Argentina: obra pública y política fiscal

Por Gabriel Boragina Publicado  el 16/7/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/07/argentina-obra-publica-y-politica-fiscal.html

 

En declaraciones recientes, el presidente Macri ha expresado que “los impuestos nos están matando”.

Sin duda que la afirmación es acertada. Lo que es llamativo que sea un presidente desarrollista el que la formule. Repasemos la definición de desarrollismo según el diccionario de economía:

“desarrollismo. Término poco preciso que estuvo en boga en los años sesenta y que se refería a la ideología que postula como meta de la sociedad y de la acción estatal la obtención de un acelerado crecimiento económico. El desarrollismo latinoamericano hacía énfasis en la transformación de las economías atrasadas de la región, concentrando los esfuerzos en la creación de una base industrial y la superación de la condición de países exportadores de materias primas. En la mayoría de los casos este desarrollismo asumió como modelo de crecimiento la llamada sustitución de importaciones, la que se intentó lograr mediante un elevado nivel de proteccionismo. (V. DESARROLLO; PROTECCIONISMO; SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES).”[1]

Si ninguna vacilación –al menos para mí- se trata esta de la política económica encarada por el gobierno de Cambiemos que, sin ser demasiado explicito en cuanto a precisiones ideológicas, se encamina en la dirección dada por la definición. Su distinción con el liberalismo –como ya lo indicáramos en ocasiones anteriores- consiste en que ese “acelerado crecimiento económico” se persigue a través de la acción estatal, en tanto que en el liberalismo el mismo objetivo se busca a través de la iniciativa y empresa privada.

También en forma coincidente con la definición que adoptamos, Cambiemos esta “concentrando los esfuerzos en la creación de una base industrial”. En este sentido, destaca la promoción de la industria de infraestructura emprendida. Veamos seguidamente que se entiende por tal en economía:

infraestructura. Término poco riguroso teóricamente que engloba los servicios considerados como esenciales para el desarrollo de una economía moderna: transportes, energía, comunicaciones, obras públicas, etc. La infraestructura de un país está constituida por todo el capital fijo, o capital público fijo, que permite el amplio intercambio de bienes y servicios así como la movilidad de los factores de producción. Se considera que la creación de infraestructura es básica en el proceso de desarrollo económico, pues en ausencia de ésta se limitan seriamente los incrementos en la productividad y no es posible, tampoco, atraer capitales. Muchos bienes de capital que integran la infraestructura son bienes públicos más o menos puros, como las carreteras, puentes y otras obras, en tanto que muchos otros son claramente privados. Ello ha llevado a una discusión con respecto al papel del Estado en la creación y desarrollo de una infraestructura adecuada: se entiende que éste puede hacerse cargo de construirla cuando no hay suficientes capitales privados para emprender determinados proyectos, y que puede proveer aquellos servicios y bienes que son públicos. Pero, en general, la experiencia histórica indica que, para el resto de los casos, resulta más eficiente la presencia de empresas privadas que compitan entre sí cuando ello es posible.”[2]

A nuestro juicio, no cabe incertidumbre en cuanto a que este es el espíritu que anima al gobierno de Cambiemos. Lo que resulta difícil conciliar, es la expresión del presidente Macri, señalada al principio, con el financiamiento de toda esa obra de infraestructura que se está realizando. Y ello, porque va de suyo que el gobierno solamente podrá costear estos emprendimientos mediante impuestos, esos mismos impuestos que el mismo gobierno estima elevados y asfixiantes. Si el Ejecutivo fuera sincero en su deseo de bajar la carga fiscal ¿cómo se sufragarán todos los proyectos de obra pública y habitacional que se están realizando más los que se han prometido para el futuro inmediato? Esto no aparece claramente explicado.

Por la teoría económica básica sabemos que los gobiernos carecen de recursos propios. Todos los fondos de los que disponen provienen indefectiblemente del sector privado, y en última instancia del contribuyente. De allí, es lógico derivar que, si los impuestos se reducen esto implicará infaliblemente menores recursos para destinar a la obra pública ya iniciada y la venidera. Cabria entonces pensar que el plan del gobierno podría consistir en una reducción de impuestos acompañada por un incremento de la deuda púbica, que reemplazaría en una proporción similar aquella reducción, y permitiría continuar con el plan de obras de infraestructura.

