Tres argumentos en favor de la legalización de las drogas

Por Iván Carrino. Publicado el 11/5/21 en : https://www.ivancarrino.com/tres-argumentos-a-favor-de-la-legalizacion-de-las-drogas/

El presente post fue preparado a los efectos de un debate sobre el tema que tendrá lugar el día 11 de mayo de 2021 En ella se presentan tres argumentos en favor de la legalización de las drogas basados en, por un lado, la visión de destacados referentes del pensamiento liberal y, por el otro, datos estadísticos que muestran el fracaso de la llamada “Guerra contra las Drogas.

El debate completo puede verse aquí:

El argumento de la libertad individual y contra el paternalismo

¿Por qué se deben legalizar todas las drogas de uso recreativo? En una sola frase, porque el estado no tiene nada qué hacer metiéndose en las decisiones soberanas de cada individuo.

El gobierno, si tiene un rol en la sociedad, es el de defender los derechos individuales que, siguiendo la tradición de liberalismo clásico, son el derecho a la propiedad, a la vida y a la búsqueda de la felicidad. En este último punto, cada uno tiene derecho a dicha búsqueda como crea mejor, juzgando desde su propio punto personal, siempre y cuando no afecte este derecho para terceros.

No somos muy originales al platear este tema. Ludwig von Mises sostuvo en sus conferencias en Buenos Aires que, “la libertad significa la libertad de cometer errores”, y que la idea de un gobierno como figura paternal que protege a los individuos del daño que puedan infligirse a ellos mismos es “la idea de aquellos que favorecen el socialismo.”

Por último, advertía del peligro de dejar en manos de los gobiernos la decisión sobre qué es y qué no es peligroso para cada uno:

“Si se le otorga al gobierno el derecho a determinar el consumo del cuerpo humano, determinar si uno debiera fumar o no fumar, beber o no beber, no hay buenas respuestas que puedan darse a la gente que diga: ‘Más importante que el cuerpo es la mente y el alma, y el hombre se perjudica mucho más leyendo malos libros, escuchando fea música y mirando malas películas. Por lo tanto, es el deber del gobierno impedir a la gente cometer estas faltas’.”

Friedman (1991) sostenía que el gobierno “no tiene nunca derecho a inmiscuirse en la vida de una persona por el propio bien de esa persona” y que “el caso de la prohibición de las drogas es exactamente el mismo que prohibir a la gente comer más de lo debido. Sabemos que el sobrepeso causa más muertes que las drogas. Si en principio está bien que el gobierno diga que no debemos consumir drogas porque nos pueden dañar, ¿por qué no sería correcto que nos diga que no debemos comer demasiado porque nos puede dañar? (…) ¿Dónde ponemos el límite?”

Los datos avalan la postura de Friedman. Las muertes por sobrepeso son 2,8 millones al año mientras que las derivadas del consumo de droga son inferiores a 560.000.

Además, en 2017 murieron 8,1 millones de personas por tabaquismo como factor de riesgo para su salud y 2,8 por ingesta de alcohol. Siguiendo la lógica de que el gobierno debería prohibir sustancias potencialmente dañinas para la salud, entonces, ¿por qué no prohibir el alcohol y los cigarrillos que, hoy en día, son productos enteramente legales?

Gráfico 1. Muertes por alcohol, tabaco y drogas en el mundo en 2017.

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 Fuente: Ourworldindata.org

El psiquiatra Thomas Szasz (1992) argumentó también en favor de la legalización de las drogas por considerar que “El derecho a mascar o fumar una planta que crece silvestre en la naturaleza es previo y más básico que el derecho a votar”, y que “Un gobierno limitado, como el de Estados Unidos, carece de legitimidad política para privar a adultos competentes del derecho a utilizar las substancias que elijan, fueren cuales fueren.”

Para cerrar esta sección, es interesante notar que es el espíritu de todas estas reflexiones el que inspira nada menos que el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, cuando reza que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados.”

Las sustancias químicas que llamamos drogas, como la marihuana, la cocaína, la heroína y otras deben ser legales como cualquier otro producto. En la medida que no constituyan un daño a terceros, solo los individuos libres deben decidir sobre los riesgos en que quieran incurrir. Si dicha conducta le parece inadecuada a un tercero a un grupo de ellos, éstos son libres de intentar persuadirlo mediante campañas antidroga, o cualquier medio que no invada la libertad del consumidor. Pero en ningún caso es compatible con un orden social liberal demandar al estado que intervenga y persiga estas conductas.

