Carta a mis consubditos argentinos

Por Aldo Abram: Publicado el 20/4/21 en: https://www.infobae.com/opinion/2021/04/20/carta-a-mis-consubditos-argentinos/?outputType=amp-type

El presidente Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández

A algunos les llamará la atención que no haya puesto conciudadanos en el título. Es porque ello significaría que nos asumimos como ciudadanos; lo cual implicaría ser miembro activo de un Estado en el que los derechos y libertades fundamentales son garantizados por su Constitución. Para que así sea, es necesario que rija plenamente una Democracia Republicana; lo cual, no solamente implica el derecho a votar a nuestros gobernantes y legisladores, sino que los poderes que se les delegan a quienes son electos tengan límites y controles cruzados para que no sean usados para avasallar los derechos de quienes se los delegaron. Dado que esos límites están en nuestra Constitución Nacional, es obvio que nadie puede estar por encima de ella; porque implicaría tener el carácter de monarca y los monarcas tienen súbditos. Los derechos de estos últimos no derivan de su dignidad humana, sino que les son concedidos por el Soberano que los gobierna.

Desde un punto de vista formal, la Argentina es una Democracia Republicana y Constitucional. Sin embargo, no siempre las instituciones formales son las que rigen un país, sino que dominan las informales que es lo que aquí sucede. Poco a poco, los políticos que llegan a los sucesivos gobiernos o las legislaturas se han ido acostumbrado a que no existen límites para las decisiones que pueden tomar. Esto surge de una cultura en la cual, cuando se vota, se elige un líder mágico e iluminado que resolverá milagrosamente todos los problemas. De hecho, nos quejamos del Congreso y lo acusamos de “escribanía”; porque “se aprueba lo que manda el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) sin discutir, con el voto favorable de su fracción y aliados y con el de la oposición en contra”. Sin embargo, cuando elegimos legisladores lo hacemos con listas sábanas de gente a la que no conocemos; pero las colocamos en la urna porque responden a un determinado líder o partido. Entonces, ¿por qué nos llama la atención que respondan a éstos, que los pusieron en la lista, y no a los intereses de quienes los votaron?

Por otro lado, es lógico que los legisladores estén siempre dispuestos a delegarles a los Presidentes facultades que, según la Constitución, no pueden cederle. En definitiva, “la gente no lo votó a él para que resuelva todos los problemas, pues hay que cederle todos los resortes del poder para que pueda hacerlo”. Como vemos, nuestros representantes y gobernantes no hacen otra cosa que actuar en base a la misma cultura “paternalista” predominante en la sociedad que los ha elegido.

Esta degradación de la calidad institucional argentina viene dándose desde hace décadas y en la medida que la gente va dejando avanzar a los gobiernos en la búsqueda de maximizar su poder. Esto puede explicarse como una infección que se expande en la medida que los anticuerpos cívicos se van debilitando y, por lo tanto, va corrompiendo gradualmente las instituciones. También, con el ejemplo de la rana que, si una la tira en una olla con agua hirviendo, salta y se escapa; pero, si el líquido está frío y luego se lo va calentando, la rana se acostumbra y termina hervida.

En el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional se establecen los derechos y garantías que tenemos los ciudadanos y que no pueden ser avasallados por los gobernantes ni los legisladores. Entre ellos, el de circular libremente que restringe el DNU presidencial recientemente emitido, que imponiendo un “toque de queda” justificado en una emergencia de salud surgida de la pandemia. Éste es un típico ejemplo de lo que se comentara en los párrafos anteriores. Si uno busca en la Carta Magna algún artículo en el que se otorgue al Presidente la facultad para suspender esos derechos y garantías por un “toque de queda” o una emergencia, no lo va a encontrar.

El artículo 23 de la Constitución sí permite suspender dichos derechos en el marco de la declaración de un Estado de Sitio, que es en definitiva lo que está imponiendo el DNU presidencial; pero evitando reconocerlo y haciéndolo en forma inconstitucional. En primer lugar, establece que es facultad del Congreso, que debe sancionarlo por ley, y sólo podría decretarlo el Presidente si este no estuviera en funcionamiento o por una emergencia en la que no hubiera tiempo para reunirlo. Pues tenemos un Parlamento que está funcionando y que podría sesionar rápidamente para tratar una ley en una situación de gravedad. Además, un Estado de Sitio sólo se justificaría en caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella. Sin duda, es muy discutible que ese sea el caso actualmente; pero, en todo caso, debería decidirlo el Congreso.

Por lo tanto, queda claro que el DNU presidencial es inconstitucional; pero lo que más llama la atención es que el resto de nuestros representantes, que hemos votado como gobernadores o legisladores, no estén haciendo nada para que el PEN cumpla con las limitaciones a su poder que emanan de la Constitución. Sin embargo, deja claro que ellos comparten la cultura paternalista que considera que, a quien es electo Presidente, se le debe conceder la suma del poder público para que resuelva los problemas de la Argentina; lo cual está expresamente prohibido en el artículo 29 de la Carta Magna, aclarando que quien así lo haga será penado como infame traidor a la Patria.

Conclusión, si los argentinos estamos dispuestos a dejar que quien elegimos Presidente esté por encima de la Constitución Nacional; lo que tendremos al final será una monarquía electoral que nos permitirá elegir a quién rija nuestros destinos a su arbitrio por un plazo determinado de tiempo. Lamentablemente, está demostrado que, quien ostenta semejante poder, termina destruyendo la Democracia para mantenerse indefinidamente en su cargo, como sucedió en Venezuela. O sea que, si estamos dispuestos a dejar que nuestros derechos y garantías dependan de la voluntad de quien ejerce el PEN, independientemente de lo que mande la Carta Magna; por lo menos seamos honestos y asumámonos como lo que en realidad somos, súbditos.

Aldo Abram es Lic. en Economía y fue director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima-Eseade) .

La cultura del saqueo como fuente de nuestra decadencia económica

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 26/9/17 en: http://www.infobae.com/opinion/2017/09/26/la-cultura-del-saqueo-como-fuente-de-nuestra-decadencia-economica-2/

 

Con este esquema el país no puede crecer a largo plazo, en base a inversiones, porque nadie invierte para ser saqueado.

La corrupción y el clientelismo generaron un sistema de destrucción de la riqueza en la Argentina.
La corrupción y el clientelismo generaron un sistema de destrucción de la riqueza en la Argentina.

Si se confirman los pronósticos que dan ganador al oficialismo, tanto en la provincia de Buenos Aires como en los distritos electorales con mayor peso electoral, el presidente Mauricio Macri no tendrá la mayoría en ambas cámaras pero habrá acumulado un capital político nada despreciable, que le otorgará un margen de maniobra más amplio, para llevar adelante reformas estructurales que nos permitan entrar en una senda de crecimiento de largo plazo.

Que hoy varios indicadores económicos estén dando bien no quiere decir que sean sostenibles en el tiempo. A modo de ejemplo, y salvando las distancias, Cristina Fernández logró mostrar durante un tiempo un fuerte aumento del consumo, pero basado en artificios económicos que hacían que ese aumento no fuera sustentable en el tiempo. Es la famosa herencia recibida.

Esperemos, entonces, que con ese mayor capital político, Macri comience a cambiar el discurso y, sobre todo, el rumbo económico. Lo que sirve para ganar las elecciones no necesariamente sirve para crecer en el largo plazo.

Mi visión es que la economía argentina tiene por delante dos grandes problemas. Uno, el de solucionar la cuestión estrictamente económica. Déficit fiscal, inflación, distorsión de precios relativos, tipo de cambio real, etcétera. El otro es la política económica de largo plazo. Cambiar por completo la política económica apuntando a crear las condiciones necesarias para atraer inversiones, incrementar la productividad de la economía, generar más demanda de trabajo y así comenzar un ciclo de crecimiento de largo plazo.

Pero claro, esas condiciones necesarias para atraer inversiones requieren de algo que vengo repitiendo hasta el hartazgo: calidad institucional. Me refiero a las reglas de juego, códigos, leyes, normas, costumbres que regulan las relaciones entre los particulares y de estos con el Estado.

Lo que hoy tenemos es un sistema de saqueo generalizado. El Estado es el gran saqueador que luego decide a quien le da parte del botín. Es el que a su antojo reparte el botín del saqueo. Pero ojo, esto no es nuevo en Argentina. Nuestra larga decadencia tiene como germen esta «cultura»por la cual todos pretenden vivir a costa del trabajo ajeno y usan el  monopolio de la fuerza del Estado para que saquee a otros y luego les transfiera a ellos parte del botín. El kirchnerismo ha llevado hasta niveles insospechados esta cultura del saqueo y, a mi entender, el gran desafío de Macri consiste en empezar a desandar ese nefasto camino que se ha traducido en un gigantesco gasto público con la correspondiente presión impositiva, que ya nadie puede negar que está destruyendo la economía argentina.

¿Qué quiero decir con cultura del saqueo? No me refiero solamente a la legión de gente que recibe los llamados planes sociales y se sienten con derecho a ser mantenidos por el resto de la sociedad o a la legión de ñoquis que permanecen en el estado, sino también a que buena parte de la dirigencia empresarial local (de capitales argentinos y extranjeros) pretenden parte del botín pidiendo proteccionismo, créditos subsidiados y otros privilegios que les evite competir. Quieren un mercado cautivo para vender productos de mala calidad y a precios que no podrían cobrar en condiciones de una economía abierta para obtener utilidades extraordinarias.

Además hay sectores profesionales que actúan como corporacionesdirigentes políticos, sindicales, etcétera, que pretenden también vivir de ese saqueo generalizado.

La política económica que impera en nuestro país se basa en esta regla por la cual diferentes sectores recurren al Estado para que este, utilizando el monopolio de la fuerza, le quite a otro para darles a ellos.

Es todos contra todos. Una sociedad que vive en permanente conflicto social porque el que es saqueado por el Estado pide algo a cambio y, entonces, el Estado saquea a un tercero para conformarlo y ese tercero protesta y el Estado saquea a un cuarto sector para conformar al tercero y así sucesivamente. Obviamente que los que menos poder de lobby tienen son los perdedores de este modelo de saqueo generalizado.

Con este esquema el país no puede crecer en base a inversiones porque nadie invierte para ser saqueado. En todo caso hace un simulacro de inversión para luego saquear a otro. Pero inversiones en serio, aquellas que tratan de conseguir el favor del consumidor son mínimas con estas reglas. Es más, casi tienden a cero.

En consecuencia, no tenemos un sistema de cooperación voluntaria y pacífica por el cual un sector solo puede progresar si hace progresar a sus semejantes produciendo algún bien que la gente necesite y vendiéndolo en el mercado a precio y calidad competitivos. Por el contrario, tenemos un sistema de destrucción de riqueza. De destrozo del sistema productivo. Y eso se traduce en menos bienes para ser saqueados y repartidos. Cuanto más saquee el Estado, menos se produce, menor es el botín a repartir y mayor la conflictividad social.

Las recurrentes crisis económicas argentinas son el fruto de esta cultura del saqueo. Cuando se acaba el botín viene la crisis y empezamos de nuevo, pero no cambiamos la cultura de fondo.

El mayor problema que tenemos que enfrentar es cambiar esta cultura del saqueo por la cultura del trabajo, de la competencia, de la innovación. No es cierto que el país no esté en condiciones de cambiar esta cultura decadente. Que sea imposible llevar a cabo un cambio de estas nefastas reglas de juego sin evitar una crisis social. Eso es lo que venden los políticos que prefieren seguir teniendo el poder de saquear porque saqueando pueden retener poder político. Saqueo a unos pocos y reparto entre muchos y así gano votos, es decir, kirchnerismo en estado químicamente puro.

Podremos discutir hasta el hartazgo si gradualismo fiscal o baja del gasto público. Si hacemos una reforma impositiva que atraiga inversiones o continuamos con la cantinela de que primero hay que recaudar más para luego bajar los impuestos y delirios de ese tipo.

Ahora, lo que seriamente tenemos que plantearnos es si vamos a seguir usando al Estado para robarnos unos a otros (el robo legalizado, como lo llamaba Bastiat) o le ponemos un límite en que el monopolio de la fuerza que le delegamos es para defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas y no para que lo use para saquear en nombre de la solidaridad social. Verso también inventado por los políticos para decir que tienen el monopolio de la benevolencia y así seguir saqueando a los sectores productivos para repartir el fruto del saqueo y ganar votos.

En síntesis, terminar con esta competencia populista en que se ha transformado la democracia en Argentina y volver a una democracia republicana.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Dujovne: ¿Un ministro liberal?

Por Iván Carrino. Publicado el 29/12/16 en: http://inversor.global/2016/12/dujovne-un-ministro-liberal/

 

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El flamante Ministro de Hacienda escribió a favor de abrirse al comercio, bajar impuestos, reducir el poder sindical y congelar el gasto público. ¿Se viene el liberalismo?

En el año 2014 estuve en Ecuador, invitado por la Universidad San Francisco de Quito a un evento para conmemorar los 15 años de la dolarización. Uno de los paneles los compartí con el prestigioso economista, Lawrence White, quien fue consultado acerca del rol de los economistas en la política pública.

La respuesta de White fue bien concreta: los economistas están en la gestión pública para alertar a los políticos acerca de lo que no deben hacer. Así, frente a los planes megalómanos de los  políticos en  funciones, los economistas deben enfatizar las restricciones presupuestarias y las consecuencias no intencionadas de las políticas intervencionistas.

Por ejemplo, si el  gobierno quiere imponer un precio máximo, el economista le dirá que eso generará escasez y que mejor no tomar dicha medida. Si el gobierno, por otro lado, desea regalar viviendas a los necesitados, ahí estará el economista para sostener que eso implicará un aumento del gasto público que deberá financiarse con más impuestos, afectando el crecimiento económico.

Es en este marco donde siempre genera preocupación la salida de un Ministro de Economía. Durante los últimos años especialmente, la salida de los ministros o altos funcionarios del área económica del kirchnerismo implicaba eliminar un obstáculo a la hora de profundizar el intervencionismo.

Fue el caso de Lavagna, cuando gobernaba Kirchner, o de Martín Redrado, presidente del Banco Central durante el mandato de CFK.

Sin embargo, el cambio decidido por el gobierno de Macri hace pocos días no generó ningún nerviosismo. Además, tampoco parece implicar un mayor intervencionismo. De hecho, sería todo lo contrario.

Quien asumirá como Ministro de Hacienda a partir del lunes es Nicolás Dujovne, ex economista jefe del Banco Galicia y conocido por sus columnas periódicas en el Diario La Nación y en la señal de televisión Todo Noticias.

Su rol como columnista hace fácil la tarea de averiguar quién es y cómo piensa el futuro funcionario.

A la luz de sus notas, es probable pensar que estemos frente a un ministro contrario al intervencionismo y que entienda el valor de la libertad económica.

Nicolás Dujovne siempre fue crítico con kirchnerismo. En una nota de julio de 2015, lo definió como “un nacionalismo populista que expandió el gasto público y la influencia del Estado tanto como pudo, apropiándose para ello de cuanta caja se le cruzó por el camino” y que “cuando las cajas ‘heterodoxas’ se agotaron, los mecanismos de estiramiento del no ajuste se tornaron más costosos y derivaron en la imposición de medidas cada vez más disfuncionales (el cepo, las restricciones a las importaciones)”

Con elegancia y suavidad en los términos, la crítica de Dujovne no deja de ser demoledora.

Otro de los temas que tocó fue el debate por el tipo de cambio. El 26 de septiembre de este año sostuvo que el tipo de cambio no era el problema fundamental de la competitividad argentina, sino “los altísimos costos del transporte interno, el proteccionismo y la presencia de numerosos impuestos muy distorsivos”.

En su nota apuntó directamente contra el sindicalismo y especialmente al gremio de Camioneros, que “controla 15 ramas de actividad, que van desde todo el transporte de cargas por camión a nivel nacional e internacional, la logística petrolera, la distribución de alimentos…”.

Respecto del proteccionismo y la política comercial, Dujovne sostiene que trabar importaciones impide exportar, debido a que incrementa el costo de los insumos:

Si todos los insumos cuestan más en la Argentina, sólo les podemos exportar manufacturas a países con una estructura de protección similar a la nuestra, es decir, con insumos caros. No es casual que 60% de las exportaciones industriales de la Argentina vayan a Brasil, país con el que compartimos la anticuadísima estructura arancelaria que determina el Mercosur.

Otro problema que destaca del proteccionismo es el alto precio que pagan las familias por bienes como la indumentaria, la electrónica y los juguetes. Una economía más libre implicaría, de acuerdo al flamante Ministro:

… un fuerte aumento del ingreso disponible de las familias. A nivel macroeconómico, aumentar el ingreso disponible de las familias por esta vía implicaría un mayor nivel de inversión, y a nivel microeconómico, habría más familias capaces de acceder a una vivienda, de mejorar la educación de sus hijos o de ahorrar dinero en el banco o gastar en otros bienes: nacerían empresas que aún no conocemos y que nadie defiende.

Concluyendo que “sólo podemos ir en una dirección: más apertura, más competencia y mejores salarios.”

Amén.

El 5 de septiembre, el nuevo ministro también abordó la cuestión fiscal, y sostuvo que había tres claves para tener un país normal: banco central independiente, democracia republicana y un “fisco bajo control”.

En esa nota destacaba que el gobierno de Cambiemos tenía los dos primeros elementos dentro de su cartera,  pero que todavía faltaba para controlar al fisco. Dos semanas después, afirmaría que el gobierno jugaba “al fleje” en esta materia, sugiriendo que el exceso de gradualismo era una estrategia riesgosa.

Para combatir el déficit público, de sus notas se extrae que el gobierno debería tener una menor cantidad de empleados públicos y que, como Brasil, debería congelar el gasto en términos reales, al menos hasta 2026.

Las ideas que esbozó Dujovne durante este último tiempo como columnista de La Nación son todas muy razonables y necesarias para que la economía del país crezca de manera sostenible en el futuro.

Argentina necesita menos costos de producción, más apertura comercial y un sector público más chico. Sobre el nivel del gasto público, a uno le gustaría que, en lugar de congelarse, bajara en términos reales, pero debemos celebrar que un ministro de Hacienda esté dispuesto a debatir en serio sobre este tema.

La duda que tengo es si, en su rol de Ministro de Hacienda podrá llevar a la práctica siquiera alguna de estas ideas. La política es un mundo difícil y hoy en día deberá coordinarse con al menos otros 7 ministerios, un jefe de gabinete y dos vicejefes que toman todas las decisiones.

Dicen que cuando los teóricos y analistas llegan al poder, dejan las convicciones en la puerta de los ministerios. Esperemos que no sea éste el caso de Nicolás Dujovne.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

Buenas ideas y coraje: lo que necesita Mauricio Macri

Por Iván Carrino. Publicado el 10/12/15 en: https://igdigital.com/2015/12/buenas-ideas-y-coraje-lo-que-necesita-mauricio-macri/

 

Después de muchas idas y venidas, finalmente llegó el día en que Mauricio Macri comenzará su presidencia de manera oficial. La economía será un tema central en su discurso inaugural y durante toda su gestión, ya que la herencia que recibe no es para nada nada liviana.

 

Al final, luego de 4583 días en el ejercicio del poder, el kirchnerismo entregará el mando a Mauricio Macri. Como es de público conocimiento, el traspaso no fue nada sencillo, y los detalles del mismo pertenecen más al género de la novela o la ciencia ficción que al de la política y la democracia republicana.

Ahora bien, así como Cristina decidió dejar el poder, también decidió dejar la economía: con problemas urgentes que el nuevo gobierno deberá resolver.

Déficit fiscal e inflación

El problema más evidente es la inflación. El ritmo de aumento de los precios en Argentina está entre los más acelerados del mundo. En 2014 nuestra inflación fue 8 veces el promedio mundial, mientras que este año esa diferencia se reduciría a “solo” entre 5 y 6 veces.

La pérdida del poder adquisitivo de la moneda está explicada principalmente por la emisión monetaria destinada a cubrir el déficit fiscal. El desequilibrio entre ingresos y gastos del gobierno acumulado a septiembre ascendió a ARS 236.000 millones, por lo que a fin de año se encontraría en las cercanías de los ARS 400.000 millones (un 7% del PBI).

Economía reprimida

La de Argentina es una economía reprimida, asolada no solamente por la galopante inflación, sino por una maraña de regulaciones y controles que impiden su normal funcionamiento.

Entre los controles destaca el famoso “cepo cambiario” que, en sus 4 años de vigencia, demostró ser un espectacular fracaso. En primer lugar, porque convirtió en delincuentes a una enorme cantidad de argentinos que lo único que querían hacer era resguardarse de la inflación. En segundo lugar, porque al fijar el precio del dólar por debajo de su verdadero valor, devastó al sector exportador y dinamitó los incentivos (ya bajos) para invertir en el país.

Finalmente, debe decirse que ni siquiera desde el punto de vista de los gobernantes el cepo tuvo algún efecto. A pesar de que la medida se tomó para evitar una devaluación y cuidar las divisas, Argentina es el país de la región en el que más subió el dólar desde el año 2011 (excluyendo Venezuela) y el que más reservas perdió (incluso más que Venezuela) desde el cepo hasta hoy.

Estancamiento económico

Este derrotero de malas ideas, malas políticas y peores resultados tuvo su correlato en la producción. Si se consideran las previsiones del FMI para este año, el crecimiento de la economía argentina estará entre los más bajos de la región entre 2011 y 2015, solo superando a Brasil y Venezuela.

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Como puede apreciarse, la situación económica que encontrará el nuevo presidente no es para nada alentadora.

Frente a ella, Macri deberá contar fundamentalmente con dos cosas: buenas ideas, por un lado, y mucho coraje, por el otro.

Necesita buenas ideas porque hay recetas que son mejores que otras para que las economías crezcan de manera sostenible y ha quedado demostrado que la del aumento del gasto público financiado con emisión monetaria e hiperregulación no es una de ellas. En este sentido, necesita dar un giro de 180 grados hacia una economía más libre y capitalista.

También necesitará coraje, porque a la hora de la implementación de estas ideas, en el corto plazo es probable que haya resultados que a muchos no les gusten, como la suba de algunos precios o la mayor competencia internacional.

Sin embargo, no estaría mal que, por una vez, comencemos a pensar en el mediano y en el largo plazo. De hecho, de haber hecho esto antes, hoy no estaríamos discutiendo estos problemas, sino que tendríamos una economía con baja inflación, alto ritmo de crecimiento y un considerablemente menor nivel de pobreza.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

Ajuste es liberar a la gente de la tiranía estatal

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 27/4/15 en: http://economiaparatodos.net/ajuste-es-liberar-a-la-gente-de-la-tirania-estatal/

 

Si va a haber ajuste o no, no es tema que esté en debate

En medio de esta campaña electoral puedo entender perfectamente que los políticos de la oposición que no digan casi nada sobre lo que piensan hacer si ganan las elecciones. No nos engañemos, aún si CF hubiese logrado un tercer mandato tendría que hacer un flor de ajuste en la economía, pero dadas las características del kirchnerismo, ese ajuste hubiese sido en forma autoritaria y utilizando la violencia. Es decir, todos sabemos que esta destrucción económica es insostenible en el tiempo,  pero claramente nadie va a animarse a ser el primero en decir que se acabó la fiesta de consumo.

De manera que, insisto, entiendo que la oposición mantenga silencio de radio al respecto, aunque con ese silencio de radio le deja todo el campo libre al kirchnersimo para seguir vendiendo su relato. En fin, problemas de estrategia política. En última instancia no puedo negar que, lamentablemente, las reglas del juego que imperan hoy día en la política son las de una desenfrenada competencia de populismo. Como el objetivo es conseguir votos a cualquier costa porque los votos definen quien tiene el poder en esta democracia desvirtuada que tenemos, nadie se anima a formular propuestas muy sensatas, porque desarmar el andamiaje de clientelismo político que armó el kirchnerismo no es cosa que pueda anunciarse tan fácilmente.

¿Por qué los que estamos dentro del sistema formal somos saqueados impositivamente? Porque el kirchnerismo hizo el cálculo de a cuántos tiene que saquear con impuestos para sostener el clientelismo. Y esa cuenta da que los saqueados impositivamente somos muchos menos que los que viven del saqueo que el estado hace de nuestros trabajo. En otras palabras, si la vigencia de los derechos individuales se define por el voto, lo que buscó el kircherismo es tener el favor de una amplia mayoría en detrimento de una minoría a la que se la explota impositivamente.

Yo diría que lo del kirchnerismo es una clara violación a los derechos humanos porque, en principio, no confisca toda la propiedad, sino que, inteligentemente, confisca la riqueza que producimos. De esa manera, por imperio de la mayoría del voto, una minoría somos explotados como esclavos. Producimos para sostener toneladas de los llamados planes sociales, que son una importante fuente de clientelismo político. Y también producimos para sostener miles de empleados públicos a nivel nacional, municipal y provincial.  Empleados públicos que no generan riqueza pero que viven del fruto del trabajo de los que producen y están dentro del sector formal de la economía. Claramente es un sistema de esclavitud basado en el monopolio de la fuerza que otorga la mayor cantidad de votos. Por eso los populistas insisten con que el voto da derechos infinitos al que los obtiene. Porque de esa manera pueden transformarse en tiranos. Buscan que la democracia sea un vehículo para elegir tiranos en vez de administradores de la cosa pública. Por eso si alguien protesta cuando los que son elegidos por el voto abusan del poder, señalan al que protesta como golpista. El viejo truco de hacerse los ofendidos y atacados cuando en rigor son ellos los que atacan y se levantan contra el orden constitucional al no respetar los límites que la constitución le establece a los gobiernos.

Ahora bien, a diferencia del sector privado que tiene que obtener sus ingresos ganándose el favor del consumidor, el sector público obtiene sus ingresos por la fuerza. Utilizando el monopolio de la fuerza que le delegamos para que defienda nuestro derecho a la vida, la libertad y la propiedad se apropia del fruto de nuestro trabajo.

En un país en el que impera la democracia republicana, el estado no cobra impuestos de acuerdo al límite que la sociedad tolera sin rebelarse, sino que cobra impuestos para financiar las funciones para las cuales fue creado el estado.

En un estado populista se busca llegar al límite de la expoliación hasta transformar en esclavos a los que están dentro del sistema formal.

Cuando se habla de ajuste todos piensan en que el sector privado va a sufrir porque lo van a explotar. En rigor, el ajuste que hay que llevar a cabo es el de terminar con la esclavitud impuesta por el estado sobre una parte de la población para que sostenga al resto, que es la que le otorga los votos para mantenerse en el poder.

El ajuste que hay que hacer es que los de La Cámpora dejen de vivir del trabajo ajeno y empiecen a producir algo que la sociedad demande.

El ajuste significa que todos aquellos que viven de planes “sociales” tendrán que ir a trabajar ni bien se produzca un flujo de inversiones que creen puestos de trabajo. Correctamente censados, los beneficiarios de un plan trabajar, serán debidamente informados de los puestos de trabajo que vayan apareciendo. Sus opciones serán aceptar el trabajo y vivir de su sueldo dejando de recibir el plan social o bien no aceptar el puesto de trabajo que se le ofrece y también perder el subsidio “social”.

