Egipto

Hacia la liquidación del Fondo Monetario Internacional

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 6/11/21 en: https://www.infobae.com/opinion/2021/11/06/hacia-la-liquidacion-del-fondo-monetario-internacional/

El organismo multilateral de crédito alimenta a burócratas que son remunerados a costa de los contribuyentes para incentivar el despilfarro y, por ende, el empobrecimiento de los más vulnerables cuyos salarios se ven reducidos por el creciente estatismo

En momentos en que en nuestro medio se discute acaloradamente sobre las pesadas deudas contraídas con el FMI, es oportuno tomar distancia y reconsiderar el tema, no solo para nuestro país sino en vista de las consecuencias que se suceden en el llamado mundo libre.

Henry Hazlitt, el economista estrella de Newsweek durante décadas y el célebre autor de La economía en una lección y del detallado y voluminoso análisis de la teoría keynesiana titulada Los errores de la nueva economía, escribió una columna el 11 de noviembre de 1963 que parece preparada para las instancias que corren. Se titulaba “Deshagan el FMI” donde explica que esa institución se estableció en reemplazo de la disciplina monetaria que establecía el patrón oro clásico al efecto , en su lugar, de dar rienda suelta a los procesos inflacionarios. Una vez establecidos los Acuerdos de Génova y Bruselas de los años 20 que permitieron abrir los grifos de la inflación a través de las bancas centrales, se instaló este “banco central de bancos centrales” que luego se transformó en prestamista de gobiernos fallidos. Hazlitt recuerda que “los padres de la entidad fueron Harry Dexter White por los Estados Unidos y Lord Keynes por Inglaterra. White sirvió como director ejecutivo del FMI quien en 1945 fue denunciado por el FMI como espía ruso lo cual fue ratificado por la Justicia en Estados Unidos […] Y Keynes -el mayor apóstol de la inflación de todos los tiempos- en el Parlamento británico el 23 de mayo de 1944 aseguró: ¨Si tengo alguna autoridad para decir en que es y que no es la esencia del patrón oro, diría que este plan es su exacto opuesto´ es decir el derrumbe de la moneda independiente del poder político.”

En esta línea argumental es pertinente recordar que en su prólogo a la edición alemana de la Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, en 1936, en plena época nazi, Keynes escribió que “la teoría de la producción global que es la meta del presente libro, puede aplicarse mucho más fácilmente a las condiciones de un Estado totalitario que a la producción y distribución de un determinado volumen de bienes obtenido en condiciones de libre concurrencia”.

Dadas los renovados entusiasmos por este autor, conviene volver sobre algunos pensamientos que aparecen en esa obra de Keynes, quien, entre otras cosas, propugna “la eutanasia del rentista y, por consiguiente, la eutanasia del poder de opresión acumulativo de los capitalistas para explotar el valor de la escasez del capital”. Asimismo, respecto de la moneda puntualizó que “la solución se encontrará normalmente alterando el patrón monetario o el sistema monetario de forma que se eleve la cantidad de dinero”.

En este contexto Hazlitt concluye que “la solución real consiste en desmantelar el Fondo Monetario Internacional […] ya que es una gigantesca máquina de inflación mundial” y más adelante subraya que “es realmente asombroso que este sistema fabricado en Breton Woods en 1944 es no sólo tolerado sino considerado sacrosanto”.

Por su parte, el cuatro veces candidato a la presidencia en Estados Unidos y congresista Ron Paul en el Ron Paul Institute, el 24 de marzo de 2015, en una columna titulada “Eliminen, no reformen al FMI” reitera que esa institución es coactivamente financiada por los contribuyentes de distintos países para dar sustento a gobiernos corruptos y quebrados como consecuencia de aplicar medidas estatistas, y cuando están por renunciar o reconocer sus fracasos reciben carradas de dólares a tasas de interés menores a las de mercado y con repetidos períodos de refinanciación y perdones de diversa envergadura. A título de ejemplo muestra la financiación que recibía del FMI Saddam Hussein y al último apoyo escandaloso a Grecia.

Antes he escrito sobre el FMI pero es del caso repasar lo dicho en este contexto. Entre muchos otros, al decir de economistas de la talla de Peter Bauer, Doug Bandow, Robert Barro, Karl Brunner, Ronald Vauvel y Raymond Mickesell, como queda dicho, esa institución sirve para financiar a gobernantes ineptos empujados por la realidad de sus desaciertos, en lugar de permitir que se reviertan sus fracasadas políticas estatistas reciben cuantiosos recursos del Fondo al efecto de continuar con aparatos estatales sobredimensionados a los que generalmente aconsejan incrementar aun más las cargas impositivas y otras medidas al efecto de equilibrar sus presupuestos, pero no reducir el tamaño del Leviatán.

Sostienen estos profesionales que ese ha sido el caso repetidamente en Argentina, México, Bolivia, República Dominicana, Haití, Indonesia, Irak, Pakistán, Tanzania, la ex Camboya, Filipinas, Ghana, Nigeria, Sri Lanka, Zambia, Uganda, Turquía, El Salvador, Egipto y Etiopía. En este plano debido a la insistencia en sostener que el FMI significa un nuevo orden internacional, Harry Johnson ha consignado que “el llamado nuevo orden internacional no es nuevo, ni orden ni internacional sino que es una copia del mercantilismo del siglo XVI”.

En su visita a Buenos Aires, Yuri Yarim Agaev, enviado por Vladimir Bukouvsky -uno de los más destacados disidentes de la ex Unión Soviética junto con Alexander Solzhenistin- informó que luego del derrumbe del Muro de la Vergüenza liberales rusos estuvieron a punto de acceder al gobierno “si no fuera por la apresurada irrupción del FMI que dotó de millones de dólares a miembros de la nomenclatura de donde finalmente surgió el actual gobierno”.

Fue muy difundido el caso del general Mobutu Sese Seko que usurpó el poder en Zaire que fue el mayor receptor de ayuda por parte del FMI en relación a su población. El poder de Mobutu fue absoluto condenando a la gente a los suplicios más horripilantes en un contexto de saqueo permanente que permitió que ese sátrapa acumulara una fortuna de ocho mil millones de dólares de esa época.

Entonces, debido a la referida trayectoria y a la fuente de recursos a la que echa mano es que autores como los mencionados sugieren la liquidación de esa entidad, a los que debe agregarse el jugoso ensayo de Anna Schwartz (la coautora con el premio Nobel en economía Milton Friedman de la muy difundida historia monetaria estadounidense) titulado “Es tiempo de terminar con el FMI y el Departamento de Estabilización del Tesoro” y los suculentos libros, por una parte, de Melvyn Krauss titulado Development Without Aid y, por otra, el de la doctora en economía por la Universidad de Oxford y conocedora de lo ocurrido en países africanos Dambisa Moyo con un título que pone al descubierto el meollo de la cuestión: Cuando la ayuda es el problema, en donde se detallan innumerables casos patéticos de países que reciben cuantiosos recursos en medio de corrupciones alarmantes y dislates económicos fomentados por la ayuda que, como queda consignado, proviene coercitivamente de bolsillos ajenos.

En esta secuencia que presentamos es importante subrayar que no resulta apropiado establecer un correlato de la deuda pública con la privada en cuanto al retorno sobre la inversión en el sentido de evaluar las ventajas de abstenerse de consumir en el presente para la obtención de beneficios en el futuro. En primer término porque no hay tal cosa como “inversión pública” ya que la naturaleza de la inversión es necesariamente voluntaria al estimar ventajas futuras en relación al presente por lo que se procede a ahorrar y a colocar esos recursos. El uso de la fuerza en la exacción de fondos nunca puede traducirse en inversión, “inversión forzosa” constituye una contradicción en los términos. De lo que se trata en el ámbito gubernamental es de gasto corriente o gasto en activos fijos pero, como decimos, no tiene sentido ni rigor alguno la parla de “inversión pública”. Si se le arrancara la billetera al lector y el asaltante dijera que le invertirá el fruto del asalto para beneficio del asaltado, queda clara la incoherencia puesto que el titular le hubiera dado otro destino al fruto de su trabajo y aun en el supuesto que le hubiera dado el mismo queda el perjuicio del atropello (por otra parte, la única manera de definir preferencias es dejar que el titular de los recursos las manifieste).

Viene ahora otro asunto también de gran trascendencia y es que todo compromiso efectuado libre y voluntariamente debe ser honrado por quien lo contrajo. En nuestro caso, todas las promesas de repago por préstamos concedidos deben cumplirse, de lo contrario los incumplidores deben sufrir las sanciones correspondientes sin atenuantes. Este es otro asunto bien diferente que debe analizarse por cuerda separada. Estamos rodeados de caraduras que mendigan préstamos y luego se niegan a pagarlos.

En todo caso para abrir el tema en la dimensión de la deuda pública externa, es de interés recordar que cuando Thomas Jefferson siendo embajador en París recibió la flamante Constitución norteamericana escribió que “si hubiera podido agregar una cláusula adicional la concretaría en la prohibición al gobierno de contraer deuda” que como lo expresó otro premio Nobel de economía, James M. Buchanan, “significa comprometer coactivamente patrimonios de futuras generaciones que ni siquiera han participado en el proceso electoral para elegir al gobierno que contrajo la deuda.”

En resumen, el Fondo Monetario Internacional alimenta a burócratas que son remunerados con honorarios colosales a costa de los contribuyentes para en definitiva incentivar el despilfarro y, por ende, el empobrecimiento de todos pero muy especialmente de los más vulnerables cuyos salarios se ven reducidos por el creciente estatismo. En otros términos, el fondo del fondo es terminar cuanto antes con esta nefasta institución empobrecedora.

En este cuadro de situación, los gobiernos que se encuentren en serias dificultades por sus mayúsculos desaciertos tendrán dos opciones: rectificar sus errores abriendo el mercado y fortaleciendo marcos institucionales civilizados o, de lo contrario, continuar con los desatinos pero financiados por Corea del Norte, Cuba o similares…si es que allí encontrarán dólares, pero no de parte de Washington y sus aliados.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

El «fundamento» económico del impuesto

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2020/05/el-fundamento-economico-del-impuesto.html

El impuesto es siempre una confiscación mal que les pese a los juristas y -en particular- a los tributaristas, porque viola la propiedad privada, pero no sólo esta, sino que -además y por, sobre todo- la libre voluntad del obligado al pago.

No existe tampoco ningún «mandato de la colectividad ejercitado por medio de sus representantes legales y que importa la decisión colectiva de hacer entrega al Estado de la parte alícuota del patrimonio particular» salvo en un sentido romántico e idealista de la democracia. Pero, en su significado realista ese mandato es el de una mayoría sobre una minoría que es, en esencia, lo que constituye la base del sistema democrático (el gobierno de una mayoría sobre una minoría) excepto en el raro caso de un resultado por unanimidad.

Pero aun en caso de unanimidad hay derechos que no son votables. El derecho a la vida no puede ser objeto de votación y nadie -ni en democracia o fuera de ella- puede desconocerlo. Si una unanimidad parlamentaria decidiera que los blancos pueden -de aquí en más- esclavizar a los negros (o viceversa) tal ley seria nula por violar el derecho natural. De la misma manera, ninguna unanimidad democrática puede arrogarse derechos sobre lo que es propiedad de otros. Estas cosas no son fruto de elección colectiva, ni de decisión siquiera. La propiedad privada es un hecho que el derecho simplemente se limita a reconocer protegiéndolo. Si democráticamente se decidiera suprimirlo sería imposible, porque implicaría que lo que es de todos no es de nadie, apareciendo «la tragedia de los comunes» explicada por Garret Hardin. Involucraría volver a «la ley de la selva» del «todos contra todos», disputándose todos, la propiedad exclusiva de las cosas. La civilización es posible gracias al reconocimiento del derecho de propiedad. La barbarie es el resultado de su desconocimiento. Estos derechos -entonces- están mucho más allá de las elecciones y votaciones parlamentarias.

Si el gobierno fuera una necesidad real de la gente no sería necesaria compulsión alguna contra ella para crearlo y sostenerlo económicamente. Lo seria voluntariamente.

«En punto al fundamento económico del impuesto, no existe razón más valedera que la necesidad de mantener al Estado, y la consiguiente exigencia de que todo el mundo brinde su aporte al respecto. De otro modo, probablemente ocurriría el dramático vaticinio de Stuart Mill: «En ausencia de todo gobierno, los fuertes, los ricos, veríanse obligados a protegerse recíprocamente; pero los débiles, los pobres, no podrían escapar a la esclavitud».»[1]

Sucede que el vaticinio de Stuart Mill se cumplió con los gobiernos incluidos, con los cuales todos, ricos y pobres se han visto reducidos a la esclavitud gubernamental. No era algo difícil de vaticinar: ya estaba ocurriendo en su época, y había sucedido antes de la suya. La fortaleza de los ricos pasó a los gobiernos, volviéndose ricos estos y reduciendo a los antes ricos a la debilidad de la pobreza, excepto en aquellos casos en la que los ricos entraron en alianzas espurias con los gobiernos para obtener ventajas de parte de este. Hoy en día, ricos y pobres se encuentran obligados a protegerse del gobierno cuando tendría que ser al revés. La cita anterior no tuvo en cuenta que basta una ley del gobierno que decrete que los ricos deben entregar su fortuna al poder de turno para que su antigua riqueza pase a ser solo un melancólico recuerdo y su despojo una triste realidad presente. La fuerza la tiene el que hace la ley y la ejecuta. Y eso solo lo pueden hacer los gobiernos, no los ricos.

Véase la contradicción del autor analizado cuando cita a Mill (con quien acuerda) comparado con sus primeras reflexiones sobre los gobiernos de la antigüedad (Egipto, Grecia, Roma, etc..) de los que decía que reducían a la miseria a sus pueblos sin distinción de fortunas. Egipcios, griegos, romanos, etc. no eran pueblos sin gobiernos. Lo que dice Mill era lo que ocurría con los gobiernos antiguos y modernos. Los gobiernos no evitan la esclavitud, sino que esclavizan a sus súbditos apenas tienen la oportunidad de hacerlo. La esclavitud no aparece por la ausencia de gobierno sino por su exceso. En realidad, la esclavitud sólo ha aparecido en aquellos lugares donde primero brotaron los gobiernos.

En consecuencia, el «fundamento económico del impuesto» que da el autor no es tal.

«Es verdad que, a través de los tiempos, varió el carácter de la gravitación del impuesto sobre los diversos factores que incluyen a la sociedad: los magnates, los poderosos, los ricos, los pobres, los totalmente desheredados de fortuna. Es obvio que en los casos de pobres y desamparados, no se debían construir doctrinas jurídico-filosóficas para justificar su exoneración de impuestos. Los hechos de su propia impotencia para hacer frente a cualquier carga fiscal, los colocaban al margen. Pero existían modos muy violentos para hacer que tampoco los absolutamente despojados de bienes materiales se excluyeran de la obligación de contribuir al sostén del Estado y entre ellos, el más conocido, fue la reducción a la esclavitud, al trabajo forzoso, para que, de esta manera, solventara sus deberes.»[2]

En realidad, raro es encontrar alguna época en el curso de la historia en que los gobiernos de cualquier signo que fueran excluyesen a alguien de la obligación de tributar en función de su escasa o amplia fortuna. Mas allá de las elucubraciones jurídicas que hace la cita, en el mundo real todos los gobernantes sometían a todos sus súbditos a la obligación de tributar. Recordemos que el mismo autor que estamos comentando comenzó su artículo exponiendo varios casos de lo dicho. Es más, los pobres eran el resultado directo del impuesto, que reduce la capitalización y -por lo tanto- la riqueza existente. No eran pobres por algún infortunio natural, sino que la causa de su pobreza era el impuesto, aspecto que los juristas -en general- desconocen por su falta de formación económica, lo que es palmario en el autor que analizamos ahora.

Si bien la pobreza es la condición natural del hombre, la riqueza en el pasado reconoce una historia de desfalcos y apropiaciones, cuyos autores eran los fuertes que eran -coincidentemente- los que ejercían el gobierno. Y es por esto que eran ricos, no porque compitieran en un mercado libre de regulaciones estatales, cosa que en no existió hasta bien entrado el siglo XVIII, y en forma germinal. Los ricos del pasado -como hoy- eran los gobernantes, sólo que actualmente se enriquecen de manera algo más sofisticada y menos brutal.

[1] Mateo Goldstein. Voz «IMPUESTOS» en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15 letra I Grupo 05.

[2] Goldstein, M. ibidem. Op. Cit.

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en @GBoragina

El caso ChiChi: las tensiones entre instituciones y mentalidad económica.

Por Carlos Newland:

Puede suponerse que si la mayor parte de la población de un país valora los atributos de una economía de mercado votará por opciones políticas conducentes a marcos institucionales proclives a generar competencia, desarrollar la iniciativa privada y limitar a la acción gubernamental. La elaboración de un índice mundial de pensamiento pro mercado (FMMI) por parte de quien escribe estas líneas junto con Pal Czegledi, ha permitido ranquear a las naciones según el grado de apoyo popular al capitalismo. Gracias a esta métrica se ha podido constatar que una alta valoración del sistema de mercado ha generado usualmente instituciones económicas eficientes (según, por ejemplo, el Índice Fraser de Libertad Económica), como es el caso de la Anglósfera (USA, Australia, Nueva Zelanda, Canadá), las naciones de Europa del Norte, y aquellas de la Sinósfera (como Japón, Vietnam o Taiwán). Por otra parte, los países donde domina una mentalidad más afín al socialismo o a la intervención gubernamental han generado instituciones adversas a la eficiencia económica, y con ello han afectado su desarrollo, como es el caso de Argentina, Ucrania o Egipto. Puede entonces postularse que existe una relación directa entre mentalidad, instituciones y desarrollo económico. Pero este no siempre es el caso: pueden existir situaciones en que la mentalidad popular no ha podido expresarse libremente: en esos casos una minoría ha podido imponer sus instituciones de preferencia por la fuerza y sin consentimiento popular. Tal parece ser el caso de lo que denominamos Chichi, China y Chile. En ambas naciones parece existir un contraste entre la mentalidad popular y las instituciones o marco dentro de la cual sus agentes económicos operan.

China sería el caso de una población que presenta un positivo y moderado apoyo al sistema de mercado medido por el FMMI, o un muy alto apoyo según encuestas del Pew Research Center. Pero esta nación ha sufrido en la segunda mitad del siglo XX la imposición de un muy duro y rígido sistema comunista. Los miembros del partido y su líder Mao lograron forzar una economía planificada y centralizada con resultados negativos de desempeño productivo. Esta situación comenzó a variar hacia 1978 cuando los integrantes de la jerarquía comunista fueron abandonando muchos postulados de su ideario, cambiando paulatinamente sus instituciones. Así, liberaron más y más su economía, permitiendo el funcionamiento de incentivos a la producción y a la eficiencia. Gracias a ello su crecimiento ha sido espectacular, transformándose hoy en día en una potencia mundial similar a los Estados Unidos. Se ha mencionado que un detonante del cambio en China fue la iniciativa de altísimo riesgo que tomaron algunos agricultores en 1979, de subdividir a los efectos prácticos la tierra comunal. Tan fue el éxito del experimento ilegal que las autoridades lo terminaron aceptando y promoviendo. En última instancia los gobernantes han ido aceptando la mentalidad de la población. Es altamente probable que, si China se transformara de una dictadura a una democracia, los partidos políticos proclives a la economía de mercado serían los dominantes y no lo contrario.

Chile parece ser el caso opuesto a China. Allí el apoyo al sistema de mercado es bajísimo según la medición del FMMI, donde presenta valores similares a los de Argentina. Ello no nos puede sorprender mucho ya que en 1970 la población eligió como presidente al marxista Salvador Allende, quien intentó aplicar un modelo socialista, lo que incluía nacionalizaciones, control público de la banca y la reforma agraria. El marco institucional en Chile no cambiaría por un cambio en la ideología de los votantes sino por imposición de un gobierno militar. En 1973 el gobierno golpista del General Augusto Pinochet encomendó a un grupo de economistas pro mercado, denominados allí “Chicago Boys”, el diseño e implementación de una política económica que incluyo desregulación, privatizaciones y el logro de la estabilidad monetaria. Inclusive Milton Friedman visitó al país en 1975 dando apoyo a las reformas que se estaban implementando. Con el tiempo esta política resultó muy exitosa y Chile ingresó a un notable sendero de crecimiento y reducción del nivel de pobreza, superando recientemente al ingreso per cápita (y la esperanza de vida, junto con una menor mortalidad infantil) de su tradicionalmente más próspero vecino Argentina. Pero el nuevo estadio de desarrollo obtenido no parece haber afectado estructuralmente la ideología económica de sus habitantes. La mentalidad popular que fue el sustrato de la elección como presidente de Allende sigue en gran medida vigente: el FMMI del país es bajo, muy similar al presentado por la población de Argentina. Es de destacar que los diversos gobiernos de centro izquierda que ganaron las elecciones a partir de la vuelta a la democracia en 1990 (hasta 2010, y de nuevo en 2014) no se atrevieron a desmantelar (aunque si atemperaron) el marco institucional recibido. Sin embargo, el país claramente estaba en una situación de un equilibrio político inestable. Si hubiera aparecido en ese país -uno de los pocos donde todavía se encuentra muy activo el Partido Comunista- un personaje carismático populista de izquierda, Chile podría haber seguido el camino de Argentina o Venezuela. El reciente estallido social no es más que una manifestación popular de una ideología reprimida que ha encontrado en las calles un modo de expresarse.

Carlos Newland es Dr. Litt. en Historia. Profesor y Ex Rector de ESEADE.

Contra la tiranía del statu quo

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 9/10/18 en: https://www.lanacion.com.ar/2179770-contra-tirania-del-statu-quo

Los beneficios sociales de eliminar el despilfarro son mayores que los costos, hay que usar la imaginaciÃ³n para salir del letargo en el que estamos desde hace 70 aÃ±os

Los beneficios sociales de eliminar el despilfarro son mayores que los costos, hay que usar la imaginación para salir del letargo en el que estamos desde hace 70 años.

La cobertura por parte del FMI respecto a problemas que surgieron como consecuencia de la demora en adoptar medidas necesarias y urgentes por parte de la actual administración, brinda una oportunidad para meditar sobre el futuro de la economía de nuestro país aunque por el momento se pretenda paliar parte de lo que viene ocurriendo con tasas de interés explosivas.

En primer lugar subrayamos que tal como han señalado numerosos autores de la tradición de pensamiento liberal, el Fondo Monetario Internacional es una entidad financiada coactivamente con los recursos detraídos de los contribuyentes al efecto de brindar apoyo a gobiernos fallidos debido a políticas estatistas. Y cuando los gobernantes del caso están en plena crisis y a punto de verse obligados a rectificar sus conductas inapropiadas, irrumpe el FMI con carradas de dólares con préstamos a tasas de interés inferiores a las que corresponden al mercado y con períodos de gracias y eventualmente waivers lo cual en definitiva permite continuar con políticas desacertadas.

Estos han sido los casos de Tanzania, Zaire, Sri Lanka, Nigeria, Mozambique, Indonesia, Rusia, Turquía, Haití, Bolivia, México, Rumania, Egipto y en repetidas ocasiones de Argentina. Es por ello que, por ejemplo, el premio Nobel en economía James M. Buchanan junto a Anna Schwartz han sugerido la inmediata liquidación del FMI, una entidad que estiman sumamente contraproducente.

Es por eso que economistas de la talla de Doug Bandow y Ronald Vauvel destacan que esa organización internacional es responsable de fomentar la pobreza, en muy documentados ensayos que llevan respectivamente los sugestivos títulos “The IMF: A Record of Addiction and Failure” y “The Moral Hazard of IMF Lending”.

De todos modos en nuestro caso se trata de un hecho consumado por lo que, como queda dicho, dada la situación intentemos sacar partida del tiempo disponible para apuntar en una dirección que nos vuelva a colocar en las posiciones relevantes antes de que hicieran estragos los populismo vernáculos. Para este ejercicio sugiero no nos concentremos en los obstáculos para adoptar medidas de fondo -en muchos casos pretextos para la inacción- sino en su conveniencia puesto que elaborar sobre las vallas es un modo de obviar el debate. Por el contrario, es indispensable dar la discusión en primer término para luego esforzarnos en difundir la idea en dirección a su aplicación cuando le llegue el turno, pero nunca le llegará el turno si no enfrentamos el debate.

