En nombre de los pobres, se los explota de la peor manera

Por  Alberto Benegas Lynch (h) y Martín E. Krause. Publicado el 8/12/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1965274-en-nombre-de-los-pobres-se-los-explota-de-la-peor-manera

 

Muchos son los problemas que debe enfrentar el actual gobierno. En el nivel macro resulta medular disminuir el astronómico gasto público, lo cual significa terminar con funciones incompatibles con el sistema republicano. Para no remontarnos más allá de principios de los setenta, Perón recurrió a la inflación para financiar el gasto; los militares echaron mano al endeudamiento público; Alfonsín, a la inflación; Menem, al endeudamiento; los Kirchner, a la inflación, y ahora resulta que otra vez se pretende el endeudamiento para no enfrentar el problema de fondo de un Leviatán alarmante y sobredimensionado.

Consideramos que éste es el eje central de lo macro. Respecto de lo micro, son muchos los temas que deben encararse a la brevedad al efecto de no repetir recetas fallidas que indefectiblemente conducirán a idénticos fracasos del pasado. Como no puede tratarse todo al mismo tiempo, en esta nota nos concentramos en el problema de las villas y concretamente en la ciudad de Buenos Aires.

La solución que proponemos para los habitantes de las villas de emergencia, que también lo será para la ciudad, consiste en asignarles derechos de propiedad de la tierra sobre la que han fabricado viviendas precarias y, en su caso, la propiedad horizontal.

 

Por otra parte, el estudio de la propiedad para los ocupantes informales ha sido trabajado por muchos autores, en particular por Hernando de Soto y Enrique Ghersi en El otro sendero. Esta asignación de derechos de propiedad genera incentivos para mejorar las viviendas e incluso el barrio. Debemos recordar que lo que hoy llamamos «civilización» surgió a partir de la efectiva posesión de la tierra y la posterior formalización de ese derecho.

Sin propiedad formal, el mercado inmobiliario es insignificante y restringido, no hay crédito ni instrumentos legales para evitar o resolver una ocupación o el incumplimiento de un contrato de alquiler. O más bien, si los hay, resultan en condiciones muy onerosas.

En cambio, en el contexto de la institución de la propiedad, esto atraería la atención inmediata de operadores inmobiliarios para adquirir esas propiedades y revenderlas en el mercado o para construir inmuebles de mucho mayor valor y, asimismo, permitir que los vendedores se muden a viviendas infinitamente mejores.

Los funcionarios públicos no suelen pensar de esta forma y ponen en evidencia un capricho «planificador». Les gustaría que esos barrios tuvieran otra disposición. Un urbanizador privado tendría en mente la valorización de la tierra y podría comprar propiedades allí, invirtiendo su dinero -no por la fuerza el de los contribuyentes- y podría desarrollar proyectos de diversa naturaleza que, como ahora se dice, «pongan en valor» la zona.

Sin ninguna duda, si las legislaciones son zigzagueantes y, consecuentemente, la seguridad jurídica no existiera, el proceso señalado no tendría lugar, ya que ningún inversor arriesgará sus recursos para que en medio de la operación irrumpan legisladores que con un entusiasmo digno de mejor causa modifiquen las reglas. Hay que estar en guardia con los que, al contrario de Friedrich Hayek, Bruno Leoni y tantos otros pensadores liberales, consideran que el Poder Legislativo es para cubrir todos los recovecos de la vida de las personas, con disposiciones y reglamentaciones de toda índole, con lo que asfixian la libertad. Es como escribía Marco Aurelio Risolía: «Igual que en el campo de la economía, en el terreno jurídico la inflación de la ley reduce su valor».

Tenemos que recordar que no siempre hubo villas de emergencias en este país. Los inmigrantes pobres se alojaban en los conocidos «conventillos» de la ciudad, para luego acceder a la vivienda a través de la compra de terrenos en los suburbios en cuotas extendidas en el tiempo. La degradación de la moneda y las regulaciones destruyeron esa forma de financiamiento de la vivienda. Las leyes de control de alquileres y desalojos de hecho privó a multitud de familias de sus ahorros invertidos en pequeños departamentos para alquilar y terrenitos en los cuales tenían depositadas sus esperanzas para su futuro. Sin moneda, no hay crédito a largo plazo. En su lugar, los programas de viviendas propuestos por los aparatos estatales no sólo son insuficientes, sino que suelen desembocar en todo tipo de escándalos de corrupción, como nos dan a conocer las noticias casi diariamente.

