El “efecto trinquete ” explica por qué no crece la Argentina

Por Adrián Ravier.  Publicado el 25/1/19 en: https://www.cronista.com/columnistas/El-efecto-trinquete-explica-por-que-no-crece-la-Argentina-20190125-0004.html

 

La economía argentina no crece desde 2011. Peor aun, no crece desde 1998, que fue el pico de ingresos de la década de 1990. ¿Por qué no crecemos? Porque no hay suficiente inversión. ¿Por qué falta inversión? Porque los impuestos son elevados, porque la deuda eleva las tasas de interés y porque la monetización del déficit fiscal conduce a una alta inflacion. ¿Y por qué tenemos tan alta presión tributaria, además de tomar deuda y emitir? Porque el gasto publico es demasiado elevado.

¿Y cuáles son los fundamentos de la expansión del Estado moderno en la Argentina? Esa es la pregunta central que debemos intentar responder.

El historiador económico Robert Higgs ofreció una respuesta al estudiar la historia de los Estados Unidos. En su libro Crisis y Leviatán sostuvo que la causa la podemos encontrar en el ratchet efect o “efecto trinquete”, el que describe la forma característica en la que el gobierno, bajo las condiciones ideológicas modernas, crece durante una situación que se percibe como una emergencia nacional.

El tamaño, alcance y poder del gobierno crece abruptamente cuando el gobierno actúa para “hacer algo” con el fin de disipar la amenaza. Luego, a medida que la amenaza se elimina o reduce, el gobierno se contrae, pero no hasta el nivel que se habría llegado sin la crisis. Por tanto, cada crisis desplaza la trayectoria del crecimiento del gobierno hacia un mayor tamaño, alcance y poder.

En la crisis de 2001 y 2002 encontramos el fundamento de la expansión del Estado argentino. El lector podrá pensar que esta crisis no fue la única, y que en otros casos, la expansión del Estado argentino no alcanzó esta dimensión. Pero la crisis de 2001 sí fue única en su alcance social. La pobreza superó el 50% y el desempleo el 20%. La crisis social fue tan grande que la demanda por un “Estado presente” llevó al kirchnerismo a incrementar la asistencia en niveles nunca conocidos en la Argentina. A través de múltiples planes y subsidios el gasto público consolidado se elevó de 25 al número sorprendente de 45 % del PIB. Contribuyó, claro, que las retenciones a las exportaciones, aplicadas sobre commodities cuyos precios estaban inflados ofreció recursos al gobierno para hacer posible tal proceso. Cuando estos precios se desinflaron, también se desinfló la recaudación, y con ello quedó un déficit fiscal alarmante.

Agrega Robert Higgs, que en su “formulación, las razones para el efecto trinquete son varias: una es la inercia política y legal; otra es la persistencia institucional generada por quienes operan o se benefician de las agencias gubernamentales o la nueva autoridad desencadenada por la crisis; y todavía hay una más –quizá la más importante- y es el cambio ideológico asociado a que el público llega a acostumbrarse al ejercicio de los nuevos poderes gubernamentales y a los esfuerzos concurrentes del gobierno para justificar estos poderes.”

Otros economistas e historiadores habían descrito el efecto trinquete, pero la mayoría de ellos lo habían restringido al crecimiento fiscal. Ninguno de ellos había desarrollado el componente ideológico con el mismo detalle que lo ha hecho Higgs. El cambio ideológico, desencadenado por la superación aparentemente exitosa de una crisis importante, predispone al gobierno a crear, y al público a aceptar, un crecimiento todavía mayor del gobierno cuando la crisis siguiente tenga lugar.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín. Es director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE.

Ese diabólico “neoliberalismo”

Por Gabriel Boragina Publicado el 1/4/18 en:   http://www.accionhumana.com/2018/03/ese-diabolico-neoliberalismo.html

 

 

Abordo nuevamente el examen de la voz “neoliberalismo” porque parece ser que otra vez se ha puesto de moda entre nosotros, y que persisten las confusiones en cuanto a su sentido correcto. Me veré obligado a citarme a mí mismo en algunos pasajes de esta exposición, para poder tener un mejor panorama del tema, ya que lo he explicado varias veces y, en este caso, es importante la reiteración.

Es de notar que, el término es empleado -mayoritariamente- por los enemigos declarados o no ostensibles del liberalismo. Los liberales tenemos en claro que el “neoliberalismo” no es liberalismo.

“Los antiliberales usan como sinónimos las palabras *liberalismo* y *neoliberalismo*. Pero en realidad, estas dos palabras no significan lo mismo. Esto se revela cuando se le pide al antiliberal que describa lo que según él es el *neoliberalismo*. Entonces citan como ejemplo países con monopolios, impuestos altos, salarios bajos, desempleo, elevado gasto público, inflación, etc. Sin embargo, todas estas cosas no son fruto del liberalismo sino de su contrario del antiliberalismo. Y es curiosamente al antiliberalismo al que se le llama *neoliberalismo*, con lo cual la confusión que tienen los antiliberales es mayor todavía, porque no se reconocen como culpables de las políticas que propician, ni de los resultados que ellas producen, que no son más que los nombrados antes en parte.”[1]

“Neoliberalismo” es pues -en definitiva- antiliberalismo.

En la cita que sigue tenemos un ejemplo de un desconocedor, tanto de liberalismo como del “neoliberalismo”. Veamos lo que dice:

“Si dejáramos a la sociedad a su suerte, sin nadie que planifique y dirija, tal vez llegáramos a la sociedad perfecta del neoliberalismo, pero creemos más bien que la entropía sería cada vez mayor.”[2]

El “neoliberalismo” no deja “a la sociedad a su suerte” sino todo lo contrario: interviene en la misma, la planifica y la dirige. Es decir, la cita llama “neoliberalismo” a las consecuencias prácticas del estatismo o dirigismo (contrarios al liberalismo). Demuestra ignorar mucho. Sobre todo, que, en el liberalismo, la sociedad -en rigor- no existe, sino que hay individuos que actúan en su nombre. Estos individuos (todos nosotros, incluyendo el autor criticado) son los que planifican y dirigen, no a la “sociedad” en sí misma, sino esas personas a cada una de sus propias vidas particulares, las que -en conjunto- simplemente denominamos “sociedad”. El liberalismo no aspira a una sociedad *perfecta*, toda vez que la perfección es ajena a lo humano. Desea una sociedad cada vez más justa, más abundante y rica en bienes y servicios para todos, gozando de liberad para producir lo que cada uno quiera, y para desempeñarse en lo que se encuentre más capacitado, enriqueciendo a sus semejantes para prosperar el mismo. Este es uno de los objetivos del liberalismo.

“A los partidarios del mercado libre nos acusan con asiduidad de defender al “neoliberalismo“. Vaya uno a saber “qué cosa” podría ser para nuestros detractores el famoso “neoliberalismo”, que -en rigor- no pasa de ser un término peyorativo que usan todos los que no saben nada del verdadero liberalismo, excepto que esta última palabra no les gusta.

Cuando se piden “ejemplos” de “neoliberalismo” se suelen citar países con altos impuestos; monopolios de diverso calibre pero, habitualmente, en manos privadas por decreto o por ley nacional; desempleo; estímulos a las exportaciones; endeudamiento público (en rigor, estatal) y privado y, muy en general, a las políticas económicas seguidas -con desemejantes variantes y grados- en EEUU y Gran Bretaña, y en otras naciones latinoamericanas, durante las décadas de los años 80 y 90 del siglo XX, según los casos. Pues bien, si es a esto lo que se considera “neoliberalismo” ha de saberse que -en lo personal- no soy defensor del “neoliberalismo”.[3]

El instrumento favorito del “neoliberalismo” es la suba de impuestos, con la excusa de ser el “único” medio disponible para reducir el déficit fiscal. A esto se le llama el “ajuste neoliberal”. En tanto, el liberalismo -en cambio- enseña que (por el contrario) los impuestos deben comprimirse, a la par de la baja del gasto público.

“En realidad, las políticas económicas mencionadas anteriormente y que se atribuyen al “neoliberalismo“ no son otra cosa que lo que Ludwig von Mises (y con él la Escuela Austriaca de Economía habitualmente) designó con el nombre de intervencionismo, también llamado otras veces sistema “mixto”, “hibrido”, “dual”, “intermedio”, etc. que -en definitiva- poco o nada tienen que ver ni con el verdadero liberalismo ni con el capitalismo que, como hemos señalado en otras oportunidades, constituye este último “el anverso” económico de “la moneda” del liberalismo. No han faltado tampoco quienes han rotulado aquellas políticas con el nombre de mercantilismo, que -en resumidas cuentas- no viene a ser, a nuestro modo de ver, más que una especie del intervencionismo.

Tal ya se ha explicado, como corriente filosófica, moral, política o económica el “neo-liberalismo” no existe. Y el empleo de dicho término a nada conduce, si lo que se pretende con el mismo es atacar al liberalismo, habida cuenta que este último nada tiene en común con aquel. En el mejor de los casos, el “neoliberalismo” podría entenderse como un periodo de transición de una economía socialista a otra economía de tipo liberal/capitalista. Pero en la medida que la transición se detenga y no se opere, el “neoliberalismo” no obtendrá resultados diferentes a los que consigue el intervencionismo. El llamado “neoliberalismo” sólo tendría razón de ser si su meta es llegar al liberalismo y no en ningún otro caso.”[4]

Es preferible -en doctrina correcta- continuar usando las frases estatismo, intervencionismo, dirigismo, colectivismo, socialdemocracia, populismo, etc. y no “neoliberalismo”, ya que aquellas expresiones reflejan mucho mejor que este último lo que se quiere representar con él (las tremendas consecuencias ineludibles de aquellos sistemas).

