EL OLVIDADO CASO DE LUIGI STURZO, EL SACERDOTE QUE HUBIERA DERROTADO A LA ITALIA FASCISTA.

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 30/12/18 en: https://gzanotti.blogspot.com/2018/12/el-olvidado-caso-de-luigi-sturzo-el.html?fbclid=IwAR3V46PZvVtrf1QilRuPswu85Plwwma_b2U9WRTBf96UJsvEq7diUx2v3OE

 

De Judeo-cristianismo, civilización oriental y libertad, cap. 6.

(accesible gratis en https://www.amazon.es/Judeocristianismo-Civilizaci%C3%B3n-Occidental-Libertad-judeocristiano-ebook/dp/B079P7V1JC/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&dpID=51GJcML485L&dpPl=1&keywords=judeocristianismo%20zanotti&pi=AC_SX236_SY340_QL65&qid=1518158250&ref=plSrch&ref_=mp_s_a_1_1&sr=8-1 )

El caso de Luigi Sturzo nos plantea con tristeza los mundos paralelos posibles que hubieran sido, de no ser por la falta de visión histórica de quienes debían regir los destinos de la Iglesia. Como coherente injusticia, su figura excepcional sigue sumergida en el olvido, en medio del griterío del catolicismo ultramontano y el fanatismo anticatólico iluminista.

Luigi Sturzo[1], sacerdote católico nacido en 1871, fue nada más ni nada menos que el fundador del Partido Popular Italiano. Y dicho partido fue nada más ni nada menos que un partido democrático, anti-fascista, de orientación cristiana, aunque laical y anti-confesional. Con el pleno apoyo de Benedicto XV –quien como dijimos había levantado el non expedit– el partido popular va ganando el apoyo de los católicos y progresivamente va ganando elecciones y frenando el ascenso de los fascistas mussolinianos. Sí: una Italia no fascista, una Italia No aliada de los nazis, una Italia inspirada en una democracia cristiana –en un perfecto ejemplo de lo que hubiera sido una confesionalidad sustancial- laica, democrática, republicana, católica, hubiera sido perfectamente posible. Pero en Enero de 1922 fallece Benedicto XV y, como dijimos, Pío XI le retira su apoyo al Partido Popular. En 1924, Sturzo tiene que exiliarse de Italia, primero en Londres y luego en los EE.UU. Finalmente su proyecto renace con la democracia italiana de la post-guerra y en 1952 Luigi Einaudi lo nombre senador vitalicio. Muere en 1959. Durante su exilio escribe importantes obras que pocos católicos y pocos liberales han estudiado, entre ellas La Iglesia y el estado[2], monumental obra en cuya parte final destaca las figuras de los liberales católicos del s. XIX con gran fidelidad y detalle a las circunstancias históricas que hemos reseñado[3].

El caso Luigi Sturzo marca una tragedia permanente, intra-eclesial, de la cual aún no hemos salido. Podemos disculpar a Pío XI su falta de visión histórica, su ingenua alianza con Mussolini, pero evidentemente nada de ello hubiera sucedido si no se hubiera perseguido y descalificado con saña e injusticia a los liberales católicos del s. XIX, por parte de los católicos que luego forman el grupo de tradicionalistas ultramontanos de los cuales sale Lefebvre. Sí, es verdad que en esa guerra intelectual ganaron algunas batallas: las aclaraciones de Dupanloup, la moderación del magisterio de León XIII, las “no condenas” (si a eso se lo puede considerar victorias) de Lacordaire, Montalembert, Ozanam y Acton, pero la guerra, en su momento, fue perdida. Cómo fue posible que, a pesar de los esfuerzos visionarios de Benedicto XV, Pío XI hiciera una alianza con Mussolini; cómo fue posible que prácticamente la “doctrina oficial” de la Iglesia fuera en los 30 y los 40 una mezcla de corporativismo con autoritarismo; cómo fue posible que para revertir esa tendencia, Pío XII y Juan XXIII tuvieran que hacer ciclópeos esfuerzos que aún no han madurado… Sólo se explica por la imposibilidad de vacunas democráticas, para la mayoría de los católicos, ya sean laicos, sacerdotes, cardenales, teólogos o pontífices, luego del mazazo sin matices de la Mirari vos y la Quanta cura, donde Modernidad e Iluminismo no se distinguían en absoluto. Cómo puede ser posible que la Iglesia posterior, de los 60 en adelante, sucumbiera a los cantos de sirena del socialismo y del marxismo, problema en el cual aún estamos, se explica por el mismo motivo: la falta de vacunas intelectuales contra movimientos autoritarios que, ya de derecha o izquierda, desprecian absolutamente la institucionalidad liberal y la economía libre que el mismo Sturzo defiende con énfasis a partir de su regreso a Italia. En realidad los que comprendieron bien el vuelco del Vaticano II hacia la institucionalidad democrática fueron los que lo rechazaron, esto es, los lefebvrianos. Ellos sí se dieron cuenta de cuál fue el genuino resultado de los grandes Pío XII y Juan XXIII. Pero los demás, sólo repetían las notas, sin comprender lo que tocaban. Democracia, constitución, libertades civiles, derechos humanos, laicidad del estado, libertad religiosa, división de poderes, etc., sólo son palabras que se entienden –en el Catolicismo– a partir de los liberales católicos del s. XIX. De lo contrario, sólo son letra muerta que ocultan el permanente integrismo y clericalismo: la nación católica, el pueblo católico, ya sea en comunidades eclesiales de base, ya sea retornando a la Cristiandad Medieval de manos de algún dictador católico ilustrado. No hay ni debe haber “nación católica”, ya en alianza con Mussolini, en su momento, ya en alianza con Cuba, como hoy: esos proyectos no son compatibles con la libertad religiosa, con el debido pluralismo político y la legítima convivencia entre creyentes y no creyentes. Ya sea la alianza de Pío XI con Mussolini, ingenua en su momento y retrospectivamente vergonzosa, ya sea la alianza de los católicos de hoy con los populismos de izquierda filo-cubanos y marxistas, siempre es lo mismo: la carencia trágica de toda formación básica en los valores republicanos y en la economía de mercado[4].

[1] Sobre Sturzo, ver Antisieri, D.: Cattolici a difesa del mercato, Rubbettino, 2005.

[2] Church and State, New York, Longmans, Green And Co., 1939.

[3] Op. cit., cap. XII.

[4] Al respecto es muy ilustrativa la aguda crítica de Gustavo Irrazábal a la falta de conciencia institucional republicana de las conferencias episcopales latinoamericanas, y su aguda crítica también a la “teología del pueblo”, en Iglesia y democracia, Buenos Aires, Instituto Acton, 2014.

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

Salir del populismo con buenos modales

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 5/4/17 en http://www.cronista.com/columnistas/Salir-del-populismo-con-buenos-modales-20170405-0051.html

 

Es por cierto muy difícil unificar una interpretación que corresponde a cientos de miles de personas que naturalmente tienen sus propias visiones con diferentes énfasis y preferencias. De todos modos puede encontrase un denominador común en la valorización de las instituciones republicanas y, por ende, en ahuyentar la figura del helicóptero tan estimulada y ponderada por energúmenos de variado calibre.

En todo caso nos parece que esta marcha del 1 de abril abre una nueva oportunidad al gobierno para salir del marasmo de populismo con buenos modales y revertir la situación. Milton Friedman ha escrito que para lograr cambios en la buena dirección es imprescindible llevarlos a cabo en el período de la luna de miel y no demorarse y desgastarse para que la oposición junte fuerzas.

Esperemos entonces que esta marcha abra nuevamente un paréntesis de esperanza para hacer lo que es razonable hacer dadas las características de la opinión pública y de los propios gobernantes del momento. Nos referimos esencialmente al voluminoso gasto público que es indispensable reducir, de lo cual depende la colosal presión tributaria, el déficit fiscal, el endeudamiento, las regulaciones absurdas y dificulta la trifulca contra la inflación.

Recordemos unos pocos ejemplos: este gobierno comenzó su gestión aumentando ministerios, elevando el gasto estatal y al tiempo que ponderaba el respeto a las instituciones pretendió designar por decreto a dos miembros de la Corte y subrayar la división de poderes cuando operaba en la Justicia un amigo del presidente, maniobras que afortunadamente se interrumpieron merced a la denuncia pública de una diputada integrante del gobierno. También se intentó muy ingenuamente comprar a piqueteros entregándole la friolera de $ 30 mil millones y otras sandeces como la de pretender chantajes liberando el sector externo para las áreas donde se incrementan precios. Abrirse al mundo no es un trámite administrativo sino para mostrar algo distinto del estatismo. Debe hacerse honor a la expresión cambiemos’ y no repetir errores superlativos aunque sean sin corrupción.

Días pasados no puede contener la carcajada cuando escuché en la radio a un funcionario público que se ufanaba con que las cosas mejorarán cuando la ‘inversión’ en obras públicas se concretaran a través de ‘picos y palas´. Sobre esto último tengo una mejor idea: que se cave con las uñas para mejorar el empleo según esta receta bastante estúpida por cierto con la que se desmoronará todo lo que queda en pie.

En segundo lugar no hay tal cosa como ‘inversión pública’. La inversión es un concepto subjetivo en el que se conjetura que el valor futuro es mayor que el presente. Si le arrancara la billetera a uno de mis lectores y le digo que es para invertir el fruto de su trabajo, seguramente el despojado se percatará que para él es un derroche puesto que si hubiera podido disponer de sus recursos lo hubiera llevado a cabo en otra dirección. Es lo mismo que en la época alfonsinista cuando se decretó el ‘ahorro forzoso’ cuando por idénticas razones no hay tal. En el presupuesto gubernamental el rubro correspondiente debe contabilizarse como gastos en activos fijos para distinguirlos de los gastos corrientes, pero no como inversión pública.

En resumen, interpretamos que en la marcha en cuestión se espera que cambiemos cambie antes de que resulte tarde.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

El presidente Macri, por la radio, propone cambios en los valores y las ideas. Correcto, pero está sólo.

Por Martín Krause. Publicada el 29/12/16 en: http://bazar.ufm.edu/presidente-macri-la-radio-propone-cambios-los-valores-las-ideas-correcto-esta-solo/

 

El presidente Macri dio una entrevista esta mañana por la radio bien extensa, donde se trataron muchos temas. Apenas terminada, los medios periodísticos comenzaron a buscar qué claves o datos políticos podrían sacarse de lo dicho. No niego que pueda haber señales políticas cuando habla un presidente, pero en este caso, como en otros antes, Macri habla más bien de “valores e ideas”, a punto que parece más un monje que un político.

En definitiva, creo que su actitud refleja una preocupación que ya he comentado antes en este blog: que el destino de una sociedad, en última instancia, depende de los valores e ideas que predominan en ella. En otras palabras, Macri está diciendo que si la gente, si los argentinos, no abandonamos las ideas populistas de las últimas décadas, y en particular, el populismo con esteroides de los últimos años, no hay mucho futuro. Porque no va a mejorar la calidad institucional más allá de haber puesto algo de orden y haber moderado las formas y si eso no cambia no habrá inversiones que lleguen, ni mucho crecimiento económico, ni mejorarán las oportunidades que tenga la gente.

Entiendo ese punto, Macri ha asumido una tarea apostólica, y tal vez titánica, de convencer a los argentinos que abandonen las promesas cortoplacistas del populismo que ya muchas veces nos han dejado en la ruina. Entre otras, esas ideas típicamente son: que los derechos se defienden en la calle, haciendo piquetes, y no en la justicia; que obtener una mayoría circunstancial habilita a ejercer el poder sin ningún tipo de límites; que la política se maneja con dinero y por eso hay que extraer lo máximo posible del estado; que la división de poderes es un invento para eludir a la voluntad popular; que la inflación la genera la avaricia de los comerciantes y empresarios; que es mucho mejor una empresa estatal, con déficit, que varias en competencia que brinden mejores servicios y más baratos; que todos tenemos el derecho a nuestro propio privilegio y que nadie se atreva a tocarlo (ya sea abriendo algún mercado o el comercio internacional o desregulando) porque entonces volvemos al comienzo de esta lista, y así sucesivamente.

Los políticos hacen su propio juego, no es de extrañar. Sus principios se miden por los votos que pueden generarle, no hay que esperar de ellos otra cosa si los votantes están finalmente dispuestos a avalarlos.

Pero si la intención de Macri es la que he esbozado, hay algo que está débil, y es que nadie más en su propio gobierno se preocupa por las ideas y los valores. Se trata de un gobierno de gerentes, tal vez buenos gerentes, que se dedican frenéticamente a su gestión sin sacar a la luz los principios que están en juego. Entonces ninguno de ellos termina contribuyendo a la competencia de ideas en la que se ha involucrado su presidente.

Por ejemplo, en estos días, se discutió en una audiencia pública la posibilidad de abrir el mercado aeronáutico a nuevas empresas aéreas que quieran ingresar o ampliar sus servicios. ¿Alguno de los funcionarios pregonó acaso los beneficios de la competencia para los consumidores, no para las empresas? ¿Alguno mencionó los exitosos procesos de apertura que ocurrieron en Estados Unidos y en Europa? ¿Alguno fue acaso tan osado como para plantear que, como individuos, deberíamos tener el derecho a elegir viajar como se nos dé la gana? ¿No dice el artículo 14 de la Constitución que tenemos derecho a trasladarnos libremente dentro del territorio? Nada de eso, entonces los sindicatos, y la empresa estatal, que viven de los privilegios, presenta esa tibia apertura como un negocio para empresarios. ¿Cuánto cambiaron entonces las ideas populistas? Nada.

En fin, en este campo de los valores y las ideas se juega el destino de esta sociedad. Más sobre el tema en estos posts anteriores:

http://bazar.ufm.edu/wp-admin/post.php?post=713&action=edit

http://bazar.ufm.edu/wp-admin/post.php?post=217&action=edit

http://bazar.ufm.edu/wp-admin/post.php?post=175&action=edit

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Por decreto, pero en favor de la libertad

Por Martín Krause. Publicada el 12/1/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1861384-por-decreto-pero-en-favor-de-la-libertad

 

A veces resulta costoso respetar el estricto funcionamiento formal de instituciones en las cuales predominan el abuso de poder, las restricciones y los controles

Imagine el lector una situación en la cual, siendo la libertad su valor fundamental, tuviera la oportunidad de imponerla mediante un decreto que derogara todas las restricciones existentes. ¿Lo haría? ¿O, conociendo que la libertad solamente florece dentro de un cierto marco institucional, buscaría fortalecerlo para que la libertad pudiera resurgir y avanzar en el futuro?

En el primer caso puede alcanzar su objetivo, pero con un instrumento que el día de mañana cualquier otro puede utilizar para volver a imponer las restricciones existentes e, incluso más, profundizar un modelo autoritario. No hay garantía de que eso no vaya a suceder, ya que, al utilizar ese instrumento, aquellos que defienden la libertad (quienes la denigran ya lo habían hecho) le dan legitimidad y poco podrán hacer para oponerse. La libertad conseguida puede resultar un beneficio temporal.

Sin embargo, tal vez eso sea mejor que respetar el estricto funcionamiento formal de las instituciones existentes, en las cuales predominan el abuso de poder, las restricciones y los controles, no se puede avanzar mucho y la libertad continúa languideciendo.

Una cosa es la forma y otra el contenido. Tuvimos un gobierno que durante doce años avasalló la libertad en su contenido y muchas veces en su forma. Es decir, obtuvo poder y control a través de medios formalmente legales y otras veces no. El contenido fue, casi siempre, contrario a la libertad, aunque puedan rescatarse algunos avances en términos de derechos civiles.

Ahora, el nuevo gobierno ha tomado algunas medidas que tienen como objetivo fortalecer la libertad, pero utilizando un instrumento que debilita la calidad institucional. El nombramiento por decreto de dos jueces de la Corte Suprema o la intervención a la Afsca son dos ejemplos, aunque en uno se haya dado luego marcha atrás, al menos por el momento. El contenido no era objetable en sí: el Gobierno no buscaba nombrar a sus militantes en la Corte, sino a prestigiosos abogados con los que parece no tener vínculo; la política de medios de comunicación busca eliminar el impulso sectario que tiñó a la gestión anterior, que buscó controlar a los medios para apuntalar el relato.

La libertad y la calidad institucional parecen contraponerse en esta instancia: es una o es la otra. Una difícil elección para todo el que valore la libertad y las instituciones que la garantizan.

El Gobierno parece haber elegido la primera opción. No quiso verse en una situación en la cual cumplía con todos los requisitos formales pero no lograba resultados y sólo le quedaba el honor de haber respetado los procedimientos, como debería suceder en todo país serio. Éste es un dilema político que se presenta a todos los gobiernos que quieren llevar cambios adelante: he recibido un enorme poder; ¿debo utilizarlo como un “dictador benevolente” (según lo llamamos en economía) para conseguir la libertad y luego tratar de reducirlo para que quienes me sucedan no tengan ese instrumento poderoso o debo reducirlo primero para dar el ejemplo?

Esta segunda opción tiene pocas chances en la política; para los políticos, sería como hacerse el harakiri. Persiguiendo los políticos sus propios intereses, como cualquier otro, va a ser muy difícil que acepten recortar su propio poder.

Por otro lado, las medidas liberalizadoras ya de por sí reducen el poder del gobernante y mejoran la calidad institucional, que no se refiere sólo a la calidad de las instituciones políticas y judiciales, sino también a las que permiten las acciones a realizar en los mercados: el respeto al derecho de propiedad, la mayor libertad para realizar contratos, para establecer precios, para importar o exportar, para elegir la moneda en que se realizarán los intercambios.

En el análisis institucional que realizan los juristas o los politólogos suelen reflejarse nada más que las instituciones políticas o jurídicas tales como la división de poderes, la independencia de la Justicia, la renovación de los mandatos, el respeto a los derechos civiles. Es muy correcto, pero deja afuera toda un área de suma importancia para los individuos. Todos tenemos, en verdad, dos caminos a través de los cuales buscamos satisfacer nuestras necesidades: uno de ellos es el gobierno, por supuesto, del cual buscamos obtener seguridad, resolución de disputas, protección de ciertos derechos; pero tal vez la mayoría de nuestras necesidades se resuelven a través de los mercados: trabajamos o producimos y luego, con el ingreso obtenido, aprovechamos la división del trabajo para conseguir todo lo demás. Al negar este aspecto de nuestro proceder, el análisis institucional jurídico/político lo menosprecia.

El levantamiento del cepo cambiario deja en mayor proporción que antes la decisión acerca del uso de la moneda en manos de las personas, no de los funcionarios. Por supuesto, los exportadores están todavía obligados a entregar sus dólares al Banco Central, aunque éste ahora no los castiga además después. Pero al menos la gente ya no tiene que esconderse para tomar decisiones respecto de su propiedad, en este caso, de dinero. La reducción y eliminación de las retenciones a ciertas exportaciones devuelven nuevamente a los productores parte de la propiedad que les había sido expropiada a través de ese impuesto. Estaría por cesar la discrecionalidad existente en las importaciones a través del otorgamiento de licencias DJAI, pero se mantienen otras no discrecionales en muchos rubros; cesaron también las licencias para exportar (ROE) que se utilizaban para autorizar o negar las operaciones, pero se mantienen como “registro”.

Esas medidas amplían algo la libertad de acción de los argentinos, aunque se podría también plantear el mismo problema que generan los otros cambios a través de decretos: el control se modera, pero el instrumento persiste. Hoy la licencia de importación puede ser utilizada nada más que estadísticamente, pero lo cierto es que está ahí para que cualquiera pueda después utilizarla como control. Lo mismo puede decirse sobre las leyes de lealtad comercial o de terrorismo económico. Es como guardar el revólver en el sótano, pero todos sabemos que sigue existiendo.

En definitiva, la elección es difícil, las alternativas son imperfectas. Pero claro, uno no puede dejar de preguntarse si no es posible algún camino que busque conciliar la libertad y la calidad institucional. Uno de ellos parece que sería explorado: es obtener consenso sobre esas medidas a posteriori.

Sin embargo, si se va a instalar todo un debate institucional respecto de cierto tipo de medidas, tal vez sería mejor apelar a la población para alguna reforma “institucional” más profunda, que respete las formas para alcanzar un cambio más profundo en los contenidos.

Tomemos el caso de la Afsca. Se interviene, se desplaza a alguien que tenía mandato por un par de años más (aunque no para hacer lo que hacía). Se creará una nueva agencia. Pero quienquiera que sea nombrado en esa agencia estará sujeto al mismo antecedente por más que se lo nombre de por vida. Otro futuro gobierno podrá “intervenirlo”. La cuestión que tenemos que plantearnos es si no resulta peligroso tener agencias de ese tipo. Tal vez mejorar la calidad institucional es desistir de que exista ninguna ley y ninguna agencia para controlar los medios (o los recursos de los que el Estado se ha apropiado, como las frecuencias). La experiencia de estos controles no ha sido buena. Además, hemos vivido décadas sin leyes de medios o agencias de control. Y en el mundo de hoy accedemos a los medios de todo el mundo: la competencia nos protege más que nadie.

Es cierto, esto no quiere decir que el día de mañana no venga otro gobierno y vuelva a crear la agencia de cero. Y eso dependerá, en definitiva, de los valores que quieran promover los argentinos: si valoran la libertad o están dispuestos a entregarla. Si ahora dieron una señal de que quieren el cambio, tal vez quieran también dar una señal de que quieren ser más libres.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

¿QUÉ ES EL DERECHO?

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Lo primero que debe decirse es que el derecho no es un invento del gobierno sino que es anterior y superior al monopolio de la fuerza que en esta instancia del proceso de evolución cultural es para proteger los derechos de los gobernados.

 

El derecho es consubstancial a la naturaleza del ser humano.  El hombre siempre actúa con la intención de pasar de un estado menos satisfactorio a uno que le proporcione mayor satisfacción. Esos estados de satisfacción son enteramente subjetivos y dependen enteramente de la estructura axiológica de cada cual. En este proceso el hombre busca la mayor incorporación de lo que estima son valores (que en realidad pueden ser desvalores si en definitiva le hacen daño). En una sociedad abierta cada uno asume la responsabilidad por lo que hace o deja de hacer.

 

Hay dos planos de análisis en esto: por un lado las apreciaciones o valorizaciones subjetivas de cada uno y, por otro, la objetividad de las cosas en el sentido de propiedades y relaciones que son independientemente de las opiniones de cada cual. El derecho es simplemente la facultad de las personas para seguir el curso que estime conveniente siempre y cuando no lesione derechos de terceros. Del mismo modo que las flores y los minerales tienen ciertas propiedades y características, el ser humano también las tiene.

 

En una sociedad abierta se da rienda suelta a lo que cada uno considera es su camino para ejecutar sus proyectos de vida siempre y cuando, como queda dicho, que no lesiones derechos de terceros. Y no es que el derecho tenga un límite, la destrucción del derecho ajeno no es un derecho.

 

El hecho de actuar pone de relieve que el ser humano es imperfecto y,  por ende, está insatisfecho. Busca afanosamente la felicidad que en rigor es la actualización de las potencialidades en busca del bien pero evidentemente puede ser malentendida y dirigirse a la ruina. En todo caso, no es de incumbencia de nadie más que del sujeto actuante, sin perjuicio de lo cual pueden ofrecerse consejos y debatir voluntariamente objetivos pero en ningún caso en la sociedad abierta es lícito recurrir a la fuerza para fines que no sean estrictamente defensivos.

 

Todo derecho implica como contrapartida una obligación. Si una persona obtiene un ingreso de mil,  la contratara es la obligación universal de respetar ese ingreso. Pero si esa persona demanda dos mil aun no obteniéndonos y el gobierno otorga esa facultad quiere decir que otro estará obligado a entregar la diferencia, lo cual lesiona su derecho, por tanto se trata de un pseudoderecho.

 

Desafortunadamente en la actualidad vivimos rodeados del otorgamiento de pseudoderechos: derecho a la educación no en el sentido de que cada uno puede educarse sino en el sentido que otros vecinos están obligados a financiar los estudios de terceros, y así en idéntico contexto el derecho a la vivienda, a hidratos de carbono o vitaminas, a un salario adecuado, a la recreación etc., etc.

 

Este enfoque desafortunado reasigna los siempre escasos recursos en direcciones diferentes a las que lo hubiera hecho la gente con sus compras y abstenciones de comprar en el supermercado y afines con lo que hay consumo de capital que a su vez se traduce en menores salarios e ingresos en términos reales, que, entre otras cosas, no permite expandir la educación, la vivienda, la alimentación, la recreación y demás aspiraciones del todo legítimas y necesarias.

 

No hay posibilidad de contar con una sana economía si no existen normas que garanticen el respeto recíproco. Un ejemplo entre tantos: cuando las instituciones permiten que el aparato estatal estafe a la gente vía la manipulación monetaria, se distorsionan los precios relativos que a su turno engaña a los operadores económicos en su asignación de factores de producción y el consumo de capital correspondiente contrae salarios e ingresos en términos reales. Siempre que se habla de derecho se habla de justicia que significa “dar a cada uno lo suyo”  lo cual remite a la propiedad privada que, a su vez, es el eje central del proceso de mercado.

 

He escrito antes sobre distintos canales para producir grietas sumamente peligrosas en el edificio jurídico, pero hay cinco que son las más frecuentes. Telegráficamente consideradas, se trata de las teorías del “abuso del derecho”,  “la lesión”, “la imprevisión”, “el enriquecimiento sin causa” y “la penetración” sobre las que han advertido todos los grandes tratados de derecho civil y estaban proscriptas en las normas escritas y no escritas de toda sociedad abierta en la que naturalmente se respeta el haz de contratos diarios e inseparables de la propiedad que se suscriben de facto o de jure en casi todas las acciones del hombre (de compra-venta, de enseñanza, de locación, de transporte, de mutuo, de mandato, de gestión de negocios, de fianza, de donación, societarios, aleatorios, de adhesión y así sucesivamente).

 

La llamada “teoría del abuso del derecho” ha sido catalogada por autores como Planiol y Ripert como una logomaquía puesto que un mismo acto no puede ser simultáneamente conforme y contrario al derecho. Por medio de esta figura se concede al gobernante la facultad de sacrificar la voluntad, la libertad y la autonomía de una o de ambas partes en pos de la arbitrariedad judicial. Se suelen citar ejemplos en los que se estima una de las partes se ve obligada a cumplir con lo estipulado a pesar de su precaria situación, lo cual no permite ver que son muchas las personas (comenzando por nuestros ancestros de las cavernas) que atraviesan dificultades varias pero si se autoriza a quebrar los contratos las dificultades se extienden en grado sumo tal como ocurre en los países en los que no se respetan las relaciones contractuales.

 

Por su parte, al introducirse el principio de la “lesión”, también se otorga al juez la facultad de declarar nulo un contrato aun actuando dentro de la esfera del derecho. Si se estimara que una norma no protege adecuadamente las autonomías individuales y, por ende, no hace justicia, debe ser modificada o abrogada. La confiscación del poder judicial de las facultades del legislativo constituye un abuso de poder que vulnera la división de poderes. Por ejemplo, una nota del codificador argentino al Código Civil de 1869 apunta la irrevocabilidad del contrato al sostener que “dejaríamos de ser responsables de nuestras acciones si la ley nos permitiera enmendar todos nuestros errores y todas nuestras imprudencias”.

 

La teoría “de la imprevisión” solo se diferencia de la de la lesión en cuanto a la temporalidad, es decir, que mientras esta se juzga al momento de celebrarse el contrato, aquella es juzgada en el futuro y de ocurrir circunstancias previstas solo por una de las partes o no previstas e imprevisibles, lo cual convierte a la obligación en más onerosa. En este contexto ha escrito Bibiloni que “No hay sociedad posible si por circunstancia de que alguien obtenga provecho de una relación legítima con otro, está obligado al resarcimiento. El que vende o compra o arrienda o ejerce, en fin, la más natural acción, puede obtener lucro de la otra parte, sin que de ahí se deduzca nada porque para eso son los contratos”. El respeto a la palabra empeñada constituye el eje central de una sociedad abierta, lo cual implica el asumir todas las consecuencias de lo pactado.

 

En cuarto lugar, la teoría del enriquecimiento ilícito tiene dos significados bien diferentes: por un lado el incremento patrimonial debido a causas contrarias al derecho, es decir, debidas a acciones ilícitas y la segunda interpretación, la que en verdad da lugar a esta teoría es el incremento patrimonial como consecuencia de operar conforme a derecho pero declarado nulo por el poder judicial, con lo que, nuevamente, nos encontramos frente a la arbitrariedad y al atropello del Leviatán con las consecuencias devastadoras que significa la suspensión del derecho a manos de la discrecionalidad y la imprevisibilidad, todo lo contrario de lo que requiere la seguridad jurídica.

 

Por último, la novel “teoría de la penetración” permite que los accionistas de una sociedad anónima sean responsables solidaria e ilimitadamente con sus bienes, respondiendo por los actos de la empresa de la cual son copropietarios, con lo que se extingue la figura de la personería jurídica confundiéndola con las personas de existencia física y demuele la noción misma del carácter societario para entregarla a las resoluciones circunstanciales de gobiernos que abrogan de facto las mismas normas en cuyo contexto se desenvuelven.

 

Por supuesto que estas cinco afrentas al derecho (en el caso argentino incorporadas al Código Civil por el gobierno de facto del general Onganía) no son las únicas por la que los marcos institucionales están en jaque, también se hace de modo flagrante al desconocer los principios de la garantía de la cosa juzgada, la irretroactividad y al incorporar los llamados “derechos sociales” que, como hemos apuntado, significan pseudoderechos ya que, al concederlos, necesariamente dañan los derechos de terceros al no tener en cuenta que a todo derecho corresponde una obligación y si estas resultan contrarias al derecho de otros inexorablemente se perjudica seriamente el andamiaje jurídico con lo que, además, se afecta a quienes se pretende mejorar en su condición.

 

Hoy en día hay lugares en los que los comisarios del momento ni siquiera alegan las teorías anteriormente mencionadas sino que proceden al atropello a los derechos de las personas sin dar explicación alguna como no sea escudado en “la soberanía” de los aparatos estatales sin percatarse de que la soberanía reside en los gobernados que contratan a gobiernos para que los protejan y no para que los ataquen, actuando no como mandantes sino como mandatarios sin límite alguno en sus atribuciones.

 

Desafortunadamente en la mayor parte de las facultades de derecho el positivismo jurídico ha hecho estragos y se ha perdido la noción de mojones o puntos de referencia de justicia extramuros de la legislación positiva, situación que conduce indefectiblemente al ensanchamiento de un Leviatán completamente desbocado, en desmedro de los derechos de las personas y con lo que cualquier Hitler (hoy diríamos Chávez) que asume el poder con suficiente apoyo electoral convierte su legislación pervertida en “normas de justicia”.

 

Ya se ha señalado y repetido con razón que las declinaciones de los diversos países no se deben a factores exógenos sino internos, comenzando por lo que ocurre en la cabezas de la gente. Michail Rostovtzeff explicó detalladamente en su célebre y voluminosa historia el deterioro en los marcos institucionales y en la economía debido al estatismo que irrumpió en la Roma imperial y Taichi Sakaiya resume el tema en su Historia del futuro. La sociedad del conocimiento: “La causa del desmoronamiento y la extinción del mundo antiguo no fue la obtusa ignorancia y el salvajismo de los bárbaros del norte, sino el cambio ético y estético que estaba en marcha mucho antes […] fueron abandonados desde dentro”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

ACERCA DEL DISCURSO DE LA PRESIDENTE:

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

En mis escritos evito personalizar puesto que estimo que es mucho más fértil argumentar y discutir ideas. No solo para ahorrar energía, tiempo y espacio, sino porque en general las personas exponen sus recetas con la mejor de las intenciones (y si no fuera así es en realidad irrelevante a los efectos prácticos).

 

En este caso me refiero a la presidente de la República Argentina, aunque a esta altura,  luego de décadas de estatismo, de desigualdad ante la ley, de ocultamiento de los actos de gobierno, de intentos de eludir la alternancia en el poder, de concentrar funciones impropias de una sociedad abierta, de atropellar derechos de los gobernados y de intentos de bloquear la división de poderes, después de todo esto decimos, en rigor, no puede hablarse de una República.

 

En cualquier caso, una nota al pie: la presidente de marras fue al Congreso de la Nación a inaugurar un nuevo período de sesiones parlamentarias y henos aquí que omitió esa anunciada misión aunque no la exige la nueva reforma constitucional, después de hablar casi cuatro horas en el recinto no declaró la antedicha formalidad que ha sido una tradición argentina. En las líneas que siguen, por razones de espacio, marco telegráficamente los puntos más salientes del discurso en un balance de la gestión que adolece de llamativos defectos.

 

Abrió con una manifestación de un periodista inglés que aludió a cotizaciones de bonos argentinos en lo que la presidente consideró que alababa su gestión, lo cual ese mismo autor tuvo que refutar de inmediato puesto que aclaró que su comentario se debía a las buenas expectativas que surgen debido a la finalización del mandato de la funcionaria en cuestión.

 

Acto seguido se refirió a lo que denomina “desendeudamiento”, situación que ha sido desmentida una y mil veces puesto que la  sumatoria de la deuda pública interna y la externa es ahora mayor que antes de asumir su marido, a esto se agrega el presente default pero, curiosamente, felicitó a su equipo económico en medio de expresiones denigrantes para quienes son acreedores sobre la base de lo propuesto por el gobierno argentino y en la jurisdicción acordada.

 

Se refirió a las reservas de la banca central con cifras que no se condicen con las netas en esa institución y tomó como indicador relevante el turismo que es en gran medida debido a las dificultades de viajar al exterior por la escasez de dólares fruto del cepo cambiario y a los sabuesos que merodean en torno al uso de divisas extranjeras.

 

Ponderó una de las empresas estatales con abultado déficit y, a pesar de los despidos y suspensiones (“se suspendieron las suspensiones” dijo), subrayó que el empleo crece, y a pesar del uso y abuso de los fondos que corresponden a los jubilados sostuvo que la perspectiva de éstos son alentadoras en el contexto de destacar la “gratuidad” de fondos entregados a través de otros programas sin contemplar la financiación coactiva que proviene del fruto del trabajo ajeno, lo cual también hizo respecto a créditos estatales que, como es sabido, no son abonados con los patrimonios de los funcionarios sino con los recursos de los vecinos, todo lo cual reduce las tasas de capitalización y, por ende, los salarios e ingresos en términos reales.

 

Igual que muchos de la oposición, se pronunció por no insistir en la preponderancia de la empresa privada si el aparato estatal “lo puede hacer mejor”, ignorando no solo los incentivos de las primeras para servir a sus semejantes y la politización de las segundas (la forma en que se prenden las luces y se toma café son muy distintos), sino que dejó por completo de lado los cuadros de resultados como guía para la asignación de recursos.

 

Abundó en cohetes y satélites y sostuvo que los acuerdos con China están bien aunque no haya licitaciones en medio de secretos inaceptables y habló como si fuera la directora ejecutiva de una empresa para concluir que en lugar de exportar maíz e importar cerdo resulta imperioso darle maíz a los cerdos, lo que entendió la eximía de considerar las condiciones de mercado en las que los controles impuestos durante su gestión dificultan encarar proyectos.

 

Dijo que el déficit en las cuentas públicas se debe a la importación en el rubro energético y que esto, a su vez, se debe “al crecimiento económico” sin mencionar el incremento en los índices de pobreza y el descalabro que produjo con los subsidios  y la falta de inversión en el área junto a la confiscación y luego expropiación de la mayoría accionaria de la empresa petrolera (¿también con la tragicómica expresión ”de bandera”?).

 

En realidad lo que corresponde a un gobierno republicano es dedicarse primordialmente a la seguridad y la justicia, dos pilares que no son precisamente las características sobresalientes de esta gestión.

 

Finalmente dos temas: primero, llamó poderosamente la atención que una abogada exitosa se preguntara con cual Nisman se quedaba: si con el que la denunció públicamente o con escritos que eventualmente se encontraron entre los papeles del fiscal que para el meollo del caso resultan inconducentes, del mismo modo que cuando un escritor publica un libro y luego se encuentra otra versión entre sus pertenencias. Y segundo, fue del todo impropia, despectiva y amenazante la forma en que se refirió al Poder Judicial como una revancha a tanta imputación y procesamiento a funcionarios.

 

Hasta aquí los ejes centrales del último discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa, ahora es de interés detenerse en aspectos que van más allá de un discurso y que revisten gran importancia para el futuro argentino.

 

La decadencia argentina es debida al abandono de la tradición alberdiana para sustituirla por un estatismo galopante desde los años treinta y acentuada a partir del peronismo. Como la actual mandataria lo cita al inventor de ese movimiento fascista y totalitario y hay quienes en la oposición reivindican sus banderas, es pertinente reiterar algunos hechos sobresalientes de ese régimen sobre los que me he referido con anterioridad, la última vez en “La Nación” de Buenos Aires el 31 de mayo de 2013.

 

Escribió Juan González Calderón sobre el período peronista en  No hay Justicia sin Libertad. Poder Judicial y Poder Perjudicial (Víctor P. de Zavalía Editor, 1956) : “La tiranía había abolido, como es de público y completo conocimiento, todos los derechos individuales, todas las libertades cívicas, toda manifestación de cultura, toda posibilidad de emitir otra voz que no fuese la del sátrapa instalado en la Casa de Gobierno con la suma del poder, coreada por sus obsecuentes funcionarios y legisladores, por sus incondicionales jueces, por sus domesticados sindicatos y por sus masas inconscientes”.

 

El 21 de junio de 1957 Perón le escribe desde su exilio a su compinche John William Cooke aconsejando que “Los que tomen una casa de oligarcas y detengan o ejecuten a los dueños, se quedarán son ella. Los que toman una estancia en las mismas condiciones se quedarán con todo, lo mismo que los que ocupen establecimientos de gorilas y los enemigos del pueblo. Los suboficiales que maten a sus jefes y oficiales y se hagan cargo de las unidades, tomarán el mando de ellas y serán los jefes del futuro” (Correspondencia Perón-Cooke, Garnica Editor, 1973, Tomo I).

 

Perón alentó las “formaciones especiales” (un eufemismo para enmascarar el terrorismo) y felicitó a los asesinos de Aramburu y de todas las tropelías de forajidos que asaltaban, torturaban, secuestraban y mataban. Declaró que “Si la Unión Soviética hubiera estado en condiciones de apoyarnos en 1955, podía haberme convertido en el primer Fidel Castro del continente” (Montevideo, Marcha, febrero 27, 1970). Al poco tiempo, en su tercer mandato, al percatarse que ciertos grupos terroristas apuntaban a copar su espacio de poder los echó de la Plaza de Mayo durante un acto y montó desde su ministerio de bienestar social (!!) otra estructura terrorista con la intención de deshacerse físicamente del otro bando. En ese tercer mandato, reiteró la escalada de corrupción y estatismo a través de su ministro de economía retornando a una inflación galopante, controles de precios y reinstalando la agremiación autoritaria de empresarios y sindicatos.

 

En el período 1945-1955 el costo de la vida se incrementó en un 500% y después de la afirmación de Perón de que no se podía caminar por los pasillos de la banca central debido a la cantidad de oro acumulado, la deuda pública se multiplicó por diez en los referidos años de los gobiernos de Perón y en el país del trigo escaseó el pan y se monopolizó el comercio exterior a través del IAPI que también constituyó una plataforma para la corrupción de funcionarios públicos, tal como, entre otros, puntualiza Eduardo Augusto García (Yo fui testigo, Luis Lassarre y Cia, 1971).

 

Por su parte, Américo Ghioldi escribe que “Eva Duarte ocupará un lugar en la historia de la fuerza y la tiranía americana […] el Estado totalitario reunió en manos de la esposa del Presidente todas las obras […] el Estado totalitario había fabricado de la nada el mito de la madrina […] en nombre de esta obra social la Fundación despojó a los obreros de parte se sus salarios” (El mito de Eva Perón, Montevideo, 1952).

 

Nada menos que Sebastián Soler, como Procurador General de la Nación, dictaminó que “El país se hallaba sometido a un gobierno despótico y en un estado de caos y corrupción administrativa” (Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre bienes mal habidos del dictador Juan Domingo Perón, Corte presidida por Alfredo Orgaz que confirmó lo dicho por el Procurador General).

 

Cierro para decir que el uso de la fantasiosa expresión “gorila” es utilizada cuando no hay argumentos para responder. Esto me recuerda el cuento de Borges titulado “El arte de injuriar” en el que uno de las personas que debatía le arrojó un vaso de vino a su contertulio a lo que éste le respondió “eso fue una digresión, espero su argumento”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE.

El liberalismo, la libertad de expresión y de culto:

Por Gabriel Boragina. Publicado el 17/1/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/01/el-liberalismo-la-libertad-de-expresion.html

 

Es muy frecuente que la gente caiga en el error de suponer que el liberalismo propugna un sistema social sin límites, donde cualquiera haga y diga lo que se le dé la gana siempre, en todo momento, en todo lugar y a cualquier costo. Nada más lejos de la verdad. Los que así opinan y creen, no saben absolutamente nada de la esencia de la sociedad libre (a veces también llamada sociedad abierta, liberal o expresiones equivalentes que nosotros usamos de manera indistinta por considerarlas a todas ellas sinónimas).
La libertad pregonada por el liberalismo es la libertad responsable, y no hay otra manera en que el liberalismo entienda la palabra libertad más que esta. En el sistema liberal, libertad y responsabilidad son solamente dos caras de la misma moneda. Siempre van juntas, nunca separadas.
El liberalismo implica que mi libertad termina donde empieza la libertad de mi prójimo, y el límite de una y de otra libertad -en una sociedad libre- siempre viene dado por el contrato o por la ley. Ya sea de manera contractual o de manera legal (en rigor lo convenido esta subsumido en lo legal) la sociedad liberal determina los límites y la esfera dentro de la cual las personas han de ejercer sus respectivas libertades.
Implícito al liberalismo es el marco institucional donde, desde la Constitución hasta el contrato es a lo que todo el mundo ha de sujetarse. En su sistema, todos somos iguales ante la ley.
Esto incluye tanto la libertad de acción como la de expresión. Sólo podemos proceder y expresarnos libremente en tanto y en cuanto, tal acción o manifestación no implique (ya sea a sabiendas o presumiblemente) un perjuicio a otro (u otros). Pero -en última instancia, y en caso de conflicto al respecto- quien establece en una sociedad liberal si existe o no un daño, es el poder judicial que, por la propia definición del liberalismo, ha de estar separado y ser independiente del poder ejecutivo y del legislativo. Y ello siempre a instancia de quien se considerare personalmente agraviado y no en ningún otro caso.
Lo contrario a esto sería lo opuesto al liberalismo, configuraría la sociedad autoritaria o la dictadura, en la que unos se arrogan el derecho a decidir e imponer a los demás “qué es” y lo “qué no es” la “libertad” y hasta donde se puede ejercer. Que -en este caso- ya no sería “libertad”, sino algo menos que eso, una especie de semi-libertad o una caricatura de ella, dado que quien debería definirla seria el dictador de turno (cargo al que muchos -si bien inconfesablemente- aspirarían).
En el liberalismo, nadie, ni gobernantes ni gobernados están autorizados a imponer por la fuerza sus creencias, convicciones, credos o acciones -o ausencia de ellas- en tal sentido contra ninguna otra persona, sea una o muchas. La sociedad abierta es la sociedad del respeto integral al otro, lo que implica el respeto absoluto a su conciencia, a sus ideas, de sus dichos y de sus acciones, siempre y cuando -reiteramos porque a veces no se entiende- ninguna de esas ideas, dichos, acciones, manifestaciones, etc. ocasionen un menoscabo a un tercero.
Esto alcanza obviamente también a la libertad religiosa y de conciencia. El respeto liberal incluye no burlarse agresiva, reiterativa, desafiante y provocativamente de las creencias (religiosas o anti-religiosas) que otros abriguen, aunque sean por completo contrarias a las nuestras. Pero, nuevamente, será el contrato, la ley o la sentencia de un juez (siguiendo todas las instancias que la misma ley establezca) quien fijará si existe o no la “ofensa” que se alega, y se actuará en consecuencia. Es así y de este modo cómo se mueven las sociedades liberales.
En las sociedades autoritarias, por el contrario, impera el pensamiento único, la justicia por mano propia, el atropello, la fuerza y la violencia, la imposición y la cárcel, ya vengan desde la cúpula del poder o desde el llano. Esto es lo que desean los antiliberales.
En suma, en el liberalismo no existe un “derecho a blasfemar o a ofender” como algunos -ya sea por ignorancia o por error, lo mismo da- anhelan ellos mismos creer y -(lo que es peor) intentan hacer creer a los demás. Mal podría la filosofía de la suma consideración al prójimo (la liberal) alegar semejante barrabasada. Porque el liberalismo es la antítesis del libertinaje y no su símil. La sociedad abierta es la sociedad del orden y de la deferencia estricta al otro. En todo caso, quien se considere damnificado por otro, deberá acudir ante los tribunales para hacer valer su derecho y obtener el pertinente reconocimiento judicial al que se siente acreedor. Y si aquel logra sentencia favorable, la misma deberá ser cumplida y respetada por quien hubiere perdido el pleito. Así actúa una genuina sociedad liberal.
Dado que lo que es muy gracioso para uno puede ser terriblemente ofensivo para otro (y viceversa), el límite entre el chiste y el agravio se traza a través del acuerdo voluntario entre las partes implicadas. Y cuando tal arreglo contractual se viola, por cualquiera de ellas o por ambas, es ante la justicia donde se dirime la cuestión en el derecho liberal.
Para ello a tal efecto, en los códigos penales liberales existen las figuras típicas de los delitos de calumnias e injurias, y una rica jurisprudencia prescribe -en cada caso concreto- el alcance que estos tipos penales tienen y qué hechos son los que los conforman e incluyen.
El liberalismo es un orden, y como tal, contrario al caos y a la desorganización. Se desenvuelve dentro de las instituciones que el mismo orden liberal establece. Estas son: una Constitución republicana, con estricta y férrea limitación del poder político; división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) cada uno con su propio imperio en su específica esfera, armonía y paz social por excelencia, en donde las libertades se ejercen dentro del marco del contrato y de la ley, lo que también se ha llamado la sociedad contractual en oposición a la sociedad hegemónica que quieren los antiliberales (por definición autoritarios y pro-dictadores).
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.