Por qué Argentina no crecerá con este “modelo”

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 30/1/19 en: https://www.ambito.com/por-que-argentina-no-crecera-este-modelo-n5013245?fbclid=IwAR1ipIgk2X46P77SEL6ZlN24WsWVnyZST_l9BFw-Mm5nTCn2lSdBYKAfORQ

 

Por qué Argentina no crecerá con este modelo

Dados dos motivos fundacionales, la eficiencia económica es una cualidad exclusiva del mercado (la sumatoria de las personas individuales). Primero, porque es el que la define: un tren puntual, rápido y bonito que llega al desierto, no sirve a nadie, es económicamente ineficiente. Segundo, es necesario competir. Un jugador, solo, no tiene marco de referencia ni contrincante que lo incentive a superarse.

Así, el Estado, es necesariamente ineficiente. No compite o porque es monopólico -como AySA- o porque tiene fondos inagotables del tesoro -como Aerolíneas Argentinas– de modo que no necesita ser eficiente, basta con ser “políticamente correcto”.

Entonces, el modelo oficial al aumentar el peso estatal sobre el sector privado sólo incrementa la ineficiencia y, por tanto, la economía caerá. Podrán inflar el PBI circunstancialmente -como en 2017- con entrada de dinero por préstamos, buena cosecha y mejora en la balanza comercial, pero el sistema seguirá perdiendo eficiencia, productividad.

Y los datos muestran que el peso estatal se agranda a costa de las personas. El Estado tiene tres modos de absorber recursos. Primero, con impuestos.

Según el IARAF, la presión tributaria que en 2018 finalizó en 32,6% del PBI (0,02% encima de 2017) llegará al 33,4% en 2019. Y esto a pesar de que entre 2015 y 2018 el gasto público bajó cuatro puntos del PBI, según Abeceb. Sucede que creció el servicio de la deuda y que la presión fiscal debe computarse sobre el PBI del sector privado, que cayó.

Dicen que la presión fiscal en Argentina llega al promedio de los países de la OCDE. Suponiendo que sea cierto, hay que sumar los otros dos modos de absorción de recursos: la inflación, 47,6% de disminución del valor de la moneda debido al exceso de emisión para solventar gastos estatales, y el tercer modo, el endeudamiento/tasas altas.

Un informe del Bank of America Merrill Lynch muestra que los préstamos al sector privado, en relación con el PBI, llegan al 18% en Argentina -el promedio de la región es 45% y en los emergentes llega a 90%-; el resto se lo “llevó” el Estado.

Pero hasta inflar el PBI con fondos del exterior se va a complicar, porque el “viento” parece ser de frente. Mientras el “brexit” se demora, entre hoy y mañana, se realiza otra ronda de negociaciones entre China y EE.UU. dentro de la tregua comercial que finaliza el 1 de marzo. Dejemos de lado, el suspendido cierre del Gobierno en EE.UU., además de los datos de empleo y crecimiento a ambos lados del Atlántico, hoy también se conocerán los resultados de la reunión de la Fed. Según el FedWatch, el 68,4% de los analistas cree que no moverá las tasas durante 2019 y 4,2% cree que podría hasta bajarlas en diciembre, dada la desaceleración global, y la sombra de recesión en EE.UU.

Habrá que ver si la Fed insinúa que se trata de una pausa, para tomar fuerzas, y seguir subiendo las tasas cuando los mercados se estabilicen. Además, es importante ver si decide finalizar el adelgazamiento de su balance antes de lo previsto. Desde el inicio de la dieta en 2017, la reducción trepa a u$s400.000 M, lo que tendría el mismo efecto que dos subidas de tasas, de 25 pb cada una, según Natixis.

Así, la tasa de fondos federales actual estaría cerca del 2,875%, el extremo superior de lo que la Fed considera neutral (2,8%). Y si reduce su balance en otros u$s400.000 M en 2019, equivaldría a una subida de otros 50 pb llevando la política monetaria a “territorio restrictivo”.

También hoy al anunciar el reembolso trimestral -de la próxima semana- el Tesoro aumentaría las ventas de deuda, para financiar el creciente déficit dado el crecimiento del gasto y de los servicios de la deuda, récord, de u$s16 B. La cantidad total de títulos a 3, 10 y 30 años que se ofrecerán en la próxima subasta de reembolso se estima en $84.000 M, 1.000 M más que hace tres meses.

La emisión de deuda nueva neta total del Tesoro en 2018 ascendió a u$s1,34 B, contra u$s550.000 M en 2017. En 2019, sería de u$s1,4 B y oscilaría entre u$s1,25 y 1,4 B en los próximos cuatro años. A pesar de la inundación de oferta, los rendimientos del Tesoro no se elevan debido a la firme demanda.

Pero el problema de la deuda global empieza a preocupar. Gracias a tasas del 0% ofrecidas por los bancos centrales, según el Instituto Internacional de Finanzas (IIF) superó el 318% del PBI global en el tercer trimestre de 2018. Y no sólo es deuda pública sino, sobre todo, privada que no está en entidades financieras. Hoy la cifra ronda u$s72 B, frente a 27 B de hace una década.

Y, dadas las perspectivas, los inversores se están deshaciendo de los bonos de deuda. Pero no sólo los principales compradores, los bancos centrales, también muchos secundarios. De hecho, según los datos que maneja Bank of America Merrill Lynch, el pasado año salieron u$s63.000 M de fondos de deuda corporativa, lo que ha llevado a acuñar el término Crexit para definir estos reembolsos en bonos corporativos.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Argentina: La falacia del impacto de las Lebac sobre la inflación y el nivel de actividad

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 6/12/16 en: http://independent.typepad.com/elindependent/2016/12/la-falacia-del-impacto-de-las-lebac-sobre-la-inflaci%C3%B3n-y-el-nivel-de-actividad.html

 

El presidente del BCRA dijo que llama la atención la escasa importancia que se le da a la relación entre la expansión monetaria y la inflación: “En 2015, la tasa de expansión monetaria había llegado al 50%. Nosotros la bajamos a 20%…”. O sea, si bajó la expansión monetaria y se aplicó una política -de tasas altísimas y emisión de Lebacs- “anti inflacionaria” el aumento del IPC debería haber sido menor y, sin embargo, creció desde el 27% en 2015 al 40% en 2016.

Ni siquiera voy a mencionar el tema de la “herencia recibida” porque ya me da demasiada vergüenza ajena. Lo que realmente ocurrió es que las Lebcas no son anti inflacionarias. Si fuera cierto, los políticos podrían imprimir toda la moneda que quisieran total después la “estirilizan” con títulos públicos. Muy por el contrario, las Lebacs son inflacionarias. La inflación es un exceso de emisión (oferta) por sobre la demanda de moneda en tiempo real, es decir que se da instantáneamente apenas se lanzó al mercado el exceso, luego ya no hay manera de revertirla.

Las Lebacs, provocan un aumento artificial de la tasa de interés absorbiendo pesos (bajando la demanda de circulante) por encima de lo que el mercado haría. Es decir, contraen artificialmente la demanda provocando inflación al aumentar la brecha con la oferta. Eso sí, la mayoría de los analistas recomienda comprarlas porque le van a ganar al dólar en 2017. O sea, absorben capitales que podrían ir a la producción.

Por tanto, con ideas tan equivocadas no apostaría a la baja de la inflación como medida reactivante, según pregona el ministro de producción quién remarca que hay que sumarle un aumento del consumo como consecuencia de un poder adquisitivo mejorado por “los cambios en Ganancias y la reparación a los jubilados”. Ahora, ambas cosas están por verse y, en cualquier caso, será poco lo que se vea. A lo que habría que agregarle, dice el ministro, la obra pública y el campo. Y con todo esto “en 2017 creceremos 4%”. Cuesta evitar la risa.

Por cierto, pretenden bajar la inflación -que naturalmente no baja- a los sopapos y, entre las medidas que preparan para 2017, figura un decreto para que desde el próximo enero los comercios exhiban los precios al contado y los financiados, de los productos. Es que la cosa viene mal. La facturación en supermercados y shoppings se ubicó entre 13 y 23 puntos por debajo de la inflación entre enero y octubre de 2016, según el INDEC, mientras que en los electrodomésticos la diferencia hacia abajo fue del 25%. Y la tendencia continúa.

En cuanto a la obra pública, hay que decir que es recesiva desde que se realiza con recursos que coactivamente se retiran del mercado eficiente para ser utilizados por el Estado ineficiente. A ver, es así de simple -así de coherente- desde que el Estado no se maneja con criterios de eficiencia económica sino políticos es imposible que sus empresas sean eficientes.

Por eso cuando me dicen que Isela era una gran ejecutiva me causa mucha gracia: difícilmente una gran ejecutiva pueda desconocer que es imposible transformar en eficiente una empresa estatal que no tiene los incentivos naturales de una empresa (la competencia y la posibilidad de quebrar) y sí altísimos condicionamientos políticos. Un buen empresario, un ejecutivo serio, jamás intentaría hacer eficiente algo que de suyo es ineficiente.

Pero esta actividad tan negativa como es la obra pública es buena parte de la construcción que se lleva el 60% de la inversión en el país que llega solo al 16% del PIB -inferior a la de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú- mientras que 11% va a la renovación de equipo de transporte de modo que sólo el 30% restante se dirigiría a bienes de capital que podrían sí impactar en el crecimiento real del país. Muy poco.

En cuanto al campo, la tímida eliminación de las retenciones -ya que a la soja representaba el 70% y el impuesto solo le bajó de 35 a 30%- aun cuando los costos aumentaron mucho, provocó que las ventas de máquinas agrícolas treparon 148% en el tercer trimestre respecto a 2015. Habrá récord en trigo y una cosecha de granos de 125 millones de toneladas, casi 13 millones más en volumen y US$2.800 millones extras en exportaciones, en tanto que se invirtieron US$58.000 millones en producir.

Si esta tímida baja impositiva provocó esto, imaginen cuanto crecería el país con una baja importante de la presión fiscal y una fuerte desregulación de modo de liberar la capacidad creativa. Por ahora, es muy poco y no alcanza para reactivar realmente al país.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Mientras discuten la intervención a la AFSCA, veamos porqué sería mejor asignar propiedad (III)

Por Martín Krause. Publicado el 29/12/15 en: http://bazar.ufm.edu/mientras-discuten-la-intervencion-a-la-afsca-veamos-porque-seria-mejor-asignar-propiedad-iii/

 

Hasta el momento, los gobiernos han asumido la propiedad del espectro electromagnético y su distribución. Este proceso se efectúa a partir de acuerdos que han realizado los gobiernos en el marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, organismo que define el uso que ha de asignarse a cada segmento de bandas. El organismo nacional define a su vez quiénes harán uso de las bandas específicas en el segmento ya definido.

Esta definición no solamente tiene un impacto económico, sino también político, de magnitud. Esto no solamente afecta a la eficiencia económica sino al derecho a la libertad de prensa. Como el gobierno asigna las frecuencias, también controla la forma en que se usan e incluso puede llegar a no otorgar o renovar una licencia si espera críticas por parte de un medio periodístico que las utiliza para hacer llegar sus contenidos. El caso reciente de Venezuela es un ejemplo. Sin calidad institucional, sin división y limitación al poder, las políticas regulatorias terminan siendo instrumento de los intereses creados o de los intereses del gobernante.

Ahora bien, la pregunta que debe hacerse en este punto, y que se relaciona con la posibilidad de los planificadores y reguladores de obtener información, es: ¿Sobre la base de qué criterios (información) ha de asignarse cierto segmento de bandas a determinado uso?

Dado el carácter técnico de esta materia, se aduce que son estos criterios los que se toman en cuenta. Sin embargo, dentro de las limitaciones que la tecnología del momento imponga, lo cierto es que existen distintos usos posibles del espectro.

Para empezar: la UIT ha dividido al mundo en tres zonas y las asignaciones no son las mismas en cada una de ellas, tratando de adaptarlas a las particulares necesidades de cada una. Si esto es así, ¿qué información permite tomar esa decisión sobre lo que es más deseable en Asia o en América?

Ante la ausencia de mecanismos de mercado (precios), ya hemos analizado la imposibilidad de evaluar las distintas alternativas, si no es tomando solamente en cuenta las personales preferencias de los funcionarios encargados de la asignación. Al realizar esa asignación, tanto la UIT como la agencia local deben juzgar la utilidad económica para los consumidores de cada uno de los servicios. Si se asignan a un uso determinado, reducen al mismo tiempo la cantidad de frecuencias (utilidades TAF) para otros usos. Ya comentamos cómo se quitaron las frecuencias de radio FM para la televisión, y lo mismo sucede con el uso de la transmisión directa satelital y los servicios de microondas. El poder que tienen las agencias estatales que administran el espectro equivale al que tendría el Estado si definiera el tamaño y la forma de todas las propiedades inmuebles y aprobara todas las transacciones de tierras.

Precisamente, una de las principales enseñanzas del reciente fracaso del socialismo en todo el mundo ha sido destacar la importancia de la propiedad, tanto por los incentivos que genera como por la información (su intercambio), esto es, los precios. Los precios envían información sobre la disponibilidad o la escasez de los bienes y servicios en una sociedad, y permiten comparar usos alternativos de acuerdo con las valoraciones individuales. Si existe una alta demanda de servicios telefónicos celulares, habrá emprendedores que ofrecerán precios más altos por el uso de frecuencias con este destino, y quienes las utilicen para otros servicios se sentirán motivados para reasignar su uso.

Los precios proveen un estándar objetivo para realizar esa asignación, que, en su ausencia, debe realizarse como se hace actualmente, siendo el funcionario estatal el que evalúa, como menciona la ley de radiodifusión, la calidad “moral” de cierto interesado y controla quiénes forman parte de los directorios de las radios.

La existencia de precios es importante, además, pues el uso del espectro electromagnético para las telecomunicaciones está compitiendo además con otros medios de transmisión como los cables, lo que está experimentando un gran avance (fibra óptica). Nuevamente, no existe forma de comparar entre la utilización de frecuencias o cables.

La alternativa es permitir el desarrollo de derechos de propiedad en unidades TAF que posean dueños con derechos exclusivos de uso, la transferencia entre usos o a otros usuarios, la subdivisión y la posibilidad de obtener ganancias o de sufrir pérdidas. Esto daría origen a precios de estas unidades TAF y crearía los siguientes incentivos:

  • llevaría a una asignación más eficiente de este recurso escaso
  • permitiría el libre ingreso y aumentaría la competencia. El ejemplo de las radios FM “informales” y su imposibilidad de ingresar legalmente en el mercado con la planificación es claro. Si hubieran podido adquirir esas bandas no utilizadas nunca habría existido tal cosa como una radio “informal”;
  • nuevos servicios podrían ensayarse e ingresar en el mercado adquiriendo ciertas frecuencias y no debiendo esperar una asignación del ente regulador;
  • aumentaría la eficiencia en el uso de las frecuencias, ya que sus propietarios tendrían el incentivo de reducir, “angostar” el uso de sus bandas para permitir otros usos y obtener así mayores beneficios. Esto fomentaría el desarrollo de nuevas tecnologías y equipos. La “escasez” del espectro sería efectivamente reducida. A medida que la tecnología avanza es posible reducir las separaciones entre frecuencias y crear espacio para nuevos usos o usuarios. Por ejemplo, es técnicamente factible reducir el ancho de la banda de TV por 5, 10 y hasta 100, pero no existe un incentivo económico para ello, ya que se está utilizando hasta este momento un recurso “gratuito”.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Una economía modelo 80 con modos más rústicos:

Por Roberto H. cachanosky: Publicado el 28/4/12 en http://www.economiaparatodos.com.ar/ver_nota.php?nota=3450

Seguramente los jóvenes de La Cámpora son chicos que comenzaron a comunicarse telefónicamente por celulares y luego por internet. Ellos, que aplauden como una gran patriada la estatización de YPF, no vivieron la época de ENTEL, cuando esa empresa estatal de teléfonos podía llegar a tardar años en instalar una línea de teléfono en una casa. Ellos no vivieron lo que era esperar años para que apareciera el aparatito negro en una casa. Luego había que tener suerte que funcionara el teléfono, y si funcionaba había que tener suerte que a la persona que uno llamaba también le funcionara el teléfono. Es decir, en la época de la soberanía nacional de los teléfonos, todos los planetas tenían que estar alineados para poder hacer una simple llamada de teléfono. Esos jóvenes, festejan la confiscación de YPF como si fuera un acto de soberanía porque no saben lo que significa tener que padecer a las empresas estatales.

¿Por que padecer a las empresas estatales? Porque en las empresas estatales no se trata de maximizar el beneficio del accionista prestándole un buen servicio al consumidor, sino que se busca maximizar los beneficios políticos. El objetivo de los funcionarios que están en las empresas estatales es hacer cosas que mejoren la imagen del gobierno y no invertir para satisfacer las necesidades de los consumidores como lo hacen las empresas privadas sometidas a la competencia. Son dos concepciones diferentes. Las empresas privadas que compiten tienen que generar sus utilidades beneficiando al consumidor. En las empresas públicas se busca un rédito político a costa de un despilfarro de recursos.

Justamente, no debe extrañar que algún funcionario público haya afirmado, muy suelto de cuerpo, que el objetivo de las empresas estatales no es ganar dinero. Obvio, ellos buscan sus beneficios políticos, como puestos muy bien remunerados para ejercer funciones que desconocen, y si las empresas estatales pierden dinero, ese dinero no es de ellos ni de accionistas que los echarían a patadas si estuvieran en una empresa privada. Es la gente, el contribuyente, que tiene que pagar con impuestos o el impuesto inflacionario las pérdidas de las empresas públicas en nombre de la soberanía nacional.

Cuando algunos economistas afirmamos que estamos volviendo a los 80 en materia de política económica, no es solo por las regulaciones absurdas de la economía o la emisión monetaria del BCRA, sino porque, además, el déficit fiscal de aquellos años se explicaba, en buena medida, por las pérdidas de las empresas estatales que eran financiadas por el tesoro. Pero como el tesoro no tenía recursos genuinos para financiar esas pérdidas, era el Banco Central el que emitía moneda para financiar el déficit de las empresas estatales.

Cuando en los 90 Menem privatizó las empresas estatales, tuvo que hacerlo porque la privatización pasaba a ser un instrumento de estabilización monetaria. Un mecanismo para frenar la inflación.

Normalmente las privatizaciones apuntan a mejorar la eficiencia de la economía si el marco regulatorio es el adecuado. Pero en los 90, en que hubo todo tipo de marcos regulatorios, la privatización no solo tenía que mejorar la productividad de la economía, sino también eliminar las pérdidas que tenía que financiar un tesoro exhausto, por eso digo que las privatizaciones, también pasaron a ser un instrumento de estabilización.

Los precios de los servicios públicos, de empresas públicas y privadas, eran puestos políticamente. El criterio para definir el costo de las comunicaciones telefónicas, del boleto del tren, del colectivo, de la luz, el gas, etc. se limitaba a establecer un número arbitrario que, cada tanto, redujera el déficit de las empresas públicas. El llamado rodrigazo no fue otra cosa que un intento, desde mi punto de vista mal implementado, de corregir los gruesos errores económicos que se habían heredado de la inflación cero de Gelbard. Celestino Rodrigo subió el precio de los servicios públicos porque tenía que reducir la pérdida de las empresas del Estado para aliviar el peso sobre el tesoro que requería de cada vez más pesos emitidos por el Banco Central y de esa manera tratar de reducir la inflación. Celestino Rodrigo pagó el costo político del lío que armó Gelbard.