Si este fuera el propósito, surgirían a primera vista dos escollos inmediatos, uno de tipo político y otro económico.

Desde el punto de vista político, una reforma impositiva como la propuesta o sugerida por el poder ejecutivo, sólo podría ser legalmente materializada por el Congreso. Esto, porque así lo dispone la Constitución de la Nación Argentina (a tal respecto, véanse los incisos 1º y 2º del art. 75 de la Carta Magna, Capítulo IV, titulado “Atribuciones del Congreso”). En lo inmediato, parece bastante remota esta posibilidad, al menos durante el curso del presente año, dado que el oficialismo necesita de mayoría parlamentaria –que no tiene- como para aspirar a conseguir la aprobación de una reforma impositiva, que el mismo gobierno admite como necesaria y prioritaria. En el ínterin ¿qué podría hacer el Ejecutivo? Podría contraer deuda, pero aquí brota la segunda dificultad:

Desde lo económico, el obstáculo surge en cuanto se repara que todo incremento de deuda estatal significará que se están trasladando hacia el futuro los efectos financieros de la misma. Llegado el vencimiento del empréstito -o de los empréstitos que se contraen- habrá que cancelar el principal con más sus intereses, y para ello no habrá más remedio que subir impuestos, con lo cual cualquier rebaja que se haga hoy será transitoria, e implicará una nueva escalada en lo futuro.

Finalmente, el gobierno podría cubrir su proyecto desarrollista mediante inflación, mecanismo que siempre termina tentando a todos los poderes constituidos. No obstante, también figura entre las metas del oficialismo reducirla. En suma, es bastante difícil de explicar –hoy por hoy- cómo piensa Cambiemos llevar adelante su proyecto desarrollista.

[1] Carlos SABINO; Diccionario de Economía y Finanzas. Contiene léxico inglés-español y traducción de los términos al inglés. Consultores: Emeterio Gómez; Fernando Salas Falcón; Ramón V. Melinkoff. CEDICE. Editorial Panapo. Caracas. Venezuela. Voz respectiva.

[2] Carlos Sabino, Diccionario de Economía y Finanzas, Ed. Panapo, Caracas. Venezuela, 1991. Voz pertinente.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

HAY QUE BAJAR EL GASTO PÚBLICO

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 24/1/16 en: http://gzanotti.blogspot.com.ar/2016/01/hay-que-bajar-el-gasto-publico.html

 

No soy un apocalíptico, un libertario fuera de la historia o un cruzado. Las primeras medidas del gobierno de Macri a nivel macro han sido comprensibles. Cristina la psicópata vació intencionalmente lo poco que quedaba de reservas precisamente para que se enfrentara con un problema social insoluble. El equipo de Macri se adelanta a esta maquiavélica jugada y pide empréstitos que permiten afrontar pagos y deudas pendientes y liberar el tipo de cambio, al menos según el paradigma de que necesitaban un banco central con reservas para hacerlo. Ok. Comprensible.

Pero me parece que este gobierno está convencido de que el estado tiene un rol fundamental en el desarrollo. Ok, ya no es para la Cámpora, para la propaganda kirchnerista, para persecusión ideológica ni para robos y asesinatos. Excelente, un giro de 180 grados. Pero es un estado para infraestructura, para empresas eficientes, para organismos de control honestos y probos.

¿Y cómo se financia todo ello? Macri no puede escapar a la terrible, no santísima, trinidad: inflación, impuestos o deuda externa. Parece que no están dispuestos a aumentar los dos primeros, luego queda la tercera, y la última reunión de Davos así parece confirmarlo.

¿Pero con qué se financia la deuda externa a largo plazo? Con inflación o con impuestos. Es un círculo vicioso inexorable. Luego, si no reduce a mediano y largo plazo el gasto público, tendrán que seguirse endeudando, hasta que la deuda produzca situaciones de default real, técnico o marciano, no importa: y entonces el peso de depreciará nuevamente, el dólar subirá, las reservas se acabarán, y si sigue Pray Gay en el gobierno, el que comparó al mercado con la ley de la selva, él mismo se verá obligado a reinstalar el cepo cual eterno retorno nietzcscheanomacroeconómico.