Despilfarro de recursos

Si penalizar la producción, distribución y consumo de drogas es un atentado contra la libertad individual, todo uso de recursos destinado al efecto será un despilfarro.

Además, dicho gasto, que según Coyne y Hall (2017) asciende a USD 51 mil millones al año en los Estados Unidos, no ha logrado ni reducir el consumo ni las muertes por sobredosis. De acuerdo con los autores (que se basan en estadísticas de los Centros de Control y Prevención de dicho país), en 1970, 1 cada 100.000 habitantes morían por sobredosis. Este número subió a 3,4 en 1990 y se catapultó a 14,7 en el año 2014. Si el objetivo de la “Guerra Contra la Drogas” era reducir el consumo y los daños asociados sobre los usuarios, claramente se han derrochado miles de millones.

Otra forma de ver el despilfarro es considerar la atención que los servicios de seguridad le dan a la cuestión de las drogas cuando podrían estar ocupándose de otros asuntos más relevantes y pertinentes a su verdadera función. Según Coyne y Hall, en 1980 hubo 580.900 personas arrestadas en Estados Unidos con cargos relacionados con la droga. En 2014, este número había subido a 1,56 millones, un aumento del 168% en un período en que la población total del país subió solo 40%. Agregan los autores que casi la mitad de los 186.000 individuos que cumplen condenas en las cárceles estadounidenses enfrentan cargos relacionados con la droga.

En Argentina ocurre algo similar. García Gorostidi (2021) comenta que “Según datos de la Procuraduría en Narcocriminalidad (PROCUNAR) el 45% de las causas iniciadas por estupefacientes están ligadas a la tenencia de drogas[1] (…) Esto es de especial importancia en Argentina, donde la violencia y la inseguridad crecen a diario y se continúan utilizando recursos estatales para perseguir a simples consumidores colapsando, aún más de lo que están, a los juzgados y al sistema penitenciario y dejando vulnerables a las víctimas de crímenes violentos.”

¿A la luz de estos datos, no sería mejor dedicar todos estos recursos (monetarios, pero también humanos y de infraestructura) a perseguir a verdaderos delincuentes que se levantan todos los días pensando qué negocio van a arrebatar, qué automóvil van a robar, o a qué individuo le quitarán la vida?[2]

Reducir la violencia y el crimen

El último punto para hacer es que la prohibición de las drogas no solo no reduce el consumo de un bien que tiene una demanda y una oferta en el mercado, sino que genera un grave problema adicional. En este caso, la organización de mafias, el crimen organizado y la violencia generalizada.

En México las muertes totales derivadas de la violencia narco ascienden a 42.000 personas y 61.000 personas están desaparecidas desde que comenzó allí la “Guerra contra las Drogas”. En los años de la Ley Seca en Estados Unidos, la violencia era un evento cotidiano, mientras que ahora “la industria está normalizada y no hay violencia asociada con la provisión” de alcohol (Block y Futerman, 2021).

Coyne y Hall (2017) explican que “cuando las drogas son ilegales, los usuarios no pueden encontrar canales legales para resolver disputas o buscar protección para sus transacciones comerciales (…) y deben resolver sus propios problemas lo que implica, en ocasiones, el uso de la violencia.”

Otra fuente de violencia es que, dado que cualquier individuo que participe del negocio de la droga ya está cometiendo un delito, el costo marginal de un nuevo delito (como robar o matar) es más bajo que el de aquel que nunca participó de ninguna actividad ilícita. De ser legal el tráfico y consumo de drogas, involucrarse en él no implicaría automáticamente transformarse en delincuente y, por tanto, subiría el costo marginal de cometer cualquier delito. Coyne y Hall citan numerosos estudios empíricos que muestran cómo la ilegalidad termina generando mayor violencia criminal y muerte en los Estados Unidos.

Estos datos han llevado a la creación de la Comisión Global de Políticas de Drogas[3], fundada por un grupo de expresidentes y otros influyentes intelectuales cuyo objetivo es forjar un cambio en las políticas antidrogas en todo el planeta.

Sobre el caso de la violencia generada, uno de sus miembros sostiene que “No podemos ignorar por más tiempo hasta qué punto la violencia, el crimen y la corrupción relacionados con las drogas en América Latina son los resultados de las fallidas políticas de guerra a las drogas”.