La banca central puede operar solo en una de tres direcciones: expandir, contraer o dejar inalterada la base monetaria. En cualquiera de estos caminos inexorablemente deteriorará los precios relativos, es decir, los únicos indicadores que tiene la economía para asignar los siempre escasos recursos, con lo que el consecuente derroche reduce salarios e ingresos en términos reales. No hay forma de salir del mencionado atolladero y si suponemos que los banqueros centrales tuvieran la bola de cristal y supieran que es lo que la gente prefiere en cuanto a oferta monetaria, no tendría tampoco sentido su existencia puesto que harían lo mismo que la gente reclama en cuanto a activos monetarios y no tendría sentido superponer decisiones con el consiguiente engrosamiento de gastos. Para saber que es lo que la gente demanda hay que dejarla que opere.

Resulta vital que la gente pueda elegir los instrumentos financieros con los que lleva a cabo todos sus contratos para lo cual, un primer paso consiste en abrogar el curso forzoso de la moneda local y si, además, se elimina el sistema bancario de reserva fraccional, la situación mejoraría grandemente al dejar sin efecto la producción secundaria de dinero.

No es pertinente ser arrastrados por declamaciones nacionalistas en cuanto a machacar con la idea de la denominada soberanía monetaria que no solo contiene una trampa letal para mantener presos a los ciudadanos a través de la apropiación del fruto del trabajo ajeno, sino que deja de lado que, en última instancia, la soberanía radica en las autonomías individuales y no en un trozo de papel con o sin respaldo.

Por su parte el tipo de cambio es un precio como cualquier otro y debe responder a las valorizaciones cruzadas de las partes contratantes y no decretar la flotación como si fuera una gracia que otorgan los aparatos estatales (dicho se de paso, generalmente flotación sucia).

Y resulta tragicómico cuando burócratas la emprenden contra la especulación sin percatarse que no hay acción humana que no sea especulativa, esto es, que tenga como horizonte atender el interés personal del sujeto actuante cualquiera sea la naturaleza de los actos que se lleven a cabo. En el fondo se trata de una tautología puesto que no es concebible un acto que no esté en interés de quien lo ejecuta, con lo que se abre paso la especulación en el sentido de apuntar siempre a una situación más favorable que la anterior al acto desde el punto de vista de quien lo realiza.

En este contexto me parece de una importancia decisiva mostrar que estrictamente no hay tal cosa políticas monetarias y cambiarias adecuadas. Conviene reiterar lo que han escrito los premios Nobel en economía Friedrich Hayek y Milton Friedman.

El primero ha consignado que “Hemos tardado doscientos años en darnos cuenta del bochorno de unir a la religión con el poder político, es de desear que no demoremos otro tanto en darnos cuenta que la unión del dinero con el poder político es solo para succionar el fruto del trabajo ajeno” y el segundo escribió que “El dinero es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de banqueros centrales”.

El paréntesis en el que entramos en esta etapa por las razones apuntadas, además de que es hora de comenzar la campaña para desmitificar aquello de “la autoridad monetaria” (ninguna banca central de la historia ha preservado el poder adquisitivo de la unidad monetaria), también nos permite sopesar la necesidad de liberar recursos esterilizados en actividades gubernamentales incompatibles con un sistema republicano, lo cual es otra manera de aludir a la necesidad de cortar el elefantiásico gasto público.

Sin duda que esta medida conlleva costos pero el engrosamiento de los bolsillos de los recipiendarios permite reasignar factores productivos con lo que los salarios se elevan puesto que las tasas de capitalización constituyen la única causa de enriquecimiento. Los beneficios sociales netos de eliminar el despilfarro son infinitamente mayores que los costos, por lo que no es cuestión de pontificar acerca de la enfermedad y negarse a aceptar los medicamentos.

La eliminación de funciones (y no simplemente podas y enroques circunstanciales de funcionarios) permitirán encarar reformas sustanciales en la insoportable presión tributaria y el colosal endeudamiento público.

Necesitamos subir la vara de la excelencia y dejar de lado el espíritu conservador en el peor sentido de la expresión, dejar de lado lo que el antes citado Friedman ha condenado una y otra vez: la tiranía del statu quo y usar la imaginación para salir del letargo en el que nos encontramos sumidos desde hace siete largas décadas. Todos tenemos que contribuir en esta batalla cultural al efecto de correr la agenda hacia temarios de una sociedad abierta, lo cual resulta trascendental para nuestro futuro.

La mentalidad capitalista

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 26/3/18 en: http://www.carlosrodriguezbraun.com/articulos/expansion/la-mentalidad-capitalista/

Parafraseo el título de Ludwig von Mises para subrayar que, al revés de lo que nos cuentan, el liberalismo no solo no venció en el campo de los hechos, sino que tampoco convenció en el campo de las ideas. Las alegrías liberales asociadas con la caída del Muro de Berlín han resultado efímeras.

Sobre la base de la Encuesta Mundial de Valores, el economista e historiador argentino Carlos Newland ha construido un Índice de la Mentalidad Pro Libre Mercado para un grupo de países, y lo ha calculado para un periodo de más de dos décadas —“Is Support for Capitalism Declining around the World? A Free-Market Mentality Index, 1990-2012”, The Independent Review, primavera 2018.

Se observa que, efectivamente, las simpatías por el capitalismo crecieron en el mundo en los años ochenta y noventa, pero perdieron fuerza a partir del año 2000. En el 2012, el último de la serie, la mentalidad capitalista era más fuerte en Taiwán, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y Australia. No parece, por tanto, que el capitalismo deba arraigar en una determinada cultura, porque los procapitalistas corresponden a una anglo-esfera pero también a una sino-esfera, que también incluye a la propia China, aunque con cifras menores.

En los países ex comunistas no hay mucho aprecio por el mercado libre, seguramente por la mala transición que se llevó a cabo en muchos de ellos. En América Latina el aprecio es bajo en Chile, Argentina y Uruguay, y curiosamente obtiene el mayor aprecio en Brasil: el populismo no ha prevalecido allí en el ámbito de los valores.

Europa tiene los mayores registros pro-mercado en Alemania, Suecia, Suiza, Noruega y Finlandia. España está a medio camino, pero estable, sin caídas. El más bajo es Turquía. En África secundan el mercado más en Ruanda y Zimbabue, pero mucho menos en Sudáfrica. Los países musulmanes son en general contrarios al capitalismo, en especial Argelia, Qatar, Libia, Irak, Egipto, Palestina y Jordania. Una excepción procapitalista es Yemen. En Asia están Singapur, India y Malasia en puestos intermedios.

El apoyo al capitalismo claramente baja entre 1990 y 2012, en una tendencia “gradual y continua, con lo que no puede ser atribuida la Gran Recesión de 2007-9”.

Los países con ideología más procapitalista suelen ser aquellos con economías más libres y competitivas, y habitualmente ricos, pero no necesariamente: Georgia y Ruanda, por ejemplo. Hay países poco capitalistas y con poca libertad de mercado, como Argentina, y países anticapitalistas con bastante libertad económica, como Chile.

Aunque el panorama no es homogéneo, el profesor Newland observa que “en general una fuerte mentalidad capitalista coexiste con (y probablemente genera) un marco institucional favorable, como ilustran los países más ricos del mundo: EE. UU., Alemania y Japón”.

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE

El Fondo Monetario Internacional

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 14/5/18 en: https://www.cronista.com/columnistas/El-Fondo-Monetario-Internacional-20180514-0013.html

El FMI fue una creación de Bretton Woods inspirada por John Dexter White y John Maynard Keynes, primero como banquero de banqueros centrales y luego como prestamista. Entre otros, al decir de economistas de la talla de Peter Bauer, Doug Bandow, Robert Barro, Karl Brunner, Ronald Vauvel y Raymond Mickesell, esa institución sirve para financiar a gobernantes ineptos que cuando están por renunciar o, empujados por la realidad, revertir sus fracasadas políticas estatistas reciben cuantiosos recursos a bajas tasas de interés con períodos de gracia al efecto de continuar con aparatos estatales sobredimensionados a los que generalmente aconsejan incrementar aun más las cargas impositivas y otras medidas al efecto de equilibrar sus presupuestos, pero no reducir el tamaño del Leviatán.

