Desigualdad

EL PARTIDO POLITICO CEPAL

Por Martín Krause. Publicado el 13/3/20 en: https://bazar.ufm.edu/articulo-pulso-la-tercera-chile-partido-politico-cepal/

Hagamos este ejercicio: abajo encontrará ciertos comentarios y tiene usted que decir a un dirigente de qué partido político podrían pertenecer. O, al menos, en qué posición del espectro político se encuentra. Aquí van:

“La gran fábrica latinoamericana de desigualdad sigue siendo la brecha entre compañías grandes y pequeñas.

¿Por qué la política industrial ha sido, por muchos años, un anatema en Latinoamérica?
Por el neoliberalismo puro y duro; por la escuela de Milton Friedman. El consenso de Washington tuvo un gran impacto en países como Chile, y el resultado es una economía desigual y nada diversa. En general, el modelo económico que se ha aplicado en América Latina está agotado: es extractivista, concentra la riqueza en pocas manos y apenas tiene innovación tecnológica.”

¿Alguna idea? Va más:

“No es el mercado el que nos va a llevar, por ejemplo, a más innovación tecnológica.“

… Pienso en Apple, IBM, Intel, Google (Alphabet), Oracle, Samsung, Tesla, Whole Foods ….

Más declaraciones:

“P. Llevan años apuntando a la desigualdad y a la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo de la región. Sin mucho éxito: los Gobiernos apenas les han hecho caso. ¿Siente que han predicado en el desierto?

Lo que ocurre es que no hemos logrado penetrar en la estructura misma: no hemos logrado un pacto social entre Estado, empleadores y trabajadores, como el de los países nórdicos, para cerrar la enorme disparidad entre el trabajo y el capital. Ahí sí siento que hemos predicado en el desierto: todos hablamos de mayores y mejores empleos, de formalización… Lo que hace falta es una vuelta estructural del modelo.”

¿Tiene ya una respuesta?

Pues se trata de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), un organismo que es parte de Naciones Unidas, en declaraciones a El País, Madrid, 6/2/20.

Tratemos en entender esto. Se trata de un organismo internacional, financiado por Estados y no un partido político o un think tank con una agenda definida. Sin embargo, financiado con dineros públicos, eso es lo que es. Se supone que un organismo público debería, al menos, presentar las distintas visiones que se encuentran entre los contribuyentes que lo sostienen.

Nada de eso. Nunca fue así. Ya desde Raúl Prebisch, quien fue Secretario Ejecutivo de 1950 a 1963, desarrolló y se embanderó en lo que denomina “estructuralismo”, proponiendo el proteccionismo, la sustitución de importaciones, el análisis de “centro y periferia”, etc. Esas políticas llevaron a varios países al colapso hiperinflacionario en los años 1980s. Tal fue el fracaso que incluso alguno de sus principales teóricos, como Fernando Henrique Cardoso, nada de eso hizo cuando llegó a la presidencia de Brasil a parar la hiper y sacó el país de ese pozo siguiendo políticas que ahora la Secretaria Ejecutiva llamaría “neoliberalismo puro y duro”.

Resulta que el modelo económico aplicado en la región está agotado. ¿A cuál se refiere? No hay ninguna referencia a Venezuela o Cuba, tampoco ningún comentario sobre Bolivia y, como señalé antes al agotamiento del mismo modelo que la Cepal parece seguir promoviendo ahora, eso sí, con un nuevo tinte tecnológico y ambiental.

Por cierto, la gente tiene todo el derecho a opinar como le parezca y a juntarse con aquellos que piensan en forma similar para promover ciertas ideas. Eso es incuestionable. Pero distinto es cuando se trata del dinero de todos. Al menos habría que respetar las ideas diversas que tienen los contribuyentes que pagan sueldos, viajes y vacaciones.

La Cepal no tiene razón de existir, su trabajo hasta aquí no justifica el dinero gastado y sus argumentos tendrían mucho más peso moral si fueran autofinanciados por quienes así piensan.

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade). Síguelo en @martinkrause

Un repaso de los gobiernos chilenos para entender mejor lo que ocurrió allí

Por Martín Krause. Publicado el 3/1/20 en: https://www.visionliberal.com.ar/nota/6869-un-repaso-de-los-gobiernos-chilenos-para-entender-mejor-lo-que-ocurrio-alli/

José Niño escribe en el Mises Wire un interesante análisis sobre los recientes acontecimientos en Chile. Termina haciendo énfasis en la necesidad de descentralización: «Los manifestantes chilenos podrían poner fin a décadas de progreso en Chile»

Desde principios de octubre, los manifestantes han obstruido las calles de Santiago y otras ciudades en contra de las recientes subidas de tarifas del metro, al tiempo que expresan su preocupación por el estancamiento de los salarios y el alto costo de vida. Algunas de estas quejas detrás de estas protestas son válidas. Sin embargo, la pregunta del millón de dólares que rodea a toda protesta política de masas sí lo es: ¿Cómo resolverán los manifestantes estos problemas?

La respuesta por defecto a la que los manifestantes están recurriendo generalmente implica tener una mayor presencia del Estado en la economía. Las recientes protestas en Chile así lo han indicado. En el 2012, los chilenos protestaron contra el modelo económico de la nación al destacar el sistema educativo de Chile y ridiculizar el control privado de la industria del cobre del país. Como era de esperar, recurrieron a los típicos puntos de discusión de la denuncia de la desigualdad y la búsqueda de beneficios. Para resolver las supuestas injusticias de este sistema, reclamaron la «educación gratuita» y la nacionalización de la industria del cobre en el país.

De hecho, el sistema de educación superior de Chile es heterodoxo en términos de universidades públicas y privadas. Gracias a sus características nominales de mercado, se convirtió rápidamente en uno de los principales sistemas universitarios de América Latina. Entre 1992 y 2012, el número de chilenos que pasaron por la educación secundaria creció de 200.000 a 1,2 millones. Sin embargo, los manifestantes insistieron en que el sistema era injusto y presionaron para que el gobierno ejerciera un mayor control. Si Chile se tomara en serio su ética de mercado, el sistema educativo debería haber sido liberalizado para que los chilenos tengan más opciones educativas -ya sean de lujo o de presupuesto- a su conveniencia.

Cuando Sebastián Piñera fue elegido en 2010 -que marcó la primera vez que Chile tenía un gobierno de derecha elegido democráticamente en décadas- la gente tenía grandes expectativas para su gobierno. Había esperanzas de que Piñera llevara a Chile a los estándares del «Primer Mundo». A pesar de la publicidad, la administración de Piñera fue bastante deslucida. Tuvo algunos momentos brillantes cuando el gobierno de Piñera decidió reducir los tiempos de espera para los estudios de impacto ambiental, reducir la burocracia innecesaria, reducir los aranceles de importación y la cantidad de tiempo para establecer un negocio.

Sin embargo, Piñera elevó los impuestos corporativos de 17 a 20 por ciento en 2013 y trató de aplacar a las hordas de manifestantes estudiantiles garantizando becas para el 60 por ciento más pobre de la población y préstamos con una tasa de interés real del 2 por ciento para todos, excepto para el 10 por ciento más rico. No hubo un esfuerzo real por parte de Piñera para continuar liberalizando la economía. A su favor, Piñera aún mantenía un mínimo de moderación que le permitía a Chile seguir adelante y seguir creciendo. Considerando todas las cosas, la primera administración de Piñera fue una decepción para cualquiera que creyera que podría introducir reformas sustanciales de libre mercado.

Cuando Michelle Bachelet entró en escena, las cosas empezaron a tomar un giro negativo. Su gobierno subió las tasas de impuestos corporativos, trató de socavar el sistema de educación superior de Chile y utilizó la administración pública para empoderar a los sindicatos. Lo más importante, sin embargo, fue su uso del púlpito del matón para cambiar la narrativa general que rodea la economía política de Chile. No sólo condenó el modelo por supuestamente producir altos niveles de desigualdad en la riqueza, sino que lo llevó un paso más allá al sugerir un posible cambio en el orden constitucional a través de la Asamblea Constituyente.

Después de que la economía de Chile se arrastrara durante los años de Bachelet, los votantes decidieron volver a tirar de la palanca por Piñera. Lamentablemente, la economía sigue rezagada y Piñera revierte su promesa de campaña de recortar los mismos impuestos corporativos que su predecesor. Además, está tomando caballos de batalla progresistas como la consagración de los derechos de la mujer en la constitución y el uso de fondos estatales para socavar el sistema de pensiones privatizado de Chile. Para entonces, los simpatizantes del libre mercado se dieron cuenta rápidamente de que Piñera estaba orquestando una repetición de su milésimo primer mandato como presidente.

Con los disturbios generalizados que tiene ante sí, la administración se ve obligada a atravesar aguas desconocidas. Piñera ya está vacilando al prometer un nuevo «contrato social» que incluye aumentos del salario mínimo, aumentos de impuestos a los individuos más ricos del país y una mayor participación del Estado en el sistema de pensiones de Chile. Dado lo voraces que se han vuelto los activistas de izquierda en Chile, no estarán satisfechos con las concesiones de Piñera. Con toda probabilidad, Piñera podría ceder a la presión e iniciar una asamblea constituyente, lo que podría traer niveles sin precedentes de inestabilidad institucional a Chile.

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade). Síguelo en @martinkrause

Gobierno y gente

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 14/4/17 en: http://www.carlosrodriguezbraun.com/articulos/la-razon/gobierno-y-gente/

Llevo unas tres décadas con la consigna de “a pesar del Gobierno”, que se me ocurrió cuando colaboraba con Iñaki Gabilondo en Hoy por Hoy en la Cadena Ser. Como es natural, no gusta a todo el mundo. En una entrevista reciente, dije: “El empleo, la riqueza y la prosperidad los crea la gente, no un gobierno” (http://goo.gl/wPn5gy). Obtuve varias respuestas interesantes en twitter (@rodriguezbraun), que intentaré responder.

Un amable seguidor subrayó un aparente problema de reciprocidad. Apuntó: “Entonces: el desempleo y la pobreza, ¿también los crea la gente, o se los atribuimos al gobierno?”.

Este comentario yerra porque identifica a la política con la sociedad civil. Si todos somos iguales en acciones, recursos y poder, si el Estado equivale a la sociedad, entonces, cuando creamos riqueza, lo hacemos todos, y cuando la destruimos, también. Pero el Estado no es la sociedad, porque esta se basa en la libertad y los contratos voluntarios, y por eso crea riqueza. En cambio, el Estado se basa en la coacción y la imposición a la comunidad de normas arbitradas y generadas desde el poder.

Dirá usted: entonces, si las normas protegen y amparan la libertad y los contratos voluntarios, entonces la política coopera con y contribuye a la prosperidad social. Eso es verdad, si fuera así. Pero como casi nunca lo es, como casi siempre la política conspira contra la libertad y los contratos libres de los ciudadanos, cabe concluir que la riqueza y el empleo son mérito de la gente, mientras que la pobreza y el paro son impulsados o fomentados por los gobiernos.

Otra persona apuntó: “el gobierno, diputados, senadores… ¿los cambiamos por maniquies?”. Pero puede haber gobiernos de Estados pequeños: el Estado actual tiene apenas unas pocas décadas de vida, con lo cual no hay por qué suponer que es una necesidad.

Un tercer seguidor observó: “el gobierno ha de colaborar con las leyes”. El problema de esta observación, que es de puro sentido común, es que el Gobierno hace las leyes, y las hace a un ritmo frenético al mismo tiempo que crece sin cesar gracias a esas mismas leyes que hace. Esto se debe a que la noción de “derecho” ha cambiado radicalmente, y ya no surge de manera evolutiva a partir de los tratos y contratos de los ciudadanos, sino que es algo propio del poder y que este confiere graciosamente, al tiempo que, de manera poco graciosa, viola los derechos del pueblo para satisfacer los derechos que el poder crea.

Y un cuarto: “sin Gobierno el trabajador sería un esclavo y habría más desigualdad”. Empecemos por el final: la desigualdad no sería el resultado de la ausencia de la política, puesto que la tenemos ahora con su presencia. Y la idea de que el mercado o el capitalismo darían lugar a la esclavitud es un error, puesto que fue el propio capitalismo el que promovió la abolición de la esclavitud. Es verdad, asimismo, que fue reintroducida en el siglo XX por el comunismo, mientras que en el mundo no comunista el enorme peso de los Estados hace que haya sido identificados con regímenes feudales, con los contribuyentes como siervos.

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE

La tecnología sí trae igualdad y progreso para todos

Por Iván Carrino. Publicado el 28/3/17 en: https://es.panampost.com/ivan-carrino/2017/03/28/la-tecnologia-si-trae-igualdad-y-progreso-para-todos/

La tecnología está tomando cada vez más protagonismo en el debate político y económico. Una de las preguntas a responder es si el avance tecnológico profundiza o disminuye la desigualdad entre las personas.

Entre los que creen que éste contribuye a profundizar las diferencias sociales, se argumenta que, a mayor tecnología, más rentabilidad tienen las empresas, pero menos empleo tienen los trabajadores no capacitados.

Así, los dueños de los medios de producción incrementan su riqueza, mientras que grandes masas de trabajadores van quedando al margen del crecimiento económico.

En una reciente charla TED, el economista argentino Eduardo Levy Yeyati se preguntaba: “¿De qué sirve el progreso tecnológico, si crea abundancia que se concentra en pocas manos a las que les sobra todo?”.

En este marco de análisis, mayor progreso tecnológico equivale a mayor desigualdad social.

Ahora cuando uno mira los resultados de ese avance tecnológico en los patrones de consumo, llega a una conclusión diametralmente opuesta. La tecnología, lejos de profundizar las desigualdades, es un neto igualador social.

Piénsese en lo siguiente: Bill Gates puede tener increíblemente más dinero que yo, pero a la hora de comparar nuestros teléfonos móviles, las funciones que el suyo y el mío prestan no son tan distintas. Whatsapp, Twitter, Instagram o Microsoft Office son todas aplicaciones que cualquier “Smartphone” puede tener. Además, el uso de Smatphones en el mundo es cada vez más generalizado.

De acuerdo al Pew Research Center, en Brasil el 41% de la población posee uno, mientras que en Argentina esa proporción alcanza al 48%. En Estados Unidos, hoy el 72% de la población posee un celular inteligente y en Corea del Sur casi todos lo hacen: los dueños de Smartphones son nada menos que 8,8 de cada 10 surcoreanos.

El hecho de que cada vez más personas tengan al alcance la tecnología se explica por la sistemática caída de su precio, lo que se verifica no sólo en el caso de los teléfonos móviles inteligentes, sino en muchos otros rubros, como las computadoras personales, o los servicios de internet.

En el gráfico de arriba puede verificarse esta contundente realidad: la tecnología es cada vez más barata y está cada vez más al alcance de todos. En los últimos 20 años, las computadoras personales se abarataron en nada menos que 96,1%. O sea que comprar hoy una notebook cuesta solamente el 3,9% de lo que costaba en 1997.

Gracias a eso, los precios de la tecnología de la información en general se desplomaron 88,4%, mientras que los de los equipos de telefonía se derrumbaron 79,0%. Por su parte, el software cayó 67,1% y los servicios de internet lo hicieron en un 23,1%.

Uno podría pensar que esta es una tendencia generalizada en todos los productos de la economía, pero la considerable reducción de los precios de la tecnología se dio en un contexto de inflación baja pero persistente en Estados Unidos. Entre 1997 y 2017, el Índice de Precios al Consumidor creció un 50%. O sea, en términos reales, la caída de los precios de la tecnología es todavía mayor.

A la luz de estos datos, me pregunto cómo podemos seguir sosteniendo que el avance tecnológico beneficia solo a los ricos. La innovación tecnológica, posibilitada por la competencia empresarial, está bajando los precios de los bienes tecnológicos y mejorando las posibilidades de consumo de un cada vez mayor número de personas.

En este sentido, la innovación es un factor primordial en términos de inclusión e igualdad.

Ahora hay otro aspecto positivo de todo este cambio: es la mayor posibilidad que se abre para todos de progresar como empresarios.

El desplome de los precios de la tecnología funciona como la remoción de una barrera al establecimiento de nuevas empresas y emprendimientos. Hoy las computadoras son el insumo productivo número uno en cualquier establecimiento comercial o de servicios. Con un depósito, mercadería y una o varias computadoras, puede armarse un importante negocio de distribución y venta a través de internet. Cuanto más barata sea la computadora y los servicios de internet, más crecerá este rubro de la economía, más empresas habrá y más gente se incorporará al mercado de trabajo en estos sectores.

Más tecnología quiere decir menos trabas a la creatividad empresarial. Y esa es la clave del crecimiento económico y la mejor calidad de vida para todos.

El avance tecnológico no profundiza la desigualdad social, sino todo lo contrario. En términos de consumo iguala nuestros patrones al abaratar bienes como teléfonos móviles y computadoras. Esto, además, tiene otra consecuencia positiva: al reducir las barreras de entrada, iguala las oportunidades de todos aquellos que quieran emprender.

No le temamos al avance tecnológico. Agradezcámosle a él, y al sistema económico que lo permite, por la increíble mejora de la calidad de vida que nos trajo y la que seguirá trayéndonos.

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

Alberdi y el gasto público (II)

Por Gabriel Boragina: Publicado el 4/9/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/09/alberdi-y-el-gasto-publico-ii.html

Alberdi creía que un gasto público elevado no constituía necesariamente un obstáculo a la producción, lo que comparado con otros pasajes de su obra denotan cierta ambigüedad suya en el tema. Prueba de lo anterior la encontramos, por ejemplo, en esta cita:

«Repartir bien el peso de las contribuciones no sólo es medio de aligerarse en favor de los contribuyentes, sino también de agrandar su producto en favor del Tesoro nacional. La contribución es más capaz de dañar por la desproporción y desigualdad que por la exorbitancia: tan verdadero es esto, que muchos han visto en las contribuciones elevadas un estímulo a la producción más que un ataque. Todos recuerdan lo que sucedió en Inglaterra antes de 1815: a medida que se elevó el gasto público y con él la tasa de las contribuciones, mayor fue la producción. Muchas explicaciones ha recibido ese fenómeno, y de las más sensatas resulta, que si los impuestos no fueron causa del aumento de producción, tampoco fueron un obstáculo. – ¿Por qué? Porque pesaron sobre todos los agentes y modos de producción, a la vez que a todos ellos se les aseguró campo y libertad de acción.»[1]

Ferviente partidario del impuesto proporcional que recayera sobre todos y cada uno de los ciudadanos, contaba que de tal modo la producción general no se vería afectada. Su argumento parecía hallar como toda apoyatura la experiencia de «Inglaterra antes de 1815». No podemos dejar de señalar que hay una cierta contradicción con lo que el insigne argentino había expuesto unas páginas antes (pág. 105). En su tesis, siempre y cuando el impuesto sea igualitario y proporcional la producción no sólo no disminuiría sino que hasta podría crecer. Hoy, desde una visión provista por la Escuela Austriaca de Economía, podríamos disentir con su enfoque. Indudablemente es positivo y hasta necesario que los impuestos sean proporcionales e igualitarios, pero al mismo tiempo es tan trascendente como que sean los menores posibles. Porque -como el mismo Alberdi parecía pensar en la pág. 105 de su obra-, el gasto privado y público son -en realidad- uno mismo, y no dos gastos de naturaleza distinta. En sus exactas palabras: «el gasto público y el gasto privado, pues no son gastos de dos naturalezas, sino dos modos de un mismo gasto, que tiene por único sufragante al hombre en sociedad». Pero hay una diferencia sustancial entre ambos, y es que no es la misma persona la que hace uno y otro gasto, si bien los recursos que se utilizan provienen de una misma fuente. En el gasto privado «A» gasta los recursos de «A», en tanto que en el gasto público «B» gasta los recursos de «A». Y, por cierto, nada garantiza que -en el segundo supuesto- «A» estuviera de acuerdo con «B» en cuanto a dos cosas: que se utilicen sus dineros para el gasto «C, D…etc.» (por caso) y en segundo lugar –suponiendo que ese consentimiento existiera- que también hubiera una segunda anuencia por la cual «A» estuviera conforme con el destino de ese gasto que «B» hace en «C».

«Más adelante, en el capítulo sobre los objetos del gasto público, estudiaremos la necesidad de dividir el presupuesto en tantos capítulos de gastos como el número de los ministerios que integran el despacho colectivo del gobierno, y de que los artículos de gastos y entradas sean discutidos y sancionados separadamente, sin que el gobierno pueda trasladar a un artículo fondos destinados a otro: cuyos requisitos son garantías prácticas de limpieza en la gestión del Tesoro nacional, y no meras y vanas formalidades».[2]

Aquí tenemos otro párrafo en el cual no parece preocuparle demasiado a Alberdi el tamaño del gasto público, dado que sigue poniendo el énfasis en dos aspectos: el equilibrio y el destino. Hoy objetaríamos, desde nuestra perspectiva actual, que el volumen del gasto público importa y mucho, si tenemos en cuenta algo que el propio Alberdi parecía aceptar páginas antes : que lo que el estado-nación gasta lo extrae de impuestos que, necesariamente, cobra al contribuyente, y que ello implica (simple operación aritmética mediante) que cada unidad monetaria que el «estado» gasta es una unidad memos que el particular tendrá disponible –pero- para diferentes propósitos : ya sea gastar, invertir, ahorrar, etc. Por lo que no resulta indiferente –repetimos- la cuantía de ese gasto «público» que, en rigor, es puro gasto estatal.

Un problema que Alberdi enfrentaba en su tiempo era el del federalismo frente al unitarismo, términos con los cuales se designaba en aquella época lo que hoy llamaríamos descentralización frente a centralización tanto del poder como de los recursos que ese poder maneja. Ello le hacía señalar con precisión que:

«Así los gastos de provincia no son del resorte del Tesoro nacional en la Confederación Argentina. Pero es preciso no confundir con los gastos de provincia propiamente dichos los gastos de carácter nacional ocasionados en provincia. En este sentido, los gastos nacionales de la Confederación, considerados dentro de sus límites excepcionales, son susceptibles de la división ordinaria en gastos generales y gastos locales de carácter federal. Los gastos del servicio de aduanas, del de correos, de la venta de las tierras públicas, los gastos del ejército, que son todos gastos nacionales, se dividirán naturalmente en tantas secciones locales como las provincias en que se ocasionen. Esa división será necesaria al buen método y claridad del cálculo de gastos y a la confección de la ley de presupuestos. Por otra parte, residiendo el gasto público al lado de la entrada fiscal en cada sección de la Confederación, y no habiendo necesidad de que el Tesoro percibido en provincia viaje a la capital para volver a la provincia en que haya de invertirse, la división de entradas y gastos en dos órdenes, uno general y otro local, servirá para distribuir los gastos locales que pertenecen a la Confederación en el orden en que están distribuidas las entradas, sin necesidad de sacar los caudales del lugar de su origen y destino en la parte que tiene de federal o nacional. Bajo el antiguo régimen español del virreinato argentino, se observaba un método semejante que se debe estudiar como antecedente nacido de la experiencia de siglos».[3]

[1] Alberdi, Juan Bautista. Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853. Pag. 168

[2] Alberdi….Ob. cit. pág 183

[3] Alberdi….Ob. cit. pág 198

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Propiedad privada y pobreza

Por Gabriel Boragina. Publicado el 23/4/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/04/propiedad-privada-y-pobreza.html

¿Cuál es la manera más eficaz, efectiva, rápida y sostenible de reducir la pobreza? Puede decirse que existe un acuerdo generalizado en cuanto a los males graves que ocasiona la pobreza. Ese acuerdo, era más amplio y más firme antes que se empezara a dejar de hablar de pobreza y se comenzara a hacerlo de desigualdad en su lugar, lo que desvió -de alguna manera- el centro del debate desde lo realmente importante y urgente (la pobreza) hacia otro punto que no reviste ni la misma importancia ni urgencia. La explicación a esto último es que, como hemos expuesto en tantas otras ocasiones, si bien la pobreza es un tema solucionable, y que ha encontrado remedio en la mayoría de los países del mundo a través del tiempo, la desigualdad no solamente no es solucionable, sino que ni siquiera configura en sí misma -y bien analizada- ningún problema, ya que resulta una condición ineludible de la naturaleza de las cosas (incluimos en este concepto a todas las cosas existentes). Por lo que el verdadero foco de atención ha de centrarse en la pobreza y no en la desigualdad. Entonces ¿cuál sería la solución a la pobreza? Veamos algunas respuestas interesantes:

«La creación de riqueza…. La primera afirmación del texto en este terreno es simple: la pobreza material lastima las condiciones que permiten el florecer humano. La manera más efectiva de reducir la pobreza es la protección de la propiedad privada como un derecho que es amparado por la ley. Gracias a esa protección de la propiedad personal, las personas podrán tener la oportunidad de realizar acciones voluntarias de intercambio en las que expresan sus dimensiones creativas como personas. Hay en esto un reconocimiento explícito al problema de la pobreza al que se le dimensiona gravemente, pues la miseria es una razón por la que las personas no pueden realizarse. Visto de otra manera, las personas necesitan cierto nivel de riqueza material para poder satisfacer los fines de una esencia a la que se le ha dado una naturaleza Divina. La pobreza, sin duda, es una dificultad seria, para la que se propone una solución. Según el documento, la manera más efectiva para remediar esa situación es algo lógico cuando se tiene a la persona humana como el eje central del pensamiento: los medios que están a disposición de esa persona, sus propiedades. Entra aquí, de nuevo, la autoridad en una función que es parte del estado de derecho, proteger y respetar a la propiedad personal. Esa propiedad personal inequívoca es la que permite a la persona acceder a posibilidades de intercambio con otros y realizar su potencial personal.»[1]

La cita pone énfasis en la propiedad como fuente de intercambios, lo que brinda la posibilidad al propietario de ir reduciendo paulatinamente su pobreza en la medida que, gracias a la propiedad, pueda realizar cada vez más y mejores intercambios que le posibilitarán adquirir bienes y servicios cada vez más valiosos, ofreciendo otros que -para el sujeto actuante- lo serán menos que los que va incorporando a su patrimonio. El autor destaca que, para que esto sea posible, es fundamental que la institución de la propiedad privada encuentre un sólido respaldo legal. Allí donde los marcos institucionales descuidan el derecho de propiedad o, peor aún, lo atacan directa o indirectamente, los intercambios voluntarios entre los miembros de la sociedad serán cada vez menores, en cantidad y calidad, lo que –en última instancia- resiente el sistema social en su conjunto. Y, como efecto colateral, no contribuye a la realización humana como tal. En suma, denigra a la persona humana lejos de dignificarla. El desconocimiento de la propiedad privada ha traído aparejado muchos males económicos. Argentina ha sido un escenario frecuente de este tipo de ataques a la propiedad por parte de sus gobiernos, tal como lo deja ver la siguiente cita refiriendo a la situación del país hace un tiempo atrás:

«La confiscación de la propiedad privada y el colapso del sistema bancario (y la resultante restricción pronunciada del crédito) diezmaron la economía. De hecho, la producción industrial cayó el 10,6 por ciento durante 2002 y la confianza del consumidor alcanzó una baja histórica (su punto más bajo). … Con la finalidad de promover su compromiso estratégico con América latina, dejado de lado con frecuencia, la administración de Bush exhortó al FMI a rescatar a la Argentina en enero de 2003. El FMI accedió y refinanció US$ 6 mil millones de deuda argentina.»[2]

El párrafo es significativo. En lugar de reforzar y afianzar la institución de la propiedad privada, al colapso argentino los EEUU acudieron al rescate por intermedio de una institución estatal como es el FMI. En otras palabras, los políticos tienen cortas miras en cuanto al rol de la propiedad privada. y suelen entender que los problemas económicos y financieros a nivel mundial se «resuelven» disponiendo de los recursos ajenos, que se recaudan -al fin de cuentas- vía impuestos, con lo que se lesiona la propiedad privada de los mal llamados «contribuyentes». En suma, a los problemas derivados por las agresiones de los gobiernos a la propiedad privada se le añaden presuntas «correcciones» de esos mismos gobiernos que implican todavía asaltos mayores a la propiedad privada. En el caso de la cita anterior, el gobierno estadounidense obligó en aquella oportunidad a los contribuyentes norteamericanos al «salvataje» de la Argentina, sin contar para ello con el consentimiento de ninguno de esos ciudadanos americanos. Esta política, no solamente ha sido frecuente en Latinoamérica, sino que los gobiernos estadounidenses la han practicado durante el siglo XX y el presente en casi todas partes del mundo, con muy pocas excepciones.

Todo lo que se necesita para evitar las crisis económicas y disminuir la pobreza a nivel mundial es poco más que de propiedad privada. El resto se dará por añadidura.

[1] Eduardo García Gaspar. Ideas en Economía, Política, Cultura-Parte I: Economía. Contrapeso.info 2007. pág. 68

[2] STEVE H. HANKE, «CAPÍTULO 4-El hombre de paja argentino: respuesta a los críticos de la caja de conversión». en Crisis financieras internacionales: ¿Qué rol le corresponde al gobierno? /compilado por Daniel Artana y James A. Dorn. – 1ª. ed.– Buenos Aires : Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, 2004..Pág. 54

Desigualdad en el mundo: en muchos países los pobres de hoy son mucho más ricos que sus padres

Por Martín Krause. Publicado el 11/12/15 en: http://bazar.ufm.edu/desigualdad-en-el-mundo-en-muchos-paises-los-pobres-de-hoy-son-mucho-mas-ricos-que-sus-padres/

¿Qué pasó con Piketty? ¿Fue tan sólo una estrella fugaz, que apenas pudo poner en duda por un breve tiempo el avance de los mercados? ¿O lo que ya había desarrollado la teoría económica hace décadas? Dreidre McCloskey, Distinguished Professor of Economics and History en la University of Illinois at Chicago y autora del libro “Bourgeois Equality: How Ideas, Not Capital, Enriched the World”,: http://www.cato.org/policy-report/julyaugust-2015/how-piketty-misses-point , se pregunta si la desigualdad es mala:

“En 2003, los economistas Donald Boudreaux y Mark Perry señalaron que ‘según la Oficina de Análisis Económico, el gasto familiar en cuestiones básicas de la vida moderna –alimentos, automóviles, vestimenta y calzado, muebles y equipos, y vivienda y servicios- ha caído desde el 53% del ingreso disponible en 1950 a 44% en 1970 y a 32% hoy.

El economista Steven Horwitz resume los datos sobre las horas de trabajo requeridas para comprar una TV color o un auto, y destaca que ‘estos datos no capturan… el cambio en la calidad… La TV en tenía a lo sumo 23 pulgadas, con pobre resolución, probablemente sin control remoto, débil sonido, y generalmente muy distinto a su sucesor del 2013. Alcanzar las 100.000 millas en un auto de los años 1970s era una causa de celebración. No alcanzarlas hoy sería una causa para pensar que se ha comprado un mal auto.”. Observa que ‘considerando distintos datos sobre consumo, de los informes de la Oficina del Censo, respecto a lo que poseen los pobres en sus casas con el tiempo requerido para comprar una variedad de bienes de consumo, deja en claro que los norteamericanos viven hoy mejor que nunca antes. De hecho, los norteamericanos pobres viven hoy mejor, según estas comparaciones, de lo que vivían sus contrapartes de la clase media en los años 1970s.”

El politólogo e intelectual público Robert Reich sostiene que, no obstante, debemos estar alarmados por la desigualdad más que dedicando todas nuestras energías a mejorar la condición absoluta de los pobres: “Una mayor desigualdad siempre daña la movilidad ascendente”, dice. Horwitz resume los resultados de un estudio de Julia Isaacs sobre le movilidad individual desde 1969 a 2005: “82% de los niños del 20% más pobre tenían ingresos reales más altos en el año 2000 de los que sus padres tenían en 1969. El ingreso real medio de los niños pobres de 1969 era el doble del de sus padres.” No hay dudas que los hijos y nietos de los refugiados por la sequía de los años 1930s, por ejemplo, están mucho mejor que sus padres y abuelos. John Steinbeck lo relató en Las uvas de la ira, sus momentos más terribles. Pocos años después, los de Oklahoma encontraron empleos en las industrias bélicas, y muchos de sus hijos fueron luego a la universidad. Algunos incluso llegaron a ser profesores universitarios que piensan que los pobres son cada vez más pobres.”

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Una esperanza para la Argentina

Por Mario Vargas Llosa. Publicado el 2/11/15 en: http://www.lanacion.com.ar/1841789-una-esperanza-para-la-argentina

Los resultados de las elecciones del domingo 25 en la Argentina desmintieron todos los sondeos de opinión según los cuales el candidato Daniel Scioli, apoyado por la jefa de Estado, Cristina Kirchner, ganaría en primera vuelta. Y han abierto la posibilidad de que el país que fue algo así como el faro de América latina salga de la decadencia económica y política en que está hundido desde hace más de medio siglo, y recupere el dinamismo y la creatividad que hicieron de él, en el pasado, un país del primer mundo.

La condición es que en la segunda vuelta electoral, el 22 de noviembre, gane Mauricio Macri y el electorado confirme el rechazo frontal que ha recibido en la primera el kirchnerismo, una de las más demagógicas y corruptas ramas de esa entelequia indescifrable llamada peronismo, un sistema de poder parecido al antiguo PRI mexicano, en el que caben todas las variantes del espectro ideológico, de la extrema derecha a la extrema izquierda, pasando por todos los matices intermedios.

La novedad que encarna Macri no son tanto las ideas modernas y realistas de su programa, su clara vocación democrática, ni el sólido equipo de plan de gobierno que ha reunido, sino que el electorado argentino tiene ahora la oportunidad de votar por una efectiva alternativa al peronismo, el sistema que ha conducido al empobrecimiento y al populismo más caótico y retardatario al país más culto y con mayores recursos de América latina.

No será fácil, desde luego, pero (por primera vez en muchas décadas) sí es posible. La victoria de María Eugenia Vidal, de inequívocas credenciales liberales, en las elecciones para la gobernación de Buenos Aires, tradicional ciudadela peronista, es un indicio claro del desencanto de un vasto sector popular con una política que, detrás de la apariencia de medidas de «justicia social», antiamericanismo y prochavismo, ha disparado la inflación, reducido drásticamente las inversiones extranjeras, lastimado la credibilidad financiera del país en todos los mercados mundiales y puesto a la Argentina a orillas de la recesión.

El sistema que encarna la señora Kirchner se va a defender con uñas y dientes, como es natural, y ya es un indicio de lo que podría suceder el que, en la primera vuelta, el Gobierno permaneciera mudo, sin dar los resultados, más de seis horas después de conocer el escrutinio, luego de haber prometido que lo haría público de inmediato. La posibilidad del fraude está siempre allí y la única manera de conjurarlo es, para la alianza de partidos que apoya a Macri, garantizar la presencia de interventores en todas las mesas electorales que defiendan el voto genuino y -si la hubiera- denuncien su manipulación.

Dos hechos notables de las elecciones del 25 de octubre son los siguientes: Macri aumentó su caudal electoral en cerca de 1.700.000 votos y el número de electores se incrementó de manera espectacular: del 72% de los inscriptos en la pasada elección a algo más del 80% en ésta. La conclusión es evidente: un sector importante del electorado, hasta ahora indiferente o resignado ante el statu quo, esta vez, renunciando al conformismo, se movilizó y fue a votar convencido de que su voto podía cambiar las cosas. Y, en efecto, así ha sido. Y lo ha hecho discretamente, sin publicitarlo de antemano, por prudencia o temor ante las posibles represalias del régimen.

De ahí la pavorosa metida de pata de las encuestas que anunciaban un triunfo categórico de Scioli, el candidato oficialista, en la primera vuelta. Pero el 22 de noviembre no ocurrirá lo mismo: el poder kirchnerista sabe los riesgos que corre con un triunfo de la oposición y moverá todos los resortes a su alcance, que son muchos -la intimidación, el soborno, las falsas promesas, el fraude- para evitar una derrota. Hay que esperar que el sector más sano y democrático de los peronistas disidentes, que han contribuido de manera decisiva a castigar al kirchnerismo, no se deje encandilar con los llamados a la unidad partidista (que no existe hace mucho tiempo) y no desperdicie esta oportunidad de enmendar un rumbo político que ha regresado a la Argentina a un subdesarrollo tercermundista que no se merece.

No se lo merece por la variedad y cantidad de recursos de su suelo, uno de los más privilegiados del mundo, y por el alto nivel de integración de su sociedad y lo elevado de su cultura. Cuando yo era niño, mis amigos del barrio de Miraflores, en Lima, soñaban con ir a formarse como profesionales no en Estados Unidos ni Europa, sino en la Argentina. Esta tenía entonces todavía un sistema de educación ejemplar, que había erradicado el analfabetismo -uno de los primeros países en lograrlo- y que el mundo entero tenía como modelo. La buena literatura y las películas más populares en mi infancia boliviana y adolescencia peruana venían de editoriales y productores argentinos y las compañías de teatro porteñas recorrían todo el continente poniéndonos al día con las obras de Camus, Sartre, Tennessee Williams, Arthur Miller, Valle Inclán, etcétera.

Es verdad que ni siquiera los países más cultos están inmunizados contra las ideologías populistas y totalitarias, como demuestran los casos de Alemania e Italia. Pero el fenómeno del peronismo es, al menos para mí, más misterioso todavía que el del pueblo alemán abrazando el nazismo y el italiano el fascismo. No hay duda alguna de que la antigua democracia argentina -la de la república oligárquica- era defectuosa, elitista, y que se precisaban reformas que extendieran las oportunidades y el acceso a la riqueza a los sectores obreros y campesinos. Pero el peronismo no llevó a cabo esas reformas, porque su política estatista e intervencionista paralizó el dinamismo de su vida económica e introdujo los privilegios y sinecuras partidistas a la vez que el gigantismo estatal. El empobrecimiento sistemático del país multiplicó la desigualdad y las fracturas sociales. Lo sorprendente es la fidelidad de una enorme masa de argentinos con un sistema que, a todas luces, sólo favorecía a una nomenclatura política y a sus aliados del sector económico, una pequeña oligarquía rentista y privilegiada. Los golpes y las dictaduras militares contribuyeron, sin duda, a mantener viva la ilusión peronista.

Recuerdo mi sorpresa la primera vez que fui a la Argentina, a mediados de los años sesenta, y descubrí que en Buenos Aires había más teatros que en París, donde vivía. Desde entonces he seguido siempre, con tanta fascinación como pasmo, los avatares de un país que parecía empeñado en desoír todas las voces sensatas que querían reformarlo y que, en su vida política, no cesaba de perseverar en el error. Tal vez por eso he celebrado el domingo 25 los resultados de esa primera vuelta con entusiasmo juvenil. Y, cruzando los dedos, hago votos porque el 22 de noviembre una mayoría inequívoca de electores argentinos muestre la misma lucidez y valentía llevando al poder a quien representa el verdadero cambio en libertad.

Mario Vargas Llosa es Premio Nobel de Literatura y Doctor Honoris Causa de ESEADE.

La conquista de la «justicia social»

Por Gabriel Boragina. Publicado el 22/8/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/08/la-conquista-de-la-justicia-social.html

La lucha contra la desigualdad se ha convertido prácticamente en un «frente de combate» donde no son pocas las personas que se enrolan. Posiblemente la mayoría lo hace, incluyendo teóricos y analistas, sin faltar, por supuesto, probablemente también la mayoría de los economistas del mainstream. Entre estos últimos, los dedicados a temas impositivos han popularizado la teoría de la capacidad de pago que -en términos breves- viene a rezar el tan conocido hoy en día criterio que los impuestos deben ser «mayores para los que más tienen», lo que ha dado origen a la consigna tan en boga -hoy como ayer- que dice «que paguen más los que más ganan». De allí, se ha llegado a otra teoría también propuesta por esta misma clase de personas, «la teoría del impuesto total»:

«2. EL IMPUESTO TOTAL. La justicia social que, a través de la teoría de la capacidad de pago, se pretende implantar es la igualación económica de todos los ciudadanos. En tanto se mantenga la menor diferencia de rentas y patrimonios, por ínfima que sea, cabe insistir por dicha vía igualitaria. El principio de la capacidad de pago cuando se lleva a sus últimas e inexorables consecuencias exige llegar a la más absoluta igualdad de ingresos y fortunas, mediante la confiscación de cualquier renta o patrimonio superior al mínimo de que disponga el más miserable de los ciudadanos.»[1]

No hace falta razonar mucho para darnos cuenta que -llevado al extremo el mecanismo indicado en la cita- la sociedad completa en su conjunto caería a niveles de pobreza tan profundos que difícil seria recuperarla a los que podría haber tenido antes de la implementación de las políticas redistributivas, porque resultaría arduo (sino imposible) volver a convencer a los que –antes de ser decomisados- producían a que volvieran a hacerlo, dado que bastaría el simple hecho de que alguien produzca algo por valor de 1 para que le sea confiscado si el resto de sus congéneres no producen absolutamente nada. Y va de suyo que, la «justicia social» clama porque así sea, dado que si A produce 1 y el resto de sus vecinos nada, una situación semejante estaría quebrando la «igualdad» de todos ellos. Y con esta, la de la supuesta «justicia social» implicada en el asunto. Es decir, una sociedad en la que impera la «justicia social» más plena y absoluta sería -al mismo tiempo- la más miserable de todas las sociedades existentes sobre la faz de la Tierra. .

«Los modernos paternalistas, al menos en un aspecto, son más consecuentes que los antiguos socialistas y reformadores sociales. No identifican ya la justicia social con arbitrarias normas que todos habrían de respetar, cualesquiera fueran sus consecuencias sociales. Admiten el principio utilitarista. Los diferentes sistemas económicos, reconocen, deben ser enjuiciados según su respectiva idoneidad para alcanzar los objetivos que el hombre persigue. Olvidan, sin embargo, tan buenos propósitos en cuanto se enfrentan con la mecánica del mercado. Condenan a la economía libre por no conformar con ciertas normas y códigos metafísicos que ellos mismos previamente han elaborado. Es decir, introducen así, por la puerta trasera, criterios absolutos a los que, por la entrada principal, negarían acceso. Buscando remedios contra la pobreza, la inseguridad y la desigualdad, poco a poco van cayendo en los errores de las primitivas escuelas socialistas e intervencionistas. Inmersos en un mar de absurdos y contradicciones, acaban invariablemente apelando a la infinita sabiduría del gobernante perfecto, a esa tabla de salvación a la que los reformadores de todos los tiempos siempre al final se vieron obligados a recurrir. Tras mágicos vocablos, como «Estado», «Gobierno», «Sociedad» o cualquier otro hábil sinónimo, invariablemente esconden al superhombre, al dictador omnisciente.»[2]

En el fondo, la «realización» de la «justicia social» se espera se plasme en ese «superhombre», o «dictador omnisciente», dado que todos poseen diferentes ideas acerca de que es o que debería ser la «justicia social», en definitiva las disímiles opiniones sobre su esencia y de cómo realizarla mejor, han de terminar recayendo en ese dictador, líder, conductor, jefe, duce o führer carismático de turno, hasta el punto que el propio concepto de «justicia social» se confunde con el de la persona misma que encarne al jefe o líder, ya que como bien se señala «Tras mágicos vocablos, como «Estado», «Gobierno», «Sociedad» o cualquier otro hábil sinónimo, invariablemente esconden al superhombre, al dictador omnisciente» y es -en suma- de este o de estos (puede ser uno o muchos) de quién se espera que delimite y ejecute dicho «ideal».

Sin embargo, no existe tal cosa como «la infinita sabiduría del gobernante perfecto». No sólo porque lo perfecto es ajeno a la condición humana, sino porque tampoco coexiste ninguna «infinita sabiduría» exactamente por idéntica razón, lo que no implica que sean pocas las personas que si creen en su existencia, no faltando tampoco aquellos que se juzgan a sí mismos exclusivos depositarios de tan celestiales privilegios por sobre los demás. La realidad indica que, tras la máscara delestado-nación, del gobierno, de la sociedad o de cómo se le quiere denominar, sólo hay seres humanos, tan falibles e imperfectos como cualesquiera otros (e incluso mas falibles aun que los demás), y que por el sólo hecho de elevarlos circunstancialmente a un cargo público parecería reputárselos provistos de cualidades cuasi o semi divinas y de «excelsa bondad» por encima de la de cualesquiera otros. Resulta conjuntamente arbitrario y extremadamente peligroso querer dotar a cierto número de personas de la facultad de determinar lo que sería justo o injusto «socialmente» por el sólo hecho de haberlas encaramado en lo más alto del poder. Ya que, al fin de cuentas, lo justo o injusto «socialmente», siendo imposible de establecer de manera objetiva, se dirime ineludiblemente por criterios puramente personales, que se corresponden siempre a los del jefe o caudillo -como tantas veces se ha visto- y los que necesariamente han de ser arbitrarios y provisorios por ser tales.

