Nicolás Maduro, sin antifaz, procura ganar tiempo

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 24/8/17 en:  http://www.lanacion.com.ar/2056102-nicolas-maduro-sin-antifaz-procura-ganar-tiempo

 

Como era previsible, la situación política, económica y social venezolana continúa deteriorándose. Aceleradamente. Para muchos venezolanos, vivir es un infierno. Nicolás Maduro, ya sin disimulo alguno, apunta a transformar a Venezuela en una dictadura. Para eso, precisamente, su antidemocrática convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que previsiblemente concentrará el poder absoluto en manos del ex colectivero.

La hasta no hace mucho procuradora general Luisa Ortega, como era previsible, fue destituida -de inmediato- por la Asamblea Nacional Constituyente que, además, asumió lo sustancial de las facultades legislativas que posee el Parlamento, único órgano de gobierno cuyos miembros han sido elegidos con transparencia por el pueblo y que, precisamente por ello, está dominado por la oposición venezolana, que representa a la enorme mayoría de los ciudadanos del país caribeño. Luisa Ortega, una chavista de los primeros días, está hoy refugiada en Colombia luego de tener que escapar precipitadamente de su país con su marido, el diputado Germán Ferrer, a través de Aruba. Si no lo hubiera hecho, el matrimonio estaría hoy, como muchos dirigentes opositores, alojado en las cárceles de Nicolás Maduro. Ocurre que es probable que tengan pruebas fehacientes de la corrupción derivada de la relación de la administración venezolana y la empresa brasileña Odebrecht. Quizás por esto ella esté ahora en Brasil.

Cabe recordar que la aludida Asamblea Nacional Constituyente venezolana no fue elegida libremente en las urnas por voto popular. Sus 545 miembros fueron digitados por el chavismo y le responden incondicionalmente. Por esto hay pocas dudas de que si la Asamblea Nacional Constituyente cumple con su encargo, las posibilidades de supervivencia de la democracia en Venezuela serán aún menores que las actuales. Como si lo antedicho fuera poco, la Corte Suprema venezolana no es independiente y está también cuidadosamente manejada (a control remoto) por Nicolás Maduro. A punto tal que ya ha dejado velozmente sin efecto la casi totalidad de las normas sancionadas por el Parlamento de su país.

En ese escenario, claramente antidemocrático, la mayoría de los venezolanos está participando en una larga serie de protestas callejeras que, en las últimas semanas, han dejado un saldo penoso de 125 muertos y más de 2000 heridos. Desgracia a la que cabe sumar la existencia de al menos 645 presos políticos, a juzgar por las cifras difundidas por el Foro Penal Venezolano.

Contemplar la realidad venezolana genera una enorme preocupación. Ocurre que lo que está a la vista es un gobierno que -entre otras cosas- no vacila en disparar a matar, para así tratar de sofocar las protestas de su pueblo. A cara descubierta.

Como consecuencia de la demolición de la democracia venezolana el Mercosur,invocando la llamada “Cláusula Democrática”, acaba de suspender a Venezuela de su seno, hasta que se “restablezca el pleno orden democrático”, transformando de esa manera a la dictadura venezolana en paria regional. Para el Mercosur, es indispensable comenzar, ya mismo, con un proceso de transición política cuyo objetivo sea el regreso de Venezuela a la democracia.

La gravedad de la sanción aplicada no hace sino destacar la enorme seriedad de lo que está sucediendo en Venezuela. Nuestro canciller, Jorge Faurie, con su habitual claridad de lenguaje, expresó: “Venezuela no tiene libertades y el Mercosur le dice basta a esa Venezuela, represora y dictatorial”. Tanto Argentina como Brasil, las dos potencias regionales, califican directamente a Nicolás Maduro de dictador, justificando la fuerte sanción dispuesta, por tiempo indeterminado. En paralelo, al menos doce embajadores de distintos países del mundo, incluyendo al argentino, al mejicano y al chileno, concurrieron personalmente al Parlamento venezolano para así apoyarlo simbólicamente.

Nicolás Maduro acusa al presidente Mauricio Macri de hacerlo “víctima” de una persecución, insultándolo de paso, haciendo gala de su peculiar “estilo” patotero.

El actual canciller de la administración de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, ante la dura realidad venezolana ha invitado a una reunión a todos los países que han respaldado al Parlamento venezolano, lo cual, según él, los pone “en connivencia” con los legisladores. Debió decir, en cambio, que los pone del lado del pueblo venezolano, desde que esos parlamentarios fueron libremente elegidos en las urnas.

De más está señalar que el diálogo es efectivamente el camino capaz de evitar la violencia. A lo que cabe agregar -sin embargo- que no hay diálogo conducente cuando no existe buena fe. La conducta del gobierno de Nicolás Maduro, al menos hasta ahora, ha hecho gala de una arrogante y permanente actitud de mala fe. Como consecuencia, lo primero que debe ocurrir en Venezuela es el restablecimiento de un mínimo de confianza recíproca, que permita a las partes encontrar un mecanismo apto para la búsqueda de una fórmula de transición. No será nada sencillo. Pero está claro que, si Nicolás Maduro no cede en sus pretensiones dictatoriales, las conversaciones y esfuerzos serán inevitablemente estériles. Desgraciadamente, las razones para el optimismo son pocas y no están a la vista. El papa Francisco poco parece poder hacer para impulsar o facilitar ese diálogo, desde que no goza de la credibilidad de la oposición.

Mientras el caos impere en Venezuela, el país va camino a ser objeto de sanciones, al menos por parte de los Estados Unidos. Aquellas que puedan de pronto tener que ver con sus exportaciones de petróleo crudo le causarán seguramente un daño significativo. No obstante, dada la relación operativa del particular tipo de crudo venezolano con la actividad refinadora norteamericana, la imposición repentina de esas medidas no es una tarea simple.

Flotando sobre el escenario hay -además- otra nube negra. A la manera de feo presagio. La de un posible “golpe” militar en Venezuela. Pero desde que los mandos militares están prolijamente seducidos, económicamente, por Nicolás Maduro y rodeados de sospechas de participación en las actividades del narcotráfico, nadie puede suponer que si el actual presidente venezolano resulta -de pronto- desplazado del poder, la consecuencia necesaria sea el inmediato regreso a la democracia.

La agonía de la democracia en Venezuela -queda visto- continúa y se está transformando en una cuestión de paz y seguridad particularmente compleja que alimenta la inquietud de la mayoría de los países de nuestra propia región. Y no sin claras razones objetivas.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

Descentralización y gasto

Por Gabriel Boragina Publicado  el 14/8/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/08/descentralizacion-y-gasto.html

 

Hay autores que, comprendiendo los nocivos efectos que un gasto público desbordado puede ocasionar, han insinuado diversas recetas para contenerlo. Por ejemplo:
“Con el fin de establecer defensas institucionales sólidas frente a demandas sociales que no es posible atender en el corto plazo y evitar eventuales desbordes populistas, cabe sugerir: [….] Reservar al Presidente de la República (o Primer Ministro en un régimen Parlamentario) -también por norma constitucional- la iniciativa exclusiva de ley en materias que signifiquen aumento del gasto público, mayores beneficios previsionales, creación de empleos estatales o incrementos tributarios.”1
El objetivo es plausible, y ya nos hemos explayado sobre los males de un gasto público que no cumple ni con las finalidades del gobierno, ni permite libertad a la actividad privada. Si bien la cita enuncia como problemas “el aumento del gasto público, mayores beneficios previsionales, creación de empleos estatales o incrementos tributarios”, poniendo a todos ellos -al parecer- en un mismo rango, en rigor los beneficios previsionales, los empleos estatales y los incrementos tributarios son consecuencia y no causa del gasto público. Por supuesto que, el gasto no se reduce a estos ítems, sino que sus partidas comprenden muchas otras erogaciones, pero el autor citado ha querido circunscribirse a aquellas que -según él- considera las de mayor demanda social.
Ahora bien, la cuestión de otorgarle al presidente de la república o primer ministro facultades exclusivas en materia de iniciativa legal para proponer medidas semejantes es, desde nuestro punto de vista y como habitualmente se suele decir, “un arma de doble filo”. Pareciera que la idea es sustraerle al congreso o parlamento tales prerrogativas, presumiblemente porque ha de suponerse que los legisladores o parlamentarios serán mas vulnerables que el presidente o primer ministro a las presiones populistas. Sin embargo, nosotros no encontramos base, ni lógica ni racional, a tal interpretación. Por el contrario, creemos no equivocarnos si observamos que la experiencia política (la latinoamericana es un muy buen ejemplo) demostró que han sido muchos presidentes los que fueron susceptibles y altamente influenciables a las demandas populistas. Perón en Argentina, Getulio Vargas en Brasil, y mas tarde Chávez en Venezuela, los Kirchner nuevamente en Argentina, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, etc. impulsaron y dieron cabida por igual a las pretensiones populistas para elevar el gasto público (sistemáticamente llamado “social” como si pudiera existir algún gasto público que no tuviera por destino satisfacer una demanda social).
Finalmente, habría que apuntar que la medida propuesta podría atentar contra la división republicana de poderes, y -al mismo tempo- ser una tentación para ambiciones personalistas y -por ultimo- para aspirar a la implantación de una dictadura. Instintivamente, no nos parece prudente la propuesta. Que la iniciativa legislativa sobre el gasto público se concentre en una sola mano como que se distribuya entre muchas no es por cierto mejor que contar con una regla que lo limite, sea quien fuere quien la proponga.
Tampoco resulta tranquilizante la necesidad de una reforma constitucional para determinar quien será -en suma- quien tendrá la iniciativa de proponer leyes sobre el gasto público. Por triste experiencia es sabido que las reformas constitucionales son ocasiones propicias para que los políticos que las llevan a cabo introduzcan de contrabando muchas otras normas que poco o nada benefician a la comunidad, y si -en cambio- favorecen sus propias posiciones de poder. Los ejemplos abundan en la historia de reformas constitucionales que, lejos de ser positivas para el interés de la gente, han resultado -por el contrario- muy negativas, sobre todo en materia de derechos individuales
“Debe comprenderse que no existe una definición precisa, mucho menos una fórmula —ni un sentido general, ni específico para cada país— ya sea para medir el nivel óptimo de descentralización o para indicar la ubicación ideal de los recursos, responsabilidades y poderes entre las diferentes esferas del gobierno. Vale la pena ilustrar la simple comparación de la evolución de la distribución gubernamental del gasto público en Chile y en Brasil desde la década de los ochenta. Mientras que en el primero la participación de los gobiernos subnacionales en el gasto nacional ha crecido del 4 al 13%, en el segundo se ha elevado del 35 al 48%; en otras palabras, la descentralización chilena ha avanzado más en términos relativos, aunque sigue siendo un sistema tan centralizado como lo fue Brasil en los años de apogeo del régimen militar.”2
La primera observación a realizar respecto de este párrafo arriba transcripto es que el autor hace una completa asimilación entre nivel de gasto público y descentralización. Es decir, toma ambos términos como sinónimos. Los gobiernos centrales pueden favorecer el aumento del gasto público provincial o estadual, o pueden desalentarlo. Las provincias o gobiernos subnacionales pueden endeudarse a cuenta de las arcas nacionales, o hacerlo por su cuenta. Todo ello debería estar debidamente reglamentado. Y por sobre todas las cosas, limitado. Habría que encontrar mecanismos por los cuales se habilitara una enmienda constitucional que solamente tuviera por objeto fijar una regla restrictiva a la facultad de los gobiernos -tanto nacionales como provinciales- a endeudarse sin mas limite que el de la propia voluntad política por encima de los recursos reales y efectivos con los cuales aquellos verdaderamente cuentan en sus tesoros.
Cuestiones diferentes son la descentralización del gasto y la de funciones. No son lo mismo o, al menos, no nos parece tan seguro que ambos conceptos lo sean. Pensamos como cosa distinta la descentralización de funciones y el costo que cada una de esas funciones demande concretamente al ente político o administrativo que tenga a su cargo. Determinada función puede delegarse a una repartición administrativa, provincial o municipal. No obstante, a menos que se le conceda una completa y absoluta autarquia, podría legalmente establecerse que la financiación de dicha actividad quedara a cargo del gobierno nacional. Este seria el caso de una mera descentralización funcional pero no financiera. Se delegan o descentralizan las funciones, pero no su financiamiento Claro que se podría cuestionar -con razón- de que este se trate de un verdadero caso de descentralización, dado que, quien maneja los fondos necesarios para la función es (en los hechos) el que esta gestionando la función, ya que sin tales recursos la función seria imposible de cumplir, por mucho que se la hubiera descentralizado legalmente.
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1 EDGARDO BOENINGER-“El papel del Estado en América Latina”- Capítulo I. En Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual. CINDE CIDAC, pág., 124.
2 JOSÉ ROBERTO RODRIGUES AFONSO – THEREZA LOBO.”Descentralización fiscal y participación en las experiencias democráticas tardías”, Capítulo V. pág. 259-260. En Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía…Ob. Cit. ,
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

La luz al final del túnel

Por Gabriel Boragina. Publicado el 31/10/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/10/la-luz-al-final-del-tunel.html

 

Por primera vez en mucho tiempo, existe una verdadera posibilidad de que la Argentina se libere de lo que no hemos dudado en denominar una auténtica dictadura con apariencia democrática, un disfraz de democracia que se fue desdibujando a lo largo de los tres sucesivos y excesivamente extensos gobiernos del nefasto FPV (Frente para la Victoria) de los no menos tenebrosos Kirchner, una efectiva y sombría secta política conformada por un heterogéneo grupo de peronistas, otros autollamados “progresistas”, y un número importante de ex terroristas y sus ideólogos, tanto del pasado como del presente. Un coctel explosivo por donde lo mire.

En este sentido, puede decirse sin hesitación que la Argentina está ante una oportunidad histórica para sacudir el pesadísimo yugo de quienes -desde el primer día de acceso al gobierno- hicieron de su eternización en el mismo su único objetivo, aunque no fuera, desde luego, hecho explícito por sus mentores.

Los costos políticos y económicos que ha tenido que pagar, y que con toda seguridad aun todavía tendrá que afrontar la sociedad argentina por esta aciaga experiencia, han sido tremendos. Pero al fin, parece que la gente ha llegado a un feliz punto de saturación, en el cual la necesidad de una transición a una situación más normal y coherente quiere imponerse con alguna fuerza.

El gobierno, pese a los resultados claramente negativos a su gestión, sigue encerrado en un delirante relato, construido cuidadosamente al mejor estilo del tristemente célebre sicario nazi Joseph Goebbels, Ministro de Propagada de la Alemania de Hitler, cuya *estrategia* de lavado de cerebros el FpV cultivó con fruición de la mano de teóricos afines reunidos bajo diferentes denominaciones. La prueba de ello es que el último discurso presidencial mostró definitivamente que, aun en las peores circunstancias, el gobierno no se encuentra dispuesto a abandonar la mentira, la prepotencia, la soberbia y la falsedad más escandalosa de su accionar en el tiempo, aun contra cualquier evidencia en contrario, por más contundente que esta sea.

Como hemos expuesto en otras tantas ocasiones, la sociedad argentina demoró muchísimo tiempo en reaccionar ante el cúmulo de atropellos, tropelías, trapisondas y violaciones continuas a los derechos más elementales del ser humano cometidos por el gobierno del tremebundo FpV. Ciertas características que hacen al pueblo argentino facilitan que inescrupulosos se hagan del gobierno y lo retengan.

Resulta realmente saludable que la sociedad haya reaccionado, aun cuando el oficialismo guarda alguna esperanza de continuar perpetuando sus maléficas acciones en cuanto resquicio le sea proclive.

Se impone con toda necesidad la exigencia de un gobierno de signo contrario al del FpV y sus personeros, porque no existe otra salida en medio de las actuales circunstancias para superar la terrible crisis moral, educativa, económica (en una palabra crisis social total) en el que se encuentra sumido el pueblo argentino.

Los Kirchner se han empeñado en pulverizar todo vestigio de racionalidad en la gente, y es a esto a lo que nos vemos obligados a sobrevivir, superar y destruir.

De cualquier manera, el grado de daño ha sido tan grande que, ni aun si el oficialismo continuara gobernando la situación podría seguirse sobrellevando. Un hipotético gobierno oficialista sólo lograría profundizar el camino al abismo al que el FpV dirigió el país desde el primer día de ascenso al poder.

Los desafíos que encuentra el próximo gobierno consisten en remontar la trágica herencia de la secta hasta ahora al frente del Ejecutivo.

Entre la larga lista, destacan : en volver a poner en funcionamiento las instituciones republicanas, prácticamente aniquiladas a lo largo de los tres lamentables y sucesivos gobiernos unipersonales del FpV, tal que -como hemos dicho en ocasiones anteriores- uno de los principales objetivos que se plantea todo movimiento o persona que aspira a consolidar una fuerza dictatorial es, precisamente, la destrucción de las bases de la democracia y del republicanismo, y estas son las bases sobre la cuales estaban sentados los orígenes no sólo del poder político argentino, sino de la armoniosa convivencia social del pueblo. El FpV se propuso, desde sus mismos comienzos -y pese a la conformación de un contrario discurso mentiroso cuidadosamente elaborado también desde la misma época- la demolición de aquellos cimientos, por lo cual su reconstrucción imperiosamente se impone.

Como también hemos manifestado en más de una vez, el modelo de gobierno que siempre ha tenido en mente la banda compuesta por los integrantes del FpV ha sido constantemente el que el chavismo venía imponiendo desde poco antes de fines del siglo pasado en Venezuela, es decir, una tiranía con ciertos visos de aspecto democrático, donde con regular periodicidad se permitía a la gente concurrir a las urnas para hacerles creer que la tiranía que se estaba consolidando delante de sus ojos, poseía positivas apariencias de legitimidad. La estrategia de penetración fue desgraciadamente exitosa en Venezuela, y en este esquema consintió -ni más ni menos- el proyecto de gobierno del FpV, sobre todo durante sus dos primeros periodos. Y no nos cabe duda que todavía ese es el proyecto del FpVen caso de lograr llegar nuevamente al Ejecutivo. He allí no toda, pero parte de su peligrosidad. A diferencia deArgentina, la dictadura chavista venezolana se prolongó en base a dos factores que consideramos clave: el sólido sostén militar de la misma, y la fuente de cuantiosos ingresos que representa el monopolio estatal sobre un recurso natural estratégico: el petróleo, que le brinda al gobierno venezolano el poder económico suficiente como para dominar al pueblo casi a voluntad.

Los argentinos tienen la ocasión de revertir este verdadero camino de servidumbre -como no dudaría en llamarlo el premio Nobel de Economía Friedrich A. von Hayek-. Lamentablemente, el pueblo argentino -como hemos destacado- no es rápido de reflejos a la hora de advertir, prevenir y solucionar los males que les son propios. Esperemos que esta vez la reacción sea firme y duradera, y que configure el comienzo de una segura nueva etapa. La etapa de la refundación de lo que alguna vez fuera y se llamara con orgullo República Argentina

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

El rol político del Papa Francisco

Por José Benegas: Publicado el 10/8/15 en: http://opinion.infobae.com/jose-benegas/2015/09/20/el-rol-politico-del-papa-francisco/

 

La particular impronta política que el papa Francisco le ha dado a su pontificado obliga a preguntarse sobre la confusión entre el rol estrictamente religioso y su actividad como jefe de Estado. Algunos de sus movimientos, como los siete encuentros con Cristina Kirchner, usadas por el oficialismo argentino sin ningún pudor, su intervención para descongelar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, con el riesgo de legitimar a un régimen totalitario que tiene sometida a la isla desde hace casi sesenta años, o ciertas omisiones respecto de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, están en la lista de sucesos que dividen las opiniones. El recurso para explicarlos es resaltar  que el Papa además de ser el jefe de la Iglesia Universal, es un jefe de Estado.

Es útil por lo tanto recordar de dónde viene el particular status jurídico del estado Vaticano. A partir de la unificación italiana en 1870, el papado pierde su dominio sobre los estados pontificios, territorio el que ejercía un poder temporal absoluto.

El Vaticano surge como una forma de otorgar independencia a la Iglesia respecto del Estado italiano, haciendo sujeto de derecho internacional a un sector de Roma. Fue acordado en los Pactos de Letrán entre Benito Mussolini y Pío XI. Se trata de una rémora de aquellos estados pontificios en los que los papas reinaban. Pero el Vaticano no es un Estado como los demás: de otro modo, habría que exigirle su adaptación a los parámetros actuales de las naciones modernas, antes de aceptar su lugar como un país normal. Lo cual, en el caso de la Iglesia, sería absurdo.

Por lo tanto, el papel político del Papa como un jefe de Estado, es de una legitimidad bastante relativa. Lo cierto es que su papel adquiere importancia en la medida en la que representa a una de las religiones con más seguidores en el mundo. Quiere decir que su peso político no está dado por su insignificante territorio, población y peso económico, mucho menos por la legalidad de sus instituciones propias de la Edad Media, ni su condición de par de los demás miembros de la comunidad internacional, sino de su posición y representatividad religiosa. Por lo tanto, separar el rol espiritual del político en el caso del Papa es imposible. Si el Sumo Pontífice fuera tratado olvidando esa condición, no tendría más relevancia que el príncipe de Andorra.

Dado lo anterior, sus movimientos a favor de determinadas tendencias políticas y contra otras, comprometen a los católicos quieran o no, y a la iglesia como organización universal.

Por supuesto que los papas, pese a cualquier purismo, tienen un peso político que utilizan. Pero los antecesores de Francisco tal vez han sido más conscientes de sus limitaciones, sin ejercer su poder de un modo tan abierto. Querrían evitar provocar una situación como la que llevó a Stalin en 1935 a preguntar cuántas divisiones tenía el Papa, cuando el canciller francés le pidió que atenuara la presión sobre los católicos rusos.

Con más cuidado, otros papas han intervenido en cuestiones que no puedan ser interpretadas más allá de su autoridad moral como guía de los católicos. Juan Pablo II medió en el conflicto entre Argentina y Chile en el año 1978 por medio del Cardenal Samoré, pero no se dirimían ahí más que límites fronterizos. No parece ser del mismo tenor pedirle concordia a los cubanos poniendo en un plano de igualdad a un gobierno totalitario y a la población indefensa. La necesidad de ser diplomático en la visita a la isla, implica de por sí un dilema moral de difícil solución. Con la detención, en el día de su llegada, de Martha Beatriz Roque Cabello y otros disidentes que tenían la intención de tomar contacto con él, esa dificultad se hace palpable.

 

José Benegas es abogado, periodista, consultor político, obtuvo el segundo premio del Concurso Caminos de la Libertad de TV Azteca México y diversas menciones honoríficas. Autor de Seamos Libres, apuntes para volver a vivir en Libertad (Unión Editorial 2013). Conduce Esta Lengua es Mía por FM Identidad, es columnista de Infobae.com. Es graduado del programa Master en economía y ciencias políticas de ESEADE.

El sueño de nuestros dirigentes

Por Gabriel Boragina. Publicado el 29/8/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/08/el-sueno-de-nuestros-dirigentes.html

 

“Suele hablarse, hoy en día, de «ingeniería social». Ese concepto, al igual que el de dirigismo, es sinónimo de dictadura, de totalitaria tiranía. Pretende tal ideario operar con los seres humanos como el ingeniero manipula la materia prima con que tiende puentes, traza carreteras o construye máquinas. La voluntad del ingeniero social habría de suplantar la libre volición de aquellas múltiples personas que piensa utilizar para edificar su utopía. La humanidad se dividiría en dos clases: el dictador omnipotente, de un lado, y, de otro, los tutelados, reducidos a la condición de simples engranajes. El ingeniero social, implantado su programa, no tendría, evidentemente, que molestarse intentando comprender la actuación ajena. Gozaría de plena libertad para manejar a las gentes como el técnico cuando manipula el hierro o la madera.”[1]

Creo que puede decirse que lo descripto arriba es no solamente el sueño de nuestros actuales dirigentes, sino el de muchos quienes aspiran a convertirse en tales, y que en una medida muy importante, nuestras escuelas y universidades educan a las nuevas generaciones con esta idea como objetivo. Es el error -a nuestro juicio- de quienes hacen excesivo hincapié en la necesidad de contar con líderes y dirigentes capaces, en lugar de educar a la gente para que cada ciudadano o habitante se transforme en un líder y/o dirigente más capaz de dirigirse a sí mismo y no tan preocupado en ver cómo puede lograr controlar y regir la plana de sus semejares. Volvemos a hacer énfasis en la educación, porque es en esta instancia donde se forjan los ideales dirigistas que harán creer -en su hora- a quienes reciben, ya sea activa o pasivamente, tales doctrinas que el destino del mundo de los demás esta “por completo en sus manos”. Sin embargo, los efectos prácticos del dirigismo suelen ser los que se señalan a continuación:

“Cierto es que, en la actualidad, al amparo de las situaciones creadas por el dirigismo, resúltales posible a muchos enriquecerse mediante el soborno y el cohecho. El intervencionismo ha logrado en numerosos lugares enervar de tal modo la soberanía del mercado, que le conviene más al hombre de negocios buscar el amparo de quienes detentan el poder público que dedicarse exclusivamente a satisfacer las necesidades de los consumidores .”[2]

Una situación que viene lamentablemente repitiéndose desde la lejana época en que estas palabras fueron escritas por vez primera hasta hoy. Como tantas veces hemos insistido, parece no percibirse en la actualidad que la corrupción -que tanto espacio ocupa en los medios periodísticos- es hija directa del intervencionismo estatal y no del capitalismo. Allí donde impera el primer sistema no puede subsistir el segundo, y esta es la situación del mundo actual, donde difícilmente puede prosperar quien quiera dedicarse a honestos negocios, porque -mas tarde o más temprano y en la medida de su éxito- caerá sobre él el gobierno para fiscalizar sus ganancias y tomar muy buena parte de ellas.

“Por Volkswirtschaft se entiende el complejo que forman todas las actividades económicas de una nación soberana, en tanto en cuanto el gobernante las dirige y controla. Es un socialismo practicado en el ámbito de las fronteras políticas de cada país.”[3]

Esta es -ni más ni menos- la situación que vivimos en nuestros días en el ámbito mundial si bien con diferentes grados y variantes. No existe prácticamente actividad alguna en que el gobierno no participe de un modo o del otro, controlando o dirigiendo, y por sobre todas las cosas impidiendo y estorbando a la gente trabajadora a progresar.

“Mientras subsista, por pequeño que sea, un margen de libre actuación individual, mientras perviva cierta propiedad privada y haya intercambio de bienes y servicios entre las gentes, la Volkswirtschaft no puede aparecer. Como entidad real, sólo emergerá cuando la libre elección de los individuos sea sustituida por pleno dirigismo estatal.”[4]

Como hemos dicho arriba, ese margen es cada vez más estrecho, ya que hasta en las actividades más domésticas el gobierno mete sus garfios para obtener ganancias derivadas de la actividad de los particulares. Inclusive la moderna tecnología ha permitido a los gobiernos inmiscuirse y controlar cada vez más y con mayor precisión a sus también cada vez más indefensos ciudadanos. Que ya poco de ciudadanos les queda, para haberse transformado directamente en reales súbditos del amo estatal. Muchos instrumentos el gobierno emplea para tal fin, pero algunos son más importantes que otros. Por ejemplo, el manejo de la moneda es crucial:

“Es indudable que la expansión crediticia constituye una de las cuestiones fundamentales que el dirigismo plantea.”[5]

A través de la misma el gobierno consigue un control amplio de los mercados y –a su turno- de las rentas y de los patrimonios de sus súbditos, al tiempo que distorsiona todos los indicadores económicos, entre ellos el fundamental: los precios. Lo que tendrá como inexorable consecuencia malas inversiones y posteriores pérdidas que culminarán perjudicando a toda la sociedad en su conjunto.

“Los intervencionistas, así como los socialistas no marxistas, por su parte, tienen interés no menor en demostrar que la economía de mercado es, por sí sola, incapaz de eludir las reiteradas depresiones. Impórtales sobremanera impugnar la teoría monetaria, toda vez que el dirigismo dinerario y crediticio es el arma principal con que los gobernantes anticapitalistas cuentan para imponer la omnipotencia estatal”[6]

Se trata de tergiversar las verdaderas causas de los ciclos económicos y sus inevitables y luctuosas consecuencias. Origen de los mismos que no se halla en otro lugar que en el intervencionismo económico, fruto este último que nuestros burócratas dirigistas jamás reconocerán, ya que cuando su sistema irremediablemente fracasa siempre encuentran al mismo culpable: el inocente capitalismo.

[1] Ludwig von Mises, La acción humana, tratado de economía. Unión Editorial, S.A., cuarta edición. Pág. 184

[2] L. v. Mises, La acción humana …ob. cit. pág. 476

[3] L. v. Mises, La acción humana …ob. cit. pág. 489

[4] L. v. Mises La acción humana …ob. cit. Pág. 493

[5] L. v. Mises La acción humana …ob. cit. pág. 837

[6] L. v. Mises La acción humana …ob. cit. Pág. 849

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Inconformistas

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 18/2/15 en: http://www.carlosrodriguezbraun.com/articulos/la-razon/inconformistas/

 

Leí hace tiempo en El País Semanal una entrevista con Benicio del Toro, a cargo de Jesús Ruiz Mantilla, que nos aseguraba que el actor portorriqueño “derriba clichés”. A partir de ahí defendieron clichés tanto el entrevistado como el entrevistador. Daré sólo una muestra. Le pregunta Ruiz Mantilla: “A usted le van los inconformistas…el Ché Guevara”. El genial actor asiente y añade que él prefiere los “personajes que van contra la marea”.

El Ché Guevara fue un criminal que extendió la violencia terrorista en dos continentes y contribuyó a establecer y consolidar la más duradera dictadura de América Latina. Tan duradera que todavía dura. Convendría saber exactamente en qué elogia Ruiz Mantilla el “inconformismo” de Guevara: si en los fusilamientos que reconoció nada menos que desde la tribuna de la ONU, o quizás en la miseria y la opresión perpetrada por la tiranía castrista contra el pueblo, o en su crueldad contra los homosexuales, o en tantas y tantas fechorías. Si Benicio del Toro aplaude al Ché Guevara por ir contra la marea: ¿se refiere a las “mareas” de las libertades, los derechos y la vida de los ciudadanos?

Lógicamente, nos escandalizaríamos si en vez de hablar de un revolucionario latinoamericano hablasen de alguno europeo, y dijeran, por ejemplo, que Josu Ternera es un “inconformista”. Pero, en fin, ya se sabe, en el pintoresco mundo de los “sudacas” no se habla de terroristas sino de guerrilleros, inconformistas, etc.

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.

El liberalismo, la libertad de expresión y de culto:

Por Gabriel Boragina. Publicado el 17/1/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/01/el-liberalismo-la-libertad-de-expresion.html

 

Es muy frecuente que la gente caiga en el error de suponer que el liberalismo propugna un sistema social sin límites, donde cualquiera haga y diga lo que se le dé la gana siempre, en todo momento, en todo lugar y a cualquier costo. Nada más lejos de la verdad. Los que así opinan y creen, no saben absolutamente nada de la esencia de la sociedad libre (a veces también llamada sociedad abierta, liberal o expresiones equivalentes que nosotros usamos de manera indistinta por considerarlas a todas ellas sinónimas).
La libertad pregonada por el liberalismo es la libertad responsable, y no hay otra manera en que el liberalismo entienda la palabra libertad más que esta. En el sistema liberal, libertad y responsabilidad son solamente dos caras de la misma moneda. Siempre van juntas, nunca separadas.
El liberalismo implica que mi libertad termina donde empieza la libertad de mi prójimo, y el límite de una y de otra libertad -en una sociedad libre- siempre viene dado por el contrato o por la ley. Ya sea de manera contractual o de manera legal (en rigor lo convenido esta subsumido en lo legal) la sociedad liberal determina los límites y la esfera dentro de la cual las personas han de ejercer sus respectivas libertades.
Implícito al liberalismo es el marco institucional donde, desde la Constitución hasta el contrato es a lo que todo el mundo ha de sujetarse. En su sistema, todos somos iguales ante la ley.
Esto incluye tanto la libertad de acción como la de expresión. Sólo podemos proceder y expresarnos libremente en tanto y en cuanto, tal acción o manifestación no implique (ya sea a sabiendas o presumiblemente) un perjuicio a otro (u otros). Pero -en última instancia, y en caso de conflicto al respecto- quien establece en una sociedad liberal si existe o no un daño, es el poder judicial que, por la propia definición del liberalismo, ha de estar separado y ser independiente del poder ejecutivo y del legislativo. Y ello siempre a instancia de quien se considerare personalmente agraviado y no en ningún otro caso.
Lo contrario a esto sería lo opuesto al liberalismo, configuraría la sociedad autoritaria o la dictadura, en la que unos se arrogan el derecho a decidir e imponer a los demás “qué es” y lo “qué no es” la “libertad” y hasta donde se puede ejercer. Que -en este caso- ya no sería “libertad”, sino algo menos que eso, una especie de semi-libertad o una caricatura de ella, dado que quien debería definirla seria el dictador de turno (cargo al que muchos -si bien inconfesablemente- aspirarían).
En el liberalismo, nadie, ni gobernantes ni gobernados están autorizados a imponer por la fuerza sus creencias, convicciones, credos o acciones -o ausencia de ellas- en tal sentido contra ninguna otra persona, sea una o muchas. La sociedad abierta es la sociedad del respeto integral al otro, lo que implica el respeto absoluto a su conciencia, a sus ideas, de sus dichos y de sus acciones, siempre y cuando -reiteramos porque a veces no se entiende- ninguna de esas ideas, dichos, acciones, manifestaciones, etc. ocasionen un menoscabo a un tercero.
Esto alcanza obviamente también a la libertad religiosa y de conciencia. El respeto liberal incluye no burlarse agresiva, reiterativa, desafiante y provocativamente de las creencias (religiosas o anti-religiosas) que otros abriguen, aunque sean por completo contrarias a las nuestras. Pero, nuevamente, será el contrato, la ley o la sentencia de un juez (siguiendo todas las instancias que la misma ley establezca) quien fijará si existe o no la “ofensa” que se alega, y se actuará en consecuencia. Es así y de este modo cómo se mueven las sociedades liberales.
En las sociedades autoritarias, por el contrario, impera el pensamiento único, la justicia por mano propia, el atropello, la fuerza y la violencia, la imposición y la cárcel, ya vengan desde la cúpula del poder o desde el llano. Esto es lo que desean los antiliberales.
En suma, en el liberalismo no existe un “derecho a blasfemar o a ofender” como algunos -ya sea por ignorancia o por error, lo mismo da- anhelan ellos mismos creer y -(lo que es peor) intentan hacer creer a los demás. Mal podría la filosofía de la suma consideración al prójimo (la liberal) alegar semejante barrabasada. Porque el liberalismo es la antítesis del libertinaje y no su símil. La sociedad abierta es la sociedad del orden y de la deferencia estricta al otro. En todo caso, quien se considere damnificado por otro, deberá acudir ante los tribunales para hacer valer su derecho y obtener el pertinente reconocimiento judicial al que se siente acreedor. Y si aquel logra sentencia favorable, la misma deberá ser cumplida y respetada por quien hubiere perdido el pleito. Así actúa una genuina sociedad liberal.
Dado que lo que es muy gracioso para uno puede ser terriblemente ofensivo para otro (y viceversa), el límite entre el chiste y el agravio se traza a través del acuerdo voluntario entre las partes implicadas. Y cuando tal arreglo contractual se viola, por cualquiera de ellas o por ambas, es ante la justicia donde se dirime la cuestión en el derecho liberal.
Para ello a tal efecto, en los códigos penales liberales existen las figuras típicas de los delitos de calumnias e injurias, y una rica jurisprudencia prescribe -en cada caso concreto- el alcance que estos tipos penales tienen y qué hechos son los que los conforman e incluyen.
El liberalismo es un orden, y como tal, contrario al caos y a la desorganización. Se desenvuelve dentro de las instituciones que el mismo orden liberal establece. Estas son: una Constitución republicana, con estricta y férrea limitación del poder político; división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) cada uno con su propio imperio en su específica esfera, armonía y paz social por excelencia, en donde las libertades se ejercen dentro del marco del contrato y de la ley, lo que también se ha llamado la sociedad contractual en oposición a la sociedad hegemónica que quieren los antiliberales (por definición autoritarios y pro-dictadores).
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.