El déficit y la deuda se solucionan bajando el gasto público

Por Iván Carrino. Publicado el 27/10/16 en: http://www.ivancarrino.com/el-deficit-y-la-deuda-se-solucionan-bajando-el-gasto-publico/

 

En Argentina nadie quiere bajar el gasto público. Sin embargo, todos se quejan por las consecuencias que genera su elevado nivel.

La economía de las familias y las empresas tienen mucho para enseñarles a los gobiernos. Si en una familia los ingresos corrientes no dan para costear las vacaciones, el colegio de los chicos, el mantenimiento del auto y el pago del alquiler, ésta puede acudir a la tarjeta de crédito.

Sin embargo, si la diferencia entre ingresos y gastos no cambia, la deuda comenzará a ser un problema y la familia va a enfrentar una crisis.

Lo mismo le sucede a las empresas. Pueden pagar alquileres de oficinas lujosas, autos para los cargos ejecutivos, y hacer multimillonarias campañas de publicidad con cargo a deuda.

No obstante, si no llega un día en que los ingresos superan a los costos, la empresa se verá enfrentada a severas dificultades financieras.

Vistas de manera superficial, la familia y la empresa están enfrentadas al problema de la deuda. Ahora cuando uno mira la situación con mayor detenimiento, observa que lo que originó esa deuda fue el gasto, que superó a los ingresos. Y ahí es donde hay que trabajar para solucionar el problema.

Es por esto que las acciones de las compañías suelen subir cuando anuncian una baja de los costos operativos. Menos costos implican una mayor eficiencia productiva y, también, una mayor capacidad para cumplir con los acreedores.

A las familias les sucede lo mismo. A veces hay que hacer sacrificios.

En la economía Argentina pasa algo similar. Son numerosos los analistas de todos los sectores y colores políticos que advierten sobre el elevado ritmo de endeudamiento del gobierno nacional. El diario La Nación sostuvo recientemente que “El Gobierno volvió a emitir bonos y ya recurre al mercado una vez cada 6 días”. El total de deuda emitido en lo que va del año asciende a U$S 40.000 millones, el 16% del stock que el gobierno informó a diciembre de 2015.

Para Agustín D’Attellis, economista y reconocido defensor de las políticas económicas del gobierno kirchnerista, la deuda en dólares que contrae el gobierno tiene el objetivo de financiar la fuga de capitales y el giro de utilidades de las empresas en el exterior.

Esto no es cierto. En un mercado cambiario libre, cualquiera puede ahorrar en el extranjero o enviar las ganancias de su empresa a la casa matriz. Ahora esto podría pasar también con un gobierno que tuviera superávit fiscal y, por tanto, ninguna necesidad de endeudarse. La deuda del gobierno, entonces, nada tiene que ver con la compra de dólares por parte de los privados.

Ahora con lo que sí tiene que ver la deuda pública es con el déficit público. De la misma forma que la familia que está utilizando la tarjeta de crédito, o la empresa que acude al financiamiento en el mercado, lo que explica el endeudamiento del gobierno es el desequilibrio entre ingresos y gastos.

El año pasado, el déficit fiscal sin tener en cuenta las transferencias de ANSES y el BCRA fue de $ 370.000 millones (6,3% del PBI). Este año, a pesar del muy tímido intento de recortes en subsidios energéticos, el mismo se ubicará en torno a los $ 560.000 millones, un 7,1% del PBI.

Con este nivel de desajuste, se comprende de dónde viene la montaña de la deuda. La pregunta, entonces, es cómo solucionar esto.

Una respuesta que suelen dar los políticos es la de aumentar los impuestos “a los ricos”. El gobierno, de hecho, ya está planteando algo del estilo, porque enviará al congreso un proyecto para modificar las escalas del Impuesto a las Ganancias, incorporando una nueva del 40%. El problema es que este incremento de los impuestos “a los ricos” repercute en toda la economía, ya que reduce los incentivos al progreso y la mejora de la productividad.

