La mentira del “costo social”

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado  el 3/7/17 en: https://alejandrotagliavini.com/2017/07/03/la-mentira-del-costo-social/

 

Cuando un gobierno quiere hacer creer que es “market friendly” con el fin de atraer votos y, eventualmente, algún inversor despistado, utiliza la típica muletilla: “quisiera hacer ajustes, pero, dado el elevado costo social, es mejor postergarlas”. Postergación que, obviamente, nunca llega porque el gobierno está mintiendo.

Porque mantener al Estado grande le permite poner a los amigos a manejar empresas al estilo de YPF, dar empleo a millones de votantes, enormes ganancias a los empresarios amigos y, por cierto, seguir disfrutando de aviones privados, costosísimos viajes y demás. Porque lo cierto es que no existe tal “costo social”. Por el contrario, si las reformas no se realizan es inmediato el empobrecimiento y frustración de la gente.

La primera falacia es la de la desocupación. Naturalmente existe muchísimo trabajo para hacer, solamente el déficit habitacional llega a 12,2 millones de viviendas, y hay que sumar hospitales, escuelas, rutas, etc. No son los capitales -como se cree vulgarmente, como creen los economistas en este país de formación tan pobre- los que producen trabajo: el trabajo está allí, el capital solo aumenta la demanda de mano de obra -no el trabajo- provocando una suba en los salarios siendo el único modo de aumentarlos realmente, nunca por ley.

Las leyes que pretenden aumentar el salario provocan la desocupación porque, por ejemplo, prohíben que trabaje el que ganaría menos que el salario mínimo. O sea que, si el mercado no estuviera interferido por el poder de policía estatal (en base a su monopolio de la violencia, la violencia), el empleo sería naturalmente pleno y podrían despedirse todos los empleados estatales ya que serían inmediatamente absorbidos por el mercado.

La segunda de las grandes falacias es que no podría anularse el “asistencialismo” que realiza el Estado so pena de dejar desamparados a millones. Lo cierto es que este asistencialismo es pagado el gobierno que recauda por vía impositiva, inflacionaria y endeudándose. En cualquier caso, esta carga fiscal -por la ley de marginalidad- necesariamente es derivada hacia los extremos más pobres: o sea, el gobierno empobrece a los pobres para luego devolverles lo poco que queda tras pasar por una burocracia voraz.

Del 17% de presión tributaria que Argentina tenía hace 30 años, hoy llegaría a 32,6% del PIB. Según el World Economic Forum, los impuestos representan el 137,4% de las ganancias obtenidas por las empresas, o sea que el Estado gana 37,4% más que la misma empresa. Pero a esto hay que sumarle la inflación (lo que emite el Estado para sus gastos) y el endeudamiento que provoca un aumento en la tasa de interés que es pagado por el sector privado. Por caso, al menos el 38% del precio del pan son impuestos directos, a lo que hay que sumarle que la mano de obra y los insumos ya vienen inflados con impuestos. Así, no de otro modo, se llega a que en Argentina existan 5,6 millones de chicos pobres, según Unicef.

Para ver lo ridículo de las intervenciones coactivas -toda violencia destruye- del Estado miremos lo que ocurre con la vivienda. Gracias a los créditos hipotecarios apalancados desde el gobierno, aunque ya estaban caras, en un año las viviendas usadas aumentaron 7% y 12% las nuevas. Y se ha producido una burbuja: hoy conviene vender la casa propia, poner el dinero a plazo fijo y, con la renta, alquilar una propiedad más cara. Así, para “facilitar” el acceso a la vivienda, por vía impositiva -para financiar este sistema hipotecario- empobrecen a los más pobres y, encima, provocan un aumento artificial en el precio de las propiedades.

Por cierto, corresponde a la astucia política el ver cómo realizar estos ajustes. Por ejemplo, si bien hay que desregular completamente el mercado laboral antes de despedir empleados estatales, es muy probable que los gremios se opongan. Habrá que empezar, entonces, por liberar la actividad sindical, como hizo Reagan en EE.UU. provocando que el poder sindical se diluya en la competencia.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Un año de Cambiemos

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 4/12/16 en: http://economiaparatodos.net/un-ano-de-cambiemos/

 

Falta que el gobierno comience a cambiar el discurso populista por un discurso que hizo grande a Argentina: me refiero al discurso de la cultura del trabajo

A punto de cumplirse un año desde que asumió Macri la presidencia, en mi opinión se observan cambios muy relevantes y estancamiento en otros.

Basta con recordar los discursos de violencia verbal de Cristina Fernández buscando enfrentar a la sociedad y compararlos con los actuales discursos de Macri en que prima la buena educación, el respeto hacia el que piensa diferente, como para reconocer un cambio de ambiente que tiende a pacificar los espíritus. Se podrá disentir con muchas de las cosas que dice Macri, pero eso no pasa de visiones diferentes sobre cómo recuperar la prosperidad de la Argentina. Francamente no recuerdo, en todo este año, una sola palabra descalificadora de Macri hacia nadie como solía hacer CF con su famoso abuelito amarrete, el empleado de la inmobiliaria escrachado en cadena y mil cosas más.

Tampoco los discursos de Macri están montados en una escenografía en la que se convoca a los aplaudidores de siempre como hacía CF. Necesitaba de los aplausos para satisfacer su inmenso ego. Para algunos estos puntos podrán resultar indiferentes o superficiales, para mí hacen a la convivencia de un pueblo civilizado y respetuoso. A la buena educación de sus gobernantes, punto de partida para construir un país. Y el ejemplo de convivencia y respeto ahora parte del presidente de la nación, cuando antes partía de la boca de CF el resentimiento, la agresión y la descalificación.

Otra cosa valiosa para mí es haber recuperado los actos patrios como actos patrios no como actos partidarios en los que solo había banderas de La Cámpora, imágenes del Che y fotos de NK, uno de los corruptos más grandes de la historia argentina.

Aún con las fuertes diferencias que tengo con el gobierno en materia de política económica, no puedo dejar de reconocer que el gobierno de Macri nos ha devuelto el sentido de Argentina para todos los argentinos y no para una fracción de fanáticos al estilo fascista.

No es tema menor que Argentina haya recompuesto relaciones con los países que respetan los derechos individuales. Hoy tenemos una mejor relación con el mundo civilizado. Nuestros funcionarios ya no se juntan con genocidas como Fidel Castro o el tirano Maduro y su corrupto régimen chavista.

El punto más débil del gobierno está en la política económica y en su discurso al respecto. Por el momento ha sido incapaz de avanzar en reformas estructurales del sector público, en materia impositiva, reforma laboral y otros puntos clave. Por el contrario, se ha limitado a cambiar la forma de financiar un déficit fiscal descomunal. El kirchnerismo lo financiaba con expropiaciones y emisión monetaria y el macrismo recurre al endeudamiento para cubrir el bache. Cambió la forma de financiar el déficit pero no se intentó disminuirlo, por el contrario, aumentó. Además sigue usando el tipo de cambio como ancla contra la inflación al igual que la mayoría de los gobiernos anteriores, incluido el kirchnerismo.

El gasto público no se anima a bajarlo y hacen recaer todo el peso del ajuste de la economía sobre el sector privado, que continúa perdiendo puestos de trabajo mientras que en el sector público y su legión de ñoquis heredada parece intocable. Es como si hubiese ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los empleados estatales, en sus tres niveles, son intocables y no pueden perder sus puestos de trabajo porque hay que evitar el conflicto social. Pero que el sector privado pierda 105.000 puestos de trabajo entre diciembre pasado y agosto, parece no importarle a nadie del gobierno.

Uno comprende que décadas de populismo y el destrozo heredado de los últimos 12 años no permiten solucionar todo de un día para otro. Ni siquiera pasa por mi mente creer que el déficit fiscal heredado pueda eliminarse en un año. Lo que me preocupa es el discurso económico del gobierno por el cual el “asistencialismo” sigue siendo un derecho en vez de un apoyo transitorio que el contribuyente, no el gobierno ni el estado, le otorga a determinadas personas. Se insiste con que son derechos adquiridos y eso hace que el macrismo contribuya a consolidar los valores que destrozaron la Argentina. En vez de defender la cultura del trabajo, insisten con defender la cultura de la dádiva.

Por otro lado, la política impositiva sigue tratando a los que trabajamos en blanco como esclavos que tenemos que mantener a una legión de planeros, empleados públicos y demás gastos inútiles del estado. Gastos que se solventan con el trabajo de gente decente que es saqueada impositivamente para sostener un estado sobredimensionado propio de los sistemas fascistas y populistas.

De nuevo, no digo que de un día para otro se solucione el monumental problema fiscal heredado, pero sí esperaba que de un día para otro el gobierno empezara a tener un discurso diferente al populismo que nos viene hundiendo desde hace décadas.

En síntesis, en estos 12 meses se ha logrado frenar las políticas de confrontación del kirchnerismo y tenemos un comportamiento mucho más educado y presentable ante el mundo y ante nosotros mismos.

Falta que el gobierno comience a cambiar el discurso populista por un discurso que hizo grande a Argentina: me refiero al discurso de la cultura del trabajo, de respetar la propiedad privada y, particularmente, dejar de tratarnos a quienes pagamos impuestos como esclavos a los que hay que humillar impositivamente para que el gobierno mantenga el poder y otros vivan a costa de nuestro trabajo.

Veremos si al comenzar el segundo año de mandato el gobierno cambia el rumbo de su discurso que todavía está impregnado de populismo o mantiene el rumbo decadente de la cultura de la dádiva.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Ñoquilandia

Por Iván Carrino. Publicado el 12/2/16 en: http://opinion.infobae.com/ivan-carrino/2016/02/12/noquilandia/

 

El que encendió la mecha fue el ministro Alfonso Prat-Gay, quien, en ocasión de su presentación de las metas fiscales y de inflación, se refirió al derroche del gasto público como la “grasa de la militancia”. El comentario hacía referencia a la cantidad de empleados que consiguieron su puesto en el Estado producto de sus vínculos políticos, en lugar de hacerlo por su capacidad técnica o por una verdadera necesidad de mayor personal.

El debate que siguió se centró en la cantidad de empleados “ñoquis” que, según un estudio de la consultora KPMG, se ubica entre 200 mil y 250 mil personas. Se suele llamar ñoqui al empleado que, sin función aparente, todos los días 29 pasa a retirar su cheque pagado por alguna dependencia u organismo estatal.

En aras de ordenar este derroche, el Gobierno comenzó a revisar todos los contratos de los últimos tres años. Para el ministro de Modernización, los despedidos ascienden a seis mil. Otras informaciones, sin embargo, ubican el número de despidos en 25 mil, si se suman empleados municipales y provinciales.

La cifra no debería generar alarma. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el Estado nacional, provincial y municipal hay 1,7 millones de empleados en relación de dependencia. Si a esto se añaden los contratados y quienes gozan de menor formalidad laboral, la cifra se aproxima a los cuatro millones. Es decir, la reducción de plantilla, tomando la cifra más elevada, es de solamente el 0,6% del total y del 10% de los supuestos ñoquis que cobran del Estado.

Ahora, el punto es por qué abundan los ñoquis en la función pública, pero no parecen ser un problema en el sector privado. Por qué la ñoquilandia prolifera en el Estado y no en las empresas.

Milton Friedman, premio nobel de economía, afirmaba que había cuatro formas de gastar el dinero: se gasta el dinero propio en uno mismo, se gasta el dinero propio en otros, se gasta el dinero de otros en uno mismo, se gasta el dinero de otros en otros.

En el sector privado, por lo general, se emplea la primera forma de gastar. Una empresa cualquiera podría contratar un empleado por el mero hecho de que este tenga afinidad con los dueños. Sin embargo, a la larga, si este empleado no es útil en la generación de ganancias o, peor aún, debido a su inutilidad, genera perjuicios económicos a la compañía, la organización decidirá hacerlo a un lado, puesto que debe proteger e incrementar su capital. De esta forma, en el mejor de los casos, el ñoqui en el sector privado es un fenómeno temporario.

Ahora bien, cuando el Estado gasta, combina las dos últimas formas de utilizar el dinero. En primer lugar, porque cuando destina recursos para proveer bienes públicos, está utilizando el dinero de los otros (los contribuyentes) en otros. Así, no extraña que se paguen sobreprecios y que la calidad de los bienes públicos no sea la óptima.

En segundo lugar, porque los funcionarios estatales usan recursos de terceros en su propio beneficio, ya que así pueden financiar sus campañas o crear redes clientelares. En este sentido, el Gobierno podría crear una oficina del no hacer nada e igualmente obtendría beneficios, puesto que todos los empleados de esa oficina dependerían del cheque estatal para sobrellevar su vida y eso podría influirlos a la hora de votar.

Es decir, como el Gobierno gasta la plata que no es suya para beneficio propio, es inevitable que aparezca y se perpetúe dentro de él la ñoquilandia, ya que las afinidades personales, políticas y los negocios turbios prevalecerán frente a otros criterios más respetables.

En este contexto, es bienvenida la tímida reforma del Estado que está teniendo lugar, pero una solución definitiva pasa por eliminar dependencias completas y ponerle límites estrictos al gasto público. Sólo así los incentivos para abusar de la billetera del Estado, lleno de puestos improductivos, quedarán reducidos a su mínima expresión.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.