¿Nuevamente perderemos el tren?

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 19/9/20 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/09/19/nuevamente-perderemos-el-tren/

Para modificar este rumbo nefasto es necesario trabajar en las ideas de fondo, lo cual no ocurrirá si la oposición se debilita, se fracciona y se dispersa

Fernando Iglesias y Alfredo Cornejo

Fernando Iglesias y Alfredo Cornejo

Los argentinos ya hemos perdido muchos trenes pues han sido tantísimas oportunidades desperdiciadas para rectificar el rumbo del estatismo enfermizo que nos aplasta desde hace décadas. La última oportunidad fue con la fallida gestión anterior que, como he consignado antes, comenzó con el cuasi pornográfico y nada republicano bailecito en la Casa Rosada con la banda presidencial, con el intento de designar dos miembros de la Corte Suprema por decreto y la expansión de ministerios. Todos los demás fracasos están muy frescos como para detallarlos en el contexto de deudas alarmantes, inflaciones galopantes, impuestos insoportables, gastos elefantiásicos y entrega de obras sociales a piqueteros. Lo demás se convierte en anécdotas frente a tamaño resultado neto. Las intenciones no son relevantes, solo los resultados lo son. Se acepta asumir la enorme responsabilidad de gobernar para resolver problemas, las herencias se resuelven pero no son excusa para el desbarranque.

Ahora se vislumbra un nuevo estropicio que es de esperar se corrija el rumbo antes de descarrilar lo cual naturalmente no permitirá llegar a destino. Por una parte, la oposición parece empecinada en mostrar los mismos rostros del fracaso sin contemplar la posibilidad de la irrupción en escena de otras personas dentro de la misma coalición que no han estado en el primera plano en la administración anterior. En esta línea argumental la mayor parte de los responsables directos del PRO debieran dar un paso al costado y comprender que en estas lides las pruebas que terminan en un fiasco deben abrir paso a otros participantes, por ejemplo a miembros del Partido Radical más cercanos a Leandro Alem que a la Declaración de Avellaneda de 1945 y a la Coalición Cívica en general preferentemente quienes se mantengan en la muy meritoria defensa de las instituciones pero se abstengan de dar consejos sobre economía pues sus comentarios en esta materia han sido en no pocos casos desafortunados, más bien deberían repasar con atención cantos a la libertad como un todo en obras como la de Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo.

Por otra parte, en la medida que lo anterior no ocurra mayores serán los incentivos para fabricar espacios políticos nuevos lo cual naturalmente debilita y fracciona una oposición unida y reforzada en sus argumentos que no resultan suficientes cuando se limitan a la indispensable referencia a la independencia de la Justicia, pero a esta altura se hace necesario precisar y subrayar que al aludir a su definición clásica de “dar a cada uno lo suyo”, lo suyo remite a la institución básica de la propiedad y ésta a su vez se traduce en mercados libres, es decir, en el respeto recíproco.

Es sin duda muy importante refutar con fuerza los manotazos a la Justicia, la pretendida colonización del Legislativo y el uso y abuso de decretos del Ejecutivo junto con el apañamiento de corrupciones alarmantes y las amenazas a la libertad de prensa, pero como queda dicho es el momento de profundizar conceptos en vista del enorme peligro que corremos.

En todo caso, si se mantiene el mencionado empecinamiento en mostrar figuras responsables de la pérdida del tren más reciente y se consolidaran espacios políticos nuevos, esto será el clima ideal para que los espíritus autoritarios ganen terreno y se fortalezcan para desgracia de todas las muchas personas de bien que reclaman principios republicanos. Esto último fue la razón principal de los votos para la actual oposición. En esta instancia es menester alimentarla y fortalecerla pero no dividirla. Nos va la vida en esta experiencia.

Comprendo perfectamente bien el enojo por la llamativa tibieza de la gestión anterior, pero no es momento de revanchas sino de distinguir claramente el plano político del académico, lo cual precisamente permitirá el tiempo necesario para continuar con la batalla cultural, de lo contrario las batallas se convertirán en campales y nos sumergiremos en una noche de muy difícil retorno. Hace tiempo que la monotonía de lo mediocre nos invade por lo que venimos durando pero no progresando. Para modificar este rumbo nefasto es necesario trabajar en las ideas de fondo, lo cual no ocurrirá si la oposición se debilita, se fracciona y se dispersa. Por más que algunos bienintencionados sostengan que en última instancia un nuevo espacio se coaligará con la actual oposición, en la práctica naturalmente criticarán la oposición existente de lo contrario no tiene razón de ser un nuevo espacio. En este contexto la división resulta suicida. Como todo en la vida, se trata de un tema de prioridades y de balancear peligros. Se necesita cintura y buenos reflejos, lo contrario es lo mismo que detenerse a elaborar sobre los principios de la metafísica en el medio de un tsunami. Todo tiene un momento, recuerdo un relato de Ortega y Gasset que he utilizado antes cuando escribía que a cada cosa que decía un sacerdote que celebraba misa el monaguillo repetía “alabado sea Dios” hasta que el cura perdió la paciencia y le dijo a su circunstancial ayudante “mira, lo que dices es muy interesante pero no es el momento”. Y eso es aplicable a los que apuntan a abrir nuevos espacios políticos, por un lado y los que se aferran a comandos, por otro: puede ser interesante pero no es el momento. Estemos bien alertas pues es fácil caer en el peor de los mundos: encajar nuevos espacios políticos en un ángulo del ring con un discurso vibrante pero inocuo y, en el otro, las mismas caras de la oposición acompañado de un discurso antiguo y deshilachado con lo que la derrota será segura pues el atropello no tendrá límites por parte del chavismo vernáculo.

Entre muchos otros temas álgidos hoy se debate la coparticipación federal sobre lo que he escrito hace poco, pero en esta ocasión es pertinente repasar parte de lo dicho con algún agregado pues esta trifulca ilustra la indispensable clarificación de temas actuales que bien mirados remiten a la sustancia y no envueltos en lo meramente coyuntural.

El desmadre de la coparticipación fiscal comenzó con el golpe militar del 30 y se fue agudizando con el tiempo. Hoy el debate no contempla la fuente del federalismo y prefiere discutir en la banquina de la avenida central. El chusmerío en algunos medios prefiere la parla sobre quién manda y los secretos de palacio en lugar de advertir sobre lo mandado. En el caso que nos ocupa, es de esperar que el trámite ante la Corte prospere puesto que esa jurisdicción tiene rango provincial y consecuentemente le cabe las de la ley. Pero el asunto va mucho más profundo que la faena del leguleyo al efecto de precisar el significado original del espíritu federal. Recordemos que, entre muchos otros, Juan Bautista Alberdi resumió el fiasco del positivismo al sentenciar que “saber leyes pues, no es saber derecho.”

Originalmente en el plano político el desarrollo de la filosofía federalista se ubica en el siglo XVIII en el tratamiento constitucional en tierras estadounidenses de donde han bebido muchas naciones del mundo libre. Allí tuvo lugar uno de los debates más fértiles en la materia entre los federalistas y los antifederalistas (paradójicamente más federalistas que los federalistas).

La tesis central, luego desvirtuada en distintos países (incluso de un tiempo a esta parte en Estados Unidos a contracorriente de lo consignado en aquél debate fundacional), consiste en apuntar a los incentivos en dirección a mantener en brete al poder político para que se dedique a su misión específica de proteger derechos, apartándolo de otros menesteres que no le competen.

¿Cuál era la intención de la arquitectura presente en esta edificación? Estaba basada en la noción fundamental que son las provincias (en el caso norteamericano los estados) las que constituyen la nación y no el gobierno central, por tanto para establecer las debidas jerarquías en la copartipación fiscal son las provincias las que deben coparticipar al gobierno central y no a la inversa. En Estados Unidos al sugerir este procedimiento se referían “al poder de la billetera” de los estados miembros, incluso en el extremo hubieron quienes en aquel momento sostenían que no debía existir un gobierno central lo cual fue refutado con razón con el argumento de las relaciones exteriores y la defensa del conjunto.

En este contexto, los estados o provincias que componen la nación son las encargadas de recaudar todos los gravámenes, excepto los vinculados a la Justicia federal, las relaciones exteriores y la defensa. En todo caso la idea que subyace en el genuino federalismo es que independientemente de las ideas políticas de los gobernadores de las distintas jurisdicciones, todos estarán principalmente interesados, por una parte, que los habitantes no se muden a otra jurisdicción debido a cargas impositivas excesivas y, por otra, no ahuyentar inversiones para lo cual tienden a la implementación de tributos razonables situación que los obligan a mantener un nivel de gasto público ajustado.

Por supuesto que si a esto se agregan las reflexiones de Thomas Jefferson como embajador en París al recibir la flamante Constitución, otros grifos se hubieran cerrado. Expresó Jefferson en esa ocasión que si hubiera estado presente en la respectiva Convención hubiera introducido la prohibición de contraer deuda pública externa porque la consideraba incompatible con la democracia ya que compromete patrimonios de futuras generaciones que ni siquiera han participado en la elección del gobierno que contrajo la deuda.

En otros términos, si agudizamos las neuronas y repasamos el significado último del federalismo en sus fases iniciales, podríamos revisar en nuestro país la legislación para que apunte a lo que dejamos consignado con lo cual se cortarían de cuajo las escaramuzas que vienen ocurriendo en nuestro medio sin solución de continuidad desde hace décadas y podríamos reemplazar el sistema del chantaje y la extorsión del unitarismo disfrazado de un federalismo en verdad inexistente.

El sistema federal argentino no es una confederación, por ende el maltrato del gobierno central a las provincias bajo ningún concepto autoriza la secesión, pero de allí no se sigue que las distintas jurisdicciones deban someterse en silencio a los abusos del gobierno central. También es cierto que hay caudillejos que prefieren gastar en aventuras antirrepublicanas para que el gobierno central alegremente les transfiera recursos en un juego macabro a dos puntas. La solución consiste en abrirse paso y despojarse del statu quo y debatir propuestas que minimicen problemas recurrentes.

Este tema del federalismo es uno de tantos que es urgente explorar pero no habrá posibilidad si las defensas disminuyen debido a la parcelación de quienes se oponen al autoritarismo galopante que nos viene consumiendo. Perder otra vez el tren sería imperdonable. El ataque a la sociedad libre es demasiado intenso y persistente como para permanecer distraídos. Estamos jugando sobre el fleje. El tiempo apremia.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Para ahorristas: si puede, no compre dólares

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 24/4/20 en: https://www.ambito.com/finanzas/inflacion/para-ahorristas-si-puede-no-compre-dolares-n5097986

A los gobiernos del mundo no se les ha ocurrido peor estrategia que literalmente «regalar dinero». Inevitablemente esto traerá una fuerte inflación.
Análisis conservadores sobre la evolución del precios del oro apuntan a un objetivo implícito de u$s1.941/oz en unas siete semanas. Esto es un 12% en menos de dos meses.


Análisis conservadores sobre la evolución del precios del oro apuntan a un objetivo implícito de u$s1.941/oz en unas siete semanas. Esto es un 12% en menos de dos meses.

