Los planes sociales agravan la pobreza

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 13/3/2020 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/03/03/los-planes-sociales-agravan-la-pobreza/?utm_medium=Echobox&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3Vb8nrEFbRSoSyhZZcmlfyJPFOfCncEnfjO5f2WYnUuGnJ-aZlyRB6IBM#Echobox=1583231705

 

zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, SEPTIEMBRE 27: La pobreza trepó al 27,3% en el segundo semestre. Foto NA: DANIEL VIDESzzzz

Si hay algo que este sistema de democracia ilimitada, como la denominaba Friedrich Hayek, no ha logrado desde que se volvió a votar en democracia en la Argentina, es quebrar la pobreza. Por el contrario, la tendencia es a aumentarla y a consolidarla, agravando algunos aspectos que hacen a la viabilidad del un país, con algunas chances de progresar.

En la Argentina se ha instalado la cultura de la dádiva y mucha gente se ha acostumbrado a vivir del trabajo ajeno, considerando esa forma de vida como un derecho adquirido. Hay gente que se siente con derecho a no trabajar y a que otros los mantengan. Y ya van generaciones que crecen viendo a sus padres sin trabajar viviendo de planes sociales, con lo cual toman como algo normal que otro los tenga que mantener.

Si bien es complicado armar una serie histórica de la pobreza en Argentina dado que en una época el indicador no se publicaba en forma sistemática porque se consideraba “estigmatizante”, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner; y, finalmente, también fue cambiando la metodología de medición, lo cierto es que, juntando los datos disponibles con son más consistentes, la tendencia es al alza, más allá de los picos inflacionarios de 1989 y del salto inflacionario de principios de 2002, cuando la pobreza alcanzó niveles del 54% de la población.

Estos problemas de pobreza fueron encarados con crecientes planes sociales de todo tipo. Desde AUH, pasando por pensiones no contributivas que incluye a la aparición de más de 1 millón de inválidos más sin que hubiese una guerra, un terremoto o un tsunami y ahora la tarjeta alimentaria para llegar a la tarjeta alimentaria actual.

Respecto al tema de la crisis alimentaria, el dato que mejor puede acercarse a una estadística seria es la de indigencia, mide a la cantidad de familias que no tiene ingresos suficientes para comprar una canasta básica para su grupo familiar.

Sobre este dato, se escucha en algunos medios comentarios de todo tipo sin comparar estadísticas que permitan tener una dimensión de la situación. Por ejemplo, en la crisis del 2002 la indigencia golpeaba al 27,5% de la población urbana. El último dato del Indec marca un 7,7% de población urbana indigente.

El presupuesto destinado a emergencia alimentaria fue, en 2002, de $13.000 millones a precios de hoy. Llama la atención que, ahora, el Gobierno destine $70.000 millones en tarjetas alimentarias para una indigencia que es menos del 30% de la que había en 2002, es decir 5 veces más recursos a valores constantes.

Pero volviendo al punto inicial: ¿más planes sociales resuelven el problema de la pobreza o lo agravan?

De acuerdo a los datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, en 2019 el 33,4% de los hogares recibía algún plan social. Puede observarse que entre 2010 y 2015 el gobierno kirchnerista pasó de darle planes sociales del 24,4% de los hogares al 30,8%, es decir, 6,4 puntos porcentuales más. Cambiemos aumento ese porcentaje 2,6 puntos porcentuales. En total, se pasó de entregarle planes sociales al 24,4% de los hogares en 2010 al 33,4%. 9 puntos porcentuales más y a pesar de ello más pobreza.

Si se toman los datos por población, se verá que en 2019 el 44% de la población recibía algún plan social. ¡Estamos hablando de 21 millones de personas!

O sea, casi 11 puntos porcentuales más de la población reciben planes sociales. Con estas políticas que no tienen límites en el tiempo y no se exige ninguna contraprestación laboral seria a cambio, es lógico que se estimule el no trabajar y el pretender vivir del trabajo ajeno.

Al mismo tiempo, las políticas económicas con fuerte redistribución del ingreso y abundante burocracia, generan todos los estímulos posibles para que la gente no produzca o bien tenga bajos grados de productividad, y en muchos casos se crean puestos de trabajo en el estado en oficinas que entorpecen el trabajo del sector privado quitándole productividad.

Si al crecimiento de los planes sociales que muestran los gráficos anteriores se le suma el aumento del empleo público en las provincias, que entre 2003 y 2017 creció, en promedio, el 70%, tenemos que el 46% de la población recibe plata de 12 millones de personas que trabajan en blanco. Esto y pavimentar el camino a la pobreza es exactamente lo mismo.

Con semejante peso del Estado sobre el sector productivo, las inversiones seguirán brillando por su ausencia. No hay manera de atraer inversiones con la carga tributaria que exige semejante cantidad de gente recibiendo plata del contribuyente, y menos con la maraña de regulaciones actuales, legislación laboral e intrincado sistema tributario.

"La maraña de planes sociales y empleo público no son el camino indicado para terminar con la pobreza" (NA)

Es definitivamente falso que este “asistencialismo” basado en planes sociales esté paliando la pobreza. Claramente la aumenta porque crea las condiciones para que la cultura de la dádiva prevalezca sobre la cultura del trabajo.

Este asistencialismo, no solo genera más pobreza, sino que va creando una perversa cultura por la cual hay gente que se siente con derecho a ser mantenida por un reducido grupo de personas que todas las mañanas se levanta para ir a trabajar, haga frío, calor, llueva, haya piquetes o paro de transporte.

En síntesis, queda claro que esta maraña de planes sociales y empleo público no son el camino indicado para terminar con la pobreza, por el contrario, condena a la Argentina a ser cada vez más pobre y, tal vez, hasta un estado fallido si seguidos por este camino.

Lejos están los planes sociales de ser la solución al problema de la pobreza, por el contrario, la agravan.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE. Síguelo en @RCachanosky

Un gobierno no subordinado a la ley es un gobierno sin ley

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 4/8/13 en http://economiaparatodos.net/primer-objetivo-impedir-que-se-haga-legal-la-dictadura/

Primer objetivo es frenar que la dictadura sea “legal”

Creo que Argentina vive una situación no prevista por el derecho constitucional. En general se entiende que un gobierno electo por el voto de la gente debe subordinarse al orden constitucional. Recordemos que las constituciones modernas, cuyo origen más remoto es la Carta Magna de 1215 que le estableció ciertos límites al rey Juan sin Tierra, se establecieron para defender a los ciudadanos del poder que se les otorga a los gobiernos. Por eso la división de poderes. El Ejecutivo administra, el legislativo legisla y el Judicial es la garantía que ninguno de los dos anteriores viole los derechos individuales.

Lo atípico que vivimos en Argentina, no es que el legislativo apruebe leyes que van contra la Constitución Nacional. Lo atípico es que el Ejecutivo no acate muchos de los fallos de la justicia o directamente viole las normas que ellos mismos impulsan. En rigor el Ejecutivo es unipersonal, así que en este caso particular sería, ella. El ejemplo más categórico lo vimos en los últimos días. La presidente haciendo actos partidarios en beneficio de sus candidatos cuando la misma ley que ella impulsó para las PASO, se lo prohíbe. Sin inmutarse continuó ignorando la ley.

Claro, mientras el legislativo consienta este tipo de burlas a la ley y sancione leyes que solo buscan atraer el apoyo de mayorías circunstanciales, entramos en el terreno de lo desconocido. Como dice Hayek cuando se presentan este tipo de casos de legislaturas que aprueban cualquier ley y consienten el atropello del Ejecutivo al orden jurídico: “llamar ley a todo lo que los representantes electos de la mayoría resuelven, y describir como ‘Gobierno bajo la ley’ a todas las directivas emitidas por ellos es una mala broma. Es un gobierno sin ley. Es un mero juego de palabras sostener que, mientras la mayoría apruebe los actos del gobierno, la norma jurídica prevalecerá” Y agrega: “La norma legal se considera como una protección a la libertad individual, porque significa que la coerción era permisible solamente para hacer cumplir las normas generales de conducta individual igualmente aplicables a todos, en un número desconocido de casos”.

Lo que nos dice Hayek es que la ley tiene que ser general, es decir no se aplica para ciertas personas o grupos de personas, y que se aplicará por igual, en el futuro en los casos en que se viole. Ejemplo, se aprueba una ley castigando la corrupción. Esa ley no está dirigida a nadie en particular ni a determinados cantidad de casos futuros. La ley solo establece cuándo hay corrupción y cuáles deben ser las sanciones a cada caso que se produzca en el futuro, cantidad de casos desconocidos que ocurrirán al momento de sancionarse la ley.

Hayek distingue entre democracia y democracia ilimitada. Lo que le preocupa es la democracia ilimitada, que no es otra cosa que ausencia de un gobierno sometido a la ley, sino la ausencia de ley o, dicho de otra manera, un gobierno que hace uso del monopolio de la fuerza para violar los derechos individuales valiéndose de una mayoría circunstancial de votos es ausencia de ley.

En rigor, Argentina ha tenido gobierno elegidos por el voto que han sido populistas y entraron en el campo de la democracia ilimitada. Lo novedoso es que nunca habíamos tenido un gobierno que llevara al límite ese concepto de democracia ilimitada, salvo el Perón de 1946-55.

Como el Perón del 55, hoy Argentina está en una situación que ningún constitucionalista puede prever: ¿qué ocurre cuando un gobierno elegido por el voto de la gente, disponiendo del monopolio de la fuerza, se alza contra el orden constitucional? O, más precisamente, utiliza ese monopolio de la fuerza para violar los derechos individuales e ignorar los fallos de la justicia. Si la justicia no tiene el poder coercitivo de hacer cumplir sus fallos, entonces la justicia queda en una mera expresión de voluntad y entramos en la dictadura.

Hoy el kirchnerismo-cristinismo acata sin mucho entusiasmo algunos fallos de la justicia y otros los ignora o directamente ignorar la ley, o sanciona decretos insólitos como el de la regulación del mercado de capitales, por el cual el Ejecutivo puede intervenir una empresa sin una orden judicial.

¿Por qué cada tanto insisten con modificar la constitución? Una de las razones que pueden esgrimir es que Cristina Fernández es irremplazable, lo cual hablaría muy mal de la visión que tienen de una república, donde las personas que ocupan cargos públicos son perfectamente reemplazables porque las que organizan un país son las instituciones, entendiendo por tales, las reglas, las normas, los códigos que regulan las relaciones entre las personas y de estas con el Estado, quedando el Estado limitado en el uso del monopolio de la fuerza para defender el derecho a la vida, la propiedad y la libertad de las personas. Limitar al Estado es defender los derechos individuales. Defenderlos de los abusos del poder político de turno.

Pero volviendo a la pregunta, me parece que hay otra idea detrás de la reforma constitucional además del Cristina for ever. Está la idea de poner por escrito una constitución que establezca una dictadura. Es decir, el objetivo sería hacer “legal” el abuso del monopolio de la fuerza. La arbitrariedad del gobernante tendría rango constitucional. Para decirlo más directamente, lo que no consiguieron en los 70 con las bombas y los tiros, pretenden lograrlo ahora con una reforma constitucional. Pero aun asumiendo el remoto caso en que lograran establecer una constitución que le de rango constitucional a la arbitrariedad de los gobernantes, no por ello dejaría de ser una violación a los derechos individuales e ilegítima por la sencilla razón que una mayoría circunstancial no tiene derecho a violar los derechos de una minoría circunstancial. Los derechos individuales son anteriores a la existencia del Estado.

Guste o no, y el kirchnerismo-cristinismo lo sabe, lo que está en juego es el intento por establecer una dictadura disfrazada de constitucional. Cumplir con la formalidad de poner por escrito el  establecimiento de una dictadura. Hacer como que hay democracia pero con poderes absolutos propios de las antiguas monarquías.

El gran interrogante que se presenta en el futuro inmediato es qué hará el kirchnerismo-cristinismo si no logra obtener los 2 tercios de los miembros del Congreso para reformar la Constitución, ya que han dado acabadas muestras de no respetar la ley o sancionar leyes y decretos claramente inconstitucionales, aclarando que, para lo que ellos quieren es perfectamente lógico. Ellos no creen en la democracia republicana. Creen en el poder absoluto, sea por negocios personales o por ideología.

El punto es si pacíficamente aceptarán que no habrá re reelección. Es más, en el tiempo que queda hasta el 2015 y considerando la delicada situación económica, podemos asistir a los atropellos a los derechos individuales más extremos.

Por su parte, la oposición solo podrá frenar la re reelección, pero no podrá evitar el deterioro de la economía porque no administra el país, al menos todavía.

Hoy estamos en una situación intermedia no prevista por la Constitución. Un gobierno que no la respeta los derechos individuales y utiliza el monopolio de la fuerza para violarlos simulando legitimidad por vía de los votos. Ellos lo saben, aunque obviamente no lo van a decir. Y lo saben porque ese es su pensamiento.

Sin re reelección el escenario post 2015 puede varias, aunque tampoco me hago muchas esperanzas de tener un gobierno limitado en serio. Habrá menos arbitrariedades, pero falta mucho para recuperar el espíritu de la república concebido por grandes pensadores como, por ejemplo, John Locke.

La pregunta que todavía nadie sabe cómo responder es: ¿cómo soportará el país un gobierno al que le quedarían dos años de poder, que considera que el voto mayoritario otorga impunidad para abusar del monopolio de la fuerza, con una economía en el medio de un tembladeral y con la certeza de que, sin el manejo del poder luego de 2015, los escándalos de corrupción pueden llegar a transformarse en sanciones ejemplares?

El límite todavía puede ponerse en las próximas elecciones. Lo que desconocemos es cuál será la revancha que se tomará el gobierno contra una sociedad que le puso ese límite, si lo impone.

Si el oficialismo consiguiera los 2/3 para reformar la constitución tendríamos una dictadura “constitucional”. Si no los consigue habrá venganza.

En todo caso, para no terminar en forma pesimista, ese costo de poner un límite en octubre, aun asumiendo la venganza, será menor al que habría que afrontar si se reformara la constitución para poner por escrito que Argentina se ha transformado en una dictadura.

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA)y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Pruebas de la esclavitud de baja intensidad

Por Pablo Guido. Publicado el 19/3/13 en http://chh.ufm.edu/blogchh/

 Hayek afirmaba que “…no es el modelo democrático en sí, sino su variante de tipo ilimitado, lo que, en mi opinión, puede llegar a resultar tan opresivo como cualquier otro gobierno arbitrario”. Es decir, la democracia podría, en función de los intereses de la mayoría, oprimir la libertad individual y los derechos de la minoría. De esta manera, para limitar los poderes del gobierno y proteger los derechos individuales surge el denominado Estado de Derecho el cual supone el imperio de la ley (normas generales, abstractas, conocidas y ciertas). Donde aquella está ausente las libertades de las personas se ven reducidas, no garantizadas, pisoteadas por aquellos que detentan el gobierno o aquellos a los cuales el gobierno les transfiere algún tipo de privilegio.

 En Argentina hace décadas que el Estado de Derecho brilla por su ausencia, en menor o mayor medida. Actualmente y desde hace ya una década que se ha profundizado este problema. Los siguientes son algunos extractos de la entrevista que le hicieron a un empresario argentino, presidente de la empresa Shell, en el cual aquel cuenta la persecución que ha sufrido en los últimos años:

 

“El rol de un dirigente está vinculado con cumplir con sus obligaciones, pero también con exigir que se respeten sus derechos”.

  • “Aquellos empresarios que aceptaron (la violación de sus derechos) no cumplieron con su rol; privilegiaron lo conveniente y no lo correcto…”
  • “Esa complacencia va a tener resultados que irán en contra del que la estuvo usufructuando”.
  • “Espero que lleguemos a tiempos brillantes en los que podamos hablar todos en voz alta, de decir lo que pensamos y no tengamos miedo”.

 Carlo Cipolla escribió La decadencia económica de los imperios, donde describe los casos del imperio romano, del imperio bizantino, del imperio español, entre otros. En el primer capítulo del libro Cipolla ensaya una teoría general de la decandencia y escribe: “Si el espíritu público decae y el espíritu de cooperación falta, cualquier programa de renovación tiene escasas posibilidades de éxito”. Palabras que pintan de cuerpo entero los problemas que hace tiempo y fundamentalmente hoy sufre la sociedad argentina para poder intentar romper con el statu quo que le pone barreras al surgimiento de un ámbito donde las libertades individuales se garanticen y el poder del gobierno esté limitado.

