LAS TRES ETAPAS DEL AVANCE DEL ESTADO

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 12/7/15 en: http://gzanotti.blogspot.com.ar/2015/07/las-tres-etapas-del-avance-del-estado.html

 

(De un ensayo de próxima aparición).

  1. Las tres etapas del avance del estado.

El principio de subsidiariedad (PS), la iniciativa privada y las libertades individuales consiguientemente protegidas, sufrieron una negación y una involución progresiva que podríamos señalar en tres etapas.

  1. a) El estado-nación legislador del s. XIX.

Fruto del positivismo, que en lo social Hayek llama constructivismo[1], los estados-nación racionalistas europeos de fines del s. XIX (Francia, Italia), con copias en Latinoamérica (México, Uruguay, Argentina), avanzaron sobre temas de educación, salud pública y matrimonio, con la intención de educar y proteger al ciudadano en tales áreas mediante lo que la ciencia podía proporcionar. La educación pública obligatoria tenía por misión educar en las ciencias y letras básicas el futuro ciudadano ilustrado[2] y secularizado; la medicina se divide en legal e ilegal, y en la primera el estado avanza en la salud pública. En materia de matrimonio y familia los estados avanzan quitando el cuasi-monopolio que las comunidades religiosas mantenían en esas áreas. Comparado con lo que vino después, fue un positivismo ingenuo y un laicismo moderado (laicismo como esencialmente diferente a la sana laicidad)[3]. Los estados educaban en cosas que hoy consideraríamos “buenas” tales como ciencia básica, lecto-escritura, matemáticas, etc., y los hospitales públicos se regían por una medicina científica relativamente des-ideologizada. Las comunidades religiosas toleraron al principio y aceptaron luego esta situación sin sospechar lo que vendría después.

  1. b) El Welfare State.

Como fruto de la crisis del 29 y la progresiva crítica y desconfianza a un liberalismo “individualista”, surge más o menos a mitad del s. XX el convencimiento generalizado de que los gobiernos centrales deben ofrecer bienes públicos en materia de salud, medicina, educación e información, respondiendo ello a lo que serían los derechos de segunda generación (a la salud, la vivienda, la educación, la seguridad social, etc.) muchos de los cuales fueron explícitamente escritos en diversas reformas constitucionales[4]. Luego de la 2da. guerra, este avance del estado convive con formas republicanas en EEUU (el New Deal) y en Europa (el Estado Providencia) o con sistemas más autoritarios, como el primer peronismo en Argentina, de orientación claramente fascista en el sentido técnico del término. Los estados, con toda lógica, proveen salud, educación, seguridad social e información, según los criterios del estado, por supuesto. Pocas voces, como Mises y Hayek, advierten los peligros para los derechos personales[5], pero no son escuchadas. Diversas religiones aceptan de buena gana el sistema, convencidas de la crítica al liberalismo y de la necesaria intervención del estado para proteger a los menos favorecidos por la lotería natural de recursos, como diría Rawls[6]. Claro, esto siempre que los gobiernos no quisieran imponer coactivamente cuestiones que violaran la libertad religiosa, pero al principio, dadas las costumbres de la época, ello no parecía ser un problema. Los católicos argentinos tuvieron una primera advertencia cuando Perón se enfrentó con la Iglesia en su 2do. mandato, pero luego los militares católicos que lo derrotaron utilizaron los mismos instrumentos estatales para imponer la “sana doctrina” y lo que algunos autores llaman “el mito de la nación católica”[7]. Mientras tanto, el PS y las libertades individuales brillaban por su ausencia, ya despreciadas estas últimas como la mera expresión ideológica de un capitalismo supuestamente incompatible con lo religioso.

  1. c) Las nuevas ideologías autoritarias.

El escándalo se produce cuando nuevas ideas, casi inconcebibles mundialmente en los 30 y los 40, amanecen en el horizonte para ser impuestas desde el estado, violentamente enfrentadas con lo religioso, como una nueva etapa de laicismo radical. Ellas son:

  1. Que el sexo es una identidad que el individuo se coloca a sí mismo con total autodeterminación.
  2. Que el aborto y los anticonceptivos son derechos que todo individuo tiene derecho y obligación de recibir.
  3. Que el matrimonio homosexual (y obviamente disoluble) es otro derecho de igual naturaleza que los anteriores.
  4. Que ya no hay derecho a la libertad de expresión, sino derecho a la información objetiva, que el estado debe proveer, contrario a las manipulaciones comunicativas de las corporaciones privadas.
  5. Que los planes y programas de estudios, especialmente los primarios y secundarios, ya privados o púbicos, deben enseñar obligatoriamente 1, 2 y 3;
  6. Que las instituciones de salud, ya privadas o públicas, deben proveer de manera coactiva y obligatoria el punto 2,
  7. Que todo desacuerdo con todos los puntos anteriores es un acto de discriminación que debe ser penalmente prohibida.

¿Por qué hemos llamado a todo lo anterior “ideologías autoritarias”? Porque su problema no radica principalmente en el contenido de lo que proponen. En una sociedad libre, con derecho a la libertad de expresión, enseñanza, asociación e intimidad, los que quieran pensar como el punto 1 y el 2 (el aborto ya es otro tema pues está en juego el derecho a la vida), etc., tienen todo el derecho legal a hacerlo: tienen derecho a la libertad de expresión y derecho a la intimidad personal. El problema radica en su imposición global a través de los instrumentos del estado, instrumentos legales que ya habían quedado perfectamente preparados en las fases a y b. Pero las comunidades religiosas, durante las fases a y b, no advirtieron el problema. Habiendo aceptado muchas de ellas el estado providencia y los derechos de 2da. generación, denigrando al mismo tiempo a las libertades individuales como pertenecientes a un liberalismo individualista y agnóstico, más que como emergentes necesarias del PS, quedaron indefensas ante la tercera fase.Ahora reclaman sus libertades, cuando ya es casi muy tarde. Ahora reclaman la libertad de conciencia pero no tendrían problema en volver a un estado providencia cuando este último vuelva a “portarse bien” en esas materias. Eso las desautoriza ante la opinión pública, por un lado, y las ha vuelvo con-causa de esta nueva oleada de laicismo autoritario que ahora critican con tanto vigor.

 

[1] “Los errores del constructivismo”, en Nuevos Estudios, op.cit.

[2] Zanotti, Luis J.: Etapas históricas de la política educativa, Eudeba, Buenos Aires, 1972.

[3] Nos referimos a la noción de sana laicidad manejada sobre todo por Pío XII y Benedicto XVI. Sobre este tema ver Santiago, A.: La relevancia cultural, política y social de la religión en los albores del s. XXI, Academia Nacional de Ccias. Morales y Políticas, Buenos Aires, 2015.

[4] Sobre este tema ver Bidart Campos, G.J.: Las obligaciones en el derecho constitucional, Ediar, Buenos Aires, 1987.

[5] Mises, en La Acción Humana (Sopec, Madrid, 1968) y Hayek en Camino de servidumbre (Alianza, Madrid, 1977) yLos Fundamentos de la Libertad (Unión Editorial, Madrid, 1975).

[6] Nos referimos a su clásico Theory of Justice, Harvard University Press, 1971.

[7] Irrazábal, G.: Iglesia y Democracia, Ediciones Cooperativas, Biblioteca Instituto Acton, Buenos Aires, 2014.

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

Estado y “políticas públicas”

Por Gabriel Boragina. Publicado el 13/10/13 en http://www.accionhumana.com/

La suposición de que el mercado opera dentro de un marco de anarquía es lo que ha dado origen al intervencionismo y -dentro de este- a una subespecie del mismo que recibe el respetable título de “políticas públicas”. Sin embargo, como bien señala el Dr. Krause:

“Los mercados no funcionan en un “vacío” de normas. Por el contrario, necesitan de ellas para coordinar los planes de los individuos, de forma tal de articular sus acciones y guiar sus decisiones de producción hacia la satisfacción de sus necesidades. Los mercados no son perfectos, esto supondría que los seres humanos lo somos. Entre los problemas que se presentan en su funcionamiento, suelen mencionarse las imperfecciones en la competencia, externalidades, bienes públicos e información asimétrica.”[1]

Para “superar” estas supuestas “deficiencias” es que se proponen las “política públicas”.

“Pero la solución a los problemas de fallas de mercado a través de políticas públicas no es tan obvia. Aunque la “mano visible” del estado parece una solución, no quiere decir esto que sea una solución efectiva. Puede haber serios problemas para implementar una política pública adecuada, y además, puede ser muy difícil lograr que se aplique en forma eficiente.”[2]

La mera proposición de políticas públicas no es -en rigor- suficiente y, como veremos más tarde, ni siquiera es necesaria:

“Además, el proceso de elaboración y decisión sobre políticas públicas necesita de sólidas instituciones que permitan su implementación en aras del bien común, evitando las presiones de los sectores afectados y superando los problemas de información e incentivos que afectan al mercado.”[3]

Este es un escollo importante, ya que en los hechos, observamos a diversos grupos de presión y de interés reclamar una política pública “a su medida y satisfacción”, generándose una suerte de “competencia salvaje” entre ellos, por ver qué sector social logra cazar las mejores y mayores políticas públicas. La competencia social se transforma -en este supuesto- en una lucha despiadada por la captura de mayores y mejores privilegios. Como se observa en este caso, son las ofertas de políticas públicas la que generan un ambiente social caótico.

Es importante no confundir políticas públicas con normas y -en suma- con el concepto de calidad institucional:

“la calidad institucional promueve la calidad ambiental en tanto consideramos a la primera, como lo hace el ICI, no solamente como políticas públicas sino como la existencia de normas que generan incentivos para la protección del medio ambiente, tal como los derechos de propiedad claramente definidos, precios que reflejen las valoraciones de los consumidores y la real escasez del recurso y la libertad contractual.”[4]

Estas normas permiten que los actores sociales (no necesariamente ni deseablemente políticos) sean quienes encaren las más idóneas políticas públicas.

El profesor A. Benegas Lynch (h) explica la razón por la cual se destinan más recursos a las políticas públicas que a la enseñanza:

“Es de gran importancia conectar este análisis con las llamadas “políticas públicas” por una parte, y por otra, con la investigación y la enseñanza. Si se analiza la cantidad de fondos que reciben instituciones que se dedican a políticas públicas o a propuestas coyunturales se observará que son cuantiosos en relación a los magros recursos que reciben instituciones dedicadas a la investigación y la enseñanza. Esto es así porque generalmente las políticas públicas y los comentarios coyunturales se entienden mejor puesto que están más al alcance de un mayor número de personas. Además, estos temas excitan a la gente que quiere acercarse al calor del poder político. Por otra parte la investigación y la enseñanza son más difíciles de abordar por el común de la gente y están alejadas de los vericuetos del poder.”[5]

Esto sucede porque, en la mayor parte de los casos, las llamadas “políticas públicas” en realidad no son otra cosa que políticas estatales, y de “públicas” bastante poco tienen, puesto que en definitiva terminan beneficiando a ciertos sectores sociales a costa de otros postergados. En última instancia, concluyen constituyendo un sistema de repartos de prebendas y de privilegios a unos a costa de los demás. Estos últimos, generalmente, son aquellos más alejados del amparo del calor del poder político.

Los partidarios de las políticas públicas suelen desdeñar la teoría a favor de la práctica. Pero:

“no hay políticas públicas o análisis de coyuntura que no se basen en la teoría. Esta podrá ser defectuosa o idónea pero no hay comentario práctico que no esté sustentado en un esqueleto teórico. Pretender buenas políticas públicas sin andamiaje teórico-conceptual es lo mismo que pretender que existan productos farmacéuticos sin investigación médica. El menosprecio por la investigación y la transmisión de teorías inexorablemente conduce a políticas públicas de peor calidad. Revalorizar el estudio teórico es uno de los cometidos más importantes de la sociedad moderna.”[6]

Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que las llamadas “políticas públicas”, confluyen en el asistencialismo. Murray N. Rothbard nos da cuenta del fracaso de las “políticas públicas” en EEUU, lo que desembocó la “explosión del asistencialismo”:

“Esta “explosión” fue creada, en parte de manera intencional, y en una mayor parte en forma inconsciente, por funcionarios y empleados públicos que llevaban a cabo políticas públicas en relación con una “Guerra contra la Pobreza”. Y estas políticas fueron defendidas y promulgadas por muchas de las mismas personas que luego se mostraron perplejas ante la “explosión del asistencialismo”. No es sorprendente que tardaran en darse cuenta de que el problema que intentaban resolver era el mismo que habían creado.”[7]

Este proceso también fracasó en Latinoamérica, donde la “explosión del asistencialismo” dio paso al clientelismo político, que explotan los populismos de todo signo y color político hasta hoy.

 


[1] Martín Krause. “Índice de Calidad Institucional” 2012, pág. 8.

[2] Krause M. Op. Cit. Pag. 8

[3] Krause M. Op. Cit. Pag. 8

[4] Krause M. Op. Cit. Pag. 41

[5] Alberto Benegas Lynch (h). El juicio crítico como progreso. Editorial Sudamericana. Pág. Pag. 166.

[6] A. Benegas Lynch (h) ob. Cit. pag. 166-167

[7] Murray N. Rothbard. Hacia una nueva libertad. El Manifiesto Libertario. Pág. 171-173

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.