Mirando el Presupuesto 2015.

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 17/9/14 en: http://opinion.infobae.com/nicolas-cachanosky/2014/09/17/mirando-el-presupuesto-2015/

 

El lunes 15 el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de presupuesto para el año próximo. Como ya es costumbre, las críticas a las estimaciones del gobierno no tardaron en aparecer. Como ya es también costumbre, los datos muestran que estas críticas han estado bien fundadas; no hay motivos para creer que el presupuesto del 2015 sea una excepción. La gravedad institucional de lo que el kirchnerismo hace con el presupuesto es difícil de exagerar. La Ley de Presupuesto no es una mera ley más, es la “Ley de Leyes” justamente porque le especifica al Poder Ejecutivo qué es lo que debe ejecutar. Si bien el presupuesto es inicialmente preparado por el Ejectutivo, es al Legislativo al que le corresponde modificar y aprobar el presupuesto final. El rol del Poder Ejecutivo no es ni manejarle la vida al ciudadano ni comandar al Poder Legislativo. Como su nombre indica, el Poder Ejecutivo debe “ejecutar” el mandato que el pueblo le hace a llegar a través de sus representantes. Ese “mandato” es justamente el presupuesto a través del cual se le indica al Gobierno en qué debe gastar los recursos públicos (que pertenecen al pueblo, no al gobierno) y cómo es que esos gastos serán financiados.

El kirchnerismo ha hecho ya una costumbre del vicio de subestimar los recursos que tendrá a disposición. Dado que en el presupuesto se define cómo deben asignarse los recursos, subestimar los mismos genera recursos ociosos que el Gobierno luego utiliza a discreción (facilitado por la delegación año tras año de facultades en la Ley de Emergencia Económica.) El uso discrecional de recursos termina siendo un caldo de cultivo para la corrupción dado que el uso de fondos no está pre definido. No sorprende que a este gobierno no le falten serias sospechas de corrupción.

Los errores de cálculo del Gobierno no son menores, como lo señala un informe reproducido por Infobae.  Por ejemplo, en el 2014 se estimó un crecimiento del PBI del 6.2% mientras que la economía se contrajo un 1.6%. Un “error” de 7.8 puntos. Las estimaciones de inflación, basadas en el Indec, claramente se encuentran también fuertemente sesgadas. Al subestimar la inflación, los ingresos tributarios que dependen de valores de mercado se ven subestimados. Para ser un gobierno al que tan fácil le resulta criticar las estimaciones económicas de privados y dar lecciones de economía en foros internacionales, las dificultades para estimar a tan sólo un año variables centrales del país son preocupantes. Imagine que este tipo de errores son crónicamente cometidos por un piloto; ¿qué tan seguro se sentiría viajando en el avión de este piloto? Al ver los repetidos errores en las proyecciones de los distintos presupuestos, sumada a la delicada situación económica y social, es lícito preguntarse si el kirchnerismo está capacitado para manejar la economía del país. La sociedad y la dirigencia política en particular deben tener presente que legitimidad y capacidad de gestión son dos cosas distintas y que ninguna implica la otra.

Al mirar el presupuesto para el 2015 resaltan algunas inconsistencias así como algunas lecturas de cómo se utilizan los fondos públicos. Veamos tres inconsistencias y una lectura que surge del uso de fondos públicos.

Inflación: el gobierno estima una inflación del 15% (o del 1.2% anual) para el 2015. Las estimaciones privadas se encuentran en un 40% (la más alta desde la diciembre del 2001). Esto quiere decir que la tasa de inflación mensual debe bajar  de un 2.8% a un 1.2% mensual. ¿Dónde está el plan anti-inflacionario que va a lograr bajar la inflación a la mitad en el plazo de un año? ¿Está dispuesto el gobierno a reducir la financiación del BCRA y por lo tanto el gasto lo necesario para reducir la emisión monetaria al punto de cortar la inflación a la mitad? ¿O el gobierno piensa “bajar” la inflación bajando el indicador IPCNu?

Tipo de Cambio: el gobierno estima un tipo de cambio de 9.50 a fin del 2015. El gobierno también asume que la inflación a fin del 2014 será del 21.3%. La inflación oficial acumulada en lo que va del año es del 18.2% (lo que quiere decir que la inflación sólo será de un 3% en los últimos cuatro meses del año.) El gobierno también asume que en el 2015 el tipo de cambio evoluciona igual que la inflación. Esto es inconsistente con asumir que en lo que queda del 2014 el tipo de cambio caerá de 8.40 a 8.20 cuando aún queda sumar en el 2014 un 3% de inflación según lo asumido en el presupuesto. Si de aquí en adelante la inflación (oficial) evoluciona según el presupuesto (como se asume para el 2015), entonces el tipo de cambio debe ubicarse en 8.70, no en 8.20. Si en cambio la inflación de aquí a fin de año evoluciona al mismo ritmo que la inflación que ha tenido en el 2014, entonces a fin de año el tipo de cambio oficial debe ubicarse en 9.10. Se abren, entonces, dos posibilidades. Para mantener un tipo de cambio a fin del 2015 de 9.50 la inflación anual debe ser del 9.7% o 4.3% según el tipo de cambio a fin del 2014 sea del 8.7 o 9.1 respectivamente. Notablemente menor al 15% asumido por el gobierno. Si en cambio mantenemos el supuesto del 15% de inflación, entonces el tipo de cambio debe aumentar en el 2015 de 8.7 a 10.00 o de 9.10 a 10.47. En otras palabras, sin una apreciación del peso de 8.40 a 8.20 (recordemos que estamos en un contexto con una inflación interanual del 40%) los supuestos del presupuesto no son consistentes entre sí.

Déficit fiscal: los datos de déficit fiscal, central en todo proyecto de presupuesto, también presentan inconsistencias. El presupuesto asume un incremento nominal del 28% en los recursos tributarios. Esto implica un aumento del 7% por arriba de la inflación asumida en el presupuesto o un 12% por debajo de una inflación del 40%. O el gobierno está sumiendo un fuerte aumento impositivo o está admitiendo una notable caída en términos reales de los recursos tributarios. El gasto corriente muestra un aumento del 18.5%, pasando de 920.000 a fines del 2014 a 1.090.000 millones de pesos a fines del 2015. Desde el 2008 el aumento nominal del gasto corriente no baja del 27% anual. Sin embargo, si asumimos que el gasto corriente evoluciona en lo que resta del 2014 al mismo ritmo promedio que los últimos tres años, entonces a fines del 2014 se ubicará en 1.040.000 millones de pesos, 13% más del estimado en el presupuesto. Si el gobierno mantiene un 18.5% de incremento del gasto corriente, entonces a fin de año el gasto corriente se ubica en 1.230.000 millones de pesos llevando el déficit financiero estimado de 49.600 millones a 190.000 millones; casi cuatro veces el déficit financiero estimado en el presupuesto. Es decir, el gobierno está sobrestimando recursos ociosos al subestimar gastos más que subestimar ingresos. La estimación de la cuenta ahorro también muestra que las transferencias del BCRA y ANSES (rentas de la propiedad) estarían creciendo un 25% respecto al 2014. Otro dato que se contradice con una estimación a la baja de la inflación. Si descontamos este “maquillaje contable”, entonces el déficit financiero del presupuesto 2015 asciende a 205.440 millones de pesos en lugar de los asumidos 49.600 millones de pesos. Este número, que no corrige por transferencias del BCRA y ANSES, es mayor al déficit del 2014 neto del “maquillaje financiero.”

Como se puede apreciar, el presupuesto presentado por el Gobierno al Congreso adolece no sólo de serias inconsistencias, sino de supuestos irreales. Lamentablemente esto ya es costumbre en el kirchnerismo.

La estructura de gastos también deja extraer algunas conclusiones que no estarían recibiendo la atención debida. Mientras Seguridad se lleva un 5.5% del presupuesto, los servicios sociales representan el 59% del total del gasto público,del cual el 70% se destina a seguridad social. Estos programas sociales se iniciaron como necesarios paliativos en la crisis del 2001. ¿Por qué siguen creciendo luego de una década, la “década ganada” según el oficialismo? El hecho de que aún hoy se necesite asignar tantos recursos a seguridad social muestra que los distintos planes sociales han sido mal diseñados o por lo menos mal aplicados. Un plan social exitoso no es aquel que crece en recursos porque cada vez hay más necesidad del mismo. Por el contrario, un plan social exitoso es aquel que logra reinserción en el mercado laboral llevando a la extinción de dichos programas. Quiero ser claro en que no estoy sosteniendo que no sean necesarios planes sociales, basta con mirar los indicadores de pobreza como los estimados por la UCA. Lo que sí estoy sugiriendo es que la mala aplicación o el mal diseño de los planes sociales que no logran reinserción laboral son parte importante del ya casi descontrolado déficit fiscal en el que se encuentra el Estado. Los dirigentes políticos se deben un serio debate sobre cómo reformar la estructura y gastos del Estado para lograr una transición de un esquema insostenible a uno virtuoso.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE) y Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver. 

Un escenario en el fondo previsible:

Por Enrique Zuleta Puceiro: Publicado el 23/4/12 en:  http://www.cronista.com/contenidos/2012/04/23/noticia_0068.html

La decisión del gobierno nacional de asumir en todos sus aspectos el control total de la política de autoabastecimiento de hidrocarburos debe ser interpretada en el contexto del nuevo ciclo de políticas de emergencia que vive el país. La intervención de YPF y la ocupación casi por la fuerza de todas sus oficinas, dependencias, archivos, redes de comunicaciones recordaron a algunos observadores interesados procesos similares que, en muchos momentos y lugares del mundo, sirvieron de punto de partida de procesos de redefinición drástica del papel del Estado en la vida social. Tal vez por ello, gran parte de la prensa nacional se sumó a la promoción del clima de confrontación absoluta que procuraron imponer casi todos los protagonistas del proceso.
No ha sido ese, sin embargo, el talante básico con que una amplia mayoría de la sociedad argentina recibió una noticia sorpresiva pero, por muchas razones, deseada y en el fondo previsible. La expropiación cierra un proceso breve y accidentado de gestión privada nunca entendida del todo por la sociedad argentina.
La privatización de YPF jamás contó, en efecto, con dosis de consenso equivalentes a las del resto de los servicios públicos. Una visión retrospectiva de la evolución de los niveles de apoyo de las reformas iniciadas a principios de los años 90 demuestra con claridad que los mayores consensos se produjeron respecto de los servicios públicos domiciliarios de carácter universal, sobre todo teléfonos, distribución de gas y electricidad, agua y saneamientos urbanos. Las infraestructuras y servicios no universales debieron en cambio imponerse en un clima de debate y suspicacias. Tal fue el caso de la construcción y mantenimiento de rutas, los servicios de correos, o los puertos, aeropuertos y concesiones de transportes.
La exploración y explotación privada de petróleo y gas fue siempre resistida y no por una suerte de fundamentalismo mágico nacionalista, sino por el rechazo de la mayor parte de las fuerzas políticas tradicionales, los viejos y nuevos movimientos sociales y la opinión mayoritaria de técnicos y especialistas. Salvo la opinión de un grupo reducido de economistas y empresarios, en general primó una visión defensiva y hostil a los diversos episodios que jalonaron la desnacionalización. La escasa transparencia de los procedimientos y decisiones adoptadas rodearon siempre a YPF de un barniz de sospecha, más que suficiente para explicar el actual clima de opinión.
La presencia universal del Estado en un sector pensado desde siempre como estratégico fue una demostración viva y permanente de la rara e inexplicable singularidad del caso argentino. Los resultados del experimento español convocaron un rechazo poco menos que absoluto. Bastó que el gobierno lo reconociera y encabezara la reacción reparadora para que los indicadores de consenso se dispararan con la contundencia que revelan los datos disponibles.
De acuerdo con los resultados del monitoreo nacional llevado a cabo por la consultora OPSM sobre sucesivas muestras nacionales en los últimos días, un 91% de la población ha venido siguiendo con interés y detalle los avatares del caso YPF. Un 75,6% se manifiesta de acuerdo con la expropiación de la mayoría accionaria de la compañía. La resistencia a la medida se limita a un 18,3%, porcentaje donde el rechazo absoluto llega apenas a un 3,7% de la población. Se trata de una aceptación clara en cuanto al contenido y objetivos del paso del gobierno aunque dividida respecto de los métodos y procedimientos. Un 42,1% hubiera preferido una negociación en buenos términos con Repsol, en tanto que un 51.8 refrenda el método escogido. Un porcentaje importante de la población espera consecuencias negativas en las relaciones con España (65,2%) y con el resto de los países desarrollados (49,4%).
Los porcentajes de expectativas de mejora de la situación de la nueva YPF alcanzan proporciones cercanas o superiores al 70% en temas clave como la capacidad de inversión, desempeño técnico, resultados económicos y sobre todo contribución del nuevo esquema al autoabastecimiento energético. Los puntos que suscitan mayor debate son los referidos a la capacidad de gestión estatal. Una aceptación amplia pero cautelosa. Aun así, un porcentaje de 73,1% se confiesa optimista respecto al futuro de YPF, aun cuando la cifra sea algo menor al evaluar la política energética en general (66,5%). El clima de época -por cierto no exclusivo de la Argentina-, la búsqueda de mayor protección estatal y el fracaso de las recetas privatizadoras explica que un 62% reclame mayor intervención estatal en otros sectores estratégicos. Sin embargo, se reconocen y asumen los riesgos del conflicto y los costos seguros de toda reacción de emergencia.
Para una amplia mayoría, el fin no justifica los métodos. Sin embargo los excusa en una coyuntura que ofrece muy pocas opciones, como la que se reconoce estar viviendo. Toda una carta de navegación compleja y sofisticada para iniciar un trayecto en la que el punto final parece estar bastante más claro que el trayecto elegido. Las dificultades están a la vista y está aún por comprobarse la capacidad de los diversos actores, tanto públicos como privados, para adaptarse a un nuevo mundo, pleno de desafíos y cambios irreversibles.

Enrique Zuleta Puceiro es Profesor de la UBA, Sociologo y miembro del Consejo directivo de ESEADE.