Otra respuesta es que el crecimiento económico incrementará la recaudación. Esto es una posibilidad. En la medida que hay más producción, ventas y consumo, la recaudación tributaria sube, pero no sabemos a ciencia cierta si será suficiente para cubrir el gasto. Además, lo que debería hacer el gobierno es reducir aún más las tasas impositivas; no dejarlas como están y esperar embolsar más dinero del contribuyente.

La conclusión es clara: si no queremos subir los impuestos, y de hecho pensamos que lo mejor es bajaros, pero tampoco queremos volver a la emisión monetaria descontrolada que genera inflación, solo queda una forma de abordar el problema fiscal: reducir el gasto público.

Menos gasto público es menos déficit. Y menos déficit es menos inflación, menos deuda, y menos carga tributaria. Es hora de que los políticos escuchen el mensaje.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

¿Es judicializable las ventas a futuro del BCRA?

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 17/4/16 en: http://economiaparatodos.net/es-judicializable-las-ventas-a-futuro-del-bcra/

 

Esa operatoria en que el BCRA vendía muy barato el dólar futuro, comprometiendo la futura expansión monetaria, son indefendibles por los sospechados de corrupción

Algunos tienen dudas si la venta de dólares a futuro que hizo el BCRA durante los últimos meses de la gestión kirchnerista puede ser sometida a juicio o no. El argumento para sostener que esa venta de dólares no sería judicializable consiste en afirmar que la venta de divisas a futuro es parte de la política económica y, por lo tanto, las acciones de política económica no son temas que puedan someterse a juicio. Además, habría que demostrar que hubo intención de obtener una ganancia por parte de los funcionarios públicos que intervinieron en el manejo y la decisión de vender divisas a futuro. Un fraude fiscal.

¿Puede el BCRA vender dólares a futuro? La última Carta Orgánica del BCRA, que es una ley, lo autoriza pero no para que haga cualquier cosa, sino dentro de cierto marco regulatorio. Dice textualmente el artículo 18 inciso a) de la Carta Orgánica:

El Banco Central de la República Argentina podrá comprar y vender a precios de mercado, en operaciones de contado y a término, títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines de regulación monetaria, cambiaria, financiera y crediticia

Del párrafo anterior es importante resaltar que puede hacerlo pero a precios de mercado es decir que puede comprar o vender divisas a futuro de acuerdo a lo que uno entienda por precio de mercado. Y aquí, a mi juicio, hay un punto que es fundamental entender, por más que la ley lo autorice, el estado no tiene nada que hacer interviniendo en los mercados de futuro. Son mercados que se crearon para que operadores del sector privado cubran sus posiciones. Por ejemplo, imaginemos que un importador tiene que pagar mercadería importada a determinado precio en dólares dentro de, digamos, 3 meses. Los mercados de futuro sirven para que el importador compre a futuro esos dólares que le vende algún operador del mercado que está dispuesto a asumir el riesgo de la diferencia cambiaria. Como puede verse, las operaciones de futuro tienen un origen genuino. Alguien necesita cerrar cambio a futuro para no asumir el riesgo cambiario y otro está dispuesto a asumir ese riesgo cambiario.

La pregunta es, ¿qué tiene que hacer el estado en este mercado en el cual se hacen operatorias entre particulares? No es función del estado asegurarle el riesgo cambiario a nadie.

Como segundo punto es claro que un precio de mercado es el que se conforma de acuerdo a la oferta y la demanda sin intervención estatal. Cuando el estado interviene en un mercado es para establecer un precio máximo, y lo hace con el objetivo de fijar un precio por debajo del que está operando el mercado. Si el mercado está intercambiando una determinada mercadería a, digamos, $ 15, no tiene sentido que el estado ponga un precio máximo a $ 16 o $ 17. Solo tiene sentido un precio máximo si lo establece por debajo del precio de mercado, con lo cual ya deja de ser precio de mercado para pasar a ser un precio político.

