¿Científicos, CEOs o políticos?

Por Martín Krause. Publicado el 5/3/20 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/03/05/cientificos-ceos-o-politicos/

 

AME9542. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 01/03/2020.- El presidente argentino, Alberto Fernández (i), y la vicepresidente Cristina Fernández (d) participan en la inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso, este domingo en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni 

AME9542. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 01/03/2020.- El presidente argentino, Alberto Fernández (i), y la vicepresidente Cristina Fernández (d) participan en la inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso, este domingo en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Los discursos presidenciales para la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso suelen ser considerados por las estrategias que se presenten, las medidas que se anuncien y también por los conceptos expresados. Estos pueden ser más importantes que los anteriores porque reflejan una visión de la realidad que, seguramente, influirá en el diseño de estrategias y en el anuncio de medidas.

Hay varios en el reciente discurso de Alberto Fernández, pero me voy a concentrar en uno: “Somos un gobierno con científicos, no con CEOs. Un gobierno con la convicción de que el conocimiento es clave para las políticas públicas y para el desarrollo”.

En realidad, los dos tienen conocimiento, aunque sea de diferente naturaleza, pero el problema respecto al conocimiento no es el que tenga un CEO a diferencia de un científico, sino el que tienen los políticos en relación a los votantes.

Durante la segunda mitad del siglo XX autores como Anthony Downs, James Buchanan (Nobel 1986) y Gordon Tullock desarrollaron toda un área de la teoría económica que denominaron public choice, o elección pública, a diferencia de las elecciones que hacemos en el mercado, que solemos traducir como análisis económico de la política. Una de las primeras cosas que destacaron fue la diferencia de incentivos que tienen los políticos, los funcionarios y los votantes.

Bryan Caplan, autor del libro El mito del votante racional, ha señalado que en encuestas realizadas desde la década de 1940 una mayoría ha sido incapaz de nombrar uno de los poderes del Estado, definir los términos “liberal” o “conservador” o explicar qué es la Bill of Rights (Carta de Derechos). Más de dos tercios desconocen el contenido del fallo Roe vs Wade, que permitió el aborto, y no saben lo que es la Food and Drug Administration, que regula tanto medicamentos como alimentos. Casi la mitad desconoce que allí cada estado tiene dos senadores y tres cuartos desconocen cuántos años de mandato tienen. Cuarenta porciento no puede nombrar a uno de sus senadores. Y estamos hablando de la democracia más antigua con más de 200 años ininterrumpidos de elecciones.

¿Por qué los votantes son tan ignorantes? Según los primeros autores es racional que así sean, porque su voto no decide el resultado de una elección. Cuando uno va a un supermercado, lo que elige es lo que se lleva, pero cuando uno vota, puede llevarse todo lo contrario. Los que votaron a Macri recibieron en cambio a Fernández. Como el vínculo entre la decisión que se toma y el resultado que se obtiene es muy débil (mi voto a presidente es uno entre muchos millones), para qué dedicar mucho tiempo y esfuerzo a estar informado.

A diferencia de los votantes, los políticos tienen un fuerte incentivo para estar informados, porque de ello bien depende su éxito o fracaso en la profesión. Tienen que saber muy bien el impacto de una determinada medida en sus votantes y, sobre todo, a quienes éstos pueden adjudicar tanto el éxito como el fracaso. Esa combinación de votantes desinformados y políticos informados no necesariamente da buenos resultados.

Toda la existencia del lobby tiene que ver con eso. Pues, preguntémonos: ¿cómo es que, en una democracia, donde gobierna una mayoría, se aprueban medidas que benefician ostensiblemente a unos pocos, a costa de todos los demás? Pues la respuesta es que esos pocos tienen fuertes incentivos para estar informados mientras que el resto no. Supongamos que ahora la importación de un determinado producto requiere una licencia de importación muy restrictiva. El fabricante local de ese producto está muy al tanto de esa norma, la busca en el Boletín Oficial y festeja el día que se publica. El resto ni se entera, ya que incluso está redactada de forma tal que es muy difícil de entender. El político conoce esto y sabe que puede beneficiar a ese productor, o a ese sector, sin mayor costo político porque los votantes están, digamos, distraídos. El lobby florece.