El vocablo “neoliberalismo” sirve también para estos otros propósitos:

  1. Busca desprestigiar al verdadero liberalismo, atribuyéndole los fracasos de las políticas estatistas.
  2. Enmascara los magros resultados de estas políticas, recubriéndolas con un nombre distinto (“neoliberalismo”). Cuando los gobiernos socialistas fracasan o colapsan (como irremediablemente -a la larga o a la corta- termina siempre sucediendo) inmediatamente culpan de ello al “neoliberalismo”. Cuando -según sus particulares parámetros- obtienen algún “logro” lo atribuyen al socialismo que practican. Pero ambas terminologías traducen el mismo significado: el gobierno interfiriendo en los asuntos particulares, económicos y no económicos.
  3. Es una palabra cómoda para los estatistas de todo signo (izquierda, centro o derecha) para eludir sus sentimientos de culpa por sus yerros.

[1] http://www.accionhumana.com/2015/04/liberalismo-mano-invisible-y-mercados.html

[2] Javier Bellina de los Heros – memoriasdeofeo.blogspot.com

[3] http://www.accionhumana.com/2015/02/economia-neoliberalismo-y-capitalismo.html

[4] Ibidem.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

La cláusula gatillo no genera inflación, pero puede destruir empleo

Por Iván Carrino. Publicado el 24/2/18 en: http://www.ivancarrino.com/la-clausula-gatillo-no-genera-inflacion-pero-puede-destruir-empleo/

 

En la discusión salarial argentina, ni el gobierno ni los sindicatos dan en el clavo.

Arranca un nuevo año en Argentina y el debate que ocupa los principales medios de comunicación es el salarial.

Obviamente, la madre de todas las batallas es la pugna que tiene la Provincia de Buenos Aires con los gremios docentes, lo que deriva siempre, casi sin excepción, en una demora de varios días en el comienzo del dictado de clases.

Ahora bien, el tema que está siendo más intensamente conversado en este último tiempo es el de la llamada “cláusula gatillo”. Es decir, una cláusula en el acuerdo salarial que indexe los salarios a la inflación esperada por el gobierno pero que, en caso que ésta no se cumpla, active un alza aún mayor.

Así, un acuerdo salarial con cláusula gatillo se firmaría con un aumento anual del 15% (la meta de inflación del Banco Central para este año), pero si la inflación terminara siendo del 18%, entonces se pagaría un plus por la diferencia.

De haber cláusula gatillo, los salarios de la economía argentina seguirían perfectamente a la inflación.

Para los líderes sindicales y dirigentes de otras fuerzas políticas, esta es la mejor forma de “defender el poder de compra de los trabajadores”. El gobierno, sin embargo, dejó ver que sin esta cláusula especial, el proceso de desinflación sería “más fácil”.

Gobierno y sindicatos están de acuerdo

Algo curioso de este aparente enfrentamiento entre quienes quieren que haya cláusula gatillo y quienes no, es que, en el fondo, ambos  están de acuerdo.

¿Por qué? Porque lo que desean ambos bandos es que los salarios de la economía argentina se ajusten a la evolución del Índice de Precios al Consumidor.

La diferencia, entonces, estriba en que el gobierno dice que la inflación va a ser 15% y los sindicalistas sostienen que ésta va a ser superior.

En este marco de proyecciones dispares, la cláusula gatillo parece una buena forma de resolver la cuestión. Si la inflación es 15% o menos, la cláusula no se activa; si es más de 15%, los salarios no pierden contra la inflación.

Todo muy lindo, pero…

Los salarios no generan inflación

Una de las formas en que se interpretó lo que dijo el gobierno fue que indexar salarios generaba (o perpetuaba la) inflación.

De acuerdo con un comunicado de los economistas del “Frente Renovador”, como el gobierno ya no sabe qué hacer para controlar la escalada de precios, “la idea es intentar con la vieja receta de retrasar los sueldos”.

El trasfondo de esta teoría sería así: si los sueldos suben menos que la inflación, los trabajadores tienen menos poder de compra y, por tanto, demandan menos. Dado que hay menos demanda, los precios dejan de subir a tasas tan aceleradas. Controlar salarios, entonces, baja la inflación.

Pero el argumento es por lo menos inconsistente: es que si los salarios fueran la causa de la inflación, no habría nunca una ganancia o pérdida en términos reales. Si salarios suben 10%, lo mismo hará la inflación. Si caen 1%, habrá 1% de deflación.

Sin embargo, es perfectamente posible que existan aumentos (o descensos) salariales, sin que esto impulse al alza (o a la baja) el IPC.

Por ejemplo, en una economía con perfecta estabilidad, si el día de mañana todos los salarios aumentan 10%, no hay motivos para que aumente la inflación.

Sin un incremento en la cantidad de dinero, el mayor consumo de los trabajadores habrá sido consecuencia de su mayor productividad (mayor cantidad de bienes), o consecuencia de un menor consumo por parte de los empresarios que decidieron aumentar la compensación de sus empleados.

En cualquiera de los dos casos, no hay mayor inflación.

Es que, como decía Milton Friedman, la inflación es un fenómeno estrictamente monetario y si bien “los sindicatos producen múltiples daños a la economía… uno de los crímenes por los que son totalmente inocentes es el de provocar inflación”.

… pero destruyen empleo

Ahora bien, aun cuando es cierto que los sindicatos que piden cláusula gatillo no generan inflación, también es cierto que no están exentos de generar otros efectos indeseados.

Es que incluso cuando la inflación terminara siendo del 15% anual y la cláusula gatillo no se activara, la indexación salarial, combinada con un mercado laboral rígido como el argentino, es candidata a generar desempleo.

He aquí el verdadero problema. Es que en nuestro país los sindicatos acuerdan ajustes salariales por “rama de actividad”. Así, si una megaempresa automotriz firma un acuerdo con el sindicato de mecánicos por un aumento salarial igual a lo que varía el IPC, éste mismo acuerdo rige también para un taller PYME que podría perfectamente no estar en condiciones de pagar dicho aumento.

Lo mismo pasa en toda la economía. Si los acuerdos salariales cierran todos con ajuste al IPC, habrá empresas que no estén en condición de hacer frente a dichos aumentos en sus costos. Si éste es el caso, entonces les quedarán tres alternativas:

—> bien despiden personal,

—> o bien cierran el negocio,

—> o bien se vuelcan a la economía informal.

Las primeras dos alternativas son infinitamente peores para los trabajadores que un acuerdo donde pierdan poder de compra frente a la inflación. Es que, en dichos casos, el salario cae un 100%, porque el trabajador se queda sin empleo.

En la tercera alternativa, si bien se pierde poder de compra, al menos se preservan las fuentes de trabajo.

Pasando en limpio, ni la cláusula gatillo ni la indexación salarial tradicional generan o perpetúan la inflación. Los precios suben como reflejo de la caída del poder de compra del dinero, cuyo responsable es únicamente el gobierno a través del Banco Central.

Sin embargo, la indexación sí puede generar desempleo, porque hay empresas que sencillamente no están en condiciones de pagar esos aumentos.

La solución a este tema no es eliminar la cláusula gatillo. Ni siquiera lo es bajar la inflación. La verdadera solución es tener un mercado de trabajo mucho más flexible, donde los salarios se fijen libremente entre empresarios y trabajadores, pero atendiendo a cada situación particular.

En pocas palabras, la mejor solución es liberar el mercado laboral.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

Legislación sindical, el caso argentino

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 26/1/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/01/26/legislacion-sindical-el-caso-argentino/

 

Lo primero es subrayar que en una sociedad abierta el derecho a asociarse o no asociarse constituye uno de los postulados básicos a los efectos de la cooperación social. Cómo deben ser las asociaciones es algo que no compete a quienes están fuera de ellas; en primer lugar, los gobiernos, que solo deben velar porque no haya lesiones de derechos, en caso de que las hubiera, dicha agrupación se convierte en una asociación ilícita.

Pero antes de otras consideraciones sobre el tema sindical, es menester aclarar con toda precisión que los salarios y los ingresos en términos reales de deben exclusivamente a la cuantía y la calidad de ahorros internos y externos invertidos en un contexto de conocimientos relevantes, lo cual hace de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Esa es la diferencia entre zonas de mayores o menores salarios basadas en el primer caso en marcos institucionales respetuosos de la propiedad de cada cual.

El nivel de salarios no es solo monetario, es también no monetario, como lo son todas las condiciones laborales que rodean al caso desde los períodos de descanso a la música funcional. En rigor, estas condiciones no pueden ser legisladas, como queda dicho, son consecuencia de los niveles de las tasas de capitalización. Más aun, si se legislan más allá de demandas civiles o penales por incumplimientos contractuales o delitos, los resultados indefectiblemente son el desempleo, en primer lugar, de aquellos que más necesitan trabajar y, en segundo lugar, de todos a quienes las condiciones laborales son superadas por las normas legales respecto a las antedichas tasas de inversión. El voluntarismo no cuadra.

Mientras que los recursos sean limitados en relación con las necesidades, nunca bajo ningún concepto puede haber sobrante de aquel factor esencial que es escaso, esencial, puesto que no se concibe la producción de ningún bien ni la prestación de ningún servicio sin el concurso de trabajo manual e intelectual.

La vida es una transición, todo lo que piensan todos en todas las oficinas consiste en mejorar, lo cual, a su vez, se traduce en reasignaciones humanas y materiales. La mayor productividad libera factores humanos y materiales al efecto de trabajar en otros emprendimientos. En un mundo idílico donde hay de todo para todos todo el tiempo, naturalmente no hay necesidad de trabajar, lo cual significa que se está en Jauja, situación que sería una bendición para todos. Pero las cosas no son así, hay necesidades insatisfechas, por lo que hay que aplicar faenas para atenderlas.

 Nuevos métodos que elevan la productividad, nuevos bienes y servicios importados del exterior más baratos y de mejor calidad, la robotización y equivalentes liberan trabajo, el empresariado, atento a nuevos negocios, busca capacitar a nuevo personal al efecto de lograr sus arbitrajes adicionales. Como hemos dicho antes, ese fue el sentido y el destino del hombre de la barra de hielo cuando apareció la refrigeradora o el del fogonero cuando irrumpió la locomotora Diesel.

Lo peor que puede hacerse si se desea elevar el nivel de vida es destruir capital, con ello no habrá aumentado el empleo, sino que provoca disminuciones en los salarios en términos reales.

Por su parte, las huelgas deben ser entendidas como el derecho a no trabajar en cualquier momento siempre y cuando se cumplan los preavisos estipulados si los hubiere. Pero el derecho a huelga no es la intimidación y la violencia que no permitan que otros ocupen puestos de trabajo. Una cosa es el derecho a no trabajar y otra bien distinta es imponer situaciones a otros contra la voluntad de los destinatarios.

En el caso de procedimientos intimidatorios y violentos cuando se confunden con la huelga está implícita la equivocada idea de que constituye un procedimiento para elevar salarios. Si esto fuera cierto, habría que incrementar los métodos violentos de igual manera que si se considera que el nivel de vida puede incrementarse por decreto, las legislaciones, en este sentido, habría que redoblarlas. Pero como queda dicho, los salarios dependen solo de la inversión per cápita, que si disminuyen, disminuirá el salario, si se mantiene el stock de capital descontadas las respectivas amortizaciones, el salario mantendrá su nivel y si se incrementa el capital, consecuentemente aumentarán los salarios.

Tampoco tiene sentido alegar que los gobiernos deben interferir en las relaciones laborales para evitar “el desequilibrio en el poder de contratación”. En esta línea argumental, se sostiene que no es permisible que contrate un millonario con una persona que no tiene para llegar a fin de mes, al fin de semana o al fin del día. Es del todo irrelevante cómo sean las características patrimoniales o el volumen de sus respectivas cuentas corrientes, lo relevante son las tasas de capitalización. Si un millonario pretendiera pagar menos de lo que establece el mercado, simplemente se queda sin colaboradores. Un empleador puede contar con una situación patrimonial boyante y otro estar quebrado, pero ambos, si desean contratar trabajo manual e intelectual, deben abonar lo que exige el mercado. En lugares en donde los salarios son altos, no se debe a la generosidad de empleadores ni a la mezquindad de salarios bajos en otras zonas, sino, como hemos repetido, al volumen de capitalización.

De más está decir que los incumplimientos contractuales, los engaños o las lesiones de derechos deben ser adecuadamente castigados, pero los arreglos contractuales libres y voluntarios no deben ser interferidos por los aparatos estatales ni por bandas ocultas en máscaras sindicales.

Idéntico razonamiento se aplica a todos los servicios que preste la asociación sindical, en primer lugar, de salud o cualquier otro servicio que debe estar abierto a la competencia y en ningún caso consecuencia de aportes obligatorios y mucho menos a través de llamados “agentes de retención” que echan mano al fruto del trabajo ajeno.

Asimismo, las representaciones o no representaciones sindicales deben estar abiertas a todas las variantes, siempre y cuando se trate de arreglos libres y voluntarios en el contexto de contrataciones colectivas o individuales, según lo prefieran los interesados.

En el caso argentino, de tanto en tanto se detienen a sindicalistas corruptos, pero hasta el momento no se han modificado las leyes que dan sustento a un sistema fascista de representación coactiva a través de la figura de la personería gremial que arrastra a todos los gremios desde la década del cuarenta, que está presente en la legislación de ese país, junto a los antes referidos agentes de retención (más bien estafas legales) y afiliación coactiva de facto, en el contexto de escandalosos negociados monopólicos de obras sociales y similares.

Limitarse a arremeter contra la corrupción sindical fascista concentra la atención en los efectos, pero si no se abroga la legislación autoritaria, quedan sin tocar las causas del fenómeno. Lo mismo ocurre con retoques de superficie a las normas vigentes en lugar de eliminar de cuajo el mal que afecta principalmente a los trabajadores.

En la época de gloria de los argentinos, cuando los salarios y los ingresos en términos reales de los peones rurales y de los obreros de la incipiente industria eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, Italia y España, cuando la población se duplicaba cada diez años debido a la multitudinaria inmigración para “hacerse la América”, en ese período las relaciones laborales estaban regidas por los 4015 artículos del Código Civil de Dalmacio Vélez Sarsfield, de los cuales seis estaban referidos específicamente a los contratos laborales.

Luego se promulgaron multiplicidad de leyes “para proteger al trabajador” referidas a los más variados temas “al efecto de dotar al trabajador de conquistas sociales” y con ello comenzó el derrumbe en el nivel de vida de la gente, muy especialmente de los más necesitados, por las razones antes apuntadas, en contexto de la sandez de “establecer adecuadas relaciones entre el capital y el trabajo”, sin percatarse de que el capital son instrumentos inanimados que no contratan y que, por ende, se trata de contrataciones entre distintos tipos de trabajo entre empleadores y empleados. Con el argumento de proteger a los trabajadores se los aniquiló, con la idea de protegerlos de supuestas explotaciones se los sacó de la órbita de la protección rigurosa del Código Civil, los tribunales ordinarios y posibles aseguradoras. Se fabricó el fuero laboral, con lo que se agregó a las referidas desgracias negocios fenomenales de la industria del juicio para beneficio de chicaneros del nuevo fuero.

En esta especie de rapsodia para el desastre se incluyeron algunas figuras que son tragicómicas, como el aguinaldo, es decir, la aparición como arte de magia de un treceavo mes en el año, sin percibir que si se paga un monto adicional en el año, manteniendo los demás factores constantes, habrá que pagar de menos durante los otros 12 meses. Si esto no fuera de este modo, habría que convertir el año en 40 meses o más para hacer a la gente más rica, lo cual no requiere comentarios adicionales.

Así se llegó en la Argentina a una verdadera e inaudita explotación de los trabajadores por los aparatos estatales a los que se enancó una maquinaria quebrada y fraudulenta de unas así denominadas jubilaciones insertas en el sistema de reparto en el que se estafa a quienes aportan el fruto de su trabajo para recibir cifras irrisorias que no guardan proporción alguna con las sumas que le han sido retenidas en su vida activa, muy lejos de cualquier cálculo de interés compuesto.

En este cataclismo se habla de “la clase trabajadora”, que supone que hay otra clase que la explota, sin percibir el origen marxista de la idea misma de clase que deriva de sostener que el proletario y el burgués tienen una estructura lógica distinta, lo cual da lugar a la teoría del polilogismo que nunca ni Marx ni ningún marxista han explicado en qué consisten esas estructuras que se diferencian de los silogismos aristotélicos.

Desde Adam Smith el asunto está resuelto, este autor ha consignado en 1776: “La propiedad que cada hombre tiene es su propio trabajo, ya que es el fundamento original de toda otra propiedad, por lo que es la más sagrada e inviolable” y Juan Bautista Alberdi, al comentar la Constitución liberal argentina de 1853, escribió: “Toda la grande escuela de Adam Smith está reducida a demostrar que el trabajo libre es el principio esencial de toda riqueza creada”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es Asesor del Institute of Economic Affairs de Londres

¿Los votantes somos estúpidos o idiotas?

Por Martín Krause. Publicado el 16/10/17 en: https://www.cronista.com/columnistas/Los-votantes-somos-estupidos-o-idiotas-20171016-0041.html

 

Los mensajes de la política no apelan a la razón, sino a los sentimientos. Ningún político se para frente a una cámara o un micrófono y se pone a explicar su plataforma, en buena medida porque sabe que cambiamos de canal o de radio inmediatamente.

En épocas de campaña esto no mejora mucho, los candidatos evitan participar en debates, y no quieren decir mucho. Las consignas apelan a aspiraciones muy generales relacionadas, por ejemplo, con el cambio o con el futuro o a catástrofes más imprecisas aún, como la del terrible ajuste, cuando con sólo mirar superficialmente las cuentas fiscales cuesta encontrarlo. La racionalidad escasea.

Una de las propagandas (que el Estado nos hace escuchar aunque no nos interesen), presenta personas que van eligiendo entre distintas cosas para luego proponer la elección del candidato. Entre otras opciones tenemos: ¿más derechos o menos derechos?

Obvio, ¿quién estaría dispuesto a proponer menos? Y no hay ninguna referencia sobre qué estamos hablando. ¿Más derechos, pero cuáles? La apuesta es que muy pocos oyentes se harán esa pregunta. Pero hagámoslo por un momento. ¿Qué otros derechos quisiéramos tener?

Veamos el caso por el lado del absurdo. El artista pop Andy Warhol propuso una vez que todos deberíamos tener 15 minutos de fama. Tomemos esta propuesta como un derecho a la fama que, en mi caso, se cumpliría con menos minutos, pero con la posibilidad de cantar Gimme Shelter con los Rolling Stones en un concierto (por las dudas junto a Mike para no hacer papelones).

Pero un derecho, para ser tal, tiene que poder ser general, es decir, aplicarse a todos. Esto sería imposible en este caso ya que requeriría que estuviéramos los 40 millones de argentinos en el escenario (y no habría entonces nadie en la audiencia) o que los Stones nos invitaran de a uno en 40 millones de conciertos.

Las preferencias, sin embargo, son diferentes y algunos desearían jugar en la Bombonera, bailar con Tinelli, ganar el premio Nobel por unos minutos o hacer un gol con la Selección (y sólo Messi los hace). No hace falta explicar lo difícil o costoso que resulta cumplir estos derechos. Vivimos bajo la ilusión que este costo lo pagan otros y a veces es así, aunque tarde o temprano nos cae la cuenta de una forma u otra.

En otro de estos mensajes, el candidato propone un derecho específico, reducir la jornada laboral, pero manteniendo el mismo sueldo. No dice cuánto pero ya antes se ha propuesto que se reduzca de 8 a 6 horas. ¿Y por qué no a dos? El absurdo sería evidente, pero el principio es el mismo para seis o para dos. Es otra forma de aumentar el costo laboral. Una lección básica de economía muestra que si un precio aumenta se reduce la cantidad demandada. En este caso, si aumenta de esta forma se reduce la cantidad, más desempleo.

La propuesta, además, es que este mayor costo se cubra con las ganancias de las empresas. ¿Conocen acaso quienes proponen esto que las empresas no pueden hacer ajuste por inflación y que les cae una de las presiones impositivas más altas del planeta, más alta que la que se paga en Suecia? ¿Qué tasa de ganancias aceptarían quienes proponen esto? ¿Consideran alguna como razonable o, como parece, no aceptarían ninguna? En verdad, más que preocuparnos por las ganancias deberíamos hacerlo por las pérdidas, pero éstas nadie propone alentarlas ni tampoco castigarlas, suelen ser el resultado común de las políticas públicas que muchos candidatos proponen.

