Luces y sombras antes de la Cumbre de las Américas de Lima

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 30/3/18 en: https://www.lanacion.com.ar/2121416-luces-y-sombras-antes-de-la-cumbre-de-las-americas-de-lima

 

El 13 y 14 de abril próximos se realizará la VIII Cumbre de las Américas,en la ciudad de Lima, en Perú. Será la continuadora de la primera de esas reuniones, convocada por el presidente Bill Clinton, en Miami, en 1994.

En esta oportunidad, dos de los mandatarios de la región están anticipadamente concentrando la atención. El primero es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Originalmente invitado por los dueños de casa, Maduro fue luego desinvitado, lo que es por lo menos extraño, aunque hayan existido buenas razones para el cambio de actitud peruano. Hoy, es obvio, Nicolás Maduro es un dictador autoritario y Venezuela ha dejado de funcionar como una democracia. Es, como Cuba, un país totalitario.

Maduro contestó que no iba a dejar de asistir a la reunión, evidenciando el estilo patotero de los bolivarianos y trayendo a la memoria un episodio similar que tuviera lugar en la Argentina y fuera protagonizado por la también poco educada Delcy Rodríguez. Si tenemos en cuenta que Nicolás Maduro decidió no concurrir al cambio de mando reciente en Chile, en virtud del cual Sebastián Piñera volviera a la presidencia del país transandino, parece posible que Maduro, pese a sus ladridos, decida finalmente no aparecer en Lima. Sería probablemente lo más sensato, porque una cosa es estar aislado y otra, muy distinta, es hacer un papelón, provocando un incidente.

No es imposible que la reunión “Cumbre” de Lima fracase, como ha sucedido en algunas de las últimas reuniones de ese tipo donde no se alcanzaron los consensos esperados. Tampoco sería sorprendente que Trump llegara a un país perturbado políticamente como consecuencia de la renuncia de su ahora expresidente Pedro Pablo Kuczynski. A un país todavía nervioso, entonces.

A Trump parecería no resultarle fácil el diálogo con los latinoamericanos. Un llamado telefónico reciente entre el presidente Trump y su vecino, el presidente de México,Enrique Peña Nieto, terminó siendo un desastre.

Uno de los países más importantes de la región, Brasil, es uno de los más afectados por las medidas arancelarias de carácter proteccionista recientemente dispuestas por el presidente Trump, y no es imposible que la región toda pida al presidente norteamericano evitar las consecuencias de una “guerra comercial” derivada de las medidas arancelarias recientemente dispuestas por Trump.

En otro andarivel, Donald Trump deberá presumiblemente estrechar la mano de Raúl Castro, el presidente de Cuba, que también podría concurrir a Lima. Ese momento también podría ser complejo, atento a que Donald Trump no mantuvo la política de distensión hacia Cuba puesta en marcha por su predecesor, Barack Obama.

Por todo lo antedicho hay quienes sostienen que para Donald Trump la mejor actitud sería probablemente la de permanecer en un marco de discreción y así evitar eventuales rispideces. Es difícil imaginar a un Donald Trump asumiendo ese papel. Parece demasiado arrogante para elegir y asumir esa conducta. Sin embargo, sería mejor para Trump escuchar, que pontificar. Convocar, que desunir. Acercar, en lugar de alejar o dividir. Ojalá lo entiendan él y su nuevo Secretario de Estado, Mike Pompeo, que hará su debut multilateral en la región en la “Cumbre” de Lima.

La prudencia aconseja a Donald Trump evitar la retórica agresiva y dejar que, en las cuestiones más delicadas, como es la que tiene que ver con Venezuela, sean los países del llamado “Grupo de Lima” los que lleven la voz cantante. Después de todo, son ellos quienes tienen la actitud más clara de condena respecto del régimen autoritario que gobierna Venezuela.

Esto es posible, sin perjuicio de mantener su actitud dura respecto de aquellos regímenes que -por autoritarios- Donald Trump repudia.

No sería entonces sorpresivo que nuestro presidente, Mauricio Macri, vuelva a puntualizar, con razón, que la Venezuela de nuestros días ha dejado de ser una democracia y está muy lejos de poder ser tenida como un país que respeta los derechos humanos y las libertades civiles y políticas de sus ciudadanos. Para Trump sería probablemente un error volver a sugerir que su gobierno no descarta una “intervención militar” en Venezuela. La región no lo acompañaría y la alternativa luce, por lo demás, como una grave equivocación.

La “Cumbre” de Lima -a estar a su convocatoria- analizará el impacto de la corrupción en la gobernabilidad de los países de nuestra región. El efecto nocivo de las cleptocracias, entonces. Sobre esto los Estados Unidos tienen mucho que ofrecer, particularmente en materia de información e investigaciones. Y también alguna experiencia ganada en América Latina, como es el caso de los esfuerzos que realiza con Guatemala para desterrar la impunidad.

Como no es imposible que Donald Trump sufra provocaciones, es importante que, ante ese riesgo, lo tenga en cuenta y elija mantenerse siempre en el plano de la serenidad. Recordando aquello de que escuchar con humildad no es perder el tiempo. Particularmente cuando se trata de temas que quizás no se comprenden en toda su extensión y profundidad.

Queda visto que la “Cumbre” de Lima puede resultar compleja. Si Donald Trump decide instalarse en el centro del escenario, desatando desde allí su conocida retórica podría generar tormentas. Sería mejor que -en cambio- intentara generar confianza, poniéndose a disposición de aquellos gobiernos de la región hoy empeñados en una lucha frontal contra la corrupción que, por décadas, ha sido desgraciadamente endémica en América latina.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

Distintos niveles de popularidad de los presidentes latinoamericanos

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 2/3/17 en: http://www.lanacion.com.ar/1989208-distintos-niveles-de-popularidad-de-los-presidentes-latinoamericanos

 

Se acaban de difundir los resultados de una interesante encuesta reciente realizada por IPSOS-Public Affairs, que midió los niveles actuales de popularidad de los distintos presidentes de América latina. Ella se realizó consultando específicamente a casi tres centenares de líderes de opinión de todos los rincones de la región y a periodistas especializados durante el período transcurrido desde noviembre de 2016 hasta enero del año en curso.

Los mandatarios de nuestra región que, a estar a los resultados de esa encuesta, mejor miden son: Juan Manuel Santos, de Colombia; Tabaré Vázquez, de Uruguay y nuestro presidente, Mauricio Macri, en ese orden.

Los porcentajes de aprobación son, para ellos, realmente muy significativos. Concretamente, del 74% para Santos, del 70% para Vázquez y del 64%, para Macri.

La alta cifra de aplauso para el Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos hoy podría haber disminuido algo, como consecuencia de las acusaciones que le imputan haber recibido indirectamente dinero de Odebrecht, destinado al financiamiento de su última campaña electoral. Estas acusaciones son llamativamente paralelas a las que en su momento se hicieran contra el ex presidente colombiano Ernesto Samper, que acaba de renunciar a la Secretaría General de UNASUR. Como duro resultado de ellas, lo cierto es que Ernesto Samper aún no puede ingresar al territorio de los Estados Unidos, país que le niega la posibilidad de obtener la visa del caso.

A su vez, los presidentes que peor miden en nuestra región, son: el ecuatoriano Rafael Correa, con apenas un 36% de aprobación; el dictador cubano, Raúl Castro, con un débil 31%; el asediado por acusaciones de corrupción presidente de Brasil, Michel Temer, con un escaso 30% de aprobación; el presidente de México, Enrique Peña Nieto, con sólo un 25% de aprobación; y, no inesperadamente, el claramente peor de todos es el presidente venezolano Nicolás Maduro, que aparece con un escuálido 6% de aprobación, con nada entonces. Rechazado por su pueblo.

Los otros tres mandatarios regionales cuya popularidad midiera la encuesta referida específicamente, son: Pedro Pablo Kuczynski, del Perú, que obtuvo un saludable 61% de aprobación; y Michelle Bachelet, de Chile, que tiene un 58% de aprobación. Bien por debajo de ellos aparece el eterno presidente boliviano, Evo Morales, con una flaca aprobación del 41%, esto es menos de la mitad del total de los encuestados.

A su vez, las respectivas tasas de desaprobación registradas por la encuesta comentada son las siguientes: para Juan Manuel Santos, del 23%; para Tabaré Vázquez, del 14%; para Mauricio Macri, del 14%; para Rafael Correa, del 58%; para Raúl Castro, del 64%; para Michel Temer, del 26%; para Enrique Peña Nieto, del 67%; para Pedro Pablo Kuczynski, del 12%; para Michelle Bachelet, del 40%; para Evo Morales del 56%; y para el repudiado Nicolás Maduro, de un increíble 91%.

No es imposible que la débil imagen del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, comience pronto a fortalecerse por impacto del nacionalismo si, de pronto, su desempeño en la difícil pulseada comercial e inmigratoria que tiene en curso contra el presidente norteamericano, Donald Trump, lo justifica.

Así están las cosas en nuestra región latinoamericana. Relativamente tranquilas, al menos aparentemente, para los jefes de estado de Colombia, Uruguay, Argentina, Perú y Chile. Bastante más complejas para los de Bolivia y Ecuador. Y francamente adversas, al menos en términos de imagen, para los presidentes de Cuba, Brasil, México y Venezuela.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

El nuevo rumbo de México

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 27/12/13 en:  http://www.lanacion.com.ar/1650812-el-nuevo-rumbo-de-mexico

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, que lideró el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de ese país está cumpliendo, una por una, sus promesas electorales.

Esto supone haber puesto en marcha una profunda reforma estructural en su país. Los primeros pasos fueron en dirección a modernizar la educación, el régimen laboral y el sistema tributario, así como a limitar las actividades monopólicas en materia de servicios de telefonía. Peña Nieto dejó para el final de su esfuerzo reformista al capítulo más difícil de todos: el de los hidrocarburos, respecto del cual el imaginario mexicano ha venido construyendo, desde 1938, lo que algunos llaman una teología nacionalista repleta de tabúes. Todo lo relativo a la actividad energética tiene, en México, una importante carga emotiva.

Con el apoyo del Partido Acción Nacional (PAN) al PRI, México acaba de dar vuelta la página de los 75 años en los que el nacionalismo prevaleció absolutamente en el sector energético. A la manera de monopolio presuntamente sagrado. Esto se logró, siguiendo el procedimiento constitucional, mediante el voto del Senado, en primer lugar, con 95 votos a favor y sólo 28 en contra. Estos últimos fueron los de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido del Trabajo (PT), que conforman la izquierda dura. Poco después, los diputados mexicanos, por 354 votos a favor y 134 en contra, avalaron -también ellos- la reforma que abre el sector energético a la inversión privada. Lo hicieron sin modificar palabra alguna del texto antes aprobado en el Senado.

La sesión en la Cámara de Diputados generó un intenso debate. De casi 20 horas, que debió realizarse fuera del recinto tradicional, bloqueado por quienes se oponían a la reforma.

La reforma del sector energético mexicano fue así puesta en marcha. Ahora está siendo rápidamente avalada por los congresos de los 32 estados. Cuando 17 de ellos lo aprueben, con dos tercios de votos a favor, será publicada por el Poder Ejecutivo y entrará en vigor.

El gran cambio de realidad es que, en más, se permitirán las contrataciones con el sector privado, tanto para explorar y extraer hidrocarburos, como para generar electricidad. Esas contrataciones deberán hacerse en los términos y condiciones de una Ley Reglamentaria que se aprobará, se estima, en el primer semestre del año próximo.

De todas maneras, la propiedad de los hidrocarburos, mientras estén en el subsuelo continuará siendo del Estado mexicano. De modo inalienable e imprscriptible.

Tanto Petróleos Mexicanos (Pemex), como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pasarán a ser empresas productivas de propiedad del Estado y podrán celebrar contratos con particulares.

El Sindicato de Trabajadores Petroleros saldrá del Consejo de Administración de Pemex, que se manejará entonces con criterios esencialmente comerciales. Sus representantes ocupaban un tercio de los puestos de ese Consejo.

Las mejores áreas conocidas hasta ahora, tanto de exploración como de explotación, quedarán reservadas para Pemex, con la anuencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Las ventas de Pemex, recordemos, equivalen al 11% del PBI de México.

La ley crea además el “Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo”, fideicomiso que será administrado por el Banco de México, de modo de maximizar la utilización de la renta petrolera pagando con ella el gasto corriente, el presupuesto de egresos, algunos proyectos de ciencia y tecnología, así como la pensión universal prometida por el PRI.

Las relaciones con el sector privado se edificarán sobre contratos de servicios o sobre acuerdos en los que -según el caso- se comparta sea la utilidad obtenida, sea la producción extraída. De crudo o gas natural.

Con esta reforma, México procura aumentar su alicaída producción de hidrocarburos, apuntando a lograr un aumento del 60% respecto del nivel actual, lo que debería alcanzarse en la próxima década.

De esta manera, la segunda mayor economía de América latina y la décima productora mundial de petróleo crudo, procura dinamizar el sector de los hidrocarburos y revertir lo que ha venido sucediendo. Esto es, una declinación productiva que -sólo en la última década- ha sido de un 25% desde su pico más alto de 3,4 millones de barriles por día, alcanzado en el 2004, para estabilizarse en apenas unos 2,5 millones de barriles por día.

Para aprobar el cambio de las reglas de juego se acordaron las necesarias modificaciones a la Constitución Nacional, que permitirán que los contratos se celebren directamente con el Estado y no necesariamente con Pemex, que pierde así el monopolio de la exploración y explotación de hidrocarburos del que gozaba.

Se espera que la reforma atraiga al capital privado, tanto nacional como extranjero. Y que, en el caso particular de la explotación del “shale” mexicano, así como en los yacimientos de aguas profundas, permita el rápido acceso a la tecnología e inversión que ellas requieren. También que con el mayor nivel de actividad que se anticipa aumente paralelamente la generación de empleo.

En el sector eléctrico, México tiene tarifas que -pese a estar subsidiadas- son un 45% más altas que las norteamericanas, situación que afectan obviamente la competitividad de su industria.

La participación del PAN, decisiva para que el PRI pudiera obtener la aprobación de su reforma, significó liberalizar más de lo originalmente previsto la participación del capital privado. Ayudó, entonces.

Para el sector energético de México ha comenzado una nueva etapa. Apasionante. De cambios profundos y mucha creatividad.

Pero si es cierto aquello de que no son las cosas las que cambian, sino nosotros, mucho dependerá de cómo se vaya explicando el proceso de cambio y sus resultados. Particularmente a un público acostumbrado a la retórica del pasado, que es precisamente lo que se quiere dejar atrás.

Por ello, aunque la reforma apunte a vencer la inercia del enfoque perimido, también será necesario convencer a los mexicanos de que el nuevo rumbo es el adecuado al mundo de hoy, bien distinto al de ayer..

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

La reforma energética en México

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 16/8/13 en: http://www.lanacion.com.ar/1610925-la-reforma-energetica-en-mexico

El general Lázaro Cárdenas fue presidente de México entre 1934 y 1940. Una mezcla de izquierdista pragmático y populista encendido. Fue también el fundador del Partido Revolucionario Mexicano, antecesor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fuerza política que acaba de regresar al poder en México, de la mano de Enrique Peña Nieto.