La conclusión normativa de autores como Buchanan y Tullock es que difícilmente haya un sistema perfecto. Por eso la recomendación es que el poder esté lo más descentralizado posible, pues es más fácil para un votante estar al tanto de lo que pasa en el barrio que lo que hace el Banco Central, o mudarse de un municipio a otro, y que el uso del poder se restrinja lo máximo posible, sea para CEOS o para científicos, y sobre todo para políticos.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade). Síguelo en @martinkrause

Descentralización y fiscalidad

Por Gabriel Boragina Publicado  el 2/12/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/12/descentralizacion-y-fiscalidad.html

 

Suele diferenciarse entre la descentralización política y la económica, sin advertirse, a veces, que la primera es enteramente dependiente de la segunda si entendemos por descentralización económica la plena autonomía de los entes, municipios, provincias, estados, etc. que se quieran descentralizar.

“el factor que actúa como catalizador entre el proceso fiscal local y el proceso político e institucional a nivel local es el pago libre y voluntario de un mínimo de impuestos y de contribuciones municipales o regionales. Así se origina el interés político. Así se completa la ecuación económica y política. Esta parece ser la ruta más directa hacia la mayor gobernabilidad. Desde luego tal pago estará condicionado por la capacidad fiscal real de cada jurisdicción.”[1]

Como ya señaláramos en una ocasión anterior, no queda del todo claro qué empleo le está destinando el autor citado a la expresión “proceso” para referirse a lo fiscal distinguiéndolo de lo político (e institucional), ambos a nivel local. Sin embargo, ve como “catalizador” de ese “proceso” (que no queda manifiestamente explícito) el pago libre y voluntario de un mínimo de impuestos. La idea luciría atractiva -como también referíamos antes- si no fuera porque toda imposición viene decretada por una ley u otro tipo de resolución a nivel gubernamental (sea local o nacional), de donde se deriva que, si no existiera tal disposición legal la obligación de pago seria imaginaria, y es solamente en esta circunstancia en la que se podría hablar de una voluntariedad de tributación. La reflexión que hacemos es, ¿por qué limitarse a proponerlo exclusivamente para los casos de gobiernos o jurisdicciones locales y no extenderlo a ámbitos más amplios? Dado que si a ello se atribuye (como así parece desprenderse de la cita) el origen inmediato del interés político (“Así se origina el interés político”) no vemos razón alguna para que ese supuesto “interés político” se limite exclusivamente al nivel local y no se expanda a toda la órbita nacional.

Esa ecuación económica y política tampoco resulta explícita. Lo cierto es que ninguna acción política puede llevarse a cabo sin contar con fondos para ello, por lo que es secuela a primera vista evidente que no habría tal ecuación, sino que ella se reduciría a la económica.

La diferencia -a nuestro modo de ver- es si los aportes necesarios para la acción política son compulsivos o voluntarios. Ninguna acción (sea política o no) es posible sin los mínimos recursos para llevarla a cabo. Debemos, pues, definir que tipo de acción queremos: ¿voluntaria o coactiva?

A nivel tanto local como general las opiniones están divididas entre la comunidad. Hay quienes creen ver en la compulsión la única manera de llevar adelante la acción política, en tanto que, por el lado contrario, existen los que entienden que la voluntariedad es suficiente y deseable en sí y por sí misma.

Suponer que sin compulsión no habrá acción política no tiene ningún fundamento, excepto que se crea que la civilización actual -en su totalidad- no se hubiera logrado sin compulsión por parte de estados, reyes, monarcas, emperadores, etc. Pero la cuestión, en última instancia, radica en una decisión social, entendida esta expresión no como simple entelequia, sino como la sumatoria de las voluntades individuales que constituyen un estado o nación. Ello -a su turno- determinará quien estará al comando de la gobernabilidad de la que habla el autor: si la ciudadanía o los políticos.

“El modelo de elección pública local supone que los contribuyentes, como votantes, van a participar más en la política local y van a vigilar rigurosamente a los políticos y burócratas locales. De esta manera habría mayor transparencia en el proceso fiscal y político y una más estrecha congruencia entre sus preferencias y las políticas municipales. La oferta de bienes públicos y la demanda por ellos estarán “más cerca” y habrá mayor correspondencia entre ellas. Pero, ¿qué tan realista es suponer que tal resultado se va a dar automáticamente como producto de la descentralización y de la aplicación de este modelo?”[2]

Indudablemente habrá una mayor inmediatez, pero de ninguna manera ello asegura un mayor compromiso por parte del contribuyente, especialmente (como es el caso argentino) cuando el pago de impuestos es obligatorio. A veces, se confunde en estos temas un superior y más inmediato acceso a la información con un equivalente control o capacidad de influencia en el destino de la recaudación fiscal. No siempre van de la mano, máxime cuando el sistema es compulsorio como el argentino. La condición de contribuyente en un sistema de tal tipo no garantiza, de ninguna manera, que como votante aquel participe más en la política fiscal, la que -como se ha dicho- ya está regulada legislativamente. Depende de factores que en la cita no se consideran, y que son de orden psico y sociológico (conciencia ciudadana, responsabilidad económico-financiera, nivel cultural y educativo, etc.). Estos elementos -que el autor en comentario soslaya alegremente- son más determinantes que el “proceso” cuasi mecánico que describe como si fuera de funcionamiento automático. En otro caso, cabe interpretar que la cita parece suponer un modelo ideal de contribuyente, con una alta formación político-económica lo que no es el caso generalizado, y menos aún en localidades pequeñas donde parece querer focalizarse.

“Las elecciones son formas de escoger públicas y en ellas no son pocas las posibilidades que tienen algunos grupos pequeños para manejar la información y para inducir unos resultados dados. La corrupción no es un fenómeno extraño a nivel del proceso político local ni aun nacional en muchos países del mundo. La pregunta es si la descentralización y unas determinadas características de sus instrumentos y condiciones podrían contribuir a mitigar el problema o a hacerlo más agudo.”[3]

El esquema propuesto en este párrafo parece plantear el caso de una ciudadanía impoluta frente a un grupo de inescrupulosos enquistados en el gobierno, sospechados y sospechosos por esa sola condición. No se ve cómo la descentralización podría ayudar a mitigar el problema de la corrupción o, por el contrario, a agravarlo. Tanto una cosa como la otra dependerá del previo nivel de corrupción que exista en la población, ya sea a nivel local o más amplio.

[1] Eduardo Wiesner. “La economía neoinstitucional, la descentralización y la gobernabilidad local”. Capítulo VI, en Rolf Lüders-Luis Rubio-Editores. Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual. CINDE CIDAC, pág. 329

[2] E. Wiesner. “La economía neoinstitucional, la descentralización y la gobernabilidad local”. Capítulo VI, en Ludes-Rubio, …Ob. Cit. pág. 329

[3] E. Wiesner. “La economía neoinstitucional, la descentralización y la gobernabilidad local”. Capítulo VI, en Ludes-Rubio, …Ob. Cit. pág. 329

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

No, no tenemos que financiar el cine nacional

Por Iván Carrino. Publicado el 21/4/17 en: http://www.ivancarrino.com/no-no-tenemos-que-financiar-el-cine-nacional/

 

La crisis en el INCAA abrió el debate sobre la necesidad de cobrar impuestos para subsidiar la producción de cine nacional. En esta nota, explico por qué dichos impuestos deberían eliminarse.

Argentina es un infierno fiscal. Pagamos 96 impuestos diferentes y la presión tributaria subió nada menos que 16 puntos del PBI en los últimos 14 años. Toda esta gigantesca y pesada maraña tributaria responde a un gasto público desmadrado que apunta no solo a pagar salud, educación y seguridad, sino todo tipo de subsidios y una administración pública ineficiente.

El infierno fiscal que es Argentina debe ser desterrado. El país necesita menos impuestos para crecer y volverse competitivo. Sin embargo, toda vez que aparece una propuesta en este sentido, los grupos de interés beneficiados por los impuestos y los subsidios hacen lobby para que no avance.

El último ejemplo es el del INCAA. A raíz de la desvinculación del ahora ex director Alejandro Cacetta, se puso en discusión la financiación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.  Según trascendidos, una propuesta elevada  por FIEL a las autoridades sugeriría eliminar el impuesto del 10% a las entradas de cine que, dado que es “de asignación específica”, se cobra con el objetivo de financiar las actividades del Instituto.