Conclusión

Hasta aquí hemos expuesto tres argumentos por los cuales todas las drogas deberían legalizarse tanto en su consumo como en su producción y distribución.

La prohibición es una intromisión del gobierno en la libertad individual de los adultos competentes y debe ser rechazada desde el punto de vista de la libertad y la responsabilidad personal. Esto no quita, claro, que se establezcan penas mayores para lesiones al derecho de terceros de realizarse bajo las influencias de alguna sustancia de este tipo.

Por otro lado, el despilfarro de recursos que implica es descomunal, pudiendo éstos aplicarse a mejores fines, como perseguir verdaderos delincuentes o incluso reducir impuestos y devolver los recursos utilizados a sus legítimos dueños: los contribuyentes. Por último, la prohibición de las drogas, como lo fue la prohibición del alcohol en su momento, es la gran responsable de la violencia que rodea al negocio del narcotráfico.

Legalizar el consumo, la producción y distribución de las drogas incrementaría nuestros niveles de libertad personal, reduciría o haría más eficiente el gasto público y, por último, reduciría los niveles de muerte y violencia que tanto preocupan a nuestras sociedades.


[1] El propio reporte de Narcocriminalidad cataloga estos delitos como “DELITOS MENORES (TENENCIA simple o para consumo personal, indicados en el Art. 14 de la Ley 23.737).”. En nota al pie de su edición 2016, aclaran que “Si excluimos del conjunto de causas aquellas que se iniciaron en las jurisdicciones que implementaron la Ley de Desfederalización, la proporción de delitos menores asciende a 53% (39% por tenencia para consumo personal y 14% por tenencia simple)”. Informe disponible en: https://www.mpf.gob.ar/procunar/files/2016/10/Informe-estad%C3%ADstico-sobre-Narcocriminalidad-2016.pdf

[2] Otros dos estudios son interesantes al respecto. Rydell y Everingham (1994) encuentran que, a los efectos de reducir el consumo de cocaína, la forma más costo-efectiva es la de gastar en programas de tratamiento a usuarios graves ya que para reducir en una misma proporción el consumo se gastan solo USD 34 millones, mientras que el gasto en políticas para controlar la oferta oscila entre 246 millones y 783 millones. Es decir que el programa de control de oferta más barato es 7,3 veces más caro que el que se enfoca en tratar a los adictos y reducir la demanda. Por otro lado, Miron (2018a), sostiene que la legalización de las drogas podría generar un retorno fiscal de USD 106.700 millones al año producto de la reducción del gasto en perseguir traficantes y el aumento de la recaudación que provendría de cobrarles impuestos a los estupefacientes ahora legalizados.

[3] Comunicado oficial de la Comisión Global de Políticas de Drogas, disponible en: Microsoft Word – Global Commission on Drug Policy_press release_Spanish.docx (globalcommissionondrugs.org)

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano. Es Sub Director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE. Sigue a @ivancarrino

Las elecciones en EE.UU. y la relación con Latinoamérica

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 3/11/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1952923-las-elecciones-en-eeuu-y-la-relacion-con-latinoamerica

 

El diálogo de los países de nuestra región con Estados Unidos es siempre multifacético. Y, en realidad, es bastante más permanente que volátil. No avanza necesariamente por etapas, ni por segmentos. Ni, menos aún, por un solo y único andarivel. Ni tampoco se reinventa integralmente cada vez que el país del norte cambia un gobierno.

Tiene una cuota importante de permanencia, de continuidad y hasta de inercia. Tanto a nivel intergubernamental, como entre las múltiples organizaciones de la sociedad civil o las de naturaleza económica que conforman un entramado de relaciones muy diversas, siempre activo. Tiene por ello una constancia que no puede minimizarse. Es, en rigor, mucho más persistente que discontinuo o espasmódico. Con los canales de información y comunicación con que hoy contamos parecería normal que esto sea efectivamente así.

Hay algunos temas, además, que por su misma naturaleza -como son los de la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado- no dependen de los cambios de gobierno porque suponen edificar -y operar- esquemas de cooperación estables que deben quedar, en alguna medida al menos, al margen de los vaivenes políticos.

Lo que sí ha cambiado sustancialmente en los últimos tiempos -y no puede minimizarse- no tiene demasiado que ver con las elecciones norteamericanas. Ocurre que ya no hay un “discurso único” en nuestra región. Dentro de los organismos regionales hay más de una visión acerca de las relaciones con el mundo exterior. El discurso aislacionista bolivariano no prevalece.

