Archivos por Etiqueta: Curva de Laffer

Salarios, pobreza e impuestos

Por Gabriel Boragina Publicado  el 19/11/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/11/salarios-pobreza-e-impuestos.html

 

Desde prácticamente muy pequeños se enseña a los niños en las escuelas y en sus hogares que el nivel de los salarios depende básicamente de la buena o de la mala voluntad de los empleadores y de aquello que hagan los gobiernos contra los “malos” patrones obligándolos a pagar más y mejores sueldos. A los niños se les explica con un lenguaje que puedan entenderlo. Ya en tránsito hacia la escuela secundaria y aún más en de la universidad la enseñanza se refuerza, se la reitera con una terminología un poco más sofisticada y se la machaca hasta que en la mente del estudiante se transforma en un dogma que “debe” creer. No es fácil desentrañar esta falacia, aunque la realidad es muy distinta:

“El nivel del salario de cada trabajador de­pende de sus conocimientos y de la canti­dad de bienes de capital disponibles para realizar su trabajo. No tiene la misma pro­ductividad y, por lo tanto, no recibe el mis­mo salario quien cultiva la tierra detrás de un buey que quien lo hace arriba de un tractor. Sin ahorro e inversión en bienes de capital no es posible un aumento es­tructural de la productividad y, en conse­cuencia, de empleos mejor remunerados. (Pág. 120 y 121) [1]

Ninguna otra razón existe para explicar el aumento de los salarios e ingresos en términos reales más que la inversión en capital. La razón por la cual un labrador africano gana mucho menos que otro norteamericano no tiene nada que ver con la bondad o maldad de sus respectivos empleadores ni con la indiferencia o intervención de sus respectivos gobiernos. Lo único que hace la diferencia en un caso como en el otro es sencillamente la cuantía de capital invertido en cada lugar. Allí donde el volumen de capital disponible sea mayor que en otra parte, precisamente y sin necesidad de ninguna intervención de nadie se verán los salarios subir. E inversamente, donde el volumen de capital sea menor también se apreciará la manera en que los salarios decaen. Esto sucede por más que se dicten cientos o aun miles de leyes que procuren contrarrestar este fenómeno inexorable de la economía.

“Paradójicamente, el llamado proteccionis­mo laboral en la mayoría de los países eu­ropeos y latinoamericanos, que encarece y dificulta la creación de empleos, es el cau­sante de su menor generación y de que la mayoría de los existentes sean informales, al margen de todas las prestaciones que garantizan las constituciones y leyes en esos países. (Pág. 121) [2]

Lamentablemente, y por mucho que se lo intente, las leyes jurídicas no pueden contradecir las leyes económicas. Tarde o temprano, estas últimas terminan imponiéndose por sobre las primeras, y ello con independencia del lugar o nación donde las mismas se verifiquen. Las leyes económicas son universales, y su cumplimento es inapelable, por grande que se crea que el voluntarismo político pueda torcer el curso de los fenómenos económicos. Estos -a su turno- son consecuencia de otras leyes, las de la lógica, que interpretan la acción humana a la luz de los conocimientos praxeológicos.

“Las políticas gubernamentales que casti­gan a quienes evaden o se atrasan en el pago de impuestos deben estar acompa­ñadas, para tener una justificación social y moral, de transparencia, aplicación al bien común y castigo a todos los funcio­narios que no dan cuenta de su destino e impunemente hacen ostentación de las riquezas obtenidas con los impuestos que se roban. (Pág. 158)” [3]

Desafortunadamente, esto es uno de los pocos puntos en lo que no podemos estar de acuerdo con el autor de la cita. En un contexto de generalizado intervencionismo económico las tasas impositivas siempre tienden a ser mayores de lo que serían en otro de mercado libre. Y esta diferencia es bastante crucial a la luz de juzgar el comportamiento de los mal llamados contribuyentes a la hora de pagar sus impuestos. No se trata, simple y exclusivamente, de un problema de transparencia como indica el profesor citado, sino de algo que va bastante más allá de ese factor. Bajo el enfoque de la enseñanza que nos brinda la llamada Curva de Laffer, la tasa de evasión fiscal siempre será incrementada a medida que la tasa de imposición aumente más allá de cierto punto, que Laffer dio en denominar el punto óptimo fiscal. Como ha ilustrado otro eximio profesor[4], mejor resultaría procurar dirigirse a un punto mínimo fiscal, para evitar los efectos malsanos de niveles impositivos confiscatorios como los que se observan en no pocos lugares.

“El desconocimiento por la mayoría de la población y de gran parte de los legislado­res, de los efectos a largo plazo de las polí­ticas económicas, debido a una pobreza de educación económica, permite a los gober­nantes vender la idea de que mejorarán las condiciones económicas con políticas equivocadas, atractivas en el discurso o el papel, pero que producen en la realidad un efecto contrario al proclamado. (Pág. 171)[5]

La reflexión en este caso resulta atinada. Es verdad que los problemas económicos no se arreglan con demagogia o populismo barato en sus distintas vertientes y según los localismos regionales. Tiene gran importancia la mala educación económica sobre la que hemos insistido en otras ocasiones y que, como bien indica la cita, afecta no sólo a amplios sectores de la población, sino que también a muchos políticos e incluso académicos. Resulta atrayente -por ejemplo- creer que los salarios pueden elevarse dictando decretos o leyes, y que la pobreza también puede suprimirse de la misma manera. Pero es la sana economía y su estudio detenido la única que nos revelará que, más allá de las muy buenas intenciones que pueden tener los agentes económicos y los políticos de turno, como dijimos anteriormente, la economía tiene leyes propias cuya violación generan siempre -y en todo lugar- efectos malsanos que nos condenan a la pobreza.

[1] Luis Pazos. Educación económica contra demagogia electorera, Centro de Investigaciones Sobre la Libre Empre­sa, A.C. (CISLE) (Del libro Políticas Económicas). pág. 7

[2] Luis Pazos. Educación económica…ob. cit. Pag. 7

[3] Luis Pazos. Educación económica…ob. cit. Pag. 7-8

[4] El Dr. Alberto Benegas Lynch (h)

[5] Luis Pazos. Educación económica…ob. cit. Pag. 8

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Anuncios

La Reforma Tributaria que no fue

Por Iván Carrino. Publicado el 2/11/17 en: http://www.ivancarrino.com/la-reforma-tributaria-que-no-fue/

 

Si se compara con los trascendidos, no estuvo mal. Pero juzgando desde un estado ideal, deja mucho que desear.

Con muchas ansias esperábamos el martes el anuncio de un importante cambio impositivo que estimulara la inversión y el crecimiento económico.

Estábamos como los chicos la mañana del 24 de diciembre,  sabiendo que a la noche llega Papá Noel… La diferencia era que los trascendidos nos hacían pensar que cualquier cosa podía pasar durante el anuncio.

