Llegó la hora de la verdad para que los políticos demuestren que, en serio, son solidarios

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 24/3/2020 en: https://www.infobae.com/economia/2020/03/24/llego-la-hora-de-la-verdad-para-que-los-politicos-demuestren-que-en-serio-son-solidarios/

 

Entre Nación, provincias y municipios hay 3,1 millones de empleados estatales (Presidencia)

Entre Nación, provincias y municipios hay 3,1 millones de empleados estatales (Presidencia)

No entro a debatir la necesidad de la cuarentena que estableció el Gobierno, pero sí vale la pena formular algunas reflexiones sobre el impacto económico que está teniendo y cómo suavizarla. En rigor, salvo algunos sectores en particular, la economía no tendría que paralizarse tanto. En todo caso si se paraliza mucho será consecuencia del sobredimensionamiento estatal en empleo público.

El primer dato a tener en cuenta es que en el país hay, entre Nación, provincias y municipios, 3,1 millones de empleados estatales. La gran mayoría de ellos son burócratas que inventan sus propias regulaciones para justificar su existencia.

De acuerdo a datos del Directorio Legislativo, en 2019 la Cámara de Diputados sesionó 8 veces y la Cámara de Senadores lo hizo 7 veces. En ese período sancionaron 37 leyes de las cuales, 7 corresponden a Cultura y Patrimonio y 6 a fiestas nacionales o capitales nacionales (las típicas de la Capital Nacional del Salame Quintero o la Fiesta Nacional del Asado de Tira). Es decir, el 35% de las leyes son un delirio y otras se aproximan a esa calificación.

Es más, de las reuniones en comisión, la que mayor cantidad de veces se juntó en el año en Diputados fue la de Legislación Penal, 30 veces. Y en Senadores fue la Presupuesto y Hacienda, 14 veces.

Pero atención que si se miran los datos desde 2012 para acá, tampoco es que el Congreso trabajó tan poco solo este año. El año que más reuniones tuvo fue en 2012, cuando diputados sesionó 20 veces y senadores 23 veces. Menos de un mes por año calendario.

Lo que muestra lo anterior es que no hace falta la legión de asesores y empleados que tiene cada legislador (80 promedio por senador y 24 promedio por diputado, sin contar la biblioteca, la imprenta, etc.). Hay que agregar a esto la actividad legislativa de los congresos provinciales y los consejos deliberantes y se verá que ahí hay mucho movimiento de gente sin producir nada.

No se trata de cerrar los parlamentos ni los consejos deliberantes, salvo algún caso especial, no hace falta estar movilizando tanta gente todo el tiempo. Hay mucho dinero para ahorrar en esos rubros. Un gesto de recortar las dietas a la mitad, es lo mínimo que deberían hacer.

Pero, no todo pasa por el Poder Legislativo, los estados provinciales y municipales también tienen una gran burocracia para justificar su existencia que generan un movimiento de gente demasiado grande y producen el contagio del coronavirus.

En este momento de pandemia, si se analiza cuáles son los empleados del Estado nacional que tienen que moverse en la calle son 237.654 de 700.000 en la Administración Central, los cuales se desagregan en: 13.136 en salud, 110.546 Fuerzas Armadas y 113.972 en seguridad pública. El resto puede quedarse en su casa trabajando o no entorpeciendo al sector privado que sí produce. Solo el 34% tendría que movilizarse y no todos al mismo tiempo. Pero los empleados públicos provinciales también entorpecen.

De acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo para 2017, que no cambiaron mucho hasta ahora, había en las provincias 2,3 millones de empleados públicos, de los cuales 345.500 eran policías. Esos tienen que salir a la calle, pero no todos al mismo tiempo. Aproximadamente 900.000 corresponden a educación, que trabajan desde sus hogares. El resto, salvo los que se desempeñan el sistema de salud, pueden hacerlo desde sus casas, incluso los miembros de la Justicia.

El gráfico anterior muestra la enormidad de empleo público en la mayoría de las provincias (el dato de Santa Cruz parece dudoso).

Si se logra que los empleados públicos no estorben al sector privado con burocracia innecesaria, y legislativos que no tienen que tratar temas muy urgentes, ya se podría sacar de circulación una buena parte de la gente que anda por la calle, agregando que, dado que el sector privado va a tener un serio impacto en sus ingresos, de los cuales sale el dinero para pagar los impuestos, luce solidario que salvo fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, docentes y personal de la salud pública, el resto tenga una reducción en sus ingresos para aliviar al sector privado de manera de bajar la carga tributaria dadas las escasas ventas que tiene.

Respecto a los 6 millones de empleados en blanco en relación de dependencia en el sector privado, el grueso está concentrado en Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba.

Como puede verse, son media docena de provincias las que mayor cantidad de empleados privados concentran, de los cuales muchos trabajan en inmobiliarias, turismo, organización de eventos y otras actividades que ya venían fuera de combate y ahora las mataron con la cuarentena.

La industria tiene poco más de 1 millón de empleados y puede seguir operando. Comercio y Reparaciones registra 1,1 millones, rubro que está muy golpeado y debería seguir operando. Construcción cuenta con 395.000 empleados y puede seguir operando pero viene en baja porque se redujo el interés en invertir en propiedades. Intermediación financiera son 160.000 empleados y buena parte del trabajo se hace online (homebanking).

Sectores con ingreso variable

El mayor problema se presenta para los monotributistas, los autónomos y una buena parte de la población que vive al día como el taxista, el plomero, el electricista, etc. Es gente que si no factura, directamente no come. Por otro lado está el problema de todos los que trabajan en el mercado informal.

En definitiva, se pueden identificar los siguientes puntos respecto de la movilidad de las personas activas en tiempo de cuarentena por la pandemia:

1. Se puede descongestionar mucho la circulación de gente y el riesgo de contagio si la mayoría de los empleados públicos se quedan en su casa. Está comprobado que hay sobreabundancia de personal en las administraciones estatales, en todos los niveles, que genera sus propios anticuerpos inventando trámites para justificar su existencia. Su ausencia se notará en un aumento de la productividad del sector privado;

2. Hay mucha descongestión de gente que trabaja haciendo teletrabajo gracias a internet y las nuevas formas de comunicarse; y

3. El grueso del problema parece estar concentrado en CABA y la Provincia de Buenos Aires.

Desde el punto de vista económico, es urgente bajar la carga tributaria. ¿Se puede? El gasto público consolidado (Nación más provincias más municipios) en salarios en lo que hace a la administración general (no incluye justicia, seguridad, defensa, salud, educación ni planes sociales), representa 3% del PBI. En estos momentos de angustia, es la oportunidad para que los políticos, que tanto hablan de solidaridad, hagan un sacrificio y reduzcan sus ingresos en un 50%. Eso significaría un ahorro de aproximadamente $500.000 millones, monto que se evitaría tener que emitir si no se siguen repartiendo subsidios, bonos y plata que alegremente reparten los legisladores y menor carga tributaria para el agobiado sector privado.

Llegó la hora de la verdad para la dirigencia política que todo el tiempo habla de solidaridad: ¿está dispuesto a ser solidaria reduciendo a la mitad sus ingresos o seguirá viviendo a costa de un sector privado que ya no daba más y ahora agoniza manteniendo planeros y empleados públicos?

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE. Síguelo en @RCachanosky

 

Repartir lo ajeno no se llama solidaridad, se llama populismo

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 14/1/2020 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/01/14/repartir-lo-ajeno-no-se-llama-solidaridad-se-llama-populismo/

 

El político argentino, en general, piensa más en aumentar la presión tributaria que en preocuparse por la eficiencia del gasto público

El Gobierno ha decidido aplicar mayor carga tributaria sobre los sectores que trabajan en blanco y tienen propiedades con el argumento de que ahora se aplicará la solidaridad en vez de la meritocracia. Más específicamente, el Presidente afirmó: “A la meritocracia y al individualismo les vamos a imponer la solidaridad, somos un movimiento político que nació en la faz de la Tierra para ser solidarios con el prójimo”. En otras palabras, se intenta imponer un discurso en el cual el que protesta por la mayor carga tributaria pasaría a ser alguien que no tiene solidaridad.

Por empezar, la solidaridad es un acto voluntario. Alguien hace solidaridad con el fruto de su trabajo, con su tiempo, es decir con algo que le pertenece para ayudar a otro. Ahora, hacer solidaridad con el dinero de otros, lejos está de ser un acto de desprendimiento voluntario.

La dirigencia política trata de hacernos creer que ellos tienen el monopolio de la solidaridad y el resto de los habitantes somos personas con malos sentimientos que solo podemos ser solidarios por la fuerza. Es decir, el Estado cobrándonos más impuestos para repartir entre quienes los políticos consideran que deben recibir el fruto de nuestro trabajo, son solidarios y el resto somos un montón de malas personas.

El primer dato a tener en cuenta es que, en todo caso, la misma dirigencia política podría haber mostrado solidaridad bajando el gasto de la política para distribuir entre los que menos tienen. Se dice que el gasto destinado a la política, es decir el que se asigna a la administración del país, es muy poco y no se solucionaría nada si se los bajara.

El gráfico muestra la evolución del gasto público consolidado destinado a administración general, justicia, defensa y seguridad por parte de la Nación, las provincias y los municipios, y que en 1984, el primer año completo de la vuelta a la democracia, representaba 3,9% del PBI.

En 2017, último dato oficial disponible, ya había escalado al equivalente a 7,3% del PBI. Es decir, 3,4 puntos porcentuales más, que es lo que quieren recaudar ahora con el impuestazo anunciado a través de una ley ómnibus.

Mientras que los gastos de la administración general aumentaron 1,52 puntos del PBI, Justicia incrementó sus gastos en 0,92 puntos del producto y seguridad y defensa se elevó 1,05 puntos del PBI.

Solo con hacer un esfuerzo de austeridad en los tres niveles de gobierno, se podrían haber bajado, mínimo, 2 puntos del PBI y aliviar el impuestazo que se le está aplicando a la gente que produce. Pero además, todo indica que cuánto más gasta el Estado en lo que se denomina gasto social, hay más pobreza, desocupación y problemas de educación.

Nuevamente, en 1984, el gobierno nacional gastaba 7,4% del PBI en lo que se llama Gasto Público Social. En 2018 llegó al 17% del PBI. Es decir, el Estado nacional gasta 10 puntos más del PBI en el rubro social, pero en educación las pruebas PISA dan cada vez peor; los jubilados están en las diez de última y crece la pobreza. Y atención que el llamado gasto social no se dio solo en el período de Cambiemos, también crece en los 90 y a partir del 2008 fundamentalmente.

Si tomamos el gasto público social consolidado, pasó de 13% del PBI en 1984 a 30,6% del PBI en 2017, de acuerdo a datos del Ministerio de Economía, es decir, 17,7 puntos más, con lo cual el gasto público social consolidado más que se duplicó.

Los rubros que más aumentaron fueron: jubilaciones, salud y educación básica. Luego el gasto público social se reparte en otros rubros como vivienda, promoción y asistencia social, trabajo, etc. En definitiva, los datos muestran que a más gasto público social, más problemas sociales, con lo cual es obvio que no es por este camino.

Dos formas de obtener ganancias

Pero, ¿qué tiene de malo el mérito? Hay dos formas de obtener utilidades: 1) ganándose el favor del burócrata de turno y 2) ganándose el favor del consumidor. Obtener ganancias ganándose el favor del burócrata de turno no tiene ningún mérito, es un simple negociado entre el que usa el poder en forma arbitraria y “empresarios” que logran obtener ganancias gracias al proteccionismo, subsidios y demás tipo de privilegios. O sea, obtienen utilidades castigando al consumidor con productos de menor calidad y a precios más altos de los que podría obtener en un mercado competitivo.

Siguiendo a la Real Academia Española, la palabra meritocracia está mal utilizada por el Presidente, porque la RAE la define como: “sistema de gobierno en que los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos personales”. Pero suponiendo que Alberto Fernández quiso usar la palabra mérito, en mi opinión, aquél que obtiene utilidades gracias a su mérito como emprendedor, es una persona que debería tener todo nuestro respeto por lo que le aporta a la sociedad.

El empresario emprendedor que obtiene sus beneficios por mérito, es aquél que gana dinero gracias a que produce lo que la gente necesita logrando la combinación de precios y calidad que la gente demanda. En otras palabras, obtiene sus utilidades porque satisface las necesidades de la gente y le es útil a ella. Además, al obtener utilidades y crecer, crea puestos de trabajo, remunera a sus empleados compitiendo con otros empresarios para captar a los mejores y pagarles más, ofreciéndoles mejores condiciones laborales, etc.

Encuentro del Presidente con empresarios y sindicalistas

Encuentro del Presidente con empresarios y sindicalistas

El empresario emprendedor ayuda más a la sociedad que el burócrata que reparte el fruto del trabajo ajeno estimulando la cultura de la dádiva, cultura que denigra al ser humano. El empresario que da trabajo por el mérito de ser un buen emprendedor es alguien que respeta a la gente. El burócrata repartidor de dinero ajeno, castiga al que crea trabajo y denigra a las personas acostumbrándolas a vivir de lo ajeno y no tener espíritu de progreso. De mejorar. De tener la dignidad de mantener a su familia con el fruto de su trabajo.

Algunos pueden pensar que ese tipo de empresarios no existe en Argentina. En realidad los hay, pero abunda más los que son cortesanos del poder que buscan obtener utilidades de privilegios, que tampoco merecen ser llamados empresarios. Por eso somos un país decadente.

La función de los gobiernos y de sus legisladores es crear las condiciones para que puedan desarrollarse los empresarios que obtienen utilidades ganándose en favor del consumidor en vez de repartir privilegios entre “empresarios” que no podrían sobrevivir en un mercado competitivo.

"La función de los gobiernos y de sus legisladores es crear las condiciones para que puedan desarrollarse los empresarios que obtienen utilidades ganándose en favor del consumidor en vez de repartir privilegios" (Adrian Escandar)

El que obtiene utilidades gracias al mérito, ya sea por ser trabajador, empresario, profesional o cualquier otra actividad, no debería ser despreciado y menos castigado impositivamente. Al contrario debería ser respetado, porque seguramente hace más por la gente humilde ofreciéndoles la posibilidad de trabajar y progresar que el burócrata que reparte dinero ajeno. En definitiva, ganar dinero gracias al mérito es bueno para la sociedad.

Ser solidario con la plata propia es bueno dependiendo de los valores de cada uno y de cómo se haga solidaridad. Ahora, cuando los políticos reparten el dinero ajeno castigando a los que crean trabajo en nombre de la solidaridad, ni la hacen ni permiten que la economía pueda crecer para que la gente pueda vivir del su propio trabajo y progresar. Se castiga de tal manera a la gente productiva, se espantan las inversiones, se reducen los puestos de trabajo, baja la productividad de la economía y se genera más pobreza y desocupación.

Tal vez el Gobierno debería rever las reglas de juego que deberían imperar para salir de nuestra larga decadencia e invertir la ecuación premiando al empresario emprendedor en vez de castigarlo con mayor carga tributaria en nombre de algo que nunca va a ser solidaridad en manos del estado por más que se fuercen el sentido de las palabras. Repartir lo ajeno no se llama solidaridad. Se llama populismo.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE. Síguelo en @RCachanosky

¿Plan económico global u otro rodrigazo?

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el /7/16 en: http://economiaparatodos.net/plan-economico-global-u-otro-rodrigazo/

 

Insisto, alguien le vendió a Macri que no hace falta un plan global económico e institucional que debe ser anunciado en forma conjunta

Alguien le vendió a Macri, o Macri nos quieren vender a nosotros (cosa que dudo) que el fenomenal descalabro económico que dejó el kircnerismo se soluciona con ondas de paz y amor, mucho de buena onda y haciendo algunos retoques al populismo que dejó el kirchnerismo.

Insisto, alguien le vendió que no hace falta un plan global económico e institucional que debe ser anunciado en forma conjunta para marcar el rumbo a seguir y crear confianza mostrando la consistencia de las medidas anunciadas. Y resalto la palabra anunciar. Cuando digo anunciar, no estoy diciendo que de un día para otro hay que eliminar el déficit fiscal del 7% del PBI de un día para otro ni echar a 2,5 millones de empleados públicos en 24 horas. Solo estoy diciendo que no sirve atacar de a uno los problemas. Es como mandar a los soldados de a uno al frente de batalla. Tiene que presentarse un plan con medidas simultáneas, porque los buenos planes económicos parten de la realidad que todas las variables están relacionadas. Es decir, si uno toca una variable inmediatamente otra recibe el impacto.

La otra pata de un buen plan económico consiste en saber comunicárselo a la población. El ministro de economía tiene que hacer docencia explicando claramente a la población, que no es experta en economía, el sentido de las medidas, por qué se toman y como se espera evolucione la economía.

Dentro de la comunicación no debe olvidarse detallar descarnadamente la herencia recibida, en el caso de Macri, lo que dejó el kirchnerismo. Con los 30 minutos que dedicó el 1 de marzo en el Congreso a explicar la herencia recibida no alcanza. Y menos sirve mandar a la gente a leer las 223 páginas de El Estado del Estado que publicó en internet el gobierno. Hay que partir de la base que la gente lee poco y comprende menos. Si de casualidad la gente llega a leer lo 140 caracteres de Twitter y comprender lo que dicen, no esperemos que lea 223 páginas bajándolas de Internet  y comprenda lo que dice. En todo caso esas 223 páginas pueden estar destinadas a un grupo reducido de personas como políticos y economistas, pero no sirven para que mi vecina doña Josefa pueda enterarse de la herencia recibida. Por lo tanto, cuando doña Josefa reciba la cuenta de gas, no va a tener otra reacción que la de protestar porque nadie le explicó claramente lo que dejó el kirchnerismo. Luego se podrá debatir si el aumento había que aplicarlo en etapas o de una sola vez, pero lo primero que hay que lograr es que la gente comprenda por qué tiene que bancarse semejante aumento. Basta con explicar que desde 2001 no se mueve la tarifa de gas y dar algunos datos de aumentos de otros bienes y servicios para que la gente comprenda el problema.

Ahora bien, una vez planteado el problema hay que dar una solución y de ahí puede surgir este debate: ¿se anuncia medidas aisladas o se presenta un plan económico completo? Mi propuesta es anunciar un plan global completo.

Volvamos al caso del aumento del gas. ¿Cómo podría amortiguarse el costo de tener que asumir la corrección del precio? Por un lado es correcto que cada uno paguemos lo que tenemos que pagar por el consumo de gas, luz, transporte, agua, etc. pero lo que no podemos hacer es pedirle a la gente que pague el precio pleno del gas y además financie a un estado sobredimensionado que no le ofrece al contribuyente ni los servicios básicos para los cuales fue creado el estado. ¿O acaso este estado sobredimensionado, que le cuesta carísimo a la gente, brinda seguridad, una justicia eficiente, educación, salud y defensa?

Me parece que lo justo sería que el gobierno distribuya en forma equitativa el costo de pagar la herencia k. Creo que podría presentar un plan global que, por ejemplo, le diga a la gente: Ud. asumirá el costo de pagar más el m3 de gas porque se le quitará el subsidio que recibía hasta ahora. Pero, al mismo tiempo, vamos a reducir este estado sobredimensionado eliminando reparticiones y funciones que no son propias de un estado republicano para que Ud. no tenga que mantener estructuras que solo benefician a unos pocos y generan bolsones de corrupción. Por lo tanto, un paso es aumentarle a Ud. el 50% de la tarifa de gas y por el monto equivalente que el estado dejará de subsidiar el gas se bajará el gasto público que, a su vez, tendrá como contrapartida una reducción de los impuestos que Ud. paga. Por ejemplo, bajaremos 1 o 2 puntos porcentuales el IVA, o subiremos el mínimo no imponible de ganancias, o eliminaremos parte del impuesto al cheque o, directamente, eliminamos la carga impositiva que tienen los servicios públicos. En fin, es tan variada la gama de impuestos que perfectamente se puede elegir alguno para compensar a la gente por quitarle el subsidio al gas. Si se aumentan las tarifas de los servicios públicos y no se bajan los impuestos, entonces estamos en un escenario de ajuste brutal sobre todos los sectores que trabajan en blanco.

El paso siguiente consistiría en ajustar mensualmente la tarifa de gas por alguna combinación de tipo de cambio e IPC y en un par de meses terminar con el subsidio al gas con el mismo procedimiento de bajar el gasto y reducir la carga tributaria.

¿Quién terminaría pagando el costo de reconstruir la economía Argentina? Aquellos que durante una década o más vivieron a costa del contribuyente. El estado literalmente le robó a la gente decente el fruto de su trabajo y se lo dio a militantes k, ñoquis enquistados en el estado, “artistas” que exigen ser subsidiados por hacer algo que nadie estaría dispuesto a pagar y tantos vivos que recurriendo al discurso de la solidaridad social viven del trabajo ajeno.

Mi propuesta es presentar un plan económico que, además de encaminar la economía hacia el crecimiento sostenido y el bienestar de toda la población, también constituya un acto de justicia. ¿O acaso no es una injusticia hacerle pagar impuestos a la gente para que legiones de burócratas y gente que vive de “planes sociales” se queden con el trabajo ajeno y el que trabaja y paga impuestos encima de mantener a esa legión de gente tenga que pagar dos veces por la educación, la seguridad y la salud?

Están quienes me dicen que reducir el estado generaría una crisis social. Bien, esperen y vean qué pasa si no se comienza a hacer una profunda reforma del estado, del sistema tributario y una decidida incorporación al mundo. En este último punto lo veo trabajando muy bien a Macri, pero si no hace reformas económicas que le permitan competir a los productores locales, entonces en el futuro le echaran la culpa a la integración al mundo por el fracaso y no a la falta de reformas estructurales que le den competitividad a la economía.

Una vez más insisto en el siguiente punto. No estoy diciendo que de un día para otro hay que despedir del estado a 2,5 millones de personas o que hay que eliminar en 24 horas el déficit fiscal de 7% del PBI, estoy diciendo que lo recomendable, a mi juicio, sería lo siguiente:

1)   Hacer una clara y contundente descripción de la herencia recibida. La gente común tiene que conocer el deliberado destrozo que hizo el kirchnerismo de la economía y las instituciones argentinas.

2)   Presentar un plan económico global explicando el sentido de las medidas y dejar de mandar de a uno los soldados a la batalla.

3)   La comunicación sencilla, que cualquiera pueda comprender, de la herencia k y del sentido de las medidas que hay que tomar, deben ser parte del plan económico.

4)   Las medidas que se anuncien no solo tienen que mostrar sus beneficios económicos, sino comenzar a cambiar los valores que hoy imperan en la sociedad.

Decir Cambiemos utilizando los mismos argumentos populistas que nos llevaron a esta larga decadencia no es cambiar. Es continuar. Por eso, lo más importante es empezar a transmitir otro tipo de valores que deben imperar en la sociedad, porque son esos valores los que terminan configurando las normas, leyes, códigos y costumbres que imperan en una sociedad y, por ende, la política económica resultante. Cambiar los valores es fundamental para atraer inversiones, crear puestos de trabajo y mejorar la calidad de vida de la gente.

En una sociedad en que impera el valor vivir a costa del trabajo ajeno, solo puede esperarse más pobreza. En una sociedad en que impera el valor del esfuerzo personal, el trabajo y el vivir del esfuerzo que cada uno hace es una sociedad cuyo futuro es el éxito económico y moral.

Insisto, subir las tarifas de los servicios públicos sin hacer nada por bajar el gasto y la presión tributaria es aplicar un torpe rodrigazo que lejos está de ayudar políticamente al gobierno de Macri.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Legión de ñoquis k = defraudación al fisco

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 31/1/16 en: http://economiaparatodos.net/legion-de-noquis-k-defraudacion-al-fisco/

 

Parece bastante claro que este despliegue de nombramientos de militantes en todos los niveles de la administración pública se ha transformado en una verdadera tentativa de defraudación al fisco

Creo que no hay ninguna provincia que no tenga algún problema en sus cuentas públicas. Posiblemente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga más en orden sus números, pero el resto está colapsado. Y están colapsados porque los estados provinciales y municipales se han transformado en generadores de falsos puestos de trabajo. Ya veníamos de décadas de un estado sobredimensionado, con infinidad de reparticiones públicas que no tenían ningún sentido de existir. Con el kirchnerismo llegamos a la saturación total del estado como lugar para nombrar “empleados” que no cumplen ninguna función y mucho menos alguna función útil para el contribuyente.

Esta explosión de “empleados” estatales en las provincias, que pasó de 1.766.600 en 2003 a 3.045.900 en 2015 fue posible gracias a diferentes mecanismos de financiamiento, pero, fundamentalmente, a la enorme presión impositiva que nos impuso el estado para financiar éste delirio. Si a los empleados públicos les agregamos aquellos que viven de planes “sociales”, buena parte de los habitantes de Argentina no trabaja y consume lo que producimos unos pocos.

Ahora bien, yendo al tema de las provincias en momentos en que se debate el tema de la coparticipación federal, queda claro que la mayoría de las provincias y municipalidades se llenaron de “noquis” porque los gobernadores e intendentes no tenían que hacer un gran esfuerzo de recaudar porque el estado nacional se encargaba y se encarga de asumir el costo político de recaudar y las provincias tienen el beneficio político de gastar. En rigor, el kirchnerismo tuvo la habilidad de hacer el gasto político de recaudar pero aprovechar para también tener el beneficio político de gastar, porque los gobernadores pasaron a ser simples aplaudidores en los monólogos de Cristina Fernández desde el atril cuando hablaba por cadena.

Lo cierto es que Juan Bautista Alberdi y su Constitución de 1853 no incluía la coparticipación federal. La nación se financiaba con los recursos de aduana y del correo, y de paso aclaro que tampoco la Constitución de 1853 hablaba de democracia sino que definía como forma de gobierno representativa republicana federal. Las provincias se financiaban con los impuestos que ellas imponían. Este esquema realmente federal de financiar los gastos de la nación y de las provincias le otorgaba un verdadero federalismo al país porque las provincias no dependían del gobierno central para financiar sus gastos.

El embrollo de la coparticipación federal de impuestos aparece incipientemente con la crisis de 1890 y toma mayor envergadura ya en el siglo XX en la década del 30. Pero termina de desbocarse con la ley de coparticipación federal de 1973 que pasa a ser redistributiva. Es decir, unas provincias empezaron a financiar a otras.

El problema fundamental del sistema de coparticipación federal es que separa la responsabilidad política de recaudar del beneficio político de gastar, con lo cual potencia el gasto de las provincias. Si no hubiese coparticipación, si una provincia gasta demasiado, no se lo financia un señor que vive en otra provincia, sino que es el gobernador de la misma provincia que aumentó el gasto público el que tiene que poner la cara ante sus contribuyentes, que son sus votantes, y decirles que les va a cobrar más impuestos. La ausencia de coparticipación federal lleva a ser más austeros a los gobernadores por una cuestión de conveniencia política.

Por supuesto que el gobernador puede desbordarse en el gasto, cobrarle más impuestos a los sectores de mayores ingresos de su provincia, pero al final del camino se encontraría con que perdería inversiones, puestos de trabajo y tendría un serio problema de desocupación.

En los últimos 12 años el kirchnerismo ha impulsado la cultura de la vagancia. De llenar el estado de inútiles militantes que cobran buen dinero por no hacer nada. Y esa estrategia la acentuó en los últimos meses de gestión cuando Cristina Fernández aceleró el nombramiento de empleados que son militantes de su corriente política al saber que perdía el poder. Por otro lado, hizo que echarlos de esos cargos le costará caro al contribuyente. Creo yo que cabría a Cristina Fernández una fulminante denuncia penal  por tentativa de defraudación al fisco. Obvio en este solo caso. Después seguirá el largo listado de descarados contratos, etc.

Volviendo al  tema de la coparticipación, me inclino por volver a un verdadero federalismo fiscal en que la nación se financia con los recursos de aduana y tal vez algún impuesto más, concentrando sus gastos solo en defensa, seguridad, justicia, legislación, relaciones exteriores y lo que tiene que ver con la administración del estado nacional.

Las provincias deberían asumir el mismo tipo de gasto a nivel provincial pero cobrando sus propios impuestos. Lo que digo es que deberíamos volver al espíritu de la Constitución Nacional de 1853 y terminar con  la coparticipación federal.

Imagine el lector el gran lío que puede haber para que sancionar una nueva ley de coparticipación federal. Habría que debatir dos niveles de reparto. Primero la coparticipación primaria, es decir, de la recaudación de los impuestos coparticipables, cuánto se queda la nación y cuánto las provincias. Una vez definido ese porcentaje vendría lo más complicado: de los impuestos coparticipables, cuánto correspondería a cada provincia. Qué porcentaje se llevaría cada una.

En el debate de la coparticipación secundaria, las provincias más chicas pretenderán ser financiadas por las provincias más ricas. Es decir, un sistema redistributivo. Un sistema que impulsa el populismo.

Se argumentará que provincias más pobres no podrían sostener su gasto público. Bien, ahí volvemos al debate de los 90 cuando se hablaba de regionalizar la administración del país. Es decir, que 3 o  4 provincias tuvieran una sola legislatura, un solo poder judicial y un solo ejecutivo. En ese momento ya se rechaza la idea porque, obviamente, los políticos querían usar el estado para acomodar a sus seguidores políticos en las reparticiones públicas estatales. Sin embargo, a mi juicio, sigue siendo una salida razonable.

En definitiva, no pretendo que el gobierno de Macri solucione un problema que tiene 80 años de existencia como es la coparticipación. Es más, no sé si el presidente  coincide con la idea de terminar con la coparticipación. De lo que sí estoy convencido es que la coparticipación lleva a la irresponsabilidad fiscal.

Por otro lado, mucho se ha llenado la boca el kirchnerismo contra el endeudamiento público del pasado, sin embargo ha dejado al país más endeudado que cuando fuimos al default en 2001 y, encima, parece bastante claro que este despliegue de nombramientos de militantes en todos los niveles de la administración pública se ha transformado en una verdadera tentativa de defraudación al fisco. Otro delito más por los que deberían responder Cristina Fernández, gobernadores y muchos intendentes.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

El presupuesto refleja un país de saqueadores

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 15/12/13 en:

http://economiaparatodos.net/el-presupuesto-refleja-un-pais-de-saqueadores/

Argentina tiene un doble saqueo en este momento. Saquea la gente a los comercios y las casas de las personas y saquea el Estado a la población con impuestos y el impuesto inflacionario

La primera razón para que exista el Estado es que todos nos desarmamos y le delegamos el monopolio de la fuerza a un grupo de personas, elegidas mediante el voto, para que ejerzan ese monopolio, dentro de los límites que marca la constitución. Es decir, no le otorgamos el monopolio de la fuerza para que luego lo utilice en contra de nuestras libertades. Por el contrario, la primerísima función del Estado es utilizar ese monopolio de la fuerza para defender el derecho a la vida, la propiedad y la libertad de las personas. Defendernos del crimen común. Si esta condición no se da, no le encuentro sentido a la existencia del Estado. ¿Para qué delegar el monopolio de la fuerza a un grupo de personas elegidas, si no defienden el derecho a la vida, a la libertad y la propiedad de la gente?

El presupuesto nacional tiene previsto un gasto para 2013 de $ 628.712 millones. De ese monto solo $ 34.904 millones está en el rubro Servicio de Defensa y Seguridad, es decir solo el 5,6% del total de lo que gastará el gobierno nacional va a la función más elemental del Estado, y ojo que dentro de esa cifra están incluidos $ 1.439 millones para Inteligencia, algo que nadie sabe, salvo los que usan esos recursos, para qué sirve y qué hacen con ese dinero.

El 63% del gasto total de la administración nacional está englobado en lo que se denominan servicios sociales, que incluye las jubilaciones y pensiones más una serie de gastos llamados sociales, como subsidios a desocupados, AUH, etc.

En el rubro Servicios Económicos se gastarán, según el presupuesto inicial, sin incluir las modificaciones posteriores, $ 102.656 millones. ¿Qué comprende este rubro? Energía y combustibles, transporte (entre estos dos rubros se llevan más del 80% de los $ 102.656 millones) y otros ítems como agricultura, industria, comercio, turismo, etc. La deuda pública está en otro rubro aparte y representa el 9% del presupuesto.

Finalmente están los gastos destinados a la Administración Gubernamental, Legislativa, Judicial, Relaciones Exteriores, Administración fiscal, etc.

Para tener una idea del desmadre del gasto público, en el presupuesto de 2001 se preveía un gasto de $ 51.232 millones y caímos en default. Pero el dato relevante es que el actual gasto es 12 veces mayor al del 2001.

Si lo medimos en dólares, en 2001 se gastaban U$S 51.232 millones y en 2013 U$S 117.670 millones al tipo de cambio oficial promedio del año. Es decir, en dólares oficiales se  más que duplicó. Y la comparación es válida porque el tipo de cambio real oficial es casi igual al de diciembre de 2001.

Ahora bien, analizando estos datos está la definición del país que tenemos. Los recursos destinados a la defensa y la seguridad son mínimos y gastamos una fortuna en planes sociales, en actividades económicas del Estado que deberían ser realizadas por el sector privado y en miles de millones de pesos destinados a tener tarifas artificialmente bajas.

Es decir, Argentina tiene un doble saqueo en este momento. Saquea la gente a los comercios y las casas de las personas y saquea el Estado a la población con impuestos y el impuesto inflacionario para financiar una serie de gastos que apuntan más al clientelismo político que a la llamada solidaridad social.

De acuerdo a un trabajo de la Fundación Libertad y Progreso, en 2012 el Estado Nacional manejó 58 planes “sociales” llegando a 18 millones de beneficiarios. Estamos hablando del 44% de la población. A estos planes habría que agregarles los planes sociales provinciales y municipales y veríamos cifras siderales que, supuestamente, están destinados a contener a la gente más humilde. Sin embargo, la gente humilde no tuvo problemas en salir a saquear comercios, lo cual nos lleva a la conclusión que ese gastadero de dinero no contiene a nadie.

¿Y por qué no se contiene a nadie? Porque Argentina es una país de saqueadores, con el Estado a la cabeza dando el ejemplo. Buena parte de la población y empresarios quieren vivir a costa del trabajo ajeno. Pretenden ser mantenidos por el otro. Empresarios que se creen con derecho a tener mercados cautivos para saquear a los consumidores, gente que se cree con derecho a vivir sin trabajar y que otros lo mantengan o le paguen la casa y cosas por el estilo.

Alguna vez un presidente uruguayo dijo, sin advertir que la cámara de televisión estaba grabando, que los argentinos éramos todos unos chorros, del primero al último. Aunque nos duela, la realidad es esa. Todos queremos vivir a costa del trabajo ajeno, que es lo mismo que ser un ladrón, con la diferencia que en vez de ir con un revolver a robar le pedimos al Estado que use el monopolio de la fuerza para que le robe a nuestros semejantes para que nos entregue el fruto del botín. El Estado se vuelve cómplice del ladrón que quiere vivir del trabajo ajeno, y para eso utiliza la expoliación legal.

Como dice Bastiat en su ensayo La Ley:

Es absolutamente necesario que este asunto de la expoliación legal se resuelva, y no hay más que tres soluciones:

Que los menos expolien a los más.

Que todos expolien a todos.

Que ninguno expolie a nadie.

Hay que elegir entre expoliación parcial, expoliación universal o ausencia de expoliación.

La ley no puede perseguir sino uno de aquellos tres resultados.

¿En qué situación estamos? En que todos expolien a todos. Expolición o saqueo universal  en términos de Bastiat. Los ladrones comunes nos saquean y el Estado nos saquea para “planes sociales” (clientelismo político) y políticas económicas activas, mientras tanto, el Estado gastando escasos recursos en seguridad, tenemos a los ladrones comunes que también nos roban y matan aun cuando la policía no está de huelga.

En todos contra todos, nadie tiene interés en invertir. Produce lo necesario para vivir, pero la Argentina no ofrece, en este sistema de saqueo generalizado, un futuro de progreso. Por el contrario, genera más pobreza porque cada vez se produce menos. ¿Para que producir si el Estado me saquea con impuestos y la inflación?

En definitiva, los saqueos que vimos la semana pasada, son solo parte de un saqueo generalizado, claro que más violentos.

Pero al ver cómo ante la huelga de la policía la gente se organizó en defensa propia para frenar los saqueos, concluimos que aún sin este Estado custodiándonos la gente termina defendiéndose. Eso sí, defenderse del saqueo de los ladrones parece ser más fácil que defenderse del saqueo del Estado, porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza y lo usa contra de la gente decente que trabaja y produce diariamente.

El día que se termine con el saqueo del Estado universal, entonces el presupuesto asignará los recursos para lo que fue creado, esto es: defender la vida,  la libertad y la propiedad de las personas. Y no harán falta planes sociales de contención. La contención la darán las inversiones que crearán puestos de trabajo para que cada uno viva del fruto de su esfuerzo personal. Tenemos que pasar del saqueo universal al vivir del fruto de nuestro trabajo. Así de simple.

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.