CAMBIO DE CICLO

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 2/10/19 en:  https://www.sotograndedigital.com/2019/10/01/cambio-de-ciclo-por-carlos-rodriguez-braun/

 

Ahora que llega el otoño, y empieza a llover en Sotogrande, podemos reflexionar sobre otro tipo de precipitación: ¿estamos cerca de un cambio en el ciclo económico o a las puertas de una crisis?

Habrá quien proteste por la pregunta, alegando que no podemos estar próximos a un colapso cuando aún no hemos superado plenamente el anterior. Sin embargo, se trata de una percepción errónea, porque en realidad la economía española lleva seis años creciendo, y a bastante buen ritmo. Dejamos atrás la crisis en el año 2013.

Carlos Rodríguez Braun

Y tampoco es cierto que, considerando que no todos los indicadores son mejores que los registrados en 2007, entonces hay que concluir que seguimos atrapados en la última gran caída de la actividad económica. Recordemos que ese año marcó el final de un ciclo notablemente prolongado de expansión, iniciado en 1993. Por fin, esas percepciones equivocadas son relativamente frecuentes, y operan en los dos sentidos, tanto en las expansiones como en las recesiones.

Sea como fuere, y dando por sentado nuestra completa e inerradicable ignorancia sobre qué sucederá en el futuro, lo que sí podemos constatar es que el ritmo de crecimiento de la economía española se está desacelerando. Los indicadores son a estas alturas suficientes como para afirmarlo, en términos de actividad, empleo y comercio exterior.

La situación internacional tampoco es halagüeña, no solo por el freno de varias economías en Europa y fuera de ella, sino también por la incertidumbre que afecta a tres campos importantes: el Brexit, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y la política monetaria.

Es verdad que tales incógnitas pueden despejarse de manera positiva, pero no lo veo probable, especialmente en el caso de los bancos centrales, cuyas políticas han sido a mi juicio demasiado expansivas durante demasiado tiempo. Esto rara vez termina bien.

Por lo tanto, conviene que nos preparemos para un nuevo escenario con más dificultades, o incluso un cambio de ciclo. Si nuestros gobernantes fueran precavidos, lo que estarían haciendo ahora es bajar gastos e impuestos y flexibilizar los mercados, para amortiguar cualquier golpe negativo en ciernes. No lo están haciendo, y, lo que es peor, no está nada claro que lo vayan a hacer en el futuro.

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE. Difunde sus ideas como @rodriguezbraun

Migraciones: existe un derecho a salir (aunque no en algunos países), ¿existe también uno a entrar? (IV)

Por Martín Krause. Publicada el 26/4/17 en: http://bazar.ufm.edu/migraciones-existe-derecho-salir-aunque-no-paises-existe-tambien-uno-entrar-iv/

 

  1. Las barreras a la inmigración violan derechos

En general, todos estamos de acuerdo en que existe un derecho a la “salida”, aunque esto no se verifica en todos los casos, como en Corea del Norte o hasta hace poco en Cuba, y consideramos que poner barreras a esto es una violación del derecho negativo a trasladarse que cada persona tiene. ¿Existe, sin embargo, un derecho a la entrada? Aquí el consenso es mucho menor y la constelación de opiniones que lo niegan va de un extremo al otro del espectro político-filosófico. Por ejemplo, un reconocido libertario como Murray Rothbard, modificó su original visión liberal-clásica en relación a la inmigración (1994) planteando que en un mundo libertario de propiedad privada y ausencia de estado no habría un derecho al libre ingreso en ningún lado que no sea con la aprobación del propietario, como lo es en la actualidad con cualquier tipo de propiedad privada. No ingresamos ‘libremente’ en un barrio privado, en un club o en una casa a menos que el propietario nos lo permita, o nos invite a hacerlo.

¿Se mantiene dicho principio en el caso, como ahora, en que existe un estado? ¿Podríamos interpretar que el estado es una propiedad común de todos los ciudadanos de un país y que, de la misma forma en que no se puede ingresar a una propiedad privada sin el permiso del dueño, en este caso no se puede ingresar a un país sin el permiso de quien ejerce esa propiedad?

El problema aquí es el de considerar al estado como una propiedad común. Porque si tomamos el ejemplo de un barrio privado o de un club, vemos que un ‘extranjero’ puede ingresar como invitado si el propietario individual o el socio del club lo permite; pero en el caso del estado cuando existe una barrera a la inmigración no puede un ciudadano “invitar” a ingresar a nadie. En fin, el problema lleva a cuestiones mucho más profundas que no se podrán considerar aquí, aunque sean bien importantes.

En principio pareciera que una barrera a la inmigración podría violar el derecho del ciudadano a “invitar” a un extranjero a su casa o a entrar en algún tipo de relación con él. Digamos que quiero contratar a un extranjero para que trabaje conmigo, ¿por qué no podría hacerlo? ¿no resulta violado mi derecho a establecer relaciones contractuales con quien desee?

Huemer (2010), va más allá y plantea que eso también viola un derecho del inmigrante, en esencia porque él también tendría un derecho entrar en una relación contractual conmigo, que de esta forma resulta violado:

“La forma en que el gobierno daña a potenciales inmigrantes es excluyéndolos de una cierta área física, y por ello efectivamente excluyéndolos de interactuar en forma valiosa e importante con gente (que no es el gobierno) que se encuentran en la región. Muchos norteamericanos con gusto realizarían intercambios o emplearían a estos potenciales inmigrantes, de una forma que les permitiría a estos satisfacer sus necesidades. El gobierno no solamente rechaza darles bienes a estos potenciales inmigrantes, y no solamente rechaza, él mismo, realizar intercambios con ellos. Realiza un gran esfuerzo y dedica muchos recursos para activamente impedir a norteamericanos que comercien con ellos o los empleen de alguna forma relevante.”

Los contratos libres entre dos o más partes, sin embargo, pueden generar efectos ‘externos’, o externalidades. En este caso, sin embargo, todo daño que pueda ocasionarse por estas circunstancias no es en nada diferente al que pudieran causar contratos similares entre nativos, cuyas consecuencias han de ser asumidas. Existe otros efectos ‘externos’ que suelen plantearse como originados por la inmigración y que no estarían presentes en relación contractos similares entre locales. Veremos algunos de ellos: el impacto en el empleo, en el gasto público, en la seguridad, en la cultura y en las instituciones.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Efectos del gradualismo

Por Carlos Alberto Salguero. Publicado el 25/10/16 en: http://www.rionegro.com.ar/columnistas/efectos-del-gradualismo-DI1468225

 

El jueves pasado, en el almuerzo anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, el presidente Mauricio Macri pidió públicamente un esfuerzo a los empresarios, pues según su entender –y el mío– de ellos depende el crecimiento del país.

El presidente arengó a su auditorio: “Son ustedes los que tienen que dar el ejemplo, los primeros en plantear una agenda superadora, de productividad, de competitividad; o romperse el traste, como lo quieran decir. Pero si quieren que este país crezca depende de cada uno”. Y continuó diciendo: “No hay tiempos para miedos, para mezquindad, porque uno de cada tres argentinos la está pasando mal. No tenemos que quedarnos en una actitud especuladora, a ver qué va a pasar, hay que ser solidarios con aquellos que necesitan un país creciendo”.

Como se sabe, Mauricio Macri, un conocido empresario devenido hace algunos años en político, parece no haber tenido en cuenta su antiguo rol porque, para obtener resultados, es preciso que antes se creen las condiciones favorables a climas de negocios en el país. Al parecer, el presidente fue mal asesorado, no pudo, no quiso o no se animó a hacer las reformas necesarias para que el sector privado pudiera generar riqueza. Y ahora, desde el Ejecutivo, perspicaz, sutil y desregulado, se busca echar sobre el sector empresarial el peso de las propias limitaciones de su función de gobierno.

Los hechos dan cuenta de que hay 20 millones de personas que viven de la mambla del Estado y que deben ser sostenidos por el esfuerzo de un sector privado formal –con una población de ocho millones de trabajadores, actualmente en franco retroceso− cada vez más sojuzgado por la asfixiante presión tributaria que le impone el Estado, en sus tres niveles de gobierno.

Las cifras oficiales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del 16 de octubre, exponen los datos de empleo que: “Finalmente, en términos desestacionalizados, en julio del 2016 hay casi 20.000 trabajadores registrados más que en diciembre del 2015. Las dos categorías de mayor crecimiento fueron: el empleo asalariado del sector público y los trabajadores inscriptos en el régimen de monotributo (alrededor de 27.000 trabajadores más en ambas categorías). También se incrementó la cantidad de trabajadores de casas particulares (alrededor de 7.000 trabajadores). En cambio, durante el mismo período se verificó la desvinculación neta de 48.000 asalariados del sector privado”.

A esta altura en Argentina, a excepción del ministro Prat Gay, un keynesiano confeso quien se muestra indolente ante la racionalización del gasto, muchos economistas conocidos entienden que la obra de Keynes tiene fallas tan profundas –está incluso tan colmada de errores– que no es necesario estudiarla. Por cierto, en muchos casos, prevalece la opinión de que la revolución keynesiana en lo que atiene a la política macroeconómica fue un intervalo infortunado que hoy ya ha sido superado.

No obstante, la obstinación por refrendar el acoso fiscal por parte del ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, fiel a su ideario, ha desplazado la mayor cuantía de inversión privada hacia ineficaces estímulos expansivos a través del gasto, ¡y los resultados están a la vista! Este ha sido el gran error del gradualismo, los magros resultados de la producción conjunta.

 

Carlos Alberto Salguero es Doctor en Economía y Máster en Economía y Administración de Empresas (ESEADE), Lic. en Economía (UCALP), profesor titular e investigador en la Universidad Católica de La Plata y egresado de la Escuela Naval Militar.

Migraciones: hay un derecho a salir. ¿Hay también uno para ingresar? ¿Las barreras violan derechos?

Por Martín Krause. Publicada el 9/7/16 en: http://bazar.ufm.edu/migraciones-hay-un-derecho-a-salir-hay-tambien-uno-para-ingresar-las-barreras-violan-derechos/

 

Como parte del Índice de Calidad Institucional 2016, que prepare con la Fundación Libertad y Progreso, presentamos un informe sobre un tema de suma actualidad mundial: las migraciones. Una breve consideración primero y luego una evaluación de los temas que se debaten:

1.            Las barreras a la inmigración violan derechos

En general, todos estamos de acuerdo en que existe un derecho a la “salida”, aunque esto no se verifica en todos los casos, como en Corea del Norte o hasta hace poco en Cuba, y consideramos que poner barreras a esto es una violación del derecho negativo a trasladarse que cada persona tiene. ¿Existe, sin embargo, un derecho a la entrada? Aquí el consenso es mucho menor y la constelación de opiniones que lo niegan va de un extremo al otro del espectro político-filosófico. Por ejemplo, un reconocido libertario como Murray Rothbard, modificó su original visión liberal-clásica en relación a la inmigración (1994) planteando que en un mundo libertario de propiedad privada y ausencia de estado no habría un derecho al libre ingreso en ningún lado que no sea con la aprobación del propietario, como lo es en la actualidad con cualquier tipo de propiedad privada. No ingresamos ‘libremente’ en un barrio privado, en un club o en una casa a menos que el propietario nos lo permita, o nos invite a hacerlo.

¿Se mantiene dicho principio en el caso, como ahora, en que existe un estado? ¿Podríamos interpretar que el estado es una propiedad común de todos los ciudadanos de un país y que, de la misma forma en que no se puede ingresar a una propiedad privada sin el permiso del dueño, en este caso no se puede ingresar a un país sin el permiso de quien ejerce esa propiedad?

El problema aquí es el de considerar al estado como una propiedad común. Porque si tomamos el ejemplo de un barrio privado o de un club, vemos que un ‘extranjero’ puede ingresar como invitado si el propietario individual o el socio del club lo permite; pero en el caso del estado cuando existe una barrera a la inmigración no puede un ciudadano “invitar” a ingresar a nadie. En fin, el problema lleva a cuestiones mucho más profundas que no se podrán considerar aquí, aunque sean bien importantes.

En principio pareciera que una barrera a la inmigración podría violar el derecho del ciudadano a “invitar” a un extranjero a su casa o a entrar en algún tipo de relación con él. Digamos que quiero contratar a un extranjero para que trabaje conmigo, ¿por qué no podría hacerlo? ¿no resulta violado mi derecho a establecer relaciones contractuales con quien desee?

Huemer (2010), va más allá y plantea que eso también viola un derecho del inmigrante, en esencia porque él también tendría un derecho entrar en una relación contractual conmigo, que de esta forma resulta violado:

“La forma en que el gobierno daña a potenciales inmigrantes es excluyéndolos de una cierta área física, y por ello efectivamente excluyéndolos de interactuar en forma valiosa e importante con gente (que no es el gobierno) que se encuentran en la región. Muchos norteamericanos con gusto realizarían intercambios o emplearían a estos potenciales inmigrantes, de una forma que les permitiría a estos satisfacer sus necesidades. El gobierno no solamente rechaza darles bienes a estos potenciales inmigrantes, y no solamente rechaza, él mismo, realizar intercambios con ellos. Realiza un gran esfuerzo y dedica muchos recursos para activamente impedir a norteamericanos que comercien con ellos o los empleen de alguna forma relevante.”

Los contratos libres entre dos o más partes, sin embargo, pueden generar efectos ‘externos’, o externalidades. En este caso, sin embargo, todo daño que pueda ocasionarse por estas circunstancias no es en nada diferente al que pudieran causar contratos similares entre nativos, cuyas consecuencias han de ser asumidas. Existe otros efectos ‘externos’ que suelen plantearse como originados por la inmigración y que no estarían presentes en relación contractos similares entre locales. Veremos algunos de ellos: el impacto en el empleo, en el gasto público, en la seguridad, en la cultura y en las instituciones.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

La economía y el Brexit

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 19/5/16 en: http://sotograndedigital.com/la-economia-brexit-la-opinion-carlos-rodriguez-braun/

 

El próximo 23 de junio los británicos están convocados a un referéndum para responder a esta pregunta: “¿Debería el Reino Unido continuar siendo miembro de la Unión Europea o dejar la Unión Europea?”. Como es natural, está habiendo un vivo debate allí entre los partidarios de continuar dentro de la UE y los partidarios del “Brexit”, es decir, la salida.

Aunque la economía ha estado en el centro de la discusión, se ha puesto énfasis sobre todo en las consecuencias económicas que el Brexit podía tener para Gran Bretaña. Sin embargo, como recordó hace poco The Economist, el posible abandono tendría impacto sobre la propia Unión Europea, y sobre España: los dos primeros exportadores europeos al Reino Unido son, en porcentaje del PIB, Irlanda y Países Bajos, pero los siguientes son España y Alemania. También el Brexit podría afectar a Sotogrande, por su antigua y estrecha relación con los británicos, que representan un porcentaje elevado de los extranjeros que viven en nuestra comunidad, y también de nuestros visitantes, turistas e inversores.

Brexit

Las conjeturas sobre los resultados del Brexit normalmente recurren a lo que los economistas llamamos el supuesto ceteris paribus, es decir, suponer que se van los británicos y las demás cosas no varían. De ahí las estimaciones que hemos visto sobre los efectos económicos y políticos de la salida en términos de menos comercio, menos turismo, menos empleo, menos inversiones, más populismo y más euroescepticismo. Las consecuencias serían negativas para el Reino Unido, el resto de Europa, España y Sotogrande.

Sin embargo, nadie sabe si va a ser necesariamente así, porque desconocemos el futuro, y porque suponer que nada va a cambiar es cómodo pero irreal. Por ejemplo, toda Europa se ha acostumbrado a mantener intercambios económicos cada vez más sencillos y baratos. ¿Toleraríamos que los políticos se embarcaran en una carrera proteccionista como la vivida en los años 1930, cuando ahora llevamos décadas de un comercio cada vez más libre que ha beneficiado a los británicos y al resto de Europa? No lo creo.

Por tanto, convendrá prestar atención a la orientación de las políticas, con o sin Brexit, en el Reino Unido y en los demás países, porque unas economías más intervenidas tendrán efectos económicos negativos en todas las circunstancias y para todas las partes.

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.

UNA “LEY ANTIDESPIDOS” CONTRA EL PAÍS Y LOS TRABAJADORES

Por Enrique G. Cárrega

El proyecto de “ley antidespidos” votado en el Senado declara la emergencia ocupacional en el país, prohíbe los despidos y las suspensiones por 180 días, y dispone que si hay despidos las empresas abonarán el doble de la indemnización actual. También establece que si hay despidos, los trabajadores pueden pedir judicialmente el reingreso a los puestos de trabajo, cobrando los salarios caídos. Se prevé para los juicios, adicionalmente, un trámite sumarísimo, lo que permite visualizar una nueva ola de juicios laborales.

La propuesta se agrava dado que prevé que el empleador no puede despedir directamente al trabajador con justa causa; previamente debe someterse a un procedimiento administrativo en el Ministerio de Trabajo, con intervención del sindicato.

Se consideran PYMES las que no superaron los siguientes montos anuales de facturación: Construcción 270 M, Comercio 650 M, Actividad Agropecuria 160 M, Industrias 540 M y Servicios 180 M.

El proyecto contempla que la la ley no será aplicable a los trabajadores que se incorporen a partir de su vigencia. Pero la masa actual de trabajadores queda contemplada.

En la Cámara de Diputados se busca un acuerdo para excluir a las Pymes de los alcances de la ley. Se incluye un proyecto para abaratar los costos para el primer empleo, lo que se aplica en el mundo para flexibilizar a los trabajadores con menores cargas sociales patronales e indemnizaciones reducidas.

El Gobierno podría vetar la ley, si se sanciona, en un contexto en el que promete crear 200.000 puestos de trabajo en los próximos 18 meses.

El proyecto, si se transforma en ley y se aplica, generará efectos contrarios a los buscados.

Es que las empresas que planearon reducir su plantilla de trabajadores, ya lo han empezado a hacer. Pero no hay despidos masivos, al punto de que cuando se requirió a los sindicatos que identifiquen a las empresas que producirían los invocados despidos generalizados, hubo silencio. Como también hay silencio sobre la presentación de la declaración jurada de bienes por parte de la cúpula sindical que se ha enriquecido groseramente en los últimos años usando los aportes de los trabajadores.

Además, y lo más importante, debe señalarse que se genera un desincentivo enorme para la contratación de nuevos empleados y para la formalización del empleo en negro.

La propia Cristina Kirchner, cuando era senadora, se opuso fuertemente a la ley de emergencia económica  que suspendía los despidos por seis meses y disponía la doble indemnización. Ella intervino en la sesión del 6 de enero de 2002 para decir: “Señor presidente: voy a solicitar  autorización a este cuerpo para abstenerme en la votación de este proyecto de ley”.

Este proyecto de ley parece obedecer solo a un intento de parte de la oposición de entorpecer la gestión gubernamental, intentando aprovechar políticamente los costos de las medidas que conducen al ordenamiento del país, luego de su descalabro. Es evidente, desde cualquier óptica, que el proyecto perjudica al país, al generar inseguridad jurídica, al ahuyentar inversiones, al precarizar el empleo, al desincentivar la generación de empleo genuino y de calidad.

Enrique G. Cárrega es Procurador y Abogado (UBA). Profesor de Relaciones Laborales de la Maestría en derecho empresario en ESEADE.

Información asimétrica y conflicto de objetivos en el Banco Central

Por Carlos Alberto Salguero. Publicado el 23/12/15 en: http://www.rionegro.com.ar/diario/informacion-asimetrica-y-conflicto-de-objetivos-en-el-banco-central-8031812-9539-nota.aspx

 

El fundamento de la conducta individual bajo incertidumbre se caracteriza porque las decisiones derivadas de esos comportamientos −maximizadores de utilidad−, ya sean en la contratación de un seguro, un juego de azar y la compra o venta de derechos contingentes a determinado evento, encuentran en el mercado su adecuada contrapartida.

Sin embargo ahora, además de contribuir a determinar los ingresos, rentas o recompensas, se tienen que distribuir los riesgos. Por ello es preciso analizar cómo se requiere una mutua coincidencia de disposiciones entre varios agentes económicos, ya sea para llevar a cabo una negociación bilateral o bien para ilustrar el comportamiento altamente polarizado de las múltiples transacciones en el mercado.

La eficiencia de esta nueva tarea es tan importante como las demás funciones. Pues en incontables situaciones, en sus aspectos económicos o no, el riesgo, la incertidumbre o la información imperfecta son insoslayables y afrontarlos adecuadamente es un elemento básico del orden institucional.

Justamente este es el caso particular que debió atender el presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, luego de que la administración de Alejandro Vanoli, extitular de la entidad, usara los contratos de dólar futuro (acuerdos por los cuales el vendedor, en este caso la autoridad monetaria, se compromete a entregar en una fecha futura una cantidad de divisas a un precio preestablecido) para mantener subvaluado el tipo de cambio y se abrió así un nuevo frente de conflicto con el sistema financiero.

Debe advertirse que una parte importante de las dificultades, asociadas a problemas de información, proceden del conflicto entre la función de distribución eficiente de riesgos y la provisión de incentivos para la consecución de rentas o ventajas del intercambio. Además, tan importantes como los problemas son las soluciones que han generado el propio mercado u otras instituciones y contratos, implícitos o explícitos, en la relación.

La consideración de la eliminación del riesgo es obvia: para que un agente pueda aceptar el contrato, alguien tiene que estar dispuesto a ofrecer el seguro como contrapartida. En el mundo actual este rol lo desempeñan las compañías de seguro. Pero en este escenario, mediante una inédita práctica de excepción, actuó como contrapeso de aseguramiento la autoridad monetaria de la Nación, el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Debe aclararse que este contrapeso debe estar dispuesto a ofrecer contratos equitativos que reúnan la siguiente condición: no valorar el riesgo negativamente, ya que acepta voluntariamente incurrir en él.

Con el fin de acordar un plan para desbaratar los pactos de futuros, Sturzenegger se reunió primero con los representantes del Mercado Abierto Electrónico (MAE) −el mercado en el que operan mayoritariamente los bancos−, ya que ante una inminente devaluación podrían costarle al BCRA hasta $ 80.000 millones.

En el mercado local, tanto en el Rofex como en el MAE, los contratos se negocian en pesos al tipo de cambio oficial. Así, frente a un ajuste del tipo de cambio –inevitable en la actualidad−, el Central tiene que emitir miles de millones de pesos para pagarlos. Y esa cantidad de pesos no sólo podría presionar en el mercado cambiario, sino que pondría en riesgo cualquier plan de contención contra la inflación.

En un esquema microeconómico, la distribución eficiente de riesgos tiene lugar en el punto de intersección de las curvas de indiferencia –solo si se asumen agentes aversos al riesgo, lo que ilustra el comportamiento más frecuente o racional para la ortodoxia económica−, lo cual sugiere la condición de eficiencia de Pareto. Básicamente, la tangencia de los arcos nombrados da lugar a la curva de contrato en la distribución de riesgos o el proceso de negociación que agota las posibilidades de intercambio mutuamente ventajosas; por ejemplo, los 15 pesos libres de intervenciones que se pautaban en el mercado de Wall Street para enero del 2016. El tipo de cambio que resulta del proceso descentralizado del mercado. Sin embargo, en la entidad presidida por Vanoli se ofrecían contratos de futuro a 10 pesos por dólar para enero próximo y, naturalmente, se asumían las perdidas.

Otra mirada moderna la aporta la teoría de la agencia de la economía industrial. La separación entre propiedad y administración es muy ventajosa porque se permite contratar a personas calificadas para asumir la dirección con el compromiso de cooperar. El conflicto puede suscitarse cuando los intereses de los propietarios o accionistas, representados en este caso por los cuarenta y dos millones de argentinos, difiere del de los directivos del Banco Central. Originariamente, según el artículo 3 de la Carta Orgánica, el BCRA debía mantener el valor del dinero.

Pero ese objetivo ha sido modificado y ampliado en el 2012 por el siguiente texto: “El banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Todo lo cual disminuye la independencia y, consecuentemente, los grados de libertad de la entidad monetaria.

Ahora, el conflicto en cuestión ocurrió cuando el presidente del BCRA, Alejandro Vanoli, dio lugar a que se persiguieran objetivos de corto plazo con el fin de beneficiar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner; así lo explicitó y, al mismo tiempo, buscó deslindar su responsabilidad en la renuncia presentada el pasado 9 de diciembre: “Hay que tener en cuenta, por lo demás, que está vigente una ley de Emergencia Económica que delega en el Poder Ejecutivo la formulación de la política económica ejecutada por el Banco Central”.

Y las consecuencias de las asimetrías informativas –que se prestan a un sinnúmero de arbitrariedades− se enfrentan a diversos tipos de problemas tales como: selección adversa, riesgo moral y screening (la estrategia para combatir la selección adversa o selección negativa).

 

Carlos Alberto Salguero es Doctor en Economía y Máster en Economía y Administración de Empresas (ESEADE), Lic. en Economía (UCALP), Profesor Titular e Investigador en la Universidad Católica de La Plata y egresado de la Escuela Naval Militar.

Estado, empleo y empresas

Por Gabriel Boragina. Publicado el 11/4/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/04/estado-empleo-y-empresas.html

 

Sigue sorprendiéndome la ingenuidad (o mala fe quizás, no sé bien) de la gente que cree que el gobierno no intervine en la economía y no únicamente en la economía, sino en la vida de todos nosotros. Sólo desde el desconocimiento de la gran cantidad de regulaciones que existen, distribuidas todas entre leyes, decretos, resoluciones, etc. que implican múltiples controles de todo tipo, pueden afirmarlo.
Estos mismos ingenuos “creen” que el gobierno puede “generar” empleo, cuando lo único que pueden hacer los gobiernos es crear puestos de trabajo en el sector estatal a costa del sector privado.
La “generación” implica la creación de algo nuevo. Algo que antes no existía. En este sentido de la palabra “generación”, el gobierno nunca “genera” nada.
Pero si se quiere seguir usando la palabra “generar” hay que decir que todo lo que el gobierno “genera” de un lado lo des-genera del lado opuesto.
Los recursos con los cuales el gobierno paga los salarios de sus “empleados públicos” provienen de dos fuentes principales: impuestos o inflación (en suma, ambos son la misma cosa, por cuanto ocasionan los mismos desastrosos efectos económicos). Pero parece “creerse” que los sueldos que el estado-nación paga a sus “empleados” proceden generosamente del bolsillo de los burócratas y gobernantes, cuando los bolsillos desde los cuales se los expolia son los de los contribuyentes, a su vez los mismos trabajadores, tanto del sector estatal como del privado. Es decir, lo que se “les da” por un lado se les quita por el otro.
Con lo que advertimos que los gobiernos no “generan” nunca nada. Lo máximo que hacen es sacarlo de un lugar y ponerlo en el opuesto. O dicho en forma más simple: “le cobro 100 a Pedro en impuestos con los cual le pago 100 de salario el empleado estatal Juan”. Esto no es “generación” de empleo, es -simplemente- un “pasamanos”, en el que se castiga económicamente a unos para darles a otros. Ergo, el estado-nación nunca “generó” ni puede “generar” empleo ni cosa productiva alguna.
Otros piden que el gobierno “apoye decididamente empresas y que forme un marco jurídico” para ello. Seguramente estarán pensando en sus propias empresas. Alguien debería avisarles que el estado-nación hace tiempo que apoya empresas en detrimento de otras (no podría económicamente ser diferente) y que es uno de los principales problemas económicos mundiales. Aseveran, asimismo, que “Si no hubiera Estado no tendríamos trabajo, ni seguridad, ni educación ni nada”. ¡Como si antes de que los gobiernos surgieran nadie trabajara, ni hubiera seguridad, ni existiera la educación, ni existiera nada! Para esta clase de sujetos, el gobierno inventó todo, hasta quizás la vida individual misma, como pretendía Hegel.
Y luego de pedir “el apoyo de empresas” por parte de los gobiernos, se quejan de que en las últimas décadas el estado-nación “favoreció empresas en desmedro de otras”. De lo que en realidad se deben estar lamentando, es de que aquellas empresas favorecidas no hayan sido las suyas, donde ellos trabajaban o trabajan actualmente. Piden que el gobierno “favorezca decididamente” la formación armónica de empresas (dentro de las cuales –nuevamente- deben contar con la de ellos) y agregan “sin que haya oligopolios como los hay ahora en zonas donde no es necesario”. Cabría preguntarles a estos sujetos ¿dónde creen “necesario” que el “estado” forme oligopolios? Mi respuesta a estas personas es que los gobiernos siempre inevitablemente conforman oligopolios, monopolios, cartels, etc. y que en todos los casos ellos son innecesarios. Pero estos señores que así vociferan, lo que en realidad deben deplorar es que el gobierno no les haya dado en el pasado ni les otorgue en el presente un oligopolio, o mejor aún, un monopolio a ellos mismos y a sus empresas. Y seguramente, es desde ahí de donde viene esa queja. No piden libertad empresarial. No demandan libre competencia. No exigen mercados libres. Reclaman que el estado-gobierno los socorra a ellos y no a los demás empresarios. Y que si hay oligopolios, quieren que sean los “necesarios”. Nuevamente, los “necesarios” han de ser los que los incluyan a ellos dentro del oligopolio.
Añaden que “No es cuestión de ser de izquierda ni de derecha. Pensar en esos términos –dicen- es anacrónico. Hay que ser pragmático”. Pero resulta que los “pragmáticos” siempre terminan siendo dominados, o por la izquierda o por la derecha, y concluyen proponiendo lo mismo que una, otra, o peor, ambas. Encima, son tan ilusos y pueriles que se creen “ajenos” e “inmunes” a toda influencia ideológica. Cuando uno escucha sus “recetas” resulta ser que no son otra cosa que una mala combinación de las de izquierda con derecha. Se creen muy “originales” y listo, asunto “solucionado”. Su “pragmatismo” (cuando es sincero y no fingido) es pura ingenuidad. En suma, terminan recomendado siempre recetas de izquierda, de derecha, o de centro, sólo que sin llamarlas así, y a veces sin reconocerlas siquiera como provenientes de un lado o del otro. Serán “pragmáticos” según ellos, pero son bastante poco originales.
Siguen con el juego de palabras cuando afirman que “El problema radica cuando uno se ata a un idea tercamente, en contra de toda razonabilidad económica y circunstancias”. Seguramente que entenderán por “razonabilidad económica” lo que solamente ellos piensan. Y se contradicen cuando creen que la “razonabilidad económica” no es una idea. Expresan ideas contra las ideas, y a esto le llaman “pragmatismo”. No pueden ser más patéticos y contradictorios. Carecen de toda seriedad.
Y sentencian: “Tenemos que entender que TODOS tenemos derecho a la abundancia y que es necesario equilibrar las cosas, pero hacia un lado u otro”. Es extraño que llamen “equilibrio” a eso. Y quieren tener un “derecho a la abundancia”, es decir a que el gobierno los haga ricos a ellos (no a los oligopolios “innecesarios”). Así es muy fácil. Ellos solucionan su problema económico y pasan por “buenos” y “decentes” declamando en nombre de todos (“tenemos que…”). Si se trata de ingenuos, que sigan esperando que el gobierno “nos haga ricos y abundantes a todos”. Esperarán una eternidad por ello. El gobierno sólo puede enriquecer a unos pocos. Y ellos esperan estar primeros entre los elegidos.
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

ECONOMÍA EN UNA LECCIÓN

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Este es el best-seller de uno de los tantos libros escritos por Henry Hazlitt, un autor sumamente prolífico y notablemente didáctico. Sus obras más conocidas, además de  La economía en una lección que se ha traducido a varios idiomas con abultadas y reiteradas ediciones (la última en castellano por Unión Editorial de Madrid) se destacan  Fundamentos de la moralidad traducida al castellano por el argentino Centro de Estudios sobre la Libertad junto con la Fundación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Los errores de la “nueva” economía traducida por la española Ediciones Aguilar, donde este autor estudia y critica línea por línea el trabajo más conocido de Keynes.

 

Hazlitt fue el predecesor de Milton Friedman en sus colaboraciones semanales durante años en Newsweek, también publicaba regularmente en el Wall Street Journal y fue miembro del Consejo Editorial de The New York Times, asimismo fue cofundador de la Mont Pelerin Society y enseñó en centros educativos estadounidenses, latinoamericanos y europeos. En oportunidad de sus 70 años fue agasajado por reconocidos profesores y periodistas en el New York University Club, ocasión en la que enfatizó el peligro del “crecimiento canceroso en el poder del estado”. Visitó Buenos Aires invitado por mi padre en 1960 donde pronunció conferencias en diversos foros las cuales tuvieron amplia repercusión en medios locales.

 

En esta oportunidad nos concentraremos en la primera de las obras mencionadas e insertas en el título de esta nota periodística.  Es un libro escrito para todo público (por eso fue best-seller en varias lenguas) pero con recetas mucho más fértiles que buena parte de los mamotretos incoherentes fabricados por supuestos economistas. Abre el libro aseverando que “la economía se halla asediada por mayor número de sofismas que cualquier otra disciplina cultivada por el hombre”. En el libro de marras Hazlitt pasa revista a las falacias más comunes generalmente desarrolladas por economistas profesionales que han mamado conceptos absurdos y contradictorios que mucho daño hacen a la gente, especialmente a los más necesitados.

 

Comienza por subrayar la importancia de mirar no solo lo que se ve a primera vista sino todos los efectos que en definitiva tienen lugar, evitando así escindirlos del análisis. Por ejemplo, la redistribución de ingresos: si se circunscribe el análisis a los beneficios que recibe el redistribuido no se verán los efectos negativos que se generan debido a los cambios en la asignación de los siempre escasos factores de producción que al desviarse de lo eficiente produce contracción en los salarios de todos. Se ven las instalaciones fastuosas de esta o aquella empresa estatal pero no se ven las abstenciones en la adquisición de otros bienes y servicios deseados por la comunidad al establecerse y como no se puede hacer todo al mismo tiempo, la alteración en las prioridades perjudica a los consumidores y reduce sus niveles de vida.

 

Estudia con detenimiento la falacia de que las obras públicas estimulan el empleo sin ver que hay un desvío fatal desde el sector privado al público con lo que se impone compulsivamente trabajo en el área del aparato estatal en detrimento de lo requerido en el mercado. Explica los graves inconvenientes de los créditos gubernamentales con dineros de la gente, los cuales se otorgan en condiciones que nunca hubiera concedido la banca privada, situación que resulta antieconómica, es decir, se equivale a consumo de capital.

 

Alude a la inflación como un impuesto del que se hacen cargo principalmente los relativamente más pobres debido al impacto que reciben sobre sus magros ingresos y muestra la exclusiva responsabilidad de los aparatos estatales en esta maniobra fraudulenta a pesar de que los gobiernos intentan distraer la atención del foco del mal sobre las espaldas de los comerciantes que se ven obligados a elevar precios en términos nominales debido a la degradación del signo monetario.

 

Se refiere a la trascendencia del ahorro como ingreso no consumido destinado siempre a la inversión, lo cual permite incrementar la productividad y así consumir más y mejor. Esto lo contrasta con la falacia de anteponer el consumo como si fuera la panacea sin percatarse del principio elemental que no resulta posible consumir lo que no se produce y la producción depende de las tasas de inversión.

 

Dedica mucho espacio a la consideración del significado del sistema de precios como elemento coordinador indispensable para conocer que es lo que necesita la gente lo cual pone en evidencia con sus compras y abstenciones de comprar. Si luego de realizadas las consiguientes operaciones el gobierno establece precios,  todas las previas indicaciones naturalmente se distorsionan con lo que el uso de recursos se aparta de los cometidos que habían sido indicados por los consumidores con lo que se genera desperdicio de recursos con el consiguiente deterioro en la situación de la gente. Se refiere a los reiterados fracasos de tales políticas y se sorprende que se sigan adoptando.

 

Pone al descubierto el sofisma referido a la supuesta importancia de exportar al tiempo que se restringen las importaciones sin percibir que lo primero es el costo en que debe incurrirse para lograr lo segundo, del mismo modo que nuestras ventas constituyen nuestros costos para poder adquirir lo que necesitamos. Si previamente no vendemos bienes o servicios no podremos comprar lo que requerimos. En un proceso libre el balance de pagos siempre se encuentra equilibrado puesto que si las exportaciones son menores a las importaciones la diferencia se financia con ingreso de capital. Para que esto pueda funcionar es menester que opere un tipo de cambio libre y no sujeto a las manipulaciones burocráticas que necesariamente distorsionan el comercio exterior.

 

En un capítulo titulado “El odio a la máquina”, nuestro autor señala las falacias implícitas en el argumento que sostiene que la tecnología produce desempleo en lugar de sostener que libra recursos humanos y materiales al efecto de poder encarar otras necesidades, lo cual no podía hacerse antes de la introducción de la nueva tecnología precisamente porque estaban esterilizados en las faenas que ahora ayuda a producir la máquina. Y debe tenerse presente que no hay tal cosa como transiciones especiales en este contexto puesto que todo el proceso económico las transiciones son permanentes: cada uno de los comerciantes y sus empleados están permanentemente considerando cambios para mejorar y cada uno de esos cambios se traducen en transiciones.  Para ilustrar la idea Hazlitt se refiere al caso del invento de las máquinas para el hilado de algodón, tarea que antes se realizaba manualmente, sin embargo los hiladores manuales se ubicaron en otros trabajos y si hoy se liquidaran aquellas maquinarias no habría más empleo sino una caída en los salarios reales (del mismo modo que no es más productivo pescar a los cascotazos en lugar de hacerlo con una red de pescar).

 

En otra de las jugosas secciones del libro elabora sobre el rol de los beneficios y concluye que es fundamental como incentivo para la producción al efecto de que el comerciante los reciba si se adapta a los reclamos de sus congéneres y que incurra en quebrantos si se equivoca en sus decisiones. La cuantía de los mencionados beneficios depende de lo que los consumidores estimen conveniente, por ello es que resultan  tan destructivos los impuestos a las ganancias en lugar de mantener la carga fiscal lo más neutra posible a las decisiones del mercado, es decir,  de la gente.

 

Con una pluma directa y simple, el autor de este pequeño gran libro dirige su mirada al significado del progreso. Se trata de minimizar costos inútiles no de pretender un sistema perfecto, nada está al alcance de la perfección en el mundo terreno, como queda dicho, se trata de no poner palos en las ruedas y eso es precisamente lo que hacen los megalómanos, es decir, los que desde el poder consideran que poseen condiciones muy superiores al resto de los mortales, en otros términos los arrogantes y soberbios que con su entremetimiento en arreglos contractuales privados echan a perder todo la delicada e importante coordinación y con su tremenda ofuscación y ceguera generan miseria con sus siempre discursos altisonantes y guarangos en el sentido orteguiano de la expresión. Entonces Hazlitt observa el progreso como un proceso provocado por ámbitos abiertos en los que la creatividad desempeña un rol crucial y las mejoras en ingresos en términos reales con externalidades positivas que se deben a las tasas de capitalización que generan otros no como una consecuencia buscada sino al buscar la mejora personal de quienes hacen posible esas crecientes tasas. Cada uno persiguiendo su interés personal, en paz y en libertad hacen posible la mejora del prójimo puesto que para progresar deben satisfacer los intereses de terceros.

 

Cierro esta nota con  una noticia que pone al descubierto el peligro de insistir por la senda estatista: el caso griego del que me ocupé en mi última columna semanal pero que ahora menciono desde otro ángulo. El nuevo ministro de finanzas –Yanis Varoufakis, declarado marxista- afirma que su país “está quebrado y es insolvente”, lenguaje que asusta a sus colegas de Bruselas y al FMI pero que es absolutamente correcto; el problema es que las medidas que se anuncian empeorarán en mucho la situación por más que se haya logrado extender el programa de ayuda. La situación actual está bien reflejada en el diseño lúgubre de un supuesto billete del euro fabricado por Stefanos.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE.

La mala costumbre de romper el termómetro

Por Adrián Ravier: Publicado el 25/6/14 en: http://opinion.infobae.com/adrian-ravier/2014/06/25/la-mala-costumbre-de-romper-el-termometro/

 

La temperatura del cuerpo humano oscila entre 35 y 37 grados. Cuando nos ataca un virus o una bacteria, la temperatura puede subir por encima de 38 grados y a eso lo llamamos “fiebre”. Las causas pueden ser varias, pero si el termómetro marca esa temperatura, implica que hay un problema. Hay dos acciones posibles ante este problema: intentar solucionarlo atacando la causa o ignorarlo, rompiendo el termómetro. Está claro que hacer esto último en forma continua puede ser fatal. La economía argentina tiene varios desequilibrios, o fiebre, en el frente fiscal, monetario y cambiario. Veamos cómo ataca el gobierno estos problemas.

En primer lugar, tenemos el déficit fiscal, donde la presión tributaria más alta de la historia argentina no alcanza a cubrir el total del gasto público. El gobierno ha decidido ignorar esta situación sumando a los ingresos tributarios el dinero que toma de ANSES como si fueran impuestos. Esta política, sin embargo, le deja al Estado una deuda pública que deberá atenderse con impuestos de generaciones futuras.

En segundo lugar, aparece el desequilibrio monetario, que es una derivación del déficit fiscal anterior. Como la recaudación tributaria más la deuda de ANSES aun no alcanza a cubrir el déficit fiscal, se monetiza la diferencia, lo que quiere decir que se impone un impuesto inflacionario, regresivo y creciente a la población. Las estimaciones no oficiales ya estiman una inflación del 39 % para 2014, aspecto que se cubre con la manta del INDEC, que si bien ha sido corregido, aun está lejos de ofrecer estadísticas confiables.

En tercer lugar, tenemos el déficit cambiario, con una limitada oferta de dólares que no puede atender la creciente demanda de la divisa norteamericana. La respuesta del gobierno ha sido la aplicación de todo tipo de restricciones para la compra de divisas. Primero jurídicas, con penas a quienes compran y venden divisas por fuera del sistema “oficial”, y luego morales, como si estos compradores interesados en mantener el poder adquisitivo de sus ahorros fueran delincuentes, ajenos al “modelo de inclusión”. El desdoblamiento cambiario muestra entonces un dólar oficial en $ 8.20,y un cambio paralelo en torno a los $ 12, aunque una potencial disparada del paralelo está siempre latente. Esta disparada se justificaría en la relación circulante/reservas “netas” que mantiene el BCRA, que se mantiene por encima de los $ 20 por dólar.

Por supuesto que hay otros desequilibrios, como los crecientes niveles de pobreza, las mayores dificultades para encontrar empleo y la recesión. En el primer caso, se observa en la Argentina de estos últimos años crecientes niveles de pobreza asociados a la inflación, que encarece el costo de la canasta básica. El gobierno no sólo niega la realidad sub-estimando la inflación, sino que ahora ha decidido abandonar las mediciones oficiales. La Universidad Católica Argentina (UCA) ha generado mediciones privadas que ubican la pobreza en torno al 30 % de la población.

El desempleo real también es más elevado y creciente de lo que oficialmente se reconoce, pero esto se desmiente tomando a los desempleados que reciben planes sociales como “ocupados”, lo que vuelve ridículas las tasas de empleo y desempleo que se comunican a la sociedad.

Varios indicadores están mostrando una recesión en Argentina que es ajena para los países vecinos, dado el contexto internacional favorable no sólo en relación al precio de los commodities -como la soja- sino también a las política de enorme liquidez que inyectan los bancos centrales generadores de divisas. Un síntoma de este problema se observa en la baja facturación de la industria automotriz. ¿Cómo se resuelve el problema? Con un plan Pro-Cre-Auto, que establece que establece rebajas en los precios de los vehículos y créditos blandos para adquirirlos.

Desde luego que la industria automotriz es sólo una industria específica en problemas, y que la mayor venta de autos no resolverá la recesión. En lugar de revisar el modelo que nos conduce a una recesión general de la economía, se vuelve a romper el termómetro para negar la realidad. Mientras no se atiendan los problemas de fondo y se siga rompiendo el termómetro, los problemas no sólo no se resuelven, sino que se acumulan.

Recordemos que el “crecimiento económico” del período 2003-2008 no fue crecimiento sino recuperación de una economía que sufrió en 2002 las consecuencias de un modelo “deficitario” similar a éste. Da la impresión que la “década ganada” es en realidad otra “década perdida”.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.