LA DIMENSIÓN ÉTICA DEL LIBERALISMO

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

El término  más empleado es “capitalismo” pero personalmente prefiero el de “liberalismo” puesto que el primero remite a lo material, al capital, aunque hay quienes derivan la expresión de caput, es decir, de mente y de creatividad en todos los órdenes. Por otro lado, la aparición de esta palabra fue debida a Marx quien es el responsable del bautismo correspondiente, lo cual no me parece especialmente atractivo. De todas maneras, en la literatura corriente y en la especializada los dos vocablos se usan como sinónimos y, por ende, de modo indistinto (incluso en el mundo anglosajón -especialmente en Estados Unidos- se recurre con mucho más frecuencia a capitalismo ya que, con el tiempo, el liberalismo se dejó expropiar de contrabando y adquirió la significación opuesta a la original aunque los maestros de esa tradición del pensamiento la siguen utilizando (algunas veces con la aclaración de “in the classic sense, not in the American corrupted sense”).

La moral alude a lo prescriptivo y no a lo descriptivo, a lo que debe ser y no a lo que es. Si bien es una noción evolutiva como todo conocimiento humano, deriva de que la experiencia muestra que no es conducente para la cooperación social y la supervivencia de la especie que unos se estén matando a otros, que se estén robando, haciendo trampas y fraudes, incumpliendo la palabra empeñada y demás valores y principios que hacen a la sociedad civilizada. Incluso los relativistas éticos o los nihilistas morales se molestan cuando a ellos los asaltan o violan. La antedicha evolución procede del mismo modo en que lo hace el lenguaje y tantos otros fenómenos en el ámbito social.

El liberalismo abarca todos los aspectos del hombre que hacen a las relaciones sociales puesto que alude a la libertad como su condición distintiva y como pilar fundamental de su dignidad. No se refiere a lo intraindividual que es otro aspecto crucial de la vida humana reservada al fuero íntimo, hace alusión a lo interindivudual que se concreta en el respeto recíproco. Robert Nozick define muy bien lo dicho en su obra titulada Invariances. The Structure of the Objective World (Harvard University Press, 2001, p. 282) cuando escribe que “Todo lo que la sociedad debe  demandar coercitivamente es la adhesión a la ética del respeto. Los otros aspectos deben ser materia de la decisión individual”. Antes, en mi libro Liberalismo para liberales –cuya primera edición de EMECÉ fue en 1986- definí el liberalismo como “el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros” en la que respeto no implica adhesión sino la más absoluta abstensión de recurrir a la fuerza cuando no hay lesiones de derechos. Más aun, la prueba decisiva de lo que habitualmente se denomina tolerancia radica cuando no compartimos el proyecto de vida de terceros (en realidad los derechos no se toleran se respetan, en cambio la primera expresión arrastra cierto tufillo inquisitorial).

Todos los ingenieros sociales que pretenden manipular vidas y haciendas ajenas en el contexto de una arrogancia superlativa deberían repasar estas definiciones una y otra vez. Recordemos también que el último libro de Friedrich Hayek se titula  La arrogancia fatal. Los errores del socialismo (Madrid, Unión Editorial, 1988/1992) donde reitera que el conocimiento está disperso entre millones de personas y que inexorablemente se concentra ignorancia cuando los aparatos estatales se arrogan la pretensión de “planificar” aquello que se encuentre fuera de la órbita de la estricta protección a los derechos de las personas.

Además hay un asunto de suma importancia respecto a la llamada planificación gubernamental y es la formidable contribución de Ludwig von Mises de hace casi un siglo que está referida al insalvable problema del cálculo económico en  el sistema socialista (“Economic Calculation in the Socialist Commonwealth”, Kelley Publisher, 1929/1954). Esto significa que si no hay propiedad no hay precios y, por ende, no hay contabilidad ni evaluación de proyectos lo cual quiere a su vez decir que no hay tal cosa como “economía socialista”, es simplemente un sistema impuesto por la fuerza. Y esta contribución es aplicable a un sistema intervencionista: en la medida de la intervención se afecta la propiedad y, consiguientemente, los precios se desdibujan lo cual desfigura el cálculo económico que conduce al desperdicio que, a su turno, contrae salarios e ingresos en términos reales.

El derecho de propiedad está estrechamente vinculado a la ética del liberalismo puesto que se traduce en primer término en el uso y disposición de la propia mente, de su propio cuerpo (no el de otro como el pretendido homicidio en el seno materno, mal llamado “aborto”) y, luego, al uso y la disposición de lo adquirido lícitamente, es decir, del fruto del trabajo propio o de las personas que voluntariamente lo han donado. Esto implica la libertad de expresar el propio pensamiento, el derecho de reunión, el del debido proceso, el de peticionar, el de profesar la religión o no religión que se desee, el de elegir autoridades, todo en un ámbito de igualdad ante la ley que está íntimamente anclada al concepto de justicia en el sentido de su definición clásica de “dar a cada uno lo suyo” (de lo contrario puede interpretarse que la igualdad puede ser ante una ley perversa como que todos deben ir a la cámara de gas y salvajadas equivalentes).

Además, como los recursos son escasos en relación a las necesidades la forma en que se aprovechen es que sean administrados por quienes obtienen apoyo de sus semejantes debido a que, a sus juicios, atienden de la mejor manera sus demandas y los que no dan en la tecla deben incurrir en quebrantos como señales necesarias para asignar recursos de modo productivo. Todo lo cual en un contexto de normas y marcos institucionales que garanticen los derechos de todos.

Los derechos de propiedad incluyen el de intercambiarlos libremente que es lo mismo que aludir al mercado en un clima de competencia, es decir, una situación en la que no hay restricciones gubernamentales a la libre entrada para ofrecer bienes y servicios de todo tipo. En resumen, lo consignado en las Constituciones liberales: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad.

La solidaridad y la caridad son por definición realizadas allí donde tiene vigencia el derecho de propiedad, puesto que entregar lo que no le pertenece a quien entrega no es en modo alguno una manifestación de caridad ni de solidaridad sino la expresión de un atraco.

En sociedades abiertas el interés personal coincide con el interés general ya que éste quiere decir que cada uno puede perseguir sus intereses particulares siempre y cuando no se lesionen iguales derechos de terceros. En sociedades abiertas,  se protege el individualismo lo cual es equivalente a preservar las autonomías individuales y las relaciones entre las personas, precisamente lo que es bloqueado por las distintas variantes de socialismos que apuntan a sistemas alambrados y autárquicos.

Es que las fuerzas socialistas siempre significan recurrir a la violencia institucionalizada para diseñar sociedades, a contramano de lo que prefiere la gente en libertad. De la idea original de contar con un  gobierno para garantizar derechos anteriores y superiores a su establecimiento se ha pasado a un Leviatán que atropella derechos en base a supuestas sabidurías de burócratas que no pueden resistir la tentación de fabricar “el hombre nuevo” en base a sus mentes calenturientas. Y esto lo hacen habitualmente alegando la imperiosa necesidad de “inversión pública”, un grosero oximoron puesto que la inversión significa abstensión de consumo para ahorrar cuyo destino es la inversión que por su naturaleza es una decisión privativa del sujeto actuante que estima que el valor futuro será mayor al presente (“inversión pública” es una expresión tan desatinada y contradictoria como “ahorro forzoso”).

Desafortunadamente, no se trata solo de socialistas sino de los denominados conservadores atados indisolublemente al statu quo que apuntan a gobernar sustentados en base a procedimientos del todo incompatibles con el respeto recíproco diseñados por estatistas que les han corrido el eje del debate y los acompleja encarar el fondo de los problemas al efecto de revertir aquellas políticas. No hace falta más que observar las propuestas de las llamadas oposiciones en diversos países para verificar lo infiltrada de estatismo que se encuentran las ideas. Se necesita un gran esfuerzo educativo para explicar las enormes ventajas de una sociedad abierta, no solo desde el punto de vista de la elemental consideración a la dignidad de las personas sino desde la perspectiva de su eficiencia para mejorar las condiciones de vida de todos, muy especialmente de los más necesitados.

Lo que antaño era democracia ha mutado en dictaduras electas en una carrera desenfrenada por ver quien le mete más la mano en el bolsillo al prójimo. Profesionales de la política que se enriquecen del poder y que compiten para la ejecución de sus planes siempre dirigidos a la imposición de medidas “para el bien de los demás”, falacia que ya fue nuevamente refutada por el Public Choice de James Buchanan y Gordon Tullock, entre otros. Por no prestar debida atención a estas refutaciones es que Fréderic Bastiat ha consignado que “el Estado es la ficción por la que todos pretenden vivir a expensas de todos los demás” (en “El Estado”, Journal des débats, septiembre 25, 1848). Es que cuando se dice que el aparato estatal debe hacer tal o cual cosa no se tiene en cuenta que es el vecino que lo hace por la fuerza ya que ningún gobernante sufraga esas actividades de su propio peculio.

Todas las manifestaciones culturales tan apreciadas en países que han superado lo puramente animal: libros, teatro, poesía, escultura, cine y música están vinculadas al espíritu de libertad y a las facilidades materiales. No tiene sentido declamar sobre “lo sublime” mientras se ataca la sociedad abierta, sea por parte de quien la juega de intelectual y luego pide jugosos aumentos en sus emolumentos o sea desde el púlpito de iglesias que despotrican contra el mercado y luego piden en la colecta y donaciones varias para adquirir lo que necesitan en el mercado.

En resumen,  la ética del liberalismo consiste en el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros, esto es, dejar en paz a la gente y no afectar su autoestima para que cada uno pueda seguir su camino asumiendo sus responsabilidades y no tener la petulancia de la omnisciencia aniquilando en el proceso el derecho, la libertad y la justicia con lo que se anula la posibilidad de progresar en cualquier sentido que fuere.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

LA DISCRIMINACIÓN NECESARIA Y LA PERJUDICIAL

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Según el diccionario, discriminar quiere decir diferenciar y discernir. No hay acción humana que no discrimine: la comida que elegimos engullir, los amigos con que compartiremos reuniones, el periódico que leemos, la asociación a la que pertenecemos, las librerías que visitamos, la marca del automóvil que usamos, el tipo de casa en la que habitamos, con quien contraemos nupcias, a que universidad asistimos, con que jabón nos lavamos las manos, que trabajo nos atrae más, quienes serán nuestros socios, a que religión adherimos (o a ninguna), que arreglos contractuales aprobamos y que mermelada le ponemos a las tostadas. Sin discriminación no hay acción posible. El que es indiferente no actúa. La acción es preferencia, elección, diferenciación, discernimiento y, por ende, implica discriminar.

 

Como se ha dicho, si una persona con mucha sed en un desierto tiene una cantimplora con agua a su derecha y otro a la izquierda y se declara indiferente de cual beber y, por ende, no elige uno de ellas, se morirá de sed. Para seguir viviendo debe discriminar, elegir y optar.

 

Esto debe ser nítidamente separado de la pretensión, a todas luces descabellada, de intentar el establecimiento de derechos distintos por parte del aparato estatal que, precisamente, existe para velar por los derechos y para garantizarlos. Esta discriminación ilegítima echa por tierra la posibilidad de que cada uno maneje su vida y hacienda como le parezca adecuado, es decir, bloquea la posibilidades que cada uno discrimine acerca de sus preferencias, lo cual debe ser respetado en un estado de derecho siempre que no se lesiones iguales derechos de terceros. Otro modo de referirse a aquél uso abusivo y pervertido de la ley es simple y directamente el del atropello al derecho de las personas.

 

La igualdad ante la ley resulta crucial, concepto íntimamente atado a la justicia, es decir, a la propiedad primero del propio  cuerpo, a sus pensamientos y a sus pertenencias, en  otras palabras,  el “dar a cada uno lo suyo”.

 

La prueba decisiva de tolerancia es cuando no compartimos las conductas de otros. Tolerar las que estamos de acuerdo no tiene mérito alguno. En este sentido, podemos discrepar con las discriminaciones, elecciones y preferencias de nuestro prójimo, por ejemplo, por establecer una asociación en la que solo los de piel oscura pueden ser miembros o los que tienen ojos celestes. Allá ellos, pero si no hay violencia contra terceros todas las manifestaciones deben respetarse, no importa cuan ridículas nos puedan parecer.

 

Curiosamente se han invertido los roles: se tolera y alienta la discriminación estatal con lo que no le pertenece a los gobiernos y se combate y condena la discriminación que cada uno hace con sus  pertenencias. Menudo problema en el que estamos por este camino de la sinrazón, en el contexto de una libertad hoy siempre menguante.

 

Parece haber una enorme confusión en esta materia. Por un lado, se objeta que una persona pueda rechazar en su propia empresa la oferta laboral de una mujer embarazada o un anciano porque configuraría una “actitud discriminatoria” como si el titular no pudiera hacer lo que estima conveniente con su propiedad. Incluso es lícito que alguien decida contratar solo a quienes midan más de uno ochenta. Como es sabido, el consumidor es ciego a religiones, etnias, alturas o peso de quienes se desempeñan en las empresas, por tanto, quien seleccione personal por características ajenas al cumplimiento y la eficiencia pagará el costo de su decisión a través del cuadro de resultados, pero nadie debiera tener el derecho de impedir un arreglo contractual que no use la violencia contra otros.

 

Por otra parte, en nombre de la novel “acción positiva” (affirmative action), se imponen cuotas compulsivas en centros académicos y lugares de trabajo “para equilibrar los distintos componentes de la sociedad” al efecto de obligar a que se incorporen ciertas proporciones, por ejemplo, de asiáticos, lesbianas, gordos y budistas. Esta imposición naturalmente afecta de forma negativa la excelencia académica y la calidad laboral ya que deben seleccionarse candidatos por razones distintas a la competencia profesional, lo cual deteriora la productividad conjunta que, a su vez, incide en el nivel de vida de toda la población, muy especialmente de los más necesitados cuyo deterioro en los salarios repercute de modo más contundente dada su precariedad.

 

Por todo esto es que resulta necesario insistir una vez más en que el precepto medular de una sociedad abierta de la igualdad de derechos es ante la ley y no mediante ella, puesto que esto último significa la liquidación del derecho, es decir, la manipulación del aparato estatal para forzar pseudoderechos que siempre significa la invasión de derechos de otros, quienes, consecuentemente, se ven obligados a financiar las pretensiones de aquellos que consideran les pertenece el fruto del trabajo ajeno.

 

Desde luego que esta atrabiliaria noción del “derecho” como manotazo al bolsillo del prójimo, entre otros prejuicios, se basa en una idea errada anterior, cual es que la riqueza es una especie de bulto estático que debe “redistribuirse” (en direcciones distintas a la distribución operada en el supermercado y afines) dado que sería consecuencia de un proceso de suma cero. No conciben a la riqueza como un fenómeno dinámico y cambiante en el que en cada transacción libre y voluntaria hay un proceso de suma positiva puesto que ambas partes ganan. Es por esto que actualmente podemos decir que hay más riqueza disponible que en la antigüedad, a pesar de haberse consumido recursos naturales en el lapso de tiempo trascurrido desde entonces. Es cierto el principio de Lavoisier, en cuanto a que “nada se pierde, todo se transforma” pero lo relevante es el crecimiento de valor no de cantidad de materia (un teléfono antiguo tenía más material que uno celular, pero este último presta servicios mucho mayores y a menores costos).

 

Vivimos la era de los pre-juicios, es decir el emitir juicios sobre algo antes de conocerlo (y conocer siempre se relaciona con la verdad de algo, ya que no se conoce que dos más dos son ocho). La fobia a la discriminación de cada uno en sus asuntos personales y el apoyo incondicional a la discriminación de derechos por parte del Leviatán es, en gran medida, el resultado de la envidia, esto es, el mirar con malevolencia el bienestar ajeno, no el deseo de emular al mejor, sino que apunta a la destrucción del que sobresale por sus capacidades.

 

Y esto, a su vez, descansa en la manía de combatir las desigualdades patrimoniales que surgen del plebiscito diario en el mercado en donde el consumidor apoya al eficiente y castiga al ineficaz para atender sus reclamos. Es paradójico, pero no se condenan las desigualdades patrimoniales que surgen del despojo vía los contubernios entre el poder político y los así llamados empresarios que prosperan debido al privilegio y a mercados cautivos otorgados por gobiernos a cambio de favores varios. En realidad, las desigualdades de la época feudal (ahora en gran medida replicadas debido al abandono del capitalismo) son desde todo punto de vista objetables, pero las que surgen de arreglos libres y voluntarios, no solo no son objetables sino absolutamente necesarias al efecto de asignar los siempre escasos factores productivos en las manos más eficientes para que los salarios e ingresos en términos reales puedan elevarse. No es relevante la diferencia entre los que más tienen y los que menos poseen, lo trascendente es que todos progresen, para lo cual es menester operar en una sociedad abierta donde la movilidad social constituye uno de sus ejes centrales.

 

Como las cosas no suceden al azar, para contar con una sociedad abierta cada uno debe contribuir diariamente a que se lo respete.

Podemos extrapolar el concepto del polígono de fuerzas de la física elemental al terreno de las ideas. Imaginemos una enorme piedra en un galpón atada con cuerdas y poleas y tirada en diversas direcciones por distintas personas ubicadas en diferentes lugares del recinto: el desplazamiento del bulto será según el resultado de las fuerzas concurrentes, ninguna fuerza se desperdicia. En las faenas para diseminar ideas ocurre lo propio, cada uno hace lo suyo y si no se aplica a su tarea la resultante operará en otra dirección. Los que no hacen  nada solo ven la piedra moverse y habitualmente se limitan a despotricar en la sobremesa por el rumbo que toma.

 

Hace poco tiempo en Buenos Aires estaba escuchando radio en el automóvil y el locutor expresó que una señora, dueña de una casa en la zona costera, puso un aviso en algún periódico que no es del caso mencionar en el que anunciaba que ponía su vivienda en alquiler durante la temporada veraniega con la condición que el inquilino fuera vegetariano. Consignaba en el aviso de marras que los residuos de la carne atraían microbios que deseaba evitar.

 

Henos aquí que todos los miembros del equipo que trabaja en el programa radial en cuestión pusieron el grito en el cielo y condenaron sin piedad a la titular del aviso. Manifestaron que esa actitud era “discriminatoria” y que, en consecuencia, había que aplicarle las normas correspondientes y no permitir semejante propuesta de alquiler.

 

Hubo llamados de radioescuchas que se plegaron a las invectivas de los conductores (por lo menos los que se pasaron al aire). Una señora muy ofuscada levantó la voz y señaló que debía detenerse a quien haya sido capaz de una iniciativa de esa índole puesto que “actitudes como la discutida arruinan la concordia argentina”. Otro fulano, que dijo ser ingeniero con experiencia en operaciones inmobiliarias de envergadura, espetó que habría que confiscarle la propiedad a la autora de “semejante anuncio”. Y así siguieron otras reflexiones patéticas y dignas de una producción cinematográfica de terror, sin que nadie pusiera paños fríos ni apuntara a introducir atisbo de pensamiento con cierto viso de cordura.

 

Entonces, vivimos la era en la que se discrimina lo que no debiera discriminarse y no se permite discriminar lo que debe discriminarse.  Por cierto, una confusión muy peligrosa. Algo aclara un pensamiento de Cantinflas: “Una cosa es ganarse el pan con el sudor de la frente y otra es ganarse el pan con el sudor del de enfrente”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.