A raíz de esta situación, muchos actores y miembros de la industria del “cine nacional” se pusieron en campaña para defender la existencia del INCAA, prevenir una eventual reducción de su financiamiento y discutir la idea de que se trate de un fondo que viva de los impuestos.

Costos dispersos, beneficios concentrados

La reacción de los involucrados no debería sorprendernos. Ya la escuela de la Elección Pública nos alertaba sobre el fenómeno de los “costos dispersos” y los “beneficios concentrados” de los impuestos y los subsidios. Dado que el gasto total presupuestado del INCAA es de $ 2.855 millones, se trata de una suma casi insignificante cuando la dividimos por el total de la población. $ 71,4 por año no genera ningún incentivo para que la gente se movilice y pida la reducción del impuesto particular. Sin embargo, recibir $ 2.855 millones al año sí genera incentivos para que la minoría beneficiada con este dinero haga lobby y campañas para no perder su tajada.

Los costos de financiar el “cine nacional” están dispersos entre la población. Los beneficios están concentrados en el INCAA y sus artistas favorecidos.

El dinero del INCAA sí sale de los impuestos

El argumento que utilizan quienes no quieren “desfinanciar el cine nacional” es que el INCAA no es financiado con impuestos. Un mensaje que se viralizó en internet llevaba por título esta misma frase y sostenía que “el dinero [del INCAA] no sale de los impuestos de la gente”.

El dato es falso y puede corroborarse al mirar el presupuesto del propio instituto.  Entre sus recursos, se encuentran: el “Impuesto AFSCA”, el “Impuesto CINE”, el “Impuesto Video”, el “Impuesto INTERNET” y los “Aranceles sobre Copias de Películas Extranjeras”. Entre todos estos impuestos, se acumula un monto total de $ 1.570 millones, 55% del presupuesto. Para completar el total, aparecen aportes de las provincias, de la administración central y también del Tesoro. Es decir, más impuestos, solo que no son de asignación específica.

No existe ninguna partida de recursos que indique siquiera remotamente la financiación con “Aportes Privados”. En conclusión, el INCAA sí se financia con los impuestos que paga la gente.

Desfinanciar al cine es financiar otros consumos

Por otro lado, la consigna de “desfinanciar al cine” frente a la eventual eliminación del impuesto a las entradas esconde que la existencia actual del impuesto está “desfinanciando” otros consumos. Dado que el gobierno toma dinero coactivamente del bolsillo de la gente para fomentar producciones de origen nacional, esto resta recursos para asignar a aquello que los ciudadanos libremente hubieran elegido consumir. Son $ 71,4 por persona que los argentinos podríamos elegir cómo gastar pero que el gobierno decide gastar por nosotros en el INCAA. Recordemos: si “desfinanciar el cine” implica bajar impuestos, entonces se “financiará” otro consumo, pero con la diferencia que éste será elegido libremente por el consumidor.

Una última cuestión en relación al fomento de la industria de local es la siguiente: ¿Por qué tenemos, siquiera, que subsidiarla? ¿Acaso subsidiamos a los shoppings, acaso subsidiamos a los contadores, los odontólogos o los productores de maíz? Por lo general, las actividades productivas funcionan en un entorno de mercado y si son deseadas por el público consumidor, subsisten y generan ganancias: ¿cuál es la excepción a esta regla que tiene el cine nacional? Como bien se preguntaba José Luis Espert en su cuenta de Twitter“¿No hay nadie en este país que no pueda hacer nada sin apoyo del Estado?”.

Financiemos, pero de manera voluntaria

A esta pregunta le agrego que de ninguna manera es cierto que no pueda haber producciones nacionales sin apoyo del estado. Pero si ese fuera el caso, que así sea. La alternativa es violentar la voluntad de consumidores y productores en favor de una casta privilegiada que se esconde bajo la bandera de la “industria cinematográfica nacional”.

Para terminar, vuelvo al título de la nota. Los argentinos sí tenemos que fomentar el “cine nacional”, pero de manera voluntaria y en la medida que lo que éste tenga para ofrecer cumpla con nuestros gustos y preferencias.