El desafío del próximo gobierno es gigantesco aunque no imposible. Para atraer inversiones no solo hay que eliminar el cepo (algo que no es tan complicado como pretenden vender algunos economistas que se dedican a la política) y recuperar la confianza en el derecho de propiedad, también hay bajar la carga tributaria para atraer inversiones y eliminar el déficit fiscal para tener estabilidad de precios. Para eliminar el déficit fiscal hay que lograr una baja importante del gasto público que es básicamente gente que vive del trabajo ajeno y la corrupción en la obra pública. Es decir, eliminar el déficit fiscal con reducción de impuestos requiere de una fenomenal baja del gasto público. El que diga que puede sostener este nivel de gasto miente descaradamente porque el sector formal ya no está en condiciones de seguir financiando esta locura de gasto público.

El ajuste va a venir por las buenas o por las malas. Por las buenas implica recortar el gasto público en todos aquello que no genera bienestar a la población y no son funciones propias del estado. Por las malas implica licuarlo con lo cual sigue habiendo un estado sobredimensionado pero que no le sirve nadie porque aquellas funciones que tiene que cumplir el estado no puede hacerlas porque le  licuaron los ingresos.

En síntesis, si va a haber ajuste o no, no es tema que esté en debate. La cuestión es si el ajuste es liberar a la gente la opresión estatal o dejar que los políticos sigan exprimiendo a la gente productiva para sostener, por un tiempo más, el clientelismo político que, transitoriamente le da respaldo al poder tiránico del estado.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Un delincuente es un delincuente: con votos o sin votos.

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 26/10/14 en: http://economiaparatodos.net/un-delincuente-es-un-delincuente-con-votos-o-sin-votos/

En una democracia republicana el voto no es otorgado para autorizar un saqueo generalizado vía el estado.

En una de sus defensas matinales de lo indefendible, Capitanich dijo, refiriéndose a alguna declaración que se había formulado en IDEA, que se presentaran a elecciones para ver quién tenía razón. El kirchnerismo no tiene mejor argumento para defender sus ideas que someter todo a votación. Como si los votos dieran la razón. Si así fuera, el genocidio de Hitler estuvo sujeto a derecho porque fue elegido por el voto popular.

El mismo argumento utilizó CF cuando en 2008, en medio del conflicto de la 125, dijo por cadena que a pesar de haber tenido el 45% de los votos iba a mandar al Congreso un proyecto de ley, para aprobar el incremento de la carga tributaria sobre el sector agropecuario. Semejante afirmación dejó al descubierto sus inclinaciones autoritarias o su profunda ignorancia de lo que es un estado de derecho.

En efecto, en primer lugar nuestra Constitución establece que es el Congreso de la Nación el que establece la carga tributaria, no el poder Ejecutivo, así que al mandar un proyecto de ley no le estaba haciendo ningún favor a nadie ni estaba otorgando ninguna concesión. Solamente tenía que cumplir con la ley. No es prerrogativa del Ejecutivo establecer impuestos.

En segundo lugar, el hecho de tener el 45% de los votos no la convierte en monarca que le da derecho a decidir sobre la vida y la fortuna de los habitantes de país. El artículo 29 de la constitución nacional es muy claro al respecto. Textualmente dice: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

En una democracia republicana el voto no es otorgado para autorizar un saqueo generalizado vía el estado. Es solo un mecanismo pacífico para elegir a determinadas personas que, por un tiempo determinado, tendrán como función administrar la cosa pública, sometidas al estado de derecho. Es decir, gobiernos subordinados a la ley.

En nuestro país, y también en muchos países del mundo, se ha desvirtuado por completo el sentido del voto, transformándolo en una forma de elegir a nuestros propios dictadores. Puesto de otra manera, cuando el gobernante utiliza el monopolio de la fuerza que se le delegó y viola el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas, pierde toda legitimidad y no solo se levanta contra el orden constitucional sino que pasa a ser un delincuente como cualquier otro que usa la fuerza para violar derechos.

En su ensayo La Ley, Bastiat distingue entre el robo común y el robo legalizado. Dice Bastiat que el estado no puede hacer algo que si lo hiciera un particular constituiría un delito.

Por ejemplo, si un grupo armado impide que nuevos empresarios compitan con algún grupo ya establecido, eso es un delito que debe ser sancionado. Ahora, si el grupo ya establecido recurre al estado para que sancione una ley que les prohíba a nuevos empresarios competir con los que ya están establecidos, también es un delito porque el estado es cómplice del grupo ya establecido violando el derecho a ejercer toda industria lícita en beneficio del grupo ya establecido. De esta manera, no solo crece la corrupción porque nadie que esté en la función pública va a otorgar semejante beneficio en forma gratuita, sino que además, el estado se convierte en un delincuente más. Y un delincuente es un delincuente con votos o sin votos. Los votos no convierten un acto ilegítimo en legítimo. Los votos no transforman una violación de derechos en estado de derecho.

En nuestro país hoy rige lo que algunos llaman democracia delegativa y que antes Hayek había distinguido entre democracia (gobierno sujeto a ley) y democracia ilimitada en la cual quienes acceden al poder por medio del voto terminan usando e monopolio de la fuerza para violar derechos y establecer la corrupción, o en su momento lo que Karl Popper escribió en La Sociedad Abierta y sus Enemigos. Este es un tema que viene de larga data.

Ya los padres fundadores de EE.UU. estaban preocupados por limitar el poder del gobierno. Veían que al otorgarle el monopolio de la fuerza a un grupo reducido de personas, se podía caer en un sistema autoritario.

El problema fundamental es que si el voto decide la legitimidad de los actos de gobierno aunque estos violen derechos de tercero, se cae en una competencia de populistas para ver quien promete saquear con mayor intensidad los derechos de una minoría para favorecer a una mayoría circunstancial.

Si la democracia se limitara a votar y el que más votos tuviese pasara a tener derechos absolutos sobre los ciudadanos, me declararía abierta y categóricamente antidemocrático.

El mundo en general tiene un problema con este tema de los votos y el monopolio de la fuerza, pero en Argentina, al igual que en Venezuela y en otros países de América Latina, parece haber una estupidez suprema al respecto.

En síntesis, tener más votos no da la razón. Los votos son un sistema pacífico de cambio de gobierno que para no ser autocrático tiene que respetar el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Y si viola esos derechos es una autocracia y un delincuente, con votos o sin votos. Pero delincuente al fin porque comete el robo legalizado del que hablaba Bastiat.

Es más, y con esto cierro la nota, me preocupa más el robo legalizado de los gobiernos que el de los ladrones comunes. De estos últimos es más fácil defenderse.

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Cuando el voto puede derivar en dictadura

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 11/8/13 en http://economiaparatodos.net/cuando-el-voto-puede-derivar-en-dictadura/

El voto por sí mismo no es sinónimo de democracia republicana. El voto puede derivar en una dictadura cuando la gente pretende usar al Estado para expoliar a sus semejantes

Por lo menos en mi ideal, el voto solo sirve para cambiar pacíficamente a quienes van a administrar, transitoriamente, la cosa pública, pero siempre limitados a defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas.

El acuerdo es que en una sociedad, la gente se desarma voluntariamente y les otorga el monopolio de la fuerza a las personas elegidas para cumplir con la función mencionada en el primer párrafo. Por eso el concepto de Estado limitado. Un Estado subordinando a la ley y con límites claros sobre qué puede hacer y qué no puede hacer con ese monopolio de la fuerza.

Lamentablemente ese concepto ideal de democracia republicana se ha desvirtuado en muchos países que dicen ser democráticos, transformándose en un aparato de robo legalizado, violación de derechos individuales y todo tipo de atropellos. La trampa en que hemos caído consiste en limitar el concepto de democracia republicana a solamente el acto de votar.

Al desvirtuarse el concepto del voto, se ha transformado el ideal de democracia republicana, en un sistema de expoliación, corrupción y violación de derechos, sustentado en una mayoría circunstancial de votos.

Citando una vez más a Bastiat, en su gran ensayo La Ley, dice el autor francés refiriéndose a la expoliación legal: “¿Cómo reconocerla? Es muy sencillo. Hay que examinar si la ley quita a algunos lo que les pertenece, para dar a otros lo que no les pertenece. Hay que examinar si la ley realiza, en provecho de un ciudadano y en perjuicio de los demás un acto que aquel ciudadano no podría realizar por si sin incurrir en criminalidad”.

Supongamos que un fabricante de salchichas va con un grupo armado a la frontera e impide pasar a comerciantes que traen salchichas de otro país, argumentando que su competencia está destruyendo su industria. Ese fabricante, en un estado de derecho, iría preso por violar el derecho a ejercer el libre comercio, la libertad de terceros, al tiempo que estaría violando el derecho de los consumidores a elegir qué producto quiere comprar.

Ahora, supongamos que estamos en un país en que quien fue elegido para administrar la cosa pública sale en defensa del fabricante que utilizó el grupo armado y sanciona una ley prohibiendo la importación de salchichas. ¿En qué situación estamos? En que el Estado se ha transformado en un delincuente, que hace el trabajo sucio del fabricante de salchichas, pero en nombre de una ley que fue votada por una mayoría circunstancial. En ese caso tenemos la expoliación legal a la que hace referencia Bastiat.

Otro ejemplo, supongamos que un dirigente sindical va con un grupo armado a la salida de una fábrica y a todos los obreros que salen de la misma los obligan a entregar un porcentaje de su sueldo argumentando que ese grupo armado le va a prestar el servicio de salud. Nuevamente, en un estado de derecho ese dirigente sindical iría preso. Pero si el dirigente sindical convence a los gobernantes para que sancionen una ley que obligue a los trabajadores a entregarle al dirigente sindical una parte de sus ingresos para que les preste el servicio de salud, la sociedad tiende a verlo como un acto legal, cuando en realidad el Estado se ha transformado en un simple ladrón asociado al dirigente sindical.

Veamos un tercer ejemplo. En este caso, un candidato a administrar la cosa pública convence a una parte del electorado de que ellos son pobres porque otros son ricos, por lo tanto, de llegar al poder le quitará a los ricos para darle a los pobres. En rigor suele pasar que haya gente pobre porque otros son ricos. Sin embargo, estos casos ocurren cuando los funcionarios del Estado se roban los recursos públicos y/o desincentivan la inversión que genera puestos de trabajo, mejora la productividad y eleva los salarios. La pobreza es fruto de la ausencia del estado de derecho y de la corrupción.

Pero ese candidato en particular no va a decir toda la verdad, solo dirá la verdad a medias. Nunca dirá que hay pobres por falta de calidad institucional y corrupción. Nuevamente, una parte del electorado se sentirá con derecho a ser mantenido por gente que trabaja honestamente, y votará para que el Estado les quite compulsivamente parte de sus ingresos a los que trabajan para sostener a los que se consideran que tienen derecho a vivir a costa del trabajo de otros. Nuevamente, el Estado roba en nombre del otro bajo el argumento que los votos que obtuvo lo autorizan a violar los límites en el uso del monopolio de la fuerza.

Los tres ejemplos anteriores son lo que Bastiat denomina la expoliación legal. Cuando esta expoliación legal se extiende a muchos campos de la economía y se transforma en políticas públicas, cada vez son más los que pretende vivir a costa de privilegios, subsidios, protecciones y todo tipo de prebendas. Esta situación desestimula la cultura del trabajo, la inversión, al desarrollo de la capacidad de innovación, el esfuerzo personal por superarse y la economía entra en un sendero de menor producción, más ineficiencia y pobreza, generando más demandas de mayor expoliación legal. Podríamos decir que en este modelo de organización social, el candidato a administrar la cosa pública basa su éxito político en fabricar pobres a los que convence que tienen derecho a vivir de los que trabajan.

Pero como la economía genera cada vez menos riqueza, para sostener su poder, el administrador tiene que incrementar la expoliación legal, lo cual exige no solo quitarle una parte cada vez mayor a los sectores que producen, sino violar derechos individuales, como la libertad de expresión para que las voces disconformes no denuncien el abuso del monopolio de la fuerza para violar el derecho a la propiedad.  Normalmente, a la violación del derecho de propiedad le sigue la violación al derecho de expresión y la violación a los derechos individuales para que la gente no se resista a que el Estado les robe en nombre de la ley. El que se opone a ser robado por el Estado pasa a ser un delincuente, y el delincuente, el Estado desvirtuado, pasa a ser el justiciero.

Semejante organización social puede surgir de considerar que el voto otorga libertad de acción sin límites a los gobernantes deriva, inevitablemente, en una dictadura, tema magistralmente explicado por Hayek en su libro Camino de Servidumbre. Cuando se tolera que quienes administran el Estado usen el monopolio de la fuerza para violar los derechos que debía proteger, se da el primer paso a una sucesión de expoliaciones legales hasta que se llega a una situación de descontento popular que solo puede ser frenado transformando la democracia en una dictadura que puede llegar a tener niveles de violencia insospechados.

En definitiva, el voto por sí mismo no es sinónimo de democracia republicana. El voto puede derivar en una dictadura cuando la gente pretende usar al Estado para expoliar a sus semejantes. Y como siempre habrá candidatos a administrar la cosa pública, dispuestos a violar los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, la democracia republicana siempre estará en riesgo de sus enemigos. Solo un pueblo con fuertes valores republicanos, que prioriza la cultura del trabajo, el esfuerzo personal y el respeto por los derechos de los otros miembros de la sociedad estará a salvo de los enemigos de la democracia.

Por eso el título de esta nota, si una mayoría circunstancial no tiene esos valores, el voto puede transformarse en el mecanismo “legal” para establecer una dictadura.

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA)y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Carlos Floria (1929-2012)

Por Enrique Edmundo Aguilar. Publicado el 21/11/12 en http://www.elimparcial.es/sociedad/carlos-floria-1929-2012-114591.html

El domingo 18 de noviembre, a los ochenta y tres años, murió el destacado intelectual argentino Carlos Floria. Nacido en Buenos Aires, Floria era Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la UBA y su larga trayectoria académica en ámbitos públicos y privados se vio coronada en la Universidad de San Andrés donde fue nombrado profesor emérito.

Entre otros antecedentes, cabe señalar que Floria fue becario Eisenhower y Fulbright, investigador en el Woodrow Wilson International Center, miembro de la Comisión Pontificia Justicia y Paz, miembro asimismo de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, y embajador de la Argentina ante la Unesco entre 1996 y 1999. También serán recordados sus vínculos con la Fundación Ortega y Gasset, su clave actuación como consejero de la revista Criterio y sus colaboraciones en La Nación y otros medios gráficos entre los que llegó a contarse El Imparcial. Autor de libros y numerosos ensayos y artículos, su obra más divulgada es sin duda Historia de los argentinos (escrita en colaboración con César García Belsunce) que lleva ya varias reediciones cada una en versión actualizada. Además de la historia, la ciencia política fue la disciplina que mejor cultivó y en la que contribuyó a formar a varias generaciones de estudiantes.

Como su admirado Raymond Aron, Floria fue ante todo un hombre moderado, cualidad que presidió su conducta y su reflexión. También fue un hombre de fe, compromiso que supo sostener junto con una adhesión igualmente firme a los ideales de la democracia republicana. Para una semblanza más completa, a estos rasgos visibles de su personalidad deberían agregarse su hombría de bien, su incansable curiosidad y el generoso trato que dispensaba hasta al más ocasional de sus interlocutores. En este sentido, cabe decir que Floria encarnaba al verdadero caballero de que hablaba John Henry Newman, siempre preocupado “por hacer sentir a todos a gusto y en casa”.

Así me hizo sentir durante los años en que tuve el privilegio de gozar de su amistad, su consejo y su grata conversación. Floria era, en efecto, un extraordinario conversador, una persona con la que era posible compartir ratos inolvidables en los que el deseo de escuchar cedía fácilmente a la invitación a ser también partícipe, nunca supeditaba a ninguna requisitoria ni a la búsqueda de una conclusión compartida. Por eso, conversar con Floria era disfrutar de una experiencia libre, una relación que no requería ni se proponía el asentimiento.

Como escribió en estas horas José Claudio Escribano, llama la atención que algo tan elemental para la convivencia democrática como es la disposición a conversar deba ser destacado. Y, sin embargo, este rasgo “asume estatura virtuosa” en un país en el cual el diálogo civilizado se ve diariamente amenazado por la intolerancia. Un motivo fundado, pues (entre muchos otros), para recordar a Floria.

 Enrique Edmundo Aguilar es Doctor en Ciencias Políticas. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la UCA y Director, en esta misma casa de estudios, del Doctorado en Ciencias Políticas. Profesor titular de teoría política en UCA, UCEMA, Universidad Austral y FLACSO,  es profesor de ESEADE y miembro del consejo editorial y de referato de su revista RIIM.