Los venezolanos ya votaron, con los pies

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 4/2/19 en: https://alejandrotagliavini.com/2019/02/04/los-venezolanos-ya-votaron-con-los-pies/

 

Solo en Colombia hay cerca de un millón de venezolanos que han huido del gobierno chavista dejando familia, trabajo, estudios y hasta propiedades. En Buenos Aires, el acento venezolano es cotidiano y, pocos días atrás, vi a una estudiante de la Universidad Central de Venezuela, que vivió en las calles porteñas hasta que una señora se apiadó y la llevó con ella, que vendía sus artesanías en el metro.

La opinión de estas personas, el “voto” de estos inmigrantes muchos de los cuales literalmente llegaron a pie, es más importante, mucho más real, que los que ponen una simple papeleta en una urna. Y cuantos más hubieran querido salir y no han podido. Es esta la peor crisis humanitaria de América Latina y bastaría este “voto con los pies” para que el chavismo deje el gobierno.

Pero el sistema político actual, global, es incoherente, por no decir perverso, y permite que se impongan gobiernos con semejante rechazo popular. Es que la “autoridad” de los Estados modernos se basa en el monopolio de la violencia -su poder militar y de policía- y la violencia solo puede acarrear, de un modo u otro, conflictos. En contraposición con el mercado donde las acciones resultan de acuerdos pacíficos y voluntarios entre las personas.

“Si no le gusta, preséntese a las elecciones y gane” argumenta el oficialismo, pero dicen eso, precisamente, porque saben que, de algún modo, lograrán ganar esas elecciones. En Venezuela, según denuncias de organizaciones como Human Rigths Watch y Amnistía Internacional, muchos dirigentes de la oposición están impedidos de postularse, unos presos, otros inhibidos “legalmente” y el resto, en el exilio.

Así las cosas, Venezuela ha tenido dos poderes judiciales, dos Parlamentos y ahora dos presidentes El autoproclamado presidente, Juan Guaidó, al ser consultado sobre posibles intervenciones militares declaró que “todas las opciones están sobre la mesa”. Esperemos que no ocurra, que no sea violenta la solución y que, como el mismo dijo, se logre una pacífica.

El problema es que, obviamente, el chavismo no renunciará ya que, en este sistema perverso donde el “orden” se impone con sanciones violentas, se arriesga a severas condenas en el futuro. Por este motivo, Guaidó aseguró que ofrecería una amnistía a los militares y al gobierno. Pero esto es, como señala el jurista Ricardo Manuel Rojas, imposible en el sistema actual. Los delitos de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma, son imprescriptibles, no son susceptibles de perdón, amnistía o indulto.

En Argentina, hay precedentes: la ley de autoamnistía de los militares antes de dejar el poder en 1983, y las leyes de “punto final” y “obediencia debida”, sobrevenido un gobierno civil, fueron anuladas y los acusados detenidos. Cualquier ley que se dictara para amnistiar o perdonar al chavismo, sería insalvablemente nula.

Y los tribunales venezolanos o la Corte Penal Internacional deberían proceder con independencia de dichas leyes. Y si algún país diera asilo, las órdenes de captura y procesamiento deberían seguir pendientes indefinidamente ya que estos delitos no prescriben, de modo que, apenas salgan de la frontera del país que otorgue el asilo deberían ser detenidos y llevados a juicio.

En fin, como dije, el sistema político basado en sanciones violentas, en la violencia, deberá ser revisado en el futuro, porque nos ha metido en un callejón sin salida.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Las FARC condicionan el proceso de paz colombiano

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 16/6/15 en: http://www.lanacion.com.ar/1802196-las-farc-condicionan-el-proceso-de-paz-colombiano

 

En  las últimas semanas las FARC parecen haber comenzado a sabotear el proceso de paz colombiano iniciado en noviembre de 2012. Cual oleada, la violencia ha regresado de la mano de esa organización terrorista. Con emboscadas mortales perpetradas contra las fuerzas armadas del gobierno constitucional, en Cauca y contra la policía, en Córdoba; atentados contra la red eléctrica, en Caquetá, y contra los acueductos en Huila; y con los clásicos derrames petroleros, vaciando camiones y contaminando los ríos, ahora cerca de la frontera con Ecuador. Así como generando apagones en las ciudades de Buenaventura y Tumaco, en el litoral del Pacífico. De ese modo, de pronto, las FARC han reavivado el sangriento conflicto armado interno que azota a Colombia desde hace cinco décadas y se resiste a terminar.

Ante esa escalada, el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas, António Guterres, acaba de advertirnos que los incidentes ponen en riesgo al proceso de paz. Y es efectivamente así.

Mientras esto sucede, el presidente Juan Manuel Santos sigue empeñado en su ciclópeo esfuerzo por alcanzar la paz. La semana pasada, aprovechando la Cumbre «CELAC-Unión Europea», Santos estuvo de gira por el Viejo Continente en procura de obtener fondos para la etapa del post-conflicto, asumiendo naturalmente que las tratativas de paz seguirán adelante. Los logró, desde que la Unión Europea, a su pedido, se comprometió a realizar un aporte cercano a los 30 millones de dólares. Coincidiendo con el mencionado António Guterres, Santos también denunció ante la Unión Europea los recientes actos terroristas coincidiendo en que ellos amenazan al proceso de paz en que su gobierno está empeñado.

En paralelo, el ex presidente uruguayo, José Mujica -alguna vez alto líder guerrillero en su propio país- clausuró en la ciudad de Montevideo el II Foro por la Paz de Colombia, auspiciado por la Universidad de la República del país vecino. Las jornadas tuvieron por objeto apoyar el diálogo de paz que se desarrolla en La Habana con la asistencia de los gobiernos del país anfitrión y de la incansable Noruega. Allí se admitió que el escollo aún no superado tiene que ver con el deber de llevar a la justicia a los líderes guerrilleros por las responsabilidades que les caben en los aberrantes crímenes cometidos todo a lo largo del conflicto colombiano.

El derecho humanitario internacional es muy claro al respecto: los crímenes de la guerrilla son delitos de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado interno colombiano y, como tales, son imprescriptibles e imposibles de ser amnistiados. Esto es lo que surge de las normas específicas que contienen las llamadas «Convenciones de Ginebra» de 1949 que -pese a conformar la columna vertebral del derecho humanitario internacional- algunos han preferido ignorar, como si no existieran.

Por eso Mujica propone para Colombia la adopción de una alternativa «a la sudafricana». Para tratar de salir del difícil entuerto. Pero la opinión pública colombiana -y las numerosas víctimas de la guerrilla- están muy alertas sobre esta cuestión y esperan que los líderes guerrilleros se hagan finalmente cargo de sus graves responsabilidades. Las encuestas colombianas más recientes sugieren que nada menos que el 87% de los colombianos está hoy en contra de conceder impunidad a los líderes de la guerrilla y que tan sólo el 33% de ellos apuestan al diálogo como fórmula para edificar una paz duradera.

Cabe recordar que, además de los miles de muertos por la guerrilla, hay todavía unos seis millones de personas, en su mayoría campesinos, que, desplazadas que fueran por la violencia, siguen tratando de normalizar sus vidas luego del trauma generado por la violencia..

Mujica, motu propio trabaja enfervorizadamente para encontrar una salida que evite a los líderes guerrilleros ir a la cárcel. Pero el presidente de Colombia, agradeciendo sus buenos oficios ha aclarado, con la precisión necesaria, que Colombia no lo ha nombrado mediador.

El ex presidente Mujica no podría serlo. Después de todo, es nada menos que el autor de aquella imperdonable frase con la que pretendió justificar la ilegal suspensión de Paraguay de Mercosur y Unasur, cuando dijo: «Lo político tiene prioridad por sobre lo jurídico», que sintetiza todo lo contrario al Estado de Derecho. Si aplicamos esa misma caprichosa filosofía a las tratativas de paz en Colombia, la presunta solución al conflicto sería seguramente arbitraria y, por ende, la paz podría resultar efímera. Y, como si eso fuera poco, la justicia sería burlada y reemplazada por la impunidad. Por esto seguramente la Cancillería oriental se mantiene prudentemente al margen de las gestiones de Mujica.

Mientras tanto, las sugerencias que pretenden encontrar una vía para asegurar impunidad a los líderes de la guerrilla siguen apareciendo. La última de ellas, disparatada, es la que aparentemente propone Daniel Ortega desde Nicaragua, que supone conferir a todos esos líderes la ciudadanía nicaragüense de modo de permitirles residir allí, sin que su extradición sea jamás posible.

Las negociaciones de paz, pese a todo, siguen adelante aunque la guerrilla haya regresado a la violencia. Idas y venidas previsibles en un proceso que pretende avanzar -y cerrarse- sin que las partes acuerden un «cese el fuego». Esto es, sin dejar de lado a la violencia. No es nada fácil.

Lo cierto es que se ha recorrido camino y avanzado mucho. El último acuerdo trascendente es el logrado respecto de la creación de una Comisión de la Verdad encargada de esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades que corresponden a todos sus actores.

Desde todos los rincones de la comunidad internacional hay un fuerte apoyo al proceso de paz en curso. Es el camino hacia la paz que ha sido abierto y que debe siempre transitarse con la esperanza de poder completarlo para asegurar la posibilidad de reconciliación entre todos los colombianos, más allá de los obstáculos que existen y que, uno a uno, deberán ser superados. Ese es el gran desafío. Aunque sin violar el derecho humanitario internacional.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

¿Logrará el terrorismo de izquierda chileno setentista permanecer en la impunidad?

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 25/9/13 en: http://www.eldiarioexterior.com/emilio-j-cardenas-42916.htm

 

La noticia periodística viene de Chile. A primera vista luce intrascendente porque no parecería (a primera vista) ser demasiado importante.