Si la única forma que esta industria tiene para sobrevivir es el gasto público financiado con impuestos, entonces tenemos que repensar si es necesario siquiera que exista.

 

Por Iván Carrino. Publicado el 12/4/17 en:Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

El hombre olvidado

Por Adrián Ravier. Publicado el 29/5/13 en http://opinion.infobae.com/adrian-ravier/2013/05/29/el-hombre-olvidado/

Yo, el lápiz de Leonard Read o El uso del conocimiento en la sociedad de Friedrich Hayek se han constituido en clásicos de la literatura económica por su claridad conceptual y su validez universal. “El hombre olvidado” de William Graham Sumner también es un clásico, pero para los lectores de habla hispana es menos conocido. El artículo fue escrito en 1883 y luego publicado por Yale University Press en 1925. Libertas, la revista académica de ESEADE con base en Argentina, lo publicó por primera vez en español en 1997.

Este artículo no intenta ser original en ningún sentido. Sólo intentamos tentar al lector a leer un artículo que entendemos debiera
ser parte de la formación económica y política de todos los jóvenes profesionales y de los hacedores de políticas públicas. Dice el autor:

“La mayoría de los proyectos filantrópicos o humanitarios se ajustan al siguiente esquema: A y B se reúnen para decidir lo que C debe hacer por el bien de D. Todos los esquemas de este tipo están viciados radicalmente, desde el punto de vista sociológico, por el hecho de que a C no se le permite opinar acerca del asunto, y de que su posición, su carácter y sus intereses, así como los efectos que se producirán sobre la sociedad por su conducto, se pasan totalmente por alto. C es lo que yo llamo el Hombre Olvidado.

Consideremos el caso del salario mínimo. Los sindicatos (A) presionan para elevar el salario. El gobierno (B) accede. Los beneficiarios (D) son algunos trabajadores que verán aumentar sus salarios. Sin embargo, un análisis simple de oferta y demanda del mercado laboral nos permite comprender que algunos trabajadores que en ausencia de la legislación hubieran logrado establecer contratos voluntarios de trabajo con los empresarios, por salarios inferior al mínimo establecido, quedan ahora desempleados. Los hombres olvidados (C) son aquellos empresarios y fundamentalmente aquellos trabajadores que en estas circunstancias quedan al margen del trabajo formal.

Veamos otro ejemplo. A es el gobierno americano. B es la Reserva Federal de los Estados Unidos. D son las decenas de empresas americanas que durante la crisis de 2008 eran “demasiado grandes para caer”. ¿Quién es C? Si tomamos en cuenta que A decidió ayudar a D con los planes de estímulo financiados con los impuestos, C son los contribuyentes americanos. Si tomamos en cuenta que B para ayudar a D decidió duplicar la cantidad de dólares que circulaba en el mundo, y tomamos en cuenta que tal decisión reduce el poder adquisitivo de sus tenedores, C son las millones de personas que creían en el dólar como reserva de valor.

No será difícil para el lector extrapolar el análisis a los cientos de casos que día a día publican los diarios en todo el mundo. Cada nueva
legislación que se aprueba tiene un alto porcentaje de posibilidades de haber olvidado a estos hombres.

Por una vez, siquiera, pensemos en él -el hombre olvidado- y consideremos su caso, ya que todos los médicos sociales tienen la
característica de concentrarse sobre algún hombre, o grupo de hombres, cuya situación despierta simpatía y estimula la imaginación, y planifican sus remedios para tratar ese problema en particular. Ignoran totalmente cuál es la fuente de la que deben extraer la
energía que emplean en sus remedios y pasan por alto todos los efectos que éstos producirán sobre los demás miembros de la sociedad, ya que sólo tienen en cuenta los que les interesan. Están dominados por la superstición del gobierno y, olvidando que éste no produce nada en absoluto, pierden de vista lo primero que deberían recordar al hacer cualquier análisis social: que el Estado no puede obtener un céntimo de ningún hombre sin quitárselo a otro, y este último es quien lo ha producido y ahorrado: el Hombre Olvidado.