El pasado 12 de agosto, Peña Nieto -en un largo y convincente documento que remitiera a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión- reveló su tan esperada reformulación de la política energética de su país. Previamente la había anunciado a la población, acompañado por su gabinete, desde la residencia de Los Pinos. Esa iniciativa incluye la propuesta concreta de modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución para modernizar los sectores de hidrocarburos y energía eléctrica.

En el caso del sector petrolero en particular se trata de una apertura acotada que prohíbe los contratos con riesgo a cargo del Estado y estimula el accionar de la iniciativa privada, que deberá asumir el costo del fracaso en la exploración petrolera. La titularidad de los hidrocarburos continuará, no obstante, siendo -como hasta ahora- patrimonio exclusivo de la nación.

Para Peña Nieto, la reforma significa volver a la concepción del general Lázaro Cárdenas quien, habiendo prohibido las concesiones, lo cierto es que nunca cerró la puerta a las posibilidades de admitir la colaboración de la iniciativa privada en el sector de los hidrocarburos. Fue una enmienda constitucional aprobada a inicios de la década de los 60, la que específicamente prohibió al Estado los contratos con las empresas privadas, reservando todas las actividades de la industria petrolera exclusivamente para Pemex.

El presidente mexicano recordó a sus conciudadanos que Cantarell, el principal yacimiento petrolero mexicano, está en proceso de agotamiento y que esperar a que ello ocurra sería suicida. Señaló asimismo la necesidad de convocar al capital privado para producir hidrocarburos por métodos no convencionales.

La vecindad con los Estados Unidos le permitió aportar algunas cifras impactantes, que hablan por sí mismas, que abonan el argumento de avanzar ahora en la producción de hidrocarburos de la mano del sector privado. Comparándose con su vecino del norte, los Estados Unidos, recordó que el año pasado solamente en ese país se otorgaron 9100 permisos de perforación a 170 empresas para producir petróleo y gas natural con técnicas no convencionales. Mientras tanto, en México, se otorgaron sólo tres. Por eso, la producción de gas proveniente de ese capítulo aumentó ocho veces en algo más de una década, y representa ya cerca del 40% de la producción de gas natural norteamericana. Enseguida se refirió a la exploración y extracción en aguas profundas, cuyos costos -recordó- son cien veces más altos que los que corresponden a los yacimientos terrestres. Aquí recordó que el año pasado, en los Estados Unidos se perforaron 173 pozos en el mar, con profundidades superiores a 500 metros. Mientras que en México, apenas seis. En los Estados Unidos participan en esto más de 70 empresas, y en México sólo Pemex. Respecto de los pozos de más de 1500 metros de profundidad, en los Estados Unidos en los últimos dos años se perforaron 52 pozos. En México, sólo 5. Una diferencia sideral.

La restricción que hoy obliga a Pemex a trabajar en absoluta soledad, destacó Peña Nieto, ha erosionado la seguridad energética de su país, que de no revertirse la situación actual, en muy pocos años se transformaría en importador neto de hidrocarburos. México -de la mano de Peña Nieto- no quiere esperar a que, como en la Argentina, el desastre ocurra, sino que quiere anticiparse y dejar de lado la preocupación antes referida. Para hacer una revolución no es necesario llegar a un callejón sin salida, queda claro.

Para salir de ese feo atolladero, Peña Nieto recurre ahora a las propuestas del ex presidente Cárdenas, pero modernizándolas. El Estado mexicano continuará siendo propietario exclusivo de los recursos del subsuelo. Pero, sin correr riesgos, podrá contratar con el capital privado, mediante fórmulas distintas de las concesiones. Las compensaciones para el sector privado podrían ser en efectivo o en un porcentaje de los productos obtenidos. Los terceros podrán también participar en los capítulos de la refinación, el transporte y la distribución de los hidrocarburos. Para la actividad privada se abrirá una panoplia de alternativas que apunta a mejorar la competitividad de la economía mejicana.

Lo antedicho supone eliminar la reforma constitucional del 20 de enero de 1960, que prohíbe a Pemex celebrar contratos con particulares en el marco de su objeto social.

Al rescatar del tiempo la “reforma cardenista”, el modelo de Peña Nieto descansa sobre dos esquemas: a) los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos a celebrarse con el Poder Ejecutivo Federal; y b) la posibilidad de la participación privada en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, en un régimen que -no obstante- suponga la autorización expresa del gobierno federal. Esto supone obviamente eliminar la prohibición constitucional de que el Estado celebre contratos para la explotación de hidrocarburos con el sector privado. Además, la reformulación constitucional propuesta eliminará a la petroquímica de la lista de las áreas estratégicas, posibilitando -también en ese sector- la colaboración del sector privado.

Como Brasil, Colombia y Noruega, México convoca al capital privado. Nacional y extranjero. Para obtener una oferta cada vez mayor de combustibles e insumos para sus actividades.

Las propuestas de reforma de Peña Nieto incluyen la modernización de Pemex, de modo de conferirle más flexibilidad operativa y un tratamiento fiscal comparable al de sus competidoras en el resto del mundo.

Los beneficios esperados de la reforma antes descripta no se agotan en el aumento de la inversión y de los recursos fiscales que seguramente generará el ingreso masivo al sector del capital privado. Incluyen también la recuperación de los niveles de reservas mexicanas probadas de crudo y gas; llevar la producción de petróleo de los actuales 2,5 millones de barriles diarios a 3,5 millones de barriles diarios, en 12 años. Y duplicar la producción actual de gas natural, también en un plazo de 12 años. Objetivos ambiciosos, pero ciertamente posibles.

Además de las medidas antes descriptas para el sector de los hidrocarburos, la reforma estructural propuesta por el presidente Peña Nieto incluye un capítulo referido específicamente a la energía eléctrica.

En México, el 99% de las ciudades de más de 100.000 habitantes tienen una electrificación del 99%. Quedan, sin embargo, por electrificar 43.000 ciudades pequeñas, donde viven más de 2 millones de mejicanos. Pese a que la energía eléctrica residencial está subsidiada, las tarifas eléctricas comerciales e industriales son un 25% más altas que las norteamericanas, lo que -es obvio- quita competitividad a la economía mejicana.

La reforma propuesta supone convocar al capital privado a invertir en la generación de energía eléctrica. También utilizar más gas natural en esa actividad. A lo que se agrega la necesidad de modernizar y ampliar la red nacional de transmisión, cuyo 50% tiene más de 20 años de antigüedad.

Las propuestas apuntan entonces a reducir los costos del servicio eléctrico, así como a organizarlo con una visión moderna que permita elevar la productividad y la eficiencia del sistema. Se mantiene la titularidad del estado sobre la transmisión y distribución, pero se convoca al sector privado para cooperar en aumentar la oferta de energía eléctrica.

De esta manera, el presidente Peña Nieto convoca a un debate que, para Méjico es indispensable. Habrá quienes lo apoyen, pero también quienes lo enfrenten. Si el debate es amplio, franco y lógico, las propuestas pueden enriquecerse.

Los observadores apuestan a que Peña Nieto tendrá la mayoría legislativa que le permitirá implementar sus propuestas modernizadoras. No obstante, la vieja retórica y los tabúes pueden demorarla y México la necesita con urgencia.

Si todo sale bien, la implementación de las reformas podría comenzar el año próximo. Para el sector petrolero ello significaría que el noveno productor del mundo dejaría atrás 50 años de estatismo en su más pura acepción, y podría sumar a sus tareas el capital y la tecnología de las que hoy Pemex no dispone. De esta manera, las reservas de hidrocarburos mexicanas, que están en picada desde los 80, podrían recomponerse y, según las estimaciones, en poco más de una década, México podría aspirar a producir 4 millones de barriles diarios.

Cabe recordar que, en materia de hidrocarburos, los avances son necesariamente lentos. Pero si la marcha es constante y coherente, los objetivos del presidente Peña Nieto parecen realizables.

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.