[1] Ludwig von Mises, La acción humana, tratado de economía. Unión Editorial, S.A., cuarta edición. Pág. 1068/1069

[2] Mises L. V. La acción humana ….ob. cit. pág. 1229 a 1231

Estado benefactor y pobreza

Por Gabriel Boragina. Publicado el 13/6/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/06/estado-benefactor-y-pobreza.html

Tanto los intelectuales en su mayoría, como las personas comunes, coinciden en considerar que el gobierno es el más «idóneo» y -en algunos casos- el único «capacitado» para «sacar» a la gente de la pobreza y eliminar situaciones de desigualdad. En ese sentido, es que se han construido teorías como la del «estado benefactor» o «estado de bienestar» que se han llevado a la práctica en la mayoría de los países del mundo, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Sin embargo, la totalidad de las experiencias en dicho sentido han tenido resultados muy magros, por no decir directamente negativos, dado que no se ha comprendido la enorme mitología creada en torno a la figura de un estado-nación generador de beneficencia para los más necesitados. Son varios los factores y los conceptos económicos básicos que se ignoran y que han llevado a aquellas erradas doctrinas. Pero, en lo fundamental, todas coinciden en un yerro mayúsculo, y es en el de creer que el gobierno puede «generar riqueza» cuando -a todas luces- jamás ha sido así, y ello es –además- virtualmente imposible:

«el moderno Estado Benefactor, tan aclamado por hacer pagar a los ricos impuestos exorbitantes para subsidiar a los pobres, no hace tal cosa. De hecho, si lo hiciera los efectos serían desastrosos, no precisamente para los ricos sino para las clases pobre y media, dado que son los ricos quienes proveen, proporcionalmente, una mayor cantidad de ahorro, inversión de capital, previsión emprendedora y financiamiento de las innovaciones tecnológicas esto es lo que ha llevado al pueblo de los Estados Unidos a tener un nivel de vida mayor que el de cualquier otro país en la historia. Exprimir a los ricos no sólo sería profundamente inmoral; equivaldría a una drástica condena de las mismas virtudes -economía, previsión comercial e inversión- que han sido los basamentos del destacable nivel de vida del país. En otras palabras, sería matar a la gallina de los huevos de oro. «[1]

En las palabras citadas antes, está la clave de todo para entender definitivamente este asunto. Los impuestos que se crean y se aplican a los ricos son la mejor garantía de que la pobreza aumentará allí donde se recurre a tales prácticas por parte de los gobiernos. Mayores impuestos y más altas alícuotas asegurarán en el corto, mediano y largo plazo, tasas más altas y crecientes de pobreza, al tiempo que no mejorarán en absoluto la desigualdad que (como tantas veces hubiéramos explicado) no guarda relación alguna con la pobreza. En definitiva, el impuesto combate al capital y es en el triunfo de los altos gravámenes contra el capital donde los niveles de pobreza se verán crecer en forma indetenible. Por supuesto existen muchas otras maneras en que los gobiernos «benefactores» tratan de destruir la riqueza, pese a que el pretexto sea «desviarlas» hacia sectores carenciados. Pero -en suma- el efecto definitivo será la evaporación de la riqueza, lo que en otros términos significa la entronización de la pobreza.

«Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno para ayudar a los pobres? La única respuesta correcta es la respuesta libertaria: apartarse. Si el gobierno deja el camino libre a las energías productivas de todos los grupos de la población, los ricos, la clase media y los pobres por igual, el resultado será un enorme aumento del bienestar y del nivel de vida de todos, y en particular de los pobres, a quienes supuestamente ayuda el mal llamado «Estado Benefactor».[2]

La generación de riqueza siempre está a cargo de personas o empresas particulares movidas por los incentivos de ganancia (lucro) que todos -invariablemente- los seres humanos poseen con independencia de cuál sea su pasada, presente o futura condición económica. Es el ánimo de lucro que motoriza que los empleados siempre traten de obtener el puesto de trabajo mejor remunerado posible, como que los comerciantes y empresarios también intenten de alcanzar el mayor precio obtenible por sus servicios o productos. Esto es igual de válido tanto para el obrero más humilde en la escala social, como para el multimillonario más encumbrado de ella. El principal efecto del «estado benefactor» es la demolición de las anhelos de los más necesitados, y la elevación de los índices de pobreza allí donde se imponga tal nefasta ideología política y económica.

«El gobierno podría ayudar mejor a los pobres -y al resto de la sociedad- haciéndose a un lado: eliminando su vasta y paralizante red de impuestos, subsidios, ineficiencias y privilegios monopólicos. El profesor Brozen resumió así su análisis del «Estado Benefactor»: Típicamente, el Estado ha sido un aparato que produce riqueza para unos pocos a expensas de muchos. El mercado produce riqueza para muchos con un pequeño costo para unos pocos. El Estado no ha cambiado su estilo desde los días en que los romanos ofrecían pan y circo a las masas, si bien ahora finge proveer educación y medicina, como también leche gratuita y artes interpretativas. Sigue siendo la fuente del privilegio monopólico y del poder para unos pocos mientras aparenta proveer bienestar para muchos -bienestar que sería más abundante si los políticos no expropiaran los medios que utilizan para dar la ilusión de que se preocupan por sus electores-.^ [3]

Necesariamente, la intervención del gobierno en la economía -a través de los mecanismos indicados en la cita- reduce la cantidad de riqueza disponible en la comunidad y la dirige a determinadas áreas compuestas por pseudo-empresarios amigos del poder de turno, y a los adictos partidarios del gobierno en cuestión. Aun cuando la intención de los gobiernos fuera la de beneficiar a todos, económicamente ello es imposible, porque el «estado de bienestar» implica achicar la torta a medida que se va consumiendo. Y solo el capitalismo liberal es el que hace crecer el pastel. En términos más simples : cuanto más se le quita el fruto de su trabajo al que produce para entregárselo gratuitamente a quien no produce nada o produce menos que aquel a quien se lo ha despojado, menos incentivos tiene el productor o trabajador para volver -en el periodo siguiente- seguir aumentando su producción.

[1] Murray N. Rothbard. For a New Liberty: The Libertarian Manifesto. (ISBN 13: 9780020746904). Pag. 191

[2] Murray N. Rothbard, Ob. Cit. Idem. Pág. 191

[3] Murray N. Rothbard. Ob. Cit. idem. Pág. 197