Por Alberto Benegas Lynch (h).
El progreso significa cambio para mejor. Como nuestra ignorancia es enorme, la forma de reducirla consiste en abrir debates en todas direcciones al efecto de poder refutar lo anterior y avanzar en la buena dirección. En otros términos, la faena del intelectual estriba en convertir lo políticamente imposible en políticamente posible. Esto se lleva a cabo en el plano de las ideas, mostrando las ventajas de dejar atrás lo inconveniente para adoptar lo mejor.
Todos los buenos descubrimientos siempre comenzaron con un sueño que parecía imposible. Como ha escrito John Stuart Mill “todas las buenas ideas pasan por tres etapas: la ridiculización, la discusión y la adopción”. En otros términos, el progreso está indisolublemente atado a la creatividad y al esfuerzo por correr el eje del debate hacia mejores metas, hacia objetivos de una mayor excelencia, a la curiosidad por explorar lo que aparece como mejor, en definitiva por apartarse de la trampa del status quo, al coraje moral por diferenciarse del espíritu rabiosamente conservador.
Los debates abiertos de par en par sin restricción alguna permiten confirmar lo que está bien y revisar todo lo que se estima está mal o que puede mejorar la marca. Lo políticamente correcto encaja cerrojos mentales que no permiten ver más allá de la nariz acorde con los perezosos para cambiar, a saber, los que se oponen al progreso que inexorablemente se traduce en cambio.
Pues bien, como queda dicho, el lenguaje “políticamente correcto” significa quedarse estancado y paralizado en lo que es sin percatarse lo que debe ser, lo cual significa imposibilitar que se suba la vara con lo que en verdad se renuncia a lo esencial de la condición humana cual es el pensamiento. Recordemos el lema de la Royal Society de Londres: nullius in verba, es decir, no hay palabras finales…en ningún tema.
El lenguaje “políticamente correcto” está íntimamente vinculado a un concepto errado de lo que significa la discriminación. En este sentido reitero parcialmente lo que hemos consignado antes en cuanto a intentar que se despeje la aludida confusión semántica.
Según el diccionario, discriminar quiere decir diferenciar y discernir. No hay acción humana que no discrimine: la comida que elegimos engullir, los amigos con que compartiremos reuniones, el periódico que leemos, la asociación a la que pertenecemos, las librerías que visitamos, la marca del automóvil que usamos, el tipo de casa en la que habitamos, con quien contraemos nupcias, a que universidad asistimos, con que jabón nos lavamos las manos, que trabajo nos atrae más, quienes serán nuestros socios, a que religión adherimos (o a ninguna), que arreglos contractuales aprobamos y que mermelada le ponemos a las tostadas. Sin discriminación no hay acción posible. El que es indiferente no actúa. La acción es preferencia, elección, diferenciación, discernimiento y, por ende, implica discriminar.
Esto debe ser nítidamente separado de la pretensión, a todas luces descabellada, de intentar el establecimiento de derechos distintos por parte del aparato estatal que, precisamente, existe para velar por los derechos y para garantizarlos. Esta discriminación ilegítima echa por tierra la posibilidad de que cada uno maneje su vida y hacienda como le parezca adecuado, es decir, inhibe a que cada uno discrimine acerca de sus preferencias legítimas. Otro modo de referirse a este uso abusivo de la ley es simple y directamente el del atropello al derecho de las personas.
La prueba decisiva de tolerancia es cuando no compartimos las conductas de otros. Tolerar las que estamos de acuerdo no tiene mérito alguno. En este sentido, podemos discrepar con las discriminaciones, elecciones y preferencias de nuestro prójimo, por ejemplo, por establecer una asociación en la que solo los de piel oscura pueden ser miembros o los que tienen ojos celestes. Allá ellos, pero si no hay violencia contra terceros todas las manifestaciones deben respetarse, no importa cuan ridículas nos puedan parecer.
Curiosamente se han invertido los roles: se tolera y alienta la discriminación estatal con lo que no le pertenece a los gobiernos y se combate y condena la discriminación que cada uno hace con sus pertenencias. Menudo problema en el que estamos por este camino de la sinrazón, en el contexto de una libertad hoy siempre menguante.
Parece haber una enorme confusión en esta materia. Por un lado, se objeta que una persona pueda rechazar en su propia empresa la oferta laboral de una mujer embarazada o un anciano porque configuraría una “actitud discriminatoria” como si el titular no pudiera hacer lo que estima conveniente con su propiedad. Incluso es lícito que alguien decida contratar solo a quienes midan más de uno ochenta. Como es sabido, el mercado es ciego a religiones, etnias, alturas o peso de quienes se desempeñan en las empresas, por tanto, quien seleccione personal por características ajenas al cumplimiento y la eficiencia pagará el costo de su decisión a través del cuadro de resultados, pero nadie debiera tener el derecho de bloquear un arreglo contractual que no use la violencia contra otros.
Por otra parte, en nombre de la novel “acción positiva” (affirmative action), se imponen cuotas compulsivas en centros académicos y lugares de trabajo “para equilibrar los distintos componentes de la sociedad” al efecto de obligar a que se incorporen ciertas proporciones, por ejemplo, de asiáticos, lesbianas, gordos y budistas. Esta imposición naturalmente afecta de forma negativa la excelencia académica y la calidad laboral ya que deben seleccionarse candidatos por razones distintas a la competencia profesional, lo cual deteriora la productividad conjunta que, a su vez, incide en el nivel de vida de toda la población, muy especialmente de los más necesitados cuyo deterioro en los salarios repercute de modo más contundente dada su precariedad.
Por todo esto es que resulta necesario insistir una vez más en que el precepto medular de una sociedad abierta de la igualdad de derechos es ante la ley y no mediante ella, puesto que esto último significa la liquidación del derecho, es decir, la manipulación del aparato estatal para forzar pseudoderechos que siempre significa la invasión de derechos de otros, quienes, consecuentemente, se ven obligados a financiar las pretensiones de aquellos que consideran les pertenece el fruto del trabajo ajeno.
Desde luego que esta atrabiliaria noción del “derecho” como manotazo al bolsillo del prójimo, entre otros prejuicios, se basa en una idea errada, cual es que la riqueza es una especie de bulto estático que debe “redistribuirse” (en direcciones distintas a la distribución operada en el supermercado y afines) dado que sería consecuencia de un proceso de suma cero. No conciben a la riqueza como un fenómeno dinámico y cambiante en el que en cada transacción libre y voluntaria hay un proceso de suma positiva puesto que ambas partes ganan. Es por esto que actualmente podemos decir que hay más riqueza disponible que en la antigüedad, a pesar de haberse consumido recursos naturales en el lapso de tiempo trascurrido desde entonces. Es cierto el principio de Lavoisier, en cuanto a que “nada se pierde, todo se transforma” pero lo relevante es el crecimiento de valor no de cantidad de materia (como hemos dicho antes, un teléfono antiguo tenía más material que uno celular, pero este último presta servicios mucho mayores y a menores costos).
Vivimos la era de los pre-juicios, es decir el emitir juicios sobre algo antes de conocerlo (y conocer siempre se relaciona con la verdad de algo, ya que no se conoce que dos más dos son ocho). La fobia a la discriminación de cada uno en sus asuntos personales y el apoyo incondicional a la discriminación de derechos por parte del Leviatán es, en gran medida, el resultado de la envidia, esto es, el mirar con malevolencia el bienestar ajeno, no el deseo de emular al mejor, sino que apunta a la destrucción del que sobresale por sus capacidades.
Y esto, a su vez, descansa en la manía de combatir las desigualdades patrimoniales que surgen del plebiscito diario en el mercado en donde el consumidor apoya al eficiente y castiga al ineficaz para atender sus reclamos. Es paradójico, pero no se condenan las desigualdades patrimoniales que surgen del despojo vía los contubernios entre el poder político y los así llamados empresarios que prosperan debido al privilegio y a mercados cautivos otorgados por gobiernos a cambio de favores varios. En realidad, las desigualdades de la época feudal (ahora en gran medida replicadas debido al abandono del capitalismo) son desde todo punto de vista objetables, pero las que surgen de arreglos libres y voluntarios, no solo no son objetables sino absolutamente necesarias al efecto de asignar los siempre escasos factores productivos en las manos más eficientes para que los salarios e ingresos en términos reales puedan elevarse. No es relevante la diferencia entre los que más tienen y los que menos poseen, lo trascendente es que todos progresen, para lo cual es menester operar en una sociedad abierta donde la movilidad social constituye uno de sus ejes centrales.
Como las cosas no suceden al azar, para contar con una sociedad abierta cada uno debe contribuir diariamente a que se lo respete.
Podemos extrapolar el concepto del polígono de fuerzas de la física elemental al terreno de las ideas. Imaginemos una enorme piedra en un galpón atada con cuerdas y poleas y tirada en diversas direcciones por distintas personas ubicadas en diferentes lugares del recinto: el desplazamiento del bulto será según el resultado de las fuerzas concurrentes, ninguna fuerza se desperdicia. En las faenas para diseminar ideas ocurre lo propio, cada uno hace lo suyo y si no se aplica a su tarea la resultante operará en otra dirección. Los que no hacen nada solo ven la piedra moverse y habitualmente se limitan a despotricar en la sobremesa por el rumbo que toma.
Como hemos visto, lo de la discriminación tiene muchas ramificaciones y efectos. Por ello es que resulta imprescindible comprender sus alcances y significados para lo que hay que despejar el ambiente de prejuicios. Como ha escrito en 1775 Samuel Johnson “Ser prejuicioso es siempre ser débil”, es revelar complejos y fallas propias, en cuyo contexto, sentenció en 1828 William Hazlitt: “ningún hombre ilustrado puede ser contemplativo con los prejuicios de otros”, puesto que el no denunciarlos agrava el mal, incluso para los resentidos que alegando anti-discriminación, discriminan de la peor manera.
En resumen, es llamativo e increíble que los llamados “progresistas” se estanquen y bloqueen el progreso con su empecinado uso de lo “políticamente correcto” que, como queda apuntado, se traduce en una anacrónica postura conservadora en el peor sentido de la expresión y en una inaceptable intolerancia.
Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.
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