¿Bajarán los impuestos? ¿Los terminarán subiendo? Eran algunas de las preguntas que nos hacíamos.

Finalmente, el misterio se develó.

Por lo general, cuando uno piensa en una reforma tributaria se imagina que los impuestos van a bajar, de manera que individuos y empresas tengan más espacio para crecer y desarrollarse.

Además, siguiendo las palabras del presidente Macri del lunes, se esperaba que se “desarmara la escalada de impuestos” de los últimos años, que hubiera “menos impuestos” y que fuéramos a un “sistema más simple, más claro, más equitativo, y que beneficie la inversión productiva y la creación de empleo”.

¿Se cumplió el objetivo?

Reagan, Irlanda y el G-20

Cuando un presidente sostiene que quiere un sistema impositivo más simple y más barato de pagar, uno piensa en Ronald Reagan y su “economía del lado de la oferta”. Durante su presidencia, en Estados Unidos la presión fiscal (medida como porcentaje del PBI) cayó de 19,1% a 17,8%, un descenso de 1,3% en 8 años.

Esta baja se consiguió con una fuerte reducción de la tasa marginal del impuesto a las ganancias de las personas físicas (de 70% a 28%) y un contundente recorte a los impuestos cobrados sobre las empresas. El tributo a las ganancias corporativas pasó de 48% a 34%.

Sin embargo, los recortes impositivos que estimulaban la inversión y la disposición a trabajar fueron parcialmente compensados con algunas subas de impuestos a las ventas, la seguridad social y la eliminación de exenciones.

En la década de los ’80 también fue importante la modificación impositiva de Irlanda. En dicho país, el impuesto a las ganancias corporativas se redujo de 50% a 12,5% en 16 años,  pasando de 35% a 12,5% en solo 6.

La tendencia de reducir impuestos a las ganancias corporativas es una constante dentro del G-20. Entre esos países, 16 redujeron ganancias corporativas entre 2003 y 2012.

2017.11.02

Los únicos que no lo hicieron fueron Brasil, Australia y Argentina. Eso dejó a nuestro país como el tercer peor del G-20, desestimulando la inversión y la radicación de compañías que generen riqueza.

Puntos a favor

En este sentido, debe destacarse la decisión del gobierno de presentar, como parte central de su proyecto, la reducción del 35% al 25% en el impuesto a las ganancias corporativas.

Como título, esta decisión es correcta y está en línea con la tendencia mundial para ganar “competitividad fiscal”. Sin embargo, hay que mencionar que dicha reducción aplicará solo a empresas que no distribuyan dividendos, y que se hará en una forma gradual, teniendo efecto pleno a partir de 2021.

Otra modificación importante es la devolución anticipada de saldos a favor en IVA para las empresas. Esto reduce el costo financiero de los proyectos, quitándole trabas a la inversión. A este cambio también se suma que el impuesto al cheque, si bien no se elimina, podrá tomarse como pago a cuenta del tributo a las ganancias.

Por último, también deben destacarse la menor carga fiscal que tolerarán los trabajadores autónomos, la reducción a 0% de los impuestos internos a celulares, otros productos electrónicos y autos y motos de gama media.

Sistema complejo, caro y paternalista

Ahora bien, lejos está la reforma tributaria de ser ideal. De hecho, incluso parece estar lejos de lo que pretendía el presidente Macri.

Es que, al mirarla detenidamente, no se elimina ningún impuesto. La desaparición del Impuesto a las Transferencias Inmuebles se ve compensada con la extensión de ganancias a la venta de una segunda vivienda y el fin de las exenciones a las ganancias derivadas de operaciones financieras.

Por otro lado, no se reduce la presión fiscal. Si bien el Ministro Dujovne planteó que la reforma tendría un costo de 1,5% del PBI, también sostuvo que –dado que la economía crecerá y bajará la evasión- éste se reducirá a un marginal 0,3% del PBI. Es decir que pasamos del punto D al punto C de la curva de Laffer (gráfico abajo), lo que indica que los impuestos no han bajado lo suficiente.

2017.11.02_2

Es que la clave para crecer es que el sector privado florezca a costa del sector público. Si la baja de impuestos es “neutra” en términos de recaudación, eso implica que los impuestos no bajaron lo suficiente. Éstos tienen que reducirse en términos del PBI, y para que el agujero fiscal no crezca hay que bajar el gasto público. Sino, es más de lo mismo.

Un punto adicional es que la reforma no resuelve el laberinto fiscal que es nuestro sistema tributario. Sigue habiendo exenciones, mínimos no imponibles y distintas tasas según la actividad que uno realice. Eso no contribuye a un sistema “simple y claro”.

Por último, se trata de una reforma con un fuerte componente de paternalismo. Los impuestos internos a la cerveza, el vino, el whisky y las bebidas con azúcar suben entre 9 y 17 puntos  porcentuales.

Dujovne sostiene que esta modificación está en línea con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Éstas son curiosamente convenientes en medio de la crisis fiscal, pero además implican un mayor grado de control estatal sobre la vida privada. Debemos rechazar estos avances.

El proyecto de reforma se enviará al congreso en dos semanas. Por ahora, deja un sabor agridulce. Hay buenas iniciativas, pero en términos generales, no muestra grandes cambios en términos de sencillez, incentivos y competitividad fiscal.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

En tiempos de discusión de reformas, Juan Bautista Alberdi sobre ley fiscal, impuestos y la prosperidad futura

Por Martín Krause. Publicado el 5/11/17 en: http://bazar.ufm.edu/tiempos-discusion-reformas-juan-bautista-alberdi-ley-fiscal-impuestos-la-prosperidad-futura/

 

En su libro “Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853”, Juan Bautista Alberdi analiza el texto entonces recién aprobado y su contenido económico, al que considera un plan para la prosperidad futura. En la Tercera Parte, Capítulo IV, se refiere a los impuestos. Algunos párrafos:

“Es verdad que la tendencia natural de la renta pública. es a ser grande y copiosa; pero en la doctrina económica de la Constitución argentina, la abundancia de la renta pública depende del respeto asegurado a los derechos naturales del hombre, en el empleo de sus facultades destinadas a producir los medios de satisfacer las necesidades de su ser. Esos derechos, en que reposa el sistema rentístico, el plan de hacienda o de finanzas, que es parte accesoria del sistema económico del país, son la propiedad, la libertad, la igualdad, la seguridad en sus relaciones prácticas con la producción, distribución y consumo de las riquezas.”

“La Constitución quiere que la ley fiscal o rentística respete y proteja esos derechos, lejos de atacarlos.

El estadista debe tener presente que esos derechos, manantiales originarios de toda riqueza, pueden ser atacados, por la ley orgánica de un recurso fiscal, y derogada de ese modo la Constitución que los consagra precisamente en el interés de la riqueza y del bienestar común. En efecto, los recursos contrarios a las garantías económicas que la Constitución establece en favor de todos los habitantes, son justamente contrarios al aumento del Tesoro nacional; es decir, que son opuestos a la Constitución por dos respectos, como hostiles al país en su riqueza, y como hostiles al gobierno en su Tesoro parásito del tesoro de los individuos.”

Adelanta, en relación a la recaudación aduanera (que entonces era la más importante), lo que ahora llamaríamos “Curva de Laffer”:
“Síguese de aquí que el medio más lógico y seguro de aumentar el producto de la contribución de aduana es rebajar el valor de la contribución, disminuir el impuesto en cuanto sea posible. En ningún punto la teoría económica ha recibido una confirmación más victoriosa de la experiencia de todos los países, que en la regla que prefiere muchos pocos a pocos muchos.”

Y luego:

“Si el impuesto bajo es tan fecundo en resultados con referencia a las aduanas, su total supresión por un término perentorio podría servir. de un estimulante tan enérgico, que en cortos años colocase a la Confederación a la par de Montevideo y de Buenos Aires, en el valor de su comercio directo con la Europa. La aduana es como el cabello en ciertas circunstancias: es preciso cortarla enteramente para que venga más abundante. – Los grandes hoteles suelen ofrecer gratis un banquete de inauguración al público, que más tarde indemniza a las mil maravillas el adelanto recibido bajo el color de una largueza. En el banquete de la riqueza de las naciones jóvenes, los millones por impuestos no percibidos, que aparecen arrojados a la calle, son adelantos para la adquisición de rentas futuras.”

“A falta de recursos extraordinarios para llenar el déficit, el primero de los medios puede suplirse con una rebaja de derechos tan franca y audaz, que casi se acerque de la total extinción de las aduanas.”

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados. (Ciima-Eseade). Es profesor de Historia del Pensamiento Económico en UBA.

Consensos para bajar la presión tributaria: la Curva de Laffer, Irlanda y Reagan

Por Adrián Ravier: Publicado el 20/7/17 en: https://www.elcato.org/consensos-para-bajar-la-presion-tributaria-la-curva-de-laffer-irlanda-y-reagan

 

Adrián Ravier estima que el gobierno de Mauricio Macri podría simplificar el sistema tributario y reducir la presión tributaria sin necesariamente mermar la recaudación tributaria.

La herencia del gobierno anterior ha sido bastante compleja de desarticular. Ha habido avances en algunos frentes como el monetario y el cambiario, pero han sido claramente insuficientes en el frente fiscal. El gobierno parte de un diagnóstico adecuado. Acepta que la presión tributaria es excesiva para sus pretensiones de recuperar la inversión privada, a la vez que admite el elevado déficit fiscal, que lo mantiene acorralado en su intención de reforma tributaria. El ministro Nicolás Dujovne se ha propuesto para los próximos meses lanzar una reforma tributaria, pero los analistas temen que ésta sólo busque resolver el laberinto fiscal, sin reducir al mismo tiempo la presión tributaria.

Argentina tiene más de 100 impuestos en los tres niveles de gobierno, y las recomendaciones de los especialistas de finanzas públicas sugieren no tener más de 10. Está claro que la simplificación tributaria es necesaria, pero olvidarse de la presión tributaria constituye un error. No debemos buscar reemplazar algunos impuestos con otros nuevos, o elevando las alícuotas de los existentes. Argentina debe eliminar impuestos para alcanzar así el doble objetivo de simplificar el laberinto fiscal y, a la vez, reducir la presión tributaria.

El temor por la recaudación

El gobierno teme que hacerlo pueda implicar una reducción en la recaudación, lo que perjudicaría aun más las metas de acotar el déficit fiscal. Este temor, sin embargo, está infundado. El argumento principal para mostrar el punto no es otro que el conocido modelo de la Curva de Laffer.

La recaudación tributaria surge de multiplicar la “presión tributaria” por una cierta “base imponible”. Si el gobierno estuviera realmente convencido de que la presión tributaria actual inhibe la inversión, entonces debe comprender que desmantelar la mayoría de los impuestos podría impulsar fuertemente la actividad económica y el empleo, lo que incrementaría la base imponible y con ello aumentaría la recaudación. En términos de la Curva de Laffer, parece haber consenso entre los economistas de que la Argentina se encuentra por encima del óptimo.

Otro efecto secundario a la reducción de la carga tributaria es el consecuente impulso en la actividad económica y el empleo, lo que abre soluciones de mercado para muchos de los problemas que hoy el Estado busca resolver por la vía pública. Si reducimos la presión tributaria drásticamente y se crean nuevos puestos de trabajo, entonces el Estado puede reducir el gasto social, porque se reduce el número de necesitados. El efecto es benéfico económica y socialmente.

El consenso sobre la baja en la presión tributaria es tan amplio en economía que hasta ortodoxos y heterodoxos se darían la mano. Los ortodoxos no desconocen que el déficit fiscal es un problema real, pero aplauden desde luego reducir la órbita del Estado para dar lugar al mercado. Los heterodoxos, por su parte, comprenden que reducir la carga tributaria incrementa el ingreso disponible y con ello el gasto en consumo, lo que también da impulso a la demanda agregada en un momento en que la economía real todavía está en una situación delicada.

Irlanda, Reagan y Europa del Este

La evidencia empírica es enorme en esta materia. Quizás el caso más reciente es el de Irlanda, que bajando la presión tributaria logró atraer a numerosas empresas que querían escapar del fisco europeo. El impulso en la actividad económica desarrolló lo que hoy la literatura conoce como “el milagro del Tigre Celta”, básicamente por ser una isla de baja presión tributaria en un océano de Estado Benefactor.

Otro caso digno de mención es el de Ronald Reagan en Estados Unidos, quien bajó la tasa marginal más alta desde el 70 al 28%. En 8 años de gestión, Reagan consiguió reducir la inflación, acelerar el crecimiento económico y mantener prácticamente el mismo nivel de recaudación en relación con el PIB que el que existía cuando llegó al gobierno. Un claro ejemplo del mensaje de la Curva de Laffer.

Si el gobierno además se animara a dejar a un lado el gradualismo, entonces podríamos mirar otros casos emblemáticos en los países del Este de Europa, que emprendieron una transición desde el socialismo hacia las economías de mercado, no dudando en generar un cambio profundo en el frente fiscal para obtener una transformación real de sus economías.

Mauricio Macri está a tiempo de transformar la Argentina, como lo hizo la generación del 37 en tiempos pasados. Pero sin convicción, esta transformación será efímera. La reforma tributaria de Dujovne generará seguramente un impulso positivo en la actividad económica, pero su magnitud dependerá directamente de su convicción para simplificar el laberinto fiscal y también para reducir la presión tributaria.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

La Argentina no puede darse el lujo de no ser competitiva en materia impositiva

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 22/8/17 en: http://www.infobae.com/opinion/2017/08/22/la-argentina-no-puede-darse-el-lujo-de-no-ser-competitiva-en-materia-impositiva/

 

El típico argumento para no bajar los impuestos en forma inmediata es que primero hay que reducir la tasa de evasión impositiva. Es decir, una vez que muchos contribuyentes paguen altos impuestos es posible pensar en bajar la tasa de los mismos

 

En primer lugar, es muy raro que un político vaya a bajar los impuestos si logra que muchos paguen altos impuestos. Tener plata para hacer populismo siempre es una tentación difícil de ignorar. Hay que tener una fuerte convicción republicana para bajar el gasto público.

En segundo lugar, esta historia la vengo escuchando desde hace décadas: primero hay que bajar la tasa de evasión y luego podremos reducir los impuestos. La evidencia empírica muestra que a mayor carga tributaria más trabajo en negro y a los que estamos en blanco nos cocinan a fuego lento con una presión tributaria cada vez más asfixiante.

Cabe destacar que la Argentina es uno de los países con una tasa del Impuesto a las Ganancias para las empresas más alta del mundo. Siendo que necesitamos en forma urgente inversiones para crear puestos de trabajo y entrar en una senda de crecimiento de largo plazo, Argentina no puede darse el lujo de no ser competitiva en materia impositiva. Ya bastante tenemos con cargar en nuestro historial con ser uno de los países en que el estado viola sistemáticamente las reglas de juego, como para encima pretender atraer inversiones con semejante carga tributaria, que encima no permite el ajuste de los balances por inflación.

El gráfico muestra con nitidez que en la Argentina estamos más caros que el promedio de América Latina, el promedio de Europa, Asia, etc.

 Ya bastante tenemos con cargar en nuestro historial con ser uno de los países en que el estado viola sistemáticamente las reglas de juego, como para encima pretender atraer inversiones con semejante carga tributaria

La pregunta es ¿por qué invertir en Argentina si hay países que tienen un Impuesto a las Ganancias a las corporaciones mucho menores como, por ejemplo, Irlanda, que le cobra el 12,5% o Suecia que aplica solo el 22 por ciento?

¿Funciona la curva de Laffer como para bajar los impuestos en Argentina?

La referencia que uno puede tomar es la fuerte baja de impuestos que aplicó Ronald Reagan en 1981, algo que ahora quiere reeditar Donald Trump.

Considerando el desafío que tenemos por delante de atraer inversiones es bueno preguntarse si en los hechos funciona la curva de Laffer. Al respecto una buena referencia es Irlanda que bajó de tal manera la tasa del Impuesto a las Ganancias para las corporaciones que el resto de Europa la acusa de dumping impositivo.

El otro caso emblemático es el de la administración Reagan. Recordemos que Ronald Reagan bajó la tasa marginal más alta que era del 70% al 28%. La pregunta que sigue es: ¿qué ocurrió con la recaudación de los impuestos federales a lo largo de esos 8 años? Si comparamos la recaudación de impuestos federales contra el PBI, Reagan logra obtener casi los mismos ingresos tributarios que cuando asumió.

Como puede verse en el siguiente gráfico, Jimmy Carter deja su último año de mandato en 1980 con una relación recaudación impuestos federales/PBI del 18,1% y Reagan deja su último año de mandato con una relación del 17,5%, solo 0,6 puntos porcentuales menos pero con la economía creciendo y habiendo bajado la inflación que recibió de Carter de dos dígitos anuales a un dígito.

Es más, en 1989 los ingresos federales superaban al promedio de la década del 70 o los igualaban a pesar de haber bajado fuertemente la carga tributaria.

El plan económico de Reagan se basaba en tres pilares: 1) baja de impuestos; 2) reducción del gasto público; y 3) desregular la economía. La baja de impuesto se produjo. La desregulación de la economía fue muy amplia. Se eliminaron controles de precios que venían de la era Carter. Reagan enfrentó la huelga de los controladores aéreos. Los reemplazó por controladores de la fuerza aérea y los despidió. Al igual que Tatcher que se mantuvo firme con la huelga de los mineros, una de las claves de ambos mandatarios fue no achicarse ante la extorsión sindical. También Reagan desreguló el precio del petróleo. Lo que no consiguió fue reducir el gasto público. El incremento en el gasto se produjo por más gastos en defensa (recordemos que en esos años todavía estaba la guerra fría) y el incremento de los intereses de la deuda pública como parte del gasto federal a raíz del mayor déficit fiscal inicial.

El resultado de la política económica de Reagan fue un crecimiento promedio anual del 3,8%; bajó la inflación de dos dígitos altos a una inflación anual del 3 al 4 por ciento anual, la desocupación que estaba en el 7,2% cuando se fue Carter, subió en los dos primeros años y luego fue descendiendo hasta llegar al 5%. Lo que tuvo Reagan fue un aumento del déficit fiscal inicial que llegó al 5,7% del PBI pero terminó reduciéndolo al 2,7% a pesar de no haber bajado el gasto público, lo cual indica que la combinación de reducción de impuestos y desregulación de la economía fue lo suficientemente potente como para incrementar la recaudación.

 En el gobierno de Ronald Reagan terminó reduciéndolo al 2,7% a pesar de no haber bajado el gasto público, lo cual indica que la combinación de reducción de impuestos y desregulación de la economía fue lo suficientemente potente

Volviendo a la Argentina, tanto EE.UU. como Irlanda y la reducción y quita de retenciones a las exportaciones de granos en nuestro país muestran que importantes reducciones tributarias generan un estímulo significativo en la economía ya que le devuelven poder de compra al contribuyente y transforman inversiones que antes no eran viables por la carga tributaria en inversiones viables. Sólo basta ver cómo están creciendo las ventas de tractores, cosechadoras, silos, etc. para advertir cómo la inversión se dispara cuando se reduce la carga impositiva.

Si luego de las elecciones el Gobierno logra un acuerdo con la oposición (PJ no k, massismo, etc.) para encarar una importante reducción impositiva; una reforma del Estado que permita bajar el gasto público (en nuestro caso va a ser indispensable porque el gasto público y déficit fiscal son récords heredados del kirchnerismo) y desregular aún más la economía, no sé si se darán los 20 años de crecimiento que pronosticó Nicolás Dujovne, pero sin duda por varios años la economía entrará en un sendero de crecimiento de largo plazo.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Salario mínimo, inflación y gasto público

Por Gabriel Boragina Publicado  el 10/6/17 en: 
.
.
El escolástico Juan de Mariana tenía ideas sumamente claras, concretas y acertadas sobre la relación entre los impuestos, la inflación y el gasto público:
“El déficit gubernamental es causa de impuestos mayores a los necesarios. Además, es causa de la alteración del valor del dinero. El gobernante con un presupuesto deficitario sucumbe con facilidad a ese medio para cubrir faltantes. Alterar el valor de la moneda, por ejemplo, reduciendo la cantidad de oro o plata que contiene, permite emitir más monedas. Se piensa que con esa medida nadie sufrirá, puesto que el valor legal de la moneda queda igual, aunque disminuya su valor intrínseco. Falso. En la realidad, la alteración del valor de la moneda es un latrocinio, según Mariana. El dinero es un medio general de intercambio y lo es, porque su valor se considera sujeto a muy pequeñas variaciones. El remedio a esos daños es la reducción del gasto público. Los activos de la nación no deben ser usados con la misma libertad del propietario particular. Los subsidios deben reducirse. Los gobernantes no deben iniciar guerras innecesarias.”1
Ya en ese entonces, se explicaba de esta manera aquella vinculación. En realidad, el déficit se produce porque se han calculado mal los gastos y se han previsto partidas superiores a los ingresos disponibles, o bien porque los impuestos son tan altos que -conforme nos enseña la curva de Laffer- la recaudación nunca será suficiente para sufragar los gastos. Pero, hay una tercera causa: es posible que el presupuesto este bien calculado, y que se hayan previsto los impuestos necesarios como para poder cubrirlo, y que estos sean razonables al punto que todos los contribuyentes estén en condiciones de poder afrontarlos. Pero, imprevistamente el gobierno -o alguna de sus áreas- decida incrementar los gastos por encima de lo aprobado por la ley de presupuesto. En esta coyuntura, será un factor no ponderado por la ley de presupuesto lo que hace aparecer el déficit, excepto que se legislen nuevos impuestos, y que la población esté en condiciones de poder seguirlos abonando. La cruda realidad nos muestra que es el tercer supuesto el que se da con mayor frecuencia. Aunque también ocurre que se establecen impuestos excesivos, que superan las salidas previstas. Lo común es que se combinen dichos dos elementos: lo corriente es que los gobiernos aumenten sin cesar sus gastos, y también sus gravámenes. No obstante, cuando opera la curva de Laffer, deben apelar a inflación o deuda.
          Otro caso digno de examen es el de la relación entre salarios mínimos y gasto público, que también es un fenómeno de antigua data, en particular cuando los gobiernos entran en su cruzada de “ayudar a los pobres”, como se expone seguidamente:
“En 1798, se dio un paso importante que agravó considerablemente el problema de este tipo de ayuda benéfica. Los jueces de Berkshire, […] decidieron que los salarios inferiores a lo que ellos consideraban como el mínimo absoluto deberían ser completados con la ayuda parroquial de acuerdo con el precio del pan y el número de personas que dependían del cabeza de familia. Tal decisión fue confirmada por el Parlamento al año siguiente. Durante los treinta años que siguieron, este sistema (aparentemente el primero “que garantizaba un mínimo de ingresos”) acarreó innumerables problemas.
La primera consecuencia lógica para los contribuyentes fue un incremento en proporción geométrica de los costes de la beneficencia. En 1785, el coste total de los gastos que supuso la ley de pobres fue casi de dos millones de libras. En 1803 se superaron los cuatro millones, y en 1817 casi se llegó ya a los ocho millones. Esta última cifra venía a representar casi una sexta parte del gasto público total. Algunas parroquias se vieron sumidas en grandes dificultades. Un pueblo de Buckinghamshire informaba en 1832 que sus gastos por ayuda benéfica habían sido ocho veces superiores a los de 1795, y que habían superado a los ingresos totales de la parroquia durante aquel año. Otra población, Cholesbury, llegó a la bancarrota, y otras estuvieron muy cerca de ello. A pesar de su gravedad, este gasto público no fue el peor de los males. Mucho más grave fue la creciente desmoralización en el aspecto laboral, que culminó con los desórdenes e incendios de 1830 y 1831.”2
Se trató de la tristemente célebre “ley de pobres”. En el caso, la iniciativa es tomada por lo que hoy llamaríamos el poder judicial. Mediante sendas sentencias, los jueces británicos habían decidido que las diferentes regiones (parroquias) -se entiende que por intermedio de sus gobiernos locales (municipales)- habrían de arbitrar los mecanismos para lo que ellos (los jueces) habían determinado como lo que “debería” ser un “salario mínimo”. Los parámetros para la fijación del nuevo salario mínimo fueron dos, a saber: el precio del pan y la cantidad de miembros de la familia. Los gobiernos locales debían “compensar” la diferencia entre los ingresos familiares y el precio del referido producto. La sentencia dictada por los jueces recibió rápida confirmación legal por parte del Parlamento británico al cabo de un año, de manera que, lo que en principio fue una medida que afectaba sólo a determinadas localidades de Inglaterra, rápidamente se convirtió en una ley de alcance nacional.
No es difícil imaginar que, siguiendo los delineamientos que hemos dado, tal incremento del salario debía ser financiado por vía de mayores impuestos, deuda o emisión monetaria, que son las tres únicas “herramientas” por las cuales los gobiernos del mundo (no solamente el británico desde luego) pueden solventar cualquier erogación que sea decretada mediante una ley, tal como ha sido el caso en análisis, si bien esta ley no fue originada en una iniciativa parlamentaria, sino judicial. Ejemplo que -de paso- demuestra que no siempre la justicia “hace justicia”, sino que -a menudo- produce grandes injusticias, máxime si tenemos en cuenta las nefastas consecuencias que se derivaron de la extensión y generalización de dichas políticas.
En esa línea, no son de extrañar las consecuencias nocivas que estos salarios mínimos (financiados con gasto público) tuvieron históricamente para los afectados. Como se ve en la cita, apareció el fenómeno del déficit fiscal.
1 Eduardo García Gaspar. Ideas en Economía, Política, Cultura. Parte I: Economía. Contrapeso.info 2007. Alejandro A. Chafuén. “Impuestos y finanzas públicas”, pág. 56/57
2 Henry Hazlitt. La conquista de la pobreza. Unión Editorial, S. A. Pág. pág. 80/81

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Problemas que genera el gasto público

Por Gabriel Boragina Publicado  el 30/4/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/04/problemas-que-genera-el-gasto-publico.html

 

El gasto público ocasiona problemas de distinta índole, entre ellos uno de los más importantes es que produce el incremento de lo que en lenguaje keynesiano se suele denominar como la demanda “global” o “agregada”. En buen romance, con estas últimas denominaciones se quiere aludir a aquella demanda de bienes y servicios efectuada por el gobierno. Se le llama “agregada” porque esta nueva demanda estatal, en rigor, se suma a la demanda que particulares y empresas privadas hacen en el mercado. Ergo, a esta última demanda. se suma de que el gobierno lleva a cabo en el mercado. Al resultado de estas dos demandas sumadas (privada y estatal) se le llama “demanda global (siempre en terminología keynesiana).

Sobre esto, hay varias observaciones para hacer, pero solo tendremos tiempo para dos. En rigor de verdad no hay “dos demandas” diferentes sino una sola. Porque, si tenemos en cuenta que los fondos que el gobierno utiliza para demandar bienes y servicios en el mercado, son–en última instancia- provenientes de impuestos o empréstitos, caemos en la cuenta que tales dineros derivan de los particulares y empresas privadas, con lo cual lo que cambia es el sujeto demandante (de los particulares al gobierno) pero no la propiedad de los fondos con los que se demanda (ya que estos son siempre de origen privado). Teniendo en cuenta este último aspecto es que decimos que hay una sola demanda que se hace siempre con dinero privado. De donde se concluye que no hay tal cosa como demanda “global” ni demanda “agregada”. Solo hay una simple y llana demanda.

El segundo aspecto a considerar es que toda demanda, -a una oferta constante- implicará inexorablemente un aumento de precios en el mercado. Si la demanda privada –ceteris paribus– eleva los precios, mayor será ese aumento si a aquella demanda se le suma la estatal. El gasto (sea público o privado) siempre supone una previa demanda, ya que no hay gasto sin demanda. El gasto público implica que el gobierno está gastando (demandando) en bienes y servicios que no son aquellos sobre los cuales el sector privado dirige su demanda. En este sentido, si cabe hablar de dos demandas diferentes (teniendo en cuenta al sujeto demandante). El aumento del gasto eleva los precios, lo que hace que la oferta se incremente. A su turno, también ceteris paribus, la demanda debería tender a bajar. Sin embargo, donde el gasto público es alto, o incluso exorbitante, la única demanda que decrece -en ese estadio- es la privada, por la sencilla razón de que el sector privado solo puede obtener sus ingresos de la producción que pueda vender en el mercado. Limitación esta con la que ningún gobierno cuenta. Ya que estos gastos jamás se financian ni con recursos propios ni con producción propia, sino que siempre lo hacen con recursos derivados de producción privada. No hay tal cosa como “producción estatal”. Estos no son los únicos inconvenientes ocasionados por el gasto público sino que hay otros, si se quiere de orden más técnico. Por ejemplo:

“…los datos gubernamentales no miden adecuadamente los desembolsos estatales porque los registros de déficit subestiman sistemáticamente las variaciones de la deuda pública, es decir, la información oficial no considera como “gasto” la emisión de nueva deuda del gobierno para cancelar demandas judiciales en su contra. Si el gasto se “corrige” anualmente para dar cuenta de la diferencia entre déficit consolidados y variación de deuda, el gasto público en el período 1991-2001 creció cerca del 97 por ciento; en términos del dólar, esa cifra se ubica a más de 40 puntos porcentuales por encima del crecimiento del PBI ajustado por la evolución de los precios de los productos comercializados con el resto del mundo. Una política claramente expansiva del gasto público, financiada en gran parte con préstamos del exterior, contribuyó a la sobrevaloración del tipo real de cambio. En realidad, el gasto gubernamental en la Argentina se comportó como si los precios de exportación excepcionalmente favorables del intervalo 1996-1997 se hubiesen podido mantener durante todo el período. Su colapso posterior expuso la fragilidad de la política fiscal argentina.”[1]

Si bien la cita es en el contexto de la crisis de principios de siglo, vale de todos modos para nuestra actualidad. Es bastante frecuente que cuando la presión tributaria se hace insostenible comience a operar sus efectos la conceda “Curva de Laffer”. En este supuesto, a mayor presión menor recaudación. Si el gobierno no ceja en sus propósitos de mantener  en un mismo nivel o aumentar el gasto público, entonces la consecuencia inevitable en este caso será un crecente déficit fiscal. En lugar de poner en funcionamiento la única solución correcta (esto es baja el gasto público) por el contrario, los gobiernos no sólo no optan por este camino, sino que acostumbran recurrir a un nefasto mecanismo, que no es otro que la emisión de deuda.

Y tal como señala con acierto la cita, no estilan los burócratas contabilizar los empréstitos así obtenido como “gasto”. Esto, como resulta obvio, dificulta notablemente calcular con certeza el gasto, no aproximadamente al monto al que asciende tal gasto. Por lo que, cabe inferir que a las cifras oficiales hay que agregar también este y otros renglones que suelen ser omitidos en las estadísticas oficiales, con el indudable propósito de disimular hasta donde les sea posible hacerlo el verdadero monto del gasto. El problema se agrava en un contexto de tipo de cambio fijo como el que tuvo la Argentina en la década del 90:

“Por último, la falta de flexibilidad más notoria se dio en el gasto público. Una devaluación exitosa debería reducir tanto los costos laborales como la carga del Estado sobre las actividades comercializables. Ante la falta de flexibilidad en el tipo de cambio, la situación exigió flexibilidad descendente en el gasto gubernamental o un límite estricto en el crecimiento del Estado. No obstante, las rigideces en el gasto se extendieron hasta bien entrada la crisis, lo que puso de manifiesto la magnitud del problema”.[2]

[1] Ricardo López Murphy, Daniel Artana Y Fernando Navajas. Capítulo 1 “La Crisis Económica Argentina”. Pág. 23-24 en Daniel Artana y James A. Dorn. Compiladores. Crisis financieras internacionales: ¿qué rol le corresponde al gobierno? – 1ª. ed. – Buenos Aires: Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, 2004t. Pág. 24-25

[2] Ricardo López Murphy, Daniel Artana Y Fernando Navajas. Capítulo 1 “La Crisis….ob. cit. 27

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero

El tema no es solo ganancias, es el gasto público

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 11/12/16 en: http://economiaparatodos.net/el-tema-no-es-solo-ganancias-es-el-gasto-publico/

 

Lo que están buscando tanto el oficialismo como la oposición es simplemente buscar el máximo de la curva de Laffer

Francamente me parece patético el debate sobre ganancias. El oficialismo ofrece disminuir un poco la expoliación de los que pagan impuestos y la oposición propone expoliar menos que el oficialismo pero busca otras fuentes alternativas de aplicar impuestos. Todo se concentra en ver hasta dónde se puede exprimir al contribuyente, pero no se emitió una sola palabra sobre el gasto público, porque en definitiva, cada peso que se gaste tendrá que salir de impuestos, deuda pública (impuestos futuros) o consumo de stock de capital como ya ocurrió con el kirchnerismo que nos dejó con el sistema energético destrozado, nos consumimos 12 millones de cabeza de ganados, las rutas destruidas y sigue el listado.

El problema de la carga impositiva no se resuelve retocando las escalas de un impresentable impuesto a las ganancias. Además es demagógico de punta a punta en cualquiera de las propuestas porque no se permite el ajuste por inflación de los balances de las empresas, que son las que van a dar el trabajo del que tanto pide Macri en sus discursos, y a los autónomos nos siguen pisando la cabeza sin piedad, por no hablar de lo que hacen con  los monotributistas.

Por empezar, la carga impositiva siempre va a ser mayor en la medida que el gasto público crezca. Podrá suplantarse por un tiempo con el impuesto inflacionario, pero la pérdida de poder adquisitivo de la gente continuará.

Lo que están buscando tanto el oficialismo como la oposición es simplemente buscar el máximo de la curva de Laffer.

Cuadro 1

lafer

En el eje horizontal se muestran las tasas del impuesto y en el eje vertical cuánto se recauda a cada nivel de tasa de impuesto. En la medida que se va aumentando la tasa del impuesto, crece la recaudación. Pero llega un punto máximo, el C, a partir del cual el estado recauda menos porque las empresas dejan de producir dado que la carga impositiva es insostenible, la gente pasa al mercado informal o las empresas se van del país.

Viendo cómo evoluciona la recaudación impositiva, como el sector privado despide gente porque sufre el ajuste y se achica y la cantidad de gente que trabaja en negro, parece bastante claro que el gobierno actual y el anterior se fueron del otro lado de la curva de Laffer, digo pasaron del punto C hacia la derecha y por eso están intentando volver al punto C. El problema es a quién cobrarle más impuestos teniendo el menor costo político. Los políticos que siempre esgrimen argumento para no bajar el gasto público, buscan expoliar a un sector de la población que tenga un peso electoral menor para beneficiar a un sector de la población con un peso electoral mayor.

Estoy convencido que tratar de ponerle parches a este sistema impositivo es inconducente. Basta con recordar que para pagar impuestos hay que pagar el impuesto al cheque, un verdadero disparate, para advertir que el sistema impositivo argentino enloqueció.

Mientras la oposición y el oficialismo no se sienten a debatir la baja del gasto público, vamos a ver este debate ridículo en el que todos pretenden mostrarse como progresistas diciendo que hay que cobrarle más impuestos a los que más ganan. Es decir, se sigue castigando el éxito y por esa razón Argentina es un fracaso. La única idea que se les cae a los políticos es igualar hacia abajo. Al que más ganan hay que perseguirlo, por lo tanto, la inversión no llega y la pobreza sigue aumentando.

Se equivocan los políticos cuando pretenden usar el sistema impositivo para redistribuir el ingreso. Los impuestos deben ser lo menos distorsivos posibles y limitarse a generar ingresos para financiar el sector público. Si los políticos quieren redistribuir que lo hagan vía el gasto público, especificando a quién, por qué y el monto de lo que el resto de la sociedad le va a transferir.

En la medida que no se presente un plan económico global para liberar al sector privado del aplastante sector público, continuarán las discusiones superficiales que estamos viendo en las que el oficialismo acusa a la oposición de no ser responsable con su proyecto impositivo y la oposición acusa al oficialismo de no querer cumplir con sus promesas de campaña.

En la medida en que nadie se ocupe de proponer una baja del gasto público, todo va a limitarse a un debate muy parecido a una competencia populista para ver a quién se puede seguir expoliando impositivamente con el menor costo político.

En otras palabras, veo un debate en el que ambos bandos tratan de maximizar su conveniencia política, pero ninguno de los dos ofrece una solución en serio por la madre de todas las batallas: bajar el gasto público.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

La mal llamada “Justicia Social”

Por Eduardo Filgueira Lima. 

La “Justicia social” se instala progresivamente desde inicios del Siglo XIX  como consecuencia de la supuesta necesidad de superar las diferencias existentes entre los diferentes países y grupos sociales. Los problemas que a partir de allí se instalan no son los objetivos, sino los medios que la política – vistas sus necesidades – promueve.

Esas diferencias fueron crecientes desde el desarrollo de la era industrial, pero no consecuencia de la misma, sino porque el impresionante crecimiento que con ella se logró no alcanzó a todos,… al mismo tiempo.

A partir del proceso de industrialización a mediados del Siglo XVIII iniciados en Inglaterra, Francia y Alemania, el mundo en su conjunto incrementó el producto de actividad económica de manera exponencial. (Figura 1)

Pero este crecimiento no alcanzó a todos por igual, aunque mediado el tiempo suficiente con seguridad ello hubiera sucedido, por lo que se inicia un proceso de “igualación”, una pretendida igualdad que se asumió como necesaria “justicia”.

En ese camino muchos países optaron por la vía del socialismo y otros por la vía de un socialismo a medias. En el primero de los casos la intervención estatal fue absoluta incluso haciéndose titular de los medios de producción y conduciendo a una casta minoría de dirigentes privilegiados, frente a una mayoría empobrecida y postergada. Es que en estas circunstancias el Estado anuló la iniciativa individual, la innovación y el intercambio económico, que son las bases esenciales para el crecimiento.

En el segundo de los casos la social-democracia europea – desarrollada desde la Socialpolitik instaurada por el Canciller O. von Bismarck – instaló desde el Estado crecientes concesiones a las demandas sociales y aunque se permitió el desarrollo de una  economía de libre mercado, las intervenciones estatales fueron crecientes para dar “respuesta” a las demandas de los más postergados avaladas por las promesas de la política.

En casi todos los países del mundo la intervención estatal ha sido creciente por un motivo o por otro, pero finalmente la “buena intención” se ha empañado porque se ha reducido a transferir recursos de unos hacia otros, igualando “hacia abajo”, reduciendo los incentivos de unos e induciéndoles a encontrar mecanismos para “proteger” lo que genuinamente han producido y a los otros a buscar creciente protección del Estado, que son así cada vez más pobres y con menores capacidades de producción a futuro: su condición los condena a recibir la dádiva a perpetuidad.

La intervención estatal ha resultado así en todos los casos indeseable, porque no ha logrado resultados a la medida de nadie, salvo de los intereses de la clase política que ha edulcorado su discurso con los postulados de la mal llamada “la Justicia Social” – que nadie puede definir bien, ni describir con  precisión cuál es su alcance y medida – y por lo mismo ha cosechado los votos de todos a los que ha postergado concediéndoles migajas.

Muchos pensadores han posibilitado la justificación de esta perversa asociación entre “demandas” y “política”, (J. M. Keynes, J. Rawls, A. Sen y J. Stiglitz entre otros), con seguramente bienintencionados argumentos.

La premisa que así se establece como paradigma es la de que el Estado debe luchar “contra las desigualdades” y se omite que lo que debe hacer es luchar “contra la pobreza”,.. que son dos cosas diferentes.

Porque si el crecimiento y el desarrollo no alcanza a todos es porque no todos tenemos las mismas capacidades, todos somos diferentes en la búsqueda del camino que consideramos el más apropiado para obtener nuestra felicidad, todos tenemos diferentes aspiraciones, y el conocimiento – es decir los medios a través de los que nos insertamos en el mundo y obtenemos lo que podemos de él – se encuentra disperso[1], es decir: no todos podemos “apropiarnos y alcanzar las mismas cosas al mismo tiempo”.

Personalmente creo, que quienes sinceramente piensan que el modelo de intervención estatal más allá de las atribuciones indelegables del mismo son tan deseables como posibles, desconocen la naturaleza humana[2].