Se podría pensar que el procedimiento sugerido constituye un premio y un incentivo para tomar predios públicos a la espera de ser recompensados por ofertas atractivas y proceder a los arbitrajes correspondientes. Sin embargo, la situación no es muy diferente de la actual en el sentido de que los usurpadores podrían contar con vivienda si proceden, como lo han hecho, por ejemplo, los habitantes actuales de la villa 31.

El tema es estar atentos para no permitir nuevos asentamientos que sean arrebatos de espacios públicos. Pero los funcionarios públicos no suelen estar atentos, por deficiencias administrativas y porque sus faenas exceden la de eficaz gestor inmobiliario. Naturalmente el riesgo de conflictos varios se reduciría si el sector público dejara de poseer ciertos espacios que no cumplen con ningún fin de utilidad. Al menos en esta instancia del proceso de evolución cultural, no tiene razón de ser la propiedad inmobiliaria estatal que no sea la vía pública, plazas, parques o edificios para sus oficinas.

Estimamos que las medidas que al momento se adoptan son políticas que no pasan de retoques circunstanciales, prevalece el problema de fondo preparado para que demagogos de diverso color utilicen a los pobres en provecho propio.

El tema no consiste en la buena o mala voluntad de los funcionarios de turno, el tema radica en las instituciones que establecen incentivos en una u otra dirección.

En un plano más amplio consignamos que al efecto de lograr salarios e ingresos más elevados, muy especialmente para los más necesitados, deben establecerse las condiciones indispensables para facilitar el ahorro y la consecuente inversión. Esto no sólo requiere marcos institucionales civilizados, sino que demanda modificaciones fiscales que se traduzcan en la actualización de las valiosos propuestas alberdianas en cuanto a la eliminación de impuestos directos y progresivos que atentan contra la inversión, y reducir las alícuotas de los indirectos y proporcionales en el contexto del federalismo tributario hoy inexistente, para así retomar la mejor tradición argentina.

Esto sólo puede lograrse si se encaran reformas estructurales compatibles con una sociedad abierta, medidas que deben ponerse en marcha y darles principio de ejecución antes de que sea tarde. Sólo interesan los resultados y el balance de la gestión, las explicaciones son irrelevantes. Desde hace décadas, en nombre de los pobres se los explota de la peor manera.

 

Coautores de los libros En defensa de los más necesitados (Atlántida) y Proyectos para una sociedad abierta (Abeledo-Perrot)

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

«En defensa de los vendedores ambulantes»

Por Belén Marty: Publicado el 24/1/16 en: http://cadenaba.com.ar/nota.php?Id=35058

 

Todo vuelve. Volvieron a instalarse en la calle del barrio porteño de Flores los manteros y vendedores ambulantes que habían sido clausurados y levantados la semana pasada por la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de Buenos Aires. La polémica medida de erradicar a los comerciantes improvisados genera simpatía y críticas por igual. En estas líneas me propongo defenderlos.

Alegarán los más férreos críticos que acostumbrados a vivir en la ilegalidad, los vendedores callejeros y ambulantes, saben perfectamente las condiciones a las cuales se someten al vender productos sin pagar impuestos (en general no pagan ni tributos nacionales, provinciales o municipales). También dirán que ellos, a diferencia de los comercios formales, no han pasado horas del verano inscribiéndose como monotributistas en la AFIP, o en el Dirección Nacional de Rental (DGR). Tampoco suelen situarse en los lugares autorizados.

Todo ello es verdad. Los manteros no pagan los impuestos a los que sí están sometidos el resto de los comerciantes. Además, ocupan un espacio publico, interfieren en el libre tránsito de la gente que camina y algunos también dirán que hasta le quitan clientela a los locales formales. En este sentido, los críticos argumentarán que la vía pública no es un bien publico (en el sentido económico de su definición) y que, gracias a ellos, es imposible caminar a las 10 de la mañana por las calles de los barrios de Once, Flores o Micocentro.

Sin embargo, ese no es el quid de la cuestión. En primer lugar, los vendedores ambulantes existen gracias a la imposibilidad de poder montar y formalizar sus propios negocios por la existente, pesada y astronómica carga impositiva que recae sobre todos los comerciantes. Además, el Estado persiste en obligar a cumplir una tarea jurídica propia de los que aman los laberintos burocráticos.

El problema no son los vendedores callejeros sino el marco legal, jurídico, tributario y burocrático que los vio nacer. El problema no es la competencia desleal del ambulante al comerciante que tiene un negocio físico sino justamente la cifra elefantiásica que tiene que pagar el comerciante formal para mantener su negocio en pie.

Trazando un paralelismo podríamos decir que la situación se parece al caso del servicio de transporte Uber y los sindicatos de taxis que reprimen esta nueva modalidad. ¿Por qué? Pues porque en vez de pregonar por una baja de impuestos y regulaciones para realizar su trabajo en paz piden que se le aplique la misma y agresiva cantidad de impuestos a los otros. En este caso de los vendedores callejeros, los comerciantes piden que los ambulantes paguen la misma cantidad de impuestos en vez de pedir por el fin de los mismos.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguró que «la venta ilegal está destruyendo el comercio formal, por eso hay tantos locales vacíos». Sin embargo, no es la venta ilegal lo que está dejando a los locales vacíos sino las altas tazas de alquiler, la inflación, y todo lo antes mencionado.

Además, contrariamente a lo que creen los comerciantes formales, los vendedores callejeros complementan a la actividad. La venta en la calle atrae posibles clientes que pasarán caminando por los locales a la calle. Más aún, si bien los manteros no pagan tributos y eso hace que sus mercaderías sean más baratas no tienen los beneficios de que la persona compre en un local: aire acondicionado, pago en cuotas, mercadería de mejor calidad, posibilidad de comprar por mayorista, etcétera.

Pero la mayor defensa está en reivindicar el espíritu emprendedor de estos vendedores ambulantes, especialmente en aquellos sectores menos favorecidos y que no tienen los recursos para arrancar con un comercio formal.

Estas personas son empresarios en potencia. Son una vanguardia contra tanto empuje por parte del Estado a que no sean parte. Son la resistencia a caer en un subsidio. Son personas dispuestas a salir adelante frente a un modelo que los excluye.

Como dice el académico peruano Enrique Ghersi: (los vendedores ambulantes) «no tienen que ser ricos para ser empresarios, solamente les basta ser trabajadores; no tienen que ser listos para ganar dinero, solamente les basta ser ordenados; no tienen que ser sabios para descubrir una oportunidad, solamente les basta ser audaces».

Las calles son la universidad de los emprendedores. Allí no tienen privilegios de nadie y de nada. Están a merced del mercado.

La dificultad de crear un negocios formal en Argentina

El índice Haciendo Negocios que mide las regulaciones, el capital mínimo, el tiempo y el costo de arrancar un negocio dice que en Argentina esta es una tarea (casi) imposible. El índice, publicado en junio de 2015, mostró que Argentina se encuentra en el puesto 157 de 189 economías mundiales en relación a la dificultad para empezar un nuevo negocio.

Crear un emprendimiento (cualquiera sea) y registrarlo formalmente es mas difícil que hacerlo en Alergia, China, Gabón, Ghana, Iraq, Kenia, Omán, y Yemen, entre otros. Nuestro país es solo superado por países como Zimbabue, Venezuela, Uganda, Sudan del Sur, Myanmar, y Haití. Ninguno de ellos caracterizados por el progreso económico.

Argentina es, sin dudas, uno de los países que más procedimientos y pasos requiere para empezar un negocio. Cualquiera que haya intentado arrancar algo lo sabe. Para abrir algo nuevo una persona debe hacer 14 trámites distintos (muchos de ellos acarrean gastos monetarios).

Muy en el opuesto se encuentran Nueva Zelanda, Suecia, Singapur, Macedonia, que requieren de entre uno y dos trámites.

Levantar a los manteros no va a solucionar el problema de los comerciantes formales. Los manteros, los que llevan carretillas con comida, o cualquier otro vendedor ambulante volverán apenas pase el temblor policial. La solución de fondo es simplificarle la vida a estos comerciantes ambulantes a que puedan abrir sus propios negocios sin morir en el intento.

Menos trámites y bajar los impuestos es la clave para que ellos puedan reinsertarse, de una vez por todas, en el mercado formal.

 

Belén Marty es Lic. en Comunicación por la Universidad Austral. Actualmente cursa el Master en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Conduce el programa radial “Los Violinistas del Titanic”, por Radio Palermo, 94,7 FM.