Pero, como veremos, ciertamente lo es. Porque se refiere a hechos criminales abominables, que ocurrieron en ese país, aunque hace ya más de tres décadas, que lo cierto es que aún están absolutamente impunes.
La “Fundación Simón Yévenes” -que lleva el nombre de un dirigente vecinal asesinado en agosto de 1970 por una de las organizaciones de la guerrilla marxista chilena, el Frente Popular Manuel Rodríguez (FPMR)- presentó una denuncia formal ante la justicia de su país, solicitando que se investiguen 106 atentados, homicidios, secuestros y lesiones graves. Todos ellos acaecidos a partir del 4 de noviembre de 1970, cuando asumiera el gobierno el ex presidente Salvador Allende Gossens, y todos aparentemente cometidos por parte de las distintas organizaciones armadas marxistas que en Chile recurrieron a la violencia contra civiles inocentes para sembrar indiscriminadamente el terror en ese país. Al mismo tiempo que fenómenos bien parecidos aparecieron también en varios otros países de nuestra región.
Entre ellos, el atentado que dejó muerto a Simón Yévenes, así como el que le costara la vida al ex vice-presidente de Chile, Edmundo Pérez Zujovic, el 8 de junio de 1971. En todos los casos, en clara violación de los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares.
La Corte de Apelaciones de Santiago, a través de su presidente, Alfredo Peiffer, acogió la denuncia referida y remitió -como claramente correspondía- todos los antecedentes respectivos a la fiscalía.
La denuncia pide inter alia que se cite a declarar como testigos, al ex presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Tellier, quien en su momento fuera el ex jefe militar del MIR; a la popular ex presidente de Chile, Michelle Bachelet, ahora nuevamente candidata a la presidencia, quien fuera médico de miembros del FPMR; y a su ex pareja: Alex Vojkovic Tries, quien a su vez fuera el vocero del FPMR, entre 1985 y 1987.
Ocurre que en América Latina las Convenciones de Ginebra de 1949, la columna vertebral del Derecho Humanitario Internacional, son apenas “letra muerta”. Con excepción de Perú y ahora también de Colombia. Pese a que esas normas son jus cogens esto es, de aplicación directa y obligatoria en todos los Estados.
En la mayoría de los países de nuestra región, incluyendo concretamente a la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, esas importantísimas normas -que han simplemente codificado la costumbre internacional- no se aplican. Es como si no existieran. Están rodeadas de un muro sospechoso silencio judicial. No existen, curiosamente, pese a haber sido ratificadas y transformadas en derecho interno. Especialmente, la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, aplicable específicamente a los “conflictos armados internos”, como los que estallaran en los cuatro países antes nombrados, en la trágica década del 70.
Esto es así, pese a que la Corte Internacional de Justicia sostuviera que esas normas son aplicables a este tipo de enfrentamientos armados. Lo que ocurrió en el sonado caso “Nicaragua”. Y  a que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en el caso “La Tablada”) adoptara idéntico criterio, recordando que la cláusula común 3° de todas esas convenciones (que es la que sintetiza la protección conferida a los civiles inocentes) es ciertamente de aplicación directa también en los “conflictos armados internos”.
Pero la realidad es que en la Argentina, por ejemplo, se sostiene que no hubo nunca un “conflicto armado interno” y, por consiguiente no hubo “crímenes de guerra” (esto es “delitos de lesa humanidad” cometidos durante los “conflictos armados internos”). Sólo hubo, sostienen, delitos comunes, respecto de los cuales ya no es posible accionar, porque han corrido las prescripciones del caso. Por eso es que hay ex responsables directos o indirectos de gravísimas atrocidades, que hoy están transformados en legisladores, filósofos de la realidad, periodistas con alguna inmerecida notoriedad, o hasta presidentes. Como si ellos simplemente no hubieran sido responsables de nada. Directa o indirectamente. De nada.
Solamente hubo, dicen, insurgencia o en todo caso bandidismo. Esto es enfrentamientos armados desorganizados, aislados, esporádicos y de corta vida. De poca intensidad, entonces. Frente a esto, las miles de muertes que, hoy se sabe, son atribuibles a las organizaciones guerrilleras en la Argentina se disfrazan hábilmente de “actos aislados”. Pese a que sus responsables tenían organización militar, controlaron territorio, operaron con su propia oficialidad y hasta con tribunales militares. Y, peor aún, pese a que además está probado que los conflictos armados internos que asolaron a la región y dieron lugar al también abominable terrorismo de Estado, tenía un fuerte apoyo externo, del que se vanagloriara alguna vez el propio Fidel Castro, cuando -en declaraciones del 4 de julio de 1998- admitiera expresamente su papel activo en la promoción -y sostenimiento- de la subversión marxista regional, en procura de crear lo que el mismo llamara: un “Vietnam gigante”.  Cabe agregar que, advertido que fuera por sus correligionarios, de la gigantesca gravedad de su formal reconocimiento, Don Fidel se llamó -desde entonces- a silencio total. Hasta por su propia seguridad personal al deambular por el mundo, particularmente después de la creación del Tribunal Penal Internacional.
Entre 1969 y 1979, las organizaciones guerrilleras y terroristas, representadas principalmente por el ERP, Montoneros y otras estructuras de menor envergadura militar, cometieron 21.644 atentados (uno cada cuatro horas, durante diez horribles años, entre los que se contabilizaron 1.501 homicidios; 1.746 secuestros, y 5.052 colocaciones de bombas. Estos datos surgen de la causa 13, donde se dictara la sentencia condenatoria de la Junta Militar, en 1985.
Con lo antedicho sobre la mesa, la pregunta es: ¿logrará la justicia chilena que los crímenes de la izquierda marxista de los 70 no sigan en la mayor de las impunidades? Admito que soy escéptico, pero todas las posibilidades están abiertas. Como lo están también en la Argentina, cuando el largo ciclo de los Kirchner, que ya ha comenzado a agotarse, finalmente se termine.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.