Desde la perspectiva del individualismo metodológico, partimos de los siguientes conceptos que permiten una interpretación más acabada de los fenómenos sociales, a partir de la agregación de decisiones individuales:

1.    En casi todos los individuos “la insatisfacción” funciona como motor e incentivo para la satisfacción de sus demandas.

2.    Pero vivimos en un mundo de recursos escasos y demandas (o fines) ilimitados.

3.    Esas demandas suponen valores de cada uno para cada una de ellas, lo que conduce a una “escala individual de preferencias”,.. los bienes y servicios no tienen un valor pre-establecido sino que son valoradas subjetivamente por cada individuo en función de su “utilidad marginal decreciente”.

4.    Por lo mismo en cada instancia los individuos optan,.. eligen,… especulan,… frente a un marco general de incertidumbre y por lo mismo frente a circunstancias potenciales “de riesgo”, pero en todos los casos con la pretensión de obtener una “ganancia esperada” (que no necesariamente es solo monetaria)

5.    Es decir que en  términos generales “los individuos dada una situación personal, intentan transitar hacia otra que consideran mejor,…”[3]

Y ello quiere decir que la intervención estatal desnaturaliza el comportamiento humano porque la clase política utiliza el concepto de Justicia Social para “dar” lo que naturalmente puede y debe obtenerse con el esfuerzo personal, para lo que a cada individuo solo hay que acercarle instrumentos que pueda utilizar a sus fines, por sus propios medios.

Lo que los gobiernos hacen es transferir recursos “de unos hacia otros” – la bandera es la vapuleada Justicia Social – con las consecuencias que he mencionado y omitiendo hacer lo necesario: poner al alcance de cada uno los instrumentos necesarios – entre otros la educación y los servicios de salud (de los que me ocuparé en otra instancia) – con la suficiente accesibilidad y calidad como para que cada uno tenga los medios para apropiarse en libertad de los beneficios que se encuentran al alcance en la tan vapuleada globalización.

Y digo vapuleada porque esta formidable revolución de las comunicaciones, la tecnología y el conocimiento, pone mucho más y mejor al alcance de todos, sus mejores beneficios para que cada quien opte por el que mejor le plazca o haga a sus fines.

No es entonces ni siquiera la supuesta intención de “Justicia Social” (que en realidad hace a los fines de quienes gobiernan), la cuestión a discutir, ya que se plantea como necesaria disminución de las desigualdades, transfiriendo recursos (además mal asignados) de unos hacia otros, en vez de propugnar el crecimiento y desarrollo de los más postergados.

Si la “Justicia Social” es solo transferir recursos para reducir desigualdades el problema está mal planteado con el agravante de que se convierte en un paradigma irrevocable: quienes lo enarbolan se autoproclaman “progresistas”, mientras denostan a sus detractores. ¿No será al revés?

Las crisis económicas que afectaron a los EE.UU. (ya en vías de superación aún la persistencia de una descomunal deuda pública) y a algunos países de Europa que funcionan como lastre del crecimiento de la región, son ejemplos de decisiones políticas sobre la economía para satisfacer demandas que los políticos supieron “leer como necesidades”, para satisfacer las propias.

En el caso de EE.UU. la crisis se expone a partir de los créditos subprime (créditos de alto riesgo) que en el 2007 – durante la Presidencia de Bill Clinton – alcanzaron el 12,7% del mercado hipotecario cuando la FED incrementa el límite fijado para los mismos, (aunque la multiplicidad de causas y efectos pueda enmarcar esta referencia como reduccionista).

En el caso europeo la crisis afecta principalmente a los países que más otorgaron a las demandas sociales, sin lograr una tasa de capitalización equivalente y como hemos mencionado: vivimos en un mundo de recursos escasos y demandas (fines) ilimitados,.. cuestión frecuentemente olvidada por la clase política que irresponsablemente acostumbra para sus fines a otorgar o prometer más de lo que se puede: el discurso es la “Justicia Social”.

Porque para transferir recursos (o para justificar cualquier gasto del Estado) se requiere recurrir a los mecanismos que el mismo tiene para financiarse. Y entre ellos la carga impositiva si es excesiva e irresponsable termina por asfixiar a los que producen (Curva de Laffer)[4]

De hecho parece que aquellos que no permitieron que el tiempo condujera al equilibrio, se apropiaron del discurso populista asimilando la disminución de las desigualdades (o el logro de la igualdad) como el objetivo prioritario, construyendo un discurso hegemónico.

No se trata de “disminuir desigualdades”, sino de permitir a los más desfavorecidos mayores oportunidades,.. para lo que no es necesario sacarle nada a nadie que haya logrado lo suyo con su propio esfuerzo,.. sino asignar bien los recursos – ya de por si escasos – para lo que es necesario priorizar los objetivos en los que se gasta, direccionándolos para ofrecer más oportunidades a los más vulnerables,.. evitar los desvíos interesados y los que la corrupción produce,.. definir claramente las políticas públicas que imprescindiblemente son necesarias y la “Justicia Social” debería ser la lucha contra la pobreza, que es el verdadero mal que nos afecta.

La verdadera forma de reducir desigualdades es consecuencia de ofrecer mejores y ciertas “oportunidades” a los más necesitados.

Deberíamos trocar el interesado discurso político – ya que el comportamiento de los burócratas y políticos es maximizador del presupuesto público principalmente buscando sus propios intereses[5] – y que el objetivo sea maximizar las oportunidades de aquellos que las necesitan para alcanzar sus fines,.. pero no con “caritativas” prebendas, sino mejorando sus condiciones y medios para lograr producir con su trabajo y su esfuerzo.

“…Dicho lo anterior, ¿cuál es el problema? El que el 10 por ciento más rico de la población genere un mil por ciento más ingreso que el 10 por ciento más pobre, o que ese 10 por ciento, el más pobre, no sea capaz de generar, independientemente de cuánto generen los demás, ingreso suficiente para satisfacer correctamente sus necesidades? Usted, lector, ¿cuál cree que sea el problema: desigualdad o pobreza?,…”[6]

Seguramente analizar adecuadamente al accionar de los gobernantes nos permitirá elegir mejor en el “imperfecto mercado político” y orientar las acciones para maximizar el bienestar general y no dejarnos embaucar con su retórica discursiva que solo responde a sus fines y nos empobrece a todos.

Referencias:


[1] Hayek, F. “Economy & Knoledment” (1936)

[2] Mises, L. “La Acción Humana” (1949)

[3] Mises, L. “La Acción Humana”, (The principle of methodological individualism. Cap II). (1949)

[4] Curva de Laffer representa la relación existente entre los ingresos fiscales y los tipos impositivos, mostrando cómo varía la recaudación fiscal al modificar los tipos impositivos.

[5] Buchanan, J. “The public choice theory” (1986)

[6] Damm, A. http://www.asuntoscapitales.com/articulo.asp?ida=6773

Eduardo Filgueira Lima es Médico, Magister en Sistemas de Salud y Seguridad Social,  Magister en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE y Profesor Universitario.