INSFRAN: EL PSICÓPATA COHERENTE Y SUS CÓMPLICES

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 7/3/20 en: http://gzanotti.blogspot.com/2021/03/insfran-el-psicopata-coherente-y-sus.html

Las crueles acciones del psicópata gobernador del Formosa, Gildo Insfrán (no muy diferentes a otros presidentes, gobernadores, primeros ministros y alcaldes de todo el mundo) han despertado la general indignación de toda persona de bien, excepto los cómplices del gobierno, los cínicos e hipócritas que no tienen ningún problema en callar cuando una manifestación popular contra la tiranía no les conviene. Como en todo el mundo, también.

Hay algo, sin embargo, que cabe destacar.

La mayor parte de buenas personas creen o creían que puede haber cuarentenas obligatorias de los sanos sin ESTAS consecuencias. Más o menos como creen que puede haber Banco Central sin inflación, o una Secretaría de Precios que garantice la libertad de mercado. O sea, más o menos lo mismo que los ingenuos macristas que pensaban que ellos iban a controlar y planificar “bien”.

Desde Marzo del 2020, entre las burlas e insultos de amigos, colegas y conocidos, he explicado y advertido que esto es lo que iba a suceder. (http://gzanotti.blogspot.com/2020/04/el-liberalismo-esa-nostalgia.html ; http://gzanotti.blogspot.com/2020/05/del-gobierno-militar-del-76-la.html ). Si quieren mantener a una población entera encerrada, hay que controlarla con el poder policial, y el control policial es o coherente o es argentino (http://gzanotti.blogspot.com/2021/02/el-barbijo-en-el-menton.html).  Argentino es, como dijimos en una entrada anterior, si y no al mismo tiempo, la norma que se exalta pero no se cumple, y ya está. Por eso los argentinos nunca podrían haber sido buenos nazis. Insfrán, en cambio, ha copiado las crueles coherencias de otras partes del mundo, donde también hay represión y campos de concentración infamantes. Todo en nombre de tu propio bien. Todo en nombre de que no te contagies. Como ya dijimos muchas veces, NADA es justificativo moral para violar las libertades individuales (http://gzanotti.blogspot.com/2021/02/una-vez-mas-no-se-debe.html).  En un mundo con justicia, Insfrán, junto con otros cientos de gobernantes en el mundo, deberían ser juzgados por crímenes de lesa humanidad. Pero no. No estamos en un mundo con justicia. Estamos en un mundo infame. AHORA, por vergüenza o conveniencia política, algunos de estos criminales están “decretando” la apertura de negocios o etc. Como si debiera depender de ellos. En unos meses dan marcha atrás, y otra vez. Un mundo infame, un mundo que ha llegado al paroxismo del camino de servidumbre anunciado por Hayek en 1945.

Sépanlo todos los que apoyaron las cuarentenas obligatorias en Marzo del 2020: han producido a los diversos Insfrán del mundo. Son cómplices, son responsables.

Despiértense y, al menos, pidan perdón. 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación. Publica como @gabrielmises

Julio María Sanguinetti, un expresidente que se debate entre la “crisis de la verdad” y lo que dejó el pasado

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 18/1/18 en: http://www.lanacion.com.ar/2101649-julio-maria-sanguinetti-un-expresidente-que-se-debate-entre-la-crisis-de-la-verdad-y-lo-que-dejo-el-pasado

 

Julio María Sanguinetti, el sensato expresidente de Uruguay, es hoy uno de los pensadores más lúcidos -y valientes- del Río de la Plata. De pluma fértil y a la vez elegante, se ocupa frecuentemente de temas polémicos a los que analiza con singular profundidad y, a la vez, con sencillez.

Nos acaba de regalar un libro realmente formidable. Importante, por los temas que trata. Y corajudo, por la forma en la que los encara. Lo ha titulado: “El Cronista y la Historia” y ha sido publicado por la editorial Taurus, en el Uruguay.

En esta obra enfrenta, de inicio (en su primera sección) como un “deber ético” -nos dice- lo que denomina: el “uso abusivo de la historia”, un nocivo fenómeno recurrente con el que algunos interpretan torcidamente el pasado e intentan, así, legitimar actos o conductas en función de su propia conveniencia.

Porque caen en una arbitrariedad que está exteriorizada en sus manipulaciones, las cuales están, a su vez, dirigidas a falsear arteramente la verdad. Por esto Sanguinetti nos habla de la “crisis de la verdad” que nos asalta cuando la falsificación ideológica del pasado se transforma -claramente- en un método más de dominación. En un “empleo oportunista del recuerdo”, nos alerta.

Problema que nace cuando se quiere utilizar el pasado, interpretarlo desde una mirada particular para luego instaurarlo a modo de “discurso oficial”. Para siempre, pretendidamente. Así se reabren y perpetúan las pasiones y se mantienen abiertas las heridas, en detrimento de la salud del plexo social. Y los resentimientos perduran y torturan. Ello, a su vez, evita que el discurso con el que se impregna el plexo social sea auténtico e inclusivo.

Como ejemplo, Sanguinetti se ocupa de lo sucedido en nuestro Río de la Plata en la década de los ’70. Donde hoy algunos solo ven los crímenes cometidos desde los gobiernos militares, lo que edifica la falsa teoría de que el terrorismo es aquel que se impulsa y practica desde el Estado, cuando lo cierto es que no es así. Las Convenciones de Ginebra de 1949 existen y son tanto Derecho Internacional como ley interna. Para ellas, los crímenes de lesa humanidad pueden tener multiplicidad de autores. No solo el Estado. También pueden ser cometidos por los particulares.

Existe, nos recuerda, también el “terrorismo guerrillero”, que es aquel que trajo previamente la violencia y que creó el marco para el posterior exceso represivo desde el poder del Estado. Esto genera precisamente la perversa situación actual, a la que Abel Posse describe acertadamente como aquella en la que: “la violencia de los muertos acecha la paz de los vivos”. Y a la que Tzvetan Todorov define, con su habitual precisión, como “el abuso de la memoria”. Esto es, como un instrumento dedicado al uso político del pasado.

La memoria no debe ser un mero alegato propagandístico. Debe edificarse sobre la verdad, completa. Lo que es diferente.

El pasado es, con frecuencia -nos dice Sanguinetti- difícil de narrar aunque, no obstante, debe referirse y describirse en toda su complejidad. Lo que supone relatar, por ejemplo, que en los ’70 primero “hubo una guerrilla marxista que, por medio de la violencia, intentó quebrar la larga tradición democrática”. Aquella que existiera particularmente en el Uruguay.

Fue tan antidemocrático, sostiene, quien en su momento abusó con uniforme, como el que pretendió quedarse con el poder por el camino de las bombas y no por el del voto. Es falso, agrega el convincente expresidente, que los delitos cometidos por los militares merezcan un tratamiento distinto al de los de los guerrilleros en la misma época. Criterio que para algunos es pretendidamente distintivo y al que Sanguinetti -con razón- califica duramente, de “moralmente insostenible”. Y, peor, de “verdadera impostura”. Nos habla -claro está- de los violentos enfrentamientos de la referida década de los ’70, cuyas evaluaciones aún dividen muy profundamente a nuestra sociedad.

El libro sigue con reflexiones riquísimas sobre las raíces de su propio país; las distintas leyendas que la infectan; el laicismo y todo lo que el mismo significa para los orientales; el nacimiento de la tan peculiar como simpática identidad uruguaya; y los distintos y confusos laberintos por los que transitan los conflictos ideológicos actuales. Aquellos que azotan tanto a su país, como a la región integra del Río de la Plata.