El mensaje de William está comprendido en la literatura económica e incluso se han logrado importantes avances sobre la cuestión. La Teoría de la Elección Pública, por ejemplo, ha logrado desarrollar modelos que explican que aun cuando los beneficiarios de las políticas gubernamentales sean pocos, éstos pueden lograr que una legislación sea sancionada porque sus intereses están concentrados, mientras que los hombres olvidados, aun cuando sean muchos, están dispersos. Esto lleva a que los grupos de presión (A) convenzan a los legisladores (B) a sancionar leyes a favor de cierto grupos (D), pero nunca consultan a quienes en definitiva pagan por aquellos gastos y que en definitiva representan la mayoría.

La democracia de las mayorías también se ve vulnerada con el logrolling o intercambio de votos, en el sentido que un legislador puede apoyar el proyecto de otro a cambio de que éste último apoye el del primero. Es así como pequeños grupos de presión van logrando aprovecharse de aquel hombre olvidado, el que “pasa de largo y nadie repara en él, porque se ha comportado bien, ha cumplido sus promesas y no ha pedido nada”.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

 

El legado de James M. Buchanan (1919-2013)

Por Alejandra M. Salinas.

El pasado 9 de enero murió James M. Buchanan, distinguido intelectual y académico liberal que co-fundó la teoría de la elección pública y dedicó su carrera a analizar la lógica del contractualismo constitucional y del proceso de toma de decisiones económicas y políticas. Por sus aportes excepcionales y su fructífera labor recibió el Premio Nobel de Economía en 1986. Al momento de su muerte era Profesor Emérito de George Mason University y Presidente del Consejo Consultivo de Eseade.

La visión que Buchanan desarrolló sobre la filosofía del sector público puede resumirse en sus propias palabras como “la política sin romance”, anclada en el presupuesto de que los funcionarios y tomadores de decisiones políticas tenderán a satisfacer su interés propio ante que a asegurar el bien común o el servicio público, razón por la cual es necesario introducir límites constitucionales y fiscales para proteger los derechos individuales de la acción y las decisiones colectivas.

La visión de Buchanan logró articular de modo consistente las ideas éticas, metodológicas, políticas y económicas que animan el espíritu liberal, entre las cuales se destacan las siguientes:

▪ Dado que los individuos tienen diferentes preferencias ellas deben ser reconciliadas mediante instituciones y procesos políticos liberales y democráticos.

▪ Las reglas específicas para tomar decisiones deben emerger de un nivel de deliberación constitucional.

▪ Defender la libertad exige una defensa normativa de ciertas instituciones políticas que restrinjan al gobierno, incluyendo una constitución fiscal e impositiva, y la regla de presupuesto equilibrado.

▪ La teoría de la oferta de bienes públicos indica que los burócratas y políticos tratarán de expandir el tamaño del Estado a expensas del contribuyente individual.

▪ La teoría de la “búsqueda de beneficios” indica que en lo referente al sector público, podemos esperar que los recursos sean dilapidados para asegurar ciertos privilegios.

▪ Una desconfianza en los procesos gubernamentales es “parte y porción de la herencia filosófica (liberal) que todos compartimos”.

Es de esperar que el legado de tan distinguido pensador siga siendo difundido y estudiado, tal como lo ha venido haciendo Eseade desde un comienzo.

Los siguientes artículos de James M. Buchanan fueron publicados en la revista de Eseade y están disponibles sin cargo en nuestra página web:

 ¿Qué deberían hacer los economistas?

http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/49_2_Buchanan.pdf

 La dimensión moral del financiamiento de la deuda

http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/44_2_Buchanan.pdf

 Consecuencias económicas del estado benefactor

http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/43_1_Buchanan.pdf

 La deuda pública y la formación de capital

http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/18_4_Buchanan.pdf

 Apatía del contribuyente, inercia institucional y crecimiento económico

http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/13_8_Buchanan.pdf

 ¿Pueden los “Estados Benefactores” en democracia sobrevivir las crisis financieras?

http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/12_5_Buchanan.pdf

 Alejandra M. Salinas es Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Doctora en Sociología. Fue Directora del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de ESEADE y de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas. Es Secretaria de Investigación y Profesora de las Asignaturas: Teoría Social, Sociología I y Taller de Tesis de ESEADE.