Sostienen estos profesionales que ese ha sido el caso repetidamente en Argentina, México, Bolivia, Republica Dominicana, Haití, Indonesia, Irak, Pakistán, Tanzania, la ex Camboya, Filipinas, Ghana, Nigeria, Sri Lanka, Zambia, Uganda, El Salvador, Egipto y Etiopía. En este contexto Harry Johnson ha consignado que “el llamado nuevo orden internacional no es nuevo, ni orden ni internacional sino que es una copia del mercantilismo del siglo xvi”.

Fue muy difundido el caso del general Mobutu Sese Seko que usurpó el poder en Zaire que fue el mayor receptor de ayuda por parte del FMI en relación a su población. El poder de Mobutu fue absoluto condenando a la gente a los suplicios más horripilantes en un contexto de saqueo permanente que permitió que ese sátrapa acumulara una fortuna de ocho mil millones de dólares de esa época.

Como es sabido, el FMI se financia coactivamente con el fruto del trabajo ajeno aportado por los distintos países miembros. Entonces, debido a su antes referida trayectoria y a la fuente de recursos a la que echa mano es que autores como los mencionados al comienzo de esta nota sugieren la liquidación de esa entidad, a los que debe agregarse el jugoso ensayo de Anna Schwartz titulado “Es tiempo de terminar con el FMI y el Departamento de Estabilización del Tesoro” y los suculentos libros, por una parte, de Melvyn Krauss titulado Development Without Aid y, por otra, el de Dambisa Moyo titulado Cuando la ayuda es el problema en los que se detallan innumerables casos patéticos de países que reciben cuantiosos recursos en medio de corrupciones alarmantes y dislates económicos fomentados por la ayuda que proviene coercitivamente de bolsillos ajenos.

La igualdad en el Antiguo Egipto y la India

Por Gabriel Boragina Publicado el 5/2/17 en Accion Humana

Continuando nuestro recorrido de la igualdad en la historia, retomamos el trayecto del antiguo Egipto, donde se impone un concepto de igualdad religioso, lo que cobra relevancia en la época estudiada, porque en dicho periodo lo religioso y lo político se encontraban fuertemente solidificados, siendo fácil instrumento de dominación por parte de tales poderes, los cuales también se hallaban unidos, habida cuenta que el rey se consideraba una encarnación de la respectiva divinidad:

«Durante el período de la XVIII dinastía se produce una profunda modificación en las costumbres y especialmente en la religión, imponiéndose un c (Atón) como exponente de un principio monoteísta e igualitario en la creencia religiosa.»[1][1]

Podemos suponer que resultaba mucho mas practico a los faraones pretender encarnar a una divinidad única en lugar de serlo de la más importante de un cúmulo de dioses diferentes, subordinados y dependientes unos de otros. El autoritarismo creciente que toda posición de poder -tarde o temprano- termina produciendo en quien o quienes lo revisten, puede permitir inferir que impresionaría más a las masas la representación de todo el poder en una única divinidad encarnada que en muchas. El principio igualitario -fácil es concluir- reside aquí en la igualitaria subordinación de todos los súbditos frente al «rey-dios».

«En la Mesopotamia se desarrolla una interesante civilización, cuya hegemonía ejerce la capital Babilonia, traduciéndose en la unificación del imperio caldeo y apareciendo bajo el reinado de Hammurabi (2000 a. C.) un famoso cuerpo legal que lleva su nombre y que dio «a la vida del pueblo caldeo un ordenamiento que tiene la regularidad y fijeza de una Constitución, organizando la sociedad en tres clases: los hombres libres, los que podrían considerarse semiíitares y, por último los esclavos.»[2][2]

Aquí rebrota el concepto de igualdad entre los iguales, al que nos hemos referido antes. La igualdad se concibe -exclusivamente- entre los integrantes de una misma clase y se rompe fuera de ella. Pero es el estado (a través de la ley) quien define y delimita la noción de «clase», de manera tal que no existe igualdad de ninguna índole entre las desiguales clases. Los esclavos, por ejemplo, eran iguales entre sí en su condición de esclavos y -obviamente- desiguales en relación a los hombres libres y semilitares. Todas las clases eran «iguales» ante el rey, que -a su turno- era desigual respecto de todas las demás clases definidas por él mismo y por debajo de su persona. Desde luego, recordemos, que ninguno de estos artificios legales podían desconocer la natural desigualdad individual de las personas, con absoluta independencia de la de su arbitraria atribución o asignación a una antojadiza «clase social» por parte de funcionario de turno. Los criterios de pertenencia a cada clase eran fijados externamente y resultaban forzosamente arbitrarios. Todavía habría que andar mucho camino para llegar a la idea liberal de igualdad ante la ley. La historia de la igualdad es la de la igualdad mediante la ley y no ante ella.

«En el siglo XIII a. C. aparece en la India un cuerpo de leyes -el Manara Dharma Sastra, o libro de la ley de Manú- que dio normas para la organización política y social del pueblo. Según el cuerpo legal, la población de la India se hallaba agrupada en cuatro categorías o castas, cuyo origen se atribuye al Dios Brahama; la primera casta, la de los brahamanes, descendía de la cabeza del Dios; los chatrias o guerreros, de los brazos; los vaisyas, o comerciantes, de su vientre; y los sudras, o artesanos, de sus piernas. Debajo de estas castas estaban los parias.»[3][3]

Básicamente, comencemos diciendo que no hay discrepancias de fondo entre la idea de casta y la de clase social. Algunos autores suponen que esta última -en oposición de la primera- permite admitir cierta «movilidad de clase» que se encontraría ausente en la noción de casta. Pero aun aceptando este punto de vista, el mismo no justifica los criterios arbitrarios con los cuales cada persona quiere definir lo que es una «clase social» y cuáles son los razonamientos que permitirían conocer cuándo alguien pertenece a una y no a otra. En el caso hindú, estaba más que claro que dichas castas -que se creían derivadas de una divinidad- eran inamovibles. Absolutamente estáticas. En última instancia, fueron los gobernantes de la India quienes dictaron el Manara Dharma Sastra y, por tanto, ellos quienes decidieron por todos los hindúes y sus generaciones posteriores quienes estaban asignados a cada casta. En esta sociedad estratificada, la pertenencia viene dada por el oficio u ocupación al que se dedica la persona.

«Se establece un principio igualitario con respecto a los impuestos, pues se dispone una tributación proporcionada a los ingresos de los comerciantes, teniendo en cuenta el precio pagado por las mercaderías, los gastos de traslado, etc. También se dispone que el impuesto sea reducido para los de la última clase y pequeños comerciantes.»[4][4]

Nuevamente, como vemos, la igualdad se da dentro de la casta, en este caso los vaisyas, lo que implica que el principio igualitario no regia en relación a las tres castas restantes (los parias eran los descastados, ya que no pertenecían a casta alguna). Parece que además de las cuatro castas, existían sub-castas dentro de las mismas. Así lo revela el autor cuando manifiesta que había impuestos distintos para pequeños comerciantes, lo que permite inferir que existía otra sub-casta: la de los grandes comerciantes, y quizás otra más, la de los medianos comerciantes. Todo lo cual nos recuerda a nuestras «modernas» clasificaciones tributarias, que también nos dividen en clases o castas: las grandes empresas y las PYMES. O grandes y pequeños contribuyentes. Parece que a través de los tiempos, en esta materia, poco o nada ha cambiado. Más allá de los contrastes de detalle, el denominador común sigue siendo que la igualdad se de dentro de la misma clase y no fuera de ella.

[5][1] Dr. Antonio Castagno. Enciclopedia Jurídica OMEBA Tomo 14 letra I Grupo 02. Voz «igualdad»

[6][2] Castagno, A. Enciclopedia….Ob. cit. Voz «igualdad».

[7][3] Castagno, A. Enciclopedia….Ob. cit. Voz «igualdad».

[4][4] Castagno, A. Enciclopedia….Ob. cit. Voz «igualdad».

EE.UU. sorprende a Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 29/12/16 en:

En el complejo escenario de Medio Oriente , la guerra civil siria y sus atrocidades parecían haber relegado al conflicto entre Israel y los palestinos a un segundo plano. Ocurrió que, pese a que Israel ha mantenido ya tres guerras contra Siria y protagonizado numerosos incidentes fronterizos con duelos de artillería y combates aéreos, lo cierto es que hasta ahora se había mantenido al margen de ese conflicto.

Hablamos de una guerra civil siria que, en esencia, es una confrontación facciosa entre distintas visiones del Islam, en la que la intervención militar directa de la Federación Rusa e Irán han permitido la supervivencia del autoritario régimen de Bashar al-Assad. Muy pocos creyeron, al comienzo del conflicto, que esto podía ser posible. Pero hoy es una realidad.

De alguna manera Israel logró hacerse casi «invisible» con relación a Siria. Consciente, sin embargo, de que los potenciales triunfadores en la guerra civil podían ser países, como Irán, u organizaciones, como la libanesa «Hezbollah», hostiles hacia Israel. Es lo que efectivamente ha sucedido, generando una difícil nueva realidad geopolítica alrededor de Israel. Quizás más peligrosa que nunca.

Mientras el conflicto armado en el país vecino se desarrollaba, Israel pudo recomponer su relación bilateral con Turquía y mantuvo intactas sus relaciones con Jordania. Además, se acercó discretamente al gobierno militar que hoy -tras la etapa que llevara brevemente a la Hermandad Musulmana al poder en el país de las pirámides- conduce a Egipto.

En las fronteras inmediatas de Israel, «Hezbollah» -directamente involucrado en la guerra civil siria- creció muy fuertemente en influencia y, desgraciadamente, también en capacidad militar y, en cambio, «Hamas», más bien disminuida, mantuvo su agresividad, aunque sin intervenir abiertamente en ella.

Pero de pronto la quietud aparente en la que flotaba el conflicto no resuelto entre Israel y los palestinos se alteró dramáticamente. En apariencia, inesperadamente.

En la que fuera -en su origen- una iniciativa de la representación egipcia, un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad generó una enorme sorpresa.

Porque -escrito por los palestinos- ordenaba a Israel detener -inmediata y completamente- la construcción de asentamientos en Cisjordania y en Jerusalén-este. Y los declaraba, expresamente, como ilegales bajo el derecho internacional, definiéndolos como un obstáculo serio para poder avanzar en una solución negociada del conflicto entre ambas partes estructurada bajo la noción de «los dos Estados». Advertía, de paso, que no se reconocerán cambios a la situación en materia de integridad territorial distintos de la realidad existente al 4 de junio de 1967.

Sin perder un minuto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , ante lo que sucedía, solicitó a la administración de Barack Obama «vetar» el proyecto, en caso de que el mismo siguiera adelante. Además, se comunicó con el presidente electo norteamericano, Donald Trump , y le encomendó específicamente la misión de pedir a Egipto que postergara la discusión y votación del proyecto en el Consejo de Seguridad. Lo que Trump obtuvo a través de una conversación telefónica con el general Abdelfatah al-Sisi, hoy presidente constitucional de Egipto, con el que Trump tiene una buena relación personal.

No obstante, otros cuatro miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Malasia, Nueva Zelanda, Senegal y Venezuela, de pronto hicieron suyo el proyecto de resolución y, descongelándolo, lograron impulsarlo y ponerlo a votación, casi sin demoras.

Y allí vino la enorme sorpresa: los EE.UU., que siempre fueron críticos respecto de los asentamientos en cuestión, pudieron ciertamente vetarlo una vez más, como ya lo habían hecho en el pasado con proyectos similares. Pero esta vez fue distinto. No lo hicieron. Prefirieron abstenerse. El resultado de esta actitud fue que la resolución sobre los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén-este se aprobó rápidamente, por 14 votos contra 0 y una abstención, la de los EE.UU..

Estamos frente a un hecho histórico. Por primera vez el organismo de las Naciones Unidas, responsable principal de las cuestiones de paz y seguridad internacionales, intervino específicamente -con todo su peso- en el conflicto entre Israel y los palestinos. Con definiciones categóricas que de pronto hasta podrían derivar en sanciones contra Israel, si la construcción de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén-este no se interrumpe.

De este modo, los EE.UU. modificaron abruptamente la que fuera hasta ahora su tradicional postura. Esto es, la de proteger siempre con su veto a Israel en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas e impulsar, en cambio, la resolución del tema abierto entre Israel y los palestinos exclusivamente a través de negociaciones directas entre las dos partes.

Lo hicieron en lo que implica un fuerte cambio de rumbo, desairando abiertamente a Donald Trump, quien ya había solicitado a Barack Obama el «veto» de la resolución votada, a la que caracterizara de «extremadamente injusta, respecto de Israel».

Lo cierto es que la norma emanada del Consejo de Seguridad es una realidad, con todos los efectos consiguientes. Benjamin Netanyahu la calificó de «vergonzosa» y advirtió, sin rodeos, que Israel no le reconocerá validez. En su entorno, alguno hasta sugiere que todo lo sucedido en esta cuestión ha sido, en realidad, una maniobra urdida por la administración de Barack Obama.

Ante lo sucedido, parece oportuno recordar que cerca de 600.000 israelíes viven hoy en asentamientos del tipo de los que se mencionan en la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No es, para nada, un tema menor.

La resolución comentada, del 23 de diciembre pasado, lleva el número 2334 y refleja la que ha sido -por años- la posición prevaleciente en la comunidad internacional sobre los asentamientos. Define a los asentamientos como una violación «flagrante» del derecho internacional y sostiene que ellos carecen de validez legal. Llama también a que se eviten los actos de violencia contra los civiles y las provocaciones, incluyendo el terrorismo. Convoca, asimismo, a reanudar, sin demoras, las negociaciones para poder completar un acuerdo de paz final entre las partes, estructurado sobre la idea de «los dos Estados».

La resolución, sin embargo, tiene sus problemas. Serios. Primero, es en realidad un paso en dirección a internacionalizar el conflicto, algo que no necesariamente es positivo y puede complicarlo en extremo. Segundo, parecería definir, sin excepciones, a todas las construcciones hechas en Jerusalén-este como asentamientos, incluyendo aquellas realizadas en el propio «barrio judío» de la Ciudad Vieja, lo que naturalmente es difícil de aceptar para cualquier gobierno de Israel. Y obviamente no menciona otros temas que son absolutamente fundamentales para poder avanzar en dirección a la paz, como es nada menos que la necesidad de que todos los involucrados reconozcan expresamente al Estado de Israel como tal, lo que hoy no sucede desde que algunos niegan a Israel el derecho mismo a existir.

Es imposible no pensar que el fuerte cambio de rumbo de la administración de Barack Obama, insólitamente realizado a último momento, no tenga algo que ver con la pésima relación personal que existiera -y existe- entre el presidente Obama y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Lo sucedido puede entonces ser -directa o indirectamente- reflejo de esa desafortunada circunstancia.

Las cosas seguramente van a cambiar con el acceso de la nueva administración norteamericana, aquella que pronto encabezará Donald Trump. Pero la resolución 2234 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es una realidad. Para algunos, no ayudará, sino que hará aún más compleja la solución de un tema muy demorado, el del acuerdo final de paz entre israelíes y palestinos, respecto del cual puede ser cierto aquello de que el paso del tiempo no siempre ayuda. Donald Trump anunció que el próximo embajador de los Estados Unidos ante Israel será David M. Friedman, que rechaza públicamente la alternativa defendida por John Kerry, esto es la idea de «los dos Estados».

Cabe apuntar que la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU no fue adoptada bajo el Capítulo VII de la Carta, sino bajo el Capítulo VI. Por ello no es directamente obligatoria. No obstante tiene mucho peso como recomendación y mensaje. Por esto, para Benjamin Netanyahu luce como una lamentable humillación.

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California. Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

Sobre el empleo en negro y la economía sumergida

Por Iván Carrino. Publicado el 19/11/16 en: http://www.ivancarrino.com/la-solucion-al-empleo-en-negro-y-la-economia-sumergida/

La economía sumergida*

*Extracto del capítulo 5 de mi libro “Estrangulados: cómo el estado asfixia tu economía”

Mohamed Bouazizi era un joven de 26 años que se dedicaba a la venta minorista de frutas y vegetales en las calles de Sidi Bouzid, en Túnez.

Todos los días, Mohamed pasaba por el mercado a comprar frutas y verduras que luego vendía en un espacio específicamente seleccionado frente a la oficina municipal. A temprana edad, este joven tunecino tenía que alimentar a su familia, compuesta por su madre, su tío y sus hermanos.

Como muchos otros pequeños empresarios de la región, Bouazizi era parte de lo que llamamos la economía informal, ya que no estaba legalmente registrado, ni pagaba impuestos por sus ventas ni aportaba a algún régimen jubilatorio estatal.

En este mundo, el joven comerciante sobrevivía con 73 dólares mensuales, pero además tenía que cargar con el acoso permanente de las autoridades locales, quienes aprovechándose de su situación de “ilegal”, solían confiscarle sus bienes o bien tomarlos sin permiso como si fueran suyos sin entregarle nada a cambio. Obviamente, también le exigían coimas que detestaba pagar.

El 17 de diciembre de 2010, Bouazizi fue acusado de cometer una infracción, motivo por el cual entró en una disputa con los inspectores locales, quienes decidieron confiscarle toda su propiedad: unas bananas, unas manzanas y una balanza electrónica, todo valuado en 225 dólares. Para colmo de males, una policía le propinó un golpe en el rostro. Finalmente, y luego de reclamar por una hora la devolución de su propiedad, la desesperación de Mohamed lo llevó a rociarse con Thinner y prenderse fuego.

Durante los siguientes sesenta días, al menos 63 hombres y mujeres en condiciones similares a las de Bouazizi procedieron de la misma forma en Algeria, Egipto, Marruecos, Arabia Saudita y Siria. Solamente 26 lograron sobrevivir. Mohamed Bouazizi no fue uno de ellos.

Los hechos que siguieron a estas acciones desesperadas se conocieron como La Primavera Árabe, un movimiento masivo a favor de una mayor democracia y libertad en los países ubicados, principalmente, en el norte de África y en la península arábiga.

La historia del origen de la Primavera Árabe es contada por el investigador peruano Hernando de Soto[1], quien considera que lo que sucedió en Túnez es el resultado de un sistema legal que, sobrecargado de regulaciones y trabas, margina y humilla a los pobres que tienen voluntad de emprender. Así, las barreras de entrada a la economía formal terminan generando que la única alternativa para amplios sectores de la población sea la economía sumergida, donde darle la espalda al sistema legal vigente tiene beneficios, pero también costos, como la falta de protección efectiva a los derechos de propiedad, algo de lo que fue víctima el joven comerciante tunecino.

Respecto de la economía sumergida, a menudo se mencionan como problemas que ésta no paga impuestos y que eso reduce la recaudación tributaria. Además, también se argumenta que, dado que algunos comerciantes operan en ese marco de ilegalidad, representan una competencia desleal frente a quienes pagan todos sus impuestos en tiempo y forma y cumplen con todas las reglamentaciones.

Sin embargo, aquí no radica la problemática de la economía en negro.

De hecho, la informalidad es un punto de llegada, y no uno de partida. Hernando de Soto afirma en sus dos libros al respecto que la informalidad es la consecuencia de un sistema legal que se vuelve demasiado oneroso para que los sectores menos favorecidos de la población puedan integrarse.

En “El Otro Sendero”, una investigación sobre “los informales” de Perú, publicado en el año 1986, muestra que para registrar un taller textil se necesitaban 289 días y un gasto total de USD 1.231, lo que representaba, en su momento, 32 veces el sueldo mínimo de ese país[2].

En “El Misterio del Capital”, del año 2001, muestra que los pobres son altamente capaces de generar riqueza, pero que una mala asignación de derechos de propiedad hace que no puedan transformar sus bienes (como viviendas o pequeños negocios), en un capital formal que les permita crecer tomando créditos y mejorando su capacidad de inversión, tal como sucede en el mundo desarrollado[3].

En nuestro país, y según las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo, un 33,1% del empleo no está legalmente registrado. Por otro lado, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa afirma que el comercio en negro generó más de $ 50.000 millones de facturación en 2015, representando el 10,2% de las ventas registradas en el sector formal.

Como respuesta a esta situación, hace un tiempo se presentó una extraña propuesta. Federico Sturzenneger, ahora presidente del Banco Central, propuso que, frente al elevado contexto inflacionario que vivimos, no solo no deberían emitirse billetes de mayor denominación que el de $ 100, sino que incluso estos deberían ser eliminados.

El argumento era el siguiente:

“…el efectivo facilita enormemente las transacciones de la economía informal. Obviamente, muchas operaciones formales se hacen con efectivo, pero las informales sólo pueden hacerse con efectivo. Entonces, ¿cual sería el motivo por el cual querríamos mejorarle la eficiencia a la informalidad? Es claro que los billetes de mayor denominación harían justamente eso.”

Lo primero que uno piensa cuando lee esto es en la historia de Mohamed Bouazizi. Es decir, no estamos hablando de complicarles la vida a delincuentes peligrosos, secuestradores o terroristas cuando hablamos de no “mejorar la eficiencia de la informalidad”, sino de complicarles la vida a quienes no tienen otra mejor alternativa que acudir a la economía informal para conseguir aunque sea una forma digna de vivir.

Como explica Mario Vargas Llosa:

“La informalidad es una réplica de las mayorías contra ese sistema que las ha hecho tradicionalmente víctimas de una suerte de apartheid económico y legal. En ese sistema, las leyes parecían pensadas para cerrarles el acceso a cosas tan elementales como tener un trabajo y disponer de un techo. ¿Iban a renunciar a estas aspiraciones básicas de supervivencia en nombre de una legalidad en muchos sentidos irreal e injusta? Renunciaron, más bien, a la legalidad”

En Argentina se pagan 96 impuestos diferentes, la presión tributaria es asfixiante, y constituir una empresa legalmente toma 25 días, 14 procedimientos burocráticos y cuesta el 9,7% del PBI per cápita. En Nueva Zelandia, la presión tributaria es menor, abrir una empresa toma medio día, un procedimiento burocrático y cuesta el 0,3% del PBI per cápita[4].

Es evidente que si se busca una mayor formalización de la economía, la receta no es dificultarle la vida a los informales, sino facilitárselas, reduciendo las barreras de entrada a la formalidad como lo hace Nueva Zelanda.

[1] Véase al respecto: De Soto, Hernando: “The Real Mohamed Bouazizi”. Foreign Policy, 16 de diciembre de 2011 y De Soto, Hernando: “The Secret to Reviving the Arab Spring’s Promise: Property Rights”. Wall Street Journal, 26 de febrero de 2013.

[2] De Soto, Hernando: “El Otro Sendero”. Editorial El Barranco, Perú, 1986.

[3] De Soto, Hernando: “El Misterio del Capital”. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2002.

[4] Si se ordena el Índice Doing Business de acuerdo a la facilidad para crear una empresa, Nueza Zelanda se ubica en el primer puesto, mientras que Argentina recién figura en el 157.

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

Nueva era en Turquía: ¿otro ‘dictador democrático’?

Por Alejandro A. Chafuén. Publicado el 16/8/14 en: http://www.elojodigital.com/contenido/13624-nueva-era-en-turqu-otro-dictador-democr-tico

Numerosos observadores occidentales están compartiendo oscuras predicciones sobre el futuro de Turquía bajo el recientemente reelegido líder Recep Tayyip Erdogan. El pasado domingo, Erdogan triunfó en la elección presidencial. Su Partido, Justicia y Desarrollo AKP, ha estado en el poder desde 2002, y existe temor que se vuelva cada vez más autoritario.

Mientras tanto, Turquía está tornándose cada vez más relevante en el escenario mundial. Sueconomía ha crecido al punto de convertirse en la más grande de la región, siendo tres veces la de Egipto. El PBI combinado de Egipto, Israel, Irak y Siria continúa siendo menor que el turco. Este país comparte fronteras con muchos países que enfrentan desafíos de importancia, como Irán, Georgia, Irak y Siria. Su importancia geopolítica es inmensa.

En mi rol de creyente de la máxima de Lord Acton (‘el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente’), comparto las preocupaciones respecto de que, tras más de once años con Erdogan oficiando de primer ministro y Erdogan, Forbes

ahora presidente, el peligro del autoritarismo ‘democrático’ es real. Pero, cuando incorporo al análisis un periodo más largo de la historia de Turquía y lo que he aprendido desde que comencé a estudiar a este país, tengo alguna esperanza.

Mi optimismo se basa en el fenómeno de la evolución y el trabajo de los think tanks en el campo de las ideas observado durante las últimas dos décadas. En su libro, ‘Islam sin Extremismos‘, el escritor turco Mustafa Akyol incluye un capítulo sobre el ‘Tránsito de Turquía hacia el Liberalismo Islamista’. Allí, escribe: ‘El liberalismo clásico, idea tan popular en el desaparecido imperio otomano pero denunciada por la república kemalista, fue redescubierta hacia fines de la década del ochenta, gracias a las reformas implementadas por Özal, y a los esfuerzos encarnados por nuevas organizaciones tales como la Asociación para el Pensamiento Liberal (ALT), con base en Ankara. Los libros publicados y los trabajos académicos que versan sobre la filosofía liberal -sumamente raros previo a los ochenta- se han vuelto omnipresentes’. El gobierno kemalista consistió en una combinación de estatismo, nacionalismo y políticas seculares, todo bajo control de un partido único. Durante su mandato como primer ministro y luego presidente (1983- 1993), Turgut Özal implementó numerosas políticas orientadas hacia el libre-mercado. Fue hacia fines de su administración cuando se creó ALT, primero como asociación, para luego ser incorporada formalmente en 1994.

Conocí personalmente al cofundador de ALT, el Dr. Atilla Yayla, en 1992. Era un profesor de ciencia política en Ankara. En aquel año, Yayla asistió al encuentro de la Sociedad Mont Pelerin en Vancouver. Allí entabló relaciones con laureados del Premio Nobel, líderes de think tanks, y otras figuras relevantes. Sus esfuerzos para promover los principios de las sociedades libres en Turquía fueron tan importantes, que recibió donaciones para asistir a numerosos eventos pro-libertarios en todo el mundo. Utilizó estos encuentros productivamente, reclutando conferencistas, investigando temas, y publicaciones para traducir. Algunos años más tarde, el cofundador de ALT, Mustafa Erdogan -que no tiene parentesco con el presidente- completó un curso en la Atlas Economic Research Foundation. Muchos otros provenientes de ALT siguieron idéntico camino y comenzaron a visitar a think tanks orientados al libre-mercado a lo largo del globo. ALT siguió publicando numerosos trabajos, promoviendo las libertades políticas, económicas y civiles. ALT ha ganado muchos premios y, en la edición más reciente del Indice Go To Think Tank, fue situada entre los primeros puestos en cuatro categorías diferentes.

Respaldar los principios libertarios no fue sencillo. Incluso el envío de donaciones para ALT era complejo. Hacia 1999, Yayla escribiría que el hecho de remitir donaciones a ALT por cheque o transferencia bancaria daría lugar a ‘la intervención del Ministro del Interior, el Ministro de Relaciones Exteriores, el gobernador local, las fuerzas de seguridad locales, y las fuerzas de Seguridad Nacional’. ‘El modo más seguro para ofrecer apoyo era que el aportante extranjero pagara directamente por los costos de los programas. Durante aquellos años, una revista controlada por las fuerzas armadas turcas listó a Atlas como una organización que respaldaba a grupos subversivos. El proporcionar subsidios a causas económicas libertarias era categorizado de igual manera que la ayuda a campañas de derechos humanos. En efecto, algunos grupos ofrecían apoyo a personas que podían ser calificadas como subversivas, pero la inclusión de Atlas en tales listas ejemplificaba el grado de control gubernamental existente en la era pre-Erdogan. Y los problemas continuaron: ocho miembros de la Corte Constitucional Turca demandaron a Mustafa Erdogan y a la publicación de ALT después de que escribiera que la decisión de la Corte de abolir el Partido del Bienestar y la Virtud (antigua organización política de R.T. Erdogan) fue influenciada por los militares.

Pese a que ALT es independiente de movimientos y partidos políticos, hacia el final del primer año de Erdogan como primer ministro, su partido AKP consultó a ALT para que organizara un simposio de importancia. Asistí a cientos de eventos, pero este continúa siendo el más memorable. El programa tuvo lugar en enero de 2004, y se tituló ‘Conservadurismo y Democracia’. Contó con más de treinta conferencistas, incluyendo a numerosas luminarias del liberalismo clásico provenientes de los Estados Unidos y el Reino Unido. Recep Tayyip Erdogan hizo el discurso de apertura, siendo presidente del partido y primer ministro. Erdogan se quedó allí durante toda la mañana, escuchando los discursos sobre liberalismo clásico. La mayoría de los miembros de su gobierno asistieron a las dos jornadas que duró la conferencia. Asistieron más de mil personas. Otro recuerdo vivo en mi memoria fue que de los 24 conferencistas locales, en su mayoría profesores, solamente uno de ellos culpó al mundo por los problemas turcos. El resto de los otros participantes culpó a fuerzas y a las ideologías internas. La mayoría habló en favor del libre-mercado y las instituciones de la sociedad libre.

Es difícil para los observadores occidentales imaginar lo que era asumir el poder en un país que había sido gobernado ochenta años por el kemalismo. El Premio Nobel Mario Vargas Llosa acuñó el término ‘dictadura perfecta’ para describir al sistema de partido único que regenteó a México durante 71 años. Idéntico término podría emplearse para describir al kemalismo. Confrontar a estructuras oficiales y no oficiales de poder atrincheradas no es fácil. Pocos observadores se muestran en desacuerdo con que, amén de las estructuras gubernamentales, existía en este país un ‘Estado subterráneo‘ manejado por fuerzas ocultas con intereses especiales, que incluía a sectores importantes de los militares y del poder judicial. El enjuiciamiento de Yayla en 2006 por ‘faltarle el respeto’ a la memoria de Kemal Ataturk seguramente provino de ese Estado subterráneo. El “crimen” de Yayla fue emplear el término ‘el hombre‘, para referirse a Ataturk, en un intento para demostrar que éste no era Dios y que había progreso previo al kemalismo.

Es importante apuntar que las estructuras de este Estado subterráneo están siendo desafiadas por el gobierno de Erdogan que, desde 2011, ha acumulado poder suficiente como para debilitarlos. Erdogan bloqueó parte del poder militar y luego enfrentó al sistema de justicia. Cuando uno empieza con jueces corruptos y parciales, no es sencillo para el poder ejecutivo atacar al problema sin ser acusado de violar la separación de poderes. La rama judicial de Turquía acusaba problemas similares a los exhibidos por la justicia en países que antes fueron socialistas. Los defensores liberales de Erdogan creen que muchos en Occidente no ven -o no desean ver- la fortaleza recurrente de ese estado subterráneo, el ‘Estado dentro del Estado’. Conforme actúa tras bambalinas, puede influenciar a los jueces, la policía, el mundo corporativo, y las ONGs. Puede incluso elegir con qué servicio de inteligencia extranjero colaborar.

Creando un poder con capacidad de contrapeso que pueda derrotar las fuerzas oscuras del pasado, Erdogan podría estar creando sus propias estructuras paralelas (y ocultas). Los otrora perseguidos pueden convertirse en perseguidores. Pero muchos en el terreno del liberalismo clásico, como Ozlem Caglar-Yilmaz -coordinadora general en ALT- son optimistas. Ella es consciente de los peligros, pero se muestra feliz con las actuales tendencias y prevé que ‘existen cambios históricos, y que el establishment burocrático de noventa años, envuelto en delitos y violaciones de todas las libertades básicas, está siendo desafiado por primera vez’. Caglar-Yilmaz está convencida que la alianza entre los grupos afectados por la debilidad del ‘Estado subterráneo’, como ser el Movimiento Gülen, junto con otros lobbies anti-Erdogan alrededor del mundo, crean una imagen distorsionada de los eventos en Turquía’.

Traducción al español: Matías E. Ruiz | Artículo original en inglés, en http://www.forbes.com/sites/alejandrochafuen/2014/08/13/a-new-era-in-turkey-did-they-just-vote-for-a-new-democratic-dictator/

Alejandro A. Chafuén es Dr. En Economía por el International College de California. Licenciado en Economía, (UCA), es miembro del comité de consejeros para The Center for Vision & Values, fideicomisario del Grove City College, y presidente de la Atlas Economic Research Foundation. Se ha desempeñado como fideicomisario del Fraser Institute desde 1991. Fue profesor de ESEADE.