 

Ya sé todo lo que me van a decir los macristas. Que no sé nada de estas cosas, que soy sólo un filósofo que por leer a Mises se cree que puede dar consejos, que déjenlo gobernar, que recién comenzó, etc. Pero en los primeros años de Menem también todo era color de rosa y muchos liberales nos mandaban al cuerno cuando explicábamos lo mismo. En realidad la audiencia de este artículo no son los funcionarios macristas, tengo bien en cuenta que soy nadie para ellos. La audiencia son todos los futuros argentinos que dentro de 8 o 9 años, Dios no lo quiera, estén protestando contra “el neoliberalismo de Macri” y sus consecuencias. A ellos, de buen modo, por supuesto, les enrostraré este artículo infnitas veces, cuantas haga falta. Pero no será un triunfo de mi parte; será, nuevamente, una derrota para absolutamente todos.

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

 

LA OPORTUNIDAD DEL SIGLO.

Por Bertie Benegas Lynch. Publicado el 7/1/16 en: Ámbito Financiero.

 

Con relación al mentado “ajuste”, es muy temprano para saber qué rumbo tomará el gobierno y cómo gestionará la herencia de un gasto público descontrolado que ronda los $2,5 billones. Con semejante gasto y déficit, sería una perogrullada decir que debe haber un ajuste. El tema central radica en cuál de los dos caminos posibles se transitará para abordar el problema ya que los resultados de cada uno, son bien diferentes.

 

Un camino, es el ajuste que recae sobre el bolsillo del ciudadano. Este ajuste, que siempre se ha dado en la Argentina cuando los números del gasto público no cierran, llevaría a repetir notorios fracasos de nuestra historia económica. Incrementaría más la carga a un pesado carro del que el trabajador privado tira hace ya muchos años para sostener al sector público paquidérmico, que, lejos de ponerse a dieta, incrementa su adiposidad de forma exponencial. Y, en algún punto, el carro se vuelve a romper.

 

El otro camino es el ajuste del gasto público. Históricamente en la Argentina, los gobiernos no solo no cumplieron sus funciones específicas sino que se expandieron sin razón asfixiando cada vez más las actividades privadas. Si realmente pretendemos un cambio, no hay que cometer el error de hacer pequeños cambios pour la galerie, sino ejecutar recortes estructurales radicales. Ministerios, secretarías, subsecretarías, reparticiones, dependencias, e inexplicables órganos de control abundan en la estructura política y conllevan una desmesurada plantilla de empleados, la cual se duplicó en poco más de diez años.

 

El sentido común y la economía familiar no siguen criterios diferentes a los criterios que deben aplicarse en la administración de la hacienda pública. Si en una casa de familia los gastos superan los ingresos, se debe recortar dispendio rápidamente. Es momento de que la política argentina entienda de una buena vez que el estado no genera ingresos y que todo gasto público implica una postergación de proyectos y sueños familiares de individuos que pagan impuestos. Por consiguiente, los gobiernos deben hacer el menor daño posible limitando su radio de acción a las actividades que le competen y aplicando un riguroso criterio de optimización.

 

Es imprescindible también tener en claro que el problema no es el déficit sino el gasto, de otro modo, nos limitaríamos solo a evitar rojos contables en la gestión pública en lugar de atacar el problema de fondo. Como decía Milton Friedman, es preferible tener un mayor déficit respecto de un gasto público pequeño a tener cuentas fiscales que cierran en el marco de un gasto público enorme. De más está decir que resultaría una torpeza si el actual gobierno cae en la tentación de tomar empréstitos para cubrir faltantes de caja porque, siguiendo con el ejemplo de la economía familiar, sería como tomar un adelanto de efectivo de la tarjeta de crédito para pagar el vencimiento de la misma.

 

Hoy la Argentina tiene la gran oportunidad de restablecer la tendencia hacia la libertad y aspiro a que seamos capaces de retomar la senda de fines del siglo XIX y principios del siglo XX.

 

 

Bertie Benegas Lynch. Licenciado en Comercialización en UADE, Posgrado en Negociación en UP y Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE.