CAMBIO DE CICLO

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 2/10/19 en:  https://www.sotograndedigital.com/2019/10/01/cambio-de-ciclo-por-carlos-rodriguez-braun/

 

Ahora que llega el otoño, y empieza a llover en Sotogrande, podemos reflexionar sobre otro tipo de precipitación: ¿estamos cerca de un cambio en el ciclo económico o a las puertas de una crisis?

Habrá quien proteste por la pregunta, alegando que no podemos estar próximos a un colapso cuando aún no hemos superado plenamente el anterior. Sin embargo, se trata de una percepción errónea, porque en realidad la economía española lleva seis años creciendo, y a bastante buen ritmo. Dejamos atrás la crisis en el año 2013.

Carlos Rodríguez Braun

Y tampoco es cierto que, considerando que no todos los indicadores son mejores que los registrados en 2007, entonces hay que concluir que seguimos atrapados en la última gran caída de la actividad económica. Recordemos que ese año marcó el final de un ciclo notablemente prolongado de expansión, iniciado en 1993. Por fin, esas percepciones equivocadas son relativamente frecuentes, y operan en los dos sentidos, tanto en las expansiones como en las recesiones.

Sea como fuere, y dando por sentado nuestra completa e inerradicable ignorancia sobre qué sucederá en el futuro, lo que sí podemos constatar es que el ritmo de crecimiento de la economía española se está desacelerando. Los indicadores son a estas alturas suficientes como para afirmarlo, en términos de actividad, empleo y comercio exterior.

La situación internacional tampoco es halagüeña, no solo por el freno de varias economías en Europa y fuera de ella, sino también por la incertidumbre que afecta a tres campos importantes: el Brexit, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y la política monetaria.

Es verdad que tales incógnitas pueden despejarse de manera positiva, pero no lo veo probable, especialmente en el caso de los bancos centrales, cuyas políticas han sido a mi juicio demasiado expansivas durante demasiado tiempo. Esto rara vez termina bien.

Por lo tanto, conviene que nos preparemos para un nuevo escenario con más dificultades, o incluso un cambio de ciclo. Si nuestros gobernantes fueran precavidos, lo que estarían haciendo ahora es bajar gastos e impuestos y flexibilizar los mercados, para amortiguar cualquier golpe negativo en ciernes. No lo están haciendo, y, lo que es peor, no está nada claro que lo vayan a hacer en el futuro.

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE. Difunde sus ideas como @rodriguezbraun

Migraciones: existe un derecho a salir (aunque no en algunos países), ¿existe también uno a entrar? (IV)

Por Martín Krause. Publicada el 26/4/17 en: http://bazar.ufm.edu/migraciones-existe-derecho-salir-aunque-no-paises-existe-tambien-uno-entrar-iv/

 

  1. Las barreras a la inmigración violan derechos

En general, todos estamos de acuerdo en que existe un derecho a la “salida”, aunque esto no se verifica en todos los casos, como en Corea del Norte o hasta hace poco en Cuba, y consideramos que poner barreras a esto es una violación del derecho negativo a trasladarse que cada persona tiene. ¿Existe, sin embargo, un derecho a la entrada? Aquí el consenso es mucho menor y la constelación de opiniones que lo niegan va de un extremo al otro del espectro político-filosófico. Por ejemplo, un reconocido libertario como Murray Rothbard, modificó su original visión liberal-clásica en relación a la inmigración (1994) planteando que en un mundo libertario de propiedad privada y ausencia de estado no habría un derecho al libre ingreso en ningún lado que no sea con la aprobación del propietario, como lo es en la actualidad con cualquier tipo de propiedad privada. No ingresamos ‘libremente’ en un barrio privado, en un club o en una casa a menos que el propietario nos lo permita, o nos invite a hacerlo.

¿Se mantiene dicho principio en el caso, como ahora, en que existe un estado? ¿Podríamos interpretar que el estado es una propiedad común de todos los ciudadanos de un país y que, de la misma forma en que no se puede ingresar a una propiedad privada sin el permiso del dueño, en este caso no se puede ingresar a un país sin el permiso de quien ejerce esa propiedad?

El problema aquí es el de considerar al estado como una propiedad común. Porque si tomamos el ejemplo de un barrio privado o de un club, vemos que un ‘extranjero’ puede ingresar como invitado si el propietario individual o el socio del club lo permite; pero en el caso del estado cuando existe una barrera a la inmigración no puede un ciudadano “invitar” a ingresar a nadie. En fin, el problema lleva a cuestiones mucho más profundas que no se podrán considerar aquí, aunque sean bien importantes.

En principio pareciera que una barrera a la inmigración podría violar el derecho del ciudadano a “invitar” a un extranjero a su casa o a entrar en algún tipo de relación con él. Digamos que quiero contratar a un extranjero para que trabaje conmigo, ¿por qué no podría hacerlo? ¿no resulta violado mi derecho a establecer relaciones contractuales con quien desee?

Huemer (2010), va más allá y plantea que eso también viola un derecho del inmigrante, en esencia porque él también tendría un derecho entrar en una relación contractual conmigo, que de esta forma resulta violado:

“La forma en que el gobierno daña a potenciales inmigrantes es excluyéndolos de una cierta área física, y por ello efectivamente excluyéndolos de interactuar en forma valiosa e importante con gente (que no es el gobierno) que se encuentran en la región. Muchos norteamericanos con gusto realizarían intercambios o emplearían a estos potenciales inmigrantes, de una forma que les permitiría a estos satisfacer sus necesidades. El gobierno no solamente rechaza darles bienes a estos potenciales inmigrantes, y no solamente rechaza, él mismo, realizar intercambios con ellos. Realiza un gran esfuerzo y dedica muchos recursos para activamente impedir a norteamericanos que comercien con ellos o los empleen de alguna forma relevante.”

Los contratos libres entre dos o más partes, sin embargo, pueden generar efectos ‘externos’, o externalidades. En este caso, sin embargo, todo daño que pueda ocasionarse por estas circunstancias no es en nada diferente al que pudieran causar contratos similares entre nativos, cuyas consecuencias han de ser asumidas. Existe otros efectos ‘externos’ que suelen plantearse como originados por la inmigración y que no estarían presentes en relación contractos similares entre locales. Veremos algunos de ellos: el impacto en el empleo, en el gasto público, en la seguridad, en la cultura y en las instituciones.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Efectos del gradualismo

Por Carlos Alberto Salguero. Publicado el 25/10/16 en: http://www.rionegro.com.ar/columnistas/efectos-del-gradualismo-DI1468225

 

El jueves pasado, en el almuerzo anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, el presidente Mauricio Macri pidió públicamente un esfuerzo a los empresarios, pues según su entender –y el mío– de ellos depende el crecimiento del país.

El presidente arengó a su auditorio: “Son ustedes los que tienen que dar el ejemplo, los primeros en plantear una agenda superadora, de productividad, de competitividad; o romperse el traste, como lo quieran decir. Pero si quieren que este país crezca depende de cada uno”. Y continuó diciendo: “No hay tiempos para miedos, para mezquindad, porque uno de cada tres argentinos la está pasando mal. No tenemos que quedarnos en una actitud especuladora, a ver qué va a pasar, hay que ser solidarios con aquellos que necesitan un país creciendo”.

Como se sabe, Mauricio Macri, un conocido empresario devenido hace algunos años en político, parece no haber tenido en cuenta su antiguo rol porque, para obtener resultados, es preciso que antes se creen las condiciones favorables a climas de negocios en el país. Al parecer, el presidente fue mal asesorado, no pudo, no quiso o no se animó a hacer las reformas necesarias para que el sector privado pudiera generar riqueza. Y ahora, desde el Ejecutivo, perspicaz, sutil y desregulado, se busca echar sobre el sector empresarial el peso de las propias limitaciones de su función de gobierno.

Los hechos dan cuenta de que hay 20 millones de personas que viven de la mambla del Estado y que deben ser sostenidos por el esfuerzo de un sector privado formal –con una población de ocho millones de trabajadores, actualmente en franco retroceso− cada vez más sojuzgado por la asfixiante presión tributaria que le impone el Estado, en sus tres niveles de gobierno.

Las cifras oficiales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del 16 de octubre, exponen los datos de empleo que: “Finalmente, en términos desestacionalizados, en julio del 2016 hay casi 20.000 trabajadores registrados más que en diciembre del 2015. Las dos categorías de mayor crecimiento fueron: el empleo asalariado del sector público y los trabajadores inscriptos en el régimen de monotributo (alrededor de 27.000 trabajadores más en ambas categorías). También se incrementó la cantidad de trabajadores de casas particulares (alrededor de 7.000 trabajadores). En cambio, durante el mismo período se verificó la desvinculación neta de 48.000 asalariados del sector privado”.

A esta altura en Argentina, a excepción del ministro Prat Gay, un keynesiano confeso quien se muestra indolente ante la racionalización del gasto, muchos economistas conocidos entienden que la obra de Keynes tiene fallas tan profundas –está incluso tan colmada de errores– que no es necesario estudiarla. Por cierto, en muchos casos, prevalece la opinión de que la revolución keynesiana en lo que atiene a la política macroeconómica fue un intervalo infortunado que hoy ya ha sido superado.

No obstante, la obstinación por refrendar el acoso fiscal por parte del ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, fiel a su ideario, ha desplazado la mayor cuantía de inversión privada hacia ineficaces estímulos expansivos a través del gasto, ¡y los resultados están a la vista! Este ha sido el gran error del gradualismo, los magros resultados de la producción conjunta.

 

Carlos Alberto Salguero es Doctor en Economía y Máster en Economía y Administración de Empresas (ESEADE), Lic. en Economía (UCALP), profesor titular e investigador en la Universidad Católica de La Plata y egresado de la Escuela Naval Militar.

Migraciones: hay un derecho a salir. ¿Hay también uno para ingresar? ¿Las barreras violan derechos?

Por Martín Krause. Publicada el 9/7/16 en: http://bazar.ufm.edu/migraciones-hay-un-derecho-a-salir-hay-tambien-uno-para-ingresar-las-barreras-violan-derechos/

 

Como parte del Índice de Calidad Institucional 2016, que prepare con la Fundación Libertad y Progreso, presentamos un informe sobre un tema de suma actualidad mundial: las migraciones. Una breve consideración primero y luego una evaluación de los temas que se debaten:

1.            Las barreras a la inmigración violan derechos

En general, todos estamos de acuerdo en que existe un derecho a la “salida”, aunque esto no se verifica en todos los casos, como en Corea del Norte o hasta hace poco en Cuba, y consideramos que poner barreras a esto es una violación del derecho negativo a trasladarse que cada persona tiene. ¿Existe, sin embargo, un derecho a la entrada? Aquí el consenso es mucho menor y la constelación de opiniones que lo niegan va de un extremo al otro del espectro político-filosófico. Por ejemplo, un reconocido libertario como Murray Rothbard, modificó su original visión liberal-clásica en relación a la inmigración (1994) planteando que en un mundo libertario de propiedad privada y ausencia de estado no habría un derecho al libre ingreso en ningún lado que no sea con la aprobación del propietario, como lo es en la actualidad con cualquier tipo de propiedad privada. No ingresamos ‘libremente’ en un barrio privado, en un club o en una casa a menos que el propietario nos lo permita, o nos invite a hacerlo.

¿Se mantiene dicho principio en el caso, como ahora, en que existe un estado? ¿Podríamos interpretar que el estado es una propiedad común de todos los ciudadanos de un país y que, de la misma forma en que no se puede ingresar a una propiedad privada sin el permiso del dueño, en este caso no se puede ingresar a un país sin el permiso de quien ejerce esa propiedad?

El problema aquí es el de considerar al estado como una propiedad común. Porque si tomamos el ejemplo de un barrio privado o de un club, vemos que un ‘extranjero’ puede ingresar como invitado si el propietario individual o el socio del club lo permite; pero en el caso del estado cuando existe una barrera a la inmigración no puede un ciudadano “invitar” a ingresar a nadie. En fin, el problema lleva a cuestiones mucho más profundas que no se podrán considerar aquí, aunque sean bien importantes.

En principio pareciera que una barrera a la inmigración podría violar el derecho del ciudadano a “invitar” a un extranjero a su casa o a entrar en algún tipo de relación con él. Digamos que quiero contratar a un extranjero para que trabaje conmigo, ¿por qué no podría hacerlo? ¿no resulta violado mi derecho a establecer relaciones contractuales con quien desee?

Huemer (2010), va más allá y plantea que eso también viola un derecho del inmigrante, en esencia porque él también tendría un derecho entrar en una relación contractual conmigo, que de esta forma resulta violado:

“La forma en que el gobierno daña a potenciales inmigrantes es excluyéndolos de una cierta área física, y por ello efectivamente excluyéndolos de interactuar en forma valiosa e importante con gente (que no es el gobierno) que se encuentran en la región. Muchos norteamericanos con gusto realizarían intercambios o emplearían a estos potenciales inmigrantes, de una forma que les permitiría a estos satisfacer sus necesidades. El gobierno no solamente rechaza darles bienes a estos potenciales inmigrantes, y no solamente rechaza, él mismo, realizar intercambios con ellos. Realiza un gran esfuerzo y dedica muchos recursos para activamente impedir a norteamericanos que comercien con ellos o los empleen de alguna forma relevante.”

Los contratos libres entre dos o más partes, sin embargo, pueden generar efectos ‘externos’, o externalidades. En este caso, sin embargo, todo daño que pueda ocasionarse por estas circunstancias no es en nada diferente al que pudieran causar contratos similares entre nativos, cuyas consecuencias han de ser asumidas. Existe otros efectos ‘externos’ que suelen plantearse como originados por la inmigración y que no estarían presentes en relación contractos similares entre locales. Veremos algunos de ellos: el impacto en el empleo, en el gasto público, en la seguridad, en la cultura y en las instituciones.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

La economía y el Brexit

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 19/5/16 en: http://sotograndedigital.com/la-economia-brexit-la-opinion-carlos-rodriguez-braun/

 

El próximo 23 de junio los británicos están convocados a un referéndum para responder a esta pregunta: “¿Debería el Reino Unido continuar siendo miembro de la Unión Europea o dejar la Unión Europea?”. Como es natural, está habiendo un vivo debate allí entre los partidarios de continuar dentro de la UE y los partidarios del “Brexit”, es decir, la salida.

Aunque la economía ha estado en el centro de la discusión, se ha puesto énfasis sobre todo en las consecuencias económicas que el Brexit podía tener para Gran Bretaña. Sin embargo, como recordó hace poco The Economist, el posible abandono tendría impacto sobre la propia Unión Europea, y sobre España: los dos primeros exportadores europeos al Reino Unido son, en porcentaje del PIB, Irlanda y Países Bajos, pero los siguientes son España y Alemania. También el Brexit podría afectar a Sotogrande, por su antigua y estrecha relación con los británicos, que representan un porcentaje elevado de los extranjeros que viven en nuestra comunidad, y también de nuestros visitantes, turistas e inversores.

Brexit

Las conjeturas sobre los resultados del Brexit normalmente recurren a lo que los economistas llamamos el supuesto ceteris paribus, es decir, suponer que se van los británicos y las demás cosas no varían. De ahí las estimaciones que hemos visto sobre los efectos económicos y políticos de la salida en términos de menos comercio, menos turismo, menos empleo, menos inversiones, más populismo y más euroescepticismo. Las consecuencias serían negativas para el Reino Unido, el resto de Europa, España y Sotogrande.

Sin embargo, nadie sabe si va a ser necesariamente así, porque desconocemos el futuro, y porque suponer que nada va a cambiar es cómodo pero irreal. Por ejemplo, toda Europa se ha acostumbrado a mantener intercambios económicos cada vez más sencillos y baratos. ¿Toleraríamos que los políticos se embarcaran en una carrera proteccionista como la vivida en los años 1930, cuando ahora llevamos décadas de un comercio cada vez más libre que ha beneficiado a los británicos y al resto de Europa? No lo creo.

Por tanto, convendrá prestar atención a la orientación de las políticas, con o sin Brexit, en el Reino Unido y en los demás países, porque unas economías más intervenidas tendrán efectos económicos negativos en todas las circunstancias y para todas las partes.

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.

UNA “LEY ANTIDESPIDOS” CONTRA EL PAÍS Y LOS TRABAJADORES

Por Enrique G. Cárrega

El proyecto de “ley antidespidos” votado en el Senado declara la emergencia ocupacional en el país, prohíbe los despidos y las suspensiones por 180 días, y dispone que si hay despidos las empresas abonarán el doble de la indemnización actual. También establece que si hay despidos, los trabajadores pueden pedir judicialmente el reingreso a los puestos de trabajo, cobrando los salarios caídos. Se prevé para los juicios, adicionalmente, un trámite sumarísimo, lo que permite visualizar una nueva ola de juicios laborales.

La propuesta se agrava dado que prevé que el empleador no puede despedir directamente al trabajador con justa causa; previamente debe someterse a un procedimiento administrativo en el Ministerio de Trabajo, con intervención del sindicato.

Se consideran PYMES las que no superaron los siguientes montos anuales de facturación: Construcción 270 M, Comercio 650 M, Actividad Agropecuria 160 M, Industrias 540 M y Servicios 180 M.

El proyecto contempla que la la ley no será aplicable a los trabajadores que se incorporen a partir de su vigencia. Pero la masa actual de trabajadores queda contemplada.

En la Cámara de Diputados se busca un acuerdo para excluir a las Pymes de los alcances de la ley. Se incluye un proyecto para abaratar los costos para el primer empleo, lo que se aplica en el mundo para flexibilizar a los trabajadores con menores cargas sociales patronales e indemnizaciones reducidas.

El Gobierno podría vetar la ley, si se sanciona, en un contexto en el que promete crear 200.000 puestos de trabajo en los próximos 18 meses.

El proyecto, si se transforma en ley y se aplica, generará efectos contrarios a los buscados.

Es que las empresas que planearon reducir su plantilla de trabajadores, ya lo han empezado a hacer. Pero no hay despidos masivos, al punto de que cuando se requirió a los sindicatos que identifiquen a las empresas que producirían los invocados despidos generalizados, hubo silencio. Como también hay silencio sobre la presentación de la declaración jurada de bienes por parte de la cúpula sindical que se ha enriquecido groseramente en los últimos años usando los aportes de los trabajadores.

Además, y lo más importante, debe señalarse que se genera un desincentivo enorme para la contratación de nuevos empleados y para la formalización del empleo en negro.

La propia Cristina Kirchner, cuando era senadora, se opuso fuertemente a la ley de emergencia económica  que suspendía los despidos por seis meses y disponía la doble indemnización. Ella intervino en la sesión del 6 de enero de 2002 para decir: “Señor presidente: voy a solicitar  autorización a este cuerpo para abstenerme en la votación de este proyecto de ley”.

Este proyecto de ley parece obedecer solo a un intento de parte de la oposición de entorpecer la gestión gubernamental, intentando aprovechar políticamente los costos de las medidas que conducen al ordenamiento del país, luego de su descalabro. Es evidente, desde cualquier óptica, que el proyecto perjudica al país, al generar inseguridad jurídica, al ahuyentar inversiones, al precarizar el empleo, al desincentivar la generación de empleo genuino y de calidad.

Enrique G. Cárrega es Procurador y Abogado (UBA). Profesor de Relaciones Laborales de la Maestría en derecho empresario en ESEADE.

Información asimétrica y conflicto de objetivos en el Banco Central

Por Carlos Alberto Salguero. Publicado el 23/12/15 en: http://www.rionegro.com.ar/diario/informacion-asimetrica-y-conflicto-de-objetivos-en-el-banco-central-8031812-9539-nota.aspx

 

El fundamento de la conducta individual bajo incertidumbre se caracteriza porque las decisiones derivadas de esos comportamientos −maximizadores de utilidad−, ya sean en la contratación de un seguro, un juego de azar y la compra o venta de derechos contingentes a determinado evento, encuentran en el mercado su adecuada contrapartida.

Sin embargo ahora, además de contribuir a determinar los ingresos, rentas o recompensas, se tienen que distribuir los riesgos. Por ello es preciso analizar cómo se requiere una mutua coincidencia de disposiciones entre varios agentes económicos, ya sea para llevar a cabo una negociación bilateral o bien para ilustrar el comportamiento altamente polarizado de las múltiples transacciones en el mercado.

La eficiencia de esta nueva tarea es tan importante como las demás funciones. Pues en incontables situaciones, en sus aspectos económicos o no, el riesgo, la incertidumbre o la información imperfecta son insoslayables y afrontarlos adecuadamente es un elemento básico del orden institucional.

Justamente este es el caso particular que debió atender el presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, luego de que la administración de Alejandro Vanoli, extitular de la entidad, usara los contratos de dólar futuro (acuerdos por los cuales el vendedor, en este caso la autoridad monetaria, se compromete a entregar en una fecha futura una cantidad de divisas a un precio preestablecido) para mantener subvaluado el tipo de cambio y se abrió así un nuevo frente de conflicto con el sistema financiero.

Debe advertirse que una parte importante de las dificultades, asociadas a problemas de información, proceden del conflicto entre la función de distribución eficiente de riesgos y la provisión de incentivos para la consecución de rentas o ventajas del intercambio. Además, tan importantes como los problemas son las soluciones que han generado el propio mercado u otras instituciones y contratos, implícitos o explícitos, en la relación.

La consideración de la eliminación del riesgo es obvia: para que un agente pueda aceptar el contrato, alguien tiene que estar dispuesto a ofrecer el seguro como contrapartida. En el mundo actual este rol lo desempeñan las compañías de seguro. Pero en este escenario, mediante una inédita práctica de excepción, actuó como contrapeso de aseguramiento la autoridad monetaria de la Nación, el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Debe aclararse que este contrapeso debe estar dispuesto a ofrecer contratos equitativos que reúnan la siguiente condición: no valorar el riesgo negativamente, ya que acepta voluntariamente incurrir en él.

Con el fin de acordar un plan para desbaratar los pactos de futuros, Sturzenegger se reunió primero con los representantes del Mercado Abierto Electrónico (MAE) −el mercado en el que operan mayoritariamente los bancos−, ya que ante una inminente devaluación podrían costarle al BCRA hasta $ 80.000 millones.

En el mercado local, tanto en el Rofex como en el MAE, los contratos se negocian en pesos al tipo de cambio oficial. Así, frente a un ajuste del tipo de cambio –inevitable en la actualidad−, el Central tiene que emitir miles de millones de pesos para pagarlos. Y esa cantidad de pesos no sólo podría presionar en el mercado cambiario, sino que pondría en riesgo cualquier plan de contención contra la inflación.

En un esquema microeconómico, la distribución eficiente de riesgos tiene lugar en el punto de intersección de las curvas de indiferencia –solo si se asumen agentes aversos al riesgo, lo que ilustra el comportamiento más frecuente o racional para la ortodoxia económica−, lo cual sugiere la condición de eficiencia de Pareto. Básicamente, la tangencia de los arcos nombrados da lugar a la curva de contrato en la distribución de riesgos o el proceso de negociación que agota las posibilidades de intercambio mutuamente ventajosas; por ejemplo, los 15 pesos libres de intervenciones que se pautaban en el mercado de Wall Street para enero del 2016. El tipo de cambio que resulta del proceso descentralizado del mercado. Sin embargo, en la entidad presidida por Vanoli se ofrecían contratos de futuro a 10 pesos por dólar para enero próximo y, naturalmente, se asumían las perdidas.

Otra mirada moderna la aporta la teoría de la agencia de la economía industrial. La separación entre propiedad y administración es muy ventajosa porque se permite contratar a personas calificadas para asumir la dirección con el compromiso de cooperar. El conflicto puede suscitarse cuando los intereses de los propietarios o accionistas, representados en este caso por los cuarenta y dos millones de argentinos, difiere del de los directivos del Banco Central. Originariamente, según el artículo 3 de la Carta Orgánica, el BCRA debía mantener el valor del dinero.

Pero ese objetivo ha sido modificado y ampliado en el 2012 por el siguiente texto: “El banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Todo lo cual disminuye la independencia y, consecuentemente, los grados de libertad de la entidad monetaria.

Ahora, el conflicto en cuestión ocurrió cuando el presidente del BCRA, Alejandro Vanoli, dio lugar a que se persiguieran objetivos de corto plazo con el fin de beneficiar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner; así lo explicitó y, al mismo tiempo, buscó deslindar su responsabilidad en la renuncia presentada el pasado 9 de diciembre: “Hay que tener en cuenta, por lo demás, que está vigente una ley de Emergencia Económica que delega en el Poder Ejecutivo la formulación de la política económica ejecutada por el Banco Central”.

Y las consecuencias de las asimetrías informativas –que se prestan a un sinnúmero de arbitrariedades− se enfrentan a diversos tipos de problemas tales como: selección adversa, riesgo moral y screening (la estrategia para combatir la selección adversa o selección negativa).

 

Carlos Alberto Salguero es Doctor en Economía y Máster en Economía y Administración de Empresas (ESEADE), Lic. en Economía (UCALP), Profesor Titular e Investigador en la Universidad Católica de La Plata y egresado de la Escuela Naval Militar.