De lectura fácil, la obra nos hace reflexionar como pocos autores pueden lograrlo dado que José María Sanguinetti hace gala, a lo largo de un enriquecedor trabajo, de su singular capacidad analítica y de síntesis.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

Sobre el otro terrorismo de estado

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 12/2/17 en: http://economiaparatodos.net/sobre-el-otro-terrorismo-de-estado/ 

 

El grado de cinismo de buena parte del periodismo llega a niveles tales como querer hacer un arbitrario corte el 24 de marzo de 1976

En las últimas semanas, algunas víctimas del terrorismo han transitado por algunos medios exponiendo sus sufrimientos. Se ve a periodistas y juristas escucharlos con atención y decir que lamentan los que les pasó pero que como hubo terrorismo de estado no tienen nada que reclamar. Algo así como: tengo que darte la razón para no quedar mal ante el público, pero me importa un carajo si los terroristas mataron a niños, a gente inocente, si secuestraron o torturaron. Nunca se ve una condena explícita y categórica hacia el terrorismo e inmediatamente remiten a la represión militar a partir del 24 de marzo de 1976 para desviar el eje del debate, no mostrar las atrocidades que cometieron los terroristas y volver a centrar la atención en el golpe militar.

En rigor hacen casi lo mismo que cuando entrevistan a una persona que se defendió de un acto delictivo. ¿Usó el agredido una fuerza excesiva contra el delincuente que lo amenazaba con un arma? ¿No podía defenderse de otra manera? ¿Tenía balas el revólver con que lo amenazaba el delincuente? ¿Estaba seguro que el delincuente le iba a disparar? Nuevamente la víctima del delito pasa a ser sospechosa para muchos periodistas, con lo cual alientan la criminalidad y las muertes de inocentes porque terminan envalentonando a los criminales, cuando no terminan justificándolos.

Volviendo al tema principal, este sistemático comportamiento de buena parte del periodismo demuestra que su supuesta defensa de los derecho humanos es solo una postura y que en última instancia comparten el proyecto autoritario que a sangre y fuego quisieron establecer en Argentina y en buena parte de América Latina organizaciones terroristas entrenadas en Cuba, Libia y con el apoyo de la Unión Soviética.

El grado de cinismo de buena parte del periodismo llega a niveles tales como querer hacer un arbitrario corte el 24 de marzo de 1976. ¿Por qué ese deliberado corte histórico? ¿Es que ese día se levantaron de mal humor una docena de generales y empezaron matar y desaparecer gente? No, el corte se hace deliberadamente el 24 de marzo de 1976 porque durante la época de Perón comienza el terrorismo de estado con la creación de la Triple A. Un grupo que fuera de la ley empezó a combatir al terrorismo.

En rigor desde España, Perón  alentó a los terroristas en sus fechorías y luego, cuando llegó a la Argentina y vio que los terroristas querían coparle el poder, es Perón el que inicia la acción contra los terroristas. El punto de máxima tensión llega el 25 de septiembre de 1973, dos días después de que Perón gana las elecciones de septiembre de 1973, cuando Montoneros asesina al dirigente sindical José Ignacio Rucci, amigo de Perón. El mensaje de Montoneros fue muy claro a Perón, o hacía una revolución al estilo cubano para establecer una dictadura o ellos la iban a hacer por su cuenta desalojando a los tiros y los bombazos al gobierno de Perón.

La realidad es que el periodismo nunca dice que los terroristas atacaron a un gobierno elegido en las urnas, el de Perón. En ese momento no combatían contra el gobierno militar, combatían contra un gobierno elegido por el voto.

Frente a este asesinato y tantos otros, Perón reacciona y lanza todas las fuerzas legales y no legales para combatir a los terroristas, pero por conveniencia política muchos dirigentes políticos y periodistas hacen silencio sobre el período previo al 24 de marzo de 1976. ¿Por qué no hablan de esos años anteriores a marzo de 1976? Tal vez por ignorancia o, lo que es más grave, porque es políticamente incorrecto señalar a Perón como el que inicia la cacería fuera de la ley de los terroristas. Es esa postura la que los hace poco serios como periodistas.

Pero ojo que también fue terrorismo de estado lo que hicieron los terroristas. En efecto, el apoyo logístico, entrenamiento y financiamiento que recibían de Cuba los transforma en una fuerza agresora externa que mediante el terror apoyado en estados extranjeros intentaron tomar por la fuerza el poder en Argentina para establecer una dictadura. En otras palabras, muchos de los terroristas hoy andan dando vueltas por los medios hicieron terrorismo de estado y deberían estar presos. Es más, siendo que el terrorismo de estado de los terroristas se apoyaba en estados extranjeros, es, a mi juicio, mucho más grave que el terrorismo de estado de los militares, porque mediante el terror otro estado quiso tomar el poder en Argentina. En todo caso acá hubo dos terrorismos de estado, pero el más grave fue el de los terroristas apoyados por estados extranjeros.

Cabe aclarar, también, que hay serias sospechas que acciones terroristas utilizaron el apoyo logístico de gobiernos provinciales que simpatizaban con los sectores marxistas, lo cual los hace terroristas de estado, como fue el caso del mencionado asesinato de Rucci.

Luce patético también que algunos periodistas sostengan que si bien la cifra de los 30.000 desaparecidos no es cierta, hay que mantenerla como un emblema nacional. Ninguna mentira puede ser emblema nacional y menos se puede construir un país basándose en la mentira. Eso muestra, una vez más, que mucho periodista y político no tienen realmente interés en los derechos humanos, sino que solo pretenden defender a los terroristas con los que simpatizan forzando el argumento hasta el ridículo para no reconocer que los montoneros, ERP y demás bandas armadas también cometieron crímenes de lesa humanidad.

Ahora que se está levantando el velo de tanta mentira y hechos que tratan de ocultarse de la década del 70, pareciera ser que los falsos defensores de los derechos humanos buscan nuevos argumentos para defender a los terroristas de estado apoyados en estado extranjeros.

Como última reflexión le formulo la siguiente pregunta: ¿cómo llamaría Ud. a un argentino que se levanta en armas contra un gobierno elegido por el voto para establecer una dictadura mediante el terror, siendo apoyado, estimulado e impulsado por un gobierno extranjero?

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Una esperada sentencia africana

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 16/6/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1909510-una-esperada-sentencia-africana

 

El 30 de mayo pasado, en Dakar, Senegal, el ex presidente de Chad, Hissène Habré, los 73 años de edad, fue sentenciado a prisión perpetua por haber cometido crímenes de lesa humanidad, tortura sistemática, violaciones y otros delitos sexuales durante su desgraciada presidencia del referido país, esto es desde 1982 a 1990.

Habré, recordemos, persiguió -violenta e implacablemente- a varias minorías de Chad, como los árabes, los Hadjerais y los Zaghawas.

Habré fue condenado por un “tribunal extraordinario” especialmente creado como parte del sistema judicial de Senegal para juzgarlo. Esto ocurrió con la participación de la Unión Africana, atento a que la Corte Penal Internacional carece de jurisdicción sobre esos delitos por la fecha en que fueron cometidos, esto es antes de que ella entrara en funcionamiento, el 1º de julio de 2002. La Corte Internacional de Justicia había ordenado explícitamente a Senegal juzgar a Habré o, en su defecto, extraditarlo.

El tribunal extraordinario, que asumió lo que se define como jurisdicción internacional, puesto que el ex presidente Habré estaba viviendo -exiliado- en Senegal, estuvo compuesto de tres jueces: dos senegaleses y uno de Burkina Faso. Y utilizó curiosamente el derecho local, el de Senegal. Chad, cabe agregar, nunca solicitó la extradición de Habré y existen serias dudas sobre si un juicio en Chad hubiera podido ir adelante respetando el debido proceso legal y con la independencia judicial siempre requerida.

La etapa probatoria duró 19 meses y durante ella se acreditaron los gravísimo delitos de los que se acusaba a Habré. La investigación se facilitó mediante un acuerdo bilateral especial suscripto en el 2013 entre Senegal y Chad sobre ese tema que, entre otras cosas, permitió a los jueces senegaleses interrogar personalmente a miles de testigos y víctimas en Chad.

Unas 4000 víctimas se constituyeron como partes civiles en el juicio. Las actuaciones fueron transmitidas tanto por Internet como por televisión en Chad. En una segunda etapa, la cuestión de las reparaciones puede ser debatida y esas víctimas podrán entonces participar activamente en esa segunda etapa.

Esta es la primera sentencia, en toda la historia, en la que los jueces de una nación condenan a un ex presidente de otra por delitos de lesa humanidad.

Si la sentencia comentada de pronto fuera apelada, Senegal debería conformar para ello un nuevo tribunal extraordinario. Tras lo cual y luego de la decisión respectiva, el tribunal sería disuelto.

Habré era conocido despectivamente como “el Pinochet africano”. Durante su infame presidencia, signada por el terror y la violencia, murieron unas 1.200 personas mientras estaban encarceladas. Y habrían sido torturadas unas 12.000 personas más. Una Comisión de la Verdad chadiana sostiene que, en rigor, Habré es responsable de la muerte de unas 40.000 personas.

Habré fue, recordemos, un enemigo acérrimo del ex dictador libio Muammar el-Kadafi (que pretendía insistentemente anexar Chad a Libia) y, por ello, recibió en su momento apoyo militar de Francia, Israel y los Estados Unidos.

Varios países apoyaron individualmente al tribunal extraordinario senegalés. Algunos de ellos con contribuciones en dinero, como Chad, Holanda, los Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Francia y Luxemburgo. También contribuyeron y apoyaron al tribunal actuante la Unión Europea y la Unión Africana. Canadá y Suiza, así como la Cruz Roja Internacional, proveyeron distintas formas de asistencia técnica. La República Argentina -cabe señalar- contribuyó con un equipo especializado de antropólogos forenses que trabajó en torno a varias fosas comunes, identificando a las víctimas de distintas masacres.

Tras la sentencia senegalesa, que conforma un precedente nuevo y distinto, cualquier dictador del mundo queda, en más, expuesto a ser juzgado y condenado fuera de su propio país si se comprueba -más allá de toda duda razonable- que ha violado los derechos humanos de su pueblo, cometiendo delitos de lesa humanidad.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

Más allá de toda duda razonable

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 4/6/14 en http://www.lanacion.com.ar/1698106-mas-alla-de-toda-duda-razonable

 

En diciembre de 2012, la Sala II de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional decidió el caso “Prosecutor vs. Mathieu Ngudjolo”. Allí se juzgaba al mencionado Ngudjolo por su presunta responsabilidad en una serie de crímenes atroces cometidos durante el conflicto armado interno que -en 2003- afectó a la República Democrática del Congo. Concretamente, con motivo del ataque por parte de una banda armada a la pequeña ciudad de Bogoro, capital de la provincia de Ituri, en la frontera con Uganda.

La canasta de gravísimas acusaciones acumuladas contra Ngudjolo era absolutamente de horror e incluía cientos de asesinatos, violaciones, pillajes, la utilización de niños y niñas menores de 15 años como soldados durante el ataque, la esclavitud sexual y otros crímenes de similar magnitud. Todos ellos conforman delitos aberrantes cometidos contra la población civil inocente de Bogoro.

Luego de producirse una prueba frondosa, el tribunal decidió por unanimidad que el acusado no podía ser tenido como culpable, toda vez que su responsabilidad por los crímenes de los que se lo acusaba no había sido probada “más allá de toda duda razonable”. Ése, y no otro, es el criterio siempre utilizado por la comunidad internacional cuando de juzgar crímenes de lesa humanidad se trata.

Esto, pese a que durante el proceso se escucharon los testimonios de 54 testigos, se analizaron además 261 elementos de prueba aportados por los fiscales y 372 presentados por los defensores y las víctimas, y se emitieron 387 decisiones y órdenes escritas. No obstante todo ello, el tribunal concluyó que no se acreditó la responsabilidad de Ngudjolo como se debía, esto es “más allá de toda duda razonable”.

De inicio, el tribunal internacional recordó, como corresponde, que el acusado debía presumirse inocente hasta que se hubiera probado, “más allá de toda duda razonable”, su culpabilidad respecto de los hechos que conformaban los delitos. Como ello no sucedió, la sentencia decidió que Ngudjolo no podía ser tenido como culpable y que no podía dictarse un veredicto condenatorio. Aclarando que ello no suponía necesariamente que fuera inocente, sino que su responsabilidad no había sido demostrada. Por ello el tribunal, luego de analizar detalladamente la prueba y la credibilidad de los testigos, hizo una serie de observaciones críticas a la labor de los fiscales, apuntando a que -pese a las dificultades- ellos debieron haber sido más profundos en sus investigaciones y en el análisis de la prueba acumulada. Y resolvió absolver al acusado.

Eso es lo que debía suceder. Ocurre que la “presunción de inocencia” está en los cimientos mismos del debido proceso legal. Su respeto forma parte del Estado de Derecho. Por esto, el respetado ex juez de la Corte Suprema de Israel Aharon Barak dice que “la presunción de que cada persona es inocente hasta que su culpabilidad sea legalmente demostrada es parte de la dignidad humana”.

La baronesa Christine van den Wyngaert, en su voto concurrente en el caso comentado, aprovechó para realizar una serie de importantes observaciones adicionales en materia de responsabilidad individual cuando de crímenes de lesa humanidad se trata. Ellas no deben pasar desapercibidas.

Por ejemplo: que en ningún caso puede dejarse de lado el principio de in dubio pro reo, lo que supone que las ambigüedades deben interpretarse siempre a favor del acusado; que todo lo referido a los delitos de lesa humanidad debe interpretarse de modo restrictivo o estricto, sin que puedan admitirse las interpretaciones por analogía ni las expansivas; que siempre es necesario probar que un acusado tiene vinculación directa con el delito cometido; que los llamados “ideólogos” o “cerebros”, así como los presuntos “conspiradores”, no fueron incluidos entre los responsables definidos por el Estatuto de Roma (lo que es opinable; piénsese, si no, en la autoría mediata, a través de un aparato organizado de poder, lo que también debe probarse más allá de toda duda razonable); que no se puede asignar responsabilidad por dolo eventual ni por negligencia; que debe probarse que los acusados sabían, al tiempo de sus conductas, que ellas estaban definidas como delitos; y que el solo riesgo de que pueda eventualmente cometerse un delito no es suficiente para atribuir responsabilidad.

A diferencia de lo sucedido con Ngudjolo, la Corte Penal Internacional, en un juicio separado, acaba de condenar a 12 años de prisión a Germain Katanga, otro de los milicianos que participaron en los crímenes de Bogoro. Porque, en su caso particular, la responsabilidad que correspondía se acreditó “más allá de toda duda razonable”.

Tras lo antedicho, cabe hacer algunas advertencias respecto de nuestros juicios en esta delicada materia. En el juzgamiento de este tipo de delitos no caben los excesos de “flexibilidad”. Ni las ambigüedades. Ni hay espacio para la ligereza en el actuar. Por esto, la recurrencia en designar jueces y fiscales ad hoc es altamente inconveniente.

También por esto la independencia y la imparcialidad de los magistrados -y la de los fiscales- son clave y deben quedar aseguradas. Siempre. En caso de duda, ellos deben apartarse de las causas en las que intervienen. De lo contrario, deben ser prestamente separados, para que la tacha de nulidad no transforme de pronto en estéril toda su actuación.

Tampoco son admisibles los ambientes de intimidación, amenazas o presión constante sobre los magistrados. Porque así se perturba y cercena su libertad para poder decidir con absoluta tranquilidad y en conciencia. Y se lastima su independencia y compromete su imparcialidad.

De conformidad con el principio de consistencia o coherencia en la labor interpretativa existe, para los tribunales nacionales, la obligación de interpretar las normas nacionales de conformidad con las pautas contenidas en el derecho internacional. Especialmente con aquellas que son jus cogens, o sea directamente obligatorias, inmodificables e inderogables, desde que conforman el “orden público internacional”. Incluyendo las Convenciones de Ginebra de 1949 en lo que a la inderogable protección de los civiles inocentes se refieren.

Como acaba de señalar un alto tribunal norteamericano: “No se sirve a la justicia cuando se comete una injusticia”. Es así. Ocurre que para la delicada función jurisdiccional también se aplica aquello de que “el fin no justifica los medios”.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.