Dime cuántos impuestos pagas y te diré que autoritario es tu gobierno

Por Gabriel Boragina. Publicado en: https://visionliberal.com.ar/dime-cuantos-impuestos-pagas-y-te-dire-que-autoritario-es-tu-gobierno/

 

Los totalitarismos no tienen mejor instrumento de opresión a su alcance que el régimen tributario, pues al arrancar de manos del que posee algo que es fruto de su sudor y de su esfuerzo, so color de tributo fiscal, introduce la amargura y la violencia que hacen germinar, casi siempre, el áspero fruto de la revolución.”[1]

Plausible reflexión, ya que, ¿qué otra cosa que el “arrancar de manos del que posee algo que es fruto de su sudor y de su esfuerzo” es el tributo fiscal?

El impuesto es eso mismo y su naturaleza no cambia, sea que se lo aplique en un régimen totalitario o en otro no-totalitario, porque en ambos sistemas lo que el impuesto tiene en común es su naturaleza forzosa, precisamente su imposición por sobre la libre determinación del ciudadano a pagarlo o no.

Cuanto más altas son estas dos variables más totalitario es el régimen que las aumenta. Solo los regímenes anti totalitarios carecerían de impuestos, pero a la fecha no tenemos conocimiento de la existencia de ninguno.

Lo único que determina cuando un impuesto es instrumento de opresión es el bolsillo de aquel del cual debe salir, sin importar cual sea el régimen político que impere donde vive.

“Desde el punto de vista político y económico, el economista Wagner admite las dos expresiones del derecho de imposición de los impuestos: la primera, política, nace de la necesidad social de subsistencia por lo cual se ha creado, por “derecho histórico”, la coerción para hacer efectivos los ingresos. Las finalidades son netamente financieras, o bien de política social, para reglamentar la repartición y empleo de las rentas y de las fortunas.”[2]

“Necesidad social de subsistencia” es otra forma de designar aquellas supuestas “necesidades” del “estado” que ya hemos refutado antes. La sociedad provee a su propia subsistencia sin necesidad del impuesto, y no hay registro histórico de que la gente haya necesitado del impuesto para subsistir. Lo ha hecho sin impuestos durante siglos desde la creación del mundo, mediante la caza y la pesca al principio, la agricultura y ganadería después, y el comercio e intercambio de sus productos con sus semejantes hasta hoy.

El impuesto no ha desempeñado ningún papel en ese proceso, excepto el de obstaculizar primero y llegar a impedir después todo ese desenvolvimiento social natural que significó y continúa representando el libre comercio. Por el contrario, el impuesto no contribuye a la subsistencia social, sino que la ataca y entorpece.

Otro despropósito de la cita es el referido a un supuesto “derecho histórico” justificando “la coerción para hacer efectivos los ingresos”. No existe ningún “derecho histórico” en tal sentido, porque el derecho ha experimentado una lenta evolución a través de los siglos, y no ha tenido ni tiene un sentido univoco. Bastará recordar que en la antigüedad por “derecho” se consideraba la sola voluntad del líder, jefe, rey, monarca, emperador, y en el siglo XX la del Führer, el Duce o el secretario general del partido comunista soviético. A todo esto -en cada momento histórico- se lo llamó “derecho”. ¿a cuál “derecho histórico” de todos estos se refiere Wagner?

Por otra parte, que a lo largo de la historia los gobernantes hayan hecho recurrente uso de la fuerza para cobrar tributos no configura un “derecho” por ese simple motivo. El inicio del uso de la violencia -contra uno o muchos- nunca constituye un “derecho” sino lo contrario a derecho.

Utilizando el mismo “argumento” del autor, podría decirse -sin temor a equivocarse- que crímenes han existido desde Caín y Abel en adelante. Pero con ese “fundamento” no podemos convalidar un “derecho histórico al crimen”.

Ninguna “finalidad financiera” y menos aún de “política social” autoriza el uso agresivo de la fuerza contra terceros indefensos llamados irónicamente contribuyentes como si lo pagaran voluntariamente.

Si alguien necesita de la coerción para hacer efectivo el ingreso a sus arcas de dinero propiedad de un tercero, eso -desde que el mundo es mundo- se llama robo, atraco, latrocinio, desfalco, etc. porque, necesariamente, requiere de una imposición, es decir, de un acto de fuerza contra la voluntad del despojado. No cambia la cosa que el ladrón se haga llamar por todos “gobierno”, “estado”, “nación”, si roba será siempre un ladrón, con o sin título “legal”. Pero Goldstein no está de acuerdo y dice:

“Abonando estos conceptos expresa el profesor argentino A. Ruzo que, la “democracia tiene una relación esencial con un buen régimen tributario. Cuando el Estado impone al pueblo el sacrificio de una contribución monetaria o cuando el Estado crea un servicio público que él monopoliza y que por eso mismo lo hace obligatorio —como ocurre con el correo o las obras sanitarias, que está vedado explotarse como industria privada— ejercita una actividad propia de su soberanía, y este poder soberano de echar la carga sobre el pueblo, de arrebatar a los particulares una parte de su riqueza —lesionando así el principio de la inviolabilidad de la propiedad privada y que en otras circunstancias se calificaría de confiscatorio— dimana de un mandato de la colectividad ejercitado por medio de sus representantes legales y que importa la decisión colectiva de hacer entrega al Estado de la parte alícuota del patrimonio particular, a fin de que pueda este cumplir con los objetivos para los que ha sido creado como entidad jurídica directiva que representa la sociedad.”[3]

Nuevamente aparece la confusión semántica (y conceptual) entre “estado” y gobierno. Es el gobierno y no el “estado” el que crea e impone el impuesto. Nosotros no estamos de acuerdo con que el gobierno establezca monopolios, ni mucho menos que los haga obligatorios, ya que ninguna -de ambas cosas- son “necesarias” o “necesidades” del “estado” (para seguir usando la terminología de los autores que se vienen citando en los pasajes estudiados). Tampoco concordamos con que la creación de monopolios obligatorios sea “una actividad propia de su soberanía”, ni aun cuando estuviera determinado en una Constitución política, como ha sido el caso de varias naciones, y la de la Argentina misma con la tristemente recordada “constitución” de 1949. No existe ningún poder soberano “de echar la carga sobre el pueblo, de arrebatar a los particulares una parte de su riqueza—lesionando así el principio de la inviolabilidad de la propiedad privada”, porque de admitirse tal dislate no habría límite alguno para tal supuesto “poder soberano”, y así como decide arrebatar una parte puede -con el mismo “argumento”- decretar arrebatar el todo, incluyendo las libertades individuales, y no sólo las riquezas que ellas producen.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

¿Para qué sirven los impuestos?

Por Gabriel Boragina. Publicado en:  http://www.accionhumana.com/2020/04/para-que-sirven-los-impuestos.html

 

“…los totalitarismos no tienen mejor instrumento de opresión a su alcance que el régimen tributario, pues al arrancar de manos del que posee algo que es fruto de su sudor y de su esfuerzo, so color de tributo fiscal, introduce la amargura y la violencia que hacen germinar, casi siempre, el áspero fruto de la revolución.”[1]

Plausible reflexión, ya que, ¿qué otra cosa que el “arrancar de manos del que posee algo que es fruto de su sudor y de su esfuerzo” es el tributo fiscal? El impuesto es eso mismo, y su naturaleza no cambia, sea que se lo aplique en un régimen totalitario o en otro no-totalitario, porque en ambos sistemas lo que el impuesto tiene en común es su naturaleza forzosa, precisamente su imposición por sobre la libre determinación del ciudadano a pagarlo o no. Lo que diferencia a un régimen totalitario de otro contrario no es la existencia o no de los impuestos sino su cuantía y alícuota. Cuanto más altas son estas dos variables más totalitario es el régimen que las aumenta. Solo los regímenes anti totalitarios carecerían de impuestos, pero a la fecha no tenemos conocimiento de la existencia de ninguno. Lo único que determina cuando un impuesto es instrumento de opresión es el bolsillo de aquel del cual debe salir, sin importar cual sea el régimen político que impere donde vive.

“Desde el punto de vista político y económico, el economista Wagner admite las dos expresiones del derecho de imposición de los impuestos: la primera, política, nace de la necesidad social de subsistencia por lo cual se ha creado, por “derecho histórico”, la coerción para hacer efectivos los ingresos. Las finalidades son netamente financieras, o bien de política social, para reglamentar la repartición y empleo de las rentas y de las fortunas.”[2]

“necesidad social de subsistencia” es otra forma de designar aquellas supuestas “necesidades” del “estado” que ya hemos refutado antes. La sociedad provee a su propia subsistencia sin necesidad del impuesto, y no hay registro histórico de que la gente haya necesitado del impuesto para subsistir. Lo ha hecho sin impuestos durante siglos desde la creación del mundo, mediante la caza y la pesca al principio, la agricultura y ganadería después, y el comercio e intercambio de sus productos con sus semejantes hasta hoy.

El impuesto no ha desempeñado ningún papel en ese proceso, excepto el de obstaculizar primero y llegar a impedir después todo ese desenvolvimiento social natural que significó y continúa representando el libre comercio. Por el contrario, el impuesto no contribuye a la subsistencia social, sino que la ataca y entorpece.

Otro despropósito de la cita es el referido a un supuesto “derecho histórico” justificando “la coerción para hacer efectivos los ingresos”. No existe ningún “derecho histórico” en tal sentido, porque el derecho ha experimentado una lenta evolución a través de los siglos, y no ha tenido ni tiene un sentido univoco. Bastará recordar que en la antigüedad por “derecho” se consideraba la sola voluntad del líder, jefe, rey, monarca, emperador, y en el siglo XX la del Führer, el Duce o el secretario general del partido comunista soviético. A todo esto -en cada momento histórico- se lo llamó “derecho”. ¿a cuál “derecho histórico” de todos estos se refiere Wagner?

Por otra parte, que a lo largo de la historia los gobernantes hayan hecho recurrente uso de la fuerza para cobrar tributos no configura un “derecho” por ese simple motivo. El inicio del uso de la violencia -contra uno o muchos- nunca constituye un “derecho” sino lo contrario a derecho.

Utilizando el mismo “argumento” del autor, podría decirse -sin temor a equivocarse- que crímenes han existido desde Caín y Abel en adelante. Pero con ese “fundamento” no podemos convalidar un “derecho histórico al crimen”.

Ninguna “finalidad financiera” y menos aún de “política social” autoriza el uso agresivo de la fuerza contra terceros indefensos llamados irónicamente contribuyentes como si lo pagaran voluntariamente.

Si alguien necesita de la coerción para hacer efectivo el ingreso a sus arcas de dinero propiedad de un tercero, eso -desde que el mundo es mundo- se llama robo, atraco, latrocinio, desfalco, etc. porque, necesariamente, requiere de una imposición, es decir, de un acto de fuerza contra la voluntad del despojado. No cambia la cosa que el ladrón se haga llamar por todos “gobierno”, “estado”, “nación”, si roba será siempre un ladrón, con o sin título “legal”. Pero Goldstein no está de acuerdo y dice:

“Abonando estos conceptos expresa el profesor argentino A. Ruzo que, la “democracia tiene una relación esencial con un buen régimen tributario. Cuando el Estado impone al pueblo el sacrificio de una contribución monetaria o cuando el Estado crea un servicio público que él monopoliza y que por eso mismo lo hace obligatorio —como ocurre con el correo o las obras sanitarias, que está vedado explotarse como industria privada— ejercita una actividad propia de su soberanía, y este poder soberano de echar la carga sobre el pueblo, de arrebatar a los particulares una parte de su riqueza —lesionando así el principio de la inviolabilidad de la propiedad privada y que en otras circunstancias se calificaría de confiscatorio— dimana de un mandato de la colectividad ejercitado por medio de sus representantes legales y que importa la decisión colectiva de hacer entrega al Estado de la parte alícuota del patrimonio particular, a fin de que pueda este cumplir con los objetivos para los que ha sido creado como entidad jurídica directiva que representa la sociedad.”[3]

Nuevamente aparece la confusión semántica (y conceptual) entre “estado” y gobierno. Es el gobierno y no el “estado” el que crea e impone el impuesto. Nosotros no estamos de acuerdo con que el gobierno establezca monopolios, ni mucho menos que los haga obligatorios, ya que ninguna -de ambas cosas- son “necesarias” o “necesidades” del “estado” (para seguir usando la terminología de los autores que se vienen citando en los pasajes estudiados). Tampoco concordamos con que la creación de monopolios obligatorios sea “una actividad propia de su soberanía”, ni aun cuando estuviera determinado en una Constitución política, como ha sido el caso de varias naciones, y la de la Argentina misma con la tristemente recordada “constitución” de 1949. No existe ningún poder soberano “de echar la carga sobre el pueblo, de arrebatar a los particulares una parte de su riqueza—lesionando así el principio de la inviolabilidad de la propiedad privada”, porque de admitirse tal dislate no habría límite alguno para tal supuesto “poder soberano”, y así como decide arrebatar una parte puede -con el mismo “argumento”- decretar arrebatar el todo, incluyendo las libertades individuales, y no sólo las riquezas que ellas producen.

[1] Mateo Goldstein. Voz “IMPUESTOS” en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15 letra I Grupo 05.

[2] Goldstein, M. ibidem. Op. Cit.

[3] Goldstein, M. ibidem. Op. Cit.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

¿Es judicializable las ventas a futuro del BCRA?

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 17/4/16 en: http://economiaparatodos.net/es-judicializable-las-ventas-a-futuro-del-bcra/

 

Esa operatoria en que el BCRA vendía muy barato el dólar futuro, comprometiendo la futura expansión monetaria, son indefendibles por los sospechados de corrupción

Algunos tienen dudas si la venta de dólares a futuro que hizo el BCRA durante los últimos meses de la gestión kirchnerista puede ser sometida a juicio o no. El argumento para sostener que esa venta de dólares no sería judicializable consiste en afirmar que la venta de divisas a futuro es parte de la política económica y, por lo tanto, las acciones de política económica no son temas que puedan someterse a juicio. Además, habría que demostrar que hubo intención de obtener una ganancia por parte de los funcionarios públicos que intervinieron en el manejo y la decisión de vender divisas a futuro. Un fraude fiscal.

¿Puede el BCRA vender dólares a futuro? La última Carta Orgánica del BCRA, que es una ley, lo autoriza pero no para que haga cualquier cosa, sino dentro de cierto marco regulatorio. Dice textualmente el artículo 18 inciso a) de la Carta Orgánica:

El Banco Central de la República Argentina podrá comprar y vender a precios de mercado, en operaciones de contado y a término, títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines de regulación monetaria, cambiaria, financiera y crediticia

Del párrafo anterior es importante resaltar que puede hacerlo pero a precios de mercado es decir que puede comprar o vender divisas a futuro de acuerdo a lo que uno entienda por precio de mercado. Y aquí, a mi juicio, hay un punto que es fundamental entender, por más que la ley lo autorice, el estado no tiene nada que hacer interviniendo en los mercados de futuro. Son mercados que se crearon para que operadores del sector privado cubran sus posiciones. Por ejemplo, imaginemos que un importador tiene que pagar mercadería importada a determinado precio en dólares dentro de, digamos, 3 meses. Los mercados de futuro sirven para que el importador compre a futuro esos dólares que le vende algún operador del mercado que está dispuesto a asumir el riesgo de la diferencia cambiaria. Como puede verse, las operaciones de futuro tienen un origen genuino. Alguien necesita cerrar cambio a futuro para no asumir el riesgo cambiario y otro está dispuesto a asumir ese riesgo cambiario.

La pregunta es, ¿qué tiene que hacer el estado en este mercado en el cual se hacen operatorias entre particulares? No es función del estado asegurarle el riesgo cambiario a nadie.

Como segundo punto es claro que un precio de mercado es el que se conforma de acuerdo a la oferta y la demanda sin intervención estatal. Cuando el estado interviene en un mercado es para establecer un precio máximo, y lo hace con el objetivo de fijar un precio por debajo del que está operando el mercado. Si el mercado está intercambiando una determinada mercadería a, digamos, $ 15, no tiene sentido que el estado ponga un precio máximo a $ 16 o $ 17. Solo tiene sentido un precio máximo si lo establece por debajo del precio de mercado, con lo cual ya deja de ser precio de mercado para pasar a ser un precio político.

La operatoria del BCRA con las fabulosas ventas a futuro ya tenían la distorsión del cepo cambiario y de la obligación de los exportadores e importadores, así como de todos aquellos que operaban en el mercado de cambios, de pasar por el BCRA y operar al precio político fijado por la entidad monetaria. De ahí surge que no había un precio de mercado libre, sino que había un precio arbitrario y político fijado por el BCRA. De manera que, a mi juicio, el BCRA tendría que haberse abstenido de operar en el mercado de futuro dado que sus propias regulaciones no permitían formar un precio de mercado. El único precio de mercado de futuro que servía como referencia era el de non-deliverable forward que operaba en Nueva York y cotizaba a $ 15 por dólar para marzo, mientras el BCRA vendía a marzo a algo menos de $ 11, más específicamente a $ 10,80. El gráfico 1 muestra la evolución histórica de los valores de futuros que se cotizaban muy por encima de los $ 10,80 en que operaba el BCRA.

Gráfico 1

Ahora bien, determinado que el directorio del BCRA violó el artículo 18 inciso a) de la Carta Orgánica del BCRA y siendo que el Ministerio de Economía tenía un representante en el directorio del BCRA que habría aprobado esas operatorias, la conclusión que se sigue es que ni Cristina Fernández, entonces presidente de la nación, ni Kicillof ministro de economía, podían desconocer esa operatoria que generaba una pérdida patrimonial contra el fisco.

Esa operatoria en que el BCRA vendía muy barato el dólar futuro, comprometiendo la futura expansión monetaria, dado que las diferencias en los mercados de futuros se compensan, son indefendibles por los sospechados de corrupción. Si el precio de mercado era $ 15 y el Central vendió a $ 10, llegado el momento el Central tenía que pagar la diferencia de $ 5 entre el precio al que vendió y el que cotizaba realmente el tipo de cambio. Esa compensación, insisto, se paga con pesos y esos pesos hay que emitirlos con lo cual el BCRA, la presidente y el ministro de Economía estaban creando las condiciones de una emisión monetaria descontrolada a futuro para tener artificialmente bajo el tipo de cambio hasta las elecciones y así retener el poder político.

Mi punto es que no toda ganancia que pudieran buscar los imputados tiene que ser de carácter económico en el corto plazo, sino que puede ser la búsqueda de un beneficio político para retener el poder y continuar con esa suerte de asociación ilícita que fue el kirchnerismo, que usó el poder como un instrumento de generar fortunas personales de sus jerarcas a costa de la hacienda pública. Dicho de otra manera, las operaciones de futuro no pueden ser analizadas del resto de los escándalos de corrupción. Retener el poder para continuar con los casos de corrupción que hoy comprometen seriamente a las máximas autoridades del kirchnerismo era parte del beneficio que implicaba vender dólares a futuro a precio por debajo del mercado.

En síntesis, no sé si Bonadío está utilizando este línea de investigación, pero todo parece indicar que es perfectamente judicializable las ventas de dólares a futuro que llevó a cabo el gobierno kirchnerista.

Se sabe que un estallido cambiario comprometería seriamente las posibilidades electorales del kirchnerismo y la retención del poder para ocultar sus actos corruptos de gobierno.

Finalmente, sin que estallara el mercado de cambios, el kirchnersimo igual perdió las elecciones, el control del poder y, como ya es tradicional en Argentina, la investigación de los casos de corrupción suelen acelerarse cuando los corruptos pierden el poder.

¿Es judicializable, entonces, las ventas a futuro? A mi entender perfectamente. No fueron errores groseros de política económica. Todo indica que esas ventas fueron hechas deliberadamente por el gobierno de turno para cubrirse electoralmente y así cubrir sus sospechados casos de corrupción. Hicieron un desfalco contra la hacienda pública para retener el poder y continuar con la corrupción.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Perón: “eso es simplemente un robo”

Por Agustín Etchebarne. Publicado el 19/6/12 en http://www.libertadyprogresonline.org/2012/06/19/peron-eso-es-simplemente-un-robo/

“En 1956, el Estado, acuciado quizá por la necesidad, echó mano a los capitales acumulados por las cajas (previsionales). Es decir, se apropió de ello. Para mí, eso es simplemente un robo porque no era plata del Estado esa; era plata de la gente (…) Claro que lo descapitalizaron, he visto un decreto secreto por el cual se sacaron 65.000 millones, para hacer otras cosas que no tenían nada que ver con las jubilaciones y pensiones que nosotros habíamos creado”.

“Es decir, señores, se las asaltó. Fue un asalto!”

Estas palabras las pronunció Juan Domingo Perón, en 1973, después de su vuelta a la Argentina, tras 18 años en Europa. El 30 de noviembre de ese año dictó una conferencia por Cadena Nacional, respecto al Sistema Previsional. De allí surgen los fragmentos citados. Se trata de una disertación que hoy debieran escuchar todos los argentinos, especialmente todos los que están en el gobierno.

En ese discurso, el General se pronunció con pasmosa claridad, aunque sin perder su tono populista grandilocuente.

“Nosotros empezamos a estudiar esos problemas cuando todos nuestros viejos estaban abandonados”, afirmó.

Pero inmediatamente empieza a dar una clase magistral: “No quisimos hacer un sistema previsional estatal, porque yo conocía, y he visto ya en muchas partes, que estos servicios no suelen ser ni eficientes ni seguros; dejando al Estado libre de una obligación que siempre malcumple. Es la experiencia que tengo en todas las partes donde estos sistemas los he conocido”.

En esa misma conferencia, mostró también la consecuencia inevitable, lógica, que sigue a la descapitalización: la inflación y el empobrecimiento de los salarios reflejado en el aumento del dólar:

“Entonces naturalmente que después de ese asalto, los pobres jubilados comenzaron a sufrir las consecuencias de una inflación que no pudo homologar ningún salario, ni ninguna jubilación. Y llegaron a cobrar en relación con el la desvalorización del poder adquisitivo de esa moneda.”

“Cuando nosotros dejamos el gobierno en el 55 el dólar estaba en el mercado libre a $14,50 y ahora estos pobres tenían que cobrar a razón de un dólar de 1400 pesos. Entonces era lógico señores, cualquiera hubiera sido el arreglo que se hiciera esto no tenía arreglo.”

“Lo que pasaba es que habían desfalcado las cajas, las habían asaltado.”

“Y las cajas, como todas las organizaciones económicas y financieras, tienen su límite. El límite está indicado por su capital. Una vez que se le ha quitado el capital es inútil que se pretenda buscarle soluciones de otra manera.”

La confiscación de los capitales acumulados por los futuros jubilados en 2008 “fue simplemente un robo”. Y el uso del dinero de la ANSES desde 2008 también.

El nuevo programa anunciado ayer de utilizar los fondos de la ANSES para otorgar 100.000 créditos subsidiados para construir casas, significa reiterar el desfalco, el robo, el asalto, según las mismas palabras de Perón. Significa descapitalizar la ANSES, y por supuesto, tendrá la consecuencia lógica de aumentar la inflación, desvalorizar el peso, lo que se reflejará en nuevos aumentos en la cotización del dólar y en el empobrecimiento de los asalariados y los jubilados.

Esto, como dijo el viejo general, ocurrirá natural y lógicamente.

Agustín Etchebarne es Lic en Economía (UBA); Máster en Desarrollo Económico (ISVE), posgrado en Comercialización Estratégica de la (UB). Ex profesor de Análisis Económico y Financiero en la Facultad de Derecho de la UBA y profesor de ESEADE.