Otros desde la izquierda presentan sus propagandas con muñequitos de Playmobil, creados y fabricados por una empresa alemana que sería un ejemplo de lo que Marx llamaba capitalismo renano.

Todo se reduce a pares de opciones: ¿violentos o agresivos?, ¿corruptos o ladrones?, ¿inútiles o ineficientes? ¿soberbios o arrogantes? Nunca la tuvimos más fácil.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados. (Ciima-Eseade). Es profesor de Historia del Pensamiento Económico en UBA.

Gobierno y gente

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 14/4/17 en: http://www.carlosrodriguezbraun.com/articulos/la-razon/gobierno-y-gente/

 

Llevo unas tres décadas con la consigna de “a pesar del Gobierno”, que se me ocurrió cuando colaboraba con Iñaki Gabilondo en Hoy por Hoy en la Cadena Ser. Como es natural, no gusta a todo el mundo. En una entrevista reciente, dije: “El empleo, la riqueza y la prosperidad los crea la gente, no un gobierno” (http://goo.gl/wPn5gy). Obtuve varias respuestas interesantes en twitter (@rodriguezbraun), que intentaré responder.

Un amable seguidor subrayó un aparente problema de reciprocidad. Apuntó: “Entonces: el desempleo y la pobreza, ¿también los crea la gente, o se los atribuimos al gobierno?”.

Este comentario yerra porque identifica a la política con la sociedad civil. Si todos somos iguales en acciones, recursos y poder, si el Estado equivale a la sociedad, entonces, cuando creamos riqueza, lo hacemos todos, y cuando la destruimos, también. Pero el Estado no es la sociedad, porque esta se basa en la libertad y los contratos voluntarios, y por eso crea riqueza. En cambio, el Estado se basa en la coacción y la imposición a la comunidad de normas arbitradas y generadas desde el poder.

Dirá usted: entonces, si las normas protegen y amparan la libertad y los contratos voluntarios, entonces la política coopera con y contribuye a la prosperidad social. Eso es verdad, si fuera así. Pero como casi nunca lo es, como casi siempre la política conspira contra la libertad y los contratos libres de los ciudadanos, cabe concluir que la riqueza y el empleo son mérito de la gente, mientras que la pobreza y el paro son impulsados o fomentados por los gobiernos.

Otra persona apuntó: “el gobierno, diputados, senadores… ¿los cambiamos por maniquies?”. Pero puede haber gobiernos de Estados pequeños: el Estado actual tiene apenas unas pocas décadas de vida, con lo cual no hay por qué suponer que es una necesidad.

Un tercer seguidor observó: “el gobierno ha de colaborar con las leyes”. El problema de esta observación, que es de puro sentido común, es que el Gobierno hace las leyes, y las hace a un ritmo frenético al mismo tiempo que crece sin cesar gracias a esas mismas leyes que hace. Esto se debe a que la noción de “derecho” ha cambiado radicalmente, y ya no surge de manera evolutiva a partir de los tratos y contratos de los ciudadanos, sino que es algo propio del poder y que este confiere graciosamente, al tiempo que, de manera poco graciosa, viola los derechos del pueblo para satisfacer los derechos que el poder crea.

Y un cuarto: “sin Gobierno el trabajador sería un esclavo y habría más desigualdad”. Empecemos por el final: la desigualdad no sería el resultado de la ausencia de la política, puesto que la tenemos ahora con su presencia. Y la idea de que el mercado o el capitalismo darían lugar a la esclavitud es un error, puesto que fue el propio capitalismo el que promovió la abolición de la esclavitud. Es verdad, asimismo, que fue reintroducida en el siglo XX por el comunismo, mientras que en el mundo no comunista el enorme peso de los Estados hace que haya sido identificados con regímenes feudales, con los contribuyentes como siervos.

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE

Las importaciones y el problema de los aranceles

Por Gabriel Boragina Publicado  el 27/3/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/03/las-importaciones-y-el-problema-de-los.html

 

“Todos los aranceles y tarifas aduaneras disminuyen el nivel de vida de la población receptora de los bienes que se deseaba ingresar puesto que, como queda dicho, la prohibición provoca un uso mayor de los siempre escasos recursos disponibles”[1]

Mayores bienes implican, consiguientemente, un más elevado nivel de vida. Aranceles altos involucran una virtual prohibición al ingreso de los bienes afectados al arancel, aunque también es posible que aunque los aranceles no sean tan onerosos en realidad, constituyan una verdadera “prohibición” en el sentido del impedimento que significa comerciar libremente, es decir -en este contexto- prohibición de un libre comercio. En tal caso, el arancel hace que la gente deba gastar más por el producto que desea adquirir y, lógicamente, un mayor gasto –a ingresos constantes- equivale a un menor nivel de vida, ya que las compras totales de los bienes que se podrán conseguir serán mucho menores.