La operatoria del BCRA con las fabulosas ventas a futuro ya tenían la distorsión del cepo cambiario y de la obligación de los exportadores e importadores, así como de todos aquellos que operaban en el mercado de cambios, de pasar por el BCRA y operar al precio político fijado por la entidad monetaria. De ahí surge que no había un precio de mercado libre, sino que había un precio arbitrario y político fijado por el BCRA. De manera que, a mi juicio, el BCRA tendría que haberse abstenido de operar en el mercado de futuro dado que sus propias regulaciones no permitían formar un precio de mercado. El único precio de mercado de futuro que servía como referencia era el de non-deliverable forward que operaba en Nueva York y cotizaba a $ 15 por dólar para marzo, mientras el BCRA vendía a marzo a algo menos de $ 11, más específicamente a $ 10,80. El gráfico 1 muestra la evolución histórica de los valores de futuros que se cotizaban muy por encima de los $ 10,80 en que operaba el BCRA.

Gráfico 1

Ahora bien, determinado que el directorio del BCRA violó el artículo 18 inciso a) de la Carta Orgánica del BCRA y siendo que el Ministerio de Economía tenía un representante en el directorio del BCRA que habría aprobado esas operatorias, la conclusión que se sigue es que ni Cristina Fernández, entonces presidente de la nación, ni Kicillof ministro de economía, podían desconocer esa operatoria que generaba una pérdida patrimonial contra el fisco.

Esa operatoria en que el BCRA vendía muy barato el dólar futuro, comprometiendo la futura expansión monetaria, dado que las diferencias en los mercados de futuros se compensan, son indefendibles por los sospechados de corrupción. Si el precio de mercado era $ 15 y el Central vendió a $ 10, llegado el momento el Central tenía que pagar la diferencia de $ 5 entre el precio al que vendió y el que cotizaba realmente el tipo de cambio. Esa compensación, insisto, se paga con pesos y esos pesos hay que emitirlos con lo cual el BCRA, la presidente y el ministro de Economía estaban creando las condiciones de una emisión monetaria descontrolada a futuro para tener artificialmente bajo el tipo de cambio hasta las elecciones y así retener el poder político.

Mi punto es que no toda ganancia que pudieran buscar los imputados tiene que ser de carácter económico en el corto plazo, sino que puede ser la búsqueda de un beneficio político para retener el poder y continuar con esa suerte de asociación ilícita que fue el kirchnerismo, que usó el poder como un instrumento de generar fortunas personales de sus jerarcas a costa de la hacienda pública. Dicho de otra manera, las operaciones de futuro no pueden ser analizadas del resto de los escándalos de corrupción. Retener el poder para continuar con los casos de corrupción que hoy comprometen seriamente a las máximas autoridades del kirchnerismo era parte del beneficio que implicaba vender dólares a futuro a precio por debajo del mercado.

En síntesis, no sé si Bonadío está utilizando este línea de investigación, pero todo parece indicar que es perfectamente judicializable las ventas de dólares a futuro que llevó a cabo el gobierno kirchnerista.

Se sabe que un estallido cambiario comprometería seriamente las posibilidades electorales del kirchnerismo y la retención del poder para ocultar sus actos corruptos de gobierno.

Finalmente, sin que estallara el mercado de cambios, el kirchnersimo igual perdió las elecciones, el control del poder y, como ya es tradicional en Argentina, la investigación de los casos de corrupción suelen acelerarse cuando los corruptos pierden el poder.

¿Es judicializable, entonces, las ventas a futuro? A mi entender perfectamente. No fueron errores groseros de política económica. Todo indica que esas ventas fueron hechas deliberadamente por el gobierno de turno para cubrirse electoralmente y así cubrir sus sospechados casos de corrupción. Hicieron un desfalco contra la hacienda pública para retener el poder y continuar con la corrupción.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE