Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva: otro salvavidas de plomo

Por Pablo Guido. Publicado el 5/1/20 en: https://www.rionegro.com.ar/ley-de-solidaridad-social-y-reactivacion-productiva-otro-salvavidas-de-plomo-1218417/

 

Independientemente de quién asumiera el gobierno nacional lo que requería la economía argentina era una rebaja significativa de la carga tributaria, menores costos laborales, menores niveles de inflación, una mayor apertura de la economía y un paquete de desregulación para todos los sectores productivos.

En las últimas semanas, el Gobierno dispuso varias medidas para intentar reactivar la economía.

No es necesario buscar datos desde mediados del siglo XX para registrar el proceso de decadencia que sufrimos.

Analicemos lo que sucedió en la última década en nuestro país. La economía argentina hace 35 trimestres que está estancada en el mismo nivel de actividad (IV trimestre 2010-III trimestre 2019). En dicho lapso la población creció aproximadamente un 10%, por lo que nuestro PIB per cápita cayó en esa magnitud en los últimos 9 años.

En las dos últimas gestiones presidenciales la inflación acumuló un incremento por encima del 1.000%, promediando un aumento anual del 35%. El empleo privado, en el mismo período, cayó en 65.000 puestos de trabajo y el empleo público aumentó en 650.000 personas). Inclusive los trabajadores autónomos se redujeron en 16.000.

La cantidad total de empleo registrado, público y privado, pasó de 10,9 millones a 12,1 millones (+10,8%). Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA los pobres en el país aumentaron, entre 2010 y 2019 del 28% al 40%.

¿Cuál es una de las explicaciones de este fracaso en términos de crecimiento, creación de empleo genuino y mejores condiciones de vida?

Recordemos que para que los ingresos de las personas se incrementen tiene que haber mayores niveles de producción per cápita, que a su vez son posibles mediante una mayor inversión por persona. En otras palabras, para generar un proceso de crecimiento es necesario que se inviertan más recursos por habitante.

¿Qué sucedió en la última década en nuestro país? Si lo medimos en dólares la inversión total ha disminuido un 21%: en el tercer trimestre del 2010 la “formación bruta de capital fijo”, según el INDEC, fue de U$S 70.000 millones (anualizada) y en el tercer trimestre de este año de U$S 55.000 millones. Dado que la población empleada, tanto en el sector público como privado, aumento casi 11%, podemos concluir que la inversión per cápita se desplomó en los últimos 10 años casi 30%.

Datos clave

1.5%
es el ahorro fiscal (en relación al PBI) que estima el gobierno con la aplicación de la ley de Emergencia.
2.000
son los millones de dólares que prevén recaudar con el aumento de las retenciones.

Conclusión: como cada uno de los trabajadores tenemos dos tercios de equipos y máquinas con los que contábamos hace 10 años entonces nuestros niveles de productividad son significativamente menores. Por lo tanto, los ingresos por trabajador son menores.

Ahora la pregunta clave: ¿por qué los niveles de inversión por trabajador se redujeron casi 30% en los últimos diez años?

Nadie que esté proyectando perder dinero invierte. Invierten los que tienen expectativas de generar una ganancia. Y en la Argentina esas expectativas son cada vez menores: la mayor presión tributaria, los altos costos laborales, las altas tasas de interés que hacen que el costo de financiamiento sea sideral, una economía cerrada que no permite adquirir bienes y servicios a precios internacionales, el entramado regulatorio que hace casi imposible el esfuerzo emprendedor, y niveles inflacionarios desorbitantes, son algunas de los principales factores que provocan la falta de inversiones.

Es en este contexto que el nuevo gobierno que asumió el 10 de diciembre pasado envió al Congreso el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (que ya es Ley), que no hace más que profundizar el problema. Independientemente de quién asumiera el gobierno nacional para los próximos cuatro años lo que requería la economía argentina era una rebaja significativa de la carga tributaria (acompañada en simultáneo con una reducción del gasto público para no aumentar el déficit fiscal), menores costos laborales, menores niveles de inflación, una mayor apertura de la economía y un paquete de desregulación para todos los sectores productivos.

¿Cuáles son los principales puntos de la ley recientemente aprobada el pasado 20 de diciembre en el Congreso?:

1) La declaración de la emergencia en nueve áreas (económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social), permitiéndole al gobierno no tener que recurrir al Congreso para aprobar cambios en dichos sectores.

2) Impuesto del 30% a la compra de pasajes al exterior y de gastos con tarjetas en otros países.

3) Ratificación del cepo cambiario e impuesto para la compra de dólares para atesorar.

4) Suspensión de aumentos tarifarios durante seis meses.

5) Suspensión del mecanismo de actualización de jubilaciones y pensiones por 6 meses, reemplazándose por aumentos trimestrales por decreto.

6) Pago de un bono de suma fija en diciembre y enero para jubilados que cobran el haber mínimo y beneficiarios de la AUH.

7) Aumento de las cargas patronales.

8) Suspensión de la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas.

9) Aumento de las alícuotas en el Impuesto a los Bienes Personales, permitiendo la aplicación de tasas hasta un 100% mayor para bienes registrados en el exterior. Además se congela el valor del mínimo no imponible.

10) Faculta al gobierno a incrementar las retenciones a las exportaciones y a disponer que el sector privado realice un incremento salarial (ya se publicaron los decretos presidenciales aumentando retenciones y obligando a las empresas a incrementar salarios).

11) Disponer la compra por parte al Banco Central de letras en dólares emitidos por la tesorería nacional, por un valor de U$S 4.500 millones.

12) Se incrementa la tasa de estadística para las importaciones.

13) Se aumenta el impuesto sobre los automóviles.

El ministro Guzmán busca equilibrar los indicadores macroeconómicos.

Como podemos observar la ley recientemente aprobada en el Congreso tiene como objetivos aumentar los ingresos y reducir los gastos, para mejorar la posición del resultado fiscal primario. Por el lado de los ingresos vía un aumento de la carga tributaria, continuar con el control de cambios. Por el lado del gasto público:

1) se supone que la suspensión del mecanismo de actualización de las erogaciones previsionales se hizo con el objetivo de reducir dicho gasto (45% del presupuesto nacional), si bien no se conoce cómo será el nuevo criterio de ajuste ni sobre quiénes recaerá el mismo;

2) incremento del gasto vía el pago del bono a jubilados, AUH y empleados públicos;

3) no está claro si la suspensión de aumentos tarifarios de los servicios públicos significará un aumento de subsidios a las empresas o serán estas las que financiaran la medida. Además le impone al sector privado mayores costos a través de un aumento de las cargas patronales y un incremento (vía decreto) de los salarios. Los aspectos positivos de la nueva ley son la supuesta mejora en el resultado primario de las cuentas públicas y la moratoria tributaria para las pymes.

Vale agregar que adicionalmente nos vamos a encontrar con un incremento de la carga tributaria a nivel provincial, dado que se suspendió el cronograma de rebajas de impuestos provinciales que se había acordado en el Consenso Fiscal 2017. Por lo tanto, las legislaturas provinciales estarán habilitadas para realizar aumentos en las alícuotas de los impuestos sobre los Ingresos Brutos y Sellos. En Neuquén dicho incremento en las alícuotas ya fue aprobado por la Legislatura provincial el 20 de diciembre.

Como podemos ver, el paquete de medidas económicas que por ahora lanzó el gobierno nacional no mejora la competitividad de las empresas argentinas, castiga al ahorro y las exportaciones, genera menores incentivos a contratar empleados en blanco, y ajusta los haberes reales de los jubilados que cobran por encima del mínimo (en principio). Así, la salida de este contexto económico de estancamiento y falta de creación de empleo, que ya lleva diez años, sigue siendo un escenario de muy baja probabilidad.

 

Pablo Guido se graduó en la Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE. Es Doctor en Economía (Universidad Rey Juan Carlos-Madrid), profesor de Economía Superior (ESEADE) y profesor visitante de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). Investigador Fundación Nuevas Generaciones (Argentina).Director académico de la Fundación Progreso y Libertad.

 

Nicolás Maduro, sin antifaz, procura ganar tiempo

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 24/8/17 en:  http://www.lanacion.com.ar/2056102-nicolas-maduro-sin-antifaz-procura-ganar-tiempo

 

Como era previsible, la situación política, económica y social venezolana continúa deteriorándose. Aceleradamente. Para muchos venezolanos, vivir es un infierno. Nicolás Maduro, ya sin disimulo alguno, apunta a transformar a Venezuela en una dictadura. Para eso, precisamente, su antidemocrática convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que previsiblemente concentrará el poder absoluto en manos del ex colectivero.

La hasta no hace mucho procuradora general Luisa Ortega, como era previsible, fue destituida -de inmediato- por la Asamblea Nacional Constituyente que, además, asumió lo sustancial de las facultades legislativas que posee el Parlamento, único órgano de gobierno cuyos miembros han sido elegidos con transparencia por el pueblo y que, precisamente por ello, está dominado por la oposición venezolana, que representa a la enorme mayoría de los ciudadanos del país caribeño. Luisa Ortega, una chavista de los primeros días, está hoy refugiada en Colombia luego de tener que escapar precipitadamente de su país con su marido, el diputado Germán Ferrer, a través de Aruba. Si no lo hubiera hecho, el matrimonio estaría hoy, como muchos dirigentes opositores, alojado en las cárceles de Nicolás Maduro. Ocurre que es probable que tengan pruebas fehacientes de la corrupción derivada de la relación de la administración venezolana y la empresa brasileña Odebrecht. Quizás por esto ella esté ahora en Brasil.

Cabe recordar que la aludida Asamblea Nacional Constituyente venezolana no fue elegida libremente en las urnas por voto popular. Sus 545 miembros fueron digitados por el chavismo y le responden incondicionalmente. Por esto hay pocas dudas de que si la Asamblea Nacional Constituyente cumple con su encargo, las posibilidades de supervivencia de la democracia en Venezuela serán aún menores que las actuales. Como si lo antedicho fuera poco, la Corte Suprema venezolana no es independiente y está también cuidadosamente manejada (a control remoto) por Nicolás Maduro. A punto tal que ya ha dejado velozmente sin efecto la casi totalidad de las normas sancionadas por el Parlamento de su país.

En ese escenario, claramente antidemocrático, la mayoría de los venezolanos está participando en una larga serie de protestas callejeras que, en las últimas semanas, han dejado un saldo penoso de 125 muertos y más de 2000 heridos. Desgracia a la que cabe sumar la existencia de al menos 645 presos políticos, a juzgar por las cifras difundidas por el Foro Penal Venezolano.

Contemplar la realidad venezolana genera una enorme preocupación. Ocurre que lo que está a la vista es un gobierno que -entre otras cosas- no vacila en disparar a matar, para así tratar de sofocar las protestas de su pueblo. A cara descubierta.

Como consecuencia de la demolición de la democracia venezolana el Mercosur,invocando la llamada “Cláusula Democrática”, acaba de suspender a Venezuela de su seno, hasta que se “restablezca el pleno orden democrático”, transformando de esa manera a la dictadura venezolana en paria regional. Para el Mercosur, es indispensable comenzar, ya mismo, con un proceso de transición política cuyo objetivo sea el regreso de Venezuela a la democracia.

La gravedad de la sanción aplicada no hace sino destacar la enorme seriedad de lo que está sucediendo en Venezuela. Nuestro canciller, Jorge Faurie, con su habitual claridad de lenguaje, expresó: “Venezuela no tiene libertades y el Mercosur le dice basta a esa Venezuela, represora y dictatorial”. Tanto Argentina como Brasil, las dos potencias regionales, califican directamente a Nicolás Maduro de dictador, justificando la fuerte sanción dispuesta, por tiempo indeterminado. En paralelo, al menos doce embajadores de distintos países del mundo, incluyendo al argentino, al mejicano y al chileno, concurrieron personalmente al Parlamento venezolano para así apoyarlo simbólicamente.

Nicolás Maduro acusa al presidente Mauricio Macri de hacerlo “víctima” de una persecución, insultándolo de paso, haciendo gala de su peculiar “estilo” patotero.

El actual canciller de la administración de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, ante la dura realidad venezolana ha invitado a una reunión a todos los países que han respaldado al Parlamento venezolano, lo cual, según él, los pone “en connivencia” con los legisladores. Debió decir, en cambio, que los pone del lado del pueblo venezolano, desde que esos parlamentarios fueron libremente elegidos en las urnas.

De más está señalar que el diálogo es efectivamente el camino capaz de evitar la violencia. A lo que cabe agregar -sin embargo- que no hay diálogo conducente cuando no existe buena fe. La conducta del gobierno de Nicolás Maduro, al menos hasta ahora, ha hecho gala de una arrogante y permanente actitud de mala fe. Como consecuencia, lo primero que debe ocurrir en Venezuela es el restablecimiento de un mínimo de confianza recíproca, que permita a las partes encontrar un mecanismo apto para la búsqueda de una fórmula de transición. No será nada sencillo. Pero está claro que, si Nicolás Maduro no cede en sus pretensiones dictatoriales, las conversaciones y esfuerzos serán inevitablemente estériles. Desgraciadamente, las razones para el optimismo son pocas y no están a la vista. El papa Francisco poco parece poder hacer para impulsar o facilitar ese diálogo, desde que no goza de la credibilidad de la oposición.

Mientras el caos impere en Venezuela, el país va camino a ser objeto de sanciones, al menos por parte de los Estados Unidos. Aquellas que puedan de pronto tener que ver con sus exportaciones de petróleo crudo le causarán seguramente un daño significativo. No obstante, dada la relación operativa del particular tipo de crudo venezolano con la actividad refinadora norteamericana, la imposición repentina de esas medidas no es una tarea simple.

Flotando sobre el escenario hay -además- otra nube negra. A la manera de feo presagio. La de un posible “golpe” militar en Venezuela. Pero desde que los mandos militares están prolijamente seducidos, económicamente, por Nicolás Maduro y rodeados de sospechas de participación en las actividades del narcotráfico, nadie puede suponer que si el actual presidente venezolano resulta -de pronto- desplazado del poder, la consecuencia necesaria sea el inmediato regreso a la democracia.

La agonía de la democracia en Venezuela -queda visto- continúa y se está transformando en una cuestión de paz y seguridad particularmente compleja que alimenta la inquietud de la mayoría de los países de nuestra propia región. Y no sin claras razones objetivas.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

Soplan vientos de cambio

Por Alejandra Salinas:

 

Les propongo desoír el exceso de optimismo (que sobredimensiona habilidades y exagera la posibilidad de éxito), así como el exceso de pesimismo (que minimiza o paraliza los esfuerzos y aniquila la ilusión del logro). Les propongo dejar de lado por unos minutos las encuestas, porcentajes, alianzas, y proyecciones electorales. En vez, los invito a imaginar que la construcción de un nuevo orden político en la Argentina  ya empezó, y que la tarea nos exige salir con urgencia de la profundísima crisis moral, económica, política y social del país actual. Hay que refundar la Argentina, así como hace casi doscientos años hubo que inventarla.

Soplan vientos de cambio, cabe preguntar entonces ¿hacia dónde vamos? Recordemos que Platón entendía el arte de gobernar una sociedad como el arte de guiar una nave. Pues bien, la nave Argentina no sólo necesita de un buen capitán, requiere de un motor que haga funcionar cada parte del sistema de modo armonioso y coordinado, y de un mapa adecuado que nos facilite la navegación. Capitán, motor y mapa son elementos indispensables de esta metáfora náutica, pero no son los únicos ni los más importantes. Lo que otorga sentido a un viaje es el lugar o destino al que queremos llegar. David Schmidtz expresa esta idea con elegancia: “Un mapa no nos puede indicar una dirección hasta que no elijamos un destino. El destino elegido no está en el mapa, más bien lo volcamos al mapa. Hay varias razones para elegir un destino (…). Una vez que elijamos, si somos lo bastante precisos sobre dónde queremos ir, haremos algo parecido a probar el terreno – constatar si una determinada ruta es apta para ir desde acá hacia allá” (“When Justice Matters”).

La pregunta crucial es, entonces, a qué destino quiere arribar la sociedad argentina, entendiéndolo como aquel ideal político que presente las mejores condiciones para que las personas puedan realizar sus diversos proyectos individuales y comunitarios, que son el motor del progreso y del bienestar general. Es oportuno, primero, aclarar lo que un ideal político no es: continuando con la analogía náutica, el ideal político no es una transacción de prestaciones a cambio de pagos; tampoco es un servicio de mantenimiento de la nave ni la construcción de un relato acerca de quién y cómo la construyó; y definitivamente no es un puerto de aguas estancadas donde los navegantes esperan pasivamente que alguien abra las compuertas. Más bien, el ideal político es un objetivo o destino común a alcanzar siguiendo el recorrido de un doble canal: el de las instituciones republicanas y el de la cultura democrática.

Por el canal republicano –lo sabemos más de lo que lo practicamos- se navega de acuerdo a las coordenadas del juego político moderno: transparencia en la gestión pública, rotación en los cargos (y límites a la duración de los mandatos), rendición de cuentas, separación de poderes, administración imparcial e independiente de justicia, y un sistema de partidos genuinamente competitivo. Refundar la república significa volver al momento constitucional, a un acuerdo general que exprese el compromiso de conducir la vida política entre boyas republicanas. Refundar la república exige también no descuidar más el momento post-constitucional, que hace al cumplimiento y ejecución del acuerdo constitucional. Ello dependerá de que exista una proporción adecuada de elementos éticos (auto-restricción), culturales (voluntad de cumplir con la ley fundamental) y políticos (decisión de sancionar las infracciones a esa ley). Por último, refundar la república es terminar con el populismo, tanto en su costado más prosaico de clientelismo de elites y de masas, como en su aspecto retórico que inunda de sentimentalidad la imaginaria relación entre líder y pueblo.

Por su parte, el canal de la cultura democrática es el que nos aleja de todo pensamiento autoritario, de la forzada homogeneidad nacionalista, de la educación como instrumento de adoctrinamiento político, de la discrecionalidad irrespetuosa, de las imposiciones mayoritarias arbitrarias, de la violencia facciosa como método y como símbolo, y del miedo a la aceptación de nuevas y sanas voces e ideas, vengan de donde vengan.

Recorriendo el doble canal de la institucionalidad republicana y de la cultura democrática podremos, finalmente, acercarnos a nuestro multifacético destino: al ideal de la libertad sin cadenas, la igualdad sin postergaciones, la justicia nuevamente ciega, la dignidad de sabernos una sociedad más libre, más plena, más pacífica y -por qué no- más feliz. Que el faro de la sabiduría ilumine la nave Argentina y a su futuro capitán, y nos guíe hacia un buen puerto.

 

Alejandra M. Salinas es Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Doctora en Sociología. Fue Directora del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de ESEADE y de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas. Es Secretaria de Investigación y Profesora de las Asignaturas: Teoría Social, Sociología I y Taller de Tesis de ESEADE.