La inflación se dispara y el mejor medidor es el dólar blue ya que es el que, con mayor libertad e independencia, muestra la depreciación del peso, la inflación de verdad. Hoy supera los $ 120 subiendo 47% en un mes y marcando una brecha cambiaria con el mayorista oficial de más del 70%, y esto va a estallar.

El error de confundir la inflación con el aumento del IPC queda en evidencia porque, a pesar de la desmadrada emisión monetaria, los precios se mantienen relativamente estables, aumentaron solo 3,3% en marzo, según el INDEC, que reconoció que midió por teléfono. Ahora, los salarios nominales promedio se bajan fuerte dado el parate económico con lo cual, el poder adquisitivo promedio cayó mucho más que por el aumento del IPC.

Sea como sea, el dólar seguirá siendo preferencia -casi urgencia dada la disparada de la inflación- porque es enormemente mejor que el peso y fácil de comprar, pero definitivamente deberían empezar a mirar otros valores.

El globo va mal, mientras que EEUU cae fuerte, los datos adelantados de abril de PMI -mide la producción del sector privado y estima el PBI- registran descensos sin precedentes en Alemania, Francia y el conjunto de la zona euro, a un ritmo del 7,5% en términos trimestrales. Casi el triple que durante la crisis financiera de 2008. Esto es consecuencia de la fuerte represión de los mercados por parte de los Estados -con la idea de “controlar la pandemia”- pero a los gobiernos no se les ha ocurrido peor estrategia que literalmente “regalar dinero”, lo que significa pretender que uno puede enriquecerse sin trabajar, solo esperando que pase un helicóptero y le tire billetes.

Antes de 2008, los bancos centrales tenían un volumen de balance equivalente al 10% del PBI. Hoy, algunos como el Banco de Japón o el Banco de Suiza ya superan el 100% del PBI, aunque el BCE, la FED y el Banco de Inglaterra van detrás. Y pareciera que estas emisiones no tienen techo. Entre 2020 y 2021 solo los desembolsos, de los países en desarrollo, para el pago de su deuda pública externa ascenderán hasta los u$s3,4 billones, un 10 % de sus ingresos estatales.

Inevitablemente esto traerá una fuerte inflación en la cual quizás el dólar sea la “menos peor” moneda dado el comportamiento “más conservador” de la FED, mientras que el BCE ha decidido hasta aceptar bonos basura. De hecho, el Dollar Index Spot sube 4% hasta 100,45 en lo que va de 2020.

Esta inflación explica en buena parte el comportamiento alcista en las últimas semanas en términos nominales de las bolsas. Pero todo indica que quizás sea mejor refugiarse en otros lados. Ni siquiera valen la pena los bonos de EEUU que son considerados muy seguros pero cuyos rendimientos están en mínimos históricos.

Quizás sea momento de mirar al oro, que sube sostenidamente y ya ronda los u$s1.726/oz. Bank of America (NYSE:BAC) ha establecido un objetivo de precios asombrosamente elevado de u$s3.000/oz en los próximos 18 meses, superando fuertemente los máximos registrados de u$s1.911,60 en septiembre de 2011. BAC lo atribuye a un ambiente de riesgo provocado por la agitación en los mercados petroleros y de otros activos. Aun los más conservadores como Pinchas Cohen, presidente y fundador de la Cámara Israelí de Analistas Técnicos, apuntan a un objetivo implícito de u$s1.941/oz en unas siete semanas. Esto es un 12% en menos de dos meses, no está mal.

Obviamente, como todo en el mercado es imprevisible, esta estructura de oferta-demanda puede fluctuar, e incluso desfigurarse, en el caso de un hecho aún desconocido. Como anécdota, Cohen da un ejemplo de operación: entrada en u$s1.740/oz con orden de minimización de pérdidas en los u$s1.730, así el riesgo es perder u$s10, siendo el objetivo de u$s1.780 -debajo de los máximos del 14 de abril- resultando la recompensa de u$s40, entonces la relación riesgo-recompensa queda en 1:4.

Por cierto, el modo más fácil de comprar oro es comprar un ETF que se compra y vende como cualquier acción y que es un fondo que invierte en oro y cotiza en bolsa. El ETF más conocido es el SPDR Gold Shares (NYSEARCA: GLD) que sube 15% en lo que va de 2020 mientras que el S&P 500 cae 16%. Y hay otros ETF que suben todavía más. Aunque lo más rentable es comprar futuros de oro COMEX que pueden apalancarse y rollearse, claro que es algo más riesgoso.

Por su parte, el Bitcoin (BTC) ronda los u$s7.560 y, aunque con la volatilidad que lo caracteriza, sube 30% en 30 días, superando la media móvil de las últimas 200 semanas de u$s5.000 y se antoja atractivo sobre todo porque el “halving” -los BTC que ingresan en circulación cada 10 minutos, recompensa de bloque, disminuirán de 12,5 a 6,25- se producirá a mediados de mayo -fecha estimada, lunes 11- y los más optimistas creen que podría llegar hasta u$s10.000.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Asesor Senior de The Cedar Portfolio, Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE. Síguelo como @alextagliavini

 

 

La función del FMI es operar contra el mercado

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 3/2/20 en: https://www.ambito.com/opiniones/deuda/la-funcion-del-fmi-es-operar-contra-el-mercado-n5080475

 

Fondo Monetario Internacional.

Fondo Monetario Internacional. Foto: AFP
Mostrando que son los mismos keynesianos, con diferentes matices, Gobierno y macrismo lograron media sanción para la “Restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa”, que autoriza a negociar y pagar comisiones, entre otros puntos. Romina Del Plá -Frente de Izquierda- aunque probablemente proponga soluciones desacertadas, acierta al decir que es “el sometimiento… al FMI, a los banqueros… hundiendo y sometiendo a los trabajadores y al conjunto de la población…”.

El FMI financia, con bajos intereses, estatismos fracasados para que continúen. Mientras que la caída de los bonos del Gobierno implica que su renta está por el suelo, el “riesgo-país” -hoy supera los 2000 pb- significa que el Estado tendría que pagar -hoy 20%- más sobre la tasa de EE.UU. para financiarse, con lo que el “modelo” macrista no habría podido continuar y debería haber virado hacia uno de crecimiento del PBI.

El organismo internacional merece una quita -no sólo una reprogramación de pagos como busca el Gobierno- por ser co-responsable al financiar esta aventura cuya debacle anticipamos, y eso alivianaría la situación. Pero, en cambio, avala una quita a los tenedores privados para asegurarse el pago de los u$s44.500 M que desembolsó durante la administración Macri.

Como buen banco (multi) estatal, el FMI -keynesiano por definición- es contrario a la actividad privada -al mercado, a los 50 millones de argentinos que son los que trabajan y producen- salvedad hecha del “establishment” financiero que es socio, junto al Gobierno, desde que recibe deuda por la que el Estado le paga tasas altísimas y que compra con dinero que recibe de sus clientes por mucho menos.

El calendario de pagos pone presión y cuanto más se demore la reestructuración, más desconcierto y volatilidad se da en el mercado en general, pero particularmente en el de los bonos, acciones y cambiario. Aunque Alberto Fernández puso como fecha clave el 31 de marzo -coincidiendo con sus primeros 100 días de Gobierno- no será fácil llegar a un acuerdo para entonces. De momento, la deuda en pesos ha podido ser renovada, pero la que está en moneda extranjera es más compleja.

Según LCG, la ratio deuda/PBI, en el tercer trimestre de 2019, alcanzó el 91,6%. De acuerdo con Criteria, el stock de deuda pública asciende a u$s310.132 M, de los cuales 62% (191.006 M) corresponde a bonos con privados, 14% (43.508 M) al FMI, 9% (27.622 M) a Letras del Tesoro y 4% (12.756 M) al BID, entre los más importantes. Del total de la deuda, unos u$s53.000 M (17%) vencen en 2020, de los que u$s23.000 M (43,8%) corresponden a obligaciones en dólares y u$s30.000 M (56,2%), a compromisos en pesos.

Los vencimientos en dólares se acumulan a partir del tercer mes del año, mientras que los nominados en pesos tienen un pico en abril y, según la consultora 1816, desde febrero ascienden a más de $160.000 M por mes, acumulando así más de $700.000 M en el primer semestre.

Tras el derrocamiento de Perón -que se oponía a la participación en el organismo- Argentina tuvo más de treinta acuerdos con el FMI que así, desde entonces, financia planes económicos inviables cuyas deudas las paga el pueblo -el mercado- ya que se financian, básicamente, por vía impositiva. Y los impuestos -aun los teóricamente dirigidos hacia los ricos- terminan cayendo sobre los de menores recursos ya que son, inevitablemente, derivados hacia abajo subiendo precios, bajando salarios, etc.

La reestructuración de la deuda en 2005 fue muy agresiva, finalizando con un riesgo país en 400 pb, una extensión de plazos a 30 años y quitas del 66%. Y hoy se discute -gracias al FMI- cuál será la quita y los plazos reestructurados, sin llegar al meollo de la cuestión.

Según el “Cronograma de acciones para la gestión del Proceso de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa”, Economía presentará los lineamientos en el Congreso entre 12 y el 17 de febrero, y se espera conocer el programa económico -pronósticos de PBI, inflación, tipo de cambio y déficit fiscal- pero difícilmente se presente un cambio al sistema keynesiano macrista de fondo, es decir, una reconversión financiable del Estado. En la segunda semana de marzo se lanzaría la oferta formal y a finales de mes sería el cierre y liquidación final de la oferta.

Para cuando se logre la reestructuración final, quizás el riesgo-país vuelva a caer a los 400 pb, pero el Estado seguirá teniendo el mismo tamaño porque nadie propone la solución de fondo: una fuerte venta, reconversión y cierre de propiedades y funciones estatales, y la consecuente financiación -y caída- del gasto, de modo que sea viable, financiable. Vale aclarar que el daño no se produce cuando el Estado gasta -lo que es inerte- sino cuando, para financiarse, retira coactivamente fondos del mercado.

Con un Estado exagerado y el mercado -el pueblo que trabaja, el que produce el PBI– con menos recursos por mayores impuestos y quitas, en menos tiempo la deuda volverá a crecer hasta llegar otra vez al default, otra vez al círculo vicioso financiado por el FMI.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Asesor Senior de The Cedar Portfolio, Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE. Síguelo como @alextagliavini

 

Decálogo fiscal para cualquier país civilizado

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 25/1/20 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/01/25/decalogo-fiscal-para-cualquier-pais-civilizado/

 

 

Luego de mencionar los diez puntos que a continuación se exponen, consigno los aspectos que estimo clave al efecto de proceder a una necesaria reforma fiscal que se ejemplifica con reducciones en el gasto público para permitir que se engrosen los bolsillos de la gente.

Primero, la idea central por la que se cobran impuestos es la de financiar el gasto gubernamental que demanda la estricta y limitada función de proteger los derechos de las personas que habitan el suelo bajo esa jurisdicción estatal, por tanto los tributos no solo deben resultar lo más bajos posibles sino que no deben gravarse objetos imponibles fuera de esa jurisdicción, abandonando entonces el llamado principio de nacionalidad en materia tributaria debido a que el gobierno local no se ocupa de garantizar derechos de quienes están fuera de sus fronteras.

Segundo, en un sistema republicano los ingresos fruto de los respectivos gravámenes no pueden ser menores a los egresos debido a la política de endeudamiento y financiamiento monetario. En este contexto la deuda pública externa debe estar prohibida ya que está reñida con la democracia pues compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en el proceso electoral que eligió al gobernante que contrajo la deuda. En esta línea argumental, no es permisible establecer un correlato con lo que ocurre en los ámbitos privados donde tiene sentido la decisión voluntaria y libre de establecer plazos para contraer deudas y reembolsos. En este sentido, debe destacarse que constituye una contradicción en los términos la expresión “inversión pública”, puesto que la inversión es por su naturaleza un acto subjetivo que estima mayor valor en el futuro que en el presente por lo que el sujeto en cuestión se abstiene de consumir para ahorrar cuyo destino es la inversión. Por ende, en el presupuesto nacional los rubros de gastos deben dividirse en corrientes y en activos fijos pero nunca “inversión” que en ningún caso cabe cuando se recurre a la coerción. En esta misma línea argumental, la financiación vía procesos inflacionarios queda descartada puesto que una sociedad libre requiere la eliminación de la banca central y el curso forzoso.

Tercero, los ratios como la participación de los aparatos estatales en la renta nacional o los tributos sobre el producto nacional bruto no deben apuntar a que crecimientos en la riqueza justifican incrementos en el gasto o en la recaudación. La presión fiscal debe consignarse en valores absolutos y cuando excede lo necesario resulta saludable la rebelión fiscal, tal como ocurrió en el origen de la revolución estadounidense como marca y límite a lo que el gobierno pude succionar de la población. Este enfoque de simplificación y unificación fiscal complementado con los puntos que siguen liberan a los llamados “expertos fiscales” para que se dediquen a actividades útiles.

Cuarto, la curva Laffer muestra que a mediada que las tasas fiscales se incrementan aumenta la recaudación hasta que en un punto -debido al debilitamiento y fractura de la estructura productiva- la recaudación disminuye a medida que la presión impositiva se eleva. Esto hace aparecer como que hay un punto óptimo fiscal de máxima presión tributaria que permite una máxima recaudación, pero a lo que originalmente apuntaba Arthur Laffer con su curva (ya insinuada por Adam Smith en 1776) es el establecimiento de un punto de mínima presión fiscal necesario para cumplir con la antedicha misión gubernamental en una sociedad abierta.

Quinto, no hay tal cosa como impuestos al consumo puesto que todos los gravámenes son al patrimonio: cuando se dice que se aplica un tributo al consumo es que se grava una empresa que vende productos clasificados como de consumo pero esa empresa se hace cargo del impuesto con su patrimonio, por tanto todos los impuestos afectan las tasas de inversión y, como consecuencia, reducen salarios e ingresos en términos reales ya que esa es la única causa que permite elevarlos al incrementarse el ritmo de capitalización.

Sexto, todos los impuestos deberían eliminarse con excepción del impuesto al valor agregado con la máxima base imponible al efecto de aprovechar el sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor que permite ese gravamen con lo que se ahorran controles en un contexto donde no deben operar exenciones fiscales que siempre significan que otros deben hacerse cargo de la diferencia con lo que se dejan de lado no solo las dobles imposiciones sino que no se aplican impuestos directos -los que gravan la manifestación directa de la capacidad contributiva- que obligan a preguntas e inquisiciones insolentes sobre el origen y destino de los recursos por parte de los agentes de recaudación.

Séptimo, el referido impuesto se traducirá en alícuota proporcional ya que todos los progresivos implican regresividad puesto que los contribuyentes de jure contraen sus inversiones con lo que, como queda dicho, reducen salarios e ingresos en términos reales. Este es el motivo por el que las constituciones liberales prohibieron los gravámenes progresivos y también los directos. Además, la progresividad altera las posiciones patrimoniales relativas, es decir, contradice las posiciones patrimoniales que había establecido la gente con sus compras y abstenciones de comprar en el supermercado y afines con lo que hay derroche de capital lo cual agudiza la antes referida baja en los salarios e ingresos de la población. También la progresividad bloquea la indispensable movilidad social en el ascenso y descenso en la pirámide patrimonial.

Octavo, en materia fiscal es indispensable contar con un sistema federal para no solo descentralizar el poder sino para establecer competencia entre las provincias y municipios puesto que en este esquema los gobernadores e intendentes administran sus recaudaciones locales al efecto de que los pobladores no se muden a otra jurisdicción y para atraer inversiones, lo cual tiende a la prudencia en materia del gasto, y la coparticipación al gobierno central debiera ser exclusivamente para atender a la justicia federal, las relaciones exteriores y la defensa.

Noveno, la denominada redistribución de ingresos llevada a cabo por los aparatos estatales no es función gubernamental puesto que la distribución queda en manos de la gente que pone de relieve con sus preferencias y necesidades en los procesos de mercado lo cual hace que los comerciantes que atienden esas necesidades y preferencias obtienen ganancias y los que yerran en ese objetivo incurren en quebrantos, lo cual excluye toda posibilidad de empresarios prebendarios que se alían con el poder de turno para obtener privilegios que en toda ocasión atentan contra el bienestar de sus semejantes.

Y décimo, la eliminación de todas las cargas arancelarias y no arancelarias que siempre obligan a desembolsar mayor erogación por unidad de producto con lo que el nivel de vida de los locales empeora, en lugar de liberar recursos humanos y materiales para atender otras necesidades. Esto significa no limitar el comercio libre a zonas de integración regional sino la integración al mundo en un contexto donde se acepte que el monopolio legal constituye una seria amenaza para la población y el dumping destructivo es el realizado compulsivamente con los recursos de terceros, por ejemplo, a través de las “empresas estatales” deficitarias.

Como anunciamos al comienzo, aquí refiero sumariamente algunos ejemplos de reducción en la dimensión del aparato estatal a los que he dedicado mayores espacios en otras oportunidades, en este caso para poder aplicar el decálogo que antecede.

En primer lugar, la importancia vital de abrir el proceso educativo a la competencia sin la existencia de ministerios de educación o de cultura que se arroguen la facultad de dictaminar sobre estructuras curriculares y exento de instituciones estatales que inexorablemente perjudican a los más pobres que se hacen cargo de los costos debido a la contracción de inversiones por parte de los contribuyentes de jure.

Es imperioso eliminar todas las embajadas puesto que a diferencia de lo que tenía lugar en la época de las carretas, las comunicaciones y teleconferencias de la actualidad hacen que resulten del todo superfluas las lujosas mansiones, los pasaportes diplomáticos y los nutridos séquitos del caso.

Debe contarse con mercados laborales libres sin las concepciones fascistas de representaciones coactivas y “agentes de retención” que echan mano al fruto del trabajo ajeno al efecto de liberar recursos humanos y materiales al introducirse innovaciones tecnológicas que incentivan a los empresarios a sacar partida de nuevos arbitrajes para lo cual requieren capacitaciones en los nuevos destinos.

No tiene sentido mantener a las mal llamadas “empresas estatales” puesto que en toda circunstancia implica asignar los siempre escasos recursos en áreas que no son prioritarias para la gente y si se constituyen en las que demanda la población resulta superflua la intervención con el consiguiente ahorro en gastos administrativos en un contexto donde no cabe la impostura de jugar al empresario que siempre es arriesgando fondos propios, todo lo cual naturalmente empeora si la “empresa” en cuestión arroja déficit.

En el Poder Ejecutivo habría que eliminar todos los ministerios y convertirlos en secretarias de relaciones exteriores, defensa, interior y una vinculada a las finanzas públicas, todas trabajando en la casa de gobierno al efecto de poder vender los inmuebles que hasta el momento albergaban esas y otras muchas reparticiones que habría que borrar del organigrama.

En el ámbito del Poder Legislativo se debería reducir drásticamente la representación en diputados y contar con un senador por jurisdicción provincial, y en ambas cámaras que todos trabajen tiempo parcial con severas limitaciones temporales para legislar lo cual significa restringirse al estudio y promulgación del presupuesto y a la estricta protección a los derechos de las personas.

Es urgente reformar el mal llamado “sistema de seguridad social” -en verdad sistema de inseguridad antisocial- que para cualquiera que haya explorado algo de análisis actuarial se percata de que el sistema de reparto obligatorio estafa a los pensionados que han aportado durante su vida activa para recibir montos inaceptables. Hay quienes sostienen la insensatez de que si los aparatos estatales no obligan a prever para la vejez el titular no lo hará, sin tener en cuenta los ejemplos de inmigrantes paupérrimos que llegaban a costas desconocidas y ahorraban de sus trabajos para adquirir departamentitos y terrenitos que luego fueron esquilmados por demagogos que instauraron el referido sistema vergonzoso. Por otra parte, si fuera cierta la irresponsabilidad mencionada, habría que destacar una estructura policial para asegurarse que el pensionado no dilapide su ingreso. El fruto del trabajo ajeno es sagrado y cada uno debería darle el destino que considere mejor.

En la jurisdicción de la Justicia debería fortalecerse el sistema de árbitros privados sin ninguna limitación para generar procesos abiertos y competitivos en el descubrimiento del derecho y no como resultado del diseño y la ingeniería social. En cuanto a las cárceles, deberían privatizarse, en cuyo contexto el delincuente trabaja para resarcir a la víctima y para financiar su alojamiento y no dejar desamparada a las víctimas y además imponer cargas fiscales a toda la sociedad para mantener criminales.

En lugar de criticar las formas arbitrarias de distribución de la pauta publicitaria por parte de un organismo oficial, habría que cerrarlo y tercerizar lo que el Gobierno considere pertinente anunciar o hacerlo a través de conferencias de prensa.

Asimismo, las oficinas estatales de construcción de estadísticas habría que sustituirlas por entidades privadas en un contexto de auditorias cruzadas y competitivas para asegurarse la calidad de las mismas según sean los requerimientos de la población.

Como tantas veces he escrito, es necesario reafirmar que el voto es un derecho y no una obligación en el contexto de la eliminación de las llamadas listas sábanas y equivalentes para sustituir por procedimientos compatibles con el sistema republicano para que resulte claro que el proceso electoral es el aspecto formal de la democracia y su aspecto sustancial es la protección de los derechos individuales.

Por último en este resumen telegráfico, junto con la arriba mencionada prohibición de contraer deuda pública, es imperioso subrayar la también referida necesidad de liquidar la banca central ya que cualquiera de los tres caminos que elija para operar, sea expandiendo la base monetaria, contrayéndola o dejándola inamovible, en cualquiera de las tres variantes estará necesariamente distorsionando los precios, que son los únicos indicadores para asignar recursos eficientemente con lo que la población se empobrece. Como queda consignado, es indispensable que la gente pueda elegir los activos monetarios que sean de su preferencia sin la imposición del curso forzoso. En la medida en que se vayan adoptando estas políticas pueden irse introduciendo reformas fiscales compatibles con un sistema genuinamente republicano sin interferencias de un Leviatán desbocado que aniquila las libertades individuales tan ponderadas por todos los grandes maestros de la ciencia jurídica y la economía.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

PROGRAMA POLÍTICO PARA EL AÑO VERDE

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

A continuación propongo algunos puntos para cuando la faena educativa sea de tal magnitud que gran parte de la población entienda y acepte el significado de vivir en una sociedad libre donde el respeto recíproco resulte la columna vertebral, por lo que nos habremos liberado de tecnócratas y megalómanos cuya morbosa fascinación consiste en manejar compulsivamente vidas y haciendas ajenas.

 

Al hacer desaparecer instituciones que sirven para atropellar derechos individuales, se libera a las personas para que administren lo que es de cada cual. El sostener que no se debe dejar las cosas a la “anarquía del mercado”, es no comprender que el mercado somos todos los que votamos diariamente con nuestras compras y abstenciones de comprar. No es que la disyuntiva sea el aparato estatal que decide por nosotros lo que nos pertenece o la anarquía sino que la alternativa es que cada uno dirija lo suyo como juzgue mejor. De este modo, tendrá vigencia la Justicia como el “dar a cada uno lo suyo” y desaparecerán la mayor parte de las reparticiones oficiales que no solo son inútiles sino contraproducentes (como el tragicómico ministerio de economía, en lugar de una secretaría de finanzas públicas puesto que no puede controlarse la economía, el ministerio de educación que pretende controlar el pensamiento a través de pautas y reglamentaciones varias pero que debiera reemplazarse por acreditaciones de instituciones privadas locales e internacionales que en competencia realizan auditorías cruzadas al efecto de lograr la mayor excelencia posible, para no decir nada de los ministerios de bienestar social y equivalentes que producen malestar con recursos detraídos coactivamente del fruto del trabajo ajeno). Eliminar reparticiones, es decir, liberar recursos para engrosar los bolsillos de la gente, nunca podar funcionarios, de lo contrario, igual que la jardinería, luego crecen con más fuerza.

 

Lo que ha venido ocurriendo en las últimas largas décadas consiste básicamente en ocultar la acumulación de poder junto a irregularidades superlativas que para nada se condicen son el sistema republicano bajo la máscara hipócrita de proteger a los más necesitados cuando justamente son los más perjudicados frente a aparatos estatales avasalladores.

 

En cada punto no me extenderé en los fundamentos puesto que, por una parte, ya lo he hecho en libros, ensayos y artículos anteriores y, por otra, el espacio de una nota periodística no lo permite.

 

  1. Establecer un sistema basado en severas limitaciones al Poder Legislativo como encargado de actos administrativos y no para legislar sobre aquello que es fruto de un proceso abierto de descubrimiento en un contexto evolutivo y no de diseño e ingeniería social tal como lo explican juristas de la talla de Bruno Leoni. En el Poder Judicial fortalecer la carrera de jueces y fiscales (para no solo condenar a ladrones de gallinas sino también a corruptos en el gobierno y peces gordos tramposos en el sector privado) y, por otra parte, abrir la posibilidad de arbitrajes fuera del ámbito oficial donde en las relaciones contractuales las partes establecen quienes resolverán los eventuales conflictos en las diversas instancias. Y el Ejecutivo electo a través de sorteos como sugirió Montesquieu con lo que los incentivos se encaminarán hacia la necesidad de protección de vidas y propiedades dado que cualquiera puede ejercer el cargo que, además, estará compuesto por un Triunvirato tal como se propuso en la Convención Constituyente estadounidense.

 

  1. Eliminar todas las embajadas y dejar un consulado en cada país, cargos que se justificaban en la época de las carretas al efecto de prevenir algún conflicto que debido a comunicaciones precarias no podía encararse por teleconferencias y otros canales modernos. Hoy los palacios y los séquitos no se justifican, al tiempo que se reducen privilegios que otorgan pasaportes diplomáticos y similares.

 

  1. Liquidar la banca central y el curso forzoso como causantes principales del saqueo de patrimonios. Cuando la llamada “autoridad monetaria” decide expandir, contraer o dejar la masa monetaria inalterada siempre se alteran precios relativos, lo cual, a su turno, se traduce en consumo de capital y su correlato: la disminución de salarios e ingresos en términos reales. Al mismo tiempo dejar sin efecto el sistema de reserva fraccional en la banca y establecer el “free banking” en rubros que operan como cuentas corrientes (los depósitos a plazo y equivalentes naturalmente no requieren exigencias de efectivo mínimo puesto que no  generan producción secundaria y exógena de dinero).

 

 

  1. Poner en venta al mejor postor todos los bancos estatales puesto que inexorablemente significan derroche de los siempre escasos recursos ya que el “crédito barato” significa que otros están obligados a pagar la diferencia.

 

  1. Poner también en venta todas las llamadas “empresas estatales” puesto que su misma constitución implica asignar factores de producción en sectores distintos de lo que hubiera decidido la gente (y si hubiera sido en la misma dirección, es superflua la intromisión estatal). Y es menester tener en cuenta que cuanto más estratégica y vital el área es más importante que funcione bien que cuando algo es “de todos” no es de nadie (la conocida “tragedia de los comunes” que hace, entre tantas cosas, que la forma en que se toma café y se encienden las luces no es la misma en una entidad estatal que en una empresa privada). El asunto es que las empresas deben estar sometidas a lo que opina de ellas la gente, lo cual se pone en evidencia a través del cuadro de resultados: el que da en la tecla en las preferencias del prójimo, gana y el que yerra incurre en quebrantos. Asimismo, al efecto de preservar la tan indispensable libertad de prensa debe venderse el espectro electromagnético para sortear la figura de “la concesión” que significa el tener al gobierno permanentemente como una espada de Damocles.

 

  1. Salvo las estadísticas que consignan la administración de ingresos y egresos que hacen a las finanzas públicas, todos las demás deben delegarse en universidades y entidades privadas que en competencia y ejerciendo auditorías cruzadas harán las tareas correspondientes y siempre en base a datos que la gente considere relevantes. En esta misma línea argumental, todas las oficinas del Ejecutivo que no traten de organismos de control y otros entes autárquicos, deberán concentrarse en la casa de gobierno liquidando todos los inmuebles fastuosos que actualmente se utilizan como consecuencia de funcionarios que desempeñan tareas que nada tienen que ver con la protección de derechos y la administración austera y transparente de un sistema republicano.

 

  1. Todos los aranceles y tarifas aduaneras deben erradicarse para que la gente pueda comprar más barato y de mejor calidad, lo cual implica menor erogación por unidad de producto que, a su vez, significa mejor nivel de vida. Debe rechazarse la conocida falacia de la “industria incipiente” como una mala excusa de pseudoempresarios que apuntan a ser protegidos de la competencia exterior (o en su caso interior). Si es verdad que se concibe un proyecto redituable que más que compense las pérdidas iniciales debido a la poca experiencia en el ramo, este proyecto se venderá en el mercado para que se hagan cargo los empresarios interesado y no endosar la carga sobre las espaldas de la gente. Si nadie en el orbe lo compra, es por uno de dos motivos: o el proyecto es un cuento chino o, siendo rentable, se estima que hay otros proyectos que son más redituables y como no puede hacerse todo al mismo tiempo, el proyecto de marras debe esperar o descartarse. Por otra parte, nuevas tecnologías y productos más baratos liberan recursos humanos y materiales para destinarlos a la producción de otros bienes y servicios. En esto consiste el progreso, cada persona trabajando en una empresa intenta imaginar nuevos y mejores procesos, lo cual genera transiciones y cambios permanentes. Ese fue el caso, por ejemplo, del “hombre de la barra de hielo” antes del refrigerador o el fogonero antes de las locomotoras diesel. El denominado “gradualismo” implica la pretensión -oculta bajo figura del derecho adquirido- de demandar un derecho contra el derecho por lo que de modo gradual se siguen lesionando derechos.

 

  1. Abrir el mercado laboral abrogando la legislación que contempla la figura fascista de la “personería gremial”, si es que se hubiera comprendido que la única causa de salarios más elevados son las tasas crecientes de capitalización que hacen imposible conseguir trabajo manual e intelectual por debajo de esa marca. Esa es la explicación, por ejemplo, por la que en países de altas tasas de capitalización, en gran medida no existe tal cosa como servicio doméstico ya que el ser humano es empleado en tareas de mayor productividad.

 

  1. Contar con impuestos reducidos para cumplir con las tareas de seguridad y justicia que implica castigar el fraude, el engaño y la trampa, reemplazando todas las cargas tributarias por el impuesto al valor agregado que, por un lado, permite reducir controles por el sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor y, por otro, cubre toda la base impositiva y, también un impuesto territorial (siempre proporcional) que abarca a los que tienen propiedades a las que debe vigilarse pero sus propietarios se encuentran en el extranjero, excluyendo así el principio de nacionalidad (o de voracidad fiscal). Establecer un federalismo fiscal donde las provincias coparticipen al gobierno central y aquellas recauden para todos los fines que no sean defensa nacional y relaciones exteriores (que junto a los gastos que requiera la administración es jurisdicción del gobierno central). Esta perspectiva hará que en los gobiernos provinciales los incentivos se ubiquen en dirección a contar con una presión tributaria razonable para que la gente no se mude a otra provincia y para atraer inversiones (gravámenes reducidos que a su vez se traducen en gastos reducidos).

 

  1. En este contexto, debe prohibirse la deuda pública externa por ser incompatible con la democracia ya que compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en la elección del gobierno que contrajo la deuda, todo lo cual se vincula a las mal llamadas “inversiones públicas” (en verdad gastos en activos fijos para distinguirlos de los gastos corrientes) puesto que la inversión es inseparable del juicio subjetivo de titulares en cuanto a valor futuro y valor presente, lo cual por su naturaleza no puede ser forzosa. Esto significa la privatización de los servicios de infraestructura (por otra parte, en manos estatales es el mayor foco de corrupción), lo cual eventualmente traslada la deuda al sector privado y no a la deuda pública interna (además, no hay en este programa posibilidad de adelantos a la tesorería por parte de la banca central en este contexto inexistente).

 

Hay mucho más que decir sobre un programa político para el año verde, puesto que por razones de espacio no se han mencionado territorios de gran relevancia, pero baste con lo dicho como una introducción telegráfica para pensar y debatir.

 

Como queda expresado, todo esto dependerá de la educación en defensa de una sociedad abierta. Nada es automático. No es una faena para timoratos ni para los fanáticos del status quo. El coraje de hombres como Marx con su perseverancia produjeron un enorme corrimiento en el eje del debate en cuando a valores y principios; no siempre los que se denominan liberales -más bien conservadores- han tenido ni tienen ese coraje y se circunscriben a aceptar lo digerible al momento pero les ocurre que en la etapa siguiente, con esa estrategia, se ven  obligados a retroceden nuevamente puesto que no han hecho nada por marcar la agenda sino que se las establecen quienes son contrarios a la sociedad libre.

 

En otros términos, sin perjuicio de otros debates fértiles sobre el futuro, en esta instancia del proceso de evolución cultural, al efecto de avanzar hacia una sociedad abierta, se necesita una educación que elimine candados mentales que no permiten visualizar las grandes ventajas de vivir en libertad, es decir, de subrayar la importancia del  respeto recíproco. Hoy parece para el año verde, pero cuanto antes mejor.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.