nación como un ser “vivo” con personalidad propia, y que toma “decisiones” y “actúa” como cualquier persona o ser humano. Este antropomorfismo esta tan arraigado que es bastante complicado -por no decir casi imposible- encontrar personas que no se expresen de dicha manera. Pero, si solo fuera una forma de decir, no habría tanto problema como el que existe en la medida que la gran mayoría cree firmemente que con certeza el estado-nación o el gobierno son “personas reales”, entes físicos y concretos que actúan y que deciden de modo separado al resto de los individuos. Son muchas las teorías jurídico-políticas que intentan -desde la antigüedad- justificar la existencia de un estado “autónomo” “independiente” y por encima de los individuos humanos.

Desde hace tiempo, nosotros -con otros- venimos sosteniendo que, entre el estado-nación y los individuos las diferencias reales residen en quienes detentan el poder político. Este poder político se traduce -a nuestro juicio- en la facultad de dictar leyes que puedan ser impuestas a otras personas, para lo cual aquellas personas que se arrogan el poder político se valen de un monopolio, siendo indiferente si este monopolio se lo atribuyen los que legislan, o bien es otorgado por quienes serán legislados.

Los actos de quienes poseen el poder (es decir, de los que ordinariamente se denominan funcionarios públicos) obviamente tienen consecuencias, pero en la medida que tales personas (dada la calidad que se atribuyen o auto-atribuyen) pueden legislar sobre la conducta de otras personas, obviamente influirán (para bien o para mal) sobre los efectos de las decisiones de estas personas que no se hallan en una posición de poder semejante:

“Si el Estado ha de prever la incidencia de sus actos esto significa que no puede dejar elección a los afectados. Allí donde el Estado puede prever exactamente los efectos de las vías de acción alternativas sobre los individuos en particular, es el Estado quien elige entre los diferentes fines. Si deseamos crear nuevas oportunidades abiertas a todos, ofrecer opciones que la gente pueda usar como quiera, los resultados precisos no pueden ser previstos.”[1]

En otros términos, quienes ostentan el poder político-legal, traducido en el monopolio de la creación de leyes que -por definición- se hallan en condiciones de imponer a quienes no gozan de dicho poder (excepto de carácter formal, mediato, o a largo plazo, en virtud de alguna teoría política de representación), y si estas leyes pretenden prever puntualmente la consecuencia de cada acto estatal, ello no deja margen de acción alguno a las personas que se encuentran sometidas al imperio oficial. Si se intentara lo anterior, implicaría que el estado-nación no puede dar resquicio mínimo de libertad individual.

“Las normas generales, o leyes genuinas, a diferencia de las órdenes específicas, tienen que proyectarse, pues, para operar en circunstancias que no pueden preverse con detalle, y, por consiguiente, no pueden conocerse de antemano sus efectos sobre cada fin o cada individuo en particular. Sólo de este modo le es posible al legislador ser imparcial. Ser imparcial significa no tener respuesta para ciertas cuestiones: para aquella clase de cuestiones sobre las que, si hemos de decidir nosotros, decidimos tirando al aire una moneda”.[2]

Lógicamente, si tenemos en cuenta que las leyes son creaciones humanas que están destinadas a tener efectos sobre otras acciones humanas, resulta obvio que aquellas leyes que procuran prever la mayor cantidad de consecuencias posibles de la actividad de otras personas, tienen que necesariamente limitar la libertad de elección -y, por consiguiente- de acción de un número mayoritario de individuos. De aquí a decir que la planificación estatal opera en contra de la libertad humana hay un solo y certero paso. En suma, se trata de individuos que encaramados desde una posición de poder ensayan planificar la vida de sus semejantes. Bien visto, el estado-nación (tal como hoy en día se lo acepta popularmente) se reduce sencillamente a esto último: se le otorga el poder de decidir sobre la vida o destinos de la gran masa de votantes que, paradójicamente, suelen votar proyectos políticos que los sojuzgan y -muchas veces- los humillan al mismo tiempo. Debemos tener en consideración que la gran mayoría de nuestras “leyes actuales” no son más que lo que Hayek bien denomina “órdenes específicas”, las que cada vez están más lejos del concepto de norma general.

“En un mundo donde todo estuviera exactamente previsto, le sería muy difícil al Estado hacer algo y permanecer imparcial. Allí donde se conocen los efectos precisos de la política del Estado sobre los individuos en particular, donde el Estado se propone directamente estos efectos particulares, no puede menos de conocer esos efectos, y no puede, por ende, ser imparcial. Tiene necesariamente que tomar partido, imponer a la gente sus valoraciones y, en lugar de ayudar a ésta al logro de sus propios fines, elegir por ella los fines”.[3]

De forma análoga, donde toda elección humana estuviera puntualmente legislada, sería bastante difícil que cualquier persona no cayera de inmediato en alguna infracción por apartarse un milímetro de lo que el legislador hubiera previsto como objetivo de esa norma destinada a determinar la conducta de un tercero. Recordemos que los actos del estado-nación siempre se proyectan y se plasman a través de leyes (a tales fines, es indistinto que se las llame normas, decretos, resoluciones, es decir su denominación técnico-legal). La legislación es la característica del actuar de los estados, por ello para conocer la índole o la definición política de un estado cualquiera debemos detenernos en el examen de la legislación vigente en el mismo. En este caso, quien planifica la vida de otros, es lisa y llanamente un dictador, sin importar demasiado la forma en que el mismo haya accedido al poder, esto es: si por vía de elecciones votadas o por las de hecho o de facto.

 

[1] Friedrich A. von Hayek, Camino de servidumbre. Alianza Editorial. España. pág. 109-110

[2] Hayek, Camino de servidumbre…ob. cit. 109-110

[3] Hayek, Camino de servidumbre…ob. cit. 109-110

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Estado y responsabilidad social:

Por Gabriel Boragina. Publicado el 8/11/14 en: http://www.accionhumana.com/2014/11/estado-y-responsabilidad-social.html

 

La idea de que el estado-nación ha de hacerse cargo de la mayoría o, peor aún, de todos nuestros problemas, es -como hemos señalado en múltiples oportunidades- de antigua data, y de profunda raigambre entre las personas, no sólo en Latinoamérica sino en el mundo entero. Aunque, claro está, con diversas intensidades y cantidades de aplicación. Será interesante rastrear en la historia los casos en que esto comenzó a suceder y los lugares donde tuvo su origen:

“En general la intromisión del estado en Inglaterra fue acentuándose desde la primera guerra pero en la década del cuarenta comienza una etapa distinta marcada clara y contundentemente por la intensa participación del estado en temas llamados de “seguridad social”. El llamado “estado de bienestar” o “estado benefactor” divorció la moral de la política social y afectó la idea de la responsabilidad individual y los incentivos para los emprendimientos privados al tiempo que se acentuó el deterioro del concepto del derecho transformándolo en una enumeración de deseos con rango cuasi constitucional con lo que en buena medida se destruyó el concepto del respeto por el fruto del trabajo de otros y la idea de autonomía individual degradándose la idea de la solidaridad y la benevolencia. Se implantó la curiosa teoría de que el antropomorfismo “sociedad” era la responsable de los problemas sociales y, a través del estado, tenía la obligación moral de resolver estos problemas. Este fue el sentido del Beveridge Report, documento publicado en 1942 que anunció al “estado de bienestar” como una “revolución británica”.[1]

Estas consecuencias, por supuesto, no se limitaron al caso de Inglaterra, sino que se extendieron por todo el mundo desde entonces y hasta nuestros días. Pero en realidad, ya conocía antecedentes con la Socialpolitik implementada por el canciller Otto von Bismarck en Prusia en el siglo anterior al de la primera guerra mundial. Dicha invasión del estado-nación en los asuntos privados y -por sobre todo- en temas en los que se debatían las causas de la pobreza y de la riqueza, fue debida -a su vez- a la incomprensión de las masas respecto de elementales cuestiones económicas, y –fundamentalmente- de la profunda interrelación que estas tienen con las denominadas “políticas sociales”. Lo que -a su turno- fue consecuencia de la popularidad creciente de las erradas ideas socialistas entre los dirigentes políticos y los intelectuales. La separación conceptual apuntada entre “políticas sociales” y economía fue lo que indujo a pensar a dirigentes y dirigidos que existía un divorcio entre unas y otras. Bajo esta falacia se construyó la teoría del “estado benefactor”, y todos los mitos que se tejieron respecto de sus “prodigiosas capacidades” para “solucionar” la vida de casi todo el mundo. Esto provocó la subversión de los principios morales que se marcan con notable acierto en la cita precedente y cuyas consecuencias se ven agravadas en la actualidad.

“A lo largo del siglo XIX se acrecentaron las iniciativas privadas de caridad así como la constitución de sociedades de ayuda mutua, contexto en el que surgieron instituciones que perdurarían en el tiempo, como es el caso del Ejército de Salvación. Con el fin de la primera guerra mundial, el surgimiento del estado de bienestar sembró la semilla del divorcio entre la moral y la ayuda hacia el prójimo que encontró en la obra del economista británico John Maynard Keynes el sustento teórico que permitió llevar adelante la irrefrenable intervención del gobierno en la economía, trasladando la caridad de la esfera privada y voluntaria hacia la pública y obligatoria.”[2]

Aquellas instituciones privadas que proliferaron en el siglo XIX, nacieron bajo las ideas de la responsabilidad individual, la conciencia de la necesidad del prójimo y un profundo sentido de solidaridad que inspiran todos los principios del liberalismo. Sin embargo, toda esa notable labor privada, fue siendo destruida poco a poco por la paulatina pero incesante tarea de socavación moral e intelectual por parte del estado-nación y de sus ideólogos, como lo fuera el muy nefasto Lord Keynes. Con todo, como bien anotan los autores citados, esas instituciones “perdurarían en el tiempo, como es el caso del Ejército de Salvación”. Aunque claro está, no cumpliendo un rol de la relevancia que tenían en la época de su formación originaria. Pero resulta notable que, muchas de las iniciativas privadas de este tipo, aunque menguadas por la competencia desleal del estado-nación, resultan mucho más eficientes que las “ayudas” estatales que suelen ser menores en cuantía, calidad y en eficacia. La idea de caridad, responsabilidad moral e individual fueron completamente desvirtuadas por el estatismo. Lo mismo sucedió en Alemania:

“En 1950 Röpke advirtió, en un informe comisionado por el Gobierno, que había una “fuerte tendencia” a restringir exageradamente el mercado. Asimismo, Röpke insistía en que los gastos sociales y los impuestos no pueden sobrepasar cierto nivel “sin perjudicar los aspectos expansivos y concertadores de una economía de libre mercado”.

Las críticas de Röpke a los programas de bienestar aumentaron en los años siguientes. Así, censuró duramente la decisión del Gobierno Erhard (1957) de ajustar el programa de pensiones al costo de la vida: a su juicio, era un paso para convertir el sistema de bienestar en “una muleta para la sociedad”.

Esa muleta sigue estando ahí. Hoy, los partidos políticos alemanes ofrecen rebajar los impuestos al tiempo que prometen más gastos sociales. Eso no es financieramente responsable, pero los políticos saben que muchos alemanes no votarán por quien diga que va a reducir el Estado de Bienestar.”[3]

Indudablemente, la cita refleja la falsa conciencia creada en el pueblo (no sólo en el alemán del caso, sino en el del resto de mundo) de que es el estado-nación y no nosotros quien debe ocuparse de todas nuestras necesidades. Los gastos sociales son financiados con impuestos, impuestos que pagamos todos, pobres y ricos, pero que perjudican más a los pobres que a los pudientes. En los hechos -y si bien las promesas son de menores impuestos- estos no han dejado de crecer en las últimas décadas a nivel global.

[1] Alberto Benegas Lynch (h) – Martin Krause. En defensa de los más necesitados. Editorial Atlántida. Buenos Aires, pág. 325/6

[2] Alberto Benegas Lynch (h) – Martin Krause. En defensa …ob. cit. pág. 330

[3] Sam Gregg -No hubo milagro alemán-2 de Julio de 2008-Fuente: http://www.fundacionburke.org/2008/07/02/no-hubo-milagro-aleman/ pág. 2

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Un mundo de “iguales oportunidades”

Por Gabriel Boragina. Publicado el 9/6/14 en: http://www.accionhumana.com/2014/06/un-mundo-de-iguales-oportunidades.html

 

La aspiración, no sólo de muchos economistas sino, podemos decir a ciencia cierta, de la mayoría de las personas que conocemos, es la de arribar a una mayor “igualdad social”. En particular, se hace hincapié en la denominada “igualdad de oportunidades”. Y se apela de continuo al estado-nación como responsable de obtener dicha meta. Desde diversos ángulos, sin embargo, importantes economistas han puesto de relieve que las economías intervenidas, o con fuerte grado de intromisión estatal, logran el objetivo opuesto por diversos motivos. Uno de ellos son los deficientes marcos institucionales en los que se mueven:

“Esos son los que llamamos “marcos institucionales” y diremos que uno es mejor que otro cuando permite una mayor coordinación de las acciones de los individuos y esto les permite acceder a mayor número de oportunidades. Es lo que intentamos evaluar en este “Índice de Calidad Institucional”[1]

Por supuesto, la elección entre un mundo de mayores oportunidades y otro de iguales oportunidades es una elección entre blanco y negro. Es decir, no se puede optar por ambos fines simultáneamente. O apuntamos a una sociedad de mayores oportunidades (la llamada sociedad liberal, o -como la denominan también otros autores- la sociedad abierta, o de libre mercado, o -simplemente- el liberalismo) o su contrapartida: la sociedad igualitaria o de igualdad de oportunidades, en la cual por definición (y por teoría y su praxis histórica y actual) las oportunidades jamás serán mayores para absolutamente nadie, ya que en ella todos serán igualmente pobres.

Resulta importante también poner de relieve en este tema el papel del consumidor:

“Suele criticarse el que en la competencia cataláctica no sean iguales las oportunidades de todos los que en la misma inter­vienen. Los comienzos, posiblemente, sean más difíciles para el muchacho pobre que para el hijo del rico. Lo que pasa es que a los consumidores no les importa un bledo las respectivas bases de partidas de sus suministradores. Preocúpales tan sólo el conseguir la más perfecta posible satisfacción de las propias necesidades. Si la transmisión hereditaria funciona eficazmente, la prefieren a otros sistemas menos eficientes. Contémplanlo todo desde el punto de vista de la utilidad y el bienestar social; desentendiéndose de unos supuestos, imaginarios e impracticables derechos «naturales” que facultarían a los hombres para competir entre sí con las mismas oportunidades respectivas. La plasmación práctica de tales ideas implicaría, precisamente, dificultar la actuación de quienes nacieron dotados de superior inteligencia y voluntad, lo cual sería a todas luces absurdo.”[2]

Por supuesto, esto no implica que la inteligencia y voluntad, no puedan desarrollarse, e incluso reducirse en quienes “nacieron dotados” por ellas, y hasta hemos visto casos en que pueden desaparecer por completo. Y todo esto, por la propia dinámica humana, y por el indeterminismo en el que creemos firmemente. Cualidades supuestamente “heredadas” pueden aumentar, mantenerse estáticas, disminuir o esfumarse, dependiendo de lo que cada uno de nosotros quiera y se proponga hacer en la vida. Pero para ello, también es imprescindible que gocemos de la más amplia y plena libertad de acción, de movimientos y de propósitos. Marcas comerciales de familias otrora exitosas en el mercado han desaparecido, y a veces casi por completo tras unas pocas generaciones, y otras nuevas han surgido. La diferencia radica en cuanto a si estos movimientos, ascendentes y descendentes, han sido consecuencia de acciones dirigidas por otros desde posiciones de poder (es decir, desde el estado-nación) o han sido fruto de actuaciones originadas en los propios implicados en tales éxitos y fracasos.

Lo determinante -nos parece- es que tengamos en claro la existencia de diversidades naturales entre las personas, y que estas disimilitudes no quedan estáticas, firmes ni petrificadas en el tiempo, ni entre las personas que componen el grupo social, ni en aquellos individuos (considerados en sí mismos) que gozan en determinado momento de especificas cualidades y defectos. La regla natural es la variedad, y es a partir del hecho biológico de dicha multiplicidad (que, recordemos, no implica fatalismo ni determinación irreversible) que el progreso social conjunto es posible, lo que necesariamente desembocará en mayores y mejores (no iguales) oportunidades para todos, incluyendo a los -en primera instancia- más desfavorecidos.

Para lograr todo esto, es imprescindible adoptar el principio de igualdad ante la ley, el que consideramos que está implícito o subsumido en el sistema que mejor lo logra: el capitalismo:

“Capitalismo” es un término peyorativo o despectivo. Los socialistas lo acuñaron para el sistema de Gobierno limitado (“gendarme nocturno”), que en el pasado hizo ricos a países muy pobres hace 300 o 200 años: Suiza, Holanda, Escocia, Inglaterra y EEUU.

Gobiernos limitados, en fines y funciones, en poderes y derechos, y en gastos y recursos; mercados abiertos y libres; propiedad privada.

Es el sistema de los “milagros” económicos de posguerra en Europa y Japón, y luego en los “tigres” de Asia: Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur. E igual hoy en las regiones autónomas (capitalistas) de China. Su virtud: permite crear riqueza para todos. Se basa en la libre y abierta competencia, con igualdad de oportunidades jurídicas, aunque no de hecho, cosa imposible.”[3]

En un mundo “igualitario en oportunidades”, estaría legalmente prohibido que la gente progrese, sin importar para nada cual sea la condición económica de la persona de que se trate. Porque nadie podría aspirar a oportunidades mayores que para los demás. En ese mundo, una autoridad suprema debería decidir -por sí, y a la vez por todos- dónde se debería fijar el límite del progreso. Y con el tiempo, dicho límite siempre quedaría definido en el punto más bajo posible, porque las oportunidades no son transferibles de una persona a la otra, ni son las mismas inclusive para las mismas personas, consideradas ya sea en forma individual o colectiva.

[1] Martín Krause. Índice de Calidad Institucional 2012, pág. 6 y 7

[2] Ludwig von Mises, La acción humana, tratado de economía. Unión Editorial, S.A., cuarta edición. Pág. 424-425

[3] Alberto Mansueti. Las leyes malas (y el camino de salida). Guatemala, octubre de 2009, pág. 66-67

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.