En parte, por el fracaso estrepitoso de la propia experiencia doméstica venezolana. También por el saludable regreso regional hacia el centro del péndulo político, tras haberse desaprovechado miserablemente una larga oportunidad de precios relativos fuertemente favorables, con ingresos extraordinarios que fueron derrochados en gran medida. Me refiero a la década del “viento a favor”, que algunos negaban. Ha influido también la comprobación de que los regímenes populistas de nuestra región están desgraciadamente preñados de una corrupción extendida, que en la Argentina, por lo demás, no tiene parangón alguno en la historia.

El discurso bolivariano, el que se quiso diseminar desde UNASUR, es hoy indigerible. Por sus frutos, luce como una propuesta inaceptable. Pero además porque -en su esencia- supone deformar la democracia hasta hacerla irreconocible y cercenar perversamente las libertades civiles y políticas. Lo que lo convierte en totalitario. UNASUR hasta ahora ha sido poco más que un escenario para tratar de captar perversamente la voluntad de la región con la retórica bolivariana de unos pocos y los silencios cobardes de muchos.

A lo que hay que agregar que en nuestra región hoy nos pasa algo parecido a lo de los palestinos: no tenemos unidad de criterio. Mucho menos discurso y acción común. Lo que no es necesariamente una situación anormal, pero obliga a respetar la diversidad.

Cabe preguntarse entonces si empeñarnos en tratar de unificar al máximo el discurso frente a Estados Unidos es necesariamente el mejor camino. Puede no serlo. Porque obliga a nuestra región a buscar denominadores comunes pequeños y hasta frágiles.

Los “discursos únicos” son, con mucha frecuencia, el resultado de pretensiones ideológicas hegemónicas, disfrazadas o no. Generalmente, muy poco realistas.

A lo que cabe agregar que en las diferencias hay siempre una riqueza que no debe desperdiciarse. Hay audacia. Y hasta novedad. Tratar de desterrar o limitar las conversaciones bilaterales es apenas un mal sueño. Y una equivocación. Cada país tiene su propia agenda y realidades, en espejo de sus respectivas sociedades. Nuestra región no es uniforme. Y empeñarse en tratar de silenciar o disimular la diversidad es un error.

Hay, pese a lo dicho, una agenda corta multilateral. Regional, entonces. El tema central hoy de esa agenda no es otro que el de Venezuela. Esto es, el de la posible aparición de una nueva Cuba en nuestra región. La segunda dictadura. Esa cuestión es, por cierto, más relevante que la lenta “normalización” de Cuba. El segundo tema fundamental es el de la pacificación de Colombia. No detenerse en un camino en el que se ha llegado casi a la meta. El tercero es ciertamente la urgencia de empeñarnos seriamente en destruir pobreza.

Insistimos en que, más allá del ámbito multilateral, existe una riqueza inmensa en las distintas agendas bilaterales. Unificar herméticamente el andar de todos en la región hubiera quizás supuesto, por ejemplo, lastimar el salto cualitativo de los países del Pacífico en su modernización con destrucción de pobreza. Mientras, del lado del Atlántico, algunos perdíamos una década sumergidos en el estatismo, asfixiados brutalmente por el intervencionismo y lastimados moralmente por la corrupción.

Como dejar de lado la realidad tiene costos, los diálogos con el país del norte debieran también poder, de pronto, sentar en una misma mesa a los países que tienen parecidos sustantivos en sus planteos de política, especialmente cuando sus visiones económicas son complementarias. Cada vez que haya una disposición real hacia alcanzar consensos y no una actitud torpe de intransigencia, los diálogos deberían encontrar una forma de encarrilarse entre las diversas que siempre están disponibles.

Todos los caminos conducen al progreso, aunque siempre y cuando el diálogo sea sincero, en lugar de pequeño. También el de los diálogos bilaterales entre quienes tienen más coincidencias que diferencias y están dispuestos a caminar juntos hacia el futuro sin las barreras derivadas de los resentimientos. Mantener diálogos múltiples desde la diversidad edifica, complementa, enriquece y hasta inspira a los que pueden ser los propios del ámbito de las conversaciones multilaterales.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

El nuevo decálogo de la política exterior de Brasil

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 26/5/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1902513-el-nuevo-decalogo-de-la-politica-exterior-de-brasil

 

El gabinete del presidente interino de Brasil, Michel Temer, está compuesto de pesos pesados. De primeras figuras, esto es de aquellas que generan confianza y respeto inmediatos por su propia presencia y envergadura. Uno de ellos es José Serra. Un hombre de largo tránsito por el escenario grande de la política del país vecino. Milita en el Partido de la Social Democracia Brasileña, junto a Fernando Henrique Cardoso. Serra ha sido, desde 1986, sucesivamente, diputado, senador, ministro de planificación, ministro de salud y gobernador del poderoso estado de San Pablo. Además, candidato presidencial, perdedor en 2002 y en 2010.