“Respecto al tema laboral, se piensa equivocadamente que la completa eliminación de aranceles provocará desempleo. Muy por el contrario, la desaparición de las trabas al comercio exterior libera trabajo para desempeñarse en otras tareas inconcebibles hasta el momento puesto que estaba esterilizado en otras faenas. Esto es lo que ocurrió con el hombre de la barra de hielo cuando apareció el refrigerador o con el fogonero cuando se fabricó la locomotora diesel.”[2]

De la misma manera que el progreso tecnológico libera mano de obra para la satisfacción de necesidades de los consumidores que hasta ese momento estaban insatisfechas, la baja o directamente la supresión de los aranceles opera un efecto similar. La clave para entender este punto es internalizar que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, razón por la cual no hay una cuantía dada de trabajo para realizar. Eliminar aranceles hará que ingresen al mercado local nuevos productos que en muchos casos provocarán la misma reconversión laboral que la aparición de una nueva tecnología en el mercado local. Pero adicionalmente, a la par que se generarán nuevos puestos de trabajos en áreas que hasta ese momento no los requerían, el ingreso de nuevos productos tendrá como efecto una elevación de los ingresos de la ciudadanía, y un descenso en los precios.

“la abrogación de aranceles permite que los recursos humanos se empleen en otros campos que no era posible considerar mientras los aranceles congelaban la productividad”[3]

Como dejamos dicho, la eliminación del arancel libera mano de obra que antes estaba ocupada en actividades que -en rigor- eran antieconómicas debido a que por efecto del arancel debía destinarse a ellas una mayor erogación por unidad de producto. El arancel eleva los costos del artículo importado, obligando a que este se fabrique localmente (cuando ello es posible), demandado para tal fin mano de obra que -en caso contrario- estaría dedicada a otros rubros más necesarios que la sociedad demanda. Es decir, produce distorsiones en la distribución del empleo quedando necesidades insatisfechas. Suprimiendo el arancel la situación se reacomoda y vuelve a su cauce natural, en el que la demanda de empleo se ajustará a las reales necesidades de los consumidores.

Un efecto típico del arancel es el contrabando:

“El contrabando, en última instancia, subroga el librecambio. Sin aranceles no tendría lugar ni sentido alguno este comercio clandestino y no se trata de suscribir la peregrina idea de gradualmente liberar aranceles al efecto de “proteger la industria incipiente” que en las primeras etapas “puede no ser rentable”.”[4]

El contrabando aparece precisamente porque el gobierno impone trabas al libre comercio o directamente lo obstruye por completo contrariando los deseos de la gente que quiere comerciar e intercambiar al precio que el consumidor decide y no al que es del fruto del burócrata de turno. El mercado opera de cualquier modo, a pesar de los impedimentos que el gobierno de ordinario le pone en el camino, y si la gente se ve impedida de intercambiar por la vía legal lo haría de cualquier manera por otras vías alterativas, por mucho que el gobierno las declare ilegales. Es de esta manera que surge la figura denominada como contrabando. De no existir aranceles y los demás obstáculos que el gobierno crea, el contrabando dejaría de existir.

“Kenneth E. Boulding en su texto clásico sugiere que “para estudiar adecuadamente los aranceles debemos considerarlos como aumentos artificiales en el coste de transporte […] Lo mismo que los ferrocarriles son un dispositivo para disminuir el coste de transporte entre dos lugares, los aranceles son un dispositivo para aumentarlo. Así pues, un defensor razonable de los aranceles debe demostrar su lógica estando también dispuesto a defender el retorno a los tiempos del caballo y la diligencia” (Análisis económico, Madrid, Revista de Occidente, 1941/1947, p. 157).”[5]

El efecto del arancel es similar al de un impuesto al transporte, cuya consecuencia será la elevación del costo del mismo y, en definitiva, dicho costo se sumará al precio final del producto en cuestión, lo que encarecerá su adquisición, produciéndose los efectos señalados en la cita, más los que ya hemos enumerado antes. En suma, lo que se desea significar con todo el acierto que corresponde a la idea, es que lo que se ha ganado por el lado del desarrollo y crecimiento de los medios de transporte (lo que lleva implicada una notable disminución en los costos del mismo) se pierde -total o parcialmente- por efecto del arancel. Todo lo cual, implica retrotraerse a una situación muy anterior al del progreso tecnológico habido en los medios de transporte. Por lo que, el arancel representa retraso, además de un menor nivel de vida para el conjunto de la población que sufre el arancel.

[1] Alberto Benegas Lynch (h) “Homenaje a Juan Bautista Alberdi”. (Discurso pronunciado ante la Academia Nacional de Ciencias). Pág. 1

[2] Alberto Benegas Lynch (h) “Homenaje a Juan Bautista Alberdi “…Op. Cit. p. 2/3

[3] Alberto Benegas Lynch (h) “Homenaje a Juan Bautista Alberdi “…Op. Cit. p. 1

[4] Alberto Benegas Lynch (h) “Homenaje a Juan Bautista Alberdi “…Op. Cit. p. 1

[5] Alberto Benegas Lynch (h) “Homenaje a Juan Bautista Alberdi p. 2

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.