El ex juez Baltasar Garzón deja de ser funcionario público argentino

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 5/1/16 en: http://www.eldiarioexterior.com/el-ex-juez-baltasar-garzon-47150.htm

 

Tenía –pomposamente- «rango» de Subsecretario de Estado y solía estar en algunos actos oficiales, en posiciones destacadas, atento al movimiento de las cámaras de televisión, a las que seguía cuidadosamente. No era un cualquiera.

Felizmente, la larga década del gobierno de los arbitrarios se ha acabado en la Argentina. Porque el pueblo así lo decidió, en la urnas. Ya no hay discurso único, ni demonización de las opiniones distintas. Ni persecución a los medios de comunicación independientes. Ni cooptación de los magistrados judiciales. Ni utilización política de los organismos fiscales o de control para, con ellos, intimidar o perseguir a quienes piensan distinto. Ni constantes “cadenas” en los medios para escuchar forzosamente a la ex presidenta, feliz consigo misma, hablar interminablemente en encendidas arengas desprovistas de verdadera sustancia. Ni culto a la personalidad. Ni perversidad en la acción pública. Ni demagogia. Ni política transformada en una constante populista. En cambio: hay normalidad.

Por esto las anormalidades y anomalías van desapareciendo. Cada una a su ritmo. Incluyendo la insólita contratación del ex juez español, Baltasar Garzón que, luego de haber sido destituido de su cargo de juez en su propio país: España, curiosamente se desempeñara -por espacio de cuatro años- como funcionario público en la Argentina. Desde el 2012 al 2015. Garzón dimitió. Y se evitó quizás otro final.

La referida destitución incluyó, recordemos, la expresa inhabilitación para desempeñarse como juez en su propia patria, lo que, convengamos, es bastante inusual.

Garzón era un extravagante: “Coordinador de asesoramiento internacional” de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la administración de Cristina Fernández de Kirchner.

Ya no está en la Argentina. Su rara -y hasta exótica- designación se efectivizó mediante el dictado del decreto 2319, del 3 de diciembre de 2012, en su momento publicado en el Boletín Oficial del 7 de diciembre de 2012.
Su cargo, bien extraño por cierto, había sido definido como de corte “extra-escalafonario”. Tenía –pomposamente- “rango” de Subsecretario de Estado y solía estar en algunos actos oficiales, en posiciones destacadas, atento al movimiento de las cámaras de televisión, a las que seguía cuidadosamente. No era un cualquiera. Cuando la presidente lo veía se refería,en público, cariñosamente a él, destacando que “nos honraba con su presencia”.

Por el momento, sin embargo, Garzón (calladito) seguirá representando a la Argentina en una comisión de la UNESCO. Presumiblemente, ad honorem. Pero de esa esquinita de representatividad no renunció, aparentemente. Al menos por ahora. Tendrá alguna misión precisa que cumplir aún, que quizás está a mitad de camino. Habrá que mirar de qué se trata. Y allí quedó, hasta que lo reemplacen, calladito.

Una de sus oficinas en Buenos Aires estaba en un edificio perteneciente a una universidad privada, de segundo nivel académico, la llamada “UMET”, que pertenece al multi-polar universo de instituciones subsidiadas que giraban en torno al sindicato argentina de los porteros, de clara pertenencia al “kirchnerismo”. Veremos que sucede con la oficina y con la joven universidad. Y con la relativamente poco elegante oficina del ex juez Garzón.

El destituido juez español percibía, eso sí, un sueldo del orden de los 6.000 euros mensuales, más gastos de viajes y movilidad.

Cabe destacar que Garzón era funcional al kirchnerismo. A su manera. En la reciente campaña electoral en la que el kirchnerismo perdiera el poder, Baltasar Garzón protagonizó un insólito video en apoyo explícito de la candidatura de Aníbal Fernández, que entonces pretendía ser gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Fernández, recordemos, fue dura y claramente derrotado, esto es repudiado, en su vano intento. Presumiblemente por el impacto adverso de algunas acusaciones que, bien o mal, se hicieran en su contra. Me refiero a las que sugerían insistentemente la existencia de una presunta y preocupante vinculación suya con el narcotráfico.

Ahora Baltasar Garzón se ha marchado. Ya no deambula por Buenos Aires, con gesto adusto y académico, rodeado de personajes que habían recalado, como él, en el particular -y arbitrario- mundo del ahora desprestigiado kirchnerismo, que llevara a la Argentina al umbral mismo del totalitarismo. Todo un tema.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

El ejemplo de Costa Rica

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 14/7/14 en: http://opinion.infobae.com/alejandro-tagliavini/2014/07/14/el-ejemplo-de-costa-rica/

 

Costa Rica, que no tiene ejército pero sí una selección de fútbol que sorprendió al mundo en Brasil, hoy está considerado el país con mayor “desarrollo social” de América Latina, con un PIB per cápita de US$ 11.156 anuales, entre Argentina (US$ 11.658) y Brasil (US$ 10264), y va por el buen camino: el contrario de la soberbia.

Sucede que el estatismo implica la coacción de “regulaciones” por parte de los políticos que, en su arrogancia, se creen con derecho y capaces de decidir vida y fortuna de los ciudadanos. En este sentido, es auspicioso que el presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, un académico de izquierda que asumió el 8 de mayo, haya decretado la prohibición de incluir su nombre en placas de obras públicas porque éstas se erigen con “el aporte de todo el pueblo” y, además, no quiere que ver su retrato en las oficinas porque se considera un ciudadano más.

El presidente, además, ha dado muestras de sensatez, aun alejándose de ciertas tesis de su partido, como reconocer la importancia de la inversión extranjera y el libre comercio, aunque no parece dispuesto a un fuerte levantamiento de las “regulaciones” existentes. Por caso, desea reducir las tarifas eléctricas, de internet y de la gasolina, pero no termina de aceptar la eliminación de las leyes que otorgan monopolios al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Recope, de modo de dar lugar a la competencia privada que abarate los precios.

Más grande la soberbia, más destruye. En Cuba, donde los Castro quieren decidir hasta lo que deben pensar las personas, el salario medio no llega a US$ 20 mensuales y la devastación no fue mayor gracias a la ayuda de países amigos, particularmente la ex URSS (tras su caída, el PBI isleño cayó en torno al 35% entre  los años 1991 y 1994 y el régimen debió abrirse al capital exterior). Pero la reciente ley de inversión extranjera sigue siendo muy restrictiva al punto que prohíbe a las empresas extranjeras contratar trabajadores de forma directa y asociarse con los emprendedores privados locales, unos 450.000 tras las reformas de 2011.

Otro caso interesante en América Latina es el de México, que logró la aprobación de la reforma en las telecomunicaciones bien intencionada aunque algo celosa. Efectivamente, si lo que se quiere es terminar con los monopolios y grupos dominantes deberían levantar las leyes que coactivamente, directa o indirectamente, dificultan la entrada de pequeños actores pero no crear un organismo burocrático, como el Instituto Federal de la Competencia, que exige al grupo que controla el 84% de la telefonía fija y el 70% de la móvil que comparta sus infraestructuras con la competencia, y a la mayor televisora del país, con el 60% del mercado, que ofrezca gratuitamente la señal a las televisiones de pago. ¿Quién es el burócrata para imponer su criterio sobre el mercado y las personas?

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.