Si uno hoy mira la situación de las tarifas de los servicios públicos, es parecida a la de la inflación cero de Gelbard. Las empresas que prestan servicios públicos tienen precios políticos. Esos precios no cubren los costos operativos ni el mantenimiento del stock de capital, y mucho menos la ampliación del stock de capital. ¿Cómo se financia todo eso? Con subsidios. ¿Quién paga los subsidios? El Estado (mejor dicho el contribuyente). Como el tesoro tiene déficit fiscal, el BCRA cada vez emite más moneda para financiar al tesoro y produce el proceso inflacionario imparable al que estamos asistiendo. Es lo mismo que en los 60, 70 u 80. Fijación de precios políticos financiados con el impuesto inflacionario. Por eso mueve a risa cuando se habla del famoso modelo. El modelo es una copia burda del desastre de los 60, 70 y 80 que terminaron en la hiperinflación. Aclaro que no sé si vamos a terminar en otra hiperinflación, pero sí me queda claro que la tasa de inflación va a ser alta, y cuando digo alta, digo dos dígitos elevados.

Recuerdo que muchas décadas atrás se hablaba de establecer el peaje en las rutas para mantenerlas porque se caían a pedazos. Frente a la propuesta del peaje, un político no peronista, pero imbuido de un falso nacionalismo, afirmó: ¡quieren lucrar con los caminos de la patria! Para el dirigente político era preferible que la gente se matara en las rutas que “sacrificar” la soberanía nacional y poner un peaje.

Volviendo a la actualidad, cuando uno mira el presupuesto de la Nación, el rubro más importante son los servicios sociales, donde el mayor importe está en el sistema de previsión social (casi una humorada por lo que ganan los jubilados) y el segundo rubro es lo que se destina a subsidios para tener tarifas púbicas políticas.

El déficit fiscal del año pasado, que, bien medido, fue del orden de los $ 54.000 millones, está altamente influenciado por los famosos subsidios a la energía y el transporte. Por eso a principios de año el gobierno amagó con empezar a eliminarlos, pero entre la inflación que se disparaba, el malhumor de la gente para sacar la tarjeta SUBE y la tragedia de la estación Once, tuvieron que frenar el rodrigazo tarifario que ellos mismos heredaron de su gestión. ¿Cómo comunicar un aumento del boleto del tren luego del desastre de Once? Por lo tanto, bajaron los flaps y esperaron a un mejor momento, el cual no llegará porque la inflación tiende a aumentar.

La economía está atrapada en dos graves problemas. Uno es que la corrección de las tarifas políticas de los servicios públicos implica aplicarle un fuerte golpe al bolsillo de la gente. Al mismo tiempo, dada la falta de competitividad estructural de la economía, el tipo de cambio real alto que heredaron para esconder la falta de competitividad, se lo devoró la inflación que se generó en todos estos años. Me animaría a decir que hoy, dada esta política económica, es políticamente tan complicado corregir las tarifas políticas que vienen sosteniendo desde que asumieron, como solucionar el problema de tipo de cambio real que tienen. La batería de medidas que viene aplicando el gobierno para impedir la compra de dólares no alcanza y todo el tiempo tienen que inventar nuevas restricciones, como, por ejemplo, obligar a los exportadores a ingresar antes los dólares de exportación. Esto marca el serio problema cambiario que tiene el gobierno.

Con el apoyo de una oposición que, como toda propuesta, ofrece hacer kirchnerismo pero sin sus formas, Argentina es nuevamente soberana gracias a que se confiscaron las acciones de Repsol.

Todos sabemos que el problema energético actual lo generó este gobierno con su política de precios políticos. La confiscación de las acciones de YPF intenta, más que generar caja, distraer la atención de la gente bajo una nueva propuesta de falso nacionalismo. Dicho de otra manera. La inflación se dispara, faltan productos en los negocios, la caída del salario real se hace sentir, la gente tiene que afrontar impuestazos a nivel provincial y municipal, más la consabida carga del Estado nacional y la demanda de trabajo es cada vez más escasa. Está por debajo del promedio del crítico 2002. Si a esto se le agrega la fenomenal caída que tuvo la imagen del gobierno, que en tres meses perdió 31% de confianza de la población, el tema YPF viene a ser algo así como la invasión de Malvinas en el momento crítico del gobierno militar.

En definitiva, el famoso modelo es muy parecido a los 60, 70 y 80, pero con otros modos menos amables y más rústicos. Eso es todo. El final ya lo sabemos.

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA)y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.