El “neoliberalismo” de los ’90 en el debate político:

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 24/7/13 en http://opinion.infobae.com/nicolas-cachanosky/2013/07/24/el-neoliberalismo-de-los-90-en-el-debate-politico/

El ámbito político Argentino está convencido que la década del ’90 estuvo definida por políticas llamadas “neoliberales.” La crisis del 2001 no fue fruto de irresponsabilidad fiscal y alto endeudamento, fue el resultado injusto e inevitable de aplicar la “receta neoliberal”, que es a su vez asociada a políticas de libre mercado. Tanto el oficialismo como gran parte de la oposición coinciden en este diagnóstico. Es difícil decir a secas si Argentina fue o no neoliberal en los ’90, dado que la palabra ‘neoliberal’ carece de significado concreto, al menos en la arena política donde es frecuentemente mencionada. Es que la palabra neoliberal se suele utilizar como comodín de crítica para eludir la tarea de tener que acompañar los cuestionamientos con verdaderos argumentos.

El término neoliberal suele asociarse al Consenso de Washington (¿qué más oportuno para los críticos que la “receta neoliberal” se haya cocinado en Washington, capital del “Imperio Capitalista”?) El Consenso de Washington se resumen en los siguientes diez puntos:

1. Discplina fiscal, evitando abultados déficits fiscales respecto al PBI;
2. Redireccionamiento del gasto público, desde subsidios (indiscriminados) hacia la provisión en áreas clave para el crecimiento y sectores de bajos ingresos (educación, salud, infraestructura, etcétera);
3. Reforma impositiva, aumentando la base imponible pero con tasas marginales moderadas;
4. Tasas de interés determinadas por el mercado y (moderadamente) positivas en términos reales;
5. Tipo de cambio competitivo;
6. Liberalización del comercio (externo): liberalizar las importaciones, con particular énfasis en la eliminación de restricciones cualitativas. Cualquier protección debe ser en base a tasas bajas y relativamente uniformes;
7. Liberalización de las inversiones extranjeras directas;
8. Privatización de empresas estatales;
9. Desregulación: eliminar las regulaciones que impidan al entrada o restrinjan la competencia, excepto para aquellos casos con
justificación de seguridad, medio ambiente, protección al consumidor y una supervisión prudencial del sistema financiero;
10. Protección legal de los derechos de propiedad.

Para sostener que Argentina sufrió de neoliberalismo durante los 90, entonces tendrían que haberse aplicado todos, o una clara mayoría, de estos diez puntos. Ese, sin embargo, no fue el caso. Varios puntos centrales del Consenso de Washington estuvieron ausentes, o en clara diferencia a lo que la “receta” sugiere.

El primer punto de estabilidad fiscal fue un ingrediente claramente ausente en una década marcada por déficits fiscales. Esta ausencia, vale aclarar, fue acompañada con el visto bueno de varios acreedores internacionales. De haberse aplicado el punto de disciplina fiscal, la abultada deuda pública no hubiese culminado en un default del cual aún hoy no se termina de salir. Los déficits fiscales no fueron accidentales, el gasto público creció un 90.7% entre 1991 y el 2001. El stock de deuda externa sobre el ingreso nacional pasó del 35.6% en 1991 a un 56.9% en el 2001. No se puede afirmar que Argentina haya cumplido con el primer punto sobre déficit fiscal, clave para la estabilidad económica. El equilibrio fiscal no es una actitud de derecha ni de izquierda, ni de liberales ni de socialistas, es una medida de sentido común económico.

La política de “tipo de cambio competitivo” no es otra cosa que tener una moneda devaluada que facilite las exportaciones al resto del mundo. Esta es una política con buena llegada en varios sectores del país. Dado que el sector industrial no es competitivo por sí mismo (en parte por las regulaciones económicas y las presiones sindicales), se recurre a políticas de moneda devaluada para facilitarle el acceso a mercados externos. Esto genera rentabilidades ficticias, no reales, que tarde o temprano hay que afrontar. Hacer uso de un tipo de cambio devaluado para beneficiar el sector exportador a expensas del importador ciertamente no califica como una actitud de libre mercado.

Desde el punto de vista del gobierno (especialmente del banco central), un tipo de cambio devaluado ayuda a acumular divisas
provenientes de saldos comerciales favorables y hacer frente a la deuda pública. Sin embargo, justamente una de las críticas a la
economía de los ’90 (especialmente en los últimos años) es el del atraso cambiario, que significa lo opuesto a tipo de cambio
competitivo. El tipo de cambio competitivo no sólo estuvo ausente en los ’90, sino que es una política defendida por más de un “crítico de las políticas neoliberales”.

La apertura comercial, otro punto fuertemente asociado a la década del ’90, también presenta dificultades. La política comercial consistió en una reducción de tasas con sesgo en favor del Mercosur. Sin embargo, el promedio arancelario en Argentina (14%) era tres veces superior al de los países más libres del mundo. La apertura comercial no fue de la magnitud que los críticos suelen implicar (las importaciones no superaron el 13% del PBI en los años de mayores importaciones), sino que el sesgo hacia zonas particulares como el Mercosur produce “desvíos de comercio” que mal-asignan recursos económicos: se compra y se vende ineficientemente. El Mercosur es un ejercicio de proteccionismo ampliado, no un ejercicio de apertura comercial en conjunto con los socios comerciales. Apertura comercial y proteccionismo ampliado no deben confundirse.

Uno de los puntos más sensibles es el de las privatizaciones, al punto tal que a veces pareciera ser que esto es suficiente para justificas el calificativo de neoliberal ignorando los otros 9 puntos. Las privatizaciones, sin embargo, tampoco estuvieron ausentes de diferencias con el recetario neoliberal. Si bien es cierto que se privatizaron un número importante de empresas públicas, eso no quiere decir que todas las privatizaciones hayan sido bien hechas ni que detrás de las privatizaciones no se hayan impuesto fuertes regulaciones que restringen fuertemente a los nuevos actores privados.

En el sector de telecomunicaciones, por ejemplo, se dividió el mercado en dos grandes monopolios por varios años. Crear estos mercados cautivos fue necesario para encontrar algún inversor dispuesto a pagar algo por ENTEL. Las privatizaciones no son en sí pro mercado si se realizan bajo regulaciones que restringen la competencia entre actores privados. Los monopolios artificiales no son parte de las políticas neoliberales, sino que son políticas en contra del espíritu de libre mercado. Las privatizaciones no estuvieron inspiradas en principios neoliberales, sino en la necesidad de financiar al Tesoro Nacional, tanto mediante la venta de activos como de la recaudación impositiva de sus actividades. Si bien uno es libre de identificar el término neoliberal con cualquier tipo de privatización, en tal caso ya no se puede asociar al término “neoliberalismo” con el de “libre mercado”.

Otro ejemplo recurrente es el de las AFJP. Sin embrago, las regulaciones impuestas al sector por parte del gobierno forzaron a las
AFJP a invertir en títulos públicos de un gobierno crónicamente deficitario. Al 2001, el 70% de los fondos en las AFJP estaban
destinados a títulos asociados al gobierno. Si las AFJP hubiesen sido libres de administrar sus propias carteras de inversión, el default argentino les hubiese afectado en menor medida. Las AFJP no colapsaron por sí mismas, sino que fueron arrastradas por la
irresponsabilidad fiscal de los ’90.

Más allá de las regulaciones asociadas a las privatizaciones, otras interferencias clave en el mercado no fueron eliminadas, siendo la legislación laboral una de las principales. Las regulaciones en sectores claves del mercado hacen difícil de defender un claro proceso de desregulación durante los ’90.

Otro punto discutible es el de la reforma impositiva. De hecho, hubo aumentos impositivos en 1995, 1996 y 1998 (más tarde Machinea también subiría los impuestos durante el Gobierno de Fernando de la Rúa acelerando la caída de la actividad económica).

Tenemos, entonces, por lo menos 6 de los 10 puntos de la receta neoliberal que no se cumplieron. Otras cuestiones como redireccionamiento del gasto públicos, tasas de interés de mercado, libre entrada de inversión externa directa y defensa de la propiedad privada pueden ser más discutibles. Pero si asumimos que estos 4 puntos se cumplieron perfectamente, tenemos sólo 4 de los 10 puntos del Consenso de Washington presente durante la década del ’90.

En la medida que el crítico entienda por neoliberalismo los 10 puntos del Consenso de Washington, y no que haga uso del término como comodín para ahorrarse el trabajo de tener que sustentar su crítica, entonces no puede sostener que esa fue la política imperante durante los ’90 cuando en el mejor de los casos se aplicó el 40%. (Aún espero ver en alguna de las tantas entrevistas televisivas donde se menciona el supuesto neoliberalismo del ’90 que el entrevistador le pregunte al crítico qué entiende por neoliberalismo, y que luego le pregunte cuántos de esos puntos el país de hecho cumplió.) La dirigencia política que está a cargo del destino futuro del país se debe un análisis más cuidadoso y racional, y menos pasional e ideologizado sobre las políticas pasadas.

Una aclaración final es necesaria. Señalar que el crítico se equivoca al calificar de neoliberal a la Argentina de los ’90 no es en sí una defensa de la política económica de los ’90 ni de la receta neoliberal. Simplemente se señala la inconsistencia de asociar el neoliberalismo (y por añadidura al liberalismo) a una época en la que no se aplicó. Pero para que la crítica produzca resultados debe estar correctamente planteada. Definir el futuro del país en base a un período mal analizado difícilmente lleve a buen puerto. Como todas las presidencias, la del menemismo tuvo aciertos y desaciertos; para identificar a cada uno de ellos es necesario dejar de usar el término neoliberal como calificativo y discutir los aciertos y desaciertos de las distintas medidas libre de prejuicios.

Sostener que Argentina fue un país neoliberal durante los 90 porque tuvo más grados de libertad respecto al gobierno de Alfonsín es quedarse con el árbol y perderse el bosque. El problema no fue el neoliberalismo que no se aplicó, sino el equilibrio fiscal y el libre mercado que no tuvieron cabida.

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE) y profesor universitario.

Los impuestos crean pobreza y desigualdad

Por Gabriel Boragina. Publicado el 15/7/13 en http://www.accionhumana.com/

Un tema frecuentemente tabú en la conversaciones corrientes de la gente, inclusive en muchas discusiones académicas, es el del los impuestos. No son pocas las personas que comparten la necesidad de desregular los mercados y -en general- los intercambios económicos, pero que al llegar a la materia impositiva cambian bruscamente de orientación, por creer, en buena medida, que los impuestos reportarían o redundarían en alguna clase de “beneficio”, sobre todo para los sectores más “desfavorecidos”. Este, como tantos otros en materia económica, no se trata más que de un mito, que -a su turno-, se sustenta en otro mito no menor, que es de la tan manoseada (hasta el hartazgo) y mal llamada “redistribución de la riqueza”.

No son muchos los autores que han tenido una visión tan preclara de lo nocivo de los impuestos como medio para “redistribuir riqueza” como lo fue el pensador francés decimonónico Frédéric Bastiat, quien decía:

“Pero si llega a introducirse el principio funesto de que so pretexto de organización, reglamentación, protección y apoyo, la ley puede quitar a los unos para dar a los otros, echar mano a la riqueza adquirida por todas las clases para aumentar la de una clase, a veces la de los agricultores, en otros casos la de los manufactureros, negociantes, armadores, artistas o comerciantes. ¡Oh!, por cierto en ese caso, no hay clase que no pretenda -con razón- echar mano a la ley también ella; que no reivindique curiosamente su derecho de elegir y ser elegida, y que no esté dispuesta a trastornar la sociedad antes de renunciar a sus pretensiones. Los mismos mendigos y vagabundos probarán que tienen títulos incontestables. Dirán: “Nunca compramos vino, ni tabaco, ni sal, sin pagar impuestos, y una parte de tales impuestos se da por vía legislativa en forma de primas y subvenciones a hombres más ricos que nosotros. Hay otros que hacen servir la ley para elevar artificialmente el precio del pan, de la carne, del hierro y del paño. Ya que cada uno explota la ley en provecho propio, también nosotros queremos explotarla”.[1]

En efecto, aunque los gobiernos pueden de hecho imponer impuestos fuera de la vía legal, la gran mayoría de estos lo son a través de la legislación, la que específicamente denominamos hoy en día legislación fiscal o impositiva. Bastiat hace hincapié precisamente en la desigualad que los impuestos generan a la población y la manera en que los más desfavorecidos tendrían derecho a exigir compensaciones a los gobiernos por los efectos adversos que les acarrean dichos impuestos.

Para Bastiat, los impuestos forman parte de lo que él denomina ingeniosamente la expoliación legal, y va más allá todavía cuando nos explica que la expoliación legal no es más que otro nombre diferente para lo que se conoce como socialismo. En sus palabras:

“Ahora bien, la expoliación legal puede ejercitarse en una multitud, infinita de maneras; de ahí la infinita multitud de planes de organización: tarifas, proteccionismos, primas, subvenciones, fomentos, impuestos progresivos, instrucción gratuita, derecho al trabajo, derecho a la ganancia, derecho al salario, derecho a la asistencia, derecho a los instrumentos de trabajo, gratuidad del crédito, etc. Y es el conjunto de todos aquellos planes, en lo que tienen de común que es la expoliación legal, lo que toma el nombre de socialismo.”[2]

 Compara a los socialistas con un jardinero así:

“Y al igual que el jardinero, que para efectuar la poda de los árboles, necesita hachas, serruchos, sierras y tijeras, el público necesita para el arreglo de su sociedad fuerzas que sólo puede encontrar en las leyes; la ley de aduana, ley de impuestos, ley de seguridad social y ley de instrucción.”[3]

Y al respecto aclara:

“Nótese que lo que pongo en duda no es el derecho de inventar combinaciones sociales, de propagarlas, aconsejarlas y experimentarlas en ellos mismos a su costo y riesgo; lo que disputo es el derecho de imponernos todo eso por intermedio de la ley, es decir por la fuerza y obligamos a pagarlo con nuestros impuestos.”[4]

Bastiat ya criticaba en su tiempo el hoy tan incuestionado por muchos redistribucionismo, llegando a advertir, con total nitidez, como el impuesto (como instrumento del redistribucionismo), no hace más que crear pobreza y desigualdad allí donde se aplica.

Otros autores señalan al impuesto como un instrumento de agresión y de violencia. Por ejemplo, Murray N. Rothbard es uno de sus exponentes:

“… el axioma fundamental de sistema [según Rothbard] es la posesión que la persona tiene de sí misma, esto es, una propiedad privada absoluta que la persona tiene de sí misma y por ende de todos los frutos de su acción libre y voluntaria. La moral objetiva pasa por respetar este axioma y sus consecuencias, una de las cuales sería el principio de no agresión, esto es, nadie tiene el derecho de iniciar la violencia contra un tercero, y tiene consiguientemente el derecho de legítima defensa contra una agresión tal. Por eso Rothbard reconoce a Locke como un antecedente evolutivo de su propia posición, le perdona relativamente su “confusión” respecto a ciertas cuestiones del derecho de propiedad, pero se distancia claramente de Nozick en la aceptación que este último tiene del estado mínimo: en este esquema, un gobierno liberal clásico al estilo mínimo, que cobrara impuestos compulsivamente, es indebido precisamente porque viola el principio de no agresión”.[5]

En suma, resulta claro que los impuestos, además de constituir un acto de violencia y agresión contra a los que inexactamente se les quiere llamar “contribuyentes”(denominación errónea, había cuenta quien contribuye a algo -por definición- lo está haciendo en forma voluntaria) no sólo ataca y agrede a quien resulta sujeto pasivo del mismo, sino que asalta y violenta a la sociedad toda en su conjunto, volviéndola cada vez mas y mas pobre.

[1] Frédéric Bastiat. La Ley. Pág. 7.

[2] Bastiat, Ídem. pág. 9

[3] Bastiat, Ídem. pág. 15

[4] Bastiat, Ídem. Pág. 28

[5] Gabriel Zanotti. HACIA UN LIBERALISMO CLÁSICO COMO LA DEFENSA DE LA INTIMIDAD PERSONAL. Libertas. 1º semestre 2005, Pág. 3

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. 

Que tan neoliberal fue Argentina en los 90?

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 5/6/12 en http://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2012/06/05/que-tan-neoliberal-fue-argentina-en-los-90/

 Con un gobierno que tiene la mirada siempre puesta en el pasado para justificarse a si mismo, no es sorpresa que se insista con el llamado neoliberalismo de los 90 en Argentina. Las “recetas neoliberales,” se sostiene, llevaron al país a una de sus peores crisis en el 2001. Es difícil decir a secas si Argentina fue o no neoliberal en los 90, dado que la palabra ‘neoliberal’ carece de significado concreto, al menos en la arena política, lugar donde es frecuentemente mencionada. Es que la palabra neoliberal se suele usas como comodín de crítica para eludir la tarea de tener que acompañar los cuestionamientos con verdaderos argumentos.

Si el término neoliberal significa algo, es por asociación al llamado Consenso de Washington. John Williamson, economista, resumió en un breve listado de 10 puntos (11 según Wikipedia en español) lo que él consideraba representaban un consenso en las recomendaciones de instituciones basadas en Washington para que países emergentes puedan desarrollarse y estabilizarse. ¿Qué más oportuno para sus críticos que la “receta neoliberal” se haya cocinado en Washington, la capital del “imperio capitalista”?

El Consenso de Washington consiste en los siguientes puntos:

  1. Disciplina fiscal, evitando grandes deficits respecto al PBI,
  2. Redireccionamiento del gasto público desde subsidios hacia la provisión de fondos en lugares claves para el crecimiento como educación, salud pública e inversión en infraestructura,
  3. Reforma impositiva, aumentando la base imponible pero con tasas impositivas marginales moderadas,
  4. Tasas de interés que sean determinadas por el mercado y en términos reales positivas (pero moderadas),
  5. Tipo de cambio competitivo,
  6. Libre comercio: liberar importaciones, con particular énfasis en la eliminación de restricciones cualitativas (licencias, etc.); cualquier protección debe ser a través de tasas bajas y relativamente uniformes,
  7. Liberalizar la entrada de la inversión externa directa,
  8. Privatización de empresas estatales,
  9. Desregulación: abolir la regulación que impida la entrada al mercado o restringa la competencia, excepto para aquellas actividades que puedan justificarse en base a seguridad, medio ambiente y protección al consumidor, así como una supervisión provisional de las instituciones financieras,
  10. Protección legal a los derechos de propiedad.

Presentada la receta neoliberal, ¿cumplió, efectivamente, Argentina con los 10 puntos del Consenso de Washington durante los 90? Esta pregunta se responde de manera negativa.

 

¿Cumplió Argentina con el Consenso de Washington?

Para sostener que Argentina sufrió de neoliberalismo durante los 90, entonces tendría que haber cumplido con todos, o una clara mayoría, de estos 10 puntos. Ese, sin embargo, no fue el caso. Varios puntos centrales del Consenso de Washington estuvieron ausentes, o en clara diferencia a lo que la “receta” sugiere.

La regla de la estabilidad fiscal, por ejemplo, fue claramente ignorada (ver el post déficit fiscal… déficit fiscal… déficit fiscal…); vale agregar: con el visto bueno de los acreedores internacionales. Justamente la acumulación de deuda pública para cubrir los déficits fiscales es lo que empujó la economía Argentina a la crisis del 2001. Sin la acumulación de déficits fiscales no se hubiese sufrido el default a inicios del siglo XXI. El gasto público aumentó un 90.7% entre 1991 y 2001. El stock de deuda externa sobre el ingreso nacional aumentó de 35.6% en el 2001 a 56.9% en el 2001. El primer punto sobre déficit fiscal, clave para la estabilidad económica, no estuvo presente en la supuesta Argentina neoliberal de los 90.

La política de tipo de cambio competitivo, que tanta llegada tiene en varios sectores del país, no es otra cosa que tener una moneda devaluada que facilite las exportaciones al resto del mundo. Dado que el sector industrial no es competitivo por sí mismo (en parte por las regulaciones y presiones sindicales), se recurre a políticas de moneda devaluada para facilitarle el acceso a mercados externos. Desde el punto de vista del gobierno (o banco central), esto ayuda a acumular divisas provenientes de saldos comerciales favorables y hacer frente a la deuda pública. Sin embargo, justamente una de las críticas a la economía de los 90, especialmente en los últimos años, es el del atraso cambiario, que significa lo contrario al tipo de cambio competitivo. Este no es solo otro punto de la receta ausente en la Argentina neoliberal de los 90, sino que el tipo de cambio competitivo es defendido por mas de un critico de “las políticas neoliberales.”

La llamada apertura comercial de los 90 es otro punto que presenta dificultades. La política comercial consistió en una reducción de tasas con sesgo en favor del Mercosur. Sin embargo, el promedio arancelario en Argentina (14%) era tres veces superior al de los países más libres del mundo. La apertura comercial no fue de la magnitud que los críticos suelen implicar (las importaciones no superaron el 13% del PBI en los años de mayores importaciones), sino que el sesgo hacia zonas particulares como el Mercosur produce “desvíos de comercio” que mal-asignan recursos económicos: se compra y se vende ineficientemente. A fin de cuentas, el Mercosur es un ejercicio de proteccionismo ampliado, no un ejercicio de apertura comercial en conjunto con los socios comerciales. Apertura comercial y proteccionismo ampliado son políticas opuestas, no parecidas.

Uno de los puntos más sensibles es el de las privatizaciones, al punto tal que veces pareciera ser que esto es suficiente para justificas el calificativo de neoliberal ignorando los otros 9 puntos. Las privatizaciones, sin embargo, tampoco estuvieron ausentes de graves problemas. Si bien es cierto que se privatizaron un número importante de empresas públicas, eso no quiere decir que todas las privatizaciones hayan sido bien hechas ni que detrás de las privatizaciones no se hayan impuesto fuertes regulaciones que restringen fuertemente a los nuevos actores privados. En el sector de telecomunicaciones, por ejemplo, se dividió el mercado en dos grandes monopolios por varios años. Crear estos mercados cautivos fue necesario para encontrar algún inversor dispuesto a pagar algo por ENTEL. Las privatizaciones no son en sí pro mercado si se realizan bajo regulaciones que restringen la competencia entre actores privados. Los monopolios artificiales no son parte de las políticas neoliberales, sino que son políticas en contra del espíritu de libre mercado. Las privatizaciones no estuvieron inspiradas en principios neoliberales, sino en la necesidad de financiar al Tesoro Nacional, tanto mediante la venta de activos como de la recaudación impositiva de sus actividades. Si bien uno es libre de identificar el término neoliberal con cualquier tipo de presentación, en tal caso ya no se puede asociar “neoliberalismo” con “libre mercado.”

Otro ejemplo recurrente es el de las AFJPs. Sin embrago, las regulaciones impuestas al sector forzaron a las AFJPs a invertir en títulos públicos de un gobierno crónicamente deficitario. Al 2001, el 70% de los fondos en las AFJPs estaban destinados a títulos asociados al gobierno. Si las AFJPs hubiesen sido libres de administrar sus propias carteras de inversión, el default argentino les hubiese afectado en menor medida.

Más allá de las regulaciones asociadas a las privatizaciones, otras interferencias clave no fueron eliminadas, siendo la legislación laboral una de las principales. Las regulaciones en sectores claves del mercado hacen difícil de defender un proceso claro de desregulación durante los 90. Otro punto discutible es el de la reforma impositiva. De hecho, hubo aumentos impositivos en 1995, 1996 y 1998 (más tarde Machinea también subiría los impuestos durante el Gobierno de Fernando de la Rua acelerando la caída de la actividad económica).

Tenemos, entonces, por lo menos 6 de los 10 puntos de la receta neoliberal que no se cumplieron. Otras cuestiones como redireccionamiento del gasto públicos, tasas de interés de mercado, libre entrada de inversión externa directa y defensa de la propiedad privada pueden ser más discutibles. Pero si asumimos que estos 4 puntos se cumplieron perfectamente, tenemos sólo 4 de los 10 puntos del Consenso de Washington.

En la medida que el crítico entienda por neoliberalismo los 10 puntos del Consenso de Washington, y no que haga uso del término como comodín para ahorrarse el trabajo de tener sustentar que su crítica, entonces no puede sostener que esa fue la política imperante durante los 90 cuando en el mejor de los casos se aplicó el 40%. (Aún espero ver en alguna de las tantas entrevistas televisivas donde se menciona este neoliberalismo que el entrevistador le pregunte al crítico qué entiende por neoliberalismo, y que luego le pregunte cuántos de esos puntos el país de hecho cumplió.)

Una aclaración final es necesaria. Señalar que el crítico se equivoca al calificar de neoliberal a la Argentina de los 90 no es en sí una defensa de la política económica de los 90. Pero para que la crítica produzca resultados debe estar correctamente planteada. Como todas las presidencias, la del menemismo tuvo aciertos y desaciertos; para identificar a cada uno de ellos es necesario dejar de usar el término neoliberal como calificativo y discutir los aciertos y desaciertos de las distintas medidas libre de prejuicios.

Sostener que Argentina fue un país neoliberal durante los 90 porque tuvo unos grados más de libertad respecto al gobierno de Alfonsín es quedarse con el árbol y perderse el bosque. El problema no fue el neoliberalismo que no se aplicó, sino el equilibrio fiscal y el libre mercado que no tuvieron cabida.

Nicolás Cachanosky es Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE), y Doctorando en Economía, (Suffolk University). Es profesor universitario.