En un discurso pronunciado el 18 de mayo pasado al tiempo de asumir las responsabilidades propias de la cartera de relaciones exteriores de Brasil, José Serra, definió las diez prioridades de la política exterior que implementará el nuevo gobierno.

Por la importancia que cabe asignar al Brasil en nuestro propio escenario de política exterior, es oportuno descifrar su mensaje, para tenerlo en cuenta en los tiempos que vienen cuando -seguramente en compañía de Brasil- la región se alejará -paso a paso- de lo que ha sido una frustrante década pérdida, exasperantemente llena de retórica vacía, plasmada en un discurso único agresivo y de corte bolivariano. Fuertemente ideologizado entonces, y con una frustrante partitura entonada en común, escrita con una participación decisiva y permanente de Caracas y La Habana. Acompañada, lamentablemente, de silencios inexplicables en materia de defensa de la democracia y de las libertades civiles y políticas de nuestros pueblos. De aquellos que, por lo que significan, nos avergüenzan.

Veamos, uno a uno, los diez “mandamientos” que fueran expresados por José Serra

El primero se refiere a la sustancia de la diplomacia brasileña. A su eje principal. La definición central básica de José Serra es: “Primero Brasil”. La marcha de la diplomacia brasileña deberá entonces edificarse, de manera transparente e intransigente, sobre los valores legítimos de la sociedad brasileña. Los propios. Y sobre los intereses de su economía. Al servicio de Brasil y no más de conveniencias o preferencias ideológicas de algún partido político o de sus aliados en el exterior. Como ocurriera en tiempos de Marco Aurelio García y del PT. Todo un cambio profundo de rumbo. Muy distinto al de los tiempos bolivarianos, con una definición inequívoca de la nueva prioridad: Brasil. Lo fundamental, para Serra, es el Estado y la nación, no los gobiernos, ni jamás un partido político. El mensaje implícito hacia Mercosur y Unasur parece claro. Y, a tenor de la extrema dureza de José Serra con el cuestionado secretario general de esa entidad, el bolivariano Ernesto Samper, no habrá de inicio, cabe anticipar, mucho margen para las coincidencias.

El segundo mandamiento es también muy fuerte. Brasil estará atenta (no pasiva) en la defensa de la democracia, de las libertades y de los derechos humanos en cualquier país y ante cualquier régimen político. Lo hará siempre en consonancia con los tratados internacionales y respetando el principio de “no injerencia”.

El tercero, a su vez, tiene que ver con el anuncio de que Brasil asumirá un rol activo en la defensa del medio ambiente. Proactivo y pionero, a estar a los dichos específicos de José Serra. En busca de recuperar liderazgos extraviados.

El cuarto se refiera a la actuación futura de Brasil en los foros internacionales, tanto en los globales, como en los regionales. En ese particular universo, Brasil desarrollará una acción constructiva en favor de la solución pacífica de las controversias internacionales y procurará la adecuación de las estructuras institucionales a las nuevas realidades y desafíos en el mundo actual. Con prudencia e inteligencia, Serra no se refirió específicamente a la ambición brasileña de ocupar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que, cuidado, no supone necesariamente un cambio de posición. En este capítulo incluyó sin embargo una mención expresa a la prioridad que Brasil asigna a todo lo financiero y a lo comercial, notoriamente preocupado por la que calificó gráficamente de “galopante” contracción del comercio internacional.

El quinto postulado enunciado por Serra se relaciona con la participación de Brasil en el comercio internacional, tema no menor para una nación que ha sido una de las más fuertes exportadoras del mundo. Para Serra, en lo inmediato Brasil debe diversificar sus esfuerzos y tratar de aprovechar la multiplicación de oportunidades que existe en el mundo, especialmente las que son bilaterales. No es sabio, dice, atarse a un único esfuerzo multilateral (el de la OMC) que está visiblemente empantanado y si lo es procurar, en cambio, abrir cada puerta comercial bilateral que existe o se abra. Sin dogmatismos y con pragmatismo. En procura de aprovechar todo. Con una mente y disposición abierta.

