Funcionarios universitarios, ¿ética o ideología?

Por Carlos Alberto Salguero. Publicado el 10/12/15 en: http://esblog.panampost.com/editor/2015/12/10/funcionarios-universitarios-etica-o-ideologia/

 

El comportamiento del kirchnerismo hacia las universidades ha sido como el del resto de las estructuras sociales: Dar recursos esperando el retorno en forma de apoyo

Durante el siglo posterior a la aparición de Una Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones, de Adam Smith, el progreso económico se aceleró hasta niveles nunca antes vistos en la historia de la humanidad.

El desarrollo tecnológico, la economía, la vida de las personas e incluso la política del mundo occidental produjeron cambios profundos y permanentes en términos de calidad. Los estándares de vida se situaron en umbrales mucho más altos: la educación se extendió a toda la sociedad y se incrementó en grande la expectativa de vida.

En la actualidad, se sabe que es el lucro −a nivel social− lo que actúa como elemento orientador y produce efectos de acuerdo con lo que es económicamente más rentable. Sin embargo, con cierta lentitud y en forma gradual fue advirtiéndose que el proceso de mercado permitió disponer del conocimiento personal para alcanzar sus propios objetivos. Solo así se hizo posible incrementar de manera sostenida mejores condiciones para todos los ciudadanos.

No era de esperar, entonces, que los cambios que acompañaron tan extraordinario crecimiento económico suscitaran profundas críticas y áspera oposición por parte de algunos sectores. Dando la espalda a los grandes avances intelectuales de Smith, una mirada sesgada, tendenciosa y elemental de la sociedad emergió de entre las sombras de las ciencias sociales y ha servido de fundamento de lo que se ha dado en llamar el ideario populista.

El populismo –término no registrado por la Real Academia Española− tiene ciertos rasgos característicos, tales como: oponerse a las élites (esgrime una presunta paternidad social hacia los más débiles, pero, en verdad, desde la élite se busca domeñarlos), el predominio de la emoción sobre la razón, la simplificación dicotómica, la corrupción, el liderazgo carismático, la imprevisibilidad económica, el oportunismo, la completa ausencia de una conducta moral y ética entre otras peculiaridades.

El primer rasgo del populismo surge a simple vista, busca extenderse e imponerse de modo absoluto. Las elecciones populares, que sirven de presentación a los futuros líderes populistas, se caracterizan por su marcado tono personalista. No se discuten ideas ni proyectos de país, el debate electoral se circunscribe casi con exclusividad a consignas o eslóganes que exaltan la figura del cabecilla, procuran simplificar la realidad política y manipular la historia. Solo se trata de un conjunto de frases tan altisonantes como carentes de contenido. Las campañas electorales no tardan en convertirse en un culto al candidato, y las estructuras políticas que habilitan legalmente la candidatura son simples medios para un fin: el acceso al poder.

El entorno cercano del líder, un compuesto de seguidores pusilánimes, destaca a un grupo de laderos (circunstanciales cómplices de sus tropelías). Entre ellos se ha de citar al conjunto del cual proviene el repertorio de las principales ideas en la Argentina de hoy, quizás el portavoz menos esperado: ¡la “intelectualidad”! Deliberadamente, el énfasis añadido esconde el sentido real, pues el fin es llamar la atención de quienes con su actitud apenas rozan el mote de “pseudointelectuales”.

No se propone ninguna insinuación sobre la deficiencia de rectitud de los intelectuales, la cual, en una mirada personal, se cree que es tan alta como lo permite el mercado de ideas. Porque es muy pequeño el número de los mal llamados intelectuales o, en rigor de verdad, pseudocientíficos (a los que se hace alusión en el presente artículo), que cambian de posición después de mojar un dedo y exponerlo al viento.

Aquí se distingue a un intelectual de alguien que se hace pasar por tal sin serlo. Se debe comprender que cuando las características de uno y otro se llevan al extremo, se puede distinguir mejor lo que define y separa a cada uno.

El intelectual, consciente de su ignorancia relativa, se motiva en la búsqueda de la verdad; en cambio, el pseudocientífico está seguro que ya la posee y su interés principal es la predicación, la propaganda y adoctrinamiento de los seguidores.

El intelectual estudia los puntos de vista opuestos, prescindiendo de juicios personales, y hace un esfuerzo consciente por no tergiversarlos; pero el “pseudointelectual” crea una caricatura tergiversada de las opiniones y doctrinas de las que difiere, para rebatirlas más fácilmente y mostrar  así su superioridad ante los demás. Unos defienden ideales; los otros, al mejor postor.

Con el fin de exaltar el rol del segundo grupo −los pseudocientíficos− el Estado nacional ha reducido el coste relativo de la educación superior para el estudiante individual, pero ha causado un fuerte incremento en el coste relativo para la sociedad. Análogamente, la inmensa armadura de políticas reguladoras ha generada un empleo público desmesurado y sin precedentes, creando nuevas universidades y nacionalizando otras, todas con el mismo fin.

En síntesis, los funcionarios políticos que dirigen las universidades o centros de educación superior son los verdaderos beneficiarios del rol económico del Gobierno (“Polémica por los sueldos de hasta AR$200.000 en la Universidad del Comahue”, Clarín.com 14/10/15).+

Los mismos funcionarios se han mostrado desdeñosos contra la economía competitiva y las dificultades experimentadas por aquellas actividades culturales que no se encuentran con la prueba del mercado, curiosamente la causa de su oposición: “el materialismo hostil frente a los valores éticos estimados por las clases intelectuales”. Aún cuando el crecimiento del Gobierno en relación con la actividad económica privada está condicionado a la productividad de la economía, el interés propio de esos funcionarios está en la expansión del gasto gubernamental.

Prueba de ello es el apoyo explícito recibido por Daniel Scioli por 28 rectores de universidades de cara al balotaje pasado 22 de noviembre. De igual tenor fue el comunicado que emitieron las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata para votar en favor del candidato oficialista, entre ellos Fernando Tauber, ex rector y hoy vicerrector de la UNLP, “entendemos la necesidad de sostener políticas sociales, educativas y científicas inclusivas que han permitido la recuperación y jerarquización del sistema público de educación superior y de ciencia y tecnología, así como recuperar y consolidar el vínculo de la universidad con el Estado y la Sociedad”.+

Las elecciones en esta dirección son ciertamente tan variadas y arbitrarias como la selección de sistemas éticos (o abyectos). Tal vez nadie tiene derecho a despreciar esos sistemas, pero sí a expresar escepticismos sobre su coherencia y contenido, y, sobre todo, sobre los aspectos de la actual aceptación −a gran escala− de cualquier ideología semejante.+

Pues bien, los hechos ofrecen luz a la interpretación. En abril del año pasado, Cristina Fernández de Kirchner regresó a la UNLP y recibió el título de Doctora Honoris Causa de la mano de Tauber. Todo ello, en medio de una agitada controversia sobre el título de abogado de la presidente que, a pesar de grotescas tachaduras y enmiendas en datos sensibles, fue bendecido por el juez federal Norberto Mario Oyarbide, el mismo que sobreseyó al matrimonio presidencial en la causa de enriquecimiento ilícito.

Finalmente, frente a los abultados presupuestos que financian estructuras sin contrapesos institucionales, solo queda apelar a una palabra extrañamente ausente en las centenarias cadenas nacionales de la presidente, la ética (o el conjunto de normas con respecto a las relaciones con otras personas que custodian los beneficios generales), y a un argumento esencial de los intelectuales: su integridad.

 

Carlos Alberto Salguero es Doctor en Economía y Máster en Economía y Administración de Empresas (ESEADE), Lic. en Economía (UCALP), Profesor Titular e Investigador en la Universidad Católica de La Plata y egresado de la Escuela Naval Militar.

Venezuela, Paraguay y Argentina, entre las Justicias menos independientes del mundo

Por Belén Marty: Publicado el 23/6/14 en: http://es.panampost.com/belen-marty/2014/06/23/venezuela-paraguay-y-argentina-entre-las-justicias-menos-independientes-del-mundo/?fb_action_ids=10152127101936583&fb_action_types=og.recommends

 

El Foro Económico Mundial le sacó tarjeta roja a America Latina, al menos en lo que concierne a una justicia independiente. El Informe Global de Competitividad 2013-2014, publicado por la organización basada en Suiza, describe un escenario preocupante para esta región del mundo. Declara que los sistemas judiciales de Venezuela, Paraguay y Argentina, están entre los peores del planeta.

El ranking fue realizado a partir de una encuesta formal a ejecutivos y gerentes sobre su percepción del nivel de independencia que tiene el sistema judicial de sus países en cuanto a la influencia del gobierno, empresas y otros actores ajenos al sistema judicial. Está realizado en una escala del uno (1) al siete (7), siendo 1 países con sistemas judiciales muy influenciados, y 7 aquellos con sistemas judiciales totalmente independientes de los poderes del gobierno y las corporaciones.

El índice de independencia judicial se encuentra dentro de un macro-índice que mide la competitividad global de los países. Para esto, el Foro Económico Global analiza diez pilares de la competitividad: Instituciones públicas y privadas (donde encontramos el índice de independencia judicial), infraestructura, ambiente macroeconómico, educación de la mano de obra, educación superior, mercados eficientes, desarrollo de mercados financieros, capacidad de aprovechar los beneficios de las tecnologías existentes, y por último, el tamaño del mercado doméstico.

Venezuela se encuentra en el último puesto del ranking de 148 países encuestados, con un puntaje de 1.1. Es el país con la justicia menos confiable del mundo.

Además, el informe establece graves problemas económicos en este país dados principalmente por tres factores: La regulación de la moneda extranjera, la regulaciones restrictivas al trabajo y la ineficiencia de la burocracia gubernamental.

Paraguay sigue a Venezuela como el segundo país con la justicia más corrupta de América Latina en el puesto 146 con un puntaje de 1.7. Justo después están Haití (2.0) y Argentina (2.4).

Mientras tanto, el mejor país de la región en cuanto a independencia judicial es Uruguay (5.4) en el puesto 25, seguido de Chile (5.3) y Costa Rica (4.8).

Mario Serrafero, docente universitario de Análisis Institucional e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICET) en Argentina, expresó que la justicia en América Latina tiene poca independencia comparada con otros países donde existen democracias desarrolladas y consolidadas.

“El problema ha sido la persistente politización de la justicia y, por otro lado, el predominio del Poder Ejecutivo sobre el resto de las ramas del gobierno. Por otra parte, hay una diferencia notable entre los distintos países latinoamericanos, por ejemplo entre la mayor independencia de los tribunales en Chile y la dependencia de la justicia en Venezuela. La inestabilidad institucional del siglo XX y de la propia justicia han atentado contra la independencia que se logra solo en instituciones estables y sólidas”, explicó el experto.

Desde abril, la Asamblea Nacional de Venezuela adelanta el proceso de elección de 11 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en un proceso que depende en su mayoría de la decisión de los diputados de la Asamblea Nacional, de mayoría Chavista.

La politización de la política: El caso paraguayo

El informe, publicado a finales de 2013, describe una situación alarmante en relación con la justicia en ciertos países de la región. En Paraguay, entre los últimos tres países del ranking mundial (solo superado por Venezuela y Burundi), José Altamirano, exjuez de la Corte Suprema de ese país, denuncia que los mandatos de los jueces de este máximo tribunal ya no están vigentes, y también cuestionó la politización de la justicia.

“Estoy seguro de que en el país existen personas con suficiente idoneidad y con honorabilidad suficiente que podrían acceder a los mejores cargos. Lo que pasa es que estas personas no quieren concursar porque los mecanismos de selección no son precisamente los que se ajustan a la ley, sino que se acomodan a los intereses particulares de cada grupo”, señaló el juez.

Argentina, otro caso emblemático de justicia dependiente del poder ejecutivo

Ezequiel Spector, abogado, doctorando en Filosofía del Derecho y profesor de Teoría General del Derecho en la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina, le señaló a PanAm Post que existe incumplimiento de fallos de la Corte Suprema a causa de la influencia del Poder Ejecutivo nacional.

“En un comunicado, la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial se refirió a campañas difamatorias contra jueces, recusaciones y denuncias penales utilizadas excesivamente solo para separar a un juez de su causa, e intentos de modificar legislaciones locales en perjuicio de la estabilidad e independencia de los jueces en el contexto del caso sobre la llamada Ley de Medios”, explicó el docente.

En relación a la causa contra el fiscal de más de 20 años de experiencia José María Campagnoli —que está siendo enjuiciado por investigar a un empresario kirchnerista por lavado de dinero—, Spector manifestó: “Lo quieren destituir con una serie de acusaciones vagas y poco claras, un tribunal que casi la mitad tiene evidentes contactos con la presidenta, sin contar la procuradora general de la nación, que es un títere de Cristina [Kirchner]”.

Por último, la editorial del diario argentino La Nación del sábado resume la situación actual de este país.

“Cada vez resulta más evidente que nos encontramos ante una persecución manifiesta que se lleva adelante en un trámite irregular pocas veces visto en nuestro país. La víctima es un probo y honesto funcionario judicial, víctima de un hecho que reviste una gravedad inusitada. Durante esta década se han observado numerosos actos que afectaron directamente la independencia judicial en nuestro país, pero nunca se había visto algo tan extremadamente burdo”, concluyó el editorial.

 

Belén Marty es Lic. en Comunicación por la Universidad Austral. Actualmente cursa el Master en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Conduce el programa radial “Los Violinistas del Titanic”, por Radio Palermo, 94,7 FM.