Gasto, pobreza e inversion “pública”

Por Gabriel Boragina Publicado  el 18/6/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/06/gasto-pobreza-e-inversion-publica.html

 

Veamos, brevemente, uno de los mitos económicos mas difundidos de todos los tiempos. Aquel que dice que un mayor gasto estatal permitiría un menor número de pobres o -al menos- aliviar en un grado significativo la pobreza. ¿Qué hay de cierto en esta popular creencia, sostenida, incluso, por muchos economistas que posan de “serios”?. En su excelente obra, el fenomenal Henry Hazlitt nos explica que:

“Los economistas se han visto obligados a re­petir una y otra vez que casi todos los pretendidos remedios de la po­breza se limitan a agravar el problema. Ya he analizado los verdade­ros efectos de los ingresos garantizados y el impuesto negativo sobre la renta; las leyes de salario mínimo y las que aumentan el poder de los sindicatos; la oposición a la maquinaria que ahorra brazos; los planes para “multiplicar el trabajo”; las subvenciones especiales; el au­mento del gasto público y de la tributación; los impuestos marcadamente progresivos sobre la renta y los punitivos sobre las ganancias del capital, las herencias y las sociedades; y el socialismo a ultranza»”1

En lo que nos interesa de momento, vamos a analizar -de toda la enumeración dada de los mecanismos que, en lugar de ayudar, agravan el problema de la pobreza- el relativo al gasto público.
Un mayor gasto no implica, de modo alguno, menor cantidad de pobres, sino que, en el mejor de los casos, mediante su operación se transfieren recursos de un sector a otro. Si el objetivo es “aliviar” la pobreza de cierto grupo de individuos, el gobierno no tendrá mas remedio para ello que detraer recursos de otro grupo. Si el PBI total de la nación es, por caso, de 100, y esta distribuido -hipotéticamente- entre el sector A y B en 80 y 20 respectivamente, y el gobierno decide redistribuir la riqueza -a fin de “suprimir” la pobreza- mediante el conocido artilugio de “quitarle a los ricos para darle a los pobres” procederá a extraer 30 a A y entregárselos a B, con lo cual en el sector A se empobrece a la gente en 30, y en el B se la enriqueció en la misma cantidad. Como se ve claramente, no se suprimió ni se disminuyó la pobreza como se declama habitualmente, sino que sencillamente se enriqueció a unos a costa de otros, y la acción del gobierno no puede hacer mas que eso, pero si puede hacer menos, evitando meterse en el asunto.
A la falacia “redistribucionista” se le suman otras:

“Al dejar para ulterior examen la maraña de sofismas íntimamente relacionados con la deuda pública y la inflación crónicas, habremos de dejar bien sentado a través de este capítulo que de una manera inmediata o remota cada dólar que el Gobierno gasta procede inexcusablemente de un dólar obtenido a través del impuesto. Cuando consideramos la cuestión de esta manera, los supuestos milagros de las inversiones estatales aparecen a una luz muy distinta. Una cierta cantidad de gasto público es indispensable para cumplir las funciones esenciales del Gobierno. Cierto número de obras públicas —calles, carreteras, puentes y túneles, arsenales y astilleros, edificios para los cuerpos legislativos, la policía y los bomberos— son necesarias para atender los servicios públicos indispensables. Tales obras públicas, útiles por sí mismas y por tanto necesarias, no conciernen a nuestro estudio. Aquí me refiero a las obras públicas consideradas como medio de «combatir el paro» o de proporcionar a la comunidad una riqueza de la que en otro caso se habría carecido”2

No esta de más, nuevamente, aclarar a nuestros lectores que, el gasto estatal no se reduce exclusivamente a las obras públicas. Este es -simplemente- un rubro de aquel, si bien puede ser un renglón muy importante del mismo. El autor estudiado ahora, parece asumir -en el párrafo citado- que las obras públicas sólo pueden ser encaradas por el gobierno, y -en esa linea- distingue entre dos tipos o clases de obras públicas (siempre estatales) a saber: aquellas que él llama “indispensables”, y otras que podrían ser denominadas “no-indispensables”, dentro de las cuales cita las destinadas a crear empleo por un lado, y, por el otro, aquellas dirigidas a generar riqueza.
Es bastante cuestionable, por no decir del todo inapropiado, equiparar los conceptos de “gasto público” con el de “inversión pública”. Técnicamente -como tantas veces dijimos- gasto e inversión no son términos sinónimos, ni siquiera equivalentes, aunque muchos economistas los empleen de esa manera. El vocablo inversión sólo puede -y debería- ser aplicado exclusivamente a la actividad privada, porque la misma noción comprendida en la palabra, connota -como mínimo- dos elementos, a saber: la propiedad privada de los recursos que se van a destinar a la inversión y, en segundo lugar, el riesgo que la acción de invertir conlleva en si misma. Toda inversión incluye el riesgo de su pérdida para el sujeto que invierte, y este sólo puede ser el propietario de los recursos en cuestión y no otro.

            En esta linea de razonamientos, las erogaciones que el gobierno realiza a diario no pueden ser catalogadas de “inversiones”.

“Los modernos gobernantes, partidarios decididos de la «economía planificada», acuden con tan encendido entusiasmo a la inflación porque enturbia y trastoca todo el proceso económico. En el capítulo III, por citar un ejemplo, hicimos ver cómo la creencia de que las obras públicas necesariamente crean nuevos empleos es falsa. Si se obtuvo el dinero mediante impuestos, según allí se expuso, por cada dólar que el Estado gastó en obras públicas se invirtió un dólar menos por los contribuyentes en sus propias necesidades, y por cada empleo proporcionado mediante el gasto público se destruyó otra colocación en la industria privada.”3

El gasto estatal no hace otra cosa que impedir el gasto privado. En rigor, es violatorio del derecho de propiedad, porque por medio de la fuerza (legal, pero fuerza al fin de cuentas) se detraen recursos del sector privado de la economía, lo que significa privar a sus propietarios de la libertad de decidir el mejor destino a dar a los mismos y -en su lugar- arrogarse el gobierno la facultad de ejercer dicha decisión.
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1[Henry Hazlitt. La conquista de la pobreza. Unión Editorial, S. A. Pág. 252
2Henry Hazlitt. La economía en una lección. Edición digital. Pág 9-10
3Hazlitt, H.. La economía en una lección….Ob. Cit. Pág. 93-94

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

SOBRE PRUEBAS Y RETROACTIVIDADES

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Los extraordinarios adelantos en las ciencias físico-naturales (denominada “filosofía de la naturaleza” en la época de Newton) han sido tan notables que las ciencias sociales (denominadas “ciencias morales” en la época de Adam Smith) han tendido a copiar sus métodos, lo cual ha conducido a tremendos errores ya que se trata de dos planos de análisis completamente distintos.

 

Son indiscutibles los notables progresos desde Copérnico a Hawking pero de allí no se sigue que sea legítima la extrapolación metodológica de una rama del conocimiento a otra. En el primer caso, el método hipotético-deductivo se base en datos disponibles “desde afuera” sujetos a experimentación. En cambio, en el segundo caso, no hay datos disponibles antes de la acción. Las piedras y las rosas no tienen propósito deliberado, en ese campo hay reacción, mientras que en las ciencias sociales hay acción (por definición, humana), hay decisión, elección y preferencia, lo cual no ocurre en las ciencias naturales.

 

En esta línea argumental es que Fritz Machlup declara que “El cientista social aparentemente está avergonzado de lo que en verdad distingue las ciencias sociales de las naturales; es decir, el hecho de que el estudioso de la acción humana es en si mismo un sujeto actuante y, por ende, posee una fuente de conocimiento que no se encuentra disponible para el estudioso de las ciencias naturales”. En este mismo sentido, Friedrich A. Hayek explica que “La razón por la que nuestro campo de conocimiento [la economía] resulta de tanta perplejidad es, desde luego debido a que nunca puede ser establecido por medio del experimento, solo puede adquirirse a través de un razonamiento difícil”. Por su parte, Ludwig von Mises enfatiza que “No es posible conformar las ciencias de la acción humana con la metodología de la física y las demás ciencias naturales” y Edmund Husserl concluye que “Seguir el modelo de la ciencia de la naturaleza implica casi inevitablemente cosificar la conciencia, lo que desde un principio nos lleva a un absurdo, de donde surge siempre de nuevo una propensión a planteos absurdos del problema y direcciones erróneas de la investigación”.

 

El positivismo metodológico sostiene que las proposiciones que no pueden verificarse carecen de significación, pero como ha señalado Morris Cohen “esa misma proposición no es verificable” y, por otro lado, como ha enseñado Karl Popper, nada en la ciencia es verificable, todo conocimiento es provisional sujeto a refutaciones. Por más numerosas que sean las experiencias de casos particulares, no resulta posible extrapolar los resultados a lo universal. No hay necesidad lógica que se repita lo anterior, ese es el problema de la inducción que, en la vida diaria, frente a sucesos singulares, se suple con el verstehen conjeturando lo mismo que ocurrió en el pasado (al efecto de poder actuar, se supone la reiteración).

 

Por esto es que en economía las series estadísticas y los gráficos no prueban nada, de lo contrario hace rato que en este plano hubiera quedado en evidencia la superioridad de la sociedad abierta (por ejemplo, la comparación entre la Alemania occidental y la oriental o actualmente la establecida entre Corea del Sur de la del Norte y así sucesivamente). El debate radica en los razonamientos y en los fundamentos, es decir, en el esqueleto conceptual que interpreta la realidad. Es allí donde se dilucida el problema y es allí donde deben concentrarse los esfuerzos, lo cual lo vienen haciendo con éxito las izquierdas hasta el presente.

 

No hay gobernante que no abrume a la audiencia con estadísticas con la pretensión de justificar su gestión. Si hay quienes objetan esas series deben remitirse al andamiaje conceptual y, nuevamente, es allí donde reside el debate de fondo.

 

Ahora bien, suponiendo que primero y antes que nada se hayan entendido las ventajas del liberalismo, teniendo en cuenta lo dicho pensemos en voz alta sobre lo que debería hacerse cuando se intenta abandonar el sistema estatista respecto a los llamados derechos adquiridos y las posibles retroactividades, en el contexto del apunte hayekiano de razonamientos complejos en ausencia de toda posibilidad de recurrir al laboratorio.

 

El planteo del problema es como sigue: qué hacer con los privilegios legales que han obtenido empresarios de la época anterior a las reformas liberales. Entiendo que no puede alegarse derecho contra el derecho, es decir, si se han otorgado facultades para expoliar al prójimo vía la dádiva, ésta debe suspenderse sin miramientos puesto que afecta derechos de terceros. Pongamos un ejemplo por cierto extremo: seguramente quedará claro que en el fin de la era de los asesinos nazis, nadie en su sano juicio permitiría que se aleguen derechos adquiridos para seguir construyendo cámaras de gas y menos aún que se sigan masacrando judíos. Sin llegar a este extremo pavoroso, todos aquellos que pretendan continuar con las succiones del fruto del trabajo ajeno deben abandonar esa posibilidad sin gradualismos que permiten lesionar escalonadamente derechos de otros, lo cual queda evidente en el caso de las cámaras de gas pero también debería resultar claro en todos los demás ejemplos.

 

Ahora viene el tema de la retroactividad. Seguramente se concluirá sin margen al titubeo que los que asesinaron judíos (o a cualquier persona) deben ser juzgados y penados aunque hayan procedido conforme a las leyes vigentes al momento de producirse el hecho criminal. Nuevamente, esto se ve con claridad en el caso planteado, pero qué hacer con los subsidios, mercados cautivos y similares. Estimo que el juicio prudencial indica que no debe aplicarse la retroactividad puesto que judicializar políticas de este tipo pueden producir un efecto boomerang para la propia seguridad jurídica.

 

Distinto es el caso si se procedió fuera de la ley, en ese caso debe actuarse tal como se hace en un país civilizado frente a las usurpaciones de propiedades, es decir, proceder al desalojo. Del mismo modo debe procederse con todos aquellos que se han apoderado ilegalmente de propiedades, léase, las víctimas deben obtener resarcimiento. Es pertinente decir que hay un repudio generalizado a las usurpaciones, pero, en verdad, los privilegios otorgados a empresarios constituyen usurpaciones encubiertas, la diferencia radica en que uno opera fuera de la ley y el otro conforme a la ley del momento.

 

Como es sabido, el óptimo de Pareto señala como requerimiento en los cambios de políticas que “mejore una o más personas sin que empeore ninguna” lo cual no ocurre en el tránsito de un sistema estatista a uno liberal debido a los intereses creados en el régimen anterior, y el denominado principio de compensación no resuelve el entuerto en el sentido de que “los gananciosos compensen a los perdidosos y aun se mantenga una dosis de utilidad neta”, puesto que no son posibles las comparaciones de utilidades intersubjetivas ni el sumar ni restar utilidades ya que los observadores no pueden conocer las utilidades subjetivas de otros (ni el propio sujeto actuante las puede expresar en números cardinales, recordemos que el precio expresa -no mide- valoraciones cruzadas y distintas entre vendedores y compradores) y, además, en este contexto, tampoco las cotizaciones de mercado revelan ninguna información sobre los que no venden porque, precisamente, otorgan a sus activos valores superiores a los que al momento aparecen en el mercado.

 

En resumen, dada la imposibilidad de laboratorio en las ciencias sociales y dadas sus ventajas sobre las naturales en cuanto a la información “desde adentro”, como ha puntualizado James Buchanan “mientras los intercambios se mantengan abiertos y mientras no haya fraude ni el uso de la fuerza, lo que se acuerda entre las partes es, por definición, lo que puede clasificarse como eficiente”. En otros términos, la guía para la mayor prosperidad consiste en la libertad y los juicios y conclusiones para el tránsito entre un sistema y otro deben ser cuidadosamente debatidos, para lo cual tal vez esta nota periodística sirva de pretexto para discutir el tema y eventualmente revisar algunos de los razonamientos aquí esgrimidos en esa materia.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.