¿Es cierto que ya se probó y fracasó el liberalismo en Argentina?

Por Iván Carrino. Publicado el 2/2/17 en: http://inversor.global/2017/02/es-cierto-que-ya-se-probo-y-fracaso-el-liberalismo-en-argentina/

 

  

liberalismo-argentina-ivancarrino-750x483Un lugar común en los debates es que las recetas liberales ya se probaron y fracasaron. En esta nota demostraré por qué es falso este planteo.

Estudié ciencias económicas porque, a mis 18 años, quería entender más acerca de cómo funcionaba el mundo y qué se podía hacer para cambiarlo.

Ya desde el colegio secundario me enganchaba en largos debates acerca del modelo de país, del tipo de cambio, y si nuestras crisis económicas eran culpa del estado o del mercado.

Más acá en el tiempo, todo sigue bastante similar. Argentina va de crisis en crisis, y yo sigo debatiendo sobre economía con todo aquél que esté listo para tener un intercambio respetuoso.

Mi punto de vista es bastante sencillo: dado que en el mundo los países con mayor libertad económica son los que más prosperan, y dado que Argentina ha hecho todo lo contrario en este sentido, propongo un país más libre con un gobierno mucho más limitado en sus funciones.

Libertad cambiaria, bajos impuestos y apertura comercial están en esta receta que podríamos llamar clásica o liberal.

Ahora siempre que propongo algo del estilo, no falta la persona que diga con autoridad supina:

No, Iván. Eso ya se probó en Argentina y fracasó rotundamente.

No creo que haya habido reunión, medio de comunicación, o grupo de whatsapp donde no me hayan lanzado alguna vez esta frase.

Evidentemente, ya forma parte del “imaginario popular”.

Es por eso que en lo que queda de esta nota me dedicaré a contestar esta pregunta: ¿Es cierto que el liberalismo en Argentina se probó y fracasó?

Vamos por partes. Lo primero que hay que responder es si, alguna vez en la historia, existió algo cercano al liberalismo económico en el país.

La respuesta a esa pregunta es un rotundo SÍ.

Lo que queda por saber, entonces, es si durante la vigencia de ese sistema, el país obtuvo malos resultados.

La respuesta a esta segunda parte de la pregunta es un rotundo NO.

En un post que ya debería ser un clásico de la “blogosfera”, el economista sanjuanino Guillermo Sánchez ilustra con datos cómo evolucionó la economía argentina durante la “Era Relativamente Liberal”, que sitúa entre 1880 y 1913.

Durante esos años, el estado se mantuvo limitado (con un gasto promedio del 8,8% del PBI), cumpliendo con lo que el preámbulo de la constitución recomendaba: “asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.

En la época relativamente liberal, el país estaba abierto al comercio internacional y a la inmigración, y salvo episodios puntuales (como la crisis de 1890-91), la inflación se mantuvo baja y estable. Entre 1880 y 1913, la inflación promedio fue un envidiable 1,6% anual.

Los resultados de este tipo de sistema económico son relatados por Sánchez. El PBI durante esa época se multiplicó casi por 8, mientras que en términos per cápita, con una inmigración que crecía a ritmos acelerados, se multiplicó por 2 y medio.

Otro dato relevante es que el país vivió una verdadera industrialización durante ese período. Guillermo Sánchez lo explica:

El sector industria manufacturera del PBI a precios del ‘93 aumentó como nunca jamás, un impresionante 1193% entre 1880 y 1913. El componente industrial del PBI real se multiplicó por casi 13 (…) dejando en un alejadísimo segundo lugar a la época intervencionista, con 202%. A pesar de la sustitución de importaciones, a pesar del proteccionismo, a pesar del apoyo estatal, etc…

Por último, también aumentó el salario real nada menos que 82% entre 1880 y 1913. Gracias a la baja inflación y al constante aumento de la productividad, los trabajadores argentinos estaban cada vez mejor.

A la luz de estos datos, la primera conclusión es sencilla: el liberalismo sí se probó en Argentina en el pasado y fue un éxito total. De hecho, comenzamos a caer cuando abandonamos ese camino.

Ahora bien, ¿Qué hay de los otros períodos supuestamente liberales como 1976-1983 y 1989-2001?

La primera aclaración que hay que hacer aquí es que una dictadura militar que niega derechos individuales básicos no debería ser asimilada al liberalismo. La libertad es algo integral y no se limita solo al ámbito de la empresa privada.

Yendo a lo económico, suele argumentarse que los militares de mediados de los ’70 fueron “aperturistas”.

Es posible que haya habido menos trabas a la importación. Sin embargo, en los datos no se verifica dicha apertura. En términos del PBI, las importaciones en 1976 representaban el 8,3%, mientras que en 1983 pasaron a representar el 7,0%. Esto está lejos de ser una “apertura indiscriminada” a las importaciones.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que durante el período de la dictadura, si bien el déficit fiscal se achicó dos años después del “Rodrigazo”, fue creciendo todos los años, con un gasto público que superaba el 30% del PBI. Como resultado, la deuda pasó del 28,7% del PBI en 1976 al 64,2% en 1983.

Si a estos números le sumamos que el gobierno militar seguía siendo dueño de todos los canales de televisión y numerosas empresas públicas, y que tenía un sistema de tipo de cambio controlado similar al de Kicillof, no podemos sostener que se trató de un gobierno liberal.

Durante la década del ‘90, la historia fue similar. Es cierto que se tomaron buenas decisiones como privatizar empresas públicas e imponer un sistema de caja de conversión que terminó con la inflación. Sin embargo, el déficit fiscal fue creciente y también el endeudamiento, lo que atrasó el tipo de cambio real y complicó la competitividad del país.

Esto no quiere decir que el liberalismo haya fracasado, sino simplemente que el déficit fiscal financiado con deuda es un arma peligrosa, algo que ningún liberal discutirá. El liberalismo propone un estado limitado, bajo gasto público y equilibrio fiscal. No déficit y endeudamiento.

Para terminar, vuelvo a la pregunta inicial: ¿Es cierto que el liberalismo se probó en Argentina? Sí. ¿Es cierto que fracasó? De ninguna manera.

Durante la era más liberal, el país creció y se convirtió en un faro de atracción para los inmigrantes del mundo. Con otros modelos, el país cayó en la decadencia y el atraso.

Por último, las experiencias históricas que muchos insisten en llamar “liberales”, no tuvieron nada que ver con el liberalismo.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

Argentina impulsa ley para planificar cada nivel de su economía.

Por Belén Marty: Publicado el 13/8/14 en:  http://es.panampost.com/belen-marty/2014/08/13/argentina-impulsa-ley-para-planificar-cada-nivel-de-su-economia/?fb_action_ids=10152220152416583&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

 

En el marco de una nueva ofensiva del Gobierno argentino frente a los empresarios, el oficialismo presentó el pasado 5 de agosto en la mesa de entradas del Senado el proyecto de ley Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo (léala al final de esta nota).

Esta legislación busca reemplazar a la vigente Ley de Abastecimiento estableciendo precios máximos, niveles de producción y márgenes de utilidad, y ya despertó duras críticas en el sector industrial.

El objetivo de este proyecto de ley presentado por el oficialismo es “evitar abusos y la apropiación indebida del excedente de la cadena de valor”.

La principal diferencia con la antigua ley promulgada durante la dictadura militar en 1974 que establece penas de prisión a aquellos empresarios acusados de desabastecimiento, es que el proyecto actual promueve una mayor estatización del mercado: fija precios máximos, e incorpora bajo el mandato de la ley el actual acuerdo que tiene el Gobierno con los proveedores y distribuidores de productos en la campaña de Precios Cuidados.

“Resulta esencial observar el comportamiento del sistema de precios y el grado de concentración económica que promueve un marcado abuso de una posición dominante por parte de grupos económicos concentrados”, indica la propuesta en su consideraciones preliminares.

Además define al rol del Estado como aquel que consiste “en defender el interés del usuario para que el precio y la calidad de las prestaciones sean compatibles con la oferta efectuada por las empresas”.

Una ley para controlarlo todo

El artículo 2 del proyecto establece que en caso de ser “estrictamente necesario” la Secretaría de Comercio podrá: “establecer para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios” y dictar normas que rijan la comercialización y distribución de la producción, como también podrá disponer la continuidad de la fabricación de determinados productos.

El mismo artículo permitiría al ente gubernamental asignar “volúmenes de producción, fabricación, ventas o prestación de servicios”.

En la letra E de dicho artículo se establece la posibilidad de que el organismo que preside hoy día Augusto Costa pueda requerir “toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico” y le permite “disponer la cancelación de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales” y “a incautar, consignar e incluso vender bienes y servicios escasos o en infracción, sin juicio de expropiación previo”.

Por su parte, el artículo 3 señala que los gobernadores de las provincias argentinas podrán fijar dentro de sus jurisdicciones precios máximos.

El proyecto también establece modificaciones en las sanciones, que serían solamente de índole económica. Serán sujeto de multas, entre otros, aquellos comerciantes que eleven artificial o “injustificadamente” los precios de sus bienes o servicios, quienes destruyan (sus) mercaderías o bienes o negaren injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios.

Las multas pueden llegar a los AR$10 millones (US$797 mil) con la posibilidad de clausura del comercio o la compañía por 90 días.

Proyecto respaldado por funcionarios kirchneristas

El director de la Secretaría de Comercio, Augusto Costa, se reunió con directivos de la Unión Industrial Argentina y defendió la propuesta.

“Con estas modificaciones vamos a tener herramientas legales para circunscribir al ámbito de las relaciones de consumo la administración del comercio, al mismo tiempo que se actualizarán los montos de las multas que se aplican y se legitima el funcionamiento de la Comisión de Defensa de la Competencia”.

En la misma medida, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich declaró que no puede decirse que el proyecto es inconstitucional porque lo que hace es buscar hacer cumplir el articulo 42 de la Constitución Nacional. Dicho artículo indica que los consumidores tienen derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos.

Además, pidió sostener un “debate abierto” en el Senado. Indicó que este conjunto de medidas busca “generar un marco regulatorio para el proceso de formación de precios tendiente a generar mayor equidad en la cadena de valor” y evitar “la concentración, que desnaturaliza el proceso de formación de precios”.

Avalancha de críticas del sector privado

José Patiño, dirigente del partido político opositor Unión por Todos, expresó que el debate debe tener en cuenta si el proyecto garantiza o no aquellos derechos contemplados en la Constitución.

Lo esencial es que esa discusión se dé basada en la libertad de comercio que establece el artículo 14 de la carta magna, afirma Patiño. “El sentido de las leyes es regular con el objetivo de que se garanticen los derechos establecidos en la Constitución y esta ley justamente hace lo contrario”.

Iván Cachanosky, analista económico de la Fundación Libertad y Progreso, advirtió que los cambios que quiere llevar a cabo el oficialismo son sumamente peligrosos.

“Representan un avance del Estado muy fuerte sobre el sector privado, que no le corresponde realizar. Si los precios son altos es porque el Gobierno estuvo a pura emisión los últimos años y porque la gente confía cada vez menos en el peso, debido a que pierde poder adquisitivo. Nada tiene que ver con que los empresarios son ambiciosos. Si fuera cierto el argumento de que hay inflación por la especulación ambiciosa de los empresarios, deberíamos preocuparnos, ya que implicaría que todos los países de la región —a excepción de Venezuela— tendrían empresarios menos ambiciosos, porque la inflación promedio de la región es de alrededor de 4% anual”, explicó.

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) envió ayer una carta al presidente del Senado en la cual manifiestan una severa preocupación por el avance de este proyecto.

“Es evidente que el proyecto en cuestión no solo hace desaparecer en la práctica la capacidad de iniciativa y decisión de la empresa como tal, con la cual se afecta no solo la producción e inversión, sino también el empleo y el desarrollo de unidades productivas cualquiera sea su dimensión, sumado a que se verán afectados los tratados bilaterales vigentes para la promoción de las inversiones extranjeras suscritos por la Nación, creando en forma innecesaria e inconstitucional, nuevas fuentes de conflictos internacionales”, cita el documento al que tuvo acceso PanAm Post.

Por su parte, el economista y empresario argentino Gustavo Lazzari expresó que “esta ley otorga a los Gobiernos un instrumental casi estalinista que genera todo menos precios bajos y artículos de calidad”.

El vicepresidente de  la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, fue aún más duro e indicó que no van a acompañar el proyecto. “Es inconsistente con la iniciativa privada”,señaló a La Nación.

Carlos Raúl De la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, se mostró preocupado por la posibilidad de que la autoridad competente clausure negocios e informó que desde su organización están evaluando cómo el proyecto afectaría los derechos individuales para tomar acciones.

 

Belén Marty es Lic. en Comunicación por la Universidad Austral. Actualmente cursa el Master en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Conduce el programa radial “Los Violinistas del Titanic”, por Radio Palermo, 94,7 FM.