La sexta directiva tiene que ver con la urgencia de negociar los temas comerciales siempre desde la fortaleza que a Brasil le confiere el poder contar con un atractivo mercado doméstico, interesante para todos. Esto es, con auténtica reciprocidad de trato. Desde el realismo, entonces. Sin regalar nada a nadie.

La séptima definición de política exterior se refiera -específicamente- a nuestro país, la Argentina. Lo que no es menor, como reconocimiento de un vínculo especial. Aunque sea de corto plazo, en principio. Contiene un llamado a aprovechar lo que Serra llama sin disimulos: “coincidencias semejantes en materia de reorganización de la política y la economía”. Por ello nos propone una aventura, la de renovar -juntos- el Mercosur.Reformulándolo. Y fortaleciéndolo. Esto supone devolverle su esencia original: la de naturaleza comercial. Pero con un agregado significativo: el de construir también puentes con la Alianza del Pacífico, de modo que Sudamérica no esté más dividida entre las naciones de su oriente y las de su occidente. A lo que agrega la necesidad de incorporar (o, más bien, reincorporar) a México a nuestro andar común, de modo de no solamente aprovechar la complementariedad de las respectivas economías, sino también las coincidencias de visiones en lo internacional. Seguramente para contraponer el realismo a la ficción ilusionista bolivariana, que ha prevalecido en la región a lo largo de la última década.

La octava directiva pertenece también al capítulo comercial, sobre el que Serra pone un inequívoco acento. Propone ampliar y profundizar las relaciones con socios no tradicionales, como la Unión Europea, los Estados Unidos y Japón. Abrirse, en lugar de encerrarse. A lo que se suma enseguida la novena directriz, que tiene que ver con la necesidad complementaria de incrementar las relaciones comerciales y financieras con Asia, incluyendo naturalmente a sus dos gigantes: China y la India, muy especialmente. Pero también con África, que -nos recuerda Serra- ya no es “un continente que pide compasión”, sino uno que propone y procura intercambios económicos, tecnológicos e inversiones. En todos los casos, actuando con activismo e intensidad, nos propone Serra.

El último capítulo de su enumeración precisa de directivas, el décimo entonces, hace a la necesidad de mejorar la productividad y la competitividad de nuestras economías. Sin lo cual, nos dice Serra con toda razón, nuestros sectores productivos no podrán ser actores de peso y tener éxito en el complejo mundo actual. A lo que cabe sumar la necesidad de eliminar las distorsiones que aún nos perjudican comercialmente. Como son el exceso de burocracia; las trabas tributarias; y las deficiencias de nuestras infraestructuras, que están obsoletas. Para Serra, todo esto encarece en aproximadamente un 25% los precios de los productos que Brasil exporta concretamente.

Al completar su punzante alocución, Serra hizo algunas otras observaciones. Que eran de cajón. Como la necesidad de controlar mejor nuestras fronteras con los ojos y oídos puestos en el crimen organizado. O la de avanzar en la recuperación de la disminuida capacidad operativa de la respetada diplomacia de Itamaraty, saliendo para ello de la cansadora y frustrante “retórica exuberante” de la década pasada, para pasar a la eficiencia y la profesionalidad en la acción concreta.

Serra formula a su país una invitación a mejorar la acción concreta; a integrarse más al mundo; a no encerrarse en sí mismo; a diversificar los esfuerzos comerciales; a tener iniciativa y buscar resultados que puedan cuantificarse; y a aumentar su presencia en el mundo. Y nos invita especialmente a acompañarlo en la acción regional. Es cierto, respecto de nuestro país, hay en la plática de Serra una invitación puntual a trabajar juntos en lo inmediato, por cercanía y peso específico y sobretodo porque -en la nueva etapa que se ha iniciado- compartimos el modo de ver al mundo. Como ocurriera en otros tiempos.

Lo cierto es que, tanto en el corto plazo como en el largo, la Argentina y Brasil se necesitan recíprocamente. Son socios naturales y es tiempo de esforzarse en tratar de maximizar lo que debe lograrse con esa relación cercana, para lanzarnos a crecer juntos, con el objetivo permanente de mejorar los niveles de vida de nuestros dos pueblos.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.