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AMENAZA A LA LIBERTAD DE PRENSA

Por Alberto Benegas Lynch (h). 

 

Ya hemos consignado que el gobierno de Donald Trump ha comenzado su gestión insultando a periodistas y echando algunos de conferencias de prensa de la Casa Blanca como si fuera dueño del lugar. En vez de señalar sus desacuerdos ha optado por sostener que son deshonestos y otros improperios . Ahora el gobierno anuncia que se está estudiando la posibilidad de citar a periodistas que hagan públicas informaciones que los gobernantes consideran  reservadas, lo cual contradice principios elementales de la libertad de prensa.

 

Dada la trascendencia del tema, nunca es suficiente insistir una y otra vez sobre la importancia de resguardar  lo que consigna el cuarto poder al efecto de hacer posible el debate abierto de ideas para avanzar en el conocimiento y limitar los abusos del poder. Jefferson sostenía que “frente a la alternativa de contar con un gobierno sin libertad de prensa y libertad de prensa sin gobierno, me inclino por los segundo”.

 

Hay autores que se pronuncian sobre diversos temas de interés general pero sus manifestaciones se reducen a un ámbito más o menos parroquial, sin embargo hay otros que emiten declaraciones, pronuncian conferencias o publican ensayos y sus palabras recorren casi instantáneamente el planeta. Este es el caso, por ejemplo, de Umberto Eco.

Son muchos los aspectos de gran interés que ha abordado Eco a través de su vida, pero destaco una conferencia en el Senado romano ante los miembros de ese cuerpo legislativo y directores de los periódicos más importantes de Italia sobre la función crítica del periodista. Este filósofo de la lengua apuntó que “La función del cuarto poder es, sin duda, la de controlar y criticar a los otros tres poderes” y también que “es garantía de salud para un país democrático que la prensa pueda cuestionarse a sí misma”.

A partir de esta premisa apuntada por Umberto Eco elaboraré en otras ocasiones sobre aspectos que estimo relevantes y que ahora vuelvo a resumir. Antes que nada es del caso subrayar que asistimos con alarma y gran preocupación al espectáculo lamentable en el que los dictadores electos y los de facto indefectiblemente la emprenden contra los medios y periodistas independientes, en verdad un pleonasmo ya que el “periodismo oficialista” deja de ser periodismo pero, dada la situación imperante, se hace necesario el adjetivo…a veces el antiperiodismo se autodenomina “periodismo militante”, una figura bochornosa pero que pone al descubierto la naturaleza vertical y militar del fenómeno.

La libertad de expresión es la manifestación de la libertad de pensamiento lo cual se torna indispensable para la vida del ser humano cuya característica sobresaliente es precisamente la de pensar y, consecuentemente, para el progreso puesto que éste se basa en un proceso evolutivo que demanda debates abiertos, todo lo cual solo tiene lugar en libertad. Esa es la razón por la  que las Constituciones de las sociedades abiertas le atribuyen primordial importancia a la libertad de prensa y por la que los megalómanos tanto le temen a las voces que difieren con el discurso oficial.

Habiendo dicho esto, conviene precisar que hay reparticiones gubernamentales que muchas veces se dan por sentadas en regímenes democráticos pero que llevan la semilla de la destrucción del sistema, léase las agencias de noticias oficiales que sientan las bases para la manipulación de las pautas publicitarias, propaganda gubernamental y otras tropelías. En una sociedad abierta la publicidad oficial se terceriza sin necesidad de contar con una repartición estatal y les está vedado a los gobernantes participar en nada que esté relacionado con la prensa, tal como empresas de papel, el establecimiento de medios estatales, el mantenimiento de figuras inquisitoriales como la del “desacato” o la asignación de frecuencias radiales y televisivas puesto que el espectro electromagnético es susceptible de asignarse en propiedad y así liberarse de la fatídica figura de la concesión que siempre significan una peligrosa espada de Damocles.

Sin duda que la libertad de expresión para nada deshecha la posibilidad de que la Justicia proceda con las penas que estime necesario si se han vulnerado derechos, pero esto en ningún caso admite la censura previa. Solo los totalitarios y los brutos morales (que son sinónimos) pueden patrocinar la clausura de debates abiertos sobre todos los temas concebibles.

La función primordial del periodismo es la crítica al poder para así contribuir a mantener en brete a lo que siempre está en potencia de convertirse el un Leviatán que todo lo aplasta y engulle a su paso. Como nada al alcance de los mortales es perfecto, es deber del periodismo hurgar, escudriñar y poner al descubierto lo que se estima son desvíos de los gobiernos de su misión específica de garantizar y proteger los derechos de todos, así como también cualquier noticia referida a otros ámbitos que se estime pertinente comentar .

Esta plena libertad incluye el debate de ideas con quienes implícita o explícitamente proponen modificar el sistema, de lo contrario se provocaría un peligroso efecto boomerang (la noción opuesta llevaría a la siguiente pregunta, por cierto inquietante ¿en que momento se debiera prohibir la difusión de las ideas comunistas de Platón, en el aula, en la plaza pública o cuando se incluye parcial o totalmente en una plataforma partidaria?). Las únicas defensas de la sociedad abierta radican en la educación y las normas que surgen del consiguiente aprendizaje y discusión de valores y principios.

De la libertad de expresión se sigue la de asociación y de petición que deben minimizar las tensiones que eventualmente generen batifondos extremos y altos decibeles que afectan los derechos del vecino, lo cual en un sistema abierto se resuelve a través de fallos en competencia como mecanismo de descubrimiento del derecho y no como ingeniería legislativa y diseño arrogante.

Otra cuestión también controversial se refiere a la financiación de las campañas políticas. En esta materia, se ha dicho y repetido que deben limitarse las entregas de fondos a candidatos y partidos puesto que esos recursos pueden apuntar a que se les “devuelva favores” por parte de los vencedores en la contienda electoral. Esto así está mal planteado, las limitaciones a esas cópulas hediondas entre ladrones de guante blanco mal llamados empresarios y el poder, deben eliminarse vía marcos institucionales civilizados que no faculten a los gobiernos a encarar actividades más allá de la protección a los derechos y el establecimiento de justicia. La referida limitación es una restricción solapada a la libertad de prensa, del mismo modo que lo sería si se restringiera la publicidad de bienes y servicios en diversos medios orales y escritos.

También viene muy al caso mencionar el muy difundido caso de quien grita “¡fuego!” en un teatro colmado de gente cuando en verdad no hay tal incendio. Habitualmente se esgrime este ejemplo para concluir que hay límites a la libertad de expresión. Esto así está mal concebido si no se precisa el tema contractual vinculado a los derechos de propiedad que subyacen. En otros términos, el dueño del teatro y los espectadores se han comprometido, uno a ofrecer la función respectiva y los otros a presenciarlas lo cual no autoriza a ninguna de las dos partes a gritar nada ni a ninguna otra cosa como no sea el cumplir con lo contratado. En cambio, si en realidad hubiera un incendio cualquiera de las partes puede expresar la alarma que protege las vidas de los contratantes. No se trata entonces de una limitación al derecho la falsa alarma sino una obligación a ceñirse a lo estipulado.

De más está decir que la libertad de investigación periodística no puede lesionar derechos (nadie lo puede hacer en una sociedad civilizada) lo cual implica respetar el derecho a la intimidad. Este derecho consagrado en todas las Constituciones liberales, fue explicitado de modo detallado en 1890 por Samuel Warren y Louis Brandeis en un ensayo titulado “The Right to Privacy” (Harvard Law Review) y más adelante el célebre libro de Vance Pakard que bajo el título de La sociedad desnuda alude a todos los mecanismos y tecnologías gubernamentales y privadas que pueden utilizarse como invasivas (rayos láser, potentes máquinas fotográficas, telescopios y eventualmente aparatos que puedan captar ondas sonoras de la voz a grandes distancias) y las preguntas insolentes, formularios improcedentes y regulaciones invasivas por parte del Leviatán. Por razones de seguridad, la instalación de cámaras televisivas deben ser anunciadas por el instalador para dar la posibilidad de no transitar o visitar los lugares así vigilados. Por su parte, las llamadas cámaras ocultas en la mayor parte de las normativas penales no se aceptan como pruebas de un delito al ser recabadas por medio de otro delito.

Tal como escribe Milán Kundera en La insoportable levedad del ser “la persona que pierde su intimidad, lo pierde todo”. El derecho a la privacidad significa el resguardo a lo más caro del individuo, como consigna Santos Cifuentes en El derecho a la vida privada, constituye una extensión del derecho de propiedad. En la sociedad abierta, el sentido básico de resguardar ese sagrado derecho está dirigido principalmente aunque no exclusivamente contra los gobiernos.

Las personas tienen el derecho a resguardar sus personas, sus papeles, sus archivos en sus computadoras, sus correos electrónicos, sus casas y en general sus efectos contra requisitorias y revisaciones y que ninguna orden de Juez puede librarse sin causa probable de delito sustentada en el debido juramento y con la expresa descripción del lugar específico, los objetos y las personas a ser requisadas.

Afortunadamente han pasado los tiempos del Index Expurgatoris en el que papas pretendían restringir lecturas de libros, pero irrumpen en la escena comisarios que limitan o prohíben la importación de libros, dan manotazos a la producción y distribución de papel, interrumpen programas televisivos o, al decir del decimonónico Richard Cobden, establecen exorbitantes “impuestos al conocimiento”. La formidable invención de la imprenta por Pi Sheng en China y más adelante la contribución extraordinaria de Gutemberg, no han sido del todo aprovechadas, sino que a través de los tiempos se han interpuesto cortapisas de diverso tenor y magnitud pero en estos momentos han florecido (si esa fuera la palabra adecuada) megalómanos que arremeten con fuerza contra el periodismo.

Esto ocurre debido a la presunción del conocimiento de gobernantes que sin vestigio alguno de modestia, se autoproclaman sabedores de todo cuanto ocurre en el planeta, y se explayan en vehementes consejos a obligados y obsecuentes escuchas en imparables verborragias.

Dados los temas aquí brevemente expuestos —y que no pretenden agotar los vinculados a la libertad de prensa— considero que viene muy al caso reproducir una cita de la obra clásica de John Bury titulada Historia de la libertad de pensamiento: “El mundo mental del hombre corriente se compone de creencias aceptadas sin crítica y a las cuales se aferra firmemente […] Una nueva idea contradictoria respecto a las creencias que sustenta, significa la necesidad de ajustar su mente […] Las opiniones nuevas son consideradas tan peligrosas como molestas, y cualquiera que hace preguntas inconvenientes sobre el por qué y el para qué de principios aceptados, es considerado un elemento pernicioso”.

 

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

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Ideales contrapuestos

Por Alberto Benegas Lynch (h).

 

Es de interés reflexionar sobre el contraste que en general se observa entre la perseverancia y el entusiasmo que suscita el ideal autoritario y totalitario correspondiente a las variantes comunistas-socialistas-nacionalistas que aunque no se reconocen  como autoritarios y totalitarios producen llamaradas interiores que empujan a trabajar cotidianamente en pos de esos objetivos (al pasar recordemos la definición de George Bernard Shaw en cuanto a que “los comunistas son socialistas con el coraje de sus convicciones”).

Friedrich Hayek y tantos otros intelectuales liberales enfatizan el ejemplo de constancia y eficacia en las faenas permanentes de los antedichos socialismos, mientras que los liberales habitualmente toman  sus tareas, no digamos con desgano, pero ni remotamente con el empuje, la preocupación y ocupación de su contraparte.

Es del caso preguntarnos porqué sucede esto y se nos ocurre que la respuesta debe verse en que no es lo mismo apuntar a cambiar la naturaleza humana (fabricar “el hombre nuevo”) y modificar el mundo, que simplemente dirigirse al apuntalamiento de un sistema en el que a través del respeto a los derechos de propiedad, es decir, al propio cuerpo, a la libre expresión del pensamiento y al uso y disposición de lo adquirido de manera lícita. Esto último puede aparecer como algo frívolo si se lo compara con el emprendimiento que creen majestuoso de cambiar y reinventar todo. Se ha dicho que  la quimera de ajustarse a los cuadros de resultado en la contabilidad para dar rienda suelta a los ascensos y descensos en la pirámide patrimonial según se sepa atender o no las necesidades del prójimo, se traduce un una cosa muy menor frente a la batalla gigantesca que emprenden los socialismos.

Este esquema no solo atrae a la gente joven en ámbitos universitarios, sino a políticos a quienes se les permite desplegar su imaginación para una ingeniería social mayúscula, sino también a no pocos predicadores y sacerdotes que se suman a los esfuerzos de modificar la naturaleza de los asuntos terrenos.

Ahora bien, esta presentación adolece de aspectos que son cruciales en defensa de la sociedad abierta. Se trata ante todo de un asunto moral: el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros que permite desplegar el máximo de la energía creadora al implementar marcos institucionales que protejan los derechos de todos que son anteriores y superiores a la existencia del monopolio de la fuerza que denominamos gobierno. El que cada uno siga su camino sin lesionar iguales derechos de terceros, abre incentivos colosales para usar y disponer del mejor modo posible lo propio para lo cual inexorablemente debe atenderse las necesidades del prójimo. En otros términos, el sistema de la libertad no solo incentiva a hacer el bien sino que permite que cada uno siga su camino en un contexto de responsabilidad individual y, en el campo crematístico, la asignación de los siempre escasos recursos maximiza las tasas de capitalización que es el único factor que permite elevar salarios e ingresos en términos reales.

Hay quienes desprecian lo crematístico (“el dinero es el estiércol del diablo” y similares) y alaban la pobreza material al tiempo que la condenan con lo que resulta difícil adentrarse en lo que verdaderamente se quiere lograr. Si en realidad se alaba la pobreza material como un virtud, habría que condenar con vehemencia la caridad puesto que mejora la condición  material de receptor.

Algunos dicen aceptar el  sistema de la libertad pero sostienen que los aparatos estatales deben “redistribuir ingresos” con lo que están de hecho contradiciendo su premisa de la libertad y la dignidad del ser humano puesto que operan en una dirección opuesta de lo que las personas decidieron sus preferencias con sus compras y abstenciones de comprar para reasignar recursos en direcciones que la burocracia política considera mejor. En la visión redistribucionista se trata a la riqueza como si estuviera ubicada en el contexto de la suma cero (lo que tiene uno es porque otro no lo tiene), es decir, una visión estática como si el valor de la riqueza no fuera cambiante y dinámica. Según Lavoisier todo se transforma, nada se consume pero de lo que se trata no es de la expansión de la materia sino de su valor (el teléfono antiguo tenía mayor cantidad de materia que el moderno pero el valor de éste resulta mucho mayor).

Lo primero para evaluar la moralidad de un sistema es resaltar que no puede existir siquiera idea de moral si no hay libertad de acción puesto que, por un lado, a punta de pistola no hay posibilidad de considerar un acto moral y, por otro, la compulsión para hacer o no hacer lo que no lesiona derechos de terceros es siempre inmoral. En la sociedad abierta  o liberal solo cabe el uso de la fuerza de carácter defensivo, nunca ofensivo. Sin embargo en los estatismos, por definición, se torna imperioso el uso de la violencia a los efectos de torcer aquello que la gente deseaba hacer, de lo contrario  no sería estatismo.

En el contexto de la sociedad abierta, como consecuencia de resguardar los derechos de propiedad se estimula la cooperación social, esto es, los intercambios libres y voluntarios entre sus participantes lo cual necesariamente mejora la situación de las partes en un contexto de división del trabajo ya que en libertad se maximiza la posibilidad de detectar talentos y las vocaciones diversas (todo lo contrario de la guillotina horizontal que sugieren los socialismos igualitaristas). Y en este estado de cosas se incentiva también la competencia, esto es, la innovación y la emulación para brindar el mejor servicio y la mejor calidad y precio a los consumidores.

Como hemos apuntado en otras ocasiones, la libertad es indivisible, no es susceptible de cortarse en tajos, es un todo para ser efectiva en cuanto a los derechos de la gente. Los marcos institucionales que aseguran el antedicho respeto resultan indispensables para proteger el uso y la disposición diaria de lo que pertenece a cada cual. Los marcos institucionales constituyen el continente y las acciones cotidianas son el contenido, carece de sentido proclamarse liberal en el continente y no en el contenido puesto que lo uno es para lo otro. Entonces, ser “liberal de izquierda” constituye una flagrante contradicción en los términos, lo cual para nada significa que la posición contraria sea “de derechas” ya que esta posición remite al fascismo y al conservadurismo, la posición contraria es el liberalismo (y no el “neoliberalismo” que es una etiqueta con la que ningún intelectual serio se identifica puesto que es un invento inexistente).

Incluso para ser riguroso la expresión “ideal” que hemos colocado de modo un tanto benévolo en el título de esta nota, estrictamente no le cabe a los estatismos puesto que esa palabra alude a la excelencia, a lo mejor, a lo más elevado en la escala de valores, por lo que la compulsión y la agresión a los derechos no puede considerarse “un ideal” sino más bien un contraideal. Es un insulto torpe a la inteligencia cuando se califica a terroristas que achuran a sus semejantes a mansalva como “jóvenes idealistas”.

Lo dicho sobre la empresa arrogante, soberbia y contraproducente de intentar la modificación de la naturaleza  humana, frente a los esfuerzos por el respeto recíproco no justifican en modo alguno la desidia de muchos que se dicen partidarios de la sociedad libre pero se abstienen de contribuir día a día en la faena para que se comprenda la necesidad de estudiar y difundir los valores de la sociedad abierta e incluso las muestras de complejos inaceptables que conducen al abandono de esa defensa renunciando a principios básicos del mencionado respeto que permite que cada uno al proteger sus intereses legítimos mejora la condición del prójimo.

La sociedad abierta hace posible que las personas dejen de preocuparse solamente por cubrir sus necesidades puramente animales y puedan satisfacer sus deseos de recreación, artísticos y en general culturales. De más está decir que esto no  excluye posibles votos de pobreza, lo que enfatizamos es que la libertad otorga la oportunidad de contar con medicinas, comunicaciones, transportes, educación e innumerables bienes y servicios que no pueden lograrse en el contexto de la miseria a que conducen los sistemas envueltos en aparatos estatales opresivos.

Lo dicho en absoluto significa que deban acallarse las posiciones estatistas por más extremas que parezcan. Todas las ideas desde todos los rincones deben ser sometidas al debate abierto sin ninguna restricción al efecto de despejar dudas en un proceso de prueba y error que no tiene término. En eso estamos. Lo peor son las ideologías, no en el sentido inocente del diccionario, ni siquiera en el sentido marxista de falsa conciencia de clase, sino como algo terminado, cerrado e inexpugnable que es lo contrario al conocimiento que es siempre provisional y abierto a posibles refutaciones. De lo que se trata es de pisar firme en los islotes de lo que al momento estimamos son verdades, en medio del mar de ignorancia que nos envuelve. Y esto no suscribe en nada la contradictoria postura del relativismo epistemológico que además de ser relativa esa misma posición, abriría la posibilidad de que una cosa al tiempo pueda ser y no ser lo que es y derribaría toda posibilidad de investigación científica puesto que no habría nada objetivo que investigar.

El concepto mismo de Justicia es inseparable de la libertad y de la propiedad. Según la definición clásica se trata de “dar a cada uno lo suyo” y lo suyo remite a la propiedad. El aludir a la denominada “justicia social” se traduce en una grosera redundancia puesto que la justicia no es mineral, vegetal o animal o, de lo contrario, apunta a sacarles por la fuerza sus pertenencias para entregarlas a quienes no les pertenece, lo cual constituye una flagrante injusticia.

Los socialismos proclaman que sus defendidos son los trabajadores (y los limitan a los manuales) pero precisamente son los más perjudicados con sus sistemas ya que el desperdicio de capital por políticas desacertadas recae principalmente sobre sus bolsillos. El liberalismo en cambio, cuida especialmente a los más débiles económicamente al atribuir prioritaria importancia que a cada trabajador debe respetársele el fruto de su trabajo sin descuentos o retenciones de ninguna naturaleza y en un ámbito donde se maximizan las tasas de capitalización y, consecuentemente, los salarios. El nivel de vida no se incrementa por medio del decreto sino a través del ahorro y la inversión, lo cual solo puede florecer en un clima de respeto recíproco y no someterse a megalómanos que imponen sus caprichos sobre las vidas y haciendas ajenas.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Un análisis del estado benefactor en todo el mundo: los resultados no son bueno, pero es difícil cambiarlo

Por Martín Krause. Publicada el 22/5/17 en: http://bazar.ufm.edu/analisis-del-estado-benefactor-mundo-los-resultados-no-bueno-dificil-cambiarlo/

 

En el Cato Policy Report de Enero/Febrero de este año, se comenta un libro de James Bartholomew titulado “The Welfare of Nations”:

“En 2006 el periodista  James Bartholomew, que recientemente había publicado su libro más vendido, The Welfare State We’re In, fue presentado a Margaret Thatcher en un pequeño almuerzo en Inglaterra. Comenzó a contarle acerca de su libro, que argumentaba que el estado de bienestar moderno británico había hecho más daño que bien, y que Gran Bretaña habría estado mejor si nunca hubiera sido creado.

Lady Thatcher le preguntó qué, en ese caso, debería hacerse para arreglarlo. Bartholomew ofreció su respuesta estándar de libro-gira: que él no creía que ninguna democracia moderna aceptara los cambios realmente necesarios, y no le importaba recomendar algo de lo mejor. “¡No no no! ¡No puedes decir que hay un problema y no encontrar una solución! “, Replicó Lady Thatcher. “Si usted dice que el estado de bienestar no es bueno, debe sugerir una alternativa!” Bartholomew trató de protestar que llevar a cabo la investigación necesaria sería demasiado costoso, y la gente lo encontraría “aburrido.” Aquí de nuevo, la baronesa Thatcher no estaba impresionado: ¡Si no puedes pensar en una buena manera de comunicarlo, debes encontrar una forma de comunicarlo! ”

El nuevo libro de Bartholomew, El Bienestar de las Naciones, publicado por el Instituto Cato, es un intento de responder al reto de Thatcher. Para encontrar sus respuestas, Bartholomew despegó en una misión de trote mundial para examinar modelos de bienestar alrededor del mundo. Registra sus viajes a 11 países diferentes, donde busca la mejor atención de la salud, la mejor educación, los mejores servicios de apoyo, al mismo tiempo que expone a los países con el peor desempleo, el peor cuidado de la salud y la educación. También investiga otros países, incluso llegando de nuevo a la historia para discutir el bienestar en la antigua Grecia y Roma. Él hace preguntas como: ¿Por qué el desempleo es tan bajo en Suiza? ¿Por qué es tan alto en España? ¿Por qué la educación del gobierno es tan mala en tantas partes del mundo?

El trabajo de Bartolomé no es sólo una lista seca de hechos o estadísticas sino una historia, tejida con cuentos de sus viajes, que trae a la vida la crueldad y los fracasos del estado de bienestar, así como las historias de éxito en las que Bartolomé modela sus recomendaciones para la reforma. Bartholomew recuerda al lector que la mayoría de los países y sus estados de bienestar no encajan en los “clichés” que imaginamos a partir de estadísticas desnudas – él utiliza la información sobre el terreno y las ideas para compilar, capítulo por capítulo, recomendaciones para diferentes elementos del Estado de bienestar, en última instancia destilándolos en una lista de consejos para mejorar el estado de bienestar en su conjunto. Y en el camino, encuentra aún más pruebas de cómo la existencia de los estados de bienestar está cambiando realmente la civilización mundial.

Al final, Bartholomew sigue siendo escéptico sobre la voluntad de las sociedades de emprender los cambios radicales necesarios para lograr el ideal de un estado de bienestar absolutamente mínimo. Y advierte que, una vez que se ha impuesto un estado de bienestar, la libertad nunca puede ser tan grande como lo fue una vez -escribe, es el “precio inevitable” de imponer un estado de bienestar en primer lugar. Sin embargo, es al menos posible crear un mejor estado de bienestar, reducir el desempleo, mejorar la vivienda y fortalecer a las familias.”

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Alberdi y el gasto público (IV)

Por Gabriel Boragina Publicado  el 2/4/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/04/alberdi-y-el-gasto-publico-iv.html

 

En su meduloso análisis sobre el gasto público, el prócer Juan Bautista Alberdi hace una crítica muy acertada acerca de los recursos que el país destinaba a la defensa nacional. Cuestiona -en definitiva- que se financiaran los consumos militares de dos maneras distintas, porque por esta doble vía se aplicaban más medios económicos a la defensa militar que a la educación y al progreso material, que -en su opinión- deberían preponderar:

“Es menester fijarse en que la sociedad argentina paga los gastos del servicio de la guerra en dos formas: – en la contribución general, aplicada en parte al sostenimiento del ejército; y en la contribución especial que paga en el servicio que le impone el art. 21 de la Constitución, que dice: – “Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución conforme a las leyes…”. La ley de gastos debe tomar en cuenta esta última contribución, para disminuir la otra, porque si no la guerra, invirtiendo dobles entradas que la educación y el progreso material, se hará permanente al favor de esos mismos recursos con que cuenta.”[1]

Enfatiza el eminente Alberdi la importancia de la prestación del servicio militar por encima de un impuesto general que -sin obligación de una asistencia personal del servicio- obligue a la ciudadanía a sufragar los expendios de un ejército permanente. En otras palabras, el peligro que avizora es el de que gravando a la ciudadanía con impuestos dirigidos a solventar el ejército, los fondos y actividades acumulados fueran tan importantes que la mayor cantidad de recursos con fines militares así obtenidos harían de la guerra algo permanente, dedicándosele más tiempo a esta que a la educación y al progreso material.

“Pero la contribución o el gasto público hecho en servicio militar directo por los ciudadanos (guardia nacional), en qué consiste la más fuerte garantía de la libertad, tiene graves dificultades para que su aplicación en países recién nacidos a la libertad produzca sus buenos efectos. Desde luego distrae a los ciudadanos del trabajo, es decir, de la guerra con la pobreza, que es el gran enemigo de la República Argentina; y siendo el fusil un arma estéril a la libertad en manos del ciudadano que carece de inteligencia, de costumbre y de educación en el arte de ejercer esa libertad, el derecho de armarse, es decir, la guardia nacional, como la garantía de la prensa libre, viene a ser en países que se improvisan en la vida republicana un elemento de despotismo, que más tarde se convierte en elemento de rebelión y de anarquía.”[2]

Encontramos aquí un claro alegato dirigido a la profesionalización de las fuerzas armadas en reemplazo de un servicio militar gratuito y obligatorio que debería prestar cada ciudadano. Con excelente criterio, Alberdi dotaba de mayor jerarquía al trabajo que -con acierto y elegancia- denomina “la guerra con la pobreza, que es el gran enemigo de la República Argentina” que a un tributo directo en especie personal en las faenas militares. Consideraba claramente a la pobreza como un enemigo de mayor entidad que a cualquier otro que pudiera amenazar militarmente a la nación. La asistencia personal militar es para Alberdi la mayor garantía de la libertad, pero no ignora que si el estado arma a individuos carentes “de inteligencia, de costumbre y de educación en el arte de ejercer esa libertad” o –en otros términos- faltos de educación, la consecuencia podría ser un “elemento de rebelión y de anarquía”. Por eso dice que:

“En tales circunstancias es preferible que el país pague en dinero su contribución militar; es decir, que la Patria y la Constitución paguen el servicio de su defensa a empleados permanentes, que hagan profesión de ocuparse de eso y de la vida militar. Es preciso que el país tenga un ejército de línea para el servicio de las funciones arduas y difíciles de su defensa y pacificación.”[3]

Queda clara su postura negativa en cuanto a la erogación ocasionada por la prestación personal y obligatoria de un servicio militar no remunerado. Ya se percataba entonces Alberdi que, ese gasto estatal era superfluo y dilapidador, y que convenía canalizarlo hacia una fuerza militar exclusivamente especializada y profesional.

Como ocurrió con tantas otras de sus opiniones, su juicio no prevaleció, y se dictaron a lo largo de las décadas siguientes sucesivas leyes de servicio militar obligatorio, con lo cual la duplicidad y crecimiento de los gastos militares tuvieron los efectos negativos que el ilustre Alberdi tempranamente había alertado.

“Si la economía es el juicio en los gastos (Say), la disipación es la locura en el gobierno y en el país. No hay un barómetro más exacto para estimar el grado de sensatez y civilización de cada país, que su ley de presupuesto, o la cuenta de sus gastos públicos. La ley de gastos (si habla la verdad) nos dice a punto fijo si el país se halla en poder de explotadores, o está regido por hombres de honor; si marcha a la barbarie, o camina a su engrandecimiento; si sabe dónde está y a dónde va, o se encuentra a ciegas sobre su destino y posición. Toda la cultura de los Estados Unidos, toda la medida de su bienestar incomparable, toda la excelencia de su gobierno, aparecen de bulto en sus leyes de gastos anuales, donde se ve que los caminos, los canales, la instrucción y las reformas útiles forman el objeto de los tres tercios del gasto público.”[4]

Como ya advirtiéramos antes, en su comparación con los EEUU, la cita deja ver las preferencias de Alberdi por la obra y la educación estatal, algo a lo cual hace frecuente alusión en su texto. Pero más allá de esta su reflexión final, corresponde destacar su apreciación de la relevancia de la ley de presupuesto como instrumento de explotación o de progreso, preocupación esta que conserva una notable actualidad.

[1] Alberdi, Juan Bautista. Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853. pág. 205.

[2] Alberdi….Ob. cit. pág. 205

[3] Alberdi….Ob. cit. pág. 205

[4] Alberdi….Ob. cit. pág. 207

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

 

 

A mayor gasto “social” más pobreza

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 19/3/17 en: http://economiaparatodos.net/a-mayor-gasto-social-mas-pobreza/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

 

Lejos estamos de ser una economía que podríamos llamar capitalista o liberal. Claramente estamos en presencia de un estado progre populista que gasta cada vez más en planes sociales

Ya es una discurso común de los políticos afirmar que no se puede quitar la ayuda social a los más humildes porque no podrían transitar el período hasta que lleguen las inversiones, se creen nuevos puestos de trabajo y esa gente pueda cobrar un sueldo. En rigor los que no podemos aguantar más somos los contribuyentes que venimos siendo exprimidos desde 2003 sin ninguna piedad para sostener un monto cada vez mayor de gastos sociales. El cuadro 1 muestra la evolución del gasto social, incluye jubilaciones, en pesos corrientes desde 2001 hasta 2016. Como puede verse en el gráfico, el gasto en pesos corrientes aumentó 42,5 veces. Como referencia, el dólar paso de $ 1 a $ 16, es decir, creció 16 veces, así que en dólares se disparó.

Gráfico 1

Los gastos sociales que muestra el gráfico 1 solo hacen referencia a los gastos de la nación, no incluye las provincias ni los municipios. Como puede verse aumentó 42,5 veces desde 2001 hasta 2016.

Gráfico 2

El gráfico 2 nos muestra la evolución del gasto social en pesos constantes de 2016 utilizando inflación Congreso desde el 2007 en adelante para hacer el ajuste. En este caso aumentó 2,58 veces en términos reales, o se casi se triplicó. En otras palabras, cada vez se destina más dinero en pesos constantes a pagar jubilaciones, subsidios, educación, vivienda, etc. y la gente es cada vez más pobre, los jubilados están que trinan y los piqueteros siguen extorsionando con sus cortes de calles.

Gráfico 3

El gráfico 3 muestra la evolución del gasto social sin incluir las jubilaciones y las pensiones. Es decir, el gasto en educación, salud, vivienda, etc. que, en valores constantes de 2016, aumentó 2,4 veces en términos reales. Siempre crece el gasto social en términos reales.

Finalmente si la cuenta la hacemos en dólares, vemos que el gasto social total pasó de U$S 27.543 millones en 2001 a U$S 79.325 millones en 2016, o sea que se multiplicó por 2,88 veces. Pero si tomamos desde el 2003, cuando empezó el gobierno de los Kirchner hasta el 2016 el gasto crece 6,6 veces en dólares.

Cualquiera sea la manera que uno haga la cuenta, aquí presento solo 4 opciones, vemos que el llamado gasto social, solo tomando la nación, sin incluir municipios y provincias, crece fenomenalmente.

Gráfico 4

Como último dato, el 64% del gasto público de la nación se destina a los llamados gastos sociales, es decir, jubilaciones, salud, educación, subsidios, etc.

De lo anterior se desprende que lejos estamos de ser una economía que podríamos llamar capitalista o liberal. Claramente estamos en presencia de un estado progre populista que gasta cada vez más en planes sociales y ni siquiera primero cumple con su función primordial que es defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas. La seguridad es desastrosa. Pero también la calidad de vida de la gente viene en decadencia porque la contrapartida de semejante fiesta de gastos sociales es una carga tributaria que espanta la inversión, genera menos puestos de trabajo, aumenta la informalidad, la pobreza y la desocupación.

Es falso que los gastos en programas sociales mejoren la vida de la gente. Claramente la gente vive cada vez peor a pesar de incrementar brutalmente los recursos destinados a los planes sociales. Desde el punto de vista conceptual la gente vive peor porque, como decía antes, espanta las inversiones y cultiva la cultura de la dádiva. La gente no produce y prefiere ser mantenida mientras el estado saquea a los que producen.

Pero además, la política se ha transformado en una actividad política muy rentable en que todos estos fondos se transformaron en fuentes de corrupción y una manera de comprar votos.

En definitiva, no vengan con el verso de que gracias a los planes sociales la gente puede vivir. La gente vive cada vez peor, se degrada como ser humano al ser un vago y se espantan las inversiones que pueden sacar a la gente de pobreza y darles la dignidad del trabajo.

La conclusión es que los gastos sociales son un negocio político y no una manera eficiente de ayudar a la gente. A la gente se la ayuda creando las condiciones para que pueda trabajar y vivir de su salario.

El estado de bienestar es un verso que inventaron los políticos para, con la plata del contribuyente, terminar haciendo su propio negocio político.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

LA ISLA-CÁRCEL CUBANA

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Lo primero es decir que el contragolpe contra Batista estaba plenamente justificado puesto que ese déspota había provocado un golpe a las instituciones libres de Cuba. Esto va para todos aquellos que sostienen que todo contragolpe es injustificado aunque se lleve a cabo frente a dictaduras, electas o ajenas a los procesos electorales. Si esto fuera cierto habría que condenar, por ejemplo, todas las revoluciones independentistas del sigo xix en América del Sur contra los atropellos de la corona española y, en el siglo anterior, la estadounidense contra los abusos de Jorge iii y tantos otros casos de tiranías insoportables, incluso la lucha aliada contra Hitler.

 

Por supuesto lo que no se justifica es haber trocado al déspota por una tiranía horrorosa en base a promesas falsas y patrañas de diverso calibre. Recordemos que en la revista cubana Bohemia, el 26 de julio de 1957 se publicó “el Manifiesto de la Sierra” que consistía en las declaraciones de Fidel Castro que prometió restaurar la Constitución de 1940, convocar a elecciones libres, democráticas y multipartidarias en seis meses y total libertad de prensa. También el 13 de enero de 1959 en declaraciones a la prensa local e internacional manifestó Fidel Castro: “se que están preocupados de si somos comunistas. Quiero que quede bien claro, no somos comunistas”.

 

Como he escrito antes en mi artículo titulado “Mi primo, el  Che”, en Cuba, a pesar de las barrabasadas inauditas de Batista, debido a la inercia de otras épocas, era la nación de mayor ingreso per capita de Latinoamérica, eran sobresalientes en el mundo de las industrias del azúcar, refinerías de petróleo, cerveceras, plantas de minerales, destilerías de alcohol, licores de prestigio internacional; tenía televisores, radios y refrigeradores en relación a la población igual que en Estados Unidos, líneas férreas de gran confort y extensión, hospitales, universidades, teatros y periódicos de gran nivel, asociaciones científicas y culturales de renombre, fábricas de acero, alimentos, turbinas, porcelanas y textiles. Todo antes de que el Che fuera ministro de industria, período en el que el desmantelamiento fue escandaloso. La divisa cubana se cotizaba a la par del dólar, antes que el Che fuera presidente de la banca central.

 

Fidel Castro no solo es responsable por la ruina económico-social de Cuba sino que encarceló y torturó sistemáticamente a opositores e impuso una sola voz en la prensa y el partido único, lo cual fue continuado por su hermano hasta el momento de escribir estas líneas. A pesar de la propaganda del régimen, en ningún caso resulta posible que en un sistema tiránico pueda hablarse seriamente de educación puesto que el adoctrinamiento es la condición necesaria, además de que los estudiantes están obligados a usar lápiz en sus cuadernos puesto que la próxima camada debe recurrir al mismo papel dada la escasez de ese material. El alfabetismo no consiste solo en saber  leer y escribir, radica antes que nada en la libertad de pensamiento y de acción.  Fidel Castro, en su discurso en las escalinatas de la Facultad de Derecho (¡nada menos!) de la Universidad de Buenos Aires el 26 de mayo de 2003 aclaró- dada su política de adoctrinamiento- que es lo que significa para su régimen la educación: “una revolución educacional bien profunda”(sic).

 

En una línea similar, debe explicitarse sobre la salud en ese país, tema tan bien detallado entre muchos otros por la neurocirujana cubana Hilda Molina que muestra las pocilgas de los hospitales y que solo se mantiene algún centro de salud para la vidriera al efecto de atender ciertos amigos del régimen.

 

Es que la soberbia de los megalómanos es infinita. Piensan que pueden fabricar “el hombre nuevo” que sin duda si existiera sería un monstruo. Son unos hipócritas que habitualmente viven en el lujo consecuencia de la expropiación al fruto del trabajo ajeno y se arrogan la facultad de dictaminar como deben vivir los súbditos. La revista Forbes publica que Fidel Castro figura entre los hombres más ricos del planeta con 900 millones de dólares en su haber.

 

Como acabo de destacar en un pasaje en una de mis últimas columnas semanales, Bernard-Henri Lévy en su obra Barbarism with a Human Face concluye, con conocimiento de causa puesto que fue marxista en su juventud, que “Aplícase marxismo en cualquier país que se quiera y siempre se encontrará un Gulag al final”. Por su parte, en El libro negro de comunismo. Crímenes, terror y represión de Séphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Pané, Andrzej Packowski, Karol Bartosek y Jean-Louis Margolin consignan los asesinatos de cien millones de personas desde 1917 a 1997 por los regímenes comunistas de la Unión Soviética, China, Vietnam, Corea del Norte, Camboya, Europa Oriental, África y Cuba, es decir, en promedio, por lo que le quepa a cada uno, a razón de más de un millón de masacrados por año durante 80 años.

 

Lo más fértil es prestar la debida atención a la tradición de pensamiento liberal cuyo aspecto medular consiste nada más y nada menos que en el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros y no jugar a la omnipotencia que indefectiblemente termina en un desastre superlativo.

 

Es una vergüenza que en aquellos contextos autoritarios se declame que el arrancarle recursos a unos para entregárselos a otros es una muestra de “solidaridad”, lo cual constituye un agravio a esa noción y a la misma idea de caridad donde nunca está presente el uso de la fuerza.

 

Todo comienza con la trasnochada idea de la “redistribución de ingresos” realizada por los aparatos estatales en contraposición con la distribución que libre y voluntariamente llevan a cabo cotidianamente la gente a través de sus compras y abstenciones de comprar. Este redireccionamiento de los siempre escasos recursos se traduce en despilfarro, lo cual termina en una reducción de salarios e ingresos en términos reales.

 

A su vez, esta manipulación proviene de la idea de que lo conveniente para la sociedad es el igualitarismo sin percatarse que la guillotina horizontal destruye incentivos básicos al tiempo que desarticula la cooperación social y la división del trabajo. Nada más atractivo y necesario que la desigualdad al efecto de incrementar la productividad y nada más desesperante y tedioso que el igualitarismo que hasta convierte la conversación en algo equivalente a comunicarse con el espejo.

 

Por otro lado, cuando se habla de riqueza se supone que es un proceso estático donde hay un bulto que hay que redistribuir en el contexto de la suma cero, sin entender que la creación de riqueza es un proceso dinámico.

 

La incomprensión de estos razonamientos está presente en el autoritarismo, o si se comprenden se rechazan de plano para que los autócratas puedan mantenerse en el poder…”el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. En un principio de la revolución cubana hubo quienes se ilusionaron, pero esta altura del partido solo la apoyan quienes tienen espíritu terrorista, acompañados por snobs de la peor calaña que se ensañan con el sufrimiento ajeno. Es el rostro más oscuro y tenebroso de las bazofias humanas. Ahora, muerto el mayor artífice de la debacle cubana durante más de medio siglo, es de desear que los cubanos puedan zafar a la brevedad del régimen opresivo de las botas y reencauzarse hacia la libertad.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

La luna de miel de “PPK” con los peruanos

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 29/9/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1942373-la-luna-de-miel-de-ppk-con-los-peruanos

 

El 62% de los peruanos aprueba la labor del nuevo gobierno de su país. Aquel que encabeza Pedro Pablo Kuczynski (PPK), cuya popularidad personal -cabe apuntar- es aún más alta, desde que asciende al 63% de los encuestados. Lo que se complementa con que un 52% de los entrevistados manifiesta sentirse “cercano” a PPK. En contrapartida, apenas un 17% de los peruanos desaprueba su gestión. Esas son las cifras que arroja una encuesta reciente de “El Comercio-Ipsos”. El entusiasmo inicial con las nuevas gestiones de gobierno es característico del Perú de los últimos tiempos. También lo es una actitud muy crítica al cierre de las mismas.

Las principales razones para aplaudir a PPK incluyen, según la gente, a: “sus buenas ideas”; “su trabajo en pro de mejorar la economía”; “su experiencia”; “su capacidad personal”; su ímpetu por “mejorar la educación y la seguridad ciudadana”; su perfil innovador”; y su “honestidad personal”. No es poco.

Curiosamente, un 83% de los encuestados expresa, además, su satisfacción personal por el reciente primer viaje al exterior -de cuatro días- de PPK a China en busca de inversiones que apunten a la obra pública y a la actividad minera peruana. La relación con China es consecuencia de quienes -en la década de los 90- reorganizaron la economía peruana que entonces miraba a los Estados Unidos, de modo que apuntase, más bien, hacia Asia.

En China, PPK se reunió con los tres hombres más importantes del Partido Comunista chino. Me refiero al presidente Xi Jing-ping; al primer ministro, Li Keqiang; y al presidente de la Asamblea Popular Nacional, Zhang Dejiang. A lo largo de su visita, PPK destacó que llegaba en busca de inversores y no de crédito. A la manera de respaldo implícito, en esos mismos momentos una enorme empresa constructora china confirmó su decisión de ir adelante con la construcción de la represa y central hidroeléctrica de San Gabán III. Y una petrolera de ese país (CNTC) anunció el descubrimiento de importantes reservas de gas en uno de los lotes peruanos en los que opera.

PPK fue extremadamente claro en definir cuáles son, puntualmente, las prioridades de su gobierno en materia de obra pública: los servicios básicos y sociales, como la educación, el agua potable y la salud. También mejorar la situación del agro (donde se concentra buena parte de la pobreza peruana) y la de Lima, una urbe en donde hoy viven unos 20 millones de personas, con carencias que atender.

PPK ve a China como su aliado natural para la revolución social que propone: la de la modernización. Porque sabe bien que la mejora social china se materializó con una prolongada revolución en su infraestructura. Construyendo ciudades modernas, con todos los servicios, y equipándolas además con tecnologías capaces de edificar seguridad personal en sus distintos rincones.

El apoyo que hoy genera PPK se compara naturalmente con la baja aprobación que simultáneamente reciben sus adversarios políticos. Keiko Fujimori -que lidera a la llamada Fuerza Popular (hoy el partido político más organizado y con mayor capacidad de movilización del Perú)- sólo recoge un 41% de aprobaciones. A su vez, Verónika Mendoza, la esperanza de la izquierda marxista peruana, recibe un escuálido 32% de endosos. Menos de un tercio de sus propios partidarios, queda visto, están conformes con su liderazgo.

Como Mauricio Macri, PPK no tiene mayoría en el Congreso de su país, donde Fuerza Popular es la agrupación dominante. Por ello, puesto que entre ambos espacios políticos existen más coincidencias que disidencias en los principales temas sustantivos, si PPK lograra generar un clima de cooperación genuina con el espacio de Keiko Fujimori, su gestión se facilitaría enormemente. Keiko Fujimori, por su parte, debe advertir que el fracaso de la gestión de PPK no la beneficiaría a ella, sino a la izquierda.

Las primeras señales son alentadoras. Tan es así, que el propio PPK acaba de señalar, sin rodeos: “Fuerza popular ha hecho cosas positivas para nosotros”.

Lo cierto es que Perú -que lleva más de una década de constante crecimiento, apostando a la apertura económica y a la economía de mercado- mantendrá el rumbo exitoso y hasta apunta a acelerar su modernización si PPK y Fuerza Popular construyen -y son capaces de operar- los acuerdos necesarios para poner en marcha la mejora urgente que su roída infraestructura física está requiriendo, visiblemente.

Visto desde afuera, Perú parece -como alguno acaba de señalar- una suerte de propicio “reino de la moderación”. Sin mayores discursos destemplados, ni confrontaciones inútiles, ni posturas cerradas e inflexibles.

Lo que socialmente urge ahora es garantizar la seguridad; desterrar la corrupción y construir un Estado eficaz. Y la enorme mayoría de los peruanos parece entenderlo.

Esos son, precisamente, tres objetivos centrales en los que la perversa fantasía bolivariana ha fracasado rotundamente. Venezuela es -por cierto- la experiencia testigo. Ha sido destruida por el fanatismo miope de Hugo Chávez y la increíble ineptitud de la gestión de Nicolás Maduro. Es el país más inseguro de nuestra región; el más corrupto; y el que exhibe mayor incompetencia y falta de realismo en su administración. Las recientes experiencias políticas lamentables de la Argentina y Brasil, así como las realidades de Bolivia, Ecuador y, peor, la de una Nicaragua transformada en un feudo de la familia Ortega, parecen confirmar cuan rápido los gobiernos de la izquierda bolivariana se enlodan en el pantano de corrupción que ellos mismos generan. Quizás porque la corrupción está en su ADN.

Perú parece exhibir decisión, optimismo y proyectar la cuota de paciencia necesaria para -manteniendo el rumbo que ha probado ser exitoso- construir un diálogo inclusivo que genere consensos amplios. Donde los éxitos y los resultados puedan ser compartidos.

Dos de sus regiones, por rezagadas, requieren una atención especial: Puno y Cuzco. Con razón se las ha calificado de “laboratorios de gobernabilidad”. PPK es plenamente consciente de esta urgencia.

Los primeros cien días de la gestión del nuevo gobierno han sido auspiciosos. La coexistencia de las fuerzas que apoyan a PPK con el “fujimorismo” ha resultado pacífica. Casi sin escaramuzas. El perfil tecnocrático y la personalidad afable de PPK han ayudado. Mucho. La actitud no revanchista de Fuerza Popular, también lo ha hecho. Lo que, entre otras cosas, ha posibilitado que el nuevo jefe de la autoridad impositiva, la llamada SUNAT, Carlos Bruce, cuya capacidad y experiencia son notorias, provenga del “fujimorismo”.

En el comienzo de una nueva etapa en su tránsito hacia el futuro, Perú vive un “clima” casi impecable. Todo parece seguir en su curso normal. Por ejemplo, Perú acaba de lanzar, sin estridencias, su primer satélite al espacio. El más moderno de la región. Servirá para garantizar la seguridad nacional, controlar mejor las actividades mineras no autorizadas y combatir la tala ilegal de los bosques tropicales. En otro andarivel, casi sin ser advertida, la acción de una empresa minera peruana, Hochschild Mining (que también opera en nuestro país), se convirtió de pronto en la acción más rentable del mundo. En sólo un año, se valorizó un 432%, según Bloomberg, en otro éxito que exhibe los colores del Perú.

Otra encuesta reciente (en este caso, una de la revista “Semana Económica”) consagra a PPK (86%) y a Keiko Fujimori (82%) como las dos personas del mundo político con más poder real en el Perú actual. Es obvio que de ellas dos depende ahora, precisamente, la posibilidad de edificar los consensos programáticos y esquemas de cooperación que permitan conducir una etapa decisiva, no sólo para poder seguir creciendo saludablemente, sino para consolidar rápidamente a su país como una nación cada vez más moderna y con menos pobreza.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

¿Plan económico global u otro rodrigazo?

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el /7/16 en: http://economiaparatodos.net/plan-economico-global-u-otro-rodrigazo/

 

Insisto, alguien le vendió a Macri que no hace falta un plan global económico e institucional que debe ser anunciado en forma conjunta

Alguien le vendió a Macri, o Macri nos quieren vender a nosotros (cosa que dudo) que el fenomenal descalabro económico que dejó el kircnerismo se soluciona con ondas de paz y amor, mucho de buena onda y haciendo algunos retoques al populismo que dejó el kirchnerismo.

Insisto, alguien le vendió que no hace falta un plan global económico e institucional que debe ser anunciado en forma conjunta para marcar el rumbo a seguir y crear confianza mostrando la consistencia de las medidas anunciadas. Y resalto la palabra anunciar. Cuando digo anunciar, no estoy diciendo que de un día para otro hay que eliminar el déficit fiscal del 7% del PBI de un día para otro ni echar a 2,5 millones de empleados públicos en 24 horas. Solo estoy diciendo que no sirve atacar de a uno los problemas. Es como mandar a los soldados de a uno al frente de batalla. Tiene que presentarse un plan con medidas simultáneas, porque los buenos planes económicos parten de la realidad que todas las variables están relacionadas. Es decir, si uno toca una variable inmediatamente otra recibe el impacto.

La otra pata de un buen plan económico consiste en saber comunicárselo a la población. El ministro de economía tiene que hacer docencia explicando claramente a la población, que no es experta en economía, el sentido de las medidas, por qué se toman y como se espera evolucione la economía.

Dentro de la comunicación no debe olvidarse detallar descarnadamente la herencia recibida, en el caso de Macri, lo que dejó el kirchnerismo. Con los 30 minutos que dedicó el 1 de marzo en el Congreso a explicar la herencia recibida no alcanza. Y menos sirve mandar a la gente a leer las 223 páginas de El Estado del Estado que publicó en internet el gobierno. Hay que partir de la base que la gente lee poco y comprende menos. Si de casualidad la gente llega a leer lo 140 caracteres de Twitter y comprender lo que dicen, no esperemos que lea 223 páginas bajándolas de Internet  y comprenda lo que dice. En todo caso esas 223 páginas pueden estar destinadas a un grupo reducido de personas como políticos y economistas, pero no sirven para que mi vecina doña Josefa pueda enterarse de la herencia recibida. Por lo tanto, cuando doña Josefa reciba la cuenta de gas, no va a tener otra reacción que la de protestar porque nadie le explicó claramente lo que dejó el kirchnerismo. Luego se podrá debatir si el aumento había que aplicarlo en etapas o de una sola vez, pero lo primero que hay que lograr es que la gente comprenda por qué tiene que bancarse semejante aumento. Basta con explicar que desde 2001 no se mueve la tarifa de gas y dar algunos datos de aumentos de otros bienes y servicios para que la gente comprenda el problema.

Ahora bien, una vez planteado el problema hay que dar una solución y de ahí puede surgir este debate: ¿se anuncia medidas aisladas o se presenta un plan económico completo? Mi propuesta es anunciar un plan global completo.

Volvamos al caso del aumento del gas. ¿Cómo podría amortiguarse el costo de tener que asumir la corrección del precio? Por un lado es correcto que cada uno paguemos lo que tenemos que pagar por el consumo de gas, luz, transporte, agua, etc. pero lo que no podemos hacer es pedirle a la gente que pague el precio pleno del gas y además financie a un estado sobredimensionado que no le ofrece al contribuyente ni los servicios básicos para los cuales fue creado el estado. ¿O acaso este estado sobredimensionado, que le cuesta carísimo a la gente, brinda seguridad, una justicia eficiente, educación, salud y defensa?

Me parece que lo justo sería que el gobierno distribuya en forma equitativa el costo de pagar la herencia k. Creo que podría presentar un plan global que, por ejemplo, le diga a la gente: Ud. asumirá el costo de pagar más el m3 de gas porque se le quitará el subsidio que recibía hasta ahora. Pero, al mismo tiempo, vamos a reducir este estado sobredimensionado eliminando reparticiones y funciones que no son propias de un estado republicano para que Ud. no tenga que mantener estructuras que solo benefician a unos pocos y generan bolsones de corrupción. Por lo tanto, un paso es aumentarle a Ud. el 50% de la tarifa de gas y por el monto equivalente que el estado dejará de subsidiar el gas se bajará el gasto público que, a su vez, tendrá como contrapartida una reducción de los impuestos que Ud. paga. Por ejemplo, bajaremos 1 o 2 puntos porcentuales el IVA, o subiremos el mínimo no imponible de ganancias, o eliminaremos parte del impuesto al cheque o, directamente, eliminamos la carga impositiva que tienen los servicios públicos. En fin, es tan variada la gama de impuestos que perfectamente se puede elegir alguno para compensar a la gente por quitarle el subsidio al gas. Si se aumentan las tarifas de los servicios públicos y no se bajan los impuestos, entonces estamos en un escenario de ajuste brutal sobre todos los sectores que trabajan en blanco.

El paso siguiente consistiría en ajustar mensualmente la tarifa de gas por alguna combinación de tipo de cambio e IPC y en un par de meses terminar con el subsidio al gas con el mismo procedimiento de bajar el gasto y reducir la carga tributaria.

¿Quién terminaría pagando el costo de reconstruir la economía Argentina? Aquellos que durante una década o más vivieron a costa del contribuyente. El estado literalmente le robó a la gente decente el fruto de su trabajo y se lo dio a militantes k, ñoquis enquistados en el estado, “artistas” que exigen ser subsidiados por hacer algo que nadie estaría dispuesto a pagar y tantos vivos que recurriendo al discurso de la solidaridad social viven del trabajo ajeno.

Mi propuesta es presentar un plan económico que, además de encaminar la economía hacia el crecimiento sostenido y el bienestar de toda la población, también constituya un acto de justicia. ¿O acaso no es una injusticia hacerle pagar impuestos a la gente para que legiones de burócratas y gente que vive de “planes sociales” se queden con el trabajo ajeno y el que trabaja y paga impuestos encima de mantener a esa legión de gente tenga que pagar dos veces por la educación, la seguridad y la salud?

Están quienes me dicen que reducir el estado generaría una crisis social. Bien, esperen y vean qué pasa si no se comienza a hacer una profunda reforma del estado, del sistema tributario y una decidida incorporación al mundo. En este último punto lo veo trabajando muy bien a Macri, pero si no hace reformas económicas que le permitan competir a los productores locales, entonces en el futuro le echaran la culpa a la integración al mundo por el fracaso y no a la falta de reformas estructurales que le den competitividad a la economía.

Una vez más insisto en el siguiente punto. No estoy diciendo que de un día para otro hay que despedir del estado a 2,5 millones de personas o que hay que eliminar en 24 horas el déficit fiscal de 7% del PBI, estoy diciendo que lo recomendable, a mi juicio, sería lo siguiente:

1)   Hacer una clara y contundente descripción de la herencia recibida. La gente común tiene que conocer el deliberado destrozo que hizo el kirchnerismo de la economía y las instituciones argentinas.

2)   Presentar un plan económico global explicando el sentido de las medidas y dejar de mandar de a uno los soldados a la batalla.

3)   La comunicación sencilla, que cualquiera pueda comprender, de la herencia k y del sentido de las medidas que hay que tomar, deben ser parte del plan económico.

4)   Las medidas que se anuncien no solo tienen que mostrar sus beneficios económicos, sino comenzar a cambiar los valores que hoy imperan en la sociedad.

Decir Cambiemos utilizando los mismos argumentos populistas que nos llevaron a esta larga decadencia no es cambiar. Es continuar. Por eso, lo más importante es empezar a transmitir otro tipo de valores que deben imperar en la sociedad, porque son esos valores los que terminan configurando las normas, leyes, códigos y costumbres que imperan en una sociedad y, por ende, la política económica resultante. Cambiar los valores es fundamental para atraer inversiones, crear puestos de trabajo y mejorar la calidad de vida de la gente.

En una sociedad en que impera el valor vivir a costa del trabajo ajeno, solo puede esperarse más pobreza. En una sociedad en que impera el valor del esfuerzo personal, el trabajo y el vivir del esfuerzo que cada uno hace es una sociedad cuyo futuro es el éxito económico y moral.

Insisto, subir las tarifas de los servicios públicos sin hacer nada por bajar el gasto y la presión tributaria es aplicar un torpe rodrigazo que lejos está de ayudar políticamente al gobierno de Macri.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Caps 4 y 5: las fallas de la política comienzan a verse al cuestionar el supuesto del dictador benevolente

Por Martín Krause. Publicada el 6/6/16 en: http://bazar.ufm.edu/caps-4-y-5-las-fallas-de-la-politica-comienzan-a-verse-al-cuestionar-el-supuesto-del-dictador-benevolente/

 

En toda sociedad hacen falta un mecanismo para permitir que se expresen las preferencias de los individuos y señales que guíen a los productores a satisfacerlas. En el caso de los bienes privados, hemos visto cómo el mercado cumple ese papel. También vimos que se presentan problemas para cumplirlo. En el caso de los bienes públicos, es la política: es decir, los ciudadanos expresan sus preferencias por bienes colectivos y hay un mecanismo que las unifica, resuelve sus diferencias (Buchanan 2009) y envía una señal a los oferentes —en este caso las distintas agencias estatales— para satisfacerlas. Como veremos, este también se enfrenta a sus propios problemas.

El siguiente análisis de las fallas de la política se basa en el espíritu de aquellas famosas palabras de Winston Churchill (1874-1965): “Muchas formas de gobierno han sido ensayadas y lo serán en este mundo de vicios e infortunios. Nadie pretende que la democracia sea perfecta u omnisciente. En verdad, se ha dicho que es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras que han sido ensayadas de tiempo en tiempo”.

Churchill nos dice que no hemos ensayado un sistema mejor, por el momento, pero que este no puede ser considerado perfecto. Por ello, cuando se ponen demasiadas esperanzas en él, pueden frustrarse, ya que la democracia no garantiza ningún resultado en particular —mejor salud, educación o nivel de vida—, aunque ciertas democracias lo hacen bastante mejor que las monarquías o las dictaduras.

Durante mucho tiempo, buena parte de los economistas se concentraron en analizar y comprender el funcionamiento de los mercados, y olvidaron el papel que cumplen los marcos institucionales y jurídicos de los Gobiernos. Analizaban los mercados suponiendo que funcionaban bajo un “gobernante benevolente”, definiendo como tal a quien persigue el “bien común”, sin consideración por el beneficio propio, y coincidiendo en esto con buena parte de las ciencias políticas y jurídicas[1]. Tal como define al Estado la ciencia política, tiene aquel el monopolio de la coerción, pero lo ejerce en beneficio de los gobernados.

Por cierto, hubo claras excepciones a este olvido. Inspirados en ellas, autores como Anthony Downs o James Buchanan y Gordon Tullock iniciaron lo que se ha dado en llamar “análisis económico de la política”, en el contexto de gobiernos democráticos, originando una abundante literatura. Su intención era aplicar las herramientas del análisis económico a la política y el funcionamiento del Estado, pues la teoría política predominante no lograba explicar la realidad de manera satisfactoria.

Uno de los primeros pasos fue cuestionar el supuesto del “gobernante benevolente” que persigue el bien común; porque, ¿cómo explicaba esto los numerosos casos en que los Gobiernos implementan medidas que favorecen a unos pocos? O más aún: ¿cómo explicar entonces que los gobernantes apliquen políticas que los favorecen a ellos mismos, en detrimento de los votantes/contribuyentes? Por último, ¿cómo definir el “bien común”[2]? Dadas las diferencias en las preferencias y valores individuales, ¿cómo se podría llegar a una escala común a todos? Esto implicaría estar de acuerdo y compartir dicha escala, pero el acuerdo que pueda alcanzarse tiene que ser necesariamente vago y muy general, y en cuanto alguien quiera traducir eso en propuestas específicas surgirán las diferencias. Por eso vemos interminables discusiones sobre la necesidad de contar con un “perfil de país” o una “estrategia nacional” que nos lleve a alcanzar ese bien común, pero, cuando se consideran los detalles, los “perfiles de país” terminan siendo más relacionados con algún sector específico o difieren claramente entre sí.

Los autores antes mencionados decidieron, entonces, asumir que en la política sucede lo mismo que en el mercado, donde el individuo persigue su propio interés, no el de otros. En el mercado, esa famosa “mano invisible” de Adam Smith conduce a que dicha conducta de los individuos termine beneficiando a todos. ¿Sucede igual en el Estado? Se piensa en particular en el Estado democrático, porque se supone que los Gobiernos tiránicos o autoritarios no le dan prioridad a los intereses de los gobernados.

Algunos economistas intentaron definir ese “bien común” en forma científica, como una “función de bienestar social”, pero sin éxito (Arrow 1951). Además, si hubiese alguna forma de definir específicamente ese bien común o bienestar general como una función objetiva, no importaría si es el resultado de una decisión democrática, de una decisión judicial o simplemente un decreto autoritario que lo imponga.

Como veremos, al cambiar ese supuesto básico, la visión que se tiene de la política es muy distinta: el político persigue, como todos los demás y como él mismo fuera de ese ámbito, su interés personal. No se puede definir algo como un “bien común”, un resultado particular que sea el mejor, pero sí se puede evaluar un proceso, en el que el resultado “bueno” sea aquél que es fruto de las elecciones libres de las personas. ¿Existe entonces un mecanismo similar a la “mano invisible” en el mercado, que guíe las decisiones de los votantes y las acciones de los políticos a conseguir los fines que persiguen los ciudadanos? Este enfoque, llamado en general “Teoría de la Elección Pública” (Public Choice) se centra en los incentivos. De ahí que también se le conozca como “análisis económico de la política”.

[1]. Esta visión, por supuesto, no es sorprendente. Madison (2001), por ejemplo, mostraba una posición clásica aun hoy muy popular, según la cual la búsqueda del “bien común” depende de la delegación del poder a los representantes correctos, no de la información y los incentivos existentes: “… un cuerpo de ciudadanos elegidos, cuya sabiduría pueda discernir mejor el verdadero interés de su país, y cuyo patriotismo y amor por la justicia harán muy poco probable que lo sacrifiquen a consideraciones parciales o temporales. Bajo tal regulación, puede bien suceder que la voz pública, pronunciada por los representantes del pueblo sea más consonante con el bien público que si fuera pronunciada por el pueblo mismo, reunido para tal propósito. Por otro lado, el efecto puede invertirse. Hombres de temperamento faccioso, prejuicios locales, o designios siniestros, pueden por intriga, corrupción u otros medios, primero obtener votos, y luego traicionar los intereses del pueblo”.

 

[2]. Muchos filósofos políticos han cuestionado este concepto. Entre los economistas, Hayek (1976 [1944]): “El ‘objetivo social’ o el ‘designio común’, para el que ha de organizarse la sociedad, se describe frecuentemente de modo vago, como el ‘bien común’, o el ‘bienestar general’, o el ‘interés general’. No se necesita mucha reflexión para comprender que estas expresiones carecen de un significado suficientemente definido para determinar una vía de acción cierta. El bienestar y la felicidad de millones de gentes no pueden medirse con una  sola escala de menos y más” (p. 89).

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Mi discurso imaginario ante el Congreso

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 21/2/16 en: http://economiaparatodos.net/mi-discurso-imaginario-ante-el-congreso/

 

No le pido un sacrificio a la gente que trabaja. Le pido a los que no trabajan y viven de los que producen que se pongan a trabajar

Estimados compatriotas, es mi obligación como presidente de la república informar a sus habitantes sobre el estado en que se encuentra la nación. El pueblo tiene derecho a saber qué ha dejado el anterior gobierno y como vamos a encarar las soluciones a los múltiples problemas que el kirchnerismo le ha dejado, no a este presidente, sino al pueblo de la nación. A cada uno de Uds. Los problemas que le ha dejado Cristina Fernández a los que me votaron y a los que no me votaron.

Entre la infinidad de problemas que la señora Cristina Fernández le ha dejada a cada uno de mis compatriotas, se encuentra el fiscal. En su desaforado populismo y escándalos de corrupción, ha llevado el gasto público hasta niveles nunca antes alcanzados. Pero también la señora Cristina Fernández ha aumentado la presión tributaria hasta niveles de verdadera confiscación del fruto del trabajo de cada uno de Uds. A pesar de esa presión impositiva salvaje las cuentas fiscales no cierran. El estado gasta más de lo que le ingresa por impuestos y por lo tanto tiene déficit fiscal. Ese déficit fiscal fue financiado con emisión monetaria produciendo la inflación que todos Uds. padecen y que, durante años, el populismo k se encargó es esconder destruyendo el INDEC.

El fenomenal aumento del gasto público no se ha traducido en más seguridad para la gente, educación, salud, mejores rutas o bienes públicos que beneficien a la población. Por el contrario, el estado ha sido destruido para cumplir sus funciones básicas de proteger el derecho a la vida, la propiedad y la libertad de las personas y fue transformado en un botín que tomaron por asalto y en beneficio propio las anteriores autoridades. El estado se ha transformado en el principal saqueador de los habitantes.

Para que mis conciudadanos tengan una idea del uso del estado en beneficio de una facción política le doy el siguiente dato: tomando la nación, las provincias y los municipios, el total de empleados públicos era de 2,4 millones de personas en 2003 dejando, en 2015, 4,2 millones de empleados estatales. Han duplicado la cantidad de empleados públicos pero Ud. no tiene mejor salud, educación o seguridad.

Estimados compatriotas, a Uds. le han quitado el fruto de su trabajo a través de una feroz presión impositiva para mantener a gente que no hacía nada útil para Ud. Por el contrario, el estado abusó de su poder para quitarle su trabajo y dárselo a militantes del kirchnerismo para beneficio de los jerarcas de ese partido.

Ahora bien, frente al enorme déficit fiscal que nos ha dejado Cristina Fernández algunos asesores me dicen que no baje el gasto público, sino que estimule el ingreso de capitales. Ese ingreso de capitales movilizará la economía, habrá más actividad, más recaudación tributaria, menor déficit fiscal y, finalmente, menor necesidad de emitir moneda para financiar el agujero fiscal y menor inflación.

Considero que este camino no es el adecuado. En primer lugar porque nadie va a invertir en Argentina mientras tengamos esta presión impositiva y esta alta tasa de inflación. Es imposible estimar la posible rentabilidad de una inversión cuando hay inflación porque no pueden proyectarse los costos en el largo plazo. En consecuencia, no veo como una salida posible esa opción.

Pero aun suponiendo que esa estrategia tuviera éxito, no estaría cumpliendo con mi deber republicano de cuidar los intereses de los habitantes porque estaría derrochando los recursos de la gente en un gasto improductivo.

Suponiendo que ingresaran esos capitales y el estado recaudara más, cobrar impuestos para mantener ñoquis no es ético ni contribuye a establecer valores de honestidad en nuestra patria.

Si no hacemos nada para bajar el gasto público y reducir el déficit fiscal, las opciones que tenemos por delante son las siguientes:

1)   Aumentar la presión impositiva. Cobrarle más impuestos a Ud. que ya está agobiado por la carga tributaria que tiene que soportar. Espantaríamos a quienes quieren invertir y no habría nuevos puestos de trabajo para la gente

2)   Emitir más moneda acelerando la inflación y deteriorando más rápidamente el poder de compra de los salarios

3)   Tomar deuda interna. Actualmente el Banco Central está tomando deuda en el mercado interno para financiar el déficit fiscal. Esto quiere decir que al crecer la deuda crece el gasto público por los intereses que hay que pagar por ese creciente stock de deuda agravando la situación fiscal y generando una situación explosiva hacia el futuro. Por otro lado, al quedarse el estado con escaso crédito interno, el sector privado se queda sin financiamiento para invertir o la gente para adquirir con financiación bienes de consumo

4)   Tomar deuda externa. En ese caso podremos tener una reactivación en el corto plazo porque el estado podrá gastar más sin cobrar más impuestos, pero, como en otros momentos de nuestra historia, esa deuda habrá que pagarla junto a los intereses produciendo otra grave crisis futura.

Compatriotas, como Uds. pueden ver aquí no hay magia posible. No hay artilugios financieros, monetarios o cambiarios que pueda resolver el problema estructural que hemos heredado: un gasto público exorbitante que no le brinda servicios a la población y ahoga a la economía.

Por las razones expuestas, considero que el camino más justo para la gente decente que vive de su trabajo y el más eficiente y beneficioso para el país, es bajar el gasto público.

Esto significa que todos aquellos que hoy viven del trabajo ajeno como son los ñoquis y legiones de gente que se consideran con derecho a no trabajar y a ser mantenidos con planes llamados sociales tendrán que salir a buscar un trabajo como lo hace cualquier de Uds. Luego explicaré cómo será esa transición para los que hoy viven del trabajo ajeno.

La función del gobierno es crear las condiciones institucionales y económicas para generar una gran corriente inversora que cree esos puestos de trabajo para que esa gente que hoy vive de sus impuestos empiece a vivir de su propio trabajo.

La herencia recibida nos deja, entonces, ante el dilema de no bajar el gasto público y continuar con el déficit fiscal, la inflación y el endeudamiento, o bien bajar el gasto público, devolverle poder de compra a la gente reduciendo impuestos y crear nuevos puestos de trabajo.

Por cada peso de impuestos que bajemos, gracias a la reducción del gasto público, el contribuyente tendrá un peso más para gastar, habrá más trabajo en el sector privado y quienes hoy cobran un sueldo por no hacer nada productivo en el sector público podrán conseguir un puesto en el sector privado pero trabajando y haciendo algo útil para el resto de la sociedad.

La economía cambiará porque ahora, en vez de producir uno (el contribuyente) y consumir dos: el contribuyente y el ñoqui de lo que produce el contribuyente, los dos producirán. Habrá más bienes y servicios en el mercado y mejorará el nivel de vida de la población.

En definitiva, frente a la herencia recibida que castiga a la gente  con la inflación y la expoliación fiscal, la baja del gasto público es necesaria para terminar con esta penuria de la población que día a día trabaja decentemente para sostener un aparato estatal gigantesco que no le provee de los servicios públicos más esenciales.

Por otro lado, la baja del gasto público es comenzar a cambiar esta cultura perversa que se ha instalado en nuestro país por el cual todos se sienten con derecho a ser mantenidos por el trabajo ajeno. Consideran que tienen derecho a recibir bienes y a no trabajar. Y los políticos corruptos han estimulado ese comportamiento. Por eso nosotros quisimos llegar el gobierno. Porque decíamos Cambiemos estos valores de la cultura de la dádiva por la cultura del trabajo.

A la Argentina la construyeron nuestros abuelos que cruzaron el océano para venir a trabajar. No vinieron a buscar un plan social.

En definitiva, compatriotas, la baja del gasto público que proponemos es para terminar con el clientelismo político, la corrupción y restablecer la cultura del trabajo. Ser simplemente un país de gente decente y laboriosa.

No le pido un sacrificio a la gente que trabaja. Le pido a los que no trabajan y viven de los que producen que se pongan a trabajar. Eso no es un sacrificio, ni un ajuste. Es un acto de justicia.

En síntesis, propongo que Cambiemos la cultura de la dádiva por la cultura del trabajo para recuperar el camino de grandeza que hace tiempo construyeron nuestros abuelos y en una parte de la historia lo perdimos para caer en esta decadencia de la que les ofrezco salir.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE