derroche de capital

Cuando un servicio público se convierte en enemigo del público

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 21/8/21 en: https://www.infobae.com/opinion/2021/08/21/cuando-un-servicio-publico-se-convierte-en-enemigo-del-publico/

En todo el esqueleto conceptual de la tradición de la sociedad libre el monopolio de la fuerza que denominamos gobierno es para proteger y garantizar derechos de las personas, una condición que es anterior y superior a la existencia del aparato estatal.

Sin embargo, observamos que los gobiernos se arrogan facultades que en esta línea argumental no les corresponden. Y no solo eso sino que se apropian de funciones que resultan ser contrarias al sentido mismo de su existencia. Y, como se ha hecho notar tantas veces, no vale sostener que esos abusos se han llevado a cabo merced al voto popular puesto que esta visión estrafalaria conduciría, por ejemplo, a justificar el régimen criminal nazi porque sus sicarios fueron entronizados en un proceso electoral. La democracia desde tiempos aristotélicos significa un sistema de libertad no de libertinaje. El voto tiene lugar en el contexto del derecho y consecuentemente de la igualdad ante la ley que es una idea inseparable a la de Justicia, es decir, el “dar a cada uno lo suyo”, que como también se ha hecho notar “lo suyo” remite a la propiedad de cada cual.

Habiendo hecho esta introducción, ilustramos en esta ocasión el desvarío estatal con el caso de las mal llamadas empresas estatales. La actividad empresarial por definición se traduce en arriesgar recursos propios en el emprendimiento y no recursos coactivamente detraídos del fruto del trabajo ajeno. Además, la así denominada empresa estatal inexorablemente significa alterar las prioridades de la gente puesto que se asignan los siempre escasos recursos en áreas distintas de lo que hubieran hecho de no haber mediado la compulsión. Y si se dijera que el gobierno hace lo mismo que lo que la gente hubiera hecho no es necesario el uso de la fuerza para tal fin con el ahorro de sueldos de burócratas, pero para saber cuales son las preferencias de la gente hay que dejarla actuar en libertad. De más está decir que si el organismo estatal en cuestión además es deficitario la situación se agrava considerablemente.

También, por las razones antedichas ese agente gubernamental que la juega de empresario siempre presta malos servicios puesto que deben compararse con lo que hubiera hecho la gente en ausencia de la referida imposición. En otros términos, no tiene el menor sentido decir que un emprendimiento comercial del aparato estatal es bueno si la gente hubiera preferido otra cosa. Es decir, carece de significación sostener que el aparato estatal brinda buenas bicicletas si la gente prefiere leche.

Es del caso subrayar que estos caprichos estatales perjudican a todos por lo que hemos destacado, pero perjudican muy especialmente a los más pobres puesto que el derroche de capital reduce de modo más contundente sus salarios en términos reales ya que recae sobre montos menores. Entonces, no se trata de un servicio público como se pretende alegar sino de acciones que se traducen en enemistades graves con el público.

La actividad empresarial no constituye un simulacro sino un proceso en el que cada empresario está obligado a atender las necesidades de su prójimo para obtener ganancias, de lo contrario incurre en quebrantos. Por el contrario, las faenas malsanas de gobernantes se perpetúan a costa de la succión del bolsillo ajeno.

Cómo hacer para desprenderse de estos lastres es otro cantar pues en esta materia, como en otras, lo relevante es tener claras las metas, hay muchas formas y variantes de sacarse de encima estos pesos insoportables que son causa de presiones tributarias colosales, inflaciones crónicas y endeudamientos astronómicos. Los métodos dependerán de las circunstancias pues el problema de las telarañas mentales radica en las metas que una vez comprendidas el resto se da por añadidura. Es curioso sin embargo que cuando alguien señala los problemas de las mal llamadas empresas estatales se repregunta a la persona en cuestión cómo haría para traspasarlas al sector privado con lo que se enganchan en una discusión interminable pero se pasa por alto el objetivo que es lo que realmente importa.

El mal denominado emprendimiento comercial gubernamental puede convertirse en sociedad anónima y venderse las acciones en la bolsa, subdividirse y venderse en trozos, rematarse al mejor postor nacional o internacional sin condiciones de ninguna naturaleza o simplemente liquidarse y disolverse pero, como queda dicho, lo trascendental es que se entienda que aquellas faenas son incompatibles con la naturaleza del monopolio de la fuerza, principalmente para ofrecer Justicia y seguridad que es lo que habitualmente no hace el Leviatán desbocado.

A veces se ha dicho que debe eximirse de este análisis cuando se trata de territorios que resultan inviables para el negocio privado que por tanto no atenderán. Pero es indispensable percatarse que si lo encara el sector estatal esto quiere decir que lo encaran a la fuerza otras personas puesto que ningún gobernante se desprende de sus ingresos para estas y otras misiones, es siempre sobre el vecino que recae la tarea de financiar. Entonces si el gobernante decide operar con recursos detraídos de la gente para estos fines reconociendo que son antieconómicos, debe tenerse muy en claro que el consecuente despilfarro ensanchará las áreas inviables hasta convertir a todo el país en inviable si se persiste en el despilfarro del fruto del trabajo ajeno.