Pablo Guido se graduó en la Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE. Es Doctor en Economía (Universidad Rey Juan Carlos-Madrid), profesor de Economía Superior (ESEADE) y profesor visitante de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). Investigador Fundación Nuevas Generaciones (Argentina). Director académico de la Fundación Progreso y Libertad.

 

Argentina: El problema es el modelo K, no el mercado

Por Adrián O. Ravier. Publicado el 3/5/12 en: http://www.elcato.org/argentina-el-problema-es-el-modelo-k-no-el-mercado

En este artículo explicaba que Axel Kicillof es un académico serio y que el debate sobre YPF-Repsol es de ideas, no de personas. Mi opinión es que es un error del diario La Nación —el más leído de Argentina junto a Clarín— concentrar la atención en “Kicillof persona”, sea como marxista o sea como keynesiano, y que mejor sería refutar sus ideas, que lamentablemente hoy dominan en la política argentina.

Al respecto quiero poner atención en las palabras del Vice-Ministro de Economía en dos de sus últimas presentaciones.

En el primero de ellos, Kicillof explica —a sólo 48 hs de la nacionalización de YPF— que los empleados de la empresa recibieron muy bien la iniciativa de nacionalización, lo cual él entiende es un fenómeno social que se percibe en toda la Argentina.

Quizás me equivoque, pero mi impresión es que Kicillof entiende que el consenso que él percibe en la sociedad sobre las medidas que se toman, lo avalan a tomar una política inconstitucional. Y digo inconstitucional, no porque ignore que la constitución nacional contempla la posibilidad de expropiar en determinadas circunstancias, sino porque el procedimiento no se ha cumplido como la Carta Magna dicta. En este sentido, este gobierno cae en la democracia ilimitada, no republicana, (donde las mayorías avanzan sobre las minorías) en el que un fin justifica todos los medios, y que tanto daño le hacen a la imagen institucional del país.

Un segundo argumento de Kicillof es señalar que una empresa como Repsol-YPF que opera en varios países al mismo tiempo, pueden —y de hecho lo hicieron— explotar recursos de un país como la Argentina para invertir en otros mercados más atractivos. Al hacer esto, Argentina pierde reservas de petróleo y esto pone en jaque a toda la estructura productiva. Es por ello, que Kicillof entiende que la expropiación está justificada.

Pero lo cierto es que Argentina hace tiempo —bastante antes de la llegada de Kicillof— que practica políticas proteccionistas que buscan aislar al país de los capitales extranjeros. Al hacer esto, ofrecen un claro mensaje a los capitales extranjeros que todavía operan en el país —por herencia del noventismo— que la “fiesta” terminó, y que tarde o temprano se tomarán medidas en contra de sus negocios. Bajo este escenario K, es lógico pensar que los capitales extranjeros deben hacer sus valijas, tomar sus cosas e irse. Así, vemos que la nacionalización de Repsol-YPF es una consecuencia lógica del modelo K, que cambian las reglas de juego sobre las cuales Repsol invirtió en el pais. Y de ahí se deduce la mayor amenaza de este modelo, que a cada paso requiere de profundizar con nuevas medidas que constantemente dañarán las instituciones del país.

Y éste es a su vez, el mayor problema del modelo K, al pensar que la economía argentina puede desarrollarse de forma aislada, sin necesidad de capitales extranjeros, ni inversión, lo que contradice los principios básicos de la economía. Argentina vive una burbuja en la que se supone que no hay escasez, porque abundan recursos tributarios provenientes de la soja y recursos heredados de las “pensiones menemistas”, sin embargo, el modelo estará necesariamente limitado por las restricciones internas del modelo, al cual además, el mundo empieza a cerrarle las puertas.

Como un nuevo argumento hacia el aislamiento de la economía argentina, Kicillof agrega —también en este primer video— que el precio del petróleo es mundialmente “especulativo” y que depende de tantos factores ajenos a la Argentina, que hacen peligrar el futuro económico del modelo K. Kicillof dice abiertamente que el precio del crudo en Argentina tiene que estar aislado de factores externos.

Esto me recuerda a la “fatal arrogancia” y la “ingeniería social” a la cual Friedrich Hayek le dedicó tanta atención. Como primera pregunta: ¿Puede el gobierno aislar el precio del petróleo? ¿Por cuánto tiempo puede hacerlo? Estas son las reglas de juego que el modelo K le quería imponer a Repsol y a las cuales lógicamente la empresa desistió. Durante los últimos años Repsol-YPF se vio limitada en sus exportaciones de crudo para vender en el interior del país este mismo producto a un precio mucho menor que el del mercado internacional. Esto lógicamente cambia los números de la empresa. Repsol invirtió en la explotación de petróleo esperando venderlo a un precio internacional. Cuando el gobierno cambió las reglas de juego, claramente el negocio desapareció. Lo más lógico entonces era vender el crudo ya explotado al precio que el gobierno permite, pagar dividendos a los accionistas para recuperar la inversión realizada y esperar que el gobierno al poco tiempo expropie la compañía. Se dirá que estos capitales sólo miran el negocio y no los intereses productivos del país, pero yo más bien me pregunto cuánto puede durar un modelo de desarrollo productivo que ignora la más elemental lección de la escasez. Dicho en otros términos: ¿Por qué las empresas argentinas necesitan un precio artificial del crudo, en lugar de un precio real de mercado internacional? La respuesta la encontramos en varios años de precios artificiales de combustible que hicieron relativamente productiva a una industria incipiente que se desea sea más productiva que lo que puede ser en condiciones de mercado.

Esto también está sustentado en un mito al cual Kicillof adhiere de que una industria incipiente pueda desarrollarse sin atender a la competencia de mercado. Resumidamente, mi lectura de las experiencias de estas prácticas es que estas industrias sólo se desarrollan en el marco de la protección —en este caso, por ejemplo, bajo un precio de combustible artificialmente más bajo que el que otras empresas tienen en el exterior—, dentro de la economía local, pero que su competitividad desaparece en cuanto se abre la economía y se enfrentan a la competencia mundial. La evidencia empírica representada en numerosos indicadores como el Índice de Libertad Económica muestra que la economía sólo puede desarrollarse en un marco de feroz competencia con el mundo, para lo cual es necesario tener una política abierta al mundo, con reglas de juego claras, seguridad jurídica, lo cual conduce al crédito internacional, a las mejores prácticas de las corporaciones más competitivas del mundo, que bajo otro modelo, se sentirían atraídas por los recursos naturales y humanos de nuestro país. Pero el modelo K claramente mira para otro lado.

Anticipándome a las críticas hay que decir que este modelo de apertura nada tiene que ver con el que se practicó en los noventa, aunque Kicillof y tantos otros se han preocupado por identificar con el neoliberalismo a otro modelo populista-justicialista, como el que él mismo acompaña en este momento.

“Agitar fantasmas” es la frase con la cual cierra Kicillof este primer video y que repite incesantemente. En este caso lo hizo frente a las palabras del presidente español Rajoy, quien se pregunta qué pueden esperar otros capitales españoles o extranjeros que aun operan en el país. Lo que debe quedar claro es que el modelo K tiene un objetivo de desarrollo interno y aislado, al cual todas las empresas deben contribuir.

El segundo video es más claro aun sobre este último punto. Kicillof muestra plena consciencia de que el precio del crudo en Argentina está fijado a un precio más bajo que el que se tiene en el resto del mundo. En su exposición ante el Congreso acusa a Repsol de querer fijar precios “internacionales” del petróleo, cuando debiera entender que tal cosa provocaría un descalabro total de la economía.

Y esta es la pregunta que quiero dejar planteada. ¿Cuánto tiempo más pueden mantenerse los precios artificiales? Y cuando digo “artificiales” quiero significar que estos no son de mercado. Hoy Argentina se da el lujo de ignorar la escasez, porque abundan recursos sojeros, dinero de los futuros jubilados tomados como impuestos y a los cuales muy pronto habrá que agregar el crudo. Pero mi impresión es que este modelo de “sustitución de importaciones” no se sostiene y la historia ya lo ha demostrado.

Decía Ernesto Merimé: “¿Para qué demonio sirve la historia si nadie aprovecha sus enseñanzas?”

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.