ECONOMÍA Y DERECHO: DOS LADOS DEL MISMO ASUNTO

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Resulta sumamente curioso cuando hay quienes se dicen liberales en cuanto a los marcos institucionales al tiempo que se definen como estatistas en economía. Esto constituye una flagrante contradicción. Los marcos institucionales son el continente, mientras que la economía es parte medular del contendido.

 

¿Qué sentido tiene pronunciarse por la libertad en el continente si será conculcada en el contenido? ¿Qué sentido tiene sostener que se es libre en derecho cuando no se puede disponer de los suyo en las acciones cotidianas? ¿Para que otra cosa es el establecimiento de las garantías del continente si no es precisamente para proteger el contenido?

 

La médula del continente reside en la protección de la propiedad privada que comienza con el propio cuerpo, sigue con la expresión del propio pensamiento y finaliza con el uso y la disposición de lo adquirido legítimamente por cada cual. Declamar sobre las libertades individuales en declaraciones altisonantes, orales y escritas en pomposos documentos de nada valen si no se concretan en la protección de las acciones diarias para que cada uno haga lo que le plazca con lo suyo siempre y cuando no se lesiones iguales derechos de otros.

 

Afortunadamente en muchos de los recintos universitarios del momento en Latinoamérica se ha incorporado la tradición anglosajona conocida como Law and Economics que si bien tiene diversas vertientes apunta a mostrar la íntima relación entre las dos áreas. Antes era común que se trataran como departamentos completamente separados, ahora en cambio se comprende que es indispensable que el abogado debe compenetrarse del proceso de mercado para poder manifestarse con rigor sobre marcos institucionales que comprenden de modo principal sus resoluciones y, asimismo, el economista no puede desconocer el significado vital para su profesión del derecho que rodea y protege la actividad económica.

 

Antes aquella separación tajante perjudicaba grandemente a las dos profesiones en lugar de comprender su estrecha vinculación que, nuevamente reiteramos, se refiere al continente y al contenido respectivamente. Hace años cuando fui el primer  no-abogado que ganó un concurso como profesor titular en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, uno de los miembros del claustro me dijo que no compartía esa designación mía por concurso porque la economía en esa casa de estudios la debía impartir un abogado. Frente a esa manifestación corporativa le pregunté si en el supuesto que hubiera que dictar una cátedra de derecho constitucional en una Facultad de Química la debía dictar un abogado o un químico a lo que sorpresivamente me respondió que “naturalmente” lo debía hacer un químico (!). Este es un caso de extrema insensatez pero era habitual aquella incomunicación (y en no pocos casos lamentablemente lo sigue siendo), pero conviene insistir en la imposibilidad de escindir el derecho y la economía al efecto de minimizar las respectivas incomprensiones que se traducen en daños irreparables en el nivel de vida de la gente que sufre los embates de una economía desquiciada en manos de legisladores que en definitiva destrozan marcos institucionales civilizados.

 

En otra oportunidad nos hemos referido al significado del derecho y ahora parcialmente lo reiteramos. Lo primero que debe decirse es que el derecho no es un invento del gobierno sino que es anterior y superior al monopolio de la fuerza que en esta instancia del proceso de evolución cultural es para proteger los derechos de los gobernados.

 

El derecho es consubstancial a la naturaleza del ser humano.  El hombre siempre actúa con la intención de pasar de un estado menos satisfactorio a uno que le proporcione mayor satisfacción. Esos estados de satisfacción son enteramente subjetivos y dependen enteramente de la estructura axiológica de cada cual. En este proceso el hombre busca la mayor incorporación de lo que estima son valores (que en realidad pueden ser desvalores si en definitiva le hacen daño). En una sociedad abierta cada uno asume la responsabilidad por lo que hace o deja de hacer.

 

Hay dos planos de análisis en esto: por un lado las apreciaciones o valorizaciones subjetivas de cada uno y, por otro, la objetividad de las cosas en el sentido de propiedades y relaciones que son independientemente de las opiniones de cada cual. El derecho es simplemente la facultad de las personas para seguir el curso que estime conveniente siempre y cuando no lesione derechos de terceros. Del mismo modo que las flores y los minerales tienen ciertas propiedades y características, el ser humano también las tiene.

 

En una sociedad abierta se da rienda suelta a lo que cada uno considera es su camino para ejecutar sus proyectos de vida siempre y cuando, como queda dicho, que no lesiones derechos de terceros. Y no es que el derecho tenga un límite, la destrucción del derecho ajeno no es un derecho.

 

Todo derecho implica como contrapartida una obligación. Si una persona obtiene un ingreso de mil,  la contratara es la obligación universal de respetar ese ingreso. Pero si esa persona demanda dos mil aun no los gane y el gobierno otorga esa facultad quiere decir que otro estará obligado a entregar la diferencia, lo cual lesiona su derecho, por tanto se trata de un pseudoderecho.

 

Desafortunadamente en la actualidad vivimos rodeados del otorgamiento de pseudoderechos: derecho a la educación no en el sentido de que cada uno puede educarse sino en el sentido que otros vecinos están obligados a financiar los estudios de terceros, y así en idéntico contexto el derecho a la vivienda, a hidratos de carbono o vitaminas, a un salario adecuado etc.

 

No hay posibilidad de contar con una sana economía si no existen normas que garanticen el respeto recíproco. Un ejemplo entre tantos: cuando las instituciones permiten que el aparato estatal estafe a la gente vía la manipulación monetaria, se distorsionan los precios relativos que a su turno engaña a los operadores económicos en su asignación de factores de producción y el consumo de capital correspondiente contrae salarios e ingresos en términos reales. Siempre que se habla de derecho se habla de justicia que significa “dar a cada uno lo suyo”  lo cual remite a la propiedad privada que, a su vez, es el eje central del proceso de mercado como veremos más abajo.

 

Hay cinco canales que son los más frecuentes para demoler el derecho. Telegráficamente considerados, se trata de las teorías del “abuso del derecho”,  “la lesión”, “la imprevisión”, “el enriquecimiento sin causa” y “la penetración” sobre las que han advertido todos los grandes tratados de derecho civil y estaban proscriptas en las normas escritas y no escritas de toda sociedad abierta en la que naturalmente se respeta el haz de contratos diarios e inseparables de la propiedad que se suscriben en las acciones cotidianas del hombre (de compra-venta, de enseñanza, de locación, de transporte, de mutuo, de mandato, de gestión de negocios, de fianza, de donación, societarios, aleatorios, de adhesión y así sucesivamente).

 

En el caso argentino, aquellas figuras fueron incorporadas al Código Civil en el gobierno de facto del general Onganía y sus defectos pueden subsumirse en la primera de ellas. La llamada “teoría del abuso del derecho” ha sido catalogada por autores como Planiol y Ripert como una logomaquía puesto que un mismo acto no puede ser simultáneamente conforme y contrario al derecho. Una nota del codificador argentino al Código Civil de 1869 apunta la irrevocabilidad del contrato al sostener que “dejaríamos de ser responsables de nuestras acciones si la ley nos permitiera enmendar todos nuestros errores y todas nuestras imprudencias”.

 

Por su parte, la confiscación del poder judicial de las facultades del legislativo (el peligro del “gobierno de los jueces”) constituye un abuso que vulnera la división de poderes. En definitiva, ha escrito Bibiloni que “No hay sociedad posible si no hay el respeto a la palabra empeñada” que constituye el eje central de una sociedad abierta, lo cual implica el asumir todas las consecuencias de lo pactado.

 

Desafortunadamente en la mayor parte de las facultades de derecho, el positivismo jurídico ha hecho estragos y se ha perdido la noción de mojones o puntos de referencia de justicia extramuros de la legislación positiva, situación que conduce indefectiblemente al ensanchamiento de un Leviatán completamente desbocado, en desmedro de los derechos de las personas.

 

Por último, el centro de la actividad económica radica en el mercado que como bien se ha dicho no es un lugar sino un proceso del cual participan todos. Los economistas hemos incurrido en el error de sobresimplificar el concepto al hacerlo aparecer como un antroporfismo: “el mercado dice”, “el mercado prefiere” etc. como si se tratara de un fulano en lugar de puntualizar que se trata de un proceso en el que millones y millones de personas que interactúan entre si todos los días y en todos los lugares (y donde las autoridades no las dejan operar buscan refugio en el mercado negro). En este sentido,  el mercado somos todos.

 

La institución clave del mercado es la propiedad privada por la que se asignan los siempre escasos recursos de acuerdo a las votaciones diarias de la gente al poner de manifiesto sus preferencias y rechazos. No son posiciones irrevocables, se acrecienta o se disminuye la propiedad de cada cual en la medida en que se sepa satisfacer las necesidades del prójimo. El único modo de enriquecerse en una sociedad abierta es sirviendo al prójimo y el peor enemigo del mercado es el llamado empresario que se alía con el poder político para usufructuar de privilegios que siempre perjudican gravemente a la gente.

 

La redistribución de ingresos que realizan gobiernos a través de legislaciones que destruyen los antes mencionados pilares del derecho, inexorablemente consumen capital que, a su vez, disminuyen salarios e ingresos en términos reales puesto que el único factor que permite su elevación son las tasas de capitalización. La redistribución a través de los aparatos estatales necesariamente opera a contramano de la distribución original y voluntaria que llevó a cabo la gente en los supermercados y afines.

 

Al efecto de ilustrar lo puntualizado en esta nota periodística y hablando de antropomorfismos, menciono al pasar que un abogado y destacado representante de uno de los partidos que integran la alianza gobernante hoy en Argentina ha dicho textualmente en público y sin ruborizarse que “el Estado es la inteligencia de la sociedad” (será por eso que estamos como estamos los argentinos).

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

UNA VEZ MÁS, LAS EMPRESAS ESTATALES

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Días pasado comentábamos con colegas que resulta por cierto cansador repetir conceptos fuera del aula. En el dictado de clases es natural que en cada semestre haya que reiterar los puntos que están en el programa de la asignatura correspondiente, pero si se supone que la humanidad progresa, por lo que sucede en la arena política no habría necesidad de repetir lo mismo en los medios de comunicación puesto que lo deseable es que se avance y se dejen atrás errores del pasado.

 

Sin embargo, los errores se vuelven a repetir machaconamente con los mismos resultados negativos. Decíamos con los colegas que sería más estimulante que se cometieran errores nuevos, al efecto de agudizar la mente y pulir argumentos, pero debatir lo mismo es en verdad penoso y sumamente aburrido.

 

Tomemos el caso de las mal llamadas “empresas estatales”, mal llamadas porque al empresario no se puede jugar, no es un simulacro ni un pasatiempo. O se asumen riesgos con recursos propios o se establece una entidad política que opera por fuera de los rigores del mercado y la competencia. No se trate entonces de una empresa.

 

Además de operar con recursos propios y no con los succionados por la fuerza a los contribuyentes,   el empresario está sujeto a su cuadro de resultados. Si acierta en los deseos de los demás obtiene ganancias y si yerra incurre en quebrantos. Sin embargo, la llamada empresa estatal no se maneja con el cuadro de resultados como guía para sus operaciones, es solo un dato más pero la decisión de continuar es política y extramercantil.

 

Veamos por parte el asunto. La sola constitución de la así denominada empresa estatal, inexorablemente significa derroche de los siempre escasos recursos. Esto es así debido a que invierte en áreas distintas de las que hubiera invertido la gente de haber podido utilizar libremente el fruto de su trabajo. Y si alguien sostuviera que la habilidad política consiste en invertir precisamente donde la gente prefiere, no habría razón alguna para que el aparato estatal intervenga puesto que de todos modos se hubiera invertido del mismo modo. Pero para saber que es lo que la gente hubiera preferido hay que dejarla que se manifieste, lo cual es bloqueado por la intromisión gubernamental.

 

Entonces, la misma instalación de la empresa estatal significa empobrecimiento por las razones apuntadas. Si, además, la entidad estatal de marras es deficitaria, presta pésimos servicios y es monopólica, la situación se agrava en grado sumo pero la instalación original, como queda dicho, presenta un problema económico grave.

 

Respecto a la situación monopólica a que nos referimos, aunque pretenda operar “en competencia” esto nunca es así puesto que la empresa estatal siempre se desenvuelve rodeada de privilegios. Y si no fuera así hay que preguntarse para qué se mantiene en la órbita estatal puesto que para competir hay que hacer eso, léase competir con todos los riesgos que presenta el mercado. Tampoco aquí se trata de un simulacro.

 

Incluso, si la empresa estatal arrojara ganancias en el contexto de un análisis contable serio, hay que interrogarse si las tarifas no estarán demasiado altas. Para saber a ciencia cierta la situación contable de una empresa, reiteramos que debe operar en el mercado.

 

Se suele mantener que en realidad la existencia de las empresas estatales se debe a que cubren operaciones que el sector privado no encararía porque son deficitarias. Pero hagamos focus sobre este planteamiento. Si la actividad en cuestión es perdidosa, quiere decir que consume capital y el consumo de capital atenta contra la economía de todos, muy especialmente sobre los que menos tienen ya que la merma en las tasas de capitalización los afecta de modo más contundente debido precisamente que al estar en el margen las unidades monetarias perdidas naturalmente recaen con mayor peso.

 

En este contexto se ejemplifica con un pueblo cuyos accesos resultan antieconómicos y, por ende, se torna inviable. En la medida en que se recurra por la fuerza al fruto del trabajo ajeno para acceder a esos pueblos, se contraen los ingresos de la gente y, por ende,  se extenderá la irrupción de otros pueblos inviables hasta que, en el extremo, en la media en que se persevere en el derroche, todo será inviable. En todo caso, en lugar de parlotear recurriendo a la tercera persona del plural para echar mano a los bolsillos ajenos, debiera recurrirse a la primera del singular y ayudar a quienes necesitan ayuda con recursos propios o los recabados voluntariamente.

 

No pueden alterarse las prioridades, lo primero viene primero. Originalmente, en la época de nuestros remotos ancestros de las cavernas casi todo era inviable, pero el lento y trabajoso progreso no se construyó sobre la destrucción de quienes progresan. Más aun, la mejora de los que progresan es condición indispensable para el progreso de los más rezagados debido a que la consecuente inversión per capita empuja salarios hacia la suba. No se trata de la sandez del “efecto derrame” que caricaturiza y ridiculiza el proceso al suponer que los menesterosos recibirán los mendrugos que derraman del vaso lleno de los potentados. Se trata de un proceso que va en paralelo: a medida que se incrementan las inversiones los salarios aumentan. Esa es la diferencia entre un país próspero y uno que no lo es, son marcos institucionales civilizados que respetan los contratos y, por ende, la propiedad que estimulan el ahorro interno y externo.

 

No hay milagros en economía, el progreso material se basa en el progreso moral, es decir, en el respeto recíproco como condición para mejorar, lo cual permite incrementar ingresos que, a su turno, hace posible ahorrar e invertir.

 

Si la empresa fuera mixta, es decir, si opera con la participación de capitales privados y capitales también mal llamados “estatales” (son en verdad privados solo que detraídos por la fuerza), en este caso debe aplicarse todo lo dicho a la proporción de la participación estatal con dos agregados. En primer lugar que las colocaciones privadas no se hagan en base a dádivas puesto que en ese caso deben computarse los efectos negativos de los privilegios. En segundo lugar, si prestamos atención a los códigos comerciales vigentes comprobaremos que lo habitual es que el poder de decisión en las empresas mixtas radique en la representación gubernamental, lo cual agrava lo dicho para este tipo de empresas.

 

Una vez comprendido el sinsentido de la empresa estatal y las mixtas  y sus verdaderas naturalezas de entidades políticas ajenas al mundo de los negocios, el paso siguiente consiste en buscar las maneras de traspasar al sector privado esas “empresas” administradas políticamente.

 

Dichos traspasos pueden hacerse de muy diversas maneras, pero una metodología expeditiva y apropiada es la venta al mejor postor local o internacional sin base ni condición de ninguna naturaleza, incluida la posibilidad de descontinuar el servicio.

 

Llama la atención en algunos casos la ingenuidad con que se anuncia que un destacado ex CEO de una empresa privada de prestigio se hará cargo de la empresa estatal, como si ese antecedente modificara la naturaleza de la entidad política en cuestión. Pero no es así, la naturaleza de esas entidades políticas denominadas “empresas estatales” no modifican su naturaleza por el hecho de que las gerencien personas que provienen del sector privado.

 

Por supuesto que si se trata de una persona decente la corrupción característica de la empresa estatal disminuirá (no se eliminará puesto que de por sí constituye una corruptela la misma empresa estatal ya que contribuye a ensanchar el campo de la discrecionalidad del poder) y, eventualmente, se ahorrará en fotocopias y equivalentes pero esto muestra una vara francamente muy baja que puede derivar en lo que, por ejemplo, hoy ocurre en Rusia con “empresarios” ex nomenklatura que se repartieron las empresas en un clima de férrea dirección estatal. De todos modos, tratar de hacer eficiente algo inconveniente no parece digno de aplauso. Generalmente los patrocinadores de esta política son los mismos que sostienen que no hay que reducir el astronómico gasto público sino hacerlo eficiente, es decir, apuntan a un socialismo supuestamente “eficiente”.

 

En realidad todo esto demuestra una vez más la escasa comprensión del mercado que en general tienen no solo los gobernantes sino los empresarios. El empresario exitoso se caracteriza por el buen sentido de la oportunidad para detectar negocios. Su característica es que conjetura que los costos de tal o cual bien o servicio están subvaluados en términos de los precios finales y, en ese contexto, saca partida del arbitraje.

 

Para ponerlo de modo sobresimplificado, son especialistas en comprar barato y vender caro. Pero nada más, no hay que pretender otro talento, lo cual para nada significa retacearles esa habilidad que, en un mercado libre, se traduce en enormes beneficios para la sociedad. Aunque el empresario en su calidad de tal no es un filántropo, hace un bien inmenso y es el responsable del progreso en los transportes, las comunicaciones, la medicina, la alimentación, la recreación y tantísimas otras cosas.

 

Pero no se le pida que comprenda el funcionamiento del proceso de mercado, del mismo modo que no se puede pretender que el banquero comprenda el teorema de la regresión monetaria. Más aun, hay que estar atentos porque al primer privilegio y alianza con el poder de turno que se le ofrezca al empresario, salvo honrosas excepciones, allí estará en primera fila con lo cual se desmorona el mercado y la competencia. Por ello es que ya en 1776 Adam Smith desconfiaba incluso de las cámaras empresarias ya que a su juicio servirían “para conspirar contra el público”.

 

En resumen, por lo expuesto la mal llamada empresa estatal es siempre un fiasco. La experiencia vivida en todas partes del mundo atestigua el aserto, es por cierto muy desafortunado que se siga insistiendo en el tema.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.