Los ejemplos extremos de los embates y cosméticas hipócritas de servicios públicos se ven hoy en Cuba, Venezuela y Corea del Norte con sus imitadores que han arrastrado a las poblaciones a condiciones paupérrimas que finalmente no cuentan con los servicios públicos más elementales, todo en nombre de un bienestar que solo lo disfrutan los bandoleros que son los funcionarios estatales del momento a expensas del sufrido pueblo.

Es tragicómico que hayan esperpentos que pretenden contradecir estos ejemplos aberrantes declarando que se necesita sustituir a los actuales administradores de esos emprendimientos estatales por “buenos funcionarios”, sin darse cuenta que el problema no es para nada quien detenta esas funciones sino los incentivos y la naturaleza misma de la gestión privada frente a los que desean sustituirla por empleados que confiscan fondos de otros para encarar aventuras políticas.

Cierro esta nota periodística recordando lo que en ciencia política y economía se clasifica como “la tragedia de los comunes”, a saber, lo que es de todos no es de nadie. Hasta la forma en que se toma café y se encienden las luces no es la misma cuando pagamos las cuentas de nuestro peculio respecto a la situación en la que obligamos a otros a hacerse cargo de las facturas. Los incentivos son clave para adentrarse en el drama de las mal llamadas empresas estatales devenidas en “servicios públicos”. Y en este plano de análisis es de gran relevancia recordar lo escrito por Frederic Bastiat en su obra titulada La Ley: “Cuando la ley y la moral se encuentran en contradicción, el ciudadano se encuentra en la cruel disyuntiva de perder la noción de la moral o perder el respeto a la ley”.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

El fracaso de los acuerdos de precios y salarios

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 4/1/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1859088-el-fracaso-de-los-acuerdos-de-precios-y-salarios

Dado que el Presidente solicitó que se le adviertan sus errores, es bueno recordar que los controles de las variables del mercado por parte del Estado siempre han producido efectos negativos que postergan la recuperación de la economía.

Si realmente queremos ayudar al Gobierno que acaba de asumir, debemos seguir el consejo del Presidente en ejercicio que en su alocución inaugural afirmó que hay que alertar sobre posibles errores. De eso se trata, salimos de una degradación superlativa de las instituciones republicanas y los indicadores económicos más relevantes han quedado sumamente dañados.

Es muy saludable el espíritu de conciliación, de retomar relaciones normales con el mundo, rechazar políticas nefastas como el tristemente célebre caso iraní, sancionar debidamente la corrupción, tender al federalismo fiscal y asegurar la elemental seguridad de las vidas y las haciendas de todos. Es muy necesaria la referencia a la independencia de la Justicia y espero se confirme la idea que ahora se está considerando de rectificar el procedimiento inaceptable para cubrir dos vacantes en la Corte.

Pero para no remontarnos más atrás, desde Diocleciano hasta la fecha han fracasado rotundamente todos los intentos de establecer «precios cuidados» (un eufemismo para precios máximos). El pretendido control de precios, aunque sea circunstancial, siempre produce cuatro efectos centrales que no sólo postergan la recuperación sino que agravan la situación.

Primero, cuando el precio se establece a un nivel inferior al que hubiera estado en el mercado, naturalmente se expande la demanda. Segundo, en el instante inicial, por el hecho de que la demanda se expande no aparece una mayor oferta, por tanto se produce un faltante artificial. Tercero, los productores marginales, los menos eficientes, al reducirse su margen operativo desaparecen del mercado, con lo que se agudiza el referido faltante. Y cuarto, al alterarse los precios relativos y consecuentemente los indicadores de los diversos márgenes operativos, artificialmente surgen otros reglones como más atractivos y, por ende, se invierte en áreas que en verdad no son prioritarias, lo cual se traduce en derroche de capital que, a su vez afecta salarios e ingresos en términos reales.

Lo mismo va para el reiterado «acuerdo de precios y salarios» que se ha aplicado sin solución de continuidad en nuestro país desde el intento corporativo de los años 30. El tema consiste en arreglar los desaguisados fiscales y monetarios -en el contexto de reducir el tamaño del aparato estatal- a los efectos de transferir recursos a los bolsillos de la gente. En el interín, no se deben adoptar políticas que, como queda dicho, comprometen aún más la situación lamentable que recibe el nuevo gobierno ni dejarse tentar por tomar más deuda para mantener la gigantesca estructura gubernamental que carcome la productividad de todos.

En El espíritu de la Revolución Fascista, donde se recopilan los discursos de Mussolini, después de hacer una apología del corporativismo concretado en acuerdos de precios y salarios, el «Duce» sostiene que esa es la manera en que «hemos sepultado al Estado democrático [.]. A ese viejo Estado que enterramos con funerales de tercera, lo hemos sustituido por el Estado corporativo». Esos acuerdos «entre el capital y el trabajo» son reiterados en el manifiesto fascista de Verona y copiados por los populismos de toda laya con los resultados conocidos.

Es que la estructura de precios en un mercado libre y competitivo no depende de la voluntad de empresarios ni de gremialistas sino de las valorizaciones cruzadas de los consumidores que, a su turno, están vinculadas en términos nominales con el valor de la moneda, que mantiene un estrecho correlato con la expansión de la base monetaria provocada por la banca central.

Constituye una torpeza mayúscula el asignar un significado peyorativo a la especulación puesto que no hay ser humano que no especule, es decir, que pretenda pasar de una situación a su juicio desfavorable a una que le proporcione mayor satisfacción. La madre especula que su hijo estará mejor, el que estudia especula con que recibirá el título, el comerciante especula con una ganancia. No hay acción sin especulación.

Ahora bien, los precios no se incrementan a puro rigor de expectativa o especulación, se elevan debido a la antes mencionada expansión monetaria o debido a una caída en la productividad. Si un comerciante tiene la expectativa o especula que sus costos de reposición se elevarán debido a la inflación y, por ende, aumenta los precios, se producirá uno de dos resultados: o el comerciante tenía razón y la moneda convalidó esa suba o se equivocó, en cuyo caso, debe reducir sus precios si pretende mantener sus ventas, de lo contario verá que se contraen.

Es de interés aprender de la historia y no tropezar con la misma piedra, dados los repetidos antecedentes en materia de control de precios y absurdos acuerdos de precios y salarios, como si un grupo de capitostes reunidos en un cuarto, concentrando ignorancia, pudiera sustituir los millones de arreglos contractuales en un contexto de conocimiento disperso y fraccionado.

Y nada de machacar, como se ha hecho en el pasado, con que se trata de medidas transitorias mientras se sale del pozo, porque de ese modo se profundiza el pozo. Las leyes de asociaciones profesionales y convenios colectivos fue calcada por Perón de la Carta del Lavoro de Mussolini y, desde ese momento, ningún gobierno la abrogó con el propósito de usar el movimiento obrero en provecho propio. Los sindicatos son muy útiles en una sociedad abierta, pero la figura de la «personería gremial», a diferencia de la personería jurídica, conduce a todo tipo de abuso en perjuicio principal de los más necesitados.

La característica central del fascismo es permitir que los particulares registren la propiedad a su nombre, aunque la use y disponga de ella el gobierno, en la práctica, a través de regulaciones omnicomprensivas con que el aparato estatal maneja el flujo de fondos de las empresas «privadas» que en realidad están privadas de toda independencia.

Sabemos que el político no puede articular un discurso que la opinión pública no pueda digerir. Por eso, el problema medular es educativo. No puede pretenderse que se asuma la tradición alberdiana, pero por lo menos puede sugerirse que no se repitan errores gruesos para no darle la razón a Aldous Huxley en el sentido de que «la lección de la historia es que no se aprendió la lección de la historia».

Milton Friedman ha consignado en el primer capítulo de su libro La tiranía del status quo que lo que un gobierno no hace en los primeros seis/nueve meses no lo hace nunca. No hay tiempo que perder si es que deseamos fervientemente el éxito de la actual gestión gubernamental.

No se trata de quejarse cuando ya es tarde, sino de razonar con calma y ponderadamente.

Es pertinente subrayar lo dicho por el nuevo Presidente en su acto de asunción respecto de que apunta al logro de la «justicia social». Esta expresión tan manoseada puede tener sólo dos significados: o es una grotesca redundancia ya que los minerales, los vegetales o lo animales no son sujetos de derecho y, por ende, la justicia sólo es humana, léase social; o bien se traduce en sacarles a unos lo que les pertenece para entregarlos a quienes no les pertenece, lo cual constituye la antítesis de la justicia en el sentido de «dar a cada uno lo suyo».

En este último contexto es que el premio Nobel en economía Friedrich Hayek ha escrito que el adjetivo «social» aplicado a cualquier sustantivo lo convierte en su antónimo: justicia social, derechos sociales, constitucionalismo social, etc.

Es bueno que miembros del actual elenco gobernante se hayan pronunciado por la importancia de contar con marcos institucionales civilizados y será ardua la tarea parlamentaria en busca de los necesarios consensos para revertir lo sucedido hasta el momento, pero parte fundamental de esos marcos consiste en no enredarse en acuerdos corporativos que se encuentran en las antípodas de un sistema republicano, donde deben primar los arreglos contractuales entre las partes siempre que no lesionen derechos de terceros.

Nuestro país está agotado y consumido por décadas y décadas de populismo y demagogias que operaron bajo las más diversas denominaciones pero en todos los casos bajo el paraguas del común denominador de agrandar las funciones gubernamentales que no sólo se alejan sino que contradicen sus funciones primordiales de garantizar las libertades de todos. Evitemos las iniciativas archiconocidas y fracasadas estrepitosamente y que se apartan